D. N. W. c/ Club Atlético River Plate Asociación Civil s/ despido



Descargar 202,34 Kb.
Página1/2
Fecha de conversión24.03.2017
Tamaño202,34 Kb.
  1   2
SD 95.716 – Causa 12.376/2010 – "D. N. W. c/ Club Atlético River Plate Asociación Civil s/ despido" – CNTRAB – SALA IV – 31/08/2011

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina , a los 31 DE AGOSTO DE 2011, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

 

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

 

I. Vienen las presentes actuaciones a esta Alzada a propósito de los agravios que, contra la sentencia de fs. 391/400, que admitió la demanda en lo principal, formulan la parte actora (fs. 405/438)) y la accionada (fs. 443/445) que merecieron las respectivas réplicas a fs. 447/455 y a fs. 458/464. Asimismo, el perito contador y la representación letrada del accionante cuestionan la regulación de sus honorarios por considerarlos reducidos (fs. 401 y fs. 440). A su turno, el reclamante impugna la imposición de costas y los emolumentos reconocidos a favor de la representación letrada de la accionada como así los del perito contador por estimarlos elevados.//-



 

II. El Sr. Juez de grado concluyó, en síntesis, en relación con el despido decidido por el Club River Plate que: a) las causales invocadas en la comunicación extintiva del vínculo laboral no satisfacen los requisitos previstos en el art. 243 de la LCT, pues no () se basta a sí misma en tanto que "...ninguna de las expresiones individualiza concretamente los hechos que configurarían el incumplimiento contractual imposibilitante de la continuación de la relación laboral...";; b) la utilización de motivaciones genéricas se encuentra en contraposición con el recaudo que prevé la norma legal mencionada con el fin de "...facilitar la defensa e impedir que, posteriormente quien puso fin a la relación, refiera la imputación a una diversidad de hechos..."; c) resulta extemporáneo el relato que la demandada realizó en el responde en relación con los motivos -hipotética actuación política por parte del actor en los comicios llevados a cabo el 5 de diciembre de 2009 en oposición a lo dispuesto por el art. 94 del Estatuo del Club- que manifestó fueron los determinantes para adoptar la decisión rupturista por lo que la a quo consideró inoficioso su análisis como así el tratamiento de la prueba producida a tal efecto. Desde dicha perspectiva, la sentenciante consideró ilegítimo el despido directo dispuesto por la entidad deportiva por lo que admitió los rubros indemnizatorios y salariales reclamados en la demanda.-

Contra esa decisión, la parte demandada se agravia en relación con las apreciaciones que formuló la a quo con respecto a las previsiones contenidas en el art. 243 de la LCT. De acuerdo con ello, la recurrente alega que las causales invocadas en la pieza postal extintiva del vínculo laboral debieron haber sido ponderadas "...desde el punto de vista subjetivo del destinatario de la comunicación..." en tanto que aduce que D. N. conocía perfectamente los motivos que se le imputaron para extinguir el vínculo laboral. La apelante aduce que las declaraciones de MERA FIGUEROA y DEL RÍO demuestran que el despido tuvo su causa en las irregularidades que se registraron en torno al manejo de la información durante la última campaña electoral acaecida el 5 de diciembre de 2009 y en la violación por parte del actor del deber de "imparcialidad" previsto en el art. 94 del Estatuto del Club. La demandada explica que dicha prueba testifical da cuenta de que durante el escrutinio de los votos de las últimas elecciones, la información que se brindó del resultado de los comicios por intermedio del área de prensa del club –integrada por el actor- fue efectuada escandalosamente ya que dio a conocer una información errónea y mal intencionada, dando por ganadora a la lista que, en realidad, se había ubicado en segundo lugar (situación que fue de notorio y público conocimiento). Asimismo, la parte demandada alega que los deponentes evidencian que el reclamante tuvo una profusa actividad política en claro apoyo y colaboración a la lista del ex – candidato D’ Onofrio. De acuerdo con ello, el recurrente considera que esas circunstancias fueron expuestas claramente en la comunicación extintiva al indicar que "...la causal invocada por la entidad deportiva se encontraba vinculada concretamente a la conducta incompatible con los principios de imparcialidad y prescindencia de actuación política que debía regir la labor del Sr. D. N., en virtud de la naturaleza de la misma y la expresa previsión estatutaria del Club...".-

Desde dicha perspectiva y, a fin de tener mayor claridad sobre el tema, considero pertinente rememorar que la demandada despidió al actor bajo la imputación de que "...habiendo detectado en el marco de su actuación como dependiente del club,circunstancias y actos reñidos con dichas funciones e incompatibles con las mismas, con grave perjuicio para la institución, le comunicamos que se encuentra despedido...La causal invocada vinculada concretamente con una conducta incompatible con los principios de imparcialidad y prescindencia de actuación política que debe regir su labor en virtud de la naturaleza de la misma y de expresa previsión estatutaria..." (ver CD 085809290 del día 23/12/09 obrante a fs. 5).-

En primer lugar, considero –en consonancia con la conclusión de la a quo- que la entidad deportiva demandada no cumplimentó las exigencias previstas en el art. 243 de la LCT, pues las imputaciones formuladas en la pieza postal extintiva no constituyen una "expresión suficientemente clara" de los motivos del despido que exige el citado precepto legal. Digo ello porque en la medida extintiva no se describió concretamente en qué consistieron las "circunstancias y actos reñidos" y la "conducta incompatible con los principios de imparcialidad y prescindencia de actuación política" adjudicados al actor como transgresión al cumplimiento de las funciones a su cargo (coordinador de prensa) ya que las supuestas inconductas fueron redactadas en términos genéricos sin individualizar la índole y contenido de esas hipotéticas faltas.-

El apelante pretende desentenderse de las exigencias previstas en el art. 243 de la LCT bajo la invocación de que el texto de la comunicación extintiva debería ser examinado "...desde el punto de vista subjetivo del destinatario..." y, que conforme con ello, D. N. conocía perfectamente las conductas que el club le endilgó. Considero que dichas manifestaciones no logran revertir la suerte adversa de la recurrente, pues cabe recordar que la comunicación del despido está incorrectamente redactada cuando –como ocurre en el sub lite- el emisor emplea una fórmula ambigua que le permite con posterioridad referirla a hechos cambiantes según su criterio, posibilitando así, con la falta de exigencia y precisión, una violación al art. 243 de la LCT (CNAT, Sala VIII, 30/4/91, SD 16.094, "Cruz, Vicente c/ Industrias Wilson SRL s/despido"). En otras palabras, estimo que la posición del club resulta inexplicable porque si –a la época del despido: 23/12/09- la demandada ya tenía supuestamente conocimiento de que las inconductas imputadas al trabajador se vinculaban con supuestas irregularidades en la difusión de los resultados del escrutinio de los comicios acaecidos en el Club con fecha 5/12/2009 como así en una hipótetica actividad política en apoyo a la lista encabezada por el ex – candidato D’onofrio, no se observan razones objetivas por las cuales la parte demandada omitió mencionarlas en la comunicación extintiva cuando, en realidad, debió haberlo hecho en aras de resguardar el derecho de defensa en juicio del reclamante.-

Sin perjuicio de lo expuesto y, colocándome –por vía de hipótesis- en una posición favorable a la posición del Club con respecto a la especificación de las causas que motivaron el despido del reclamante, considero que las declaraciones deMERA FIGUEROA y DEL RIO tampoco lograrían revertir la suerte adversa del Club en el juicio.-

Digo ello porque el testigo MERA FIGUEROA (fs. 141/3) –quien aseveró haber ocupado el cargo de presidente de la comisión fiscalizadora del Club en los períodos 2001/2005 y 2005/2009- introdujo diversas supuestas situaciones irregulares en las que habría participado el actor como encargado de prensa ("...el área de prensa organizó más de una ocasión asados en los quinchos con su candidato a presidente utilizando digamos como medio de convocatoria y de reunión las instalaciones del club...El área de prensa, en la campaña de D’onofrio se encargaba de las pautas publicitarias, o sea, el dinero que River aportaba a los medios gráficos, radiales y televisivos para lograr adhesión de los mismos a la lista de D’onofrio...) que –en realidad- no fueron explicitadas en el responde en apoyo de la tesitura allí adoptada. En consecuencia, considero que las apreciaciones que efectuó el recurrente en relación con ese testimonio constituyen una ampliación extemporánea de los términos de la contestación de demanda, de modo tal que su consideración excede claramente el marco de traba de la litis, al que debe ceñirse el pronunciamiento por aplicación del principio de congruencia (arts.34 inc. 4 CPCCN y 163 inc. 6 del C.P.C.C.N.).-

Por otro lado, no soslayo que MERA FIGUEROA también declaró con respecto a los hechos acaecidos en el día de las elecciones de autoridades del Club, pero considero que por: a) la forma en la que describió que se desarrolló el escrutinio de la última mesa –que hasta ese momento de las elecciones se daba por ganador a D’onofrio por 18 votos de ventaja- y b) la cantidad ajustada de votos por la que ganó, en definitiva, PASARELLA -actual presidente de la entidad deportiva-, la difusión del área de prensa relativa a que D’onofrio había sido el ganador no puede ser calificada de parcial o irregular. Digo ello porque los vaivenes narrados por el testigo durante la finalización de los comicios pudieron –apreciados desde un criterio de razonabilidad y buena fe- hacer que el encargado de prensa (es decir, el actor) emitiera –sin intencionalidad manifiesta- una información que no se condijera con el resultado final de las elecciones (art. 90 LO). En efecto, el testigo MERA FIGUEROAexplicó que sabe "...perfectamente cómo fue el recuento de los votos porque fui candidato a presidente y de los últimos en votar y presencié el escrutinio de la última mesa de la cual el presidente pertenecía a mi lista. Antes de escrutar esa mesa el candidato D’onofrio llevaba 18 votos de ventaja y en esa última mesa perdió con el candidato Pasarella por 24. Cuando terminados de escrutar, que todos los fiscales firmamos las actas, nos encontramos con que la barra brava había tomado el hall del club gritando contra Pasarella, que según nuestras actas había sido electo presidente y en ese momento el área de prensa de River informó que había ganado D’onofrio por dos votos. Así salió en los medios de comunicación en toda la Argentina y fue la última noticia de la noche. Nosotros nos retiramos al teatro y a través de nuestros apoderados reunimos todas las actas y resguardamos las urnas para que no fueran violadas. En el escrutinio definitivo, resolviendo cuatro impugnaciones le dio el triunfo al actual presidente por seis votos...".-

A su vez, estimo que la declaración de DEL RÍO (fs. 144/145) no logra apuntalar la versión de la recurrente en relación con la denunciada irregularidad en las tareas del trabajador como difusor de los datos de dichos comicios porque aseveró que todos los resultados parciales se iban comunicando en un pantalla y que, por la madrugada del día siguiente al electoral, se dio a conocer el resultado definitivo relativo a que PASARELLA había sido el vencedor. En efecto, DEL RÍO dijo que "...el resultado de las elecciones se iba comunicando parcialmente y también había una pantalla en el hall del club donde publicaban los resultados. Esa información a nosotros nos llegaba a través del agente de prensa. En relación al resultado de esos comicios, se informó un resultado, después quedó pendiente y después por la madrugada se informó un resultado final que salió vencedor Pasarella por seis votos, igual hubo una presentación en la justicia...".-

Por lo demás, los testigos CASTILLO (fs. 133/13), GALLEGO (FS. 138/140) y FEDERICO DEL RIO (fs. 144/145) –quienes afirmaron ser periodistas y haber tenido por sus funciones contacto frecuente con el Club y el actor- no efectuaron comentarios desfavorables en relación con la participación del actor en las elecciones que ocurrieron en la entidad deportiva en diciembre/2009 como así tampoco nada dijeron acerca de que el reclamante efectuara actividad política en las instalaciones de la demandada.-

Por último, considero dable mencionar que si bien la entidad deportiva invocó en el responde las previsiones del art. 94 del Estatuto del Club ("...el personal de administración, profesional o que perciba remuneración por cualquier concepto, sea o no socio, deberá mantener absoluta imparcialidad y prescindencia frente a los movimientos electorales de los asociados, bajo pena de cesantía...") como fundamento de su decisión rupturista, lo cierto es que no logró demostrar en la causa los términos de la redacción de esa diposición. Digo ello porque el punto pericial ofrecido por la demandada para que el experto contable adjunte a la causa el estatuto correspondiente (ver fs. 59 vta.), fue desestimado en la resolución de fs. 91/92 que arribó firme a la Alzada.-

En síntesis y, aún soslayando que la comunicación extintiva del vínculo laboral no cumple con las disposiciones previstas en el art. 243 de la LCT, la prueba testifical señalada en el memorial tampoco lograría revertir la suerte adversa de la recurrente, pues las declaraciones testificales apreciadas a luz de las reglas de la sana crítica no resultan eficaces para demostrar las inconductas que genéricamente el Club endilgó al actor (arts. 90 LO y 386 CPCCN).-

En conclusión, sugiero confirmar el fallo en cuanto al aspecto examinado.-

 

III. A su turno, la parte actora se agravia porque la sentenciante concluyó,en síntesis, que el reclamante no logró demostrar su postura inicial relativa a que durante el período marzo/2004 – julio/2007 el actor habría prestado servicios dependientes a favor del Club mediante la interposición fraudulenta de la empresa RUMBOS & ESTRATEGIAS SRL a la que D. N. supuestamente le extendía las correspondientes facturas para percibir su remuneración que habría sido abonada con el dinero de la demandada. Para así dedicir, la Sra. Jueza de grado ponderó la posición defensiva adoptada por la demandada ("...la entidad accionada negó que el actor haya prestado tareas bajo relación de dependencia con anterioridad al 1° de agosto de 2007, al tiempo que manifestó que desde septiembre de 2005 a agosto de 2007 D. N. realizó no más de 16 trabajos para River –los que no respondían a una relación laboral- que consistieron en la filmación y edición de partidos de fútbol –en trece oportunidades y en el "Análisis de medios" –en las otras tres ocasiones durante el 2007-, por lo que se le abonó la suma de $ 6.400 –en concepto de honorarios-...") como así los diversos elementos probatorios producidos en la causa que, en definitiva, -a criterio de la a quo- no arrojaron datos convicentes para corroborar la versión ensayada en la demanda en cuanto a la existencia de un vínculo laboral entre las partes durante el aludido lapso. En efecto, en el fallo se verificó que:



a) la oficiada RUMBOS & ESTRATEGIAS SRL contestó a fs. 256 –a través de su representante Amilcar Antognoni- que "...no contrató al actor en la fecha mencionada –refiriéndose al 15 de marzo de 2004-. Agregó que D. N. no figuraba en sus registros "porque no correspondería, que el Sr. D. N. prestara servicios en River ni en ningún otro lado, el mencionado Club no abonaba la remuneración de D. N. por intermedio de nuestra empresa" y por ende manifestó que no existían facturas emitidas por el actor canceladas por esa empresa desde marzo de 2004 a abril de 2010. Negó que haya realizado pago alguno al actor durante los años 2007, 2008 y 2009...";

b) el Sr. AMILCAR ANTOGNONI acompañó a fs. 357 diversas fotocopias de las facturas que W. D. N. le emitió por el período marzo/2004 a diciembre/2009 "...por las tareas realizadas por el mismo para el Club Atlético River Plate...".-

c) del peritaje contable (fs. 275/308) no surge que en los libros de la demandada conste el pago de facturas de la firma RUMBOS & ESTRATEGIAS SRL por el período marzo/2004 – diciembre/2009, pero sí existe el registro del pago de facturas con el nombre de fantasía "PLANETA SPORT de D. N., W.", por el concepto "Análisis de medios (son 16 facturas y la primera de ellas fue extendida el 2/9/2005 por la suma de $ 250 y la última el 1/8/2007, por el valor de $ 1.000). La sentenciante señaló que "...el actor intentó justificar la extensión de esas facturas diciendo que correspondían a servicios adicionales prestados por él al Club, que no estaban incluidos en sus tareas habituales (fs. 313/5)...".-

d) el informe de la AFIP (FS. 265/268) dio cuenta que durante el período en controversia –marzo/2004 hasta agosto/2007- el actor registra el ingreso de aportes con destino a la seguridad social por parte del "empleador" Club Atlético San Lorenzo de Almagro, circunstancia respecto de la cual "...llamativamente, D. N. nada dijo en la demanda sobre la existencia de esa relación laboral con el otro club...". La sentenciante consideró que pudo no haber exclusividad, pero que resulta imposible ignorar que el actor puntualizó que sus funciones de vocero de prensa de Aguilar eran realizadas en el departamento de prensa del Club, de lunes a viernes de 13.00 a 20.00 hs, con la prestación adicional de concurrir al estadio en los días en que se disputaban partidos (dos horas antes del evento y dos horas después), que estaba a disposición "full time" del mentado Aguilar –vía telefónica- y que en ocasiones debía concurrir a reuniones desarrolladas en el domicilio de éste hasta altas horas de la noche.-

e) la prueba testifical ofrecida por el actor demuestra la actuación de D. N. como vocero de José María Aguilar desde el año 2004, pero no como vocero del Club como institución. Además, en la sentencia se determinó que todos los testigos afirmaron que el actor no tenía personal a su cargo –desmintiendo así, en este punto, los dichos de la demanda- y que sus declaraciones evidencian "...la falta de claridad en que incurrieron los directivos del Club, en lo que hace al manejo de prensa con fines personales, extremo que parece prevalecer sobre lo que es la comunicación institucional, sin embargo y dada la cercanía del actor tanto con el fue el presidente de la entidad como con su entorno...no es admisible que permaneciera tres años en la clandestinidad de registro, sometiéndose a una situación que, según él, lo perjudicaba...".-

Contra esa decisión, el recurrente argumenta que su posición inicial relativa a que el actor habría cumplido tareas dependientes a favor de la demandada desde el 15/3/2004 (ya sea en los términos del art. 29 de la LCT –1er. 2do. párrafo- o del art. 30 de la LCT –2do. supuesto-) se encontraría demostrada mediante las declaraciones de CASTILLO, GALLEGO, DEL RÍO y WODTKE. A su vez, el apelante señala puntualmente que el testimonio de WODTKE evidencia que el actor fue contratado –como se dijo en la demanda- a través de la empresa RUMBOS & ESTRATEGIAS y que D. N. debía facturar por sus servicios a dicha sociedad o a su socio gerente Amilcar Antognoni, conforme el detalle de facturas acompañadas a fs. 318/257. Asimismo, el recurrente explicó en relación con las facturas que emitió a favor del Club (conf. surge del peritaje contable a fs. 275/308: punto 8) dentro del período septiembre/2005 – agosto/2007 que aluden a prestaciones adicionales que realizó para el Club y que no se vinculan directamente con la relación de carácter laboral que dijo haber mantenido con la entidad deportiva durante el lapso marzo/2004 – agosto/2007. Por último, el accionante explicitó que el origen de la negativa de la oficiada RUMBOS & ESTRATEGIAS SRL a los extremos que denunció en la demanda debe encontrarse "...en el hecho de evitar responsabilidades...en la subsistencia de la relación de dicha firma con la demandada o en el hecho...que al actor se le hacía facturar sus servicios a la oficiada o a su socio gerente Amicar M. Antognoni que no es otro que el que firma la contestación de oficio, hecho que justificaría la inexistencia de registros en relación al actor en la firma oficiada...".-

A fin de tener mayor claridad para dilucidar la naturaleza de la vinculación que habría existido entre las partes con anterioridad al 1/7/2007 –fecha en la que el Club registró al actor como dependiente- estimo pertinente rememorar suscintamente las posturas iniciales vinculadas al hecho controvertido.-

En la demanda, se adujo que el 15/3/2004, el actor fue contratado por la firma RUMBOS & ESTRATEGIAS SRL para prestar servicios como vocero de quien fue presidente de la demandada –el Sr. José María Aguilar-. A su vez, el reclamante explicó que fue entrevistado por dicha sociedad (a través de su socio gerente Amilcar Manuel Antognoni) y, en días posteriores, por el aludido ex – presidente del club, "...puesto que la índole de las tareas implicaban que hubiere una directa y cordial relación con éste último quien dio su aprobación para la contratación del accionante...". D. N. también dijo que debió facturar los servicios que habría prestado para la demandada a nombre de la mencionada empresa (o del socio gerente Amilcar M. Antognoni), que cumplió sus servicios en el establecimiento de la accionada –departamento de prensa- de lunes a viernes de13 a 20 hs (más la concurrencia adicional al estadio en los días de partidos locales o internacionales), que tuvo personal a su cargo, que sus tareas consistían en "...cumplir las veces de ‘voz oficial del club’ en el contacto con la prensa nacional e internacional y comunicaba a la misma y a la comunidad Riverplatense en general todas las actividades del presidente de la demandada Dr. José María Aguilar..." y que "...dada la naturaleza de sus tareas estaba en permanente contacto y a disposición full time del...Dr. José María Aguilar vía telefónica...De hecho en algunas oportunidades ha tenido que tener encuentros de índole laboral en el domicilio particular del Dr. Aguilar...". Finalmente, D. N. explica que a partir del 1/8/2007 la demandada procedió a sumarle a sus tareas las de coordinador de prensa del plantel profesional de fútbol de la demandada y a "blanquear" la relación en forma parcial.-

A su turno, en el responde se negaron los hechos expuestos precedentemente y se alegó que el accionante pretende hacer valer algunos concretos servicios que efectuó por encargo de River como si fuera una relación laboral. La demandada adujo que "...desde el mes de septiembre de 2005 al mes de agosto de 2007 D. N. realizó no más de 16 trabajos para River que consistieron en la filmación y edición de partidos de fútbol en trece oportunidades y en el ‘Análisis de medios’ en las tres últimas ocasiones durante el año 2007...".-

De acuerdo con todo lo expuesto, me abocaré a examinar las declaraciones de CASTILLOGALLEGORIOS y WODTKE.-



El testigo CASTILLO (fs. 113/134) –quien dijo haber conocido al actor en ocasión de su trabajo como periodista en determinados medios de comunicación- explicó que el actor "...trabajó como vocero del presidente de River Sr. José María Aguilar desde el año 2004..." y que "...toda la información oficial del club pasaba por el actor, cuando había un inconveniente o de rutina misma teníamos trato los periodistas en gral. con el actor. El actor trabajaba desde las 10 u 11 de la mañana y hasta las 7, 8 o 9 de la noche, incluso fuera de ese horario, si ameritaba, se lo podía llamar al celular...Desconozco el salario que percibía el actor. Desconozco bajo qué modalidad, o cómo cobraba el actor. Desconozco quién lo contrató al actor en el año 2004...El actor en el primer piso del monumental, cancha de River, prestaba tareas y por el año 2007 estuvo prestando tareas en el predio de Ezeiza que tiene el club donde iba el plantel a hacer actividades y el actor independientemente de lo que hacía en el club, también era coordinador de prensa del plantel. Lo sé porque también concurro al predio de Ezeiza según donde entrenen a River...Desconozco quien le daba las órdenes de trabajo al actor. El actor no tenía personal a su cargo. Las tareas de coordinador del actor comenzaron en el 2007...Al actor lo comenzé a ver por febrero o marzo del 2004. Yo iba al club o al predio de Ezeiza unos cuatro días en la semana y al actor desde el 2004 lo veía cada vez que iba al club y si no lo veía en persona lo hacía vía telefónica...A lo largo del tiempo, la sensación era que cada vez se le asignaba más tareas, no solo terminaba respondiendo por Aguilar sino por cualquier consulta en carácter institucional...Las tareas de vocero consistían en informar las decisiones institucionales de diferentes temas que la prensa requería, la presencia de Aguilar y muchas veces se recurría a D. N. para preguntar la opinión de Aguilar como presidente del club...".-

GALLEGO (fs. 138/140) explicó que como periodista debió cubrir a River desde el año 2002 y como tal "...me tocó conocer al actor...desde que inició a ser vocero de Aguilar que era presidente de River desde principio del 2004. El actor trabajaba en prensa de River, era un nexo para poder hablar con Aguilar, los periodistas cuando teníamos que hacer una entrevista teníamos que hablar con un vocero, jefe de prensa, que era el actor que trabajaba en la prensa de River o coordinador del plantel ahí lo conocí...sé que inicio el actor por el 2004 porque justo comenzaba la pretemporada de River y ahí me enteré que había una persona que iba a trabajar en prensa del Club y por mi trato diario con el club para poder hablar con el dirigente, específicamente con el presidente, me dijeron que a partir de ese momento era W. D. N....para hacer una entrevista con Aguilar, que era el presidente, había que llamarlo a él para acordarla, eso al principio. Después en una época, cuando había cambios de técnicos, creo que por el 2009 que quedó como jefe de prensa del técnico...y del plantel. Antes con Pasarella, por el 2007 también. Yo sabía que al actor lo podía encontrar por la tarde que estaba la gente de prensa...pero después lo veía por la mañana en los entrenamientos de River cumplimiendo las funciones de coordinador del plantel...El salario imagino que al actor se lo pagaba River, ya que trabajaba para River...".-

DEL RÍO (fs. 144/145) explicó que conoció al actor por cuestiones laborales, pues "...trabaja en el Diario Olé y cubro a River...desde el año 2001.." y, además, señaló que "...al actor lo conoce desde el año 2004 que entró a trabajar en prensa del club y comenzamos a trabajar constantemente con él...La función del actor era de vocero de Aguilar y como con Aguilar no teníamos buena relación teníamos que llamar al actor para que nos diga todo lo que necesitábamos saber, las versiones del club o informaciones que sabíamos que no le iba a gustar, llamábamos para que nos dé la información oficial. El actor trabajaba en la oficina de prensa, primer piso del club...Ahí estaban los empleados de prensa y los jefes son los dirigentes, Aguilar, hay dirigentes de encargados de prensa pero él respondía directamente con Aguilar. La oficina estaba abierta de 13 a20 hs., pero si lo necesitabas por algún tema por la mañana, nos manejábamos por teléfono...Despúes hubo un momento que aparte de hacer eso, estaba como encargado de prensa del plantel, para gestionar las notas a los jugadores y las conferencias de los técnicos. En ese período estaba en el momental o en Ezeiza y por la tarde en la oficina. Ese período fue por el 2007 que duró todo el año...Al actor siempre se lo podía ubicar en el horario de oficina...El actor no tenía personal a cargo...".-

Examinadas las declaraciones de CASTILLO, GALLEGO y DEL RÍO a la luz de las reglas de la sana crítica estimo que evidencian que entre las partes existió un vínculo dependiente durante el lapso comprendido entre marzo/2004 y julio/2007 (arts. 90 LO y 386 CPCCN). Digo ello porque los testigos son contestes acerca de que D. N. cumplió en ese período tareas de vocero de prensa del Dr. Aguilar desde el aspecto de las funciones de éste como presidente del Club. En otras palabras, los aludidos testimonios dan cuenta de que el reclamante era un intermediario entre la prensa y el Dr. Aguilar para comunicar a los periodistas diversas cuestiones inherentes a la actividad y opinión del dirigente que se vinculaban solamente a temas propios del Club como institución (y no sobre aspectos distintos al mencionado). A su vez, los deponentes también prueban que las labores del reclamante no se limitaban a transmitir las resoluciones adoptadas por Aguilar como presidente del Club sino que también se extendía a dar a conocer "...las decisiones institucionales de diferentes temas..." (Castillo) y "...las versiones del club..." ( Del Río). Además, dichos testigos corroboran la versión inicial acerca de que D. N. desarrollaba diariamente –y en un horario determinado- las aludidas funciones en una oficina ubicada dentro del establecimiento de la demandada, bajo la sujeción a las instrucciones del representante principal de la demandada.-

No soslayo que WODTKE (fs. 148/151) admitió tener juicio pendiente contra la demandada por motivos similares a los del reclamante, pero considero que dicha circunstancia procesal –en el presente caso- no resta eficacia convictiva a sus manifestaciones porque se encuentran corroboradas por los concordantes testimonios de CASTILLO, GALLEGO y DEL RÍO. En efecto, WODTKE –quien dijo haber ocupado distintos cargos en el club desde diciembre/1997 y el puesto de gerente general desde septiembre/2002 hasta diciembre/2009- declaró que el actor "...era vocero del presidente Jose M. Aguilar y su lugar de trabajo era en la empresa River Plate...el presidente me avisó que iba a estar trabajando una nueva persona que él había elegido...El actor respondía ante el presidente del departamento de prensa en primer lugar y en segundo lugar, al presidente...Normalmente el actor trabajaba de lunes a viernes en el horario de prensa de trece a veinte, además de eso era permanentemente citado o llamado cuando la circunstancia lo amerite, es decir, cuando había algún problema en los medios después de un partido que se perdiera y donde los medios comenzaran a llamar era automáticamente convocado, igual que en otras circunstancias. En determinado momento el actor fue vocero del plantel, si mal no recuerdo el último semestre del 2007...Esa tarea consistía en coordinar toda la prensa con el plantel, cuando el técnico quería transmitir algo a los medios lo hacía por intermedio del actor...Al actor por el año 2004 lo contrató el presidente. Lo sé porque el mismo presidente me lo manifestó. Originalmente a los efectos políticos de no mostrar un mayor gasto en en prensa, él facturaba a través de Amilcar Antognoni que es una persona de los medios y que consultó el presidente para que le consiga a alguien que pueda desempeñar las tareas de vocero presidencial. Amilcar fue quien le presentó al actor al presidente y que se vinculaba con River dando asesoramiento de prensa...La empresa Rumbos y Estrategias la conozco. Por lo menos en el club esta empresa brindaba información respecto de estrategias de prensa...".-

Dicha declaración apuntala –como ya lo dije- las examinadas precedentemente por cuanto demuestra que durante el período controvertido (marzo/04 – julio/07) el reclamante cumplió labores de vocero de prensa del Sr. Aguilar como así de cuestiones que se vinculaban a la actividad propia del club deportivo, todo ello dentro de una jornada laboral diaria, en un espacio físico ubicado dentro de las instalaciones de la demandada y bajo las directivas de representantes de la demandada (art. 90 LO). A su vez, este testigo corrobora la postura adoptada en la demanda en cuanto a que allí se alegó que D. N. debía facturar a nombre del Sr. Amilcar Antognoni (o a favor de la empresa RUMBOS & ESTRATEGIAS SRL) para poder percibir su remuneración. Dicho extremo aparece verificado por las fotocopias de las facturas -que en su mayoría resultan correlativas y mensuales- que fueron acompañadas por el aludido Antognoni a fs. 318/349 –carentes de cuestionamientos por la accionada-, en las que se puede verificar que el concepto facturado es por la realización de tareas para River Plate.-

En dicha apreciación no soslayo que la oficiada RUMBOS & ESTRATEGIAS SRL ha informado –a través de su representante legal Amilcar Antognoni- que esa sociedad no contrató al actor, que el reclamante no figura en sus registros "...porque no correspondería, que el Sr. D. N. prestara servicios en River ni en ningún otro lado, el mencionado Club no abonada la remuneración D. N. por intermedio de nuestra empresa..." y que no existen facturas emitidas por el accionante "...canceladas por Rumbos & Estrategias desde el mes de marzo de 2004 al mes de abril de 2010..." (ver fs. 256), aspectos que prima facieparecerían contradecir la versión inicial al respecto. Ahora bien, estimo necesario señalar que, reitero, el actor adujo que facturaba para poder percibir sus salarios a nombre de dicha empresa o a favor del Sr. Antognoni -quien contestó el aludido oficio en su carácter de representante legal de la mentada sociedad-, circunstancia esta última que se encuentra corroborada por la prueba documental que dicha persona adjuntó a la causa a fs. 318/349 y que justifica, entonces, la inexistencia de registros del actor en los libros de la empresa.-

En síntesis y, desde dicha perspectiva probatoria evaluada bajo las reglas de la sana crítica, estimo que la parte actora logró acreditar la postura adoptada en la demanda en tanto que las declaraciones testificales como así la aludida prueba documental evidencian que: a) el actor se incorporó de manera permanente desde marzo/2004 a la estructura institucional del Club en la que se desempeñó como vocero de prensa del principal dirigente de la entidad deportiva como así de la demandada, todo ello desarrollado mayormente en las instalaciones de la accionada; b) el reclamante percibía mensualmente una suma mediante la entrega de facturas a una tercera persona y c) todo ello, en definitiva, en beneficio de la demandada (art. 386 C .P.C.C.N.).-

 

III. De acuerdo con lo expuesto, y al demostrarse la prestación personal de tareas del actor durante el período marzo/2004 – julio/2007 para la demandada, sin que la prueba producida por esta última haya resultado eficaz para desvirtuar la presunción legal contenida en el art. 23 de la L.C.T., la situación aparece definida a favor de la existencia de un contrato de trabajo (art.21 L .C.T.), a contrario de lo decidido en el fallo.-



Reitero, la circunstancia de que el actor haya prestado servicios a favor de la accionada hizo operativa la presunción prevista por el art. 23 de la LCT, que establece que "el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario", presunción que opera igualmente "aun cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar el contrato en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio".-

La declaración de MERA FIGUEROA (fs. 141/143) –ofrecida por la entidad deportiva- no logra controvertir la conclusión a la que arribé precedentemente, pues no resulta verosímil que –dado que ocupó el cargo de presidente de la comisión fiscalizadora desde el 2001 hasta el 2009- haya manifestado desconocer "...cuándo el actor comenzó a tener vinculación con el club por medio de dicha agencia..." –cuyo nombre dijo no recordar- y que "...el actor calculo que ingresó en el año 2007 bajo las órdenes de Héctor Cavallero que era el presidente de la comisión de prensa. El actor fue contratado para ser vocero del ex presidente Aguilar...". En otras palabras, estimo que las manifestaciones de MERA FIGUEROA -quien dijo haber ocupado un alto cargo dentro de la institución deportiva- en cuanto dan cuenta de la actividad de D. N. dentro del Club recién a partir del año 2007 no lucen convictivos frente a la concordante prueba testifical producida por la parte actora que demuestra que el demandante trabajó en forma constante y pública en las instalaciones de la demandada desde marzo/2004.-

Por lo demás, el informe de la AFIP (fs. 265/273) que brinda datos acerca del ingreso de aportes con destino a la seguridad social correspondiente al lapso mayo/2003 –enero/2008 por parte de otra entidad deportiva, tampoco logra revertir la suerte adversa de la demandada en relación con este tópico porque la accionada no aportó prueba alguna tendiente a demostrar una incompatibilidad horaria entre las tareas que realizó D. N. para el Club San Lorenzo –en el período mencionado- y las que desarrolló a favor del Club River Plate dentro del lapso controvertido, máxime que en la demanda se adujo que el reclamante inicialmente prestó servicios entre las 13.00 hs. y 20.00 hs de lunes a viernes.-

Por último, no dejo de ponderar que del peritaje contable surge que en los libros de la demandada se dejó constancia del registro de 16 facturas con el nombre de fantasía "Planeta Sport; D. N., W." por el concepto "Análisis de medios" que corresponden al período septiembre/2005 – agosto/2007, pero este solitario informe no robustece la posición adoptada en el responde por cuanto la accionada no aportó otros elementos probatorios que tiendan a demostrar que el reclamente se comportó ante la demandada durante el lapso controvertido únicamente como trabajador autónomo.-

En consecuencia, sugiero modificar el fallo en el sentido expuesto precedentemente y sobre la fecha de ingreso alegada inicialmente (marzo/2004) juega a favor del actor la presunción del art. 55 de la L.C.T –corroborada por la prueba testifical producida por el reclamante-, extremo que no resulta controvertido por el peritaje contable porque los datos consignados unilateralmente en los libros laborales no resultan oponibles al trabajador (recuérdese que esa prueba da cuenta del registro del actor recién a partir de agosto/2007).-

De acuerdo con lo resuelto en torno al reconocimiento de una mayor antigüedad del trabajador, oportunamente modificaré el cálculo de los rubros diferidos a condena reconocidos sobre la base de los arts. 232 y 245 de la LCT y art. 2 de la ley 25.323. A su vez, estimo que resulta procedente la petición del reclamante de calcular las diferencias en concepto de "adicional por antigüedad" que la demandada comenzó a abonar al trabajador a partir de agosto/2008 (ver fs. 275). En consecuencia y, dado que según surge del art. 7. a ) del CCT nro. 553/09 -aplicable a la demandada- el adicional por antigüedad consiste en un 2% calculado sobre el salario básico por cada año aniversario de servicios, sugiero elevar al 8% (hasta febrero/09) y al 10% (desde marzo/09) la pauta de cálculo del aludido adicional –para lo cual tengo presente la real fecha de ingreso: marzo/2004- y calcular las diferencias reclamadas a partir de la época (agosto/2008) en que el Club comenzó a pagar el mentado adicional. Estimo pertinente aclarar que resulta improcedente la petición inicial acerca de que el rubro en tratamiento se calcule desde abril/2008, como se peticionó en la demanda, porque el actor no se encuentra comprendido en el aludido convenio colectivo –según las razones que se expondrán oportunamente- por lo que únicamente tiene derecho a las diferencias salariales correspondientes al lapso en el que la demandada decidió abonarle el adicional por antigüedad . Desde dicha perspectiva, señalo que se liquidarán las mentadas diferencias sobre el salario básico percibido en cada mes y, no en función al "mejor salario" –como propone el recurrente-, porque la norma convencional no efectúa disquisición alguna al respecto. En consecuencia, corresponde diferir a condena la suma total de $ 7.246,40[1] (que incluye inc. SAC) que llevará los intereses previstos en la instancia anterior desde que cada suma es debida.-

Dado que a la época del despido, el vínculo laboral que unió a las partes se encontraba deficientemente registrado, sugiero admitir la reclamación en concepto de la multa prevista en el art. 1° de la ley 25.323. El recurrente esgrimió diversos cuestionamientos con respecto a la base de cálculo considerada por la a quo para liquidar los diversos rubros diferidos a condena por lo que finalizado en los considerandos siguientes el tratamiento de esas objeciones, efectuaré el pertinente cálculo de la multa admitida y de las restantes reparaciones reconocidas.-

IV. En cuanto a los cuestionamientos del recurrente dirigidos a la desestimación en grado del rubro solicitado en concepto de reparación del daño moral, adelanto que no deberían tener favorable tratamiento.-

Digo esto, pues es criterio generalizado que, en principio, la indemnización tarifada establecida en el citado art. 245 de la LCT cubre todos los daños derivados del despido arbitrario, incluidos los padecimientos producidos por la invocación de una injusta causa (CNAT, Sala IV, 28/6/96, "Luna, Roberto c/ Baj SA s/ despido") y que sólo resulta procedente una reparación por daño moral si el despido estuvo acompañado de una conducta adicional que resulte civilmente indemnizable (CNAT, Sala IV, 28/6/96, "Luna, Roberto c/ Baj S.A. s/ despido"), como ocurre cuando el empleador no se limitó a denunciar una irregularidad o inobservancia contractual, sino que imputó directamente al trabajador la comisión de un delito que, en definitiva, no se probó (CNAT, Sala II, 26/3/01, sent. 89.181, "Gerez, Marcelo c/ Siad S.R.L. s/ despido").-

Ahora bien, en el caso de autos, la demandada no acusó a D. N. de haber cometido ninguna conducta dolosa y, menos aun, un delito. Tan sólo le atribuyó un típico incumplimiento laboral (haber incurrido en "...circunstancias y actos reñidos con dichas funciones e incompatibles con las mismas, con grave perjuicio para la institución..." y "...conducta incompatible con los principios de imparcialidad y prescindencia de actuación política que debe regir su labor en virtud de la naturaleza de la misma y expresa previsión estatutaria..."), de manera que la reparación del daño causado por ese reproche quedan cubiertos por la indemnización tarifada (conf. esta Sala, 21/7/06, S.D. 91.593, "Álvarez, Adriana Gladys c/ Stennett Overseas Argentina SA s/ despido"). Por lo demás, las alegaciones relativas a que las causas del despido habrían trascendido a ámbitos distintos al que involucraron a las partes y que ello habría provocado la imposibilidad de conseguir en otras entidades deportivas puestos laborales similares al que D. N. ocupaba en el Club River como así que el actor es denostado por sus ex – compañeros de trabajo y/o subordinados cuando concurre al club, constituyen meras afirmaciones dogmáticas porque no se encuentran demostradas en el juicio en tanto que los testigos aportados por su iniciativa no pudieron relatar concretamente las motivaciones del despido ni tampoco las supuestas situaciones que dijo padecer el actor cuando asiste como socio a la demandada. Es más, el testigo CASTILLO –aportado por el recurrente- contradijo la versión del apelante en cuanto a que por el estado público que habrían tomado las causales del despido invocadas, "...lo ha llevado a ser considerado un muerto en vida...para su actividad vinculada al ámbito periodístico deportivo a los efectos laborales...", pues el deponente afirmó que el reclamante trabaja con él desde el año 2010 en un programa de radio llamado "Cien por ciento River" que se transmite –según dijo Castillo- desde la Radio La Red (art. 90 LO).-

En síntesis, sugiero desestimar el cuestionamiento examinado.-

 

IV. La parte actora se agravia porque la sentenciante desestimó la petición de incluir en la base salarial de cálculo de los rubros indemnizatorios, las sumas que el apelante dijo haber percibido "en negro" mediante facturación a partir de que se produjo el registro del vínculo laboral como así diversos conceptos a los que adjudicó carácter remunerativo en la demanda.-



a) En cuanto al primer tópico, considero que le asiste razón al recurrente porque la declaración de WODTKE que da cuenta de la existencia de pagos fuera de registro a favor del trabajador durante la época en que el club registró el vínculo laboral, se encuentra corroborada por las facturas que emitió el actor a favor del Sr. Amilcar Antognoni (ver fs. 350/355) en concepto de "tareas de prensa para el Club Atlético River Plate" correspondientes a los meses de agosto/2007 (fs. 350/351), septiembre/2007 (fs. 352/353), octubre/09 (fs. 354 y fs. 355), noviembre/09 y diciembre/09 (fs. 356). De acuerdo con ello, resulta clara la procedencia de la petición del actor de adicionar la suma de $ 1700 correspondiente al mes de noviembre/09 –cuyo pago se logró demostrar que se efectuó "en negro"- a la base salarial ($ 9.800,28: mejor remuneración correspondiente al mes de noviembre/09) considerada por el a quo para calcular la reparación del art. 245 de la LCT.-

b) En cuanto a los "gastos de cobertura médica" –cuyo pago fue asumido por la accionada, conforme surgiría del informe brindado por OSDE: fs. 102/103-, la parte actora cuestiona que la Sra. Jueza de grado no los haya considerado como integrante de la base remunerativa considerada para calcular los distintos rubros reconocidos en la condena. El recurrente alega que el concepto en tratamiento revista carácter salarial porque "...en lo que hace a los gastos médicos el inciso d) del art. 103 bis de la LCT se refiere al "reintegro" de gastos documentados que no es el supuesto de medicina prepaga...". Ahora bien, el apelante arguye que para el supuesto que no se receptara su posición, renueva el planteo de inconstitucionalidad del art. 103 bis de la LCT deducido a fs. 25/26, bajo el argumento de que se contrapone a las disposiciones del convenio 95 de la OIT que tiene jerarquía supralegal a la LCT. El recurrente también señala que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha sostenido desde su reunión nro. 65 del año 1995 que los beneficios sociales cualquiera sea el nombre que se les pueda dar son elementos de la remuneración en el sentido del art. 1° del Convenio por lo que los pagos efectuados por la demandada para sufragar los servicios de la medicina prepaga a favor del actor deben recibir la protección que al salario le otorga el aludido Convenio. Cita jurisprudencia que estima aplicable al caso.-

Sobre el tema, la sentenciante sostuvo que "...el servicio de medicina prepaga –en el caso OSDE- al que se encontraba adherido el actor y su grupo familiar en calidad de socio obligatorio a través del Club Atlético River Plate, desde el 1° de diciembre de 2008 al 12 de diciembre de 2009, según informe de OSDE de fs. 103, se trata de un beneficio social no remunerativo, destinado a mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia (art. 103 bis LCT y decreto 137/97)...".-

Sentado lo expuesto, adelanto que las consideraciones efectuadas por el recurrente no tendrán favorable recepción.-

En primer lugar, considero dable rememorar que el art. 103 bis de la LCT brinda una calificación de los llamados "beneficios sociales", describiéndolos como "las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables, ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tienen como objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo. Son beneficios sociales… d) Los reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos y odontológicos del trabajador y su familia que asumiera el empleador, previa presentación de comprobantes emitidos por farmacia, médico u odontólogo, debidamente documentados…". A su turno, el decreto reglamentario             137/1997       (B.O. 14/12/1997) precisó que "...a los efectos del inc. d) del art. 103 bis de la ley 20.744 y sus modificatorias, los gastos efectuados para el pago de servicios médicos de asistencia y prevención al trabajador o su familia a cargo ser considerarán como ‘gastos médicos’ y su reintegro por parte del empleador tendrá el carácter de beneficios social no remuneratorio..." (el destacado me pertenece). Si bien es cierto que la prueba informativa obrante a fs. 102/103 demuestra que la accionada asumió el pago de los gastos que irrogó la contratación de los servicios de la medicina prepaga -brindada a través de la empresa OSDE- a favor del reclamante durante el período diciembre/08 – diciembre/09, lo concreto es que dichas erogaciones encuadran perfectamente en la definición de "beneficio social" brindada por las normas aludidas precedentemente, pues representaron una mejora para la calidad de vida del trabajador (y su familia) frente a determinadas contingencias sociales que eventualmente pudo o no haber sufrido D. N. y/o familiares a su cargo (en igual sentido, CNAT, Sala I "Novillo Linares, Carlos María c/ Assistance Argentina SA s/despido", SD 86.337, 22/12/2010 y Sala II, "Uznicky, Lorena Esther c/ Orígenes AFJP SA", SD 97.612, 3/2/2010.-

En cuanto a las apreciaciones que el apelante efectuó genéricamente en torno a que el art. 103 bis de la LCT violentaría a las disposiciones establecidas en el Convenio 95 de la OIT, estimo dable señalar que esta Sala –en su actual composición- ya se ha expedido en relación con ese tópico en la causa "GOLDENBERG RICARDO HORACIO C/ CLUB ATLETICO RIVER PLATE ASOCIACION CIVIL S/ DESPIDO", Expte. Nro. 10.362/2010, SD N° 95449 del día 27/5/2011 y, que por las similares características que guarda este caso, considero que aquellas consideraciones resultan aplicables al presente supuesto. En efecto, allí se dijo que el Convenio 95 establece, en su art. 1, que "...a los efectos del presente Convenio, el término ‘salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo…debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar’ (el subrayado me pertenece).-



Como se ve, se trata de una definición amplia del salario, que incluye ciertamente a prestaciones como los gastos médicos(en el caso, erogaciones por el pago de la medicina prepaga) u otras similares, pero sólo a los efectos del convenio, (como surge claramente de la expresión que he subrayado), es decir a lo que constituye materia del citado Convenio, que es, en resumidas cuentas, la protección del salario (forma y medio de pago del salario, libertad de los trabajadores de disponer de sus salarios, deber de información, garantías salariales, etc.). Ese objeto concuerda, a grandes rasgos, con el del Capítulo IV del Título IV de la LCT, que lleva como rúbrica "De la tutela y pago de la remuneración".-

Esta salvedad resulta importante, pues los reproches que la Comisión de Expertos en Aplicación de Normas y Reglamentos de la O.I.T. han formulado a nuestro país en diversas reuniones (nros. 65 de 1995, 66 de 1995 y 67 de 1996), en relación con las sucesivas regulaciones de "beneficios sociales" se han centrado, como no podía ser de otro modo, en lo que es materia del Convenio: la protección del salario.-

En la 68ª reunión de 1997, la Comisión recordó observaciones anteriores y tomó nota de que el decreto 773/96 había sido derogado por la ley 24.700, al que hizo extensivo los reproches expresados acerca de la normativa que la precedió. Ahora bien, en respuesta a las explicaciones dadas por el Gobierno acerca de que los empleadores dejarían de conceder los beneficios si estos fueran considerados remuneratorios, en razón del aumento del costo laboral, la Comisión señaló que ‘conviene considerar separadamente la protección del salario tal como lo dispone el Convenio y la cuestión del cálculo de las contribuciones de seguridad social o de otras contribuciones. Por lo que se refiere a estas últimas, la Comisión señala que la definición o determinación del salario para el efecto de calcular las contribuciones sociales no es materia de este Convenio’. Asimismo, volvió a solicitar al Gobierno argentino que tomara ‘todas las medidas que sean necesarias para proteger el pago de todos los componentes de la remuneración tal como ésta está definida en el artículo 1 del Convenio, incluidos los beneficios en forma de alimentos o de vales alimentarios tal como se establece en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 16 del Convenio’.-

En la 69ª reunión de 1998, la Comisión reprodujo íntegramente los términos de la observación anterior.-

Al año siguiente, en la 70ª reunión de 1999, la Comisión señaló una vez más ‘la distinción entre la protección concedida por el Convenio en lo que respecta a los salarios y la cuestión de calcular la seguridad social u otras contribuciones’, reiterando, respecto de esto último que ‘la definición o el alcance de la remuneración salarial como base para el cálculo de las contribuciones sociales queda fuera del alcance de este Convenio’. Asimismo volvió a solicitar al Gobierno que tomara "todas las medidas necesarias para proteger el pago de todos los componentes de la remuneración según se define en el artículo 1 del Convenio, incluidas las prestaciones en forma de alimentos o vales, según se expone en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 16 del Convenio’.-

En la 72ª reunión de 2001, la Comisión de Expertos subrayó nuevamente que ‘en virtud de los términos del Convenio la protección del salario debería abarcar toda forma de remuneración o ganancia, tal como se define en el artículo 1 del Convenio, incluyendo los vales alimentarios y otras prestaciones destinadas a mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia’.-

En la 100° reunión de 2011, la Comisión de Expertos tomó nota ‘...de que los párrafos b) y c) habían sido derogados por la ley 26.341...y, de que, en virtud del artículo 3 de la misma ley, algunas prestaciones que figuran en el artículo 103 bis, habían adquirido el carácter de remuneración...’ como así ‘...de la indicación del Gobierno según la cual las prestaciones que figuran en el artículo 103 bis en vigor, si bien se pagan en el marco de la relación laboral, no están vinculadas al trabajo realizado o al servicio prestado por el trabajador, y se consideran como prestaciones de seguridad social que tienen como objetivo la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y de las personas que están a su cargo...’. Desde dicha perspectiva, la Comisión consideró propicio recordar que ‘...como considerara el Consejo de Administración de la OIT en 1997 durante el examen de una queja sobre la política de ‘desalarización’ seguida por un Estado Miembro, el hecho de que una prestación salarial, cualquiera sea el nombre que se le dé, no entre en la definición de salario contenida en la ley nacional, no constituye ipso facto una violación del Convenio, con la condición de que la remuneración o las ganancias debidas en virtud de un contrato de trabajo, por parte de un empleador a un trabajador, cualquiera sea la denuncia, estén plenamente comprendidas en las disposiciones de los artículos 3 a 15 del Convenio...’. De acuerdo con ello, la Comisión de Expertos solicitó ‘...al Gobierno, que indique las medidas adoptadas para que toda asignación que no revista el carácter de salario en el sentido de la legislación nacional, sea objeto, en aplicación del Convenio, de las protecciones previstas en la legislación nacional relativa al salario...’

También corresponde traer a colación, por su directa vinculación con el tema que aquí se discute, el Informe del Comité encargado de examinar la reclamación de unos sindicatos de Venezuela, que alegaban el incumplimiento del Convenio 95 (Documento GB.268/14/9, citado OIT: "Protección del salario, "Normas y salvaguardas relativas al pago de la remuneración de los trabajadores", Oficina Internacional del Trabajo, 2003, p. 26). Los sindicatos se quejaban, justamente, porque ciertas disposiciones de ese país establecían ciertos bonos y subsidios por transporte y alimentos a cargo del empleador, que no tenían carácter salarial y, por ende, no se tomaban en cuenta para el cálculo de las prestaciones que legal o convencionalmente correspondían al trabajador. Invocaban en sustento de su reclamo, las observaciones de la Comisión de Expertos respecto de la Argentina (antes reseñadas).-

El Comité dijo, en lo que aquí interesa, que "Ciertos textos precisan que estos bonos no se considerarán como parte integrante del salario de base para el cálculo de las prestaciones, ventajas e indemnizaciones que, en virtud de leyes o de convenios colectivos, pueden pagarse al trabajador durante la prestación de servicios o con ocasión de la terminación de su trabajo. El Comité observa que el artículo 1 del Convenio n° 95 da una definición del ‘salario’ ‘a los efectos del presente Convenio’. Dicha definición puede ser más amplia que la que figura en la legislación nacional sin que ello implique necesariamente una violación del Convenio siempre que la remuneración o ganancia debida, en virtud de un contrato de prestación de servicios, por un empleador a un trabajador, cualquiera sea su denominación, gocen de la cobertura proporcionada por las disposiciones de los artículos 3 a 15 del Convenio. Este es el sentido de la observación formulada por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, a las que se refieren las organizaciones sindicales interesadas: el hecho de que la prestación, cualquiera sea el nombre que se le dé, no se integre en la definición de salario recogida en la legislación nacional no constituye automáticamente una violación del Convenio" (el subrayado me pertenece).-

De esas observaciones se desprende que la Comisión de Expertos, ha exigido que ciertos beneficios sociales gocen de las medidas previstas en los artículos 4 a 12 y 14 a 16 de ese instrumento internacional, pero esto no significa que los beneficios sociales deban necesariamente quedar equiparadas a las remuneraciones en todos sus aspectos, ya que, como lo ha señalado también la Comisión de Expertos en dos oportunidades, queda fuera del Convenio el tema de si estas prestaciones deben computarse o no para el cálculo de las contribuciones a la seguridad social.-

En otras palabras, siguiendo la opinión de los órganos de control de la OIT, concluyo que el hecho de que el inc. d) del art. 103 bis de la LCT excluya a los gastos médicos (en el caso las erogaciones realizadas por la demandada para el pago de una medicina prepaga) de la base de cómputo de otras prestaciones salariales o indemnizatorias no constituye una violación del Convenio 95 de la LCT y, por ende, dicha norma no resulta, en el caso de autos, susceptible de reparo constitucional. Por ello, sugiero confirmar el fallo en cuanto al aspecto examinado. En esta conclusión, no soslayo el criterio que adoptó la CSJN en la causa "Pérez, Aníbal Raúl c. Disco SA" (01/09/2009, fallos: 332: 2043), pero estimo pertinente señalar que la doctrina allí sentada no resulta aplicable al presente caso, pues el Alto Tribunal declaró únicamente la inconstitucionalidad del inc. c)del art. 103 bis de la LCT que se refería a los vales alimentario –obsérvese que fue derogado por la ley 26.341 como así el inciso b)- y se pronunció únicamente acerca de la naturaleza salarial de ese concepto...".-

c) La parte actora se agravia también porque en el fallo de grado se desestimó la naturaleza remuneratoria que le atribuyó el apelante al concepto "gastos de telefonía celular", pues el a quo argumentó que: 1) en el recibo de sueldo del apelante no se lo incluyó como rubro remuneratorio; 2) la posición inicial acerca de que el actor utilizaba su teléfono celular indistintamente para el trabajo como para uso personal y que él presentaba los comprobantes de gastos al Gerente General –Wodtke- quien supuestamente los autorizaba para su posterior reintegro por Tesorería no se encuentra demostrada por el informe contable ni tampoco por la declaración de WODTKE cuyas manifestaciones lucen subjetivas, pues tiene juicio pendiente contra la demandada por igual objeto que el actor y 3) "...aún en el hipotético caso de admitirse la versión de la demanda...lo que aquí eventualmente importaría sería determinar la porción marginal o accesoria de ese uso para fines personales, pues, en definitiva, es por naturaleza, una verdadera herramienta de trabajo...".-

En primer lugar, estimo pertinente señalar que, si bien WODTKE (fs. 149/150) admitió tener juicio pendiente contra la demandada por despido, lo cierto es que dicha situación procesal –en el presente caso- no resulta óbice para considerar la eficacia convictiva del testimonio en relación con el tema en tratamiento, pues de sus manifestaciones no surge que el juicio sea por cuestiones similares a la presente causa.-

De acuerdo con ello, considero que la declaración WODTKE resulta convicente para demostrar que el Club abonaba al actor los reintegros de gastos que había efectuado D. N. en concepto de pago del servicio de telefonía celular, pues el deponente dijo que "...el celular lo pagaba River y lo sé porque a mi me habían dado instrucciones para pagarle el celular y entonces me traía la factura y gerencia de pago la pagaba..." (art. 90 LO).-

Ahora bien, dicha conclusión no logra revertir la suerte adversa del reclamante en relación a este tópico. Digo ello porque en la demanda se sostuvo que el actor utilizaba el teléfono celular (línea 1536698438, cuya titularidad se encuentra nombre del accionante desde el 16/5/2008: ver fs. 235/236) tanto para fines laborales como personales. En consecuencia, la erogación que efectuó el Club -en la proporción que, según el actor, corresponde al uso del celular para el desarrollo de la actividad laboral- no tiene carácter remunerativo, pues se trata del reintegro de gastos en concepto del pago –efectuado por el accionante- del mentado teléfono celular que fue utilizado como herramienta de trabajo. En cuanto a lo demás y, dado que de la declaración de WODTKE no surge que el actor destinara también al mentado celular para su uso personal, carece de base probatoria la petición de D. N. de calificar como remunerativa la supuesta porción de reintegro de gastos que habría correspondido a la utilización del teléfono para fines particulares. Desde dicha perspectiva, estimo que la diferencia dinerariaque surge entre el monto de la facturación del uso de la línea celular correspondiente a la época en que el vínculo laboral se encontraba vigente y las sumas de la facturación emitida con posterioridad al despido del actor –que, según D. N., correspondería a la utilización del celular para fines personales- no constituye evidencia alguna que favorezca la posición del accionante porque éste no logró demostrar que durante la vigencia del vínculo laboral, utilizara el teléfono celular para motivos particulares.-

En consecuencia, considero que no cabe más que confirmar la conclusión de la a quo en relación con este tópico.-

d) A su vez, el reclamante objeta que la sentenciante haya desestimado la reclamación en concepto de diferencias por el "adicional por asistencia perfecta", el "adicional por puntualidad" y "adicional por eventos". Para así decidir, la Sra. Jueza de grado argumentó que se debe rechazar "...la pretensión de cobro de los adicionales de convenio –y en consecuencia incidencia en la base de cálculo-, toda vez que las tareas cumplidas por el actor –coordinador de prensa- no encuadran en ninguna de las categorías contempladas en el marco del CCT 553/09 –y su antecesor 197/92 -, por lo que se aprecia que revestía el carácter de personal fuera de convenio. Tampoco puede perderse de vista que la remuneración que el actor percibió –la que incluía un rubro denominado "Adic. Básico Carp" por la suma de $ 7.262, sobre el que las partes nada explicaron-, era evidentemente superior a la que de un trabajador comprendido en el convenio colectivo...".-

Contra esa decisión, el recurrente argumenta en relación con esos conceptos reclamados, que el actor no era un empleado fuera de convenio ya que la demandada ni siquiera invocó dicha circunstancia en el responde. Además, agrega que de los recibos obrantes a fs. 63/70 – reconocidos a fs. 91 por el club- se verifica que la accionada abonaba al actor el "adicional por antigüedad" previsto en el CCT 553/09 (y su antecesor el CCT 197/02), extremo que demostraría que la entidad deportiva consideraba a D. N. con derecho a percibir los adicionales convencionales en tratamiento.-

Considero que no le asiste razón al apelante porque sus cuestionamientos no resultan eficaces para controvertir la conclusión del a quo ya que una lectura detenida de las categorías profesionales comprendidas en el CCT 553/09 no permite concluir que las tareas realizadas por D. N. (coordinador de prensa) se encontrara incluida en alguna de ellas. Es más, el recurrente ni siquiera esgrimió cuál sería la categoría convencional que –según su posición- hubiere correspondido encuadrar al accionante. La circunstancia relativa a que el Club hubiere decidido abonar al trabajador el rubro "adicional por antigüedad" no implica per se que D. N. tuviera derecho a percibir los restantes adicionales que reclamó ya que la conducta de la demandada no implicó un reconocimiento relativo a que las labores del reclamante hubieran estado comprendidas en alguna categoría convencional sino únicamente una mejora en la condición remunerativa del accionante. Por lo demás, de los recibos de sueldo obrantes a fs. 63/70 como así del detalle de remuneraciones de fs. 275, surge que a D. N. se le reconoció un salario base notoriamente superior a los previstos en las primeras categorías convencionales y, a partir de noviembre/09, el Club comenzó a abonarle un concepto denominado "adicional básico carp" que no se encuentra comprendido en el CCT 553/09.-

En síntesis, sugiero confirmar el fallo en cuanto al aspecto examinado y, por ende, desestimar la petición relativa a que se calcule el SAC proporcional sobre los adicionales rechazados.-

En atención con lo resuelto precedentemente y, al reconocimiento de una mayor antigüedad que incide en un incremento del valor del rubro "adicional por antigüedad" (ver considerando III. de este voto), sugiero que la base remuneratoria adoptada por la a quo para liquidar los conceptos indemnizatorios, se eleve a la suma de $ 11.628,26 (sueldo de noviembre: $ 9.800,28 + dif. "adic. por antigüedad" de ese mes:$ 127,98 + pago "en negro": $ 1.700).-

 

V. La parte actora también cuestiona la desestimación de la multa prevista en el art. 80 de la LCT. Para así decidir, la Sra. Jueza de grado sostuvo que "...más allá de que la parte actora cumplió los recaudos formales estipulados por el decreto 146/01 (art. 3), se advierte que la parte demandada, por carta documento del 10 de febrero de 2010, puso a disposición del actor la documentación en cuestión y éste no dijo que se presentó a retirarla y le fue negada su entrega...".-



Adelanto que los cuestionamientos del apelante deberían tener favorable recepción por las siguientes consideraciones.-

En la pieza postal del día 03/02/2010 (ver fs. 7), el actor comunicó al Club que "...habiendo transcurrido el plazo de treinta días corridos desde la fecha del distracto y no habiendo entregado el certificado y las constancias previstos por el art. 80 de la LCT, intímole última vez dos días hábiles entregue el certificado de trabajo y las constancias de la mencionada norma legal...". La demandada –quien se notificó de dicha requisitoria el día 4/2/2010, según surge de los términos de las posturas iniciales, por lo que el plazo para entregar los instrumentos mencionados venció el día 9/2/2010- contestó extemporáneamente mediante la CD Nro. 067163986 del día 10/2/2010 que "...comunicamos a Ud. 1.- que el certificado de aportes y remuneraciones se halla a su disposición en la institución en el horario de ..." (ver fs. 8). Ahora bien, del instrumento que recién se glosó a la causa el día 21/10/2010 (ver fs. 257/259 y cargo de fs. 260) surge que la firma del representante del Club allí consignada, fue certificada con fecha 23/2/2010 por lo que obviamente ese documento no se encontraba efectivamente a disposición del trabajador a la época en que la entidad deportiva había afirmado telegráficamente que sí lo estaba.-

Por otro lado y, conforme con lo resuelto precedentemente en cuanto a que el actor logró probar que su real fecha de ingreso data del 15/3/2004 y que existieron pagos marginales, resulta evidente que el instrumento obrante a fs. 257/259 no contiene los datos reales del vínculo laboral que unió a las partes.-

En consecuencia y, por las razones expuestas, considero que la demandada no entregó la certificación de fs. 257/259 en legal tiempo y forma por lo que, dado que el trabajador intimó a la recurrente en los términos previstos en la norma reglamentaria, corresponde admitir la reclamación en concepto de la multa establecida en el art. 80 de la LCT. De acuerdo con ello, correspondería diferir a condena la suma de $ 34.884,78 ($ 11.628,26 x 3) que se abonará en el plazo y con los intereses previstos en la instancia anterior.-

Asimismo, corresponde –en consonancia con lo solicitado por el recurrente- condenar a la demandada a entregar al actor los certificados previstos en el art. 80 de la LCT de conformidad con los datos de la relación laboral que aquí se tienen por probados, dentro del quinto día de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de aplicación de astreintes hasta el cumplimiento de la obligación, que serán fijadas por el Juez de Ira. Instancia.-

 

VI. La parte actora cuestiona el fallo en cuanto desestimó la petición del reclamante relativa a que se declare inconstitucional "in totum" el tope previsto en el art. 153 de la ley 24.013 (art. 245 LCT) y la resolución ministerial vinculada al promedio de salarios de convenio aludido por dicha norma legal. El recurrente también objeta que la Sra. Jueza de grado haya considerado el tope convencional aplicable al Club a la época del despido de D. N. ($ 8.761,02) como base de cálculo de la indemnización por antigüedad –dado que no lo calificó de inconstitucional por representar el 89,40% de la mejor remuneración que ascendería en el fallo a $ 9.800,28- y no el salario que el apelante estimó como aplicable al caso ($ 18.153,64). La recurrente pretende que se prescinda lisa y llanamente del aludido tope convencional.-



Considero que no le asiste razón.-

En primer lugar y, por las motivaciones expuestas en los considerandos precedentes de este voto, estimo dable rememorar que la parte actora no logró demostrar que la mejor remuneración del trabajador ascendió a la pretendida suma de $ 18.153,64, sino únicamente al monto de $ 11.628,26 ($ 9.800,28 mes de noviembre/09 + $ 127,98 "dif. adic. por antigüedad" + $ 1.700 pago "en negro").-

Por lo demás, en el precedente "Vizzoti, CA c/ Amsa SA", la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras analizar las disposiciones del art. 245 LCT a la luz de las reglas de los arts. 14 bis y 28 de la CN, de la jurisprudencia del propio Tribunal y de las normas de los convenios internacionales incorporados a la Ley Fundamental, consideró que "no resulta razonable, justo ni equitativo que la base salarial prevista en el párr. 1º del citado art. 245 LCT, vale decir ‘la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuera menor’, pueda verse reducida en más de un 33%, por imperio de su párrs. 2º y 3º... Esta pauta, por cierto, recuerda conocida jurisprudencia del tribunal, relativa a que la confiscatoriedad se produce cuando la presión fiscal excede el señalado porcentaje...".-

El Tribunal estableció entonces que corresponde aplicar la limitación a la base salarial prevista en los párrs. 2º y 3º del citado art. 245 LCT sólo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual normal y habitual computable, criterio que ha sido adoptado por las diez Salas que integran esta Cámara (cfr., entre muchos otros: Sala I, 26/10/04, SD 82.077, "Severino, Nilda C., Smurfit S.A. s/ despido"; Sala I, 26/12/05, SD 83.323, "Romero, Nora L. c/ Siembra AFJP S.A."; Sala II, 9/3/06, "Lo Presti, Vanesa A. c/ Semarcar Servicios de Mantenimiento de Carreteras S.A"; Sala II, 31/5/06, "Gómez Crespo, Daniel J. c/ San Sebastián S.A. y otros"; Sala III, 23/3/06, SD 87.602, "Peña, Daniel E. c/ Cabaña y Estancia Santa Rosa S.A.; Sala IV, 11/11/04, "Berdina, Hugo R. c/ Peugeot Citroën Argentina S.A."; Sala VI, 22/12/04, S.D. 57.713, "Orozco, Jorge Omar c/ Comital Convert S.A. s/despido"; Sala VII, 29/03/06, S.D. 39.110, "Otero, Gabriel Raúl c/ Gillette Argentina S.A. s/ despido";Sala VII, 27/3/06, "Filippo, Andrés c/ Siembra AFJP S.A.", RDLSS 2006-11-1006; Sala VIII, 31/05/05, S.D. 32.559, "Nieto Ecker, Martín c/ Eli Lilly Interamericana inc. Sucursal Argentina s/ despido"; Sala IX, 31/05/05, S.D. 12.507, "Chiappero, Mónica Rina c/ Bearingpoint S.A. s/ Dif. indemnización prev. art.  ).-

Este criterio no implica establecer "un nuevo tope", sino simplemente considerar que la disposición legal resulta inconstitucional en cuanto limita la base indemnizatoria más allá del 33% del salario. Por supuesto, podrá discutirse si el referido porcentaje es o no adecuado, pero lo importante para la seguridad jurídica es que haya un criterio fijo y no que éste quede librado a lo que en cada caso puedan fijar (de manera prudente o no) los distintos jueces (del voto del Dr. Vázquez Vialard en el fallo "Berdina", antes citado; esta Sala, 11/10/06, S.D. 91.767, "Hernández, Víctor Oscar c/ Compañía Lactea del Sur S.A. s/ despido").-

De acuerdo con lo expuesto y, dado que la aplicación del tope convencional ($8.761,02) no resulta inconstitucional porque equivale el 75,34 % de la mejor remuneración del trabajador ($ 11.628,26), sugiero confirmar el fallo en cuanto adoptó el aludido tope para calcular la indemnización por antigüedad.-

 

VII. El actor, a su vez, se queja de la desestimación de su planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4° de la ley 25.561, en cuanto prohíben la actualización monetaria.-



Estimo que no asiste razón al apelante.-

En efecto, la devaluación del signo monetario a partir de la ley 25561 determinó la probabilidad de que se abriera, a partir del 1/1/2002, un nuevo proceso inflacionario como los experimentados en épocas anteriores a 1991. Por eso esta Cámara, consciente de esa situación, adoptó y aconsejó a los jueces de primera instancia la aplicación desde el 1/1/2002 de la tasa de interés fijada por el Banco de Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según la planilla que difunde la Prosecretaría General (Resolución CNAT 2357). Como es sabido, la llamada tasa activa bancaria contiene un componente enderezado a la corrección de la inflación prevista para el lapso a que corresponde. Ello significa que la situación invocada en el recurso ha sido prevista por el Tribunal, que ha encarado su adecuada atención, a través de un mecanismo técnico que, en principio, compensa el perjuicio que se pretende reparar a través de las declaraciones de inconstitucionalidad de normas que proscriben la indexación de los créditos. Dado que la declaración de inconstitucionalidad de cualquier norma es la "ultima ratio" del orden jurídico y que ella no constituye un fin en sí misma, sino el medio para conjurar una eventual lesión de garantías constitucionales -en el caso, el derecho de propiedad- no es necesario en el sub examine recurrir a ese remedio extremo (CNAT, Sala VIII, 27/2/03, "Smith de Gorodneff, Patricia M. c/ Distribuidora Morice S.A. y otros"; esta Sala, 13/12/06, S.D. 91.944, "Adriel, Sebastián Leonardo c/ Sky Catering S.R.L. s/ despido").-

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que la prohibición de indexar impuesta en las leyes 23.928 y 25.561 procura evitar que el alza de los precios relativos correspondientes a cada uno de los sectores de la economía, al reflejarse de manera inmediata en el índice general utilizado al mismo tiempo como referencia para reajustar los precios y salarios de cada uno de los demás sectores, contribuya de manera inercial a acelerar las alzas generalizadas de precios. Por tal motivo, la recomposición de la pérdida del valor adquisitivo ha de darse sector por sector y caso por caso. La ventaja, acierto o desacierto de dicha medida legislativa escapa al control de constitucionalidad pues la conveniencia del criterio elegido por el legislador no está sujeta a revisión judicial, salvo que sea arbitrario o irrazonable (C.S.J.N., 7/3/06, "Chiara Díaz, Carlos A. c/ Estado Provincial"). En fecha más reciente, el tribunal se ha expedido en similar sentido en la causa "Massolo, Alberto José c/ Transporte del Tejar S.A", pronunciamiento del 20/04/2010, a cuyos fundamentos me remito por razones de brevedad).-

Como dije antes, la tasa activa de interés es el remedio que esta Cámara ha elegido para conjurar el envilecimiento del signo monetario de los créditos laborales, lo que torna inadmisible declarar la inconstitucionalidad de las normas que vedan la actualización monetaria, como lo han resuelto todas las Salas de este Tribunal (ver, entre muchísimos otros: CNAT, Sala I, 28/2/03, "Kelly, Paola A. c/ Río Segundo S.A."; íd., Sala I, 9/12/02, "Castillo, Gustavo J. c/ Misiva SRL"; íd., Sala II, 8/10/02, "Coman, María C. c/ Tía SA; íd., Sala III, 11/6/02, "Ibañez, Margarita A. c/ Lanín SA"; íd., Sala IV, 27/9/02, "Caro Ortiz, Pablo A. c/ Daixioong He"; íd., Sala IV, 22/5/06, S.D. 91.412, "Correa, Raúl Ernesto c/ Evaristo Palacios S.A. y otros s/ despido"; íd., Sala IV, 31/5/10, S.D. 94.725, "Veloso, Víctor Manuel c/ Comarjud SRL y otro s/ despido"; íd., Sala V, 23/12/02, "Ginart, Guillermo c/ Frávega SA"; íd., Sala V, 20/5/03, "Bravo, AnselmaR. c/ Hoteles Sheraton de Argentina S.A.; íd., Sala VI, 26/6/06, S.D. 58.946, "Espínola Alcaraz, Ernesto Fabián c/ Estrella Federal SPI S.R.L. s/ despido"; íd., Sala VII, 28/2/03, "Colosetti, Marcelo F. c/ Ripoli y Cía. SA"; íd., Sala VII, 25/4/06, "Marino, Carlos Alberto c/ Galvaño, Antonio Nuncio s/ sucesión s/ despido; íd., Sala VIII, 28/3/03, "Benítez, Felipe N. c/ Alfa SRL y otros"; íd., Sala X, 13/9/02, "Chávez, María de la M. c/ Penta Soc. de Hecho y otros").-

En consecuencia, los intereses de los rubros diferidos a condena deben liquidarse desde que cada suma es debida y hasta el efectivo pago, a la tasa fijada en la instancia anterior.-

Por ello, propongo confirmar el fallo en cuanto desestima el planteo referido.-

 

VIII. De acuerdo con todo lo expuesto y, a las modificaciones que propuse, procederé a efectuar la liquidación de los rubros en el fallo como así en esta instancia.-



En cuanto a la base de cálculo para determinar las indemnizaciones sustitutiva del preaviso y del art. 156 de la LCTcorresponde estar al promedio salarial del último semestre.-

Digo esto, pues como lo ha señalado pacíficamente la jurisprudencia, "la pauta establecida en el artículo 245 L .C.T. es aplicable sólo para el cálculo de la indemnización por despido y el sueldo anual complementario (Ley 23041). Cuando, como en el caso, se observa la percepción de remuneraciones variables, el criterio de la normalidad próxima rijge respecto del preaviso y de los días trabajados en el último mes, y el artículo 155 L .C.T. en relación a la compensación por vacaciones no gozadas" (CNAT, Sala VIII, 15/09/04, SD 32.083, "Morin Lamoth Marcelo c/Cia. de Radiocom.Móviles s/despido").-

En igual sentido se ha dicho que para el cálculo del preaviso omitido debe aplicarse el principio de la "normalidad próxima", noción que supone e intenta poner al agente en situación remuneratoria lo más cercana posible a aquella en que se hubiera encontrado si la rescisión no se hubiera operado y cuyo resarcimiento tiene como base la remuneración que el trabajador habría percibido durante el lapso del preaviso omitido (CNAT, Sala I, 18/11/96, SD 69.561, "Ramírez, Carlos Ignacio c/ Coca Cola s/ despido").-

En el mismo orden de ideas se ha resuelto que, cuando el trabajador es retribuido con rubros variables, no hay modo de determinar exactamente cuánto habría ganado durante el preaviso no otorgado, por lo que resulta equitativo tomar el promedio del semestre. Si en ese lapso existe un mes de retribución mayor que los demás, no existen motivos para suponer que el dependiente ganaría la misma suma durante el preaviso, pero tampoco los hay para pensar que ganaría una inferior, lo que precisamente, torna procedente la aplicación del promedio mencionado (CNAT, Sala III, 6/12/96, exp. 73.020, "Ramos, Humberto c/ Murchinson S.A. Estibajes y Cargas y otros s/ despido"; cfr. también: CNAT, Sala VIII, 25/3/91, SD 16.010, "Brunetti, Octavio c/ Autolatina Argentina".-

De acuerdo a los datos extraídos del peritaje contable (ver, cuadro de remuneraciones de fs. 275), a las diferencias salariales en concepto de adicional por antigüedad y a los pagos "en negro" percibidos durante los meses de julio/09 ($ 1.600), agosto/09 ($ 1.600), septiembre/09 ($ 1.600), octubre/09 ($ 1.600), noviembre/09 ($ 1.700), la remuneración promedio correspondiente al último semestre trabajado asciende a $ 10.215,45, por lo que corresponde adoptar dicho importe a los fines de determinar la indemnización sustitutiva de preaviso e indemnización por vacaciones no gozadas.-

 


Indemnización por antigüedad ($ 8.761,02 x 6 períodos)

$ 52.567,20

  1   2


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal