Cuerd o: En la ciudad de Paraná



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///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil diecisiete, reunidos en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: Presidente Dr. DANIEL OMAR CARUBIA y los Vocales Dres. CLAUDIA MONICA MIZAWAK y MIGUEL ANGEL GIORGIO asistidos por la Dra. Noelia V. Ríos fueron traídas para resolver, las actuaciones caratuladas: "V, L. C. N. C/ IOSPER Y SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS S/ ACCION DE AMPARO".-

Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. CARUBIA, GIORGIO y MIZAWAK .-

Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó la siguiente cuestión:



¿Qué corresponde resolver?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. CARUBIA, DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia (fs. 78/87) hizo lugar parcialmente a la acción de amparo promovida por M. V. Ch. y M. A. Ch., en representación de su abuela discapacitada, L. C. V., contra el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y, subsidiariamente, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, condenando a éstos -en tales condiciones- para que en forma inmediata se hagan cargo y procedan al pago con carácter de urgente, del setenta por ciento (70%) de la cobertura económica del costo correspondiente a la internación de la Sra.L. C. V. -92 años de edad- en la residencia Paradise Home, donde se encuentra alojada, dentro de los límites dados por los valores arancelarios fijados por la normativa vigente para la Categoría C de los Hogares Permanentes, conforme el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, que dice el Ministerio de Salud, incluyendo los costos adeudados de los meses de internación a partir de diciembre de 2016 y por un plazo de un (1) año a contar desde la fecha de la presente sentencia, impuso las costas al IOSPER y en subsidio al Gobierno Provincial y reguló los honorarios profesionales de la Dra. Pazo y del Dr. Sebastián Miguel Trinadori en las respectivas sumas de Pesos ...y ....-

Para resolver en tal sentido, señala que la situación de salud descripta en la demanda -avalada por el CUD (fs. 3) y constancia médica (fs. 41)-, refleja que la Sra. V. padece demencia senil avanzada, enfermedad de Parkinson, con episodios de excitación psicomotríz y dificultad para movilizarse, con dependencia para realizar actividades de la vida cotidiana en forma permanente, analiza dentro de la Resolución 2001-E/2016 del MSN, las prestaciones asimilables a la requerida: Hogar Permanente y Residencia Permanente y categoriza la Residencia Paradise Home, por los servicios que ofrece y costo de la internación, dentro de Hogares Permanentes Cat. “C”. Destaca además que en el trámite administrativo (fs. 56) y en la causa (fs. 58) el IOSPER otorgó un subsidio de $ 4.500, teniendo en cuenta que la afiliada cuenta con recursos propios no siendo deficitaria su situación económica, analizando a continuación los ingresos que percibe la amparista, y pone de resalto que ese monto ha sido percibido durante todo el año por las actoras -mandatarias de la amparista-, mientras la obra social abonada el 100% del costo de internación, entendiendo que no resulta acertado por los principios de solidaridad e inclusión, que IOSPER sea quien “íntegramente afronte el pago de la internación contando la Sra. Vergara con un haber de significativo importe, el que no consume, a estar a la escasa actividad social o interacción desplegada por la amparista…”, por lo que considera que “deberá integrarse el pago del costo de internación, con un porcentaje del haber de la amparista…” quien “…carece de una vida con actividad social, profesional o similar, de lo que se colige que es imposible concebir el consumo de la totalidad de su haberes para sí”, siendo por lo demás incontrastable que ha aportado durante años a la obra social, habiendo incluso previsto un aporte voluntario, resolviendo en definitiva hacer lugar parcialmente a la acción en los términos señalados en el párrafo precedente.-

I.1.- Contra ese pronunciamiento se alza la co-actora, M. A Ch., con patrocinio letrado de la Dra. Norma M. Pazo (fs. 98), e interpone recurso de apelación, cuyos argumentos fundantes desarrolla ante esta Alzada (fs. 113/116) poniendo el énfasis de sus agravios en la grave e irreversible patología de la Sra. V., por quien se acciona, y las prestaciones que consigna el propio Certificado de Discapacidad: ”Rehabilitación-Hogar y Transporte”, no controvertidos por IOSPER, descalificando los argumentos que éste esgrime para sustraerse de su obligación de cobertura del 100% de la internación -dispuesta por sentencia de amparo de fecha 10/11/2015 hasta diciembre de 2016-. Critica a la sentenciante su enfoque en las cuestiones administrativas y de mero trámite, priorizando un excesivo ritualismo, detallando a tenor del cuestionamiento sobre el destino de los haberes de la Sra. Vergara -que formula la sentenciante acogiendo el postulado defensivo de IOSPER- una serie de gastos que deben realizarse -pañales, medicación, peluquería etc.-, directamente vinculados a la salud y calidad de vida de la Sra. Vergara, agregando en relación al punto vinculado a la falta de habilitación de la residencia en la que se encuentra internada, que la misma posee habilitación municipal. Afirma que no puede el IOSPER evadirse de su obligación mediante el aporte de un subsidio limitado e insuficiente, correspondiendo que reconozca el costo integral de la prestación y, con cita de jurisprudencia, solicita se revoque la sentencia y se haga lugar totalmente a la acción de amparo, con costas.-

I.2.- Por su parte, las accionadas deducen sendos de recursos de apelación contra la sentencia, el IOSPER (fs. 100) y el Estado Provincial (fs. 106), presentando el memorial que autoriza el art. 16 de la Ley Nº 8369 sólo el IOSPER (fs. 118/122), planteando asimismo en forma paralela el recurso de apelación de los honorarios regulados a la letrada de la parte actora, por excesivos, el cual funda en el mismo escrito de interposición (fs. 101/105vlto.).-

Al formular su expresión de agravios (fs. 118/122), la apoderada del IOSPER afirma que la sentenciante parecería estar examinando un caso diferente al de autos, omitiendo por lo demás considerar que la Sra. Vergara cambió recientemente de residencia -como lo señalara al contestar la demanda- y que la misma no cuenta con habilitación. Critica asimismo la categorización realizada en relación a las instituciones geriátricas y que, no obstante las ponderaciones realizadas sobre los haberes de la amparista y el destino de los mismos, se le haya impuesto al IOSPER la carga de cubrir el 70% del costo de internación, agraviándose asimismo por la imposición de las costas, siendo que la acción fue receptada en forma parcial, por lo que solicita se dicte sentencia rechazando la demanda.-

I.3.- A su turno, el Ministerio Público de la Defensa (fs. 127/128 vlto.) considera que el recurso interpuesto por las accionantes debe prosperar, rechazándose el articulado por las accionadas, y revocarse parcialmente el pronunciamiento de la instancia anterior, en el modo solicitado, y posteriormente, el Ministerio Público Fiscal (fs.130/131vlto.) coincide con el postulado defensivo de IOSPER, considerando el subsidio de $ 4.500 mensual razonable y que, ante la ausencia de omisión manifiesta del derecho peticionado, reducida la cuestión a una diferencia de cobertura económica, se debió continuar en la vía administrativa, por lo que propicia la revocación del fallo y rechazo del amparo.-



II.- Sabido es que el art. 16 de la Ley Nº 8369 dispone que el recurso articulado importa también el de nulidad, por tanto, el Tribunal ad quem debe avocarse, aún de oficio, al examen de lo actuado y expurgar del proceso los vicios con tal entidad que eventualmente se constaten.-

La actora y accionadas/recurrentes (fs. 98, 100 y 106) y el Ministerio Público Fiscal (130/131vlto.) no hacen mérito de la existencia de concretos defectos susceptibles de acarrear esta sanción extrema con intención de lograr la nulificación de lo actuado.-

Efectuado, no obstante, el examen ex officio de las actuaciones, no es dable constatar la presencia de vicios con entidad y trascendencia suficiente para justificar una sanción nulificante en este estadio del proceso y, por consiguiente, corresponde declarar que no existe nulidad.-

III.- Puesto a proponer una concreta decisión para el caso, con la plenitud de jurisdicción que la concesión del recurso de apelación (arts. 15º y 16º, Ley Nº 8369) otorga al superior, conforme ha sido repetidamente señalado en diversos pronunciamientos, tanto del Superior Tribunal de Justicia -en pleno- cuanto de esta Sala Nº 1 del mismo, luego de un escrupuloso examen de la totalidad de las constancias reunidas en esta causa, es dable precisar que la presente acción es promovida (cftr.: fs. 20/25) por M. V. CH. y M.A.CH, nietas y mandatarias de la Sra. L.C.V., afiliada al IOSPER y aportante al Fondo Voluntario (cftr.: códigos 707 y 835, recibo haberes, fs. 9), quien cuenta con Certificado de Discapacidad que consigna como diagnóstico: “Anormalidades de la marcha y de la movilidad. Demencia vascular. Enfermedad de Parkinson”, con Orientación Prestacional de: “REHABILITACION-HOGAR-TRANSPORTE” y calificación positiva para acompañante (cftr.: fs. 3), con el objeto de obtener cobertura integral (100%) del costo correspondiente a la prestación de internación geriátrica para la Sra. Vergara, con retroactividad al mes de diciembre de 2016, tratándose de la continuidad de una internación oportunamente prescripta por su médico tratante, Dr. Fabricio Pretto -lo que motivó un anterior amparo por el que se condenó a IOSPER a abonar el 100% de la misma (cftr.: fs. 12/19)-, emitiendo el citado profesional certificado médico dando cuenta de su delicado estado de salud (fs. 41).- La pretensión fue previamente planteada en sede administrativa (fs. 11) el día 12/2/17, sin que la obra social haya dado respuesta a su petición hasta la fecha de interposición de la acción, admonitorio silencio que enuncia como ilegítimo en el promocional -y reitera al expresar agravios-, erigiéndose en sede administrativa en el presupuesto de ilegitimidad viabilizante de esta excepcional acción en los términos de los arts. 1º y 2º de la LPC.

La ausencia de respuesta es tácitamente confirmada por el IOSPER, toda vez que, al contestar la demanda (fs. 57/64), el IOSPER criticó el accionar de las actoras por el escaso tiempo transcurrido entre la presentación en sede administrativa y la promoción de la acción de amparo y afirmó que justamente ese día (1/3/17) se había resuelto otorgar un subsidio por $ 4.500, que resulta la cobertura adecuada para este tipo de casos, para lo cual pone de resalto la obligación de asistencia alimentaria de los nietos a sus abuelos y la ausencia de acreditación de una situación económica deficitaria (contando con un ingreso que ronda los $ 14.500), así como la falta de habilitación por la Secretaría de Salud de la Provincia de la Residencia, pregonando la legitimidad de su decisión de otorgar el subsidio referido.-



Por su parte el Estado Provincial (fs.67/71) postula la improcedencia de la acción señalando que es la primer noticia que tiene de la cuestión, no le fue requerida la prestación objeto de la acción, pone de resalto que la residencia carece de habilitación provincial y peticiona se rechace la acción, siendo obedientemente receptados algunos postulados defensivos de la accionada principal por la sentenciante que, en definitiva, decidió acoger parcialmente la acción, por los fundamentos expuestos precedentemente (ver: pto. I, 2do. párr.), provocando las reacciones impugnativas en examen.-

IV.- De tal manera, escrupulosamente confrontados los antecedentes relevantes de la causa, con los argumentos desarrollados por la a quo para decidir y puesto a la concreta tarea de resolver los recursos de las partes, se impone, en primer término, precisar que la concreta prestación requerida a la obra social por las nietas de la Sra. V., representa una necesidad impostergable de la anciana de 92 años de edad, discapacitada, afiliada y aportante al fondo voluntario, cuya internación fue prescripta en oportunidad anterior por su médico tratante, Dr. Pretto, quien certifica el delicado estado de salud de la anciana (fs. 41), corroborado además por el diagnóstico que consigna su certificado de discapacidad:Anormalidades de la marcha y de la movilidad. Demencia vascular. Enfermedad de Parkinson”, resultando relevante para la elucidación del conflicto que entre las prestaciones indicadas, se destaca con toda claridad y contundencia “HOGAR” (cftr.: fs. 3), no pudiendo convalidarse el iter argumental de la sentenciante que, luego de determinar la admisibilidad de la acción, acogiendo parcialmente la postulación defensiva de la accionada principal, aborda con intolerable irreverencia y absoluta carencia de elementos probatorios la elucubración de una serie de presunciones y suspicacias -que francamente provocan estupefacción-, sobre cuestiones de la intimidad familiar de la amparista -su “escasa vida social”, por ejemplo-,ingresando en inconcebibles especulaciones -por entero impropias para fundamentar un pronunciamiento judicial- sobre el monto y destino de los ingresos de la anciana, todo ello extraño a los concretos elementos fácticos, normativos y probatorios de la causa, lo que de ninguna manera pueden servir como pretexto para limitar -en la proporción pretendida por la accionada al ofrecer un magro e insuficiente subsidio de $ 4.500 o en la establecida por la sentenciante, al disponer de un porcentual de los ingresos de la amparista- la clara, rotunda e indelegable responsabilidad de la obra social demandada -impuesta por imperativo constitucional y legal- de otorgar cobertura integral a la prestación requerida, directamente vinculada con el derecho a la salud y a una mejor calidad de vida de reconocida raigambre constitucional, por lo que, con su retaceo prestacional, el IOSPER pareciera restar relevancia al cuadro de salud de la actora, actitud que contraría derechos fundamentales e inalienables de sus afiliados, convirtiéndose ello en una clara muestra de pertinaz resistencia al otorgamiento oportuno del imprescindible beneficio de salud requerido, el que debe ser cubierto en su totalidad, careciendo de toda relevancia el monto de los ingresos de la afiliada o su situación económica, porque para ello aportó y cuenta con la cobertura de la obra social estatal, pesando sobre ésta un concreto deber positivo, de conformidad con la expresa normativa consagrada en los arts. 15, 16, 18 -últ. párr.- y 19 de la Constitución de Entre Ríos, más el especial precepto del art. 21 de esa Carta local, así como de la Ley Nº 9891 de adhesión de la Provincia de Entre Ríos a las leyes nacionales Nº 24.901, la cual creó un sistema de prestaciones básicas "de atención integral a favor de las personas con discapacidad", dejándose a cargo de las obras sociales comprendidas en la ley 23.660 la obligatoriedad de su cobertura (arts. 1 y 2), y 26.378, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobado mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/61/106/2006.-

A todo ello, se le debe adicionar la interpretación sentada en numerosos pronunciamientos precedentes de este Tribunal sobre supuestos similares de los cuales emerge la plena operatividad de los derechos humanos establecidos por el orden jurídico vigente que reconoce explícitamente los derechos fundamentales aquí en juego.-



V.- Las consideraciones precedentemente volcadas ponen de relieve que la sentencia en crisis, no resulta íntegramente ajustada a derecho, omitiendo valorar adecuadamente las concretas constancias comprobadas de la causa, en el correcto contexto normativo vigente y acorde a numerosos antecedentes jurisprudenciales dictados por esta Alzada; en razón de ello, concluyo que corresponde rechazar los recursos de apelación deducidos por las accionadas y acoger, en cambio, el interpuesto por la co-actora, revocar parcialmente la sentencia impugnada y establecer que la condena al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos y, subsidiariamente, al Estado Provincial, lo sea por el (100%) del costo de internación en la Residencia Gerontológica “Paradise Home”, con retroactividad a diciembre de 2016 y por el término fijado en la sentencia a quo, manteniéndose la imposición de costas de la primera instancia, e imponiéndose las de esta Alzada a las demandadas/recurrentes, por aplicación del principio general que rige en la materia: “costas al vencido” (cfme.: art. 20, Ley Nº 8369).-

Por lo demás, teniendo en cuenta que tal propuesta conlleva (cfme.: art. 6º, D.L. Nº 7046/82, ratif. por Ley Nº 7503) dejar sin efecto ministerio legis la regulación de honorarios efectuada en la pieza sentencial revocada, el recurso arancelario interpuesto por la demandada principal (IOSPER) -fs. 101/105vlto.- contra los honorarios regulados a fs. 87, en favor de la letrada de la parte actora, deviene abstracto y así corresponde declararlo, debiendo practicarse en este pronunciamiento una nueva regulación ajustada al resultado definitivo del litigio, contemplándose para ello los parámetros previstos en el art. 3 y la escala legal pertinente del art. 91, del Dec.-Ley Nº 7046/82, ratif. por Ley Nº 7503, los cuales, con la promulgación de la Ley Nº 10377 -Bol. Of. 7/8/15-, recuperaron su original carácter especial de "orden público"; extremos éstos -escala y carácter- legítimamente determinados por los órganos competentes de la provincia de Entre Ríos, en materia reservada a ellos y no delegada a la Nación (cfme.: arts. 121, 122, 126 y ccdts., Const. Nac.).-



Así voto.-

A la misma cuestión propuesta, y a su turno, el Sr. Vocal Dr. GIORGIO, dijo:

I- Adhiero a la solución que propone el Sr. Vocal al abordar el tratamiento de la cuestión de fondo, de acuerdo a los fundamentos expuestos.

II- Debo respetuosamente expresar mi disenso con la postura adoptada por el distinguido Vocal en lo que concierne a materia de regulación de honorarios y en cuanto se mantiene en términos absolutos en la aplicación de la escala respectiva prevista en la ley arancelaria, cuyo carácter de orden público ha sido restituido mediante la promulgación de la ley provincial Nº 10377.

Si bien es cierto que la referida ley provincial ha restablecido esa calidad a la ley arancelaria, independientemente de los alcances que la noción de orden público posee en estos casos que versa sobre el ejercicio de una actividad profesional privada, esa declaración no podría alterar en modo alguno la jerarquía de normas que se deriva de nuestra propia Constitución Nacional, al punto de apartarnos de la norma específica consagrada en nuestro Código Civil que permite ampliar en este caso el marco regulatorio previsto en la norma arancelaria, perforando un mínimo que en determinadas situaciones puede resultar demasiado alto y que conduciría a desproporciones y/o inequidades evidentes a la hora de establecer los estipendios que merece el profesional actuante.

En este aspecto, debo ser coherente también con el criterio jurisprudencial que vengo siguiendo desde mi función como juez de grado, entre otros, en autos "Tabia, María Mercedes en nombre y representación de su madre Felici, Nelly Noemí c/ Instituto de Obra Social de la Provincia de E. Ríos (I.O.S.P.E.R.) s/ Acción de Amparo" (13/12/16); en autos "Miño, Pamela Romina en nombre y representación de su madre Gomez, Graciela Isabel c/ Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos S/Acción de Amparo" (22/11/16); y, en autos "Ceballos Olivari Vanina Soledad en representación de su hijo Angel Santino Maciel c/Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/Acción de Amparo" (29/7/16), donde se ha interpretado que la aplicación del art. 1255 del Cód. Civil es preponderante por sobre el articulado de la ley provincial Nº 10377 y por lo tanto procede analizar la concreta labor cumplida por el profesional en el sub exámine, la proporción entre la importancia de dicha labor y la retribución que corresponde fijar por ella.-

Al adoptar esta tesitura, debo concluir que los honorarios a regularse deben contemplar las pautas generales conocidas, esto es, entre otras, el valor, mérito y eficacia de la labor desarrollada, la complejidad y novedad de la cuestión planteada, el éxito obtenido, el valor de precedente o la probable trascendencia forense o social de la solución del caso.

Tomando en consideración todo ello, sin perder de vista que el caso que nos ocupa guarda similitud con otros tantos que han tramitado en esta jurisdicción, estimo justo y razonable establecer los honorarios de la abogada interviniente en representación de la parte actora - Dra. Norma Pazo- en la suma de pesos diez mil ochocientos cincuenta ($10.850,00) por su participación en la instancia de grado y conforme lo establecido en el art. 64 de la Ley 7046, corresponde fijar los honorarios de la mencionada letrada en la suma de pesos cuatro mil trescientos cuarenta ( $4.340,00) por su participación en esta instancia - art. 1255 del Cod. Civil en consonancia con arts. 2, 4, 7, 12 y 59 de la ley arancelaria-.

ASI VOTO.-

A la misma cuestión propuesta, y a su turno, la Sra. Vocal Dra. MIZAWAK, dijo:

I.- Efectuado el relato de los antecedentes del caso en el voto que comanda este acuerdo, me remito a ello brevitatis causae y, al no advertir vicio invalidante alguno, ingreso directamente al tratamiento de la cuestión traída, expresando mi disidencia con la solución que propician mis colegas.

Entiendo que el meollo a dilucidar en esta causa se limita a determinar si el valor ofrecido como subsidio por cobertura del costo de la internación geriátrica por la obra social demandada resulta correcto y ajustado a derecho.



II.- Surge de la documental acompañada, que el establecimiento donde se encuentra residiendo la abuela de las articulantes cuenta sólo con habilitación municipal como "servicios gerontológicos/cuidado de personas mayores" -ver fs. 48/49-, de lo que emerge que el geriátrico no ha sido categorizado dentro de los parámetros que fija la normativa nacional aplicable.

En ese contexto fáctico, debemos tener en cuenta que las instituciones, como la que aquí se pretende, que no brindan un servicio de rehabilitación sino de alojamiento, se adecuan a lo que el marco normativo define como "hogar permanente", cuyo reconocimiento prevé la legislación vigente a favor de las personas discapacitadas.

El valor de cobertura depende del tipo de categoría en la que se incluya, siendo el de mayor costo el referido a la "A" y el de menor a la "C".

Al no estar encasillada en alguno de ellas el geriátrico en cuestión, entiendo que la magistrada actuante zanja adecuadamente esta cuestión cuando afirma:



"El artículo 30 de la Ley 24.901 dispone que "se entiende por residencia al recurso institucional destinado a cubrir los requerimientos de vivienda de las personas con discapacidad con suficiente y adecuado nivel de autovalimiento e independencia para abastecer sus necesidades básicas."

(…) En consideración a ello, más allá de la mayor similitud de los valores presupuestados por la residencia Paradise Home con los previstos en el nomenclador como arancel para la cobertura de la atención integral a favor de las Personas con Discapacidad en Residencias Permanentes Categoría C, resulta central su encuadre con la cuestión sustancial, esto es, la situación de salud de la amparista.

En torno a ello, el artículo 32 de la ley 24.901 expresa que "se entiende por hogar al recurso institucional que tiene por finalidad brindar cobertura integral a los requerimientos básicos esenciales (vivienda, alimentación, atención especializada) a personas con discapacidad sin grupo familiar propio o con grupo familiar no continente. El hogar estará dirigido preferentemente a las personas cuya discapacidad y nivel de autovalimiento e independencia sea dificultosa a través de los otros sistemas descritos, y requieran un mayor grado de asistencia y protección."

Considero pues, que teniendo en cuenta los valores presupuestados y la condición de salud de la Sra. Vergara, y asimismo, la orientación prestacional inserta en el certificado de discapacidad... el límite de la cobertura por la internación en la residencia Paradise Home está dado por los valores de la Categoría C de los HOGARES PERMANENTES, los que a diciembre de 2016 ascendían a la suma de $15.756,35 y a partir de enero del corriente año a la suma de $16.620,63." -ver fs. 74 vta/75-.

Es decir, ante la falta de encuadramiento específico, condenó por el del valor más bajo.

De igual modo me expedí recientemente en supuestos similares al presente in rebus "D`INDIO" -Causa Nº 22533, sentencia del 02/03/2017- "BORRE" -Causa Nº22554, sentencia del 20/03/2017- "VELAZQUEZ" -Causa Nº 22561, sent. del 20/03/17- y "DE GRUCCI" -Causa Nº 22580, sent. del 02/04/17-.

III.- Resulta oportuno resaltar que la jueza avanzó un paso más en su análisis y consideró que no puede pretenderse que la Sra. Vergara disponga íntegramente de sus ingresos para solventar los gastos de su internación, sin rémora alguna que le permita proveerse de enseres propios de la vida cotidiana, o vestimenta; infirió también que, por las patologías que presenta la amparista, ésta necesita de medicación, que si bien en su mayoría deben estar cubiertos por la obra social, la existencia de los gastos que tales remedios ocasionen no han sido negados y, por ello, hizo lugar en forma parcial a la acción, condenando a la cobertura sindicando un porcentaje equivalente al setenta por ciento (70%) de los valores que disponga el nomenclador para el Hogar Permanente Categoría C a cargo de la obra social, y el remanente, para la afiliada.

Compartiendo las consideraciones precedentemente reseñadas por la magistrada actuante, y valorando también que la Sra. Vergara posee una familia continente y la legislación actual ha puesto en cabeza de los "descendientes" -como es el caso de las aquí actoras-, prestar a los progenitores colaboración propia de su edad y desarrollo y cuidar de ellos u otros ascendientes en todas las circunstancias de la vida en que su ayuda sea necesaria -art. 671 inc. c) del Cod. Civ y Com.-, entiendo que la solución que propició la sentenciante resulta justa y equitativa, y se ajusta a las particulares contingencias personales y familiares de la persona a favor de quien se accionó.



IV.- En virtud de lo expuesto, considero que el decisorio dictado es una derivación razonada de las concretas y probadas circunstancias de la causa, analizadas de conformidad al derecho vigente.

Por todo ello es que me pronuncio por rechazar los recursos deducidos y confirmar la sentencia impugnada, imponiendo las costas de esta Alzada por el orden causado.

V.- Sin embargo, al haber mis colegas arribado a un resultado diferente sobre la cuestión anterior -deviniendo, en consecuencia, abstracto el recurso de apelación de honorarios articulado por la letrada de la prestadora asistencial-, corresponde proceder a nueva regulación ajustada al resultado final del litigio que -por mayoría- se propone.

En este punto adhiero a la solución a la que arriba el Dr. Giorgio. Esto así, ya que para analizar los montos regulados como emolumentos profesionales, he tomado como pautas valorativas las fijadas por el párrafo segundo del artículo 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación, en particular que su determinación "debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador" y que si "la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución" (el resaltado me pertenece).

De igual modo me expedí, entre varios otros, en los precedentes "LOPEZ (2)" -Causa Nº 21948 sent. del 15/05/16-, "MARTINEZ" -Causa Nº 22088 sent. del 24/08/16-, "GUIDOBALDI" -Causa Nº 22215. sent. del 02/09/16-, "LUJAN" -Causa Nº 22282, sent. del 25/10/16-, "MONDINO" -Causa Nº 22270 sent. del 02/11/16-, "OLMOS" -Causa Nº 22429, sent del 26/12/16-, "MOLL" -Causa Nº 22480, sent del 18/02/17-, "ROLDAN" -Causa Nº 22535, sent. del 03/03/17- y "ORLANDI" -Causa Nº 22450, sent. del 16/04/17-.

Teniendo en cuenta que en la instancia de grado de un juicio de amparo la labor profesional se circunscribe a la etapa de inicio del proceso -escrito de demanda y prueba incorporada- ya que el resto -notificaciones, cédulas- se efectúa de oficio, así como la real o probable dedicación que implicó la confección del memorial de interposición, concluyo que en este caso, la lisa y llana aplicación de los mínimos dispuestos por la ley arancelaria local, conducirían a una injustificada e irrazonable desproporción entre el efectivo trabajo desarrollado y su retribución económica.

Por ello, corresponde fijar los honorarios profesionales de la Dra. Norma Pazo, por su actuación en la instancia de grado, en el monto que propone el colega al cual adhiero y, acorde a ello, establecer los referidos a esta Alzada en la suma por él propuesta -art.1255 Cod. Civil y Comercial, y arts. 2, 3, 5, 6, 15, 63, 64 y concordantes de la Ley de Aranceles precitada-.

Así voto.-

Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada, y por mayoría, la siguiente sentencia: Daniel O. Carubia (En disidencia por honorarios) - Miguel A. Giorgio - Claudia M. Mizawak (En disidencia)


SENTENCIA:

Paraná, 29 de abril de 2017.-



Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;



SE RESUELVE:

1º) DECLARAR que no existe nulidad.-

2º) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fs. 78/87 que, en consecuencia, se revoca parcialmente, condenando al IOSPER y, subsidiariamente, al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, para que en forma inmediata otorgue cobertura económica integral (100%) del costo correspondiente a la internación de la Sra. L. C. V. en la residencia “Paradise Home”, donde se encuentra alojada, dentro de los límites dados por los valores arancelarios fijados por la normativa vigente para la Categoría C de los Hogares Permanentes, conforme el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, que dicte el Ministerio de Salud, incluyendo los costos adeudados de los meses de internación a partir de diciembre de 2016 y por un plazo de un (1) año a contar desde la fecha de la presente sentencia, librándose mandamiento a tal fin.-

3º) RECHAZAR los recursos de apelación deducidos por las accionadas.-

4º) DECLARAR abstracto el recurso de apelación de honorarios deducido a fs. 101/105vlto. por el IOSPER.-

5º) IMPONER las costas de esta instancia a las accionadas/recurrentes.-

6º) REGULAR los honorarios profesionales de la Dra. Norma Pazo por la intervención que le cupo en primera instancia, en la suma de pesos ... y por su labor en esta Alzada en la suma de pesos .... -art. 1255 del Cod. Civil en consonancia con arts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 59, 64 y 91 de la ley arancelaria.-

Protocolícese, notifíquese y, en estado bajen.- Fdo. Daniel O. Carubia (En disidencia por honorarios) - Miguel A. Giorgio - Claudia M. Mizawak (En disidencia) - Ante mí: Noelia V. Ríos -Secretaria-



**ES COPIA**


Noelia V. Ríos

-Secretaria-


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