Corte suprema de justicia sala de lo contencioso administrativo



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Jurisprudencia Administrativa 2005

RO Nº 495, 3 de enero de 2005


No. 234-04

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Quito, a 18 de agosto de 2004; las 08h00.



VISTOS (313/2002): Auster Velásquez Navarrete, inconforme con la sentencia dictada por el Tribunal Distrital No. 4 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Portoviejo, que declara sin lugar la demanda planteada en contra del Banco Nacional de Fomento, interpone recurso de casación alegando que al dictar la sentencia se han infringido las normas de derecho contenidas en los artículos 97 de la Constitución Política de la República; 38 de la Ley de Modernización del Estado y la Regulación 01-91 dictada el 29 de mayo de 1991 por el Directorio del Banco Nacional de Fomento, habiéndose configurado, a criterio del recurrente, la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. Concluida la sustanciación y encontrándose la causa en estado de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver este recurso en virtud de lo que disponen el artículo 200 de la Constitución Política de la República y la Ley de Casación que regula su ejercicio. SEGUNDO: En la tramitación del recurso se han observado todas las solemnidades inherentes a él, por lo que se declara su validez procesal. TERCERO: El actor, al fundamentar el recurso manifiesta que es por “ERRONEA INTERPRETACION DE NORMAS DE DERECHO INCLUYENDO LOS PRECEDENTES JURISPRUDEN-CIALES OBLIGATORIOS EN LA SENTENCIA O AUTO, QUE HAYAN SIDO DETERMINANTES EN SU PARTE DISPOSITIVA” y que lo fundamenta en el “Numeral primero, Causal Tercera del artículo 3 de la Ley de Casación”, para luego señalar que las normas de derecho infringidas son las contenidas en los artículos 97 de la Constitución Política de la República, 38 de la Ley de Modernización y la Regulación 01-91 dictada por el Directorio del Banco Nacional de Fomento. Al acusar de errónea interpretación, es obvio suponer que la norma señalada como tal debió ser tomada en cuenta en la sentencia, vale decir, fue el fundamento para la decisión de Tribunal de instancia; de no haber sido ni mencionada en el fallo, mal pudo acusarse de que ha sido erróneamente interpretada. Ese es el caso del artículo 97 de la Constitución Política; dicha norma no ha sido mencionada en la sentencia, por lo que tampoco ha sido interpretada ni correcta ni incorrectamente. Es más, dicha disposición constitucional que se compone de un inciso y veinte numerales y que trata de los deberes y responsabilidades de todos los ciudadanos, no tiene relación alguna con el asunto materia de la litis. Del contexto del recurso, parece que el actor quiso referirse al artículo 196 de la Norma Suprema, el que prescribe que “Los actos administrativos generados por cualquier autoridad... podrán ser impugnados ante los órganos de la Función Judicial...”. Precisamente reconociendo este derecho el Tribunal Contencioso Administrativo Distrital No. 4 ha acogido, ha sustanciado y ha fallado su recurso subjetivo o de plena jurisdicción; por tanto, tal acusación es absurda y carece totalmente de fundamento. CUARTO: Acusa también de errónea interpretación del artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado, señalando al respecto que dicha disposición “establece muy claramente que para demandar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, NO ES NECESARIO AGOTAR LA VIA ADMINISTRATIVA...”. Revisada la sentencia, el Tribunal a-quo lo que manifiesta es que el oficio No. 170 del 22 de noviembre del año 2000 suscrito por el Gerente Regional Centro Occidente del Banco Nacional de Fomento “no constituye resolución de último nivel administrativo” y que habiendo sido impugnado el contenido de dicho oficio, éste no “reviste las características de acto administrativo susceptible de acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción o subjetivo”. Por tanto el asunto se contrae a establecer si el oficio No. 170 de 22 de noviembre del 2000 dirigido al actor por el Gerente Regional Centro Occidental del Banco Nacional de Fomento que consta a fojas dos del proceso, es o no un acto administrativo. Al respecto vale referirse al artículo 65 del Estatuto del Régimen Jurisdiccional y Administrativo de la Función Ejecutiva que recogiendo los criterios doctrinales de los tratadistas como Eduardo García de Enterría, Ismael Farrando y Patricia R. Martínez, entre otros, define que: “ACTO ADMINISTRATIVO.- Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa”. En esta norma encuéntranse los requisitos que debe contener un acto administrativo, vale decir, los elementos esenciales o fundamentales. El primer elemento, como lo señala Eduardo García de Enterría, es que la declaración emane “del titular de la potestad de cuyo ejercicio se trate para dictar el acto” (Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Editorial Civitas S. A., Madrid, 1997, p. 541); esto es que el acto debe ser dictado por el órgano competente de lo contrario, dicho acto no crea o modifica situaciones jurídicas, o como reza la norma transcrita no “produce efectos jurídicos... en forma directa”. En el caso sub júdice, el actor dirige su petición a un funcionario que no es el representante legal de la entidad demandada, y por tanto no es la autoridad competente para resolver lo solicitado y en el supuesto que dicho funcionario hubiese aceptado el pedido, el mismo no hubiese producido efectos jurídicos, salvo obviamente, que el Gerente General, habría ratificado la aceptación. Es más, del proceso no aparece pronunciamiento alguno del funcionario competente que podría llevar a la conclusión que existe negativa de ésta a la petición del actor presentada al Gerente Regional Centro Occidental del Banco Nacional de Fomento. En conclusión, el oficio en el que el actor ha fundamentado su recurso contencioso administrativo no contiene un acto administrativo, como lo afirma el Tribunal “a quo”. Consiguientemente, sin otras consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso de casación interpuesto. Sin costas.- Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo) Dres. Luis Heredia Moreno, José Julio Benítez A. y Clotario Salinas Montaño, Ministros Jueces y Conjuez Permanente, respectivamente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

RAZON: Las tres copias que anteceden son iguales a su original.- Quito, a 14 de septiembre del 2004.

Certifico.



f.) Dra. María del Carmen Jácome O., Secretaria Relatora de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

No. 235-04

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Quito, a 18 de agosto del 2004; las 09h00.



VISTOS (341-2002): El abogado Luis Olmedo Zumba Juela, en calidad de delegado del Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación interpone recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil, que acepta la demanda planteada por David Orlando Aguas Aguirre. Aduce que se han infringido, por falta de aplicación, las normas de derecho contenidas en los artículos 94 y 99 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, lo que, a su entender ha configurado la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación. También funda el recurso en la causal tercera de la mencionada disposición, pero no señala una sola norma como infringida ni adjetiva, ni sustantiva, como era su obligación, para la procedencia del recurso, por esta causal. Por último alega que existe contradicción en la resolución recurrida “...por cuanto en el considerando SEGUNDO de la misma, se hace constar que el accionante está protegido por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa al momento del CESE de sus funciones, y, en la parte resolutiva final dice “QUE NO HAY LUGAR AL PAGO DE LOS SUELDOS QUE HUBIERE PODIDO PERCIBIR EL ACCIONANTE PORQUE NO HA JUSTIFICADO SER UN FUNCIONARIO DE CARRERA...”. Encontrándose la causa en estado de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver este recurso en virtud de lo que disponen el artículo 200 de la Constitución Política de la República y la Ley de Casación que regula su ejercicio. SEGUNDO: En la tramitación del recurso se han observado todas las solemnidades inherentes a él, por lo que se declara su validez procesal. TERCERO: De conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado (artículo 5, letra b)) y la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (artículos 28 y 33), el patrimonio del Estado y por tanto la defensa de sus intereses así como de los organismos y entidades del sector público que carezcan de personería jurídica, correspóndele al Procurador General del Estado, quien podrá intervenir directamente o mediante delegación. En esa virtud, el actor ha solicitado que se cite con su demanda a dicho funcionario, y el Ministro de Sustanciación, al calificar la demanda, dispone que se cumpla con el pedido del actor y se cite al Procurador General del Estado, diligencia llevada a cabo como consta del proceso. CUARTO: En la especie, la acción se ha iniciado en contra de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, en la persona de su Director General, institución que carece de personería jurídica, razón por la cual, se ha citado también al Procurador General de Estado, quien compareció por intermedio del delegado distrital del Guayas proponiendo excepciones y luego ejerciendo la defensa en el juicio, como correspondía en derecho. Mas, el recurso de casación ha sido interpuesto por el Director General del Registro Civil, por intermedio de su delegado, organismo que como se indicó antes, carece de personería jurídica y por tanto carece de facultad legal para deducirlo. Si bien la demanda ha sido dirigida contra el personero de la menciona institución, al haber pedido se cite al Procurador General del Estado y así haberse procedido, se ha evitado la nulidad, toda vez que se ha dejado en claro que el representante legal del Estado y sus instituciones, es el mencionado funcionario. Con el Director General del Registro Civil se ha contado por haberse originado el acto administrativo en esa dependencia y con el fin de que, debidamente ilustrado con la acción que se sigue, impugnando el acto de su autoría, presente los fundamentos que le llevaron a tomar la resolución; pero ese acto procesal no significa de ninguna manera que otorgue personería jurídica a una entidad que carece de ella y que es una unidad administrativa del Estado; por tanto, el recurso ha sido de interpuesto a nombre de una institución administrativa del Estado que carece de personería jurídica, por lo que, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desecha el recurso de casación interpuesto. Sin costas.- Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. Luis Heredia Moreno, José Julio Benítez A., y Clotario Salinas Montaño, Ministros Jueces y Conjuez Permanente, respectivamente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

RAZON: Las dos copias que anteceden son iguales a su original.- Quito, a 14 de septiembre del 2004.

Certifico.

f.) Dra. María del Carmen Jácome O., Secretaria Relatora de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

No. 236-04

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Quito, a 18 de agosto del 2004; las 10h00.



VISTOS (22-2003): Demostrando su total y absoluto desacuerdo con el auto dictado el 28 de noviembre del 2002 por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, el actor, Dr. Jorge Izquierdo Aguilera interpone recurso de casación contra dicho auto, alegando que se han infringido las normas de derecho contenidas en los artículos 285, 299 y 301 del Código de Procedimiento Civil y 18 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y que a su entender, se han configurado las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, para hacerlo se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver este recurso en virtud de lo que disponen el artículo 200 de la Constitución Política de la República y la Ley de Casación que regula su ejercicio. SEGUNDO: En la tramitación del recurso se han observado todas las solemnidades inherentes a él, por lo que se declara su validez procesal. TERCERO: Mediante recurso subjetivo o de plena jurisdicción, Jorge Izquierdo Aguilera impugna los actos administrativos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS que aparecen en “la orden de pago constante en la liquidación; Boletín No. 117115 de 5 de mayo de 1999”, pretendiendo que se le paguen valores, que no se han tomado en cuenta en la liquidación, ya que se había retirado de dicha institución voluntariamente, acogiéndose al incentivo excepcional creado a favor de quienes querían acogerse a la jubilación. Tramitada la causa, el Tribunal de instancia dicta sentencia, aceptando parcialmente la demanda y disponiendo que el demandado pague al actor “el valor definido en el considerando décimo de esta sentencia en concepto de incentivo excepcional... así como efectúe la reliquidación y pago de los valores referidos en el considerando noveno de esta sentencia”. Inconforme con la sentencia, el representante legal del IESS interpone recurso de casación atacando la sentencia en la parte que ordena el pago del incentivo excepcional previsto en la resolución No. C.I 017-A dictada por la Comisión Interventora del IESS el 17 de enero de 1999, sin referirse en absoluto a la “reliquidación y pago de los valores referidos en el considerando noveno” relativo al descuento por concepto de permiso con cargo a vacaciones, que el juzgador había considerado un descuento indebido. Tramitado el recurso de casación, esta Sala casa parcialmente la sentencia, “sólo en cuanto la entidad demandada no debe pagar al actor el valor definido erradamente en el considerando primero de la sentencia casada, pues consta que el IESS pagó tanto la bonificación por jubilación originada en el contrato colectivo como el incentivo excepcional acordado en la Resolución C.I 017-A”. En cuanto a la otra pretensión del actor aceptada también en la sentencia, pese a que el IESS no se refiere en absoluto en el recurso de casación, la Sala expresamente se pronuncia sobre ella y “Se ratifica la resolución de la sentencia del “a quo” en cuanto a que se reliquide y pague al actor los valores referidos en el considerando noveno de la sentencia”, que se refiere al descuento indebido del IESS por tres días de permiso con cargo a vacaciones concedidas al actor, como “aparece en la columna crédito de contabilización aplicada a la cuenta No. 1428...”, descuento indebido “superior al que debió efectivamente efectuarse”, como lo afirma el Tribunal de instancia. Recibido el proceso por éste, mediante providencia de 25 de marzo del 2002 pone en conocimiento de las partes tal recepción con la ejecutoria superior, “para los fines legales consiguientes” que no son otros, que el cumplimiento por parte del demandado de lo dispuesto en sentencia y ratificado por esta Sala al fallar el recurso de casación. Mas, en lugar de proceder a reliquidar y pagar al actor los valores indebidamente descontados, correspondientes a tres días de permiso con cargo a vacaciones presenta un escrito al que adjunta una comunicación dirigida al Procurador del IESS por la Jefa del Departamento de Servicios Generales (encargada) y cuatro fotocopias de documentos, y en el que manifiesta que “...no se ha realizado ningún descuento indebido como afirma el recurrente al cargarle en la liquidación de haberes el rubro por concepto de vacaciones equivocadamente, en ese mismo boletín se le descuenta dicho valor, por cuanto como ya se dijo, al recurrente se le pagó mediante liquidación No. 00242” pidiendo “...el ARCHIVO de la acción...”. Acogiendo tal pedido, el Tribunal ejecutor de la sentencia declara en providencia de 8 de octubre del 2002 que “el IESS no adeuda valor alguno al actor...” providencia cuya revocatoria solicita el actor y al ser negada ésta en providencia de 28 de noviembre del mismo año, en la que declara además que el IESS ha demostrado la existencia de errores de cálculo, interpone recurso de casación, recurso cuya procedencia ha sido calificada, por estar el caso contemplado en el segundo inciso del artículo 2 de la Ley de Casación. CUARTO: El recurso acusa de errónea interpretación del artículo 299 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: “La sentencia ejecutoriada no puede alterarse en ninguna de sus partes, ni por ninguna causa; pero se pude corregir el error de cálculo.”. Esta disposición recoge lo que la doctrina denomina jus judicata o autoridad de cosa juzgada que conforme la define Eduardo J. Couture “...es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existan contra ella medios de impugnación que permitan modificarla” (Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Tercera Edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1966, pág. 401). Ahora bien, entre las características de la sentencia que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, está la de ser inmutable, es decir, como lo prescribe el artículo 299 de nuestro Código de Procedimiento Civil “no puede alterarse en ninguna de sus partes, ni por ninguna causa...”; pero la misma norma acepta que “se pueda corregir el error de cálculo”, que es precisamente lo que acepta el Tribunal a-quo para declarar que el demandado no adeuda valor alguno al actor por concepto de vacaciones. Qué es error de cálculo; la ley no lo define por lo que debe acudirse a los tratadistas y el Dr. Alfonso Troya Cevallos lo conceptúa como “...el cometido en el campo de las ciencias matemáticas y no en el campo jurídico. Jurisprudencia 3ª. 19.1386.- 3ª. 36.1519” (Elementos de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Tercera Edición, pág. 748, Fudelco Editores S. A.). En el caso, no se trata de error matemático, es decir que al calcular un valor no se ha aplicado correctamente una operación aritmética o matemática; se trata del pago por un concepto, vacaciones, que fue reclamado en la demanda y que al contestar la misma y proponer excepciones nada, absolutamente nada dijo el IESS, así como tampoco en el decurso de la prueba; y precisamente por ese silencio, por no aportar prueba alguna, el Tribunal de instancia y luego esta Sala dispusieron la reliquidación y pago por concepto de vacaciones declarando que tampoco se impugnó en el recurso de casación tal pago. De ahí que llama profundamente la atención que teniendo prueba documental en su poder como lo afirma ahora, el IESS irresponsablemente no haya presentado los documentos, dentro del respectivo término de prueba, para luego extemporáneamente en la ejecución de la sentencia, pretende aportar pruebas, que el juzgador de instancia debió rechazar de plano, pues con ello no demuestra sino, la falta de seriedad del demandado, la poca responsabilidad que ponen en el ejercicio de sus funciones y la falta de respeto a la Función Judicial, con la cual tienen obligación legal y moral de contribuir para la correcta administración de justicia. Con semejante criterio, lamentablemente aceptado por el Tribunal “a quo”, el demandado podría en cualquier juicio, un ejecutivo por ejemplo, al momento de ejecutarse la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, pedir al Juez de primera instancia, alegando error de cálculo, que le libere del pago porque, según él, el valor demandado ha sido ya cancelado mucho antes de presentada la demanda, adjuntando al efecto cualquier documento, lo cual es inaceptable por improcedente e ilegal. El proceso tiene etapas definidas y cada una su propio fin; la etapa probatoria es para que el actor pruebe los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio y ha negado el reo, y el demandado pruebe sus afirmaciones explícitas o implícitas; y “Sólo la prueba debidamente actuada esto es aquella que se ha pedido, presentado y practicado de acuerdo con la Ley, hace fe en juicio” (artículo 121 CPC). Además no se puede dejar pasar por alto, que el documento presentado por el IESS, que dice ser “Boletín de Vacaciones No. 00242 de 18 de febrero de 1999” es una simple fotocopia, sin firma ni sello de Tesorería, ni firma de quien recibió conforme y llama la atención que la liquidación aparece en dólares, cuando el país aún no estaba dolarizado; en cambio las liquidaciones que también acompaña, de fecha posterior, 4 de mayo de 1999, los valores aparecen en sucres, lo que puede llevar a sospechar y dudar de su autenticidad. Por tanto, no se trata de un error de cálculo de la sentencia, sino de una alteración de la misma, por parte del Juez inferior. QUINTO: En cuanto a la violación de artículo 18 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que establece el pago de dos remuneraciones a favor del servidor que se acoja al beneficio de la jubilación, la Sala se abstiene de conocer, en primer lugar, porque el recurrente no indica en cuál de los vicios ha incurrido, si por aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de la norma de derecho; en segundo lugar, no ha sido dispuesto tal pago en la sentencia. Por tales consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se casa parcialmente el auto de 28 de noviembre de 1999, declarando que la sentencia dictada por esta Sala el 21 de febrero del 2000, es inalterable y por tanto debe cumplirse de acuerdo a lo dispuesto en ella; se rechaza cualquier otro pedido que no consta en la sentencia. Sin costas.- Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. Luis Heredia Moreno, José Julio Benítez A., y Clotario Salinas Montaño, Ministros Jueces y Conjuez Permanente, respectivamente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

RAZON: Las cuatro copias que anteceden son iguales a su original.- Quito, a 14 de septiembre del 2004.

Certifico.

f.) Dra. María del Carmen Jácome O., Secretaria Relatora de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Quito, a 23 de agosto del 2004; las 10h00.



VISTOS (192/2003): Mediante recurso de plena jurisdicción o subjetivo, Héctor Gualli Cachumba impugna la Resolución No. 119 CMZN-NSC de 28 de julio del 2000 emitida por el Comisario Metropolitano de la Zona Norte y la Resolución No. 690-2000 de 12 de diciembre del mismo año dictada por el Alcalde Metropolitano del Municipio de Quito, la que, entre otras cosas, dispone la “clausura inmediata de la sala de recepciones instalada por el señor Héctor Gualli en el edificio de su propiedad” y ratifica la multa impuesta por el Comisario. Tramitada la causa, la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo dicta sentencia, rechazando la demanda, lo que ha motivado que el actor interponga recurso de casación contra dicha sentencia, alegando que se han infringido las normas de derecho contenidas en los artículos 24 numerales 2, 13 y 17, 35 numerales 2 y 3 de la Constitución Política de la República; 277, 280 inciso primero, 119 inciso primero, 18 numeral 6, 7 inciso primero del Código Civil; 28 y 38 de la Ley de Modernización del Estado, por lo que, a su criterio se han configurado las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. Encontrándose la causa en estado de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver este recurso en virtud de lo que disponen el artículo 200 de la Constitución Política de la República y la Ley de Casación que regula su ejercicio. SEGUNDO: En la tramitación del recurso se han observado todas las solemnidades inherentes a él, por lo que se declara su validez procesal. TERCERO: El recurso de casación conforme lo enseña la doctrina, lo preceptúa nuestro derecho positivo y lo han determinado los fallos de casación de las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia, tiene como finalidad obtener que el Juez corrija errores de derecho en los que hubiere incurrido el fallo impugnado, errores que pueden ser “in judicando” o “in procedendo”. Este recurso es de carácter extraordinario, restrictivo, de estricto cumplimiento formal y por tanto el incumplimiento de cualquiera de los requisitos que determina la ley de la materia es motivo de rechazo; de ahí que al interponerlo debe hacerse con precisión absoluta, señalando cómo se ha producido el error, qué norma ha sido infringida y determinando la causal en que se funda el recurso. Las causales primera y tercera en las que ha fundamentado el recurso el actor, se refieren a tres casos, aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación “de normas de derecho o precedentes jurisprudenciales obligatorios”, la primera causal; y, “de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba...” la segunda. El primer caso se produce cuando el juzgador aplica una norma equivocada, una norma ajena al caso o al pleito, una norma o un precepto jurídico impertinente; el segundo, cuando se comete una omisión y se deja de aplicar la ley o un precepto al caso del pleito, cuando su obligación es hacerlo; y el tercero, cuando el Juez equivocadamente al juzgar da una interpretación errónea de la norma o de los preceptos jurídicos, esto es, da un sentido o alcance diverso al que el Legislador ha dado a la norma. Los tres vicios de las causales primera y tercera son autónomos, es decir no pueden ser invocados simultáneamente respecto a la misma norma o al mismo precepto; es más, son contradictorias, incompatibles y excluyentes. CUARTO: En la especie, el recurrente acusa simultáneamente de dos vicios a las mismas normas; así, al referirse a los artículos 119 inciso primero del Código de Procedimiento Civil, 18 numeral 6 del Código Civil, 24 numeral 2 de la Constitución Política, acusa de “FALTA DE APLICACION Y APLICACION INDEBIDA”. De igual forma, con respecto al artículo 280 inciso primero del Código de Procedimiento Civil, inicialmente acusa de “LA FALTA DE APLICACION” para luego, en los siguientes capítulos acusar de “APLICACION INDEBIDA”. Por tanto, al existir contradicción en el escrito, al acusar de dos vicios a las mismas normas y al no serle permitido a la Sala escoger uno de ellos, el recurso, respecto a las normas indicadas no puede prosperar, y por tanto, se lo declara inadmisible.- QUINTO: Con respecto a las otras normas señaladas también como infringidas, corresponde analizar el vicio que se les acusa. Se alega de falta de aplicación del artículo 24 de la Constitución Política, disposición que para asegurar el debido proceso, dispone en el numeral 13 “Las resoluciones de los poderes públicos que afecten a las personas, deberán ser motivadas. No habrá tal motivación si en la resolución no se enunciaren normas o principios jurídicos en que se haya fundado, y si no se explicare la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho”. El actor, refiriéndose al fallo que impugna dice que “...el Tribunal juzgador, ...no ha expresado los asuntos a decidirse ni menos aún los fundamentos o motivos de la decisión adoptada...” y concluye que “...no existe motivación alguna al respecto por parte de la autoridad que dictó la sentencia recurrida”. Este vicio, en caso de haberse incurrido, estaría configurado en la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación, causal que no ha sido tomada en cuenta por el recurrente como fundamento del recurso, y a la Sala no le corresponde suplir omisiones mucho menos corregir errores del actor. Por su parte, el numeral 17 de la misma norma constitucional, preceptúa que “Toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin que en caso alguno quede en indefensión”. En ejercicio de este derecho el actor ha concurrido ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en donde ha ejercido su derecho a la defensa sin limitación alguna, habiendo dictado sentencia la Sala que le correspondió conocer; es más, el recurrente no señala un solo hecho que signifique violación a esta garantía constitucional, y en ejercicio de esa misma garantía, encuéntrase el juicio en esta Sala para conocer y decidir sobre su recurso de casación. SEXTO: Acusa asimismo de falta de aplicación de los numerales 2 y 3 del artículo 35 de la Carta Política, disposición que se refiere al trabajo y a los derechos fundamentales del trabajador; así el numeral 2 se refiere a que “El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación”; y el 3, que “El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores...”, situación que no ha sido materia de la litis y el Tribunal “a quo” no tenía razón para aplicar tales disposiciones constitucionales en un asunto ajeno a la materia laboral. SEPTIMO: Respecto a la falta de aplicación del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, que preceptúa que “La sentencia deberá decidir únicamente los puntos sobre que se trabó la litis”, el recurrente manifiesta que “al resolver rechazar mi demanda y confirmar los actos administrativos impugnados, se está confirmado la resolución dictada por el señor Alcalde Metropolitano...” si esa fue la pretensión de la demanda la sentencia no ha decidido sino únicamente los puntos sobre loa que se trabó la litis como lo prescribe la norma procesal citada. Además, la causal en que debió fundamentar por este motivo el recurso es la cuarta de artículo 3 de la Ley de Casación, que no la menciona el recurrente. OCTAVO: Por último acusa a la sentencia de falta de aplicación de los artículos 28 y 38 inciso segundo de la Ley de Modernización del Estado. La primera se refiere al derecho de petición, preceptuando que todo reclamo, solicitud o pedido a una autoridad pública deberá ser resuelto en un término no mayor a quince días, y que de no haber obtenido respuesta, dentro de dicho término, es decir, vencido el mismo, se entenderá por el silencio administrativo, que el pedido o solicitud ha sido aprobada o que el reclamo ha sido resuelto a favor del reclamante. Fundamenta su acusación “...porque con fecha 04 de enero del 2001, a las 09h45 presenté escrito con pedidos que pese al tiempo transcurrido no fue objeto de contestación alguna, por lo que operó a mi favor el Silencio Administrativo, al no haberse dado atención oportuna a mi reclamo, presentado el 04 de enero del 2001.”. No siendo necesario referirse a lo que la doctrina y los fallos que sobre el silencio administrativo positivo ha dictado esta Sala, simplemente es de anotar que la comunicación a la que se refiere, de 4 de enero del 2001, está dirigida al Comisario Metropolitano de la Zona Norte, cuando el asunto encontrábase ya en conocimiento del Alcalde Metropolitano de Quito, por recurso de apelación precisamente del actor, presentado el 18 de diciembre del 2000, como aparece a fojas ocho del proceso; además tal comunicación no se refiere sino al informe del arquitecto Roberto Noboa Ch. Director de Estudios de Planificación de la Dirección General de Planificación del Distrito Metropolitano de Quito que acompaña y en la que como único pedido dice “se digne realizar la inspección del inmueble y observe que actualmente la Sala de Recepciones cuenta con todos los aditamentos que la técnica aconseja, para impedir que el ruido se expanda y afecte a los inmuebles circundantes, para lo cual he debido hacer ingentes gastos e inversiones que Usted debe apreciarlas.”. Siendo el único pedido que se realice una inspección del inmueble, y al no haberse dado contestación al mismo, tal negativa no crea absolutamente ningún derecho, en aplicación del silencio administrativo. En cuanto al artículo 38 de la ley (ibídem) el recurrente no explica en forma alguna el vicio en que presuntamente ha incurrido; se limita simplemente a enunciar su falta de aplicación. Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso de casación interpuesto. Sin costas.- Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. Luis Heredia Moreno, José Julio Benítez A., y Clotario Salinas Montaño, Ministros Jueces y Conjuez Permanente, respectivamente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

RAZON: Las cuatro copias que anteceden son iguales a su original.- Quito, a 14 de septiembre del 2004.

Certifico.


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