Corte suprema de justicia



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RESUELVE
Primero. No casar el fallo de segundo grado proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería en razón de los cargos presentados en la demanda.
Segundo. Casar oficiosa y parcialmente la providencia impugnada.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, reducir la pena principal impuesta a CRISTIAN DAVID BRAVO NÚÑEZ a quinientos (500) meses y veinticuatro (24) días o, lo que es lo mismo, a cuarenta y un (41) años, ocho (8) meses y veinticuatro (24) días de prisión, como coautor responsable de dos conductas punibles de homicidio agravado, cometidas en contra de Mateo Matamala Neme y Margarita María Gómez Gómez, y autor de un delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
Cuarto. Precisar que la decisión del Tribunal seguirá incólume en todos los demás aspectos que no fueron objeto de modificación.
Contra esta providencia, no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

Presidente

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO


JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ


EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER


MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ


GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ


EYDER PATIÑO CABRERA


PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR


LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA



Secretaria

1


 Archivo de audio y video 1-110010101001201441350110010101001, 0:29.

2 Ibídem.

3


 De cuatrocientos (400) meses a cuatrocientos cincuenta (450) meses; de cuatrocientos cincuenta (450) meses y un (1) día a quinientos (500) meses; de quinientos (500) meses y un (1) día a quinientos cincuenta (550) meses; y de quinientos cincuenta (550) meses y un (1) día a seiscientos (600) meses de prisión.

4 De cuatrocientos (400) meses a cuatrocientos ochenta (480) meses; de cuatrocientos ochenta (480) meses y un (1) día a quinientos sesenta (560) meses; de quinientos sesenta (560) meses y un (1) día a seiscientos cuarenta (640) meses; y de seiscientos cuarenta (640) meses y un (1) día a setecientos veinte (720) meses de prisión.

5


 En sentido similar, CSJ SP, 6 jun. 2012, rad. 38353: «Calculó los límites mínimo y máximo para la conducta punible de homicidio agravado, según lo dispuesto en el artículo 104 numeral 7, modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. Al respecto señaló, de manera acertada, que la pena oscilaba de 400 a 600 meses de prisión. […] No sobra recordar que si bien el tipo básico del artículo 104 de la Ley 599 de 2000 contempla una pena máxima de 40 años (o 480 meses) de prisión, y si bien dicho guarismo aumentado en la mitad arrojaría como resultado un límite máximo de 720 meses de prisión (en virtud del artículo 14 de la Ley 890 de 2004), dicho tope no puede ser superior a los 600 meses (o 50 años) de prisión, conforme a lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 2 de la Ley 890 de 2004».

6 Archivo de audio y video 1-110010101001201441350110010101001, 13’ 10’’.

7 Ibídem, 14’ 30’’.

8 Ibídem, 15’ 15’’.

9


 Ibídem, 11’10’’.

10


 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Espasa, Madrid, 2001, Tomo I (a/g), p. 877.

11 Archivo de audio y video 1-110010101001201441350110010101001, 13’ 10’’.

12


 Cf. Jakobs, Günther, Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 8-19: «La decepción, el conflicto y la exigencia de una reacción a la infracción de la norma, por ello, no pueden interpretarse como una vivencia del sistema individual “persona singular”, sino que han de interpretarse como sucesos en el sistema de relación social» (p. 12).

13 Cf. Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías: la ley del más débil, Trotta, Madrid, 2004, pp. 25-28: «debe haber un juez independiente que intervenga para reparar las injusticias sufridas, para tutelar los derechos, aunque la mayoría o incluso los demás en su totalidad se unieran contra él; dispuesto a absolver por falta de pruebas aun cuando la opinión general quisiera la condena, o a condenar, si existen pruebas, aun cuando esa misma opinión demandase la absolución» p. 27.

14


 Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid, 2001, pp. 404-406.

15


Artículo 230-. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. / La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.

16


 En esta providencia, la Sala casó el fallo impugnado porque «en lugar de proceder a una acumulación jurídica de penas, que no equivaliera a la suma de las penas por cada comportamiento, el juez de primera instancia, en decisión convalidada por el cuerpo colegiado de segunda, optó por una acumulación aritmética de las mismas, esto es, por agregarle a la pena más grave de 400 meses de prisión las otras de 108 y 48 meses, sin que dicha reunión le representase una ventaja concreta al procesado». En otras palabras, el error no se circunscribió a los factores cualitativos del incremento, sino a los cuantitativos.

17


 En este sentido, la calificación jurídica de los hechos formulada en la acusación fue incorrecta desde el punto de vista de la observancia al principio de legalidad, ya que le atribuyeron al procesado la sanción punitiva incrementada por el artículo 19 de la Ley 1453 de 24 de junio de 2011 (cf. 4.3), que entró a regir el día de su promulgación. Y los hechos ocurrieron el 10 de enero de ese año, es decir, en vigencia del artículo 38 de la Ley 1142 de 2007, disposición que contemplaba una pena menor.

18


 Artículo 4-. Funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado.

19


 En este asunto, la Corte casó oficiosa y parcialmente la pena contra una persona condenada por el delito de extorsión tentada, tras aducir que en ese caso no podían aplicarse los incrementos de la Ley 890 de 2004, debido a que hubo aceptación de cargos y la conducta, en atención del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, había sido excluida de los beneficios que tal allanamiento le representaba al procesado. La violación del principio de la proporcionalidad, y en particular de la «máxima de prohibición de exceso», fue uno de los fundamentos de la providencia.

20


 En este caso, la Sala casó por aplicación indebida del artículo 68 A del Código Penal, que excluía del reconocimiento de beneficios y subrogados a las personas condenadas por delitos dolosos o preterintencionales durante los cinco (5) años anteriores, y ausencia de aplicación del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, porque el acusado tenía «derecho a la rebaja establecida en la última de las mencionadas disposiciones por la circunstancia de haber aceptado los cargos que en su contra le fueron endilgados por la Fiscalía en la audiencia de formulación de imputación». La observación de la Corte, por consiguiente, giró en torno de la crítica de las crecientes restricciones a los descuentos punitivos en los cuales se sostenía originalmente al sistema acusatorio.

21


 Archivo de audio y video 1-110010101001201441350110010101001, 0:29.

22


 Archivo de audio 23417600105420110001000_234173104001_02_02, 1:01’04’’ y ss. Igualmente, folios 10-11, c. p.

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