Corte suprema de justicia sala de casacion civil y agraria



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MAV - exp. 11128

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA

Magistrado Ponente: Manuel Ardila Velásquez

Santafé de Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil (2000).

Ref.: expediente 11128

Decídese la impugnación formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra el fallo de 27 de abril de 2000, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Familia, en el trámite de la tutela que contra la Nación, Presidencia de la República y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, promovieron Roberto Emilio Arenas García, Luis Alberto Arias Pino, Francisco Humberto Arismendy A., Luis Ignacio Aristizábal Botero, Ricardo Aristizábal Londoño, Sandra Liliana Ariza Triana, Carlina Arriaga García, Wilson Arroyave Cuartas, Gabriel Jaime Arroyave Zapata, Victoria Eugenia Ayala F., María Elena Ayala M., Gabriel Eduardo Balzán, Claudia Cristina Barrientos C., Mauricio Barrientos Estrada, Dora Cristina Bedoya Arrubla, Beatriz Eugenia Bedoya C., Oscar Arturo Bedoya, Clara Inés Beleño G., Diego Luis Betancur, Gilma Betancur Mesa, Sandra Inés Betancur O., Marta Ligia Blanco O., Jairo Blandón Rendón, Francisco Bolívar Herrera, Amparo Botero García, Carlos Alberto Bravo C., Inés Lucía Bravo C., Bertha Inés Builes V., María Patricia Bustamante S., Jazmín Cabarcas Rolong, Dorancé Calle Echeverry, Antonio José Campo H., Edy Samary Campuzano M., Juan Carlos Cano L., Carlos Alberto Cano S., Alberto Cañizares M., Luz Mabel Cárdenas R., Juan Gonzalo Cardona J., María Elena Cardona, Rubiela Cardona Mora, Rosalbina Cardona Torres, Matilde Cardona Vélez, Luz Elena Carmona C., Elkin Hernando Carmona M., Claudia Victoria Carrasquilla M., Natalia Isabel Carvajal, José Manuel Carvajal G., Aníbal Castaño Botero, Myriam Castaño Hoyos, Aura Emilce Castaño R., Luis Alberto Castro M., Oliverio Castrillón, Jaime Enrique Ceballos, Abelardo Chalarca Carmona, Luz Marina Córdoba F., Nubia Córdoba Garrido, Gloria Elena Correa A., Liliana María Correa B., Luz Elena Correa Ch., Elda Patricia Correa G., Oscar León Correa Q., Gloria Patricia Correa R., Flor Ibeth Cuesta Ch., Luisa Marina Delgado C., Hernán Delgado Ortiz, Mónica María Donado E., Yorlady Duque Tobón, María Eugenia Elejalde A., Rosa María Escobar C., Adela de J. Escobar H., Margarita Escobar Hernández, Marta Elena Escobar M., Marta Nelly Escudero C., Marta C. Espinosa Pérez, Liliana del Pilar Fernández M., William Ferreira Pinzón, María Esperanza Flórez de C., Darío Franco Arcila, Andrés Felipe Franco G., Marta Libia Franco L., Pedro Armando Franco R., Carlos Alberto Gallego Z., Stella Garcés Geovo, María Esneda García B., María Eugenia García, Omar Darío García M., Gustavo García Pinzón, Jaime de J. García Q., Eugenio Arturo García R., Carlos Alberto García S., Jorge Alirio García U., Ramiro de J. Garzón R., Marta Oliva Garzón S., Nubia del S. Gaviria G., Gloria Alicia Gil C., William de J. Gil Molina, Angela Gloria Gil V., Cecilia M. Girado Giraldo, Julia Esther Giraldo G., Jaber Eduardo Giraldo M., Luis Fernando Gómez B., Diana Patricia Gómez C., Miguel Angel Gómez E.

I. Antecedentes

1. Los accionantes aducen vulneración de los derechos a la igualdad y la movilidad salarial, y piden que se ordene a los accionados reajustar su salario en el presente año.


2. Sustentan su pedimento, en síntesis, en que el Gobierno no aumentó este año los sueldos de los servidores públicos, como ellos, excepto a quienes devengan menos de dos salarios mínimos y a algunos altos funcionarios, determinación que vulnera sus derechos e implica una disminución salarial por el envilecimiento de la moneda ante la inflación.
3. Los accionados no replicaron la solicitud de amparo constitucional.


II. El fallo del Tribunal

El Tribunal, para otorgar la tutela, en decisión mayoritaria considera lo siguiente: a) de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se ajusta a la Constitución la Ley 4 de 1992 al consagrar que cada año, como mínimo, deben aumentarse los salarios, para resguardar a los trabajadores de la inflación; b) como no puede haber discriminación entre los distintos niveles salariales, se han vulnerado los derechos a los accionantes, toda vez que a otros servidores públicos se les incrementaron los sueldos; c) frente a la vulneración citada, los accionantes no tienen otro medio de defensa judicial eficaz, debido a que con la omisión se causa a los trabajadores "…un perjuicio irremediable en la medida en que cada día su capacidad (sic) satisfacer sus mismas necesidades, se ve menguada…"; d) no se pretende un incremento del salario, sino que el Gobierno mantenga el poder adquisitivo del mismo.


Así, concede el amparo y ordena a los accionados que expidan el acto administrativo para garantizar el poder adquisitivo del salario a los accionantes, con retroactividad al 1° de enero de este año, para lo cual deberán iniciar el cumplimiento de la orden dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, con el fin de que se cristalice en el término de un mes.

III. La impugnación

Anota el Ministerio de Hacienda en su impugnación que el Gobierno, quien es el responsable de la política económica y fiscal, no aumentó los salarios a los servidores públicos este año, excepto a los bajos sueldos, por la mala situación de las finanzas públicas y la necesidad de austeridad en el gasto para sostener el aparato estatal, medida que es temporal por las posibilidades reales de financiamiento. Dice que no se viola la igualdad porque el aumento a algunos empleados obedece a situaciones diferentes, y que la tutela es improcedente contra actos generales y abstractos, no pudiéndose por esta vía obligar al ejercicio de la potestad reglamentaria.



IV. Consideraciones

Desde el umbral se descarta la prosperidad de esta acción de tutela, ya que no se halla acreditado en los autos una vulneración para los derechos fundamentales de los accionantes, pues la determinación del Gobierno Nacional de no aumentar los salarios a la mayoría de los servidores públicos para este año, es una medida que no afecta en realidad el mínimo vital de los mismos por cuanto la restricción, adoptada en desarrollo de una política de austeridad en el gasto público para remediar los innumerables problemas que han tenido las finanzas públicas en los últimos años, como es ampliamente conocido, cobija a los empleados que devengan más de dos salarios mínimos legales, vale decir, a quienes no tienen una verdadera angustia en términos salariales.


Tan cierto es lo anterior, que los peticionarios no pueden aducir que a causa de no habérseles aumentado el salario para el año en curso, se hallen en el pórtico de un mal irreparable, esto es, de un inminente daño grave o peligro para sus derechos básicos, que sólo pueda ser conjurado con las medidas impostergables de la justicia constitucional, puesto que se encuentran en una escala salarial superior al mínimo, mientras que ésta última se predica de los trabajadores pertenecientes al segmento más pobre del mercado laboral, a quienes, por consiguiente, sí se les vulneraría el derecho al mínimo vital en caso de no aumentárseles sus pequeños ingresos.
Debe tenerse en cuenta que la restricción salarial por no reajuste, según lo ha manifestado el Gobierno, es una medida temporal o transitoria, pues es natural que una cortapisa de semejante linaje no deba mantenerse indefinidamente, ya que ello iría en evidente perjuicio del derecho a la movilidad salarial de los trabajadores que están por encima del mínimo.
Ahora bien, no funda violación del derecho a la igualdad el aumento obtenido por los Congresistas, cuyo monto salarial se extiende a otros servidores por disposición legal, ya que los accionantes no se encuentran en idéntica situación a aquellos, disimilitud que permite un tratamiento diferente porque el principio de la igualdad, según se ha dicho reiteradamente por la jurisprudencia, no tiene carácter absoluto, debido a que existen razones de orden natural, biológico, moral, material o legal que impiden su aplicación ilimitada.
En ese orden de ideas, como ya ha tenido oportunidad de precisarlo la Sala1, debe tenerse en cuenta que ese incremento automático de los Congresistas tiene fuente directa en el artículo 187 de la Constitución Política, de tal manera que cualquier desigualdad en relación con otros servidores públicos, se sustrae al mecanismo de la tutela por cuanto la eventual divergencia surge del mismo ordenamiento superior, cuyo gestor, el constituyente primario de 1991, dejó establecido ese sistema para abolir el que consagraba la Constitución de 1886, calificado de injusto y corruptor de las costumbres políticas.
De otra parte, tampoco es viable la solicitud de amparo constitucional tendiente a obtener los servidores públicos aumento salarial para el presente año, por cuanto lo referente a la política económica y fiscal del Estado, que por supuesto incluye la materia salarial, se manifiesta a través de conductas de carácter general, impersonal y abstracto, situación que encaja dentro de la causal de improcedencia contemplada en el numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.
Así las cosas, no se necesita entrar en mayores disquisiciones para concluir que el fallo impugnado se debe revocar, y en su lugar denegar la solicitud de tutela.

V. Decisión


Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el fallo de fecha y procedencia anotadas, y en su lugar, deniega el amparo constitucional solicitado.


Comuníquese telegráficamente esta decisión a los interesados y remítanse los autos a la Corte Constitucional para la eventual revisión.


SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO


MANUEL ARDILA VELASQUEZ


NICOLAS BECHARA SIMANCAS


JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES


CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO


JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ


JORGE SANTOS BALLESTEROS

1 Fallo de 3 de abril de 2000, expediente de tutela 8720.


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