Corte suprema de justicia



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2.2.4. A partir de una interpretación descontextualizada del numeral 1º del artículo 37 del mismo estatuto (de acuerdo con el cual «[l]a pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de cincuenta (50) años, excepto en los casos de concurso»), así como del inciso 2º del artículo 31 del actual Código Penal (conforme al cual «[e]n ningún caso, en los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad podrá exceder de sesenta (60) años»), podría predicarse que, cuando haya concurrencia de conductas punibles y por lo menos una de ellas corresponda al tipo de homicidio agravado, la sanción máxima de cuarenta (40) años para los eventos regidos bajo la vigencia de la Ley 890 de 2004 debería incrementarse en la mitad (esto es, en veinte -20- años), sin atender al límite de cincuenta (50) años. Ello, por cuanto la expresión «excepto en los casos de concurso» del artículo 37 numeral 1º del Código Penal así lo permitiría.
Dicha lectura, sin embargo, no resulta compatible con el orden jurídico. Desde la perspectiva de las garantías mínimas del procesado, lo anterior acarrearía el reconocimiento de una causal de calificación del comportamiento (según la cual si en la realización del homicidio agravado ha concurrido al menos otro delito, el máximo de prisión subirá de cincuenta -50- a sesenta -60- años) que el legislador no consagró de manera expresa como tal y que, por contera, no sólo representaría la transgresión del principio de estricta legalidad de los delitos y las penas, sino además conllevaría un tratamiento desigual, pues idéntica acción tendría un tope punitivo menor si se juzgara individualmente y uno superior si concurrieran otros resultados típicos iguales o diversos a la afectación del bien jurídico de la vida, circunstancia que en últimas acarrearía valoraciones ajenas a la propia realización de la conducta punible.
Desde el punto de vista de los derechos de las víctimas, esta interpretación en realidad no protege los postulados de verdad y justicia, sino puede restringir o incluso sustraer sus efectos. Piénsese en un homicidio agravado en el cual fue individualizada la sanción en el máximo imponible. Si junto con ese desvalor del resultado concursa otro que menoscaba un bien jurídico colectivo (por ejemplo, la fe pública), la pena equivaldría a sesenta (60) años de prisión. Pero si esa acción se realiza con otras de la misma índole (y, por consiguiente, con pluralidad de víctimas), la sanción punitiva igualmente correspondería a sesenta (60) años. La concurrencia con otra u otras conductas punibles en ningún caso representaría una alteración en la dosificación punitiva.
Con la actual interpretación de la Corte, en cambio, a la pena por el delito más grave de cincuenta (50) años, en el primer caso, podría incrementársele, en razón del concurso con el delito que no afectó derechos personales, el monto que el juez estime acertado, sin que supere la suma aritmética de las sanciones debidamente individualizadas (por ejemplo, unos cuantos meses). Y, en el segundo evento, el funcionario, siguiendo su criterio, debería incrementarle a la sanción de cincuenta (50) años otros diez (10) años, para así establecer el máximo imponible de sesenta (60) años.
Sólo de esta manera podría advertirse una diferencia sustancial (de casi diez -10- años) entre la sanción a la cual se hizo acreedor quien mató a una sola persona y la pena que se le impuso a quien asesinó a varias, aspecto que repercute en beneficio de los derechos a la verdad y justicia cuando hay varias víctimas, pues hace visible su situación, las reafirma y deviene en efectiva la sanción por los delitos distintos al más grave.
En otras palabras, siempre será una medida razonable la adoptada por el legislador con la Ley 890 de 2004, en el sentido de que la pena de cualquier tipo individualmente considerado no pueda alcanzar el tope máximo establecido para la sanción definitiva en los casos de concurso, pues de lo contrario se estrecharía o incluso eliminaría el margen para asegurar la vigencia del fin de retribución justa previsto en el artículo 4º del Código Penal.
2.2.5. En apoyo de su postura, los demandantes citaron el fallo CSJ SP, 26 oct. 2011, rad. 36176. Esta decisión, sin embargo, no sólo confirmó la tesis según la cual el límite de sesenta (60) años únicamente se predica del incremento del «hasta otro tanto» en materia de concurso, sino además precisó que el tope de cincuenta (50) años debe tenerse en cuenta en la individualización de cada pena concurrente.
En dicho asunto, la Corte casó de manera oficiosa el fallo de segunda instancia por vulneración del principio de legalidad de la pena, debido a que el juez había fijado los extremos punitivos para la conducta de homicidio agravado de cuatrocientos (400) a setecientos veinte (720) meses, es decir, por no aplicar el numeral 1º del artículo 37 del Código Penal. En palabras de la Sala:
Es cierto que la norma en mención [numeral 1º del artículo 37 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 2º de la Ley 890 de 2004] establece como excepción los casos en los cuales se presenta concurso de hechos punibles, pues en esos eventos, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 31 del Código Penal, modificado por el artículo 1º de la Ley 890, la pena podrá extenderse hasta sesenta (60) años.
Empero, y en ello radicó el yerro del juzgador, es claro que el límite de cincuenta (50) años debe respetarse durante la labor de tasación de la pena aplicable al delito base, esto es, la correspondiente a la infracción que contiene la sanción más grave, pues la imposibilidad de imponer una pena superior surge cuando se efectúa el incremento por razón del concurso, en cuyo caso la sanción puede ir hasta sesenta (60) años.
Tal es la comprensión que emerge de la interpretación armónica de los artículos 31 y 37 del Código Penal, pues si, de acuerdo con la segunda de esas disposiciones, en caso de concurso de hechos punibles es necesario que el juzgador realice por separado la individualización de la pena correspondiente a cada una de las conductas ilícitas concursantes, para luego seleccionar la pena más alta y, a partir de ella, efectuar un incremento de hasta otro tanto, es porque en ese primer procedimiento será obligatorio para el fallador acatar el límite máximo de cincuenta (50) años que, conforme al artículo 37 en mención, opera para cada tipo penal.
A pesar de transcribir en la demanda el último párrafo que antecede (folio 236, c. p.), los recurrentes plasmaron a continuación que tal «fue precisamente el argumento de la Fiscalía General de la Nación y la representación de las víctimas» (folio 236), para luego insistir en que debía fijarse «el ámbito punitivo del concurso entre 400 y 720 meses» (folio 236). Su disertación, entonces, fue contradictoria.
Y como si lo anterior fuese poco, la Corte ya había sostenido esta postura en la sentencia CSJ SP, 28 may. 2008, rad. 29341, cuando consideró procedente un reproche por «interpretación errónea del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, que condujo a la falta de aplicación del artículo 37, numeral 1º, de la Ley 599 de 2000, en cuanto la pena de prisión no puede exceder los cincuenta (50) años»:
[P]ara la Corte no cabe duda alguna que por la salvedad incluida en el propio artículo 14 de la Ley 890 de 2004, acerca del incremento para las penas previstas en los tipos penales contenidos en la parte especial del Código Penal, de que “[e]n todo caso, la aplicación de esta regla general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la presente ley”, impide que en el proceso de individualización de la sanción se franquee el límite de los cincuenta (50) años de prisión para cada delito, aun en el análisis de delitos concurrentes.
Así, el límite de los cincuenta (50) años de la pena de prisión constituye un criterio legal modificador del quantum punitivo mayor para los delitos que tras el aumento de la mitad de su máximo, en aplicación del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, superen aquel monto, como sucede por ejemplo en los casos de homicidio agravado (artículo 103), genocidio (artículo 101), homicidio en persona protegida (artículo 135), desaparición forzada agravada (artículo 166), secuestro extorsivo agravado (artículo 170), pues todos ellos rebasan los 600 meses –que corresponden a los cincuenta (50) años de prisión–, para ubicarse en los 720 meses, esto es, en sesenta (60) años de prisión, lo que impone entonces ubicar el marco punitivo únicamente hasta los 600 meses.
[…] La Corte precisa que la frontera de los cincuenta (50) años de prisión se deberá respetar para efectuar el cómputo de la pena para cada delito, así se trate de ilícitos concurrentes, esto es, al momento de individualizar la sanción para cada uno de ellos, en tanto que la limitante de los sesenta (60) años prevista para los casos de concurso de hechos punibles tendrá que ver con la suma jurídica de las sanciones por tales ilícitos concursales.
Por lo mismo, una pena de prisión cuantificada que exceda el máximo temporal de los cincuenta (50) años desconoce ese límite fijado por el legislador y da al traste con el principio de legalidad, amén de constituirse en una pena ilegal5.
2.2.6. En la audiencia de sustentación del recurso, el apoderado de las víctimas resaltó la importancia por parte de la Corte de procurar «una línea jurisprudencial que defina un punto que no es […] pacífico ni uniforme […] desde el punto de vista de la interpretación de los jueces en las localidades»6. Así mismo, destacó la necesidad de «hacer justicia en relación con las víctimas»7, porque la «dignidad de las víctimas de crímenes violentos […] sólo se logra a través de […] penas adecuadas a la gravedad del comportamiento y a la atrocidad del acto criminal que se ha infligido contra este tipo de personas»8. En sustento de su postura, explicó lo siguiente:
El caso que motiva a esta casación es uno de los casos emblemáticos de […] las bandas criminales emergentes en Colombia en los últimos años, tal vez el más emblemático de todos, y se trata del asesinato a sangre fría de dos muchachos de la Universidad de los Andes que por ninguna razón distinta a que la BACRIM de la zona quería hacer una afirmación violenta de su poder territorial manda a eliminar a dos personas por el sencillo hecho de que eran dos personas extrañas a la zona9.
Respecto de una línea jurisprudencial que les clarifique a los funcionarios cuáles son los topes punitivos en casos de concurso, la Sala, por lo expuesto, ratifica lo aducido en fallos como CSJ SP, 28 may. 2008, rad. 29341, y CSJ SP, 26 oct. 2011, rad. 36176, citados en precedencia (2.2.5), según los cuales en la individualización de cada una de las sanciones deberá tenerse en cuenta el extremo de cincuenta (50) años previsto en el numeral 1º del artículo 37 del Código Penal, pues el tope de sesenta (60) años del inciso 2º del artículo 31 del estatuto se aplica única y exclusivamente al incremento de la pena más grave hasta en otro tanto, sin que supere la suma aritmética de las sanciones concurrentes debidamente dosificadas.
En cuanto al derecho de las víctimas a la justicia, en el sentido de que su dignidad sólo se recupera imponiendo una pena proporcional a la atrocidad de la acción delictiva, es de anotar, en primer lugar, que la delimitación del tipo penal de homicidio agravado con una pena máxima de sesenta (60) años, en lugar de salvaguardar el fin de la retribución justa, podría coartarlo de manera intolerable, como ya fue anotado (2.2.4).
En segundo lugar, aun en el caso de que individualizar la sanción de la conducta más grave con un límite de sesenta (60) años repercutiera en beneficio de la justicia a nombre de la familia de Mateo Matamala Neme y Margarita María Gómez Gómez, dicha postura igualmente reñiría con el principio de estricta legalidad de la pena. Y, al ponderar los intereses en pugna (los derechos de las víctimas, por un lado, y la sujeción al orden jurídico traducida en la imposición de la pena, por el otro), salta a la vista que el último siempre estaría por encima del primero.
En tercer lugar, el apoderado no ahondó en las razones por las cuales la pena que efectivamente le fue impuesta a CRISTIAN DAVID BRAVO NÚÑEZ, de quinientos cincuenta y seis meses (esto es, de cuarenta y seis -46- años y cuatro -4- meses) de prisión, no retribuye adecuadamente la gravedad de la acción desplegada. Y tampoco la Sala las encuentra.
Al respecto, el profesional del derecho sólo presentó dos argumentos. El primero, que la estructura criminal a la cual pertenecía el procesado dispuso asesinar a Mateo Matamala Neme y Margarita María Gómez Gómez por el único hecho de no pertenecer a la región. Dicha circunstancia, sin embargo, constituyó una de las causales específicas de agravación, el «motivo abyecto o fútil» de que trata el numeral 4º del artículo 104 del Código Penal, que representó para efectos punitivos el paso de una pena de prisión entre doscientos ocho (208) y cuatrocientos cincuenta (450) meses (conforme al artículo 103 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004) a una de cuatrocientos (400) a seiscientos (600) meses (según el artículo 104 del Código Penal).
Y el segundo, que este asunto fue un caso emblemático, esto es, «significativo» o «representativo», según la definición de la Real Academia de la Lengua10. Si con ello el demandante quiso decir que su relevancia obedeció a que las víctimas eran «dos muchachos de la Universidad de Los Andes»11, es decir, dos estudiantes de una de las instituciones educativas del interior más prestigiosas del país, se trata, sin embargo, de un aspecto por completo intrascendente para efectos de la fijación de la pena, pues en virtud del principio de igualdad ante la ley idéntica gravedad del comportamiento debería predicarse si los homicidios se hubieren cometido, en las mismas circunstancias, sobre sujetos con inferior, superior o distinto grado de instrucción.
Ahora bien, si por medio de tales aserciones el abogado enfatizó que la importancia de este caso se debía a que, en su momento, el asesinato de Mateo Matamala Neme y Margarita María Gómez Gómez contó con amplio despliegue por parte de los medios de comunicación, ello en todo caso es un factor que tampoco puede repercutir para la prosperidad del cargo.
Podría pensarse que la cobertura mediática relativa a los asuntos judiciales guardaría una relación indirecta con la función que la pena ha de cumplir en el caso concreto, que es uno de los factores contemplados por el inciso 3º del artículo 61 del Código Penal para imponerla, en la medida en que la función de prevención general positiva busca asegurar la vigencia de la norma reafirmando por medio de la sanción la confianza que la comunidad deposita en su cumplimiento12. Esto, no obstante, es un tema ajeno al que aquí nos ocupa, atinente a la determinación de los límites imponibles para la dosificación en los eventos de concurso.
Desafortunadamente, desde la implementación del sistema de la Ley 906 de 2004, en nuestro país los medios masivos de comunicación han intentado interferir en los procesos la tarea que es del resorte exclusivo de los jueces, tribunales y la Corte Suprema, especialmente en lo que atañe a la imposición de la medida de aseguramiento, su revocatoria y el juicio de responsabilidad. Estas manifestaciones deben ser desestimadas por los funcionarios en razón de sus efectos extraños y nocivos a la función de administrar justicia. Recuérdese que en un Estado Social de Derecho las decisiones judiciales no pueden obedecer a los clamores u opiniones, se debe propender por la protección de las garantías de las partes e intervinientes en el proceso. Las providencias no pueden sustentarse en una reacción mediática desproporcionada13.
2.3. Conclusión
En este orden de ideas, no es posible aseverar, como lo hicieron los demandantes, que por el solo hecho de fijar los límites para el delito más grave de homicidio agravado de cuatrocientos (400) a seiscientos (600) meses de prisión, y no de cuatrocientos (400) a setecientos veinte (720) meses, las instancias crearon unos cuartos de movilidad «artificialmente bajos» (folio 237), ni que desconocieron la dignidad de las víctimas o cualquier otro derecho inherente a ellas.
El reproche, por consiguiente, está destinado al fracaso.
3. Segundo cargo
3.1. Planteamiento del problema
En el escrito de demanda, los recurrentes solicitaron a la Corte imponer a CRISTIAN DAVID BRAVO NÚÑEZ la pena máxima para los eventos de concurso de setecientos veinte (720) meses (o sesenta -60- años) de prisión o, en su defecto, una de seiscientos cuarenta (640) meses, que era el resultado de individualizar la sanción punitiva para el delito más grave de homicidio agravado en el tope de los cuartos intermedios, teniendo en cuenta los ámbitos de movilidad de ochenta (80) meses, y no los de cincuenta (50), contemplados en el cargo anterior.
Como la Sala no acogerá tales pretensiones a menos que advierta un yerro susceptible de deslegitimar la sentencia de segunda instancia, procederá a reseñar en forma detallada las decisiones que al respecto adoptaron los jueces de primer y segundo grado para, en últimas, resolver los debates que de allí se desprendan.
3.2. Actuación relevante
3.2.1. En el fallo de primera instancia, el Juzgado Penal del Circuito de Conocimiento de Lorica adujo que CRISTIAN DAVID BRAVO NÚÑEZ era «la persona que fue a buscar a los sicarios para que se presentaran a la residencia en la que se ordenó el homicidio, se dirigió con ellos hasta el sitio donde se llevó a cabo la ejecución y estuvo presente en la comisión del hecho punible» (folio 405 c. p.). Con base en tal situación fáctica concluyó que el procesado era responsable, a título de coautor, de un concurso de delitos de homicidio agravado (folio 395).
Al dosificar la pena, partió de una sanción para el tipo de homicidio agravado que oscilaba de cuatrocientos (400) a seiscientos (600) meses de prisión (folio 394, c. p.).
Dichos extremos los dividió en cuartos. El primero, de cuatrocientos (400) a cuatrocientos cincuenta (450) meses. El segundo, de cuatrocientos cincuenta (450) meses y un (1) día a quinientos (500) meses. El tercero, de quinientos (500) meses y un (1) día a quinientos cincuenta (550) meses. Y el último, de quinientos cincuenta (550) meses y un (1) día a seiscientos (600) meses (folio 394).
Escogió el cuarto mínimo, esto es, el que se mueve entre los cuatrocientos (400) y los cuatrocientos cincuenta (450) meses de prisión, tras argüir que concurrió la circunstancia del «inciso 1º del artículo 55 del Código Penal» (folio 393), pues si bien el acusado «aceptó cargos en Montería, en el proceso no aparecen estipulados esos antecedentes penales» (folio 393).
Individualizó la pena por el delito de homicidio agravado en cuatrocientos treinta y dos (432) meses. Fundamentó esa imposición señalando como factores relevantes la gravedad del delito, la modalidad de la conducta, el bien jurídico afectado, así como el impacto social ocurrido:
[E]n esta [sic] caso, encontramos que la gravedad de la conducta de homicidio agravado cometida por el acusado CRISTIAN DAVID BRAVO NÚÑEZ es evidente, pues atentó contra la vida, bien jurídico que se encuentra en lo más alto de la cúspide de los derechos fundamentales, al causar la muerte a unos jóvenes con todo un futuro por delante […]. [E]l procesado participó en el asesinato a sangre fría de dos (2) jóvenes estudiantes con una carrera profesional prometedora, amén de que lo hicieron ejerciendo la actividad del sicariato que tanto perjuicio ha causado a la sociedad, además una conducta como la desplegada por el condenado produce un impacto negativo en la comunidad y en la sociedad en general [folio 393].
Y, a dicho guarismo de cuatrocientos treinta y dos (432) meses, le aumentó veinticuatro (24) meses más de prisión por el referido concurso con el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, para una pena total de cuatrocientos cincuenta y seis (456) meses de prisión.
3.2.2. La Fiscalía y el abogado de las víctimas apelaron el fallo de la primera instancia arguyendo, en primer lugar, que el juez debió «fijar el máximo en sesenta (60) años o setecientos veinte (720) meses» en el tipo penal de homicidio agravado (folio 445).
En segundo lugar, que la selección del cuarto mínimo fue equivocada, pues «claramente en la acusación se está diciendo que el señor BRAVO NÚÑEZ es coautor y eso implica coparticipación criminal» (folio 44), y además, no procedía el reconocimiento de la atenuante relativa a la ausencia de antecedentes penales.
Y, en tercer lugar, que escogido el cuarto máximo como ámbito para la fijación de la pena, según los factores del inciso 3º del artículo 61 del Código Penal, debía cuantificarse en el tope de sesenta (60) años de prisión.
3.2.3. El Tribunal, en la sentencia impugnada, ratificó la situación fáctica descrita por el juez de primera instancia para los delitos de homicidio agravado en concurso, en el entendido de que el acusado se halló «presente cuando se hablaba de dar muerte a los jóvenes Mateo y Margarita» (folio 482), «le correspondió llevar en la moto a quienes iban a dar muerte a los jóvenes universitarios» (folio 481) y estuvo «en el lugar de los hechos en el momento en que se ejecutaba el [...] crimen» (folio 481).
Igualmente, descartó la agravante prevista en el artículo 104 numeral 11 de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 26 de la Ley 1257 de 2008 («[s]i se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer»), toda vez que «no debió ser impuesta por el ente acusador; en primer lugar, porque Mateo Matamala es una persona de sexo masculino; y, en segundo lugar, porque no existen en la carpeta elementos de convicción que nos hagan inferir razonablemente que a Margarita María se le dio muerte por el solo hecho de ser mujer» (folio 480). Sin embargo, precisó que lo anterior no iba a incidir en la punibilidad, por cuanto «no habrá modificación alguna en cuanto a las demás circunstancias de agravación» (folio 480).
Por otro lado, rechazó el planteamiento de que la pena máxima del delito contra la vida alcanzara sesenta (60) años (o setecientos veinte -720- meses), en lugar de cincuenta (50) años (o seiscientos -600- meses) de prisión, aduciendo que «lo que enseñan las normas citadas [artículos 31 y 37 del Código Penal] es que el aumento de hasta otro tanto no puede superar el máximo de sesenta (60) años» (folios 479-480).
En cuanto a los antecedentes del procesado, señaló que «no se encuentra legalmente incorporada una evidencia o un elemento material probatorio que demuestre la existencia de la condena» (folio 478).
No obstante, les dio la razón a los apelantes respecto de reconocer la circunstancia de mayor punibilidad de que trata el numeral 10 del artículo 58 del Código Penal («[o]brar en coparticipación criminal»). Es decir, que el juez debió «moverse dentro del cuarto medio y no en el primer cuarto» (folio 476).
Adicionalmente, indicó que el aumento en función del concurso «no debió ser de veinticuatro (24) meses como lo hizo el señor juez singular, pues los hechos fueron graves» (folio 476) y adujo al respecto que éste olvidó «que se trataba de dos homicidios –concurso homogéneo– e impuso la pena como si se tratara de uno solo» (folio 476).
En este orden de ideas, precisó que «lo correcto era partir del delito más grave, en este caso el homicidio, y luego hacer el aumento por el homicidio concurrente y el porte ilegal de armas» (folio 475).
Por lo anterior, procedió a dosificar de nuevo la pena, «pero tomando como punto de partida los criterios esgrimidos por el señor juez» (folio 476). Partiendo de unos extremos de cuatrocientos (400) a seiscientos (600) meses de prisión para el tipo penal de homicidio agravado, seleccionó el «primer cuarto medio que va de cuatrocientos cincuenta (450) meses y un (1) día a quinientos (500) meses» (folio 476).
Individualizó la sanción en cuatrocientos ochenta (482) meses, «resultado que se obtiene del aumento de los mismos treinta y dos meses que aumentó el señor juez de primera instancia al mínimo del cuarto mínimo» (folio 473). Y, a dicha pena, le aumentó otros cincuenta (50) meses por el concurso con el segundo homicidio agravado, así como «los veinticuatro (24) meses que en la providencia de primera instancia se aumentaron por el concurso con el porte ilegal de armas de fuego de defensa personal» (folio 473), suma que arrojó como resultado una sanción final de quinientos cincuenta y seis (556) meses de prisión.

Finalmente, sustentó dichos incrementos aduciendo que «fueron dos homicidios» (folio 473) y «que los hechos fueron graves en su modalidad y sus circunstancias» (folio 473).
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