De los jueces



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Diego Eduardo López Medina

La discusión subsiguiente sobre el valor de lajurisprudencia en Colom-
bia se da entonces dentro del marco del establecimiento de una Corte
Suprema de Justicia con funciones de casación y unificación de lajuris-
prudencia nacional29 Es necesario, por tanto, hacer un seguimiento de-
tenido al desarrollo del recurso de casación en la rápida sucesión de
reformas que tuvo la noción de doctrina legal en el decenio 1886-1896,
después de la expedición de la Ley 61 de 1886. Esta década concentró
la discusión en torno al valor de lajurisprudencia de la Corte Suprema.
En los últimos años del siglo XIX se alcanzó una definición más bien
estable del tema que ha dominado hasta nuestros días en la cultura ju-
rídica colombiana. No olvide el lector que el artículo 4° de la Ley 169 de
1896 (con la cual se cierran una década de polémicas sobre el tema a
finales del XIX) fue declarado exequible por la Corte Constitucional
contemporánea en la Sentencia C-836/01 que la reinterpretó más de un
siglo después de su expedición.

La Corte Suprema de Justicia era una de las piezas centrales del


proyecto político de la Regeneración ya que aseguraba la interpreta-
ción uniforme del nuevo derecho nacional válido en todo el territorio
de la República. Recuérdese que bajo la Constitución de Rionegro se
habían creado sistemas judiciales estatales con plena independencia
para interpretar el derecho soberano de los Estados federados30 y, por
tanto, con capacidad de establecer criterios propios de interpretación
de la ley31. En la medida en que el Código Bello había sido uniforme
(aunque independiente y soberanamente) promulgado por los Estados

29 Es imposible dejar de notar el fuerte paralelismo que se existe entre los procesos de


establecimiento de la Constitución de 1886 y la de 1991. Para ambos arreglos
políticos había una institución judicial capital: la Corte Suprema de Justicia tenía
que hacer las veces de organismo de unificación legal de la Nación; la Corte Cons-
titucional, de otro lado, tenía que convertirse en la guardiana de los derechos
fundamentales. Los decenios 1886-1896 y 1991-2001 muestran las dificultades enor-
mes que tuvieron ambas instituciones para ambientar su existencia en el esquema
constitucional.

30 Decía, en efecto, el artículo 21 de la Constitución de 1863: "El poder judicial de los


Estados es independiente. Las causas en ellos iniciadas conforme a su legislación
especial, y en asuntos de su exclusiva competencia, terminarán en los mismos
Estados, sin sujeción al examen de ninguna autoridad extraña".

31 Al explicar el nacimiento del recurso de casación en Colombia, Murcia Bailen afirma:

"Antes de 1886 no existió en Colombia el recurso de casación, porque el régimen
político entonces imperante era contrario a la unificación jurisprudencial, puesto que
los Estados soberanos tenían su propia legislación". Humberto Murcia Bailen. Recur-
so de casación civil, Bogotá, Editorial "El foro de la justicia", 1983.

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Capitulo I

de la Unión, resultaba perfectamente posible que en el país ya existie-
ra jurisprudencia discordante sobre este mismo texto legal. La Ley 61
de 1886 no escondía el propósito de "nacionalización" de la jurispru-
dencia: "Ninguna de las atribuciones asignadas á la Corte Suprema en
la Constitución ó en esta ley será ejercida por los Tribunales de Dis-
trito, aun cuando conforme a la legislación de alguno de los extinguidos
Estados, correspondiera ejercerla al Tribunal Superior del Estado"32.
El recurso de casación aseguraba la unificación jurisprudencial de ma-
nera mucho más clara ya que, como hemos visto, la violación o inter-
pretación errónea de la doctrina legal era causal de infirmación de las
sentencias de instancia.

El respeto de la "doctrina legal" sólo era posible a nivel práctico si


las sentencias de la Corte Suprema de Justicia eran difundidas de la
manera más masiva posible. Lo que segundino álvarez no había lo-
grado hacer en 1864 se alcanzó mediante el nacimiento de la "Gaceta
Judicial, Órgano oficial de Corte Suprema de Justicia"33. Su primer nú-
mero de 12 de febrero de 1887 muestra sus objetivos políticos y jurídi-
cos con gran fuerza:

"Objeto de este periódico.

El régimen federal que imperó en la República desde 1863,
había creado diferencias más o menos profundas y sustancia-
les en la legislación de los nueve Estados que al presente son
Departamentos nacionales, produciendo discordancias en la vida
social, en la familia, en la constitución de la propiedad, y en los
procedimientos judiciales de los colombianos, que á la verdad
no tenían razón de ser en el seno de un pueblo natural e histó-
ricamente unido por comunes sentimientos, caracteres y nece-
sidades. Al mal de la diversidad de nueve cuerpos de legisla-
ción se añadía toda la legislación propiamente nacional, y nada
era más difícil que hacer imperar en Colombia la unidad del
Derecho y la uniformidad de la Justicia.

Guiado por altos propósitos de concordia nacional y de uni-


ficación de todos los grandes elementos de prosperidad con

32 Artículo 99 de la Ley 61 de 1886.

33 Este periódico oficial, existente hasta el día de hoy, fue establecido por el Decreto

62 de 1887.



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Diego Eduardo López Medina

que contaba el país, el Consejo Nacional Constituyente reco-
noció la verdad de los hechos históricos y la necesidad de aco-
modar á ellos las instituciones políticas, y resueltamente pro-
clamó la unidad de la República, como la base fundamental de
la reconstitución y de toda reforma en lo futuro. Procediendo
con la necesaria consecuencia, dio nuevas formas al Poder Ju-
dicial, y admitió los recursos de casación, entre los nuevos pro-
cedimientos judiciales, con el fin muy loable de asegurar la justicia
en todas partes y abrir campo á la fijación, por medio del más
alto Tribunal, de principios y reglas que, estableciendo una Ju-
risprudencia nacional, sirviesen de sólida garantía á todos los
intereses que tienen en la ley su salvaguardia" .

Se presentaba así una tensión evidente entre dos textos fundadores


del derecho de la Regeneración: de un lado, el Código Civil se hacía eco
a la lucha que los revolucionarios franceses habían llevado a cabo en
contra del poder normativo general de lajurisprudencia de los Tribunales
del antiguo régimen y con confianza en el poder normativo plenario y
completo de la ley general y abstracta; del otro lado, sin embargo, la Ley
61 y los objetivos anunciados en la Gaceta Judicial desde su creación
buscaban unificar una jurisprudencia probablemente ya dispersa. Ese
objetivo sólo era posible ordenándole a los Tribunales de Distrito que
respetaran la doctrina legal de la Corte Suprema, so pena de casación
de los fallos que la ignorasen. La noción de "doctrina legal", igualmente,
parecía denunciar los límites de la ley para la solución de todos los casos
presentados. Frente a este hecho se requería establecer una fuente
complementaria y vinculante como lo había demostrado la experiencia
española en.donde se había reconocido el valor de la "doctrina legal"
recibida35. Repare el lector, sin embargo, en un hecho fundamental: mientras
que en España o Francia ya era posible hablar de una experiencia judi-
cial en la que la ley resultaba insuficiente y por tanto en necesidad de

34 República de Colombia. Gaceta Judicial: Órgano oficial de la Corte Suprema de


Justicia.
N° 1,12 de Febrero de 1887, p. 1.

35 López Vilas hace notar con toda claridad la profunda tensión que también existía en


España entre el Código Civil y las normas procesales. El Código civil español de
1851 también reproducía como el Código Bello, la norma del artículo 5° del Código
Napoleón: "Se prohibe a los Jueces proveer en los negocios de su competencia por
vía de disposición general y reglamentaria". Las normas procesales españolas,
como hemos visto, aceptaban la noción de "doctrina legal'. Al respecto véase,
Ramón López Vilas, op. cit., p. 72.

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Capítulo I



complementación, los colombianos en realidad sólo empezábamos a
utilizar el código con el típico optimismo legocéntrico y post-revolucio-
nario en la plenitud de la ley. Las necesidades de complementación y
rectificación judiciales de la ley sólo se harían sentir con el tiempo y el
transcurrir de los casos.

Como hemos visto, la Ley 61 de 1886 le ordenaba a la Corte Supre-


ma casar los fallos que violaran o interpretaran erróneamente la doctri-
na legal. Este sistema de disciplinajurisprudencial fue completado en el
año de 1887 con la expedición de la Ley 15336. Lo que en la Ley 61 era
apenas una causal de casación por violación de la doctrina legal se volvió
en la Ley 153 una regla hermenéutica general aplicable por todos los
jueces en casos dudosos. Esta orden directa a los jueces de instancia
afianzaba así la causal de casación mediante la vinculación de los jueces
inferiores a la jurisprudencia de la Corte en casos dudosos. En ese orden
de ideas el artículo 10 de la Ley 153 de 1887 dispuso que "[e]n casos du-
dosos, los Jueces aplicarán la doctrina legal más probable. Tres decisio-
nes uniformes dadas por la Corte Suprema, como Tribunal de Casación,

36 La Ley 153 de 1887 sirve como punto final del momento constituyente de la Regene-


ración al declarar, en su artículo 321, que "por virtud de [esta ley], el artículo H
transitorio de la Constitución ha surtido sus efectos íntegros". Dicho artículo transi-
torio disponía que "[mjientras el Poder Legislativo no disponga otra cosa, continuará
rigiendo en cada Departamento la legislación de dicho Estado". La Ley 153, por
tanto, declara abolidas completamente las legislaciones de los estados debido a que
ahora existe un cuerpo completo de leyes nacionales que las reemplazan. La última
pieza de esa refundación legal la hace la misma Ley 153 al dar reglas generales cada
vez "que se advierta incongruencia entre las leyes, u ocurra oposición entre ley
anterior y ley posterior, o trate de establecerse el tránsito legal de derecho antiguo
á derecho nuevo" (art.1°). Con esto, la Ley 153 cumpla con dos propósitos funda-
mentales: en su parte primera consagraba "reglas generales sobre validez y aplica-
ción de la leyes". Si se examina con cuidado, la primera parte de la Ley 153 es un
cuerpo normativo auto-suficiente. Consta de 49 artículos y termina con un artículo
de derogaciones y modificaciones. El proyecto fue presentado y defendido por el
presidente del Senado e ideólogo de la Regeneración, don Miguel Antonio Caro. Al
Sr. Caro le correspondió la explicación de la parte primera de la ley, lo cual hizo en
la sesión congresional del 3 de agosto de 1887. Los artículos fueron aprobados sin
modificación alguna con excepción del 1°. El segundo objetivo general de la ley
consistió en introducir variaciones, sobre todo en derecho de familia y penal, que
permitían articular más adecuadamente la visión moral, política y económica de los
regeneradores frente a la "liberalización" y, por tanto, "amoralización" del derecho
civil que había efectuado el radicalismo. Al respecto pueden verse a guisa de
ejemplo los artículos 50 a 53, 73, 185 y 192 a 206, etc., etc. de la Ley 153. La
"liberalización" del derecho civil efectuada por la Convención de Rionegro se puede
apreciar con toda claridad en las condiciones materiales que imponían los artículos
6°, 7°, 8° y 15 (entre otros) de la Constitución de 1863 a la "legislación civil" expedida
por los estados federados.

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Diego Eduardo López Medina

sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina legal proba-
ble" ".La Ley 61 y la Ley 153, entonces, establecían en su conjunto una
doctrina de respeto vertical fuerte a la jurisprudencia de la Corte Supre-
ma. El respeto a la jurisprudencia se consideraba tan importante en el
proyecto regenerador que la Ley 153 vino a añadir una nueva causal de
casación, ya no por violación de la doctrina legal de la Corte, sino por
violación del auto-precedente al nivel de los Tribunales superiores. El
objetivo era lograr con la mayor rapidez posible la consolidación de un
derecho nacional que anulara las inconvenientes diferencias locales en-
gendradas por el federalismo38.

Una modificación posterior, en el artículo 371 delaLeyl05de 1890,


incluso reducía el número de sentencias uniformes requeridas para decla-
rar la existencia de la "doctrina legal":

Es doctrina legal la interpretación que la Corte Supre-
ma dé a unas mismas leyes en dos decisiones uniformes.
También constituyen doctrina legal las declaraciones que
la misma Corte haga en dos decisiones uniformes para lle-
nar los vacíos que ocurran, es decir, en fuerza de la nece-
sidad de que una cuestión dada no quede sin resolver por
no existir ley apropiada al caso.

El artículo 369, de la misma ley mantenía como causal de casación


la violación de la ley sustantiva y de la doctrina legal. El sistema se hacía
aún más rígido ya que el artículo 3 83 obligaba a que la Corte anunciara
en cada sentencia, a manera de regla de derecho explícita, la doctrina
legal allí definida "en términos claros, precisos y generales"39. Esta obli-
gación del artículo 383 llevó a la Corte a pensar que la doctrina legal una

37 La interpretación usual del artículo se inclinó por sostener que la inflexión verbal


"aplicarán" señalaba, no una potestad, sino un deber de obligatorio cumplimiento.

38 En efecto, el artículo 239 de la Ley 153 de 1887 dispuso lo siguiente: "Agrégase a


las causales para interponer el recurso de casación, en todos los negocios civiles y
criminales en que las leyes lo otorgan, la de ser la decisión contraria en un punto de
derecho a otra decisión dictada por el mismo Tribunal ó por dos tribunales diferentes,
siempre que las dos decisiones contrarias sean posteriores a la época en que
empezó a regir la unidad legislativa". Con esta norma, sorprendentemente, quedó
solidificada en Colombia la necesidad de respetar tanto el precedente horizontal
como el vertical.

39 Decía literalmente el artículo 383: "Respecto de la primera causal de las menciona-


das en el articulo 369, la Corte fijará siempre en dicha parte resolutiva, en términos
claros, precisos y generales, que constituyan regla de derecho, la genuina inteligen-
cia de las leyes aplicadas", (énfasis añadido).

20

Capítulo I

vez pronunciada, sería inmodificable en sede judicial y requeriría de
reforma legal. Bajo esa comprensión, por supuesto, se trataba de un
sistema excesivamente rígido de jurisprudencia vinculante.

2.4. La crítica a la doctrina legal

Curiosamente, sin embargo, el enorme poder que la doctrina legal


parecía otorgarle a la Corte Suprema desde 1886, fue rechazado algu-
nos años después por ella misma40. El sistema de la doctrina legal ter-
minaba siendo en realidad, en opinión de la Corte, excesivamente rígido.
En sus informes al Congreso (en una versión local del refere legislativo
francés establecido por la Ley 61 de 188641) la Corte se quejaba de los
"defectos" de "incoherencia" que tenía el sistema de la doctrina legal
frente a la cultura jurídica nacional. En el informe de 1892 al Congreso,
la Corte "pasa a daros cuenta de las dudas, vacíos, contradicciones é
inconvenientes que ha notado en la aplicación de las leyes"42. La crítica
al sistema de la doctrina legal fue particularmente dura, en especial a la
obligación cuasi-legislativa de anunciarla en las sentencias "a manera
de regla general de derecho" como establecía el artículo 3 83 de la Ley
105. La declaración de la Corte también examina implícitamente el problema
relacionado con la identificación precisa ("amanera de regla general de
derecho") de la ratio decidendi de sus fallos:

43

"La Corte ha procurado -decían los magistrados en 1892 -


llenar hasta donde le ha sido posible esta grave y difícil atribu-

40 En el trámite de la Ley 61 de 1886 los magistrados de la Corte Suprema no solamente


no se opusieron a la "doctrina legal", como a partir de 1892 lo empiezan a hacer, sino
que abiertamente le dieron la bienvenida. Véase al respecto la intervención del
magistrado Angarita en la sesión del 22 del octubre de 1886, D.O. Año XXII, N° 6858,
p. 1201.

41 Se disponía en el artículo 135 que °en todo caso en que la Corte Suprema ó algún


Tribunal Superior de Distrito encontraren, al fallar en cualquier causa, que hay algún
defecto en la legislación, por incoherencia, contradicción ó vacío, ó que por causa
de defectos en la administración pública sufren perjuicio los intereses nacionales,
deberán dirigir las indicaciones del caso al Congreso, ó al Gobierno, según la natu-
raleza de los defectos notados, a fin de que puedan ser corregidos por quien
corresponda". Sobre la institución del refere legislativo véase, Diego López Medina,
Teoría impura del derecho, p. 258

42 Gaceta Judicial, 16 de agosto de 1892, año Vil, N° 348, p. 28.

43 En 1892 la Corte Suprema de Justicia estaba conformada por 7 magistrados según lo
disponía el artículo 146 original de la Constitución de 1886. Eran ellos los señores
Lucio Pombo, Luis Isaza, Jesús Casas, Manuel Ezequiel Corrales, Mariano Medina,
Emilio Ruiz y Juan Evangelista Trujillo.

21

Diego Eduardo López Medina

44

ción [del art. 383 de la L. 105 ]: pero ha observado que ella


aminora en gran parte el fin primordial del recurso, que consis-
te en la discusión y aplicación de las leyes y doctrinas de de-
recho a los casos particulares, para que del estudio de sus sentencias
pueda deducirse la verdadera doctrina legal y lograrse poco
a poco la uniformidad de la jurisprudencia,
como sucede
en las naciones que han establecido este recurso, especialmente
en Francia donde tuvo su origen, y de donde, en consideración
a sus plausibles resultados, se ha ido extendiendo a diversos
países.

Pero reducida la doctrina legal a los estrechos límites de


una declaración general y abstracta sobre un punto de derecho,
formulada como un verdadero artículo de ley,
la Corte viene
a asumir las atribuciones del legislador, sin la libertad de éste:

porque el Cuerpo Legislativo puede reformar las leyes y debe


hacerlo cuando de su aplicación resultan inconvenientes, y la
Corte, según la estrechez de nuestra ley de casación, quizá no
puede variar una doctrina legal, aunque mejores estudios y el
progreso constante de la ciencia jurídica demuestren el error
que se había incurrido [...]

Por otra parte, reducida la fuerza de las doctrinas de la Corte


de Casación a un principio formulado en los términos indica-
dos, quedan sin valor alguno las consideraciones determinan-
tes del fallo, que es en donde generalmente se suelen encontrar
las doctrinas que pueden servir de guía a los abogados, Jueces
y Tribunales en casos semejantes" .

44 Existen, en efecto, varias sentencias de esos años en los que la Corte cita I


"doctrina legal" como fundamentación incontrovertible de sus fallos: así, en senten
cía de 16 de marzo de 1891 dice la Corte que no puede ocuparse de la revisión d
una sentencia del Tribunal de Santander "porque ya ha establecido la doctrina, d
acuerdo con las respectivas leyes de procedimiento, de que sólo pueden ser objet
del recurso de casación las sentencias que propiamente se consideran con el carác
ter de definitivas". Véase al respecto Gaceta Judicial, año VI, N° 267, abril 8 d
1891, p. 50. Otro ejemplo puede resultar útil: en sentencia de 29 de agosto de 169
la Corte recuerda que ha "fijado una doctrina" con relación a la diferencia que ha
entre la apelabilidad judicial de la imposición de multas y sanciones administrativa
frente a las cláusulas penales de contratos civiles. Véase al respecto Gaceta Jud
cial,
año VI, N° 295, octubre 21 de 1891, p. 294.

45 Gaceta Judicial, 16 de agosto de 1892, año Vil, N° 348, p. 291, (énfasis añadido'


22

Capítulo I

Para la Ley 105 de 1890, por tanto, la doctrina legal debía ser dise-
cada en forma definitiva como artículo de ley en "términos claros, pre-
ciso y generales". La jurisprudencia se convertía así en productora de
normas positivas que clarificaban problemas interpretativos o llenaban
vacíos. Para la Corte, en cambio, "la verdadera doctrina legal" consistía
en observar con detenimiento los argumentos que se utilizaban en la
resolución del caso concreto para de allí extraer criterios de solución
flexibles que fueran afinando el derecho en casos futuros. La idea de
"verdadera doctrina legal" resultaba más flexible porque le permitía a
la Corte (que para la época apenas era una institución joven en el primer
decenio de su vida institucional) ir avanzando mediante prueba y error
hasta lograr, con el tiempo, una verdadera tradición jurisprudencial. Para
la Corte existía una doble razón para criticar la institución de la doctrina
legal: primero, la resistencia a aplicar la doctrina legal (en el auto-pre-
cedente o precedente horizontal) radicaba en que "congelaba" prema-
turamente la jurisprudencia; y segundo, la objeción a la aplicación de la
doctrina legal en la relación vertical con los jueces de instancia (orde-
nada en la Ley 153 de 1887) radicaba en que obligaba a los inferiores
abuscar la "regla general" explícitamente anunciada por la sentencia y
no la ratio decidendi de la misma, es decir, los argumentos y conside-
raciones que permitían que un determinado caso se hubiera decidido de
determinada forma. Se apreciará, en conclusión, que para la Corte de
1892 la objeción contra la doctrina legal no radicaba tanto en negar la
importancia genérica de la jurisprudencia como fuente de derecho, sino
más bien en oponerse (y con razón, según creo) a los contornos particu-
lares del sistema excesivamente rígido implantado por las leyes 61 de
1886,153del887yl05del890.

La Corte, en su informe de 1894, reporta que "se complace en dar


testimonio de que la mayor parte de las observaciones hechas" han sido
acogidas por el Congreso y atendidas en varias leyes. En el caso de la
doctrina legal ocurrió algo similar: el artículo 383 de laLey 105 fue efecti-
vamente derogado por el artículo 87 de la Ley 100 de 1892 (en respuesta
a lo argumentado en el informe de ese año), con lo que quedó suprimida
la obligación de dar forma cuasi-legislativa a las subreglas jurispruden-
ciales elaboradas en las sentencias de casación. Pero esta modificación
del sistema no era suficiente ante los ojos de la Corte: en el informe de
1894 la Corte vuelve a insistir en su crítica a la doctrina legal, ahora con
argumentos de mayor alcance que los propuestos en 1892. En primer
lugar, era claro que la derogatoria del artículo 3 83 no resolvía definiti-
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