Corte suprema de justicia



Descargar 362,1 Kb.
Página1/5
Fecha de conversión24.03.2017
Tamaño362,1 Kb.
  1   2   3   4   5
Proceso No 24448

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL


MAGISTRADO PONENTE

AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN

Aprobado: Acta No.170
Bogotá, D. C., doce (12) de septiembre de dos mil siete (2007).

MOTIVO DE LA DECISIÓN
Mediante sentencia del 21 de octubre del 2003, el Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca absolvió al señor Luis Fernando Campuzano Vásquez de los cargos que la fiscalía le había formulado por el concurso de conductas punibles de pertenencia a grupos de sicarios, hoy concierto para delinquir agravado, y homicidios con fines terroristas.
El fallo fue recurrido por el apoderado de la parte civil y los delegados de la fiscalía y del Ministerio Público y ratificado por el Tribunal Superior del mismo distrito judicial el 28 de abril del 2005.
Los representantes de la parte civil y de la fiscalía interpusieron casación, que fue concedida.
Recibido el concepto de la señora Procuradora Segunda Delegada en lo Penal, la Sala resuelve de fondo.

HECHOS
1. Durante lustros, especialmente a partir de la década de los 80, cuando se inició la construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas, en la región del Catatumbo, de la frontera colombo-venezolana, hicieron presencia grupos insurgentes, inicialmente el denominado Ejército de Liberación Nacional, ELN, que posteriormente compartió el territorio con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, toda vez que el sector se convirtió en un corredor económico estratégico, por el paso de las vías del transporte de hidrocarburos y del río, la riqueza minera, y porque en los corregimientos de La Gabarra y El Tarra (Tibú, Norte de Santander) había florecido el cultivo de la hoja de coca y eran sitios que permitían el fácil acceso a Venezuela.
2. En el año 1999, de manera pública, el jefe de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Carlos Castaño Gil, anunció la llegada de un contingente de sus hombres, con la finalidad de “recuperar la zona” y dar muerte a todos los “colaboradores de la guerrilla”, amenaza que se concretó y desde entonces fueron frecuentes los asesinatos y la intimidación a la población, lo que desencadenó su desplazamiento, incluso hasta el país vecino. Igualmente avisó que incursionaría en La Gabarra.
3. Aproximadamente a las 8 de la noche del 21 de agosto de 1999, un número indeterminado de hombres armados, que se transportaban en vehículos, vestían prendas de uso restringido de las fuerzas armadas y uniformes azules y portaban insignias de las AUC, hicieron presencia en La Gabarra, por espacio aproximado de dos horas recorrieron sus calles, cantinas, billares, hoteles, residencias y, de manera selectiva, con lista en mano, causaron el deceso a cerca de 27 personas.
Como el grupo ilegal había hecho público su plan delictivo y varias entidades y autoridades denunciaron la previsible “toma” de La Gabarra, para proteger a la población y velar por el orden público había sido designado un contingente del Ejército Nacional al mando del entonces teniente Luis Fernando Campuzano Vásquez.
El oficial no salió en defensa de la ciudadanía, se quedó en la base militar y explicó que ello obedeció a que en el mismo momento en que ocurría la masacre, fue objeto de un ataque, que lo obligó a su defensa y le impidió dejar el lugar.
Sin embargo, varias personas afirmaron que tal acto agresivo no ocurrió o que fue simulado. También indicaron que previo a la incursión armada, el teniente había quitado el retén permanente que tenía instalado y omitido los controles normales, lo que habría permitido el ingreso de los delincuentes. Además, que había una connivencia previa y habitual de los militares con estos, a quienes se permitía su accionar en la región, con la instalación de retenes y patrullajes ilegales frecuentes, que no merecían reparo ni repulsa de la fuerza oficial.
Por esas circunstancias se dispuso la vinculación de Campuzano Vásquez.
Las víctimas respondían a los nombres de César Arturo Quintero, Evelio Quintero Suárez, Liznel Grimaldo Ortiz, Juan José Molina Barrera, Víctor Julio Muñoz Daza, José Benedicto Duarte Bermúdez, Lercer Vargas Alvis, Alfonso Mejía Bonilla, Orlando Morales Rodríguez, Humberto Quintero Santander, Eugenio Marín Bedoya, Elizabeth Umbarila Laguado, José Alfonso Cacua Garcés, John Jairo Romero Roa, Eulogio García Ruiz, Humberto Becerra, Gabriel Ángel Ortiz Rodríguez, José Joaquín Losada Espinosa, Yolanda Stella Sánchez, Alfonso Rojas Rozo, José Guillermo Serrato Hernández, Ramiro Rojas Medina, Pedro Cadena Peñalosa y cuatro hombres más sin identificar.
El 24 de agosto, una comisión interinstitucional, integrada por delegados de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, del Ministerio del Interior y de Justicia, de la Fiscalía General de la Nación, de La Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo y de una organización no gubernamental dio cuenta de un total de 29 víctimas: 21 en el área urbana y 8 en la vereda Caño Lapa, ubicada en el kilómetro 42.
ACTUACIÓN PROCESAL
Adelantada la investigación, el 28 de febrero del 2001 un delegado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación acusó al procesado como responsable del concurso de conductas de pertenencia a grupos de sicarios, previsto en el artículo 2° del Decreto 1194 de 1989, que fuera adoptado como legislación permanente mediante el artículo 6° del Decreto 2266 de 1991, y de múltiples homicidios con fines terroristas, descritos en los artículos 323 y 324 del Código Penal de 1980.
La decisión fue recurrida y ratificada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, el 6 de julio siguiente.
Luego fueron proferidas las sentencias ya indicadas.
LA ACUSACIÓN
Concluyó en la responsabilidad del procesado, con fundamento en las siguientes razones:
1. Las pruebas demostraron que en el corregimiento de La Gabarra desplegaron su actividad delictiva miembros de las AUC, que causaron múltiples asesinatos y terror en la población, que se vio obligada a desplazarse.
2. Los delincuentes actuaban de manera pública: realizaban retenes y patrullajes, y el Ejército, al mando del teniente Campuzano Vásquez, nada hizo por impedirlo.
3. Del testimonio de Héctor Quevedo Rangel surgía que miembros del Ejército coparticiparon en la acción violenta, porque cuando ésta comenzó, se encontraban en las calles. Además, que en horas del día militares y “paramilitares” patrullaban conjuntamente la zona, cuyos moradores así se lo contaron al testigo.
4. La religiosa María Aseneth Pineda y la señora Gloria Zulay Maldonado afirmaron que el Ejército ni siquiera requisaba a los “paramilitares”, que transitaban por el pueblo.
5. Era de público conocimiento que los delincuentes iban a actuar contra La Gabarra, que era centro de acopio de droga y había sido escenario de otras muertes, pero los militares, comandados por el procesado, nada hicieron por evitar el hecho.
6. Por oposición a lo que se esperaba, el procesado ordenó a la tropa refugiarse en la base a eso de las 7:30 de la noche, sin siquiera avisar a sus superiores sobre la necesidad de defender a la población.
7. El Ejército tenía instalado un retén permanente, pero el día de la masacre fue levantado, según lo declaró Quevedo Rangel.
8. Varias de las víctimas declararon que algunos de los militares, que previamente realizaban requisas entre los moradores, actuaron en las muertes.
9. El acusado afirmó que colaboraba con las autoridades civiles en el control de los establecimientos, razón por la cual patrullaba el poblado. Este procedimiento necesariamente debía realizarlo también en horas nocturnas, luego si la noche nefasta no hizo ese patrullaje y se refugió en la base, se infiere su compromiso criminal.
10. De la versión de Quevedo Rangel surgía que con el defensor del Pueblo constataron que la base militar no sufrió daño alguno, circunstancia ilógica, pues los descargos hablan de un ataque armado en su contra. En el mismo sentido se pronunció el alcalde de Tibú, Raúl Centeno Porras.
11. El testigo Quevedo Rangel agregó que el ataque no existió, que fue simulado (se hacían disparos desde la base y al aire y se lanzaron algunos explosivos hacia el río) y que el oficial dijo que no había salido en defensa de los ciudadanos para no exponer a sus soldados. El montaje también fue referido por muchos pobladores, residentes cerca de la base, a Ana Zoraida Delgado Salazar, quien así lo testificó a la fiscalía.
12. El teniente Campuzano Vásquez fue informado que las “autodefensas” habían citado a los campesinos de la región para darles instrucciones, y ninguna acción tomó.
13. Quevedo Rangel también dio cuenta que unos dos meses previos a la masacre el oficial acusado fue interrogado sobre las razones por las que no actuaba contra los paramilitares y solamente respondió que “el que la deba que la pague”, que iba a velar por el casco urbano y no a pelear con ellos. En el mismo sentido, la Corregidora Magnolia del Socorro Delgado Salazar dio cuenta del enojo mostrado por el imputado cuando en otra reunión se le hizo similar cuestionamiento, denotándose su compromiso penal.
14. La explicación del teniente Campuzano sobre la supuesta presencia de una persona en la base para informarle que el puente había sido dinamitado resultaba inadmisible, pues en medio de un enfrentamiento como el descrito, nadie podía acceder a ese lugar, además de presentarse absurdo que se le creyera al desconocido sin ningún tipo de verificación.
15. La declaración de la Corregidora Magnolia del Socorro Delgado Salazar, por sí sola resultaba suficiente para concluir en la responsabilidad del oficial, pues conocía la zona por residir de tiempo atrás en ella y el mismo sindicado la corrobora en algunos aspectos, como cuando admite que con ella coordinaba diversas actividades. Contó que el retén permanente fue levantado el día de la masacre (así también lo afirmó Bueno Grimaldo) y que se ordenó a la tropa recluirse en la base, cuando era frecuente que patrullaran el pueblo hasta que los establecimientos públicos cerraban.

La testigo también afirmó que en los hechos participaron los militares que el mismo día habían requisado a los pobladores, y que también lo hicieron los narcotraficantes, que iban vestidos de azul, aspecto que fue ratificado por una grabación interceptaba a Daniel Gómez, por la mayoría de los declarantes, por el propio Carlos Castaño Gil y por Alirio Quevedo, quien en declaración describió que el acusado los reunió y advirtió que podían seguir trabajando en esa actividad delictiva, pero que el que fuera cogido se atuviera a las consecuencias.


La declarante dio cuenta de los últimos aspectos, porque los pobladores se los refirieron, como también que quienes pretendieron huir por el río se frustraron ante las bombas que el Ejército lanzaba desde la base militar. En el mismo sentido declaró Luz Ángela Salazar.
La testigo describió cómo en una ocasión previa intentó concertar una cita con el oficial procesado y no le fue posible porque se le dijo que estaba en una reunión importante, que según comentario general era con Carlos Castaño Gil (de este hecho también dieron cuenta Bueno Grimaldo y Quevedo Rangel, quienes describieron la presencia de un helicóptero que transportaría al “comandante paramilitar”). Además, con posterioridad a los hechos, personalmente observó en la sede del Ejército uno de los vehículos que usualmente era utilizado por los paramilitares.
16. Luis Arnulfo Bueno Grimaldo declaró que era común ver a las “autodefensas” en compañía de los militares y que estos visitaban a sus integrantes en el puesto de salud, además de haber observado la camioneta de los delincuentes dentro de la base oficial, antes y después de los asesinatos. Esta prueba directa demostraba la coautoría del acusado, además de estar ratificada, en el último aspecto, por José Joaquín Delgado Salazar.
17. José Ramón Correa, Rafael Antonio Arciniegas Meza y Jorge Enrique Gutiérrez Vaca describieron la ausencia de patrullaje la noche de los hechos. El último, así como Orlando Avendaño y José Joaquín Delgado Salazar agregaron la común actividad de las autodefensas sin control oficial, en tanto que Manuel de Jesús Pinilla Camacho dio cuenta que algunos soldados reconocían que tenían “que andar con los paramilitares” y que incluso portaban brazaletes con las insignias de las AUC.
Así se demuestra que el oficial cumplió con su compromiso la noche de los hechos, consistente en recoger la tropa, no patrullar las calles, refugiarse en su base, simular un ataque y haberse reunido con las autodefensas, antes y después de la masacre, en las propias instalaciones militares, circunstancias que lo hacen coautor de los delitos, porque no hizo nada, no como una simple omisión a un deber legal, sino como un comportamiento positivo de acción por omisión, toda vez que tenía una posición de garante y estaba en posibilidad real de impedir el resultado.
Para ratificar la acusación, la Fiscalía delegada ante el Tribunal se limitó al tema propuesto en la apelación: la posibilidad de invalidar lo actuado.
LAS SENTENCIAS
De primera instancia.
Declaró la duda probatoria insalvable, por las siguientes razones:
1. No existe prueba alguna que señale que el acusado pertenecía al grupo armado ilegal y resulta insólito que se infiera tal cosa a partir de la exclusiva circunstancia de haber levantado un retén en horas no acostumbradas, unida a la conjetura sobre la inexistencia del ataque bélico a la base militar.
Esas conclusiones se soportan exclusivamente en testimonios de oídas, que de paso son sospechosos (algunos los rindieron familiares de las víctimas, otros, personas como la corregidora Magnolia, con sentimientos adversos al Ejército), y una prueba indiciaria baladí.
2. La posición de garante, que debe ser jurídica y no moral, no es suficiente para edificar sobre ella un delito de resultado a título de comisión por omisión.
Esa postura debe ser concreta, no abstracta, e imputable en cuanto quien la ostenta crea o aumenta un riesgo, contexto dentro del cual el oficial del Ejército no era garante de la vida de todos los residentes en La Gabarra, pues tal deber solamente lo asumió formal, no materialmente.
3. No se le podía exigir que con un reducido grupo de hombres saliera de la base que era agredida y pusiera en peligro la vida de los soldados, a quienes debía proteger, porque no estaba obligado a afrontar un riesgo impredecible, pues si bien el asalto al poblado fue anunciado, nunca se avisó el día y hora exactos.
4. La testigo “estrella” de la fiscalía, la corregidora Magnolia del Socorro Delgado Salazar, no es tal, porque, aparte de su interés en el proceso, dada su inclinación en contra de los militares (había sido amenazada por su simpatía con los subversivos y varios familiares perdieron la vida en los cruentos sucesos), en su primera versión solamente señaló hechos producto de rumores, nada había percibido directamente, pero ya en una ampliación dijo estar atemorizada, que nada le constaba, pero que los pobladores sindicaban al oficial de haber levantado la tropa dispuesta a la entrada del pueblo y agregaban que los soldados que patrullaban y requisaban de día ayudaron a cometer las muertes.
5. Las imputaciones al procesado son el resultado de un rumor público lleno de confusión, pues no hubo un solo testigo que, respecto de las sindicaciones al oficial, dijera haber presenciado directamente sus actuaciones.
6. De la declaración de Héctor Alirio Quevedo Rangel, ex soldado y agricultor, se advierte que no vio nada, que terceros le contaron que lo acaecido había sido de común acuerdo entre los militares y las AUC, que muchas cosas las supone por su experiencia, como su afirmación sobre que el Ejército no adoptó ninguna medida de seguridad.
7. No existe una sola declaración que bajo juramento hubiera señalado haber visto personalmente al teniente Campuzano Vásquez y/o a sus soldados saludarse fraternalmente con los delincuentes.
8. El testimonio de la religiosa María Aseneth Pineda Ortiz igualmente alude a que “yo no vi”, sino que “otros dicen” que el Ejército estuvo involucrado en el crimen.
Sucede que el dolor y la humillación sufridos llevan a las personas a narrar hechos, no como relatados a ellas por terceros, sino como si los hubieran vivido realmente.
9. Nada diferente acontece con el relato de Gloria Zulay Maldonado, quien dio cuenta de haber escuchado disparos hechos desde la base militar y que ese día no hubo patrullaje oficial. Además, la testigo refutaría a quienes negaron el ataque a las instalaciones del Ejército.
10. Si bien el general Bravo Silva explicó que envió a la tropa para proteger a los habitantes de La Gabarra, es obvio que simultáneamente prevalecía el deber del teniente acusado de velar por sus subordinados.
11. Los señalamientos del Defensor del Pueblo regional, sobre la ausencia de ataque a la base militar, eran inverosímiles, porque, como bien lo explicó el sindicado, tenía interés en el proceso, pues representaba a los grupos más agobiados y tenía una mirada desconfiada contra el Ejército, en contra del que siempre hizo críticas. Además, en grabaciones anexas consta que la agresión fue real y fue ratificada por los soldados, como también por el general Mauricio Llorente Chávez, quien está fuera de toda sospecha, y afirmó que, por radio, el sindicado le informó la agresión, en el momento en que se producía.
12. El levantamiento del retén militar, horas antes de lo acostumbrado, obedeció a la estrategia propia de la guerra, pues se trataba de un paraje solitario y la rutina podía poner en peligro a los soldados.
13. La hoja de vida del acusado indicaba que estaría ajeno al patrocinio de la ilegalidad.
En esas condiciones, sus explicaciones, unidas a las de sus soldados y comandantes, resultaban admisibles, respecto del enfrentamiento de deberes, pues estaba obligado a defender a los pobladores, pero también a sus soldados e hizo prevalecer este derecho.
14. No resultaban admisibles varias declaraciones acopiadas momentos inmediatamente siguientes a los hechos y que no pudieron ser controvertidas, ya por muerte de los testigos, ora por haber abandonado el país, o bien por su negativa a presentarse ante la justicia.
De segunda instancia.
En forma unánime sobre los homicidios, pero mayoritaria respecto del concierto para delinquir (una magistrada salvó parcialmente el voto, pues estimó probada la responsabilidad), el Tribunal ratificó la absolución. Luego de estudios teóricos extensos sobre la posición de garante, la coautoría impropia, las conductas de comisión por omisión, afirmó:
1. Se demostró la existencia de una situación de riesgo, pero originada en factores de imprudencia (culpa), circunstancia que excluía la condena, toda vez que la imputación fue a título de dolo.
En efecto, el teniente no tenía la posibilidad material de repeler el ataque en contra de la población civil, por ausencia de personal que le permitiera defender a todas las gentes, prevaleciendo su deber de proteger a los uniformados, según las reglas de la guerra.
2. La situación sufrida hace que los declarantes no sean totalmente neutrales, además de los nexos de varios de ellos con algunas víctimas.
3. De la declaración de Magnolia del Socorro Delgado Salazar resalta aquellos apartes que afirman que no fue testigo presencial y que todos los hechos que describió (que el retén permanente fue levantado el día de los hechos, que en la base militar ingresaba una camioneta utilizada por los paramilitares, que estos mantenían buenas relaciones con los uniformados, que la base no fue atacada) fueron de oídas, por comentarios de terceros, de donde ninguna imputación directa surgía contra el acusado.
4. Reseña el testimonio de Héctor Alirio Quevedo Rangel y concluye que en su generalidad refleja únicamente el concepto, el criterio personal del declarante y comentarios de oídas, de los que no identifica la fuente, pero es claro en contradecir a la anterior, porque afirma que el retén no fue levantado, que hubo una falla en el alumbrado público y que el Ejército patrulló las calles hasta cerca de las ocho de la noche.
5. Similares razones presenta sobre la religiosa María Aseneth Pineda, quien dijo no haber salido de su habitación, luego no pudo percibir directamente lo acaecido.
6. Iguales conclusiones deriva de las versiones de Gloria Zulay Maldonado, Wilson Peñalosa Santander, José Ramón Correa, Rafael Antonio Arciniegas Mesa, Luis Andulfo Bueno Grimaldo, Ana Zoraida Delgado Salazar, Luz Ángela Salazar, Jorge Enrique Gutiérrez Vaca, Manuel de Jesús Pinilla Camacho, Orlando Avendaño y José Joaquín Delgado Salazar. Los dos primeros, además, afirmaron que el Ejército sí respondió el fuego desde la base militar.
7. Hace una relación de los testimonios de los militares José del Carmen Leal Ortega, Mauricio Llorente Chávez y Luis Antonio Mora Chaustre, quienes dieron cuenta de la existencia real del ataque y de su actitud, y la del acusado, de repeler el mismo dentro de la guarnición, habiéndose encontrado rastros de los disparos y explosiones, así como que los retenes eran esporádicos.
8. Dentro de la lógica de la guerra, dice el Tribunal, los retenes no podían ser permanentes sino esporádicos, luego si hubo levantamiento (lo cual está en duda) no puede ser deducido como ayuda al grupo ilegal, máxime cuando algunas versiones dijeron que los paramilitares estaban en la región desde horas anteriores.
9. Testimonios y documentos demostraron que sí hubo acciones militares efectivas para contrarrestar a los ilegales, a pesar de no contar con una capacidad numérica suficiente. Y si bien se rumoraba una “toma”, no se demostró que se hubiese concretado la fecha.
10. Respecto de la existencia o no de un ataque a la base militar, el levantamiento del retén, la inexistencia de patrullaje el día de los hechos, la amistad militar con los agresores, obraban tesis encontradas, sin comprobación, además de versiones que daban cuenta del aislamiento que sufrieron los soldados, estando obligado su comandante a proteger su integridad.
LAS DEMANDAS
Del apoderado de la parte civil.
Formula cuatro cargos. Así los presenta y desarrolla:
Primero. Causal tercera, nulidad. El Tribunal concluyó que la acusación no contenía cargos precisos y concretos, en lo relacionado con el título de la imputación, pues en punto del concierto para delinquir en unas oportunidades habló de participación por acción, en otras de omisión, a veces de comisión por omisión e, incluso, de culpa. El Ad quem concluyó que la actuación del procesado originó un riesgo, pero por imprudencia (culposo), no por dolo, circunstancia que impedía condenar, porque los cargos no fueron formulados en ese sentido.
Si ello era así, la segunda instancia debió anular el trámite, porque la acusación no habría precisado los límites dentro de los cuales se desarrollaría el juzgamiento. En este evento no procedía, como pudiera pensarse, emitir fallo por el delito imprudente, pues ello habría sorprendido a las partes y desconocido la acusación.
Solicita la invalidación desde la resolución acusatoria.
Segundo (subsidiario). Causal primera, segunda parte, violación indirecta de la ley sustantiva, por error de hecho motivado en falso raciocinio, porque la valoración judicial contrarió las máximas de la experiencia y la lógica.
Los jueces, para descalificar a los testigos de cargo, generalizaron sobre sus sentimientos contrarios al Ejército y sus vínculos con las víctimas, cuando lo cierto es que sólo uno de ellos es familiar cercano de uno de los occisos, circunstancia que, además, no es suficiente para menospreciar y rechazar los sólidos señalamientos. Además, la experiencia indica que en la mayoría de los casos las víctimas o afectados son quienes pueden brindar información útil y veraz para esclarecer un hecho.
Ese modo de apreciación lo que hizo fue establecer una especie de tarifa probatoria, consistente en que si se trata de testimonios de referencia y hay nexos con las víctimas, los mismos son inocuos y de ninguna validez. También se negó eficacia a un señalamiento por el simple hecho de que otro medio de prueba indicaba lo contrario, cuando la lógica y la razón imponían dilucidar cuál era cierto.
Los fallos analizaron los dos comportamientos (los homicidios y el concierto) como un todo, cuando lo cierto es que las pruebas para demostrar cada uno eran diferentes, pues no apuntaban a verificar que directamente constataron que el oficial participó en las muertes, sino que conocieron por sus sentidos hechos que sirvieron para inferir que era co-responsable de las ilicitudes.
La inmediación no estaba referida a los asesinatos, sino a la codelincuencia en los días previos, y cada declarante, si bien espontáneamente hizo alusión a dichos de terceros, también contó eventos presenciados directamente, pero el Tribunal los descartó como un todo, sin hacer los deslindes necesarios.
Así sucedió con Magnolia del Socorro Delgado Salazar, a quien directamente le consta que los soldados toleraban y fomentaban la presencia de los paramilitares, y a quien personalmente el oficial acusado (que se refiere en buenos términos de la testigo, descartándose entre ellos algún grado de enemistad) le dijo que el patrullaje normal se levantó ese día por errores de coordinación, pues la tropa se fue a comer sin que previamente esperase el relevo. Esta constatación directa niega la excusa del procesado, pues a la justicia entregó explicaciones diferentes. La declarante, directamente también, presenció el ingreso a la base militar de vehículos utilizados por los ilegales.
Similares cuestionamientos sobre el declarante Quevedo Rangel igualmente son desacertados, porque éste describió hechos percibidos directamente, como que el retén era permanente, que el teniente Campuzano Vásquez le dijo que no había repelido el ataque porque “le habían dicho que el puente estaba dinamitado”.
Los demás testigos, también rechazados por ser “de oídas”, a su vez describieron algunos hechos relatados por terceros, pero otros percibidos directamente, como el ilegítimo matrimonio Ejército-paramilitares, sus relaciones de camaradería que permitían a los últimos transitar tranquilamente. Igualmente refirieron el levantamiento temprano del puesto de control, la ausencia del patrullaje habitual, la inexistencia de rastros del supuesto ataque a la base militar y la obstinada renuencia del indagado para combatir y neutralizar al grupo ilegal que mantenía bases y retenes públicos en la región.
El propio acusado, además, admitió que los patrullajes los realizaba también en horas de la noche. Por la misma línea, contraría la razón que si hubo enfrentamiento en “fiero combate”, los contrincantes no hubieran sufrido bajas, ni siquiera un rasguño, en tanto que si se miran las escasas muestras: unos cuantos disparos y dos huecos, se confirman las versiones que dieron cuenta de un ataque simulado.
No puede admitirse sin cuestionamiento la prueba de la agresión, proveniente de militares, porque debe tenerse en cuenta la “solidaridad de cuerpo”, propia de estructuras uniformes y jerarquizadas como las fuerzas armadas, omisión que comporta un procedimiento valorativo arbitrario, porque los testigos de cargo fueron rechazados con el único argumento de sus nexos con las víctimas, en tanto que a los de descargo no se les polemizó aquella circunstancia, máxime que no se consideró que uno de ellos, el oficial Llorente Chávez, era procesado por una masacre similar, la de Tibú, en donde ofreció una excusa igual a la esgrimida por el teniente Campuzano Vásquez, y coincidencialmente el “ataque” que le impidió reaccionar lo “probó” en idéntica forma.
El concierto para delinquir no fue imputado, como equivocadamente dedujo el Tribunal, por el levantamiento del retén y la ausencia de patrullaje la noche de la masacre, sino por la relación amistosa y los vínculos del procesado con las AUC, cuya actuación favorecía.
La conclusión sobre las acciones positivas del oficial contra los integrantes de las AUC, pasó por encima del testimonio del ex paramilitar Geovanny Velásquez Zambrano, quien describió cómo Ejército e irregulares “fabricaban” éxitos operativos (“positivos”), asesinando campesinos a los que disfrazaban de paramilitares para publicitarlos como delincuentes caídos en combate. Además, el operativo mostrado por el procesado en su intervención final, no fue dirigido ni ordenado por él y ocurrió con posterioridad a la masacre investigada.
La utilización de helicópteros que aterrizaban en la zona y en donde se transportaba Carlos Castaño, no fue invención de testigos delirantes, como esbozó la sentencia, sino que ese hecho lo probaron diversos documentos, incluso provenientes del Ejército.
Pide que la absolución sea mudada por condena.
  1   2   3   4   5


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal