Corte suprema de justicia



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Tercero. Causal primera, segunda parte, violación indirecta producto de un error de hecho originado en falso raciocinio.
La acusación imputó coautoría por acción en todas las conductas y sólo residualmente hizo alusión a que el teniente faltó a su deber de garante. Así, el Tribunal estaba obligado a valorar las pruebas de manera diferenciada para uno y otro título de imputación, porque, probado que se concertó para producir la masacre, el reproche basado en la posición de garante perdía relevancia, y viceversa.
El Ad quem concluyó que no se podía imputar la conducta por omisión impropia, porque los medios de prueba demostraban que se encontraba en imposibilidad física de repeler el ataque de los paramilitares.
Para ello, se basó en la inferioridad numérica, conclusión equivocada porque esa situación no fue probada. Por el contrario, si los pobladores dieron cuenta que los agresores ingresaron en tres camiones de regular tamaño, se infería que no sobrepasaban 40, en tanto que en la base había cerca de 100 soldados. La oscuridad tampoco es argumento válido, pues se trataba de unidades de contraguerrilla, es decir, que estaban entrenadas para enfrentar ese tipo de situaciones.
Lo demostrado fue que el acusado incrementó de manera exasperante el riesgo de la población al no haber realizado acciones de protección preventivas, las que podía cumplir porque tenía fuerzas suficientes, tanto, que no fue obstáculo para que en los días previos disgregara sus hombres y enviara un contingente a un sitio alejado.
En contra del descargo admitido por el Tribunal, el deber primordial del sindicado era proteger a los habitantes, pues para ello fue asignado a la base, según lo manifestó el general Alberto Bravo Silva, lo ratificó el capitán Jorge Andrés Escobar Pineda y surge de los mandatos constitucionales.
En esas condiciones, el Tribunal dejó de aplicar la norma que ordena condenar cuando exista certeza, e indebidamente acogió la que establece el in dubio pro reo, razón por la cual impetra que su decisión sea revocada.
Cuarto. Causal primera, parte primera, violación directa del artículo 25 del Código Penal, por su interpretación errónea.
La fiscalía acusó al procesado como coautor impropio de los delitos. Sin embargo, también señaló que se le podía atribuir responsabilidad en la masacre por haber defraudado sus deberes como garante.
El Tribunal solamente desarrolló la última imputación, no la principal, y concluyó en la imposibilidad de atribuir los comportamientos por omisión impropia porque no se podía equiparar la omisión imprudente (que sería la realizada) con la dolosa deducida en la acusación, y porque la conducta omitida no habría tenido la capacidad y la entidad para evitar el resultado.
En esas condiciones, otorgó a la norma un alcance restringido que ella no contiene, pues es claro que los miembros de las fuerzas armadas, en situaciones concretas, deben garantizar la vida de los asociados. En el caso analizado, el acusado tenía formalmente posición de garante y la equivalencia entre la omisión y la acción que produjo el resultado es nítida pues al obviar sus deberes de protección a la población incrementó el riesgo.
Por eso, el Tribunal erró al concluir, por oposición a las circunstancias fácticas, que la omisión habría sido imprudente, cuando lo cierto es que no fue consecuencia de negligencia y descuido, sino que de manera libre y voluntaria decidió incumplir su obligación de proteger a los pobladores, consciente de que tal conducta incrementaba el riesgo, en una especie de dolo eventual.
Se equivoca el Ad quem al inferir que solamente se puede imputar la comisión por omisión en tanto se demuestre la existencia de un “nexo causal” entre la omisión y el resultado (sería una relación hipotética), olvidando que la omisión no tiene entidad para producir un resultado, pues lo que se sanciona es no impedir un proceso causal dirigido a dañar bienes jurídicos, esto es, que exista un “nexo de riesgo”.
Su pretensión apunta a que la absolución sea sustituida por condena.
De la fiscalía.
Con fundamento en la causal primera, segunda parte, violación indirecta de la ley sustantiva, formula un cargo por error de hecho. Afirma que el Tribunal incurrió en los siguientes falsos juicios:
1. De existencia, por omitir la consideración de las órdenes y procedimientos militares que imponían al procesado la obligación de proteger la población de La Gabarra, aspectos puestos de presente por el general Alberto Bravo Silva y el Informe Misión de Trabajo 0691 (317) del 8 de marzo del 2000, que transcribe comunicaciones entre el procesado y otro oficial.
Igual exclusión sucedió con los oficios 2092 a 2094 del 30 de julio de 1999, suscritos por el doctor Jesús Orlando López Gómez, Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, que daban cuenta de la retención de varias personas por parte de grupos paramilitares y su anuncio sobre la toma inminente que harían de La Gabarra.
Estos documentos prueban que el acusado tenía el deber de estar en máxima alerta, pues los informes fueron anteriores a la masacre, y que el Tribunal se equivocó porque esa carga no fue cumplida, en tanto contrarió las órdenes superiores y el día de los hechos recogió a sus hombres a las ocho de la noche.
2. De identidad. Los documentos citados por el Tribunal para concluir que los retenes de control no podían ser permanentes sino esporádicos dicen lo opuesto a la deducción del fallo, porque su contenido refería al compromiso del Ejército de realizar esos retenes y patrullajes de manera continua y de noche, lo cual se cumplió constantemente (incluso así lo dijo el procesado), salvo el día de los hechos.
Los patrullajes tenían regularidad de día y noche, según lo declaró Miguel Antonio Gualteros García y lo reafirmó el propio Campuzano Vásquez.
Así, el Tribunal falseó la prueba, porque genéricamente afirmó que el procesado realizó actos antecedentes, concomitantes y posteriores para proteger la población, cuando no sólo no hubo tal, sino que no especificó, como debía, las acciones, los retenes, las requisas, los toques de queda, que llevó a cabo para velar por ese fin.
También tergiversó el contenido real de los medios probatorios con su aseveración sobre que no se conocía la fecha en que se iba a realizar la acción armada ilegal, cuando lo cierto es que las circunstancias que se presentaban en La Gabarra en ese entonces, mostraban como inminente la agresión paramilitar. Incluso, el capitán Mauricio Llorente así lo advirtió al acusado dos días antes del ataque.
Ninguna prueba revela la conclusión del Ad quem respecto de que la nocturnidad y las condiciones climáticas del lugar impedían realizar retenes permanentes, cuando ni siquiera el indagado ofreció tal excusa, y, por el contrario, éste y Mauricio Llorente fueron enfáticos en precisar que de noche se debía cumplir esa misión, porque “de noche es que se presentan los hechos”.
El fallador dio por cierto que el Ejército estaba en inferioridad numérica, cuando tal aspecto no fue probado. También demeritó a los declarantes con la afirmación de su percepción indirecta, “de oídas”, cuando lo cierto es que muchos de los aspectos narrados fueron observados personalmente. Concluyó como no probadas las relaciones de amistad entre los militares y las AUC, cuando varios declarantes las describen en casos concretos, percibidos directamente.
Específicamente alteró la declaración de Héctor Alirio Quevedo, no sólo en lo anterior, sino sobre la supuesta afirmación del testigo sobre que el retén no había sido levantado y que no comprometió al oficial investigado, cuado ello no es cierto, y, así, el Ad quem concluyó que el declarante contradecía a Magnolia Delgado, cuando ello sucedió exclusivamente desde el falseamiento del contenido de los testimonios.
A Gloria Zulay Maldonado la sentencia la puso a decir que sí hubo combate, aseveración que la testigo nunca hizo.
Impetra se case el fallo demandado y se condene al acusado.
EL MINISTERIO PÚBLICO
Recomienda casar la sentencia en los términos del cargo segundo de la demanda del representante de la parte civil y del único de la fiscalía. Sus motivos son:
Sobre la demanda de la parte civil.
Primer cargo (nulidad desde la acusación). La fiscalía imputó el resultado a título de coautoría impropia, con la prédica de la división de tareas, correspondiendo al acusado, como aporte, una conducta omisiva, quien habiendo obviado su posición de garante (estaba obligado a proteger la fuente del riesgo: impedir una anunciada incursión de las AUC), pasó por alto su misión de proteger a los habitantes y mediante diversos actos positivos permitió el accionar delictivo.
El fallo, entonces, entendió equivocadamente que la acusación circunscribió el cargo a título de comisión por omisión, pues los actos de olvido simplemente se anunciaron como forma de su participación en la empresa criminal, luego las aisladas referencias a la posición de garante no dejaron de lado que los cargos se formularon por conductas positivas.
La fiscalía no formuló una acusación abstracta. Por el contrario, ella cumplió con las exigencias legales, abordó la posición de garante, para concluir que, evadirla, fue el aporte del acusado al plan criminal, además de cargarle actuaciones positivas. Clara, expresa y reiteradamente imputó las conductas a título de dolo, no de culpa, como forma de culpabilidad. Por tanto, el pliego de cargos no fue anfibológico.
La censura no debe prosperar porque las posibilidades defensivas no fueron afectadas, luego esa garantía ni el debido proceso sufrieron lesión. El criterio del Tribunal sobre la supuesta contradicción de la acusación, no genera automáticamente el yerro denunciado.
Segundo (falso raciocinio). El Tribunal, previo a abordar el análisis de las pruebas, anticipó el alcance suasorio a que alude la demanda: catalogó a los testigos como de oídas, pues sus afirmaciones eran el resultado de rumores y comentarios. Al hacerlo, dejó de lado que todos refirieron diversos hechos, unos percibidos directamente y otros escuchados a terceros.
Testimonios de víctimas, familiares de éstas, del testigo único, de menores, de ancianos, de “testigos de oídas”, si bien ofrecen mayor dificultad para su apreciación, esa circunstancia, en sí misma, no comporta su desestimación, porque el legislador no estableció tarifa en ese sentido. A veces, por el contrario, es la única vía para establecer un hecho (piénsese en los delitos sexuales cometidos en ausencia de terceros).
Reseña las declaraciones de Margarita del Socorro Salazar, Héctor Alirio Quevedo Rangel, María Aseneth Pineda y los demás testimonios, entre los que especifica los de Jorge Enrique Gutiérrez Vaca, Ana Zoraida Delgado Salazar y Luis Andulfo Bueno Grimaldo, para resaltar que describieron varios eventos, algunos percibidos personal y directamente, y otros escuchados a terceros, y que el Ad quem omitió la valoración conjunta de las pruebas, que arrojaría como conclusión la coincidencia en varios aspectos.
El Tribunal construyó una premisa errada (descartar a todos los testigos por estar afectados), pues de ser ella cierta, todos los habitantes de La Gabarra estarían inhabilitados, como que una masacre tan cruel necesariamente impresiona a todo residente. Por el contrario, de hechos como el investigado solamente podían dar cuenta clara los lugareños, y si se tiene en cuenta que ese actuar ilegal organizado genera terror en los pobladores (circunstancia ratificada por el cambio de radicación decretado), lo que los lleva a negarse a rendir testimonio, cobran valor como coincidentes con la verdad, los relatos de quienes vencieron el miedo y accedieron a declarar.
Tras este análisis, admite como válida la premisa de la experiencia reclamada, según la cual en supuestos como el investigado, los residentes dijeron la verdad, y realiza una valoración probatoria conjunta, similar a la del casacionista, con quien concluye en la acreditación plena de la responsabilidad del acusado, por (a) haber levantado el retén inusualmente (situación incluso reconocida por el acusado), conducta que permitió el ingreso libre de los agresores; (b) la inexistencia de rastros del supuesto ataque a la base militar; (c) admitir sin rigor crítico el testimonio del oficial Mauricio Llorente Chávez, cuestionado porque días antes habría incurrido en situaciones análogas que permitieron la masacre de Tibú; y, (d) múltiples documentos en donde los pobladores daban cuenta de la actitud complaciente con los delincuentes por parte de los militares.
El Ad quem excluyó de su valoración una declaración de Iván Villamizar Luciani, Defensor Regional del Pueblo, que dio cuenta de la presencia de un helicóptero que era utilizado por Carlos Castaño.
Los relatos de oídas tampoco pueden ser descartados, pues los hechos recibidos de terceros son coincidentes y respaldados por otras pruebas, circunstancia que unida al terror provocado en la fuente original los hace admisibles.
Así, la prueba valorada racionalmente, como no hicieron las instancias, supera la duda, para llegar a la certeza de la colaboración activa del sindicado con el resultado al no ejercer la protección debida cuando contaba con efectivos militares para hacerlo.
La censura está llamada a prosperar.
Tercer cargo (falso raciocinio). No hay razonamiento errado porque el Tribunal sí abordó el tema de la posición de garante y la relacionó con la comisión por omisión, para concluir que el imputado no estaba en condiciones de realizar las acciones que posteriormente le fueron exigidas, habiendo concluido en la no demostración de la evitabilidad de la masacre.
El reproche debe ser desestimado.
Cuarto cargo (violación directa del artículo 25 del Código Penal). No hubo tal, porque el Tribunal concluyó como demostrado que el oficial realizó las actuaciones que estaban a su alcance para proteger a los ciudadanos, pero causas ajenas a su voluntad (la inferioridad numérica y la logística del combate) le impidieron hacerlo.
El cargo no prospera.
De la delegada de la fiscalía.
Cargo único (falsos juicios de existencia por omisión y de identidad). El Tribunal no hizo relación a toda la prueba documental que reiteradamente daba cuenta que la misión primordial del contingente del Ejército en general, y del procesado en particular, era realizar las acciones necesarias para proteger a la población y evitar la incursión armada que era anunciada públicamente. Pero la omisión no fue relevante, pues igual concluyó en ese sentido, aunque agregó que el acusado realizó las gestiones que estaban a su alcance.
Intrascendente también se presenta la exclusión de la indagatoria del general Alberto Bravo Silva y los oficios del Procurador Delegado para los Derechos Humanos, porque el Tribunal consideró acreditadas las circunstancias de que daban cuenta esas pruebas. Pero hacer lo mismo con el informe 318 lo llevó a desconocer que los superiores del indagado le habían ordenado estar alerta, advirtiéndole sobre la inminencia de un ataque a La Gabarra, demostrándose, por otra vía, que no se realizaron las acciones necesarias, en contra de la conclusión del Ad quem, pues los documentos dicen que los controles debían ser permanentes.
El Tribunal dedujo que el acusado hizo lo que podía y que por la logística de la guerra los retenes y controles no podían ser permanentes, pero los documentos decían que el compromiso oficial era realizar labores de vigilancia constantes, incluyendo la noche, tarea incumplida por el oficial acusado.
Entonces, la Corporación tergiversó su contenido. También erró con su afirmación sobre que la “toma” era un simple rumor, cuando el sindicado había sido advertido por sus superiores, conforme a la prueba excluida, de la inminente incursión armada.
También se equivocó, como se probó en el cargo de la parte civil, por haber distorsionado los testimonios y concluir que todas sus aseveraciones eran de oídas.
El cargo debe ser estimado.
CONSIDERACIONES
La nulidad.
El apoderado de la parte civil estima que el Tribunal ha debido invalidar la acusación, porque concluyó que los cargos no eran precisos ni concretos, toda vez que en punto del concierto para delinquir en unas oportunidades imputó participación activa y, en otras, por omisión. Además, el Ad quem afirmó que el comportamiento fue culposo, lo que lo inhabilitaba para condenar en esos términos, por respeto a la congruencia.
La censura no puede prosperar, porque el casacionista se apoya en la inferencia del Tribunal, pero no demuestra que la acusación hubiera incurrido en esa irregularidad, y la Sala, de común acuerdo con el Ministerio Público, concluye que la misma no tuvo ocurrencia.
En efecto, la resolución acusatoria dedujo la responsabilidad del procesado en el entendido de su coparticipación en el accionar del grupo delictivo, esto es, le imputó coautoría impropia, con base en la división funcional de la tarea delictiva, en la que correspondió al teniente Campuzano Vásquez, como su aporte a esa empresa criminal, una conducta omisiva.
La fiscalía, en especial la de primera instancia –el Ad quem avaló la decisión sin hacer agregados-, infirió que el sindicado era coautor porque su compromiso, cumplido, consistía en recoger a la tropa, no patrullar las calles, refugiarse en la base, simular un ataque y reunirse con las autodefensas, antes y después de la masacre, en las mismas instalaciones militares, todo lo cual, aclaró, lo hizo, no como una simple omisión a un deber legal, sino como un comportamiento positivo de acción.
Así resumidos los cargos de la acusación, se evidencia que la imputación expresamente apeló a la denominada coautoría impropia, fundada en un acuerdo previo y en el reparto de las misiones delictivas que debía desarrollar cada integrante del grupo. En el mismo contexto, la referencia tangencial de la fiscalía a que el imputado desconoció su posición de garante fue traída para concluir que se trataba de un aporte más a la ejecución del convenio delictivo.
En esas condiciones, las palabras del Tribunal son erradas, porque el pliego de cargos fue claro en sus imputaciones. Se descarta, entonces, cualquier lesión a los derechos de los sujetos procesales, específicamente de la defensa, porque conocieron con exactitud la imputación. Y lo mismo cabe decir respecto de la culpabilidad, pues enfática y reiteradamente se dedujo dolo, y jamás culpa.
La Sala concluye, así, de acuerdo con la Procuraduría, que la acusación no es abstracta ni anfibológica, y que una apreciación equivocada en sentido contrario por parte del Tribunal no genera el error denunciado. No es posible, entonces, retrotraer el trámite desde el acto de calificación.
El análisis probatorio.
Primero. El concierto para delinquir.
Por razones metodológicas, en principio, la Sala abordará el estudio conjunto del cargo segundo de la demanda del apoderado de la parte civil, que señala un falso raciocinio, y del cargo único de la delegada de la fiscalía, que relaciona falsos juicios de existencia y de identidad.
Se hace así, porque si le asistiera la razón a la señora Procuradora Delegada, quien recomienda casar el fallo por esos motivos, se tornaría innecesario abordar las censuras restantes de la parte civil.
El análisis, que en modo alguno incluye la demostración del tipo objetivo, como que sobre el mismo no existe duda ni hay cuestionamientos, exige el estudio de la totalidad del material probatorio y su confrontación con las afirmaciones plasmadas en la sentencia demandada.
Legalmente practicados, obran los siguientes testimonios:


  • Luis Arias Carrillo. Se encontraba en el pueblo. Durante el día vio cómo dos paramilitares dieron muerte a dos pobladores. En las horas de la noche, después que el Ejército “subió a la base”, como a los veinte minutos llegaron varios carros (un camión y un jeep) con ilegales, “de una vez echando plomo”, con gritos como: “¿No decían que no íbamos a llegar a La Gabarra? Aquí estamos milicianos H. P.”

En su presencia, los agresores dieron muerte y lesionaron a varias personas. Agregó que con antelación las AUC anunciaron que se “tomarían La Gabarra” y que el hecho lo cometieron con lista en mano de supuestos “colaboradores de la guerrilla”. Dijo que “esa gente está hace rato por acá porque hacen retenes cuando quieren”, que ejercían control sobre la base de coca procesada, la que quitaban a sus propietarios. Finalmente, aseveró que en el sitio “Vetas” había retenes de la guerrilla, de los paramilitares y del Ejército.


A estos hechos, percibidos directamente por quien resultó herido en ellos, adicionó que la gente comentaba que los de las AUC eran los mismos integrantes del Ejército, a quienes cuestionó que si la base estaba a unos tres minutos del pueblo, no hubieran comparecido, no obstante que los asesinos estuvieron más de una hora.


  • Leopoldo Manuel Acosta Hoyos. Observó, el 20 de agosto, que, vía aérea, varios hombres armados ingresaron a Tibú con el aval de los integrantes del puesto de control de la Policía Nacional.




  • Sonia del Carmen Montejo Álvarez. Vio llegar a los agresores en una camioneta, de la cual descendieron, entraron a bares y tiendas y se escucharon los disparos. Corrió por miedo y un impacto la lesionó; se escondió en un baño, del cual fue sacada y se la hizo tender en el piso, desde donde observó cómo se daba muerte a un hombre. Dijo que ese día el Ejército patrulló sobre el mediodía y que había un retén a la entrada del pueblo, donde “a veces el Ejército se la pasa ahí y otras no; esa tarde del día de los hechos el Ejército no estaba”. Relató que en el sitio Vetas, las AUC tenían un retén, “eso parece como un batallón esa vaina... a mí [me] consta”.




  • Similar es el testimonio de Daniel Antonio Bayona León, también lesionado. Agregó que los uniformados patrullaban el pueblo siempre, que a eso de las 8 ó 9 pasaban ordenando el cierre de los establecimientos en los que se vendía licor, pero que el día de los hechos no lo hicieron.




  • Dannys Esther Herrera Turizo igualmente resultó herida. Habló en idénticos términos. Aclaró que vio dos camionetas y que los soldados estuvieron como hasta las siete de la noche.




  • Jairo Cáceres Silva. Estaba durmiendo, lo sacaron del cuarto, lo hicieron tender en el piso y recibió dos disparos.




  • Francisco Javier Sosa Flórez, sacerdote, solamente escuchó los disparos y al otro día verificó las muertes.




  • La corregidora de La Gabarra, Magnolia del Socorro Delgado Salazar, rindió declaración el 24 de agosto de 1999. Dio cuenta de seis muertes el viernes, cuyos cuerpos le fueron llevados el sábado, día en el que a eso de las 8:15 de la noche escuchó los disparos. Afirmó que “la gente siempre decía que iba a haber una masacre por parte de las autodefensas”.

El 9 de diciembre de ese año, compareció a la fiscalía y explicó que en la ocasión inicial no relató la verdad, porque todo lo que había sucedido la había atemorizado. Además, terceras personas le informaron haber escuchado a miembros de las AUC decir que la tenían que matar.


Afirmó que no le constaba nada de la matanza por no haber presenciado los hechos, pero que los pobladores le dijeron que el teniente
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