Cuerd o: En la ciudad de Paraná



Descargar 42,62 Kb.
Fecha de conversión10.01.2017
Tamaño42,62 Kb.

"TORRES, Alicia Mabel C/ I.O.S.P.E.R. S/ ACCION DE AMPARO"

Causa N° 21738 -



__________________________________________________________


///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los veintidos días del mes de diciembre de dos mil quince, reunidos en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: Presidente Dr. CARLOS ALBERTO CHIARA DIAZ y los Vocales Dres. DANIEL OMAR CARUBIA y CLAUDIA MONICA MIZAWAK asistidos por la Dra. Noelia V. Ríos fueron traídas para resolver, las actuaciones caratuladas: "TORRES, Alicia Mabel C/ I.O.S.P.E.R. S/ ACCION DE AMPARO".-

Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. CHIARA DIAZ, CARUBIA y MIZAWAK.-

Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó las siguientes cuestiones:



PRIMERA CUESTION: ¿Existe nulidad?

SEGUNDA CUESTION: ¿Qué cabe resolver?

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. CHIARA DIAZ, DIJO:

Conforme a lo establecido en los arts. 16 y 31 de la Ley Nº 8369 de Procedimientos Constitucionales, el recurso de apelación interpuesto en un proceso de amparo, de ejecución y/o de prohibición conlleva el de nulidad y, en su virtud, el tribunal superior deberá avocarse al examen de todo lo actuado con la finalidad de constatar, subsanar o, en su caso, eliminar los vicios invalidantes que se verifiquen.-

Las partes recurrentes no hicieron mérito de la presencia de ellos con interés de conseguir concretamente su nulificación en la presente instancia, en tanto el Ministerio Público Fiscal se manifestó expresamente por su negativa(cfr. fs. 52/53).-

Finalmente, practicado por el Tribunal el examen de lo actuado, no se constata la presencia de irregularidades que por su entidad y magnitud revistan idoneidad suficiente para justificar una declaración nulificante en esta instancia y, en razón de ello, es posible brindar una respuesta negativa al planteo formulado en la primer cuestión.-



Así voto.-

A la misma cuestión propuesta el Sr. Vocal Dr. CARUBIA expresa su adhesión al voto del Dr. CHIARA DIAZ.-

A su turno la Señora Vocal Dra. MIZAWAK manifiesta que hace uso de la facultad de abstención que le confiere el art. 33º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.-

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. CHIARA DIAZ, DIJO:

I.- Respecto de la sentencia dictada por el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes Nº 1, de Concordia, Dr. Raúl Tomaselli (ver fs. 35/39), que hizo lugar a la acción promovida por Alicia Mabel Torres en nombre y representación de su hijo menor SANTIAGO ANIBAL TORRES y condenó al IOSPER a cubrir en forma integral los gastos que origine la prestación de un cuidador domiciliario con un costo mensual de $ 3.500; por tres horas diarias de lunes a viernes por los meses de agosto a diciembre del año 2015, se disconformó el Instituto demandado a fs. 40.-

II.- Previo a las consideraciones a efectuar sobre el planteamiento realizado por la parte accionante, creo conveniente reseñar ab-initio, con el fin de otorgar a mi voto una mayor claridad expositiva, ciertos hechos trascendentes por considerarlos relevantes para la solución a tomar, a saber:

II.1.- La accionante, por su propio derecho y con patrocinio letrado de Natalia V.S. Esquibel (fs.16/18 vta.), promovió el 23/11/2015 acción de amparo contra el IOSPER tendiente a que se provea y/o suministre gratuita, urgente e integralmente, desde agosto a diciembre del corriente año, un cuidador domiciliario por 3 horas diarias, de lunes a viernes, con un costo de $3500.-

Acreditó la afiliación de su hijo discapacitado al IOSPER (fs.9), su calidad de madre del mismo (fs. 6), la discapacidad que padece con el respectivo Certificado Nacional de Discapacidad (fs.4), consignándose allí su diagnóstico: “Falta del desarrollo fisiológico normal esperado, sin otra especificación”.-

Afirmó que solicitó a la Obra Social la cobertura adjuntándole la prescripción médica y el presupuesto, sin que el IOSPER diera una respuesta satisfactoria.-

Fundó la acción en derecho, acompañó prueba documental con la demanda y manifestó que hacía reserva del “caso federal”.-



II.2- Oportunamente, a fs. 28/30 contestó la demanda el IOSPER, solicitando el rechazo de la acción deducida, con costas, considerando que dicho organismo cumplió con las obligaciones a su cargo porque dió respuesta al requerimiento, indicando que no poseía convenio prestacional con cuidadores domiciliarios, no obstante lo cual autorizó la prestación, razón por la cual la cuestión se tornó abstracta.-

III- Concedido el recurso de apelación planteado (fs.41), ninguna de las partes hizo uso del derecho acordado por el art. 16 de la Ley Nº 8369 de presentar memoriales en la Alzada.-

IV- A fs. 50/51 se expidió el Señor Defensor General de la Provincia, Dr. Maximiliano Francisco Benitez, quien analizó el planteo actoral y citando las disposiciones que consideró aplicables al caso, propició que se rechace el recurso impetrado y se confirme el pronunciamiento de la instancia de mérito por ajustarse al ordenamiento jurídico vigente.-

V.- A su turno dictaminó la Sra. Procuradora Adjunta de la Procuración General de la Provincia Dra. Cecilia Goyeneche, quien opinó que no habiendo la parte recurrente expresado los agravios y atento a que no se observaban vicios manifiestos que pudieran motivar la necesidad de remediarlos de oficio, ni era un caso que ameritara control oficioso de constitucionalidad, correspondía declarar desierto el recurso.-

VI- Reseñados brevemente en los parágrafos precedentes las posturas de las partes y de los Ministerios Públicos Pupilar y Fiscal frente al objeto litigioso, es posible abordar el mismo, teniendo presente que el recurso de apelación en los procesos de amparo, de ejecución o de prohibición, otorga al Tribunal superior la plena jurisdicción, colocándolo en la misma posición del juez de grado (cfme.: S.T.J.E.R., Sala Penal, in rebus "PITTAVINO", sent. del 12/07/88 L.A.S. 1987/88, fs. 112; "STURZ", sent. del 30/6/89, L.A.S. 1989, fs. 234; "PITTALUGA de MAGGIONI", sent. del 9/11/89, L.A.S. 1989, fs. 459; "MEDRANO", sent. del 27/2/90, L.S. 1990, fs. 12; "FARMACIA LIBERTAD" S.C.S.", sent. del 19/3/90, L.S. 1990, fs. 44; "YESSI", sent. del 23/3/90, L.S. 1990, fs.59; "SCHIMPF", sent. del 28/12/92; "BARCOS de FERRO", sent. del 19/2/93, "VILLEMUR", sent. del 7/4/93; "DIAZ VELEZ", sent. del 2/6/93; "FASSIO", sent. del 11/4/94, L.S.Amp. 1994, fs. 153; "RODRIGUEZ SIGNES", sent. del 3/5/94, L.S.Amp. 1994, fs. 158; "BUSSI", sent. del 17/5/94, L.S.Amp. 1994, fs. 172; "MUÑOZ", sent. del 14/7/94, L.S.Amp. 1994, fs. 208; "TEPSICH", sent. del 5/9/94, L.S.Amp. 1994, fs. 256; y "CAINO de CELLI", sent. del 23/3/95; entre muchos otros).-

VII- Ingresando con esas posibilidades al tratamiento del thema decidendi, adelanto desde ya que propiciaré el rechazo del Recurso de Apelación, atento a que el fallo impugnado está en sintonía con lo determinado por esta Sala Nº1 en relación a la negativa de cubrir precisamente la prestación de cuidador domiciliario.-

En efecto, nótese que la respuesta del Instituto al pedido formulado por el afiliado no resulta una respuesta oportuna y adecuada a la necesidad prestacional del afiliado, que en el caso resulta ser un menor discapacitado.-

Destaco también que si bien la Obra Social accionada mencionó que había autorizado la prestación, ello no emerge de la documentación que acompañó.-

Sobre el punto, este Tribunal, por mayoría tiene establecido que: "Más allá del cúmulo de normas contenidas en los Tratados internacionales constitucionalizados en el art. 75, inc. 22, de la Carta Magna Federal, la Constitución de Entre Ríos ha incorporado normas precisas y explícitas en sus arts. 15, 16, 18 y 19 que garantizan el derecho a la vida, establecen la protección integral de los niños, reconocen la salud como derecho humano fundamental y la asistencia sanitaria gratuita, universal, igualitaria, integral, adecuada y oportuna, y, finalmente, de conformidad con lo expresamente establecido en el art. 21, el Estado asegura a las personas con discapacidad y en su caso a sus familias: la igualdad real de oportunidades; la atención integral de la salud orientada a la prevención y rehabilitación; la extensión de los beneficios de la seguridad y previsión social del titular que los tuviera a su cargo (…)A su vez, por ley 24.901 se ha creado un sistema de prestaciones básicas "de atención integral a favor de las personas con discapacidad" y se ha dejado a cargo de las obras sociales comprendidas en la ley 23.660 la obligatoriedad de su cobertura (arts. 1 y 2). Por su parte, el Estado Provincial ha adherido a dicha normativa por Ley Nº 9891, poniendo a cargo de la obra social estatal (IOSPER) la atención de tales prestaciones y de las que emergen directamente impuestas por la puntual normativa del ordenamiento jurídico constitucional local. (cfme.: art. 21, Const. de E. Ríos).-" -cfr. "BENITEZ (2), Liliana Graciela (en nombre y repr. de su hijo menor José Rodrigo TITO) C/ I.O.S.P.E.R. S/ ACCION DE AMPARO", sent. del 10/5/10)-.-

Asimismo recuerdo que esta Sala Nº1 de Procedimientos Constitucionales y Penal se pronunció sobre idéntico planteo en innumerables casos, entre los que puedo mencionar: "RODRIGUEZ (3), Margarita B. (en nombre y repr. de su hija menor Mariela M. Martinez) C/ I.O.S.P.E.R. Y Otro S/ ACCION DE AMPARO",sent. del 14/10/09; "RODRIGUEZ, Margarita Beatriz en nombre y representación de sus hijos menores Mariela M. Martínez y César M. Martínez c/IOSPER y SGPER S/ ACCION DE AMPARO", sent. del 24/02/10 y "COLOMBANI CESAR ARMANDO en representación de su hijo menor Máximo Valentín Colombani C/ I.O.S.PE.R y SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE E. RIOS S/ ACCION DE AMPARO", sent. del 02/03/15.-

Además, aquí no fue controvertida la condición de afiliado del menor a la Obra Social demandada (fs.9) y la necesidad de contar con una cuidador domiciliario, que fue prescripta por el Médico tratante a fs. 11, observándose a pesar de todo eso que los argumentos vertidos por dicha Obra Social en su escrito de contestación desnudan una conducta ambigua y omisiva respecto de la demostración de los extremos que invocó.-

Lo expuesto hasta aquí es suficiente para abonar el rechazo del Recurso de Apelación incoado y la confirmación de la sentencia en crisis, puesto que los preceptos constitucionales y legales citados imponen a la Obra Social provincial (IOSPER) abonar el 100% del costo de la prestación, sin adjudicarse costas en esta instancia al no mediar contención.-

Así voto.-

A la misma cuestión propuesta el Sr. Vocal Dr. CARUBIA expresa su adhesión al voto del Dr. CHIARA DIAZ.-

A su turno la Señora Vocal Dra. MIZAWAK manifiesta que hace uso de la facultad de abstención que le confiere el art. 33º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.-

Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia: Carlos Alberto Chiara Díaz - Daniel O. Carubia - Claudia M. Mizawak





SENTENCIA:

Paraná, 22 de diciembre de 2015.-



Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;



SE RESUELVE:

1º) ESTABLECER que no existe nulidad.-

2º) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 40 y vta. contra la sentencia de fs. 35/39, la que, por los fundamentos de la presente, se confirma; sin costas en esta instancia al no mediar contención.-

Protocolícese, notifíquese y, en estado bajen.- Fdo. Carlos Alberto Chiara Díaz - Daniel O. Carubia - Claudia M. Mizawak - Ante mí: Noelia V. Ríos -Secretaria-



**ES COPIA**


Noelia V. Ríos

-Secretaria-


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal