Cuerd o: En la ciudad de Paraná



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"CASTILLO STELLA MARIS C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS - S/ ACCION DE AMPARO POR MORA" Causa N° 22615 -

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///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los tres días del mes de mayo de dos mil diecisiete, reunidos en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: Presidente Dr. DANIEL OMAR CARUBIA y los Vocales Dres. EMILIO A. E. CASTRILLÓN y CLAUDIA MONICA MIZAWAK asistidos por la Dra. Noelia V. Ríos fueron traídas para resolver, las actuaciones caratuladas: "CASTILLO STELLA MARIS C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS - S/ ACCION DE AMPARO POR MORA".-

Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. CASTRILLÓN, CARUBIA y MIZAWAK.-

Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó la siguiente cuestión:



¿Qué corresponde resolver?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. CASTRILLÓN, DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia (fs. 38/42), resolvió hacer lugar a la acción de amparo interpuesta y, en consecuencia, ordenar al Sr. Gobernador de la Provincia de Entre Ríos que en el término de cinco (05) días hábiles a partir de la notificación de ese resolutorio se expida en el recurso de revocatoria deducido en el expediente administrativo Nº 1878796, librándose el mandamiento respectivo. Impuso las costas a la accionada, y reguló los honorarios profesionales del Dr. E.R. en la suma de pesos nueve mil trescientos ($ 9.300)..

Para decidir en este sentido, el a quo tuvo especialmente en cuenta las disposiciones específicas de la Ley 8369 y lo dispuesto en el art. 57 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos que recepta especialmente esta acción específica.

Entendió que le asiste razón a la actora toda vez que el Sr. Gobernador de la Provincia no ha resuelto el recurso de revocatoria interpuesto por la amparista, obrando únicamente un dictamen del Sr. Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado de fecha 16/03/2017, emitido con posterioridad a la promoción de esta acción.

Consideró que, por su particular naturaleza, en modo alguno puede equipararse un dictamen a una resolución que dirima la cuestión que fue traída a conocimiento del titular del Poder Ejecutivo, y que en principio no produce efectos jurídicos respecto de un sujeto de derecho, salvo cuando el acto administrativo remita a sus términos.

Sostuvo que el mero dictamen del Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado, solicitado como medida previa a la resolución, no puede ser tomado como un pronunciamiento que dirima la cuestión expuesta por la actora, por lo que concluyó que el planteo articulado por la amparista no ha perdido vigencia. Manifestó que, así las cosas, no puede declararse abstracta la cuestión como pretende la accionada, entendiendo necesaria una declaración judicial que resuelva el debate.

Indicó que la situación antes descripta se traduce en una postergación "sine die" de la decisión a adoptar sobre una cuestión de eminente naturaleza alimentaria que genera mayor incertidumbre en quien posee expectativas concretas e intereses legítimos en el resultado de dicha decisión y no obtiene respuesta alguna pese al prolongado tiempo transcurrido a esa fecha. Dijo que ello abona la tesis de la mora de la administración que sustenta la parte actora y que ha dado motivos suficientes a la interposición de la correspondiente demanda, lo que otorga razones atendibles para acoger favorablemente la misma.

En cuanto a las costas de este litigio, expresó que deben ser impuestas a la demandada vencida en virtud del principio de la derrota objetiva que emerge del art. 20 de la Ley 8369.

Respecto a los honorarios profesionales regulados al Dr. E.R., explicó que el examen de la concreta tarea desplegada por el letrado llevan a establecer los mismos en la suma de pesos nueve mil trescientos ($ 9.300).



II.- Contra este decisorio se alzaron la parte demandada y el Dr. E.R..

III.- A fs. 51 - 66/67 el Sr. Fiscal de Estado Adjunto de la Provincia de Entre Ríos, Dr. Sebastián Trinadori, aduce que el decisorio recurrido causa gravamen irreparable a su parte.

Ratifica y da por reproducidos todos los puntos desarrollados en el informe y la contestación de demanda oportunamente presentados por su parte.

Señala que el acto sentencial implica la invasión del Poder Judicial en la órbita de competencia del Poder Ejecutivo, toda vez que ordena resolver el recurso de revocatoria invalidando con la sentencia las facultades del poder administrador, y la reglamentación del procedimiento administrativo dispuesta a los fines de su función.

Argumenta que el fallo en crisis desconoce y descarta las constancias fácticas del expediente, habida cuenta que llega a afirmar y reconocer la existencia del dictamen de Fiscalía de Estado del 16/03/2017, con lo cual no puede considerarse que exista mora injustificada.

Reitera que el amparo es inadmisible por no existir demora injustificada, ni acto lesivo de derechos o garantías constitucionales que tenga suficiente idoneidad para habilitar esta vía.

Destaca que el expediente principal se encontraba transitando la vía administrativa con las correspondientes intervenciones legales, tal como lo establece el art. 52 de la ley de Procedimientos Administrativos. Agrega que la intervención de la Fiscalía de Estado resulta obligatoria en virtud de lo dispuesto por el art. 209 de la Constitución Provincial y el art. 8, inc. d de la Ley 7296.

Por último, consideró que el fallo impugnado descartó por completo el dispositivo legal del recurso de queja establecido por el art. 72 y s.s. de la ley de Procedimientos Administrativos.



IV.- A fs. 52/54 el Dr. E.R. sostiene que la regulación de honorarios efectuada en la sentencia de primera instancia le provoca un gravamen irreparable, y resulta contraria al orden público.

Entiende que no se ha tenido en cuenta lo establecido en los arts. 2, 3, 5, 15 y 91 de la Ley 7046. Expresa que no se pueden establecer honorarios por debajo del mínimo establecido en la normativa arancelaria.

Plantea la inconstitucionalidad de la aplicación del art. 1255 del Código Civil y Comercial, considerando que el Estado Nacional carece de competencia constitucional y legal para reglamentar este aspecto, el que resulta ser una atribución no delegada por las provincias.

V.- A fs. 61/64 obra agregado memorial de la parte actora, peticionado la confirmación de la sentencia recurrida.

VI.- A fs. 72/73 dictaminó la Sra. Fiscal General del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Laura Z. de Gambino.

Refiere que esa Fiscalía General comparte in totum el razonamiento del resolutorio apelado y expresa que la pretensión ventilada responde a un derecho de base constitucional.

Solicita el rechazo del recurso de apelación deducido.

VII.- Resumidos los antecedentes que resultan relevantes para el tratamiento del caso, ingresaré directamente a su dilucidación.

VIII.- Conforme lo normado por los arts. 15 y 16 de la Ley 8369, por remisión del art. 31, el recurso de apelación deducido en este tipo de procesos importa, asimismo, el de nulidad, lo que conlleva que el ad quem deba avocarse al análisis de todo lo actuado con el objeto de constatar, subsanar o, en su caso, eliminar los vicios invalidantes que se verifiquen.

Al respecto, del análisis del subexamine entiendo que el pronunciamiento recurrido no presenta vicios con entidad suficiente que justifiquen la declaración de nulidad en esta instancia, concluyendo que corresponde responder negativamente al interrogante acerca de la nulidad del decisorio apelado.



IX.- Circunscribiéndome al examen de lo medular de los planteos, y en tal cometido, considero pertinente recordar la reiterada e invariable doctrina jurisprudencial de la Sala I de este S.T.J.E.R., según la cual la naturaleza excepcional de las acciones previstas en los arts. 1, 25 y 26 de la Ley de Procedimientos Constitucionales determinan que la concesión del recurso de apelación en los procesos de amparo, de ejecución o de prohibición, devuelve al Superior la plenitud de la jurisdicción, colocándolo frente a la demanda en la misma posición que el juez a quo, pudiendo examinarla en todos sus aspectos, estudiar cuestiones no consideradas en la impugnación y establecer de oficio la existencia de circunstancias impeditivas o extintivas que operen "ipso iure", dotando al tribunal ad quem de facultad y atribución suficiente para juzgar en su integralidad los hechos y el derecho, actuando a su respecto con plena jurisdicción, lo cual no sólo permite sino que exige de dicho Tribunal Superior el examen del caso con la mayor amplitud posible, sin quedar limitado por el pronunciamiento apelado ni por los agravios que fueran invocados por el recurrente (in rebus "PITTAVINO", L.A.S. 1987/1988; entre muchos otros).

Entonces, avocado a la cuestión que llega a dilucidación con el amplio marco de conocimiento que se me otorga como juez de este Tribunal ad quem , adelanto que la acción intentada por la Sra. Stella Maris Castillo debe ser rechazada, dado que no se encuentran cumplidos los extremos que habilitan la interposición de la acción de amparo por mora previstos en nuestra Carta Magna Provincial.

En efecto, de las constancias de autos surge claro que al momento de promover la presente demanda no existía demora injustificada por parte de la autoridad a quien correspondía la resolución del recurso de revocatoria deducido en fecha 18/08/2016 (cfrme. fs. 1/7), así como tampoco resultaba posible decidir en instancia judicial respecto del concreto objeto de la acción por mora deducida, esto es pretender la condena al Superior Gobierno de la Provincia a resolver el recurso administrativo de revocatoria en un plazo razonable.

Ello así por cuanto, tal como lo expresó la demandada al producir el informe previsto en el art. 8 de la Ley 8369, la Ley 7060 en su art. 57 in fine expresamente prevé que cumplido el plazo para resolver la revocatoria "...se considerará denegado el recurso, quedando expedita la vía judicial"; resultando ser ésta la normativa aplicable al caso dado que la impugnación referida fue incoada contra el Decr. Nº 2117/16 M.S. de fecha 04/08/2016.

En este marco, cabe destacar que en el ámbito provincial el sistema estructurado por la Ley 7060 contempla que en casos como el presente el silencio de la Administración produzca sus efectos en forma inmediata y automática por el solo transcurso del tiempo, al vencimiento del término normativamente establecido.

En consecuencia, atento el elongado vencimiento de los plazos -aún si computáramos, además, los cuarenta días con que cuenta la Fiscalía de Estado para expedirse-, la amparista no sólo se encontraba habilitada para acceder a la instancia judicial, sino que, lo que resulta trascendental, de ser admitida su pretensión se estaría desnaturalizando el efecto que la propia legislación reconoce al silencio del Poder Ejecutivo. Al respecto, no puedo dejar de mencionar que las consecuencias que se atribuyen al referido silencio es conocido con anticipación tanto por la autoridad que calla como por el administrado que intenta el recurso de revocatoria en examen, por lo que resultaría contrario al sentido indicado atribuir a la Administración una demora injustificada "en expedirse".

Sentado lo anterior, no corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso arancelario incoado por el Dr. E.R., debiendo procederse a una nueva regulación.

Por los argumentos expuestos propongo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada a fs. 38/42, resolviendo no hacer lugar a la acción de amparo promovida por la Sra. Stella Maris Castillo contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.



Con costas en todas las instancias a la vencida, en virtud del principio objetivo de la derrota contenido en el art. 20 de la Ley 8369.

ASI VOTO.-

A la misma cuestión propuesta, y a su turno, el Sr. Vocal Dr. CARUBIA, dijo:

I.- Los antecedentes relevantes del caso han sido suficientemente resumidos por el señor Vocal ponente y, por tanto, en honor a la brevedad, a lo allí consignado sobre el particular por el Dr. Castrillón me remito.-

II.- Por lo demás, si bien adhiero a la propuesta de declarar que no existe nulidad en lo actuado, debo expresar mi respetuosa disidencia con el análisis y solución que propone para el caso el colega ponente, al establecer que debe resolverse teniendo en consideración la previsión del art. 57 -in fine- de la “Ley” 7060 que expresamente prevé que cumplido el plazo para resolver la revocatoria “…se considerará denegado el recurso, quedando expedita la vía judicial”, toda vez que el ponderado examen sobre el conocido efecto del silencio del Poder Ejecutivo -que a su entender resultaría de aplicación al caso, toda vez que la impugnación a que refieren las presentes fue planteada contra el Dec. Nº 2117/16 de fecha 4/8/16-, omite valorar que la posibilidad de considerar denegado el recurso, es una prerrogativa instituida exclusiva y excluyentemente a favor del administrado, no de la administración que, por el contrario, tiene la obligación de resolver expresa y fundadamente, y esa es la pretensión que motiva la promoción de la acción de autos, quedando claro de un escrupuloso examen de las constancias de la causa que el órgano que debía resolver el recurso de revocatoria deducido el 18/8/16 contra el Dec. Nº 2117/16, a la fecha de promoción de la acción -8/3/17-, aún no había resuelto el planteo impugnativo -tal la pretensión de la actora-, hallándose configurados los presupuestos viabilizantes del especial remedio constitucional intentado.-

En efecto, coherentemente con lo que ya he expresado en numerosos antecedentes similares (cftr.: “SOLARO”, Expte. Nº 19865, 16/8/11; “ESQUIVEL”, Expte. Nº 20839, 7/1/14; “RETAMAR”, Expte. Nº 21157, 5/11/14; “ARANDA”, Expte. Nº 21184, 16/12/14 -entre muchos otros-), surge sin hesitación que se encontraba habilitada la vía para la interposición de la específica acción de amparo por mora de la Administración, toda vez que, más allá de la existencia técnica, o no, de mora administrativa, la explícita norma constitucional que consagra esta acción de amparo especial (art. 57, Const. de E. Ríos) sólo exige como presupuesto de su procedencia que el reclamante sea parte en un expediente administrativo -reclamo iniciado el 11/12/14 que dio origen al Exp. Nº 1667738 y acum.- y que se verifique una demora injustificada de la autoridad interviniente en expedirse sobre el asunto requerido, constatándose acabadamente demostrada en la especie la existencia de este último presupuesto, desde que el recurso de revocatoria (cftr.: fs. 1/7) fue presentado el 18/8/16, transcurriendo prácticamente ocho meses desde su presentación en sede administrativa, hasta la fecha de promoción de esta acción, sin que se hubiere expedido el órgano competente obligado a hacerlo, resultando inaudible el absurdo e irreverente postulado defensivo de la accionada sobre la ausencia de demora injustificada en la tramitación y abstracción del objeto de la acción por la emisión del dictamen de Fiscalía de Estado Nº 0297/17 F.E. en fecha 16/3/17 -con posterioridad a la promoción y notificación de la demanda de autos- que, por lo demás, no resuelve el planteo impugnativo que, a la fecha continúa aún irresuelto, lo cual exime de mayores argumentaciones en pos de decidir el acogimiento de la acción, desechando semejante defensa -meramente aparente- del Estado Provincial cuya ridícula falacia resulta ofensiva para la inteligencia de este Tribunal.-



III.- De tal modo -en coincidencia con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal-, confrontadas las constancias reunidas en la causa con los fundamentos expresados por el a quo para decidir, no es posible advertir, en lo esencial del pronunciamiento impugnado, vicios de razonamiento, que afecten las conclusiones asentadas, ni jurídicos, en punto a la normativa seleccionada y su aplicación a los hechos de la causa, por lo que, en términos generales, la sentencia puesta en crisis aparece ajustada al criterio jurisprudencial de esta Alzada en casos similares y se revela como una derivación razonada del derecho vigente aplicado a las concretas circunstancias comprobadas de la causa, sin que se hayan desarrollado argumentos idóneos para poder refutarlo, todo lo cual pone de relieve el correcto enfoque y solución del decisorio atacado y la completa improcedencia del recurso de apelación interpuesto por la parte accionada contra la cuestión de fondo allí decidida, la cual corresponde confirmar; debiendo imponerse las costas de esta Alzada a la recurrente vencida (art. 20, Ley Nº 8369).-

IV.- Por otra parte, cabe recordar que, simultáneamente, el letrado de la parte actora, Dr. Emiliano Rodríguez (fs. 52/54), apeló los honorarios que le fueron regulados en la instancia de grado a fs. 42, pto. 3, por considerarlos bajos y causarle gravamen irreparable, contrariando el orden público. Señaló que ni siquiera por propia voluntad se puede realizar convención por debajo del mínimo legal, viéndose comprometida la dignidad de su labor como profesional y, planeando la inconstitucionalidad del art. 1255 del CCC, solicita se regulen los honorarios de acuerdo al mínimo del art. 91 de la “Ley 7046” y Ley Nº 10.377.-

Adentrándome al tratamiento de la cuestión, resulta relevante destacar que, si bien los parámetros mínimos objetivos previstos en la escala legal pertinente del art. 91, del Dec.-Ley Nº 7046/82, ratif. por Ley Nº 7503, habían perdido desde la sanción de la Ley Nº 8622, el carácter de "orden público" que le asignaba el art. 1º del ordenamiento normativo arancelario, lo cual se complementa e integra, posteriormente, en sentido reafirmatorio con la normativa consagrada en el art. 13 de la Ley Nº 24432, la promulgación de la Ley Nº 10377 -Bol. Of. 7/8/15- restituyó ese carácter especial -"orden público"- a las disposiciones de las leyes de aranceles de la provincia.-

Considerando ese inevitable extremo y, además, que la mensuración de los honorarios por la actividad profesional desplegada debe llevarse a cabo a través de una razonable aplicación al caso de las pautas generales -remarcadas con ahínco por la apelante- previstas en el art. , incs. b, c, d, e, f, g y k de la ley de aranceles vigente, surge evidente que los honorarios regulados que aquí se impugnan representan el 65% del mínimo previsto, encontrándose por debajo de los parámetros de la escala legal de orden público aplicable. Por eso, teniendo en consideración el mérito y eficacia de la labor desarrollada, el éxito obtenido, la probable importancia social de la solución del caso, así como la trascendencia económica, social y moral que para las partes reviste la cuestión en debate (cfme.: art. 3, Decreto-Ley Nº 7046/82, ratif. por Ley Nº 7503), corresponde hacer lugar al recurso planteado por el Dr. Emiliano Rodríguez, revocar los honorarios impugnados y fijar los correspondientes por su actuación profesional en la primera instancia de este proceso en la suma de Pesos QUINCE MIL QUINIENTOS ($15.500), lo cual no importa más que el equivalente al mínimo legal de orden público de la escala pertinente (cfme.: art. 91, Dec.-Ley Nº 7046/82, ratif. por Ley Nº 7503), legítimamente determinada por los órganos competentes de la provincia en materia reservada a ellos y no delegada a la Nación (cfme.: arts. 121, 122, 126 y ccdtes., Const. Nac.), postura ésta que torna abstracto el planteo de inconstitucionalidad de la norma del art. 1255 del Cód. Civil y Comercial formulado, en tanto no se trata de un dispositivo al cual se le reconozca aplicación para la solución propuesta.-

Así voto.-

A la misma cuestión propuesta, y a su turno, la Sra. Vocal Dra. MIZAWAK, dijo:

I.- Resumidos los antecedentes del caso en el voto que comanda este acuerdo, y sin constatar vicio invalidante alguno, ingreso directamente al tratamiento de la cuestión traída.

Analizadas las constancias obrantes en autos, advierto que la actora no satisfizo un deber elemental a su cargo, cual es demostrar el cumplimiento de los presupuestos necesarios para la procedencia de esta especial acción, en particular “la mora del Poder Ejecutivo”, léase de su titular el Sr. Gobernador de la provincia, para resolver el recurso de revocatoria.

Esto porque, en todo caso y conforme surge de su propio relato, el denunciado como moroso era la “Fiscalía de Estado”, área o dependencia donde se encontraba el expediente, a pesar que, según relata, ya había vencido el término para emitir el dictamen -cfr.punto 19 y 20 del escrito de demanda fs.19 y vta-.-

Ante esa concreta y alegada “mora”, estaba habilitada la actora interponer un recurso de queja ante el Poder Ejecutivo para remover la tardanza de ese “órgano remiso”.

Respecto al recurso de revocatoria, emitido el dictamen de la Fiscalía de Estado, a posteriori de iniciada la acción, -en fecha 16/03/17, ver fs.30/32 vta.-, a partir de allí quedaron las actuaciones en estado de resolver y desde entonces comenzó a correr el plazo para decidir -arts.56 y 57 de la Ley Nº 7060-, por lo que tampoco se constata un supuesto habilitante de este amparo.

No advirtiendo que se configuren los recaudos de procedencia de esta acción, comparto la solución que propone el Dr. Castrillón de hacer lugar al recurso, revocar el decisorio en crisis y rechazar la demanda, imponiendo las costas de todo el proceso a la actora vencida, en virtud de aplicación del principio objetivo de derrota –art.20 Ley Nº 8369-.



II.- Al haber variado el resultado del litigio, cabe dejar sin efecto la regulación de honorarios efectuada en la instancia de grado, lo que torna abstracto el recurso incoado sobre los montos fijados.

Así voto.

Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada, y por mayoría, la siguiente sentencia:

Firmado: Daniel O. Carubia (En disidencia), Emilio A. E. Castrillón y Claudia M. Mizawak

SENTENCIA:

Paraná, 03 de mayo de 2017.-



Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;



SE RESUELVE:

1º) ESTABLECER que no existe nulidad.-

2º) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 51/vta. REVOCAR la sentencia de fs. 38/42 y, en consecuencia, RECHAZAR la demanda interpuesta.-

3º) IMPONER las costas de todo el proceso a la parte actora vencida.-

4º) NO DAR tratamiento al recurso de apelación de honorarios interpuesto por la parte actora a fs. 52/54 -art.6º Dec-Ley 7046 Rat. Ley 7503-, DEJAR sin efecto la regulación practicada por el a quo y ESTABLECER los honorarios profesionales de los Dres. S.M.T. y E.R., por la intervención que les cupo en primera instancia, en las respectivas sumas de pesos: diez mil ochocientos cincuenta ($10.850,00.-) y siete mil quinientos noventa y cinco ($7.595,00.-) y por la intervención en esta Alzada, en las respectivas sumas de pesos: cuatro mil trescientos cuarenta ($4.340,00.-) y tres mil treinta y ocho ($3.038,00.-) -art. 1255 del Cod. Civil y comercial en consonancia con arts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 59, 64 y 91 de la ley arancelaria-.-



Protocolícese, notifíquese y, en estado bajen.-
Firmado: Daniel O. Carubia (En disidencia), Emilio A. E. Castrillón y Claudia M. Mizawak. Ante mí: Noelia V. Ríos -Secretaria-


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