Corte suprema de justicia sala de casación penal sala de decisión de tutelas n



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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No. 3

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

MAGISTRADA PONENTE

STP6002-2015

Radicación No.: 79.139

Acta No. 166


Bogotá. D.C., doce (12) de mayo de dos mil quince (2015)

Decide la Sala la impugnación interpuesta por ROBERT GIOVANY LEDEZMA ORTEGA, contra el fallo proferido el 18 de febrero de este año por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE PASTO, mediante el cual negó el amparo de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.





ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN


Así fueron sintetizados por el a quo:


El accionante manifiesta que mediante Resolución No. 040 de enero 20 de 2015, la Procuraduría General de la Nación dio apertura al concurso de méritos para proveer los cargos de procuradores judiciales I y II y reglamentó las condiciones generales de la convocatoria y de las etapas del proceso de selección.
Expresa su deseo de participar en el citado concurso, sin embargo, considera que esa garantía de formar parte del mismo se ve afectada por la reglamentación que gobernará el trámite de selección, explicitando, entre otras bases de la convocatoria, que la prueba de análisis de antecedentes incluye la valoración de formación y experiencia adicionales a las mínimas exigidas para cada cargo, sujetas a unas condiciones de calificación que califica como “limitativas del derecho de participación” toda vez que se convierten en barreras de acceso al concurso y por ende a los cargos ofertados, imponiendo con ello un trato desigual entre los concursantes.
Destaca entre dichas falencias que se otorga puntaje a los posgrados que sean específicos respecto de cada empleo ofertado, es decir, que para clasificación y denominación de las vacantes aplican ciertos estudios de posgrado, sin embargo, se pregona un tratamiento diferenciado respecto de los cargos de procurador judicial en asuntos penales, puesto que para tal empleo únicamente se aceptan estudios de posgrado en el área penal, mientras que para otras vacantes se aceptó la formación académica en posgrados en diversas disciplinas del derecho.
Ejemplifica así que para el área penal no se admiten especializaciones en el campo del derecho administrativo, mientras que para otros ámbitos jurídicos como restitución de tierras, asuntos agrarios, civiles, seguridad social e infancia y adolescencia sí se acepta ese campo de formación, incluyendo además la de derecho público, hecho que califica de injusto por cuanto en el código penal existe un título dedicado a delitos contra la administración pública, además de que ciertos tipos penales guardan relación con el desempeño de la función pública y por ende con temas de derecho administrativo.
Admite que si bien es cierto que para desempeñar las funciones asignadas a cada uno de los cargos, se requiere de conocimientos especializados, también lo es que al tiempo se requiere de saberes integrales de las disciplinas jurídicas, de ahí que la naturaleza de los estudios de posgrado no pueda convertirse en una limitación al derecho de participar en la convocatoria.
Critica que en lo que atañe a la experiencia profesional relacionada, solo se puntuará aquella afín al empleo que se va a ejercer, es decir, que solo podrán acreditarla quienes hayan ejercido funciones de intervención judicial como Ministerio Público, lo cual resulta desproporcional habida cuenta que existen profesionales que por dicho obstáculo no podrán participar, aún a pesar de que acrediten condiciones de capacidad, idoneidad y competencia.
Manifiesta que en el reglamento de la convocatoria se advierten otras circunstancias de tipo procedimental que limitan el derecho a la participación, por ejemplo, que cada aspirante solo podrá inscribirse a una de las convocatorias ofertadas, indicando la sede de su preferencia, prohibiendo las inscripciones múltiples, lo cual resulta lesivo de la garantía de acceso a la función pública, porque ésta precisamente abarca la potestad de elegir entre las opciones disponibles aquellas que más se ajustan a las preferencias del concursante.
Reprocha que el plazo de la inscripción sea únicamente de cinco días, puesto que en su sentir ese periodo resulta insuficiente “para garantizar una debida participación, ya que por la importancia de los empleos ofertados, debe preverse una inmensa cantidad de aspirantes”, pues inclusive ese lapso tan corto “provocara (sic) una masiva y continua utilización de la plataforma informática (…) corriendo el riesgo de saturación que impida su normal funcionamiento”.
Amonesta que solo se vayan a tener en cuenta los títulos de estudio y experiencia profesional relacionada, adquiridos con posterioridad a la obtención del título de abogado y hasta el día de cierre de las inscripciones, puesto que tal disposición amenaza su derecho de participación en el concurso, en tanto que bien puede suceder que en el periodo que transcurra entre la inscripción y la prueba de análisis de antecedentes se adquieran títulos de estudios que mejoren la posición del aspirante, empero bajo las circunstancias expuestas no se podrían hacer valer.
Por lo anterior, solicita que se protejan sus derechos fundamentales y que se ordene “la suspensión del concurso de méritos convocado por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (…) hasta que la entidad accionada revise y reforme las exigencias de experiencia y formación adicionales para otorgar puntajes de manera que garanticen plenamente el derecho de participar en el concurso” y adicional a ello que se disponga que se modifiquen los criterios de evaluación de la prueba de análisis de antecedentes “en el sentido de admitir la puntuación de estudios de posgrado en áreas de derecho administrativo, gestión pública y derecho pública (sic) distintos al área penal en relación con los cargos de procuradores para asuntos penales”.
EL FALLO IMPUGNADO


Advirtió la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, que la pretensión del accionante se encaminaba a controvertir un acto administrativo de carácter general y abstracto, lo que da lugar a la improcedencia del amparo, como así lo dispone el numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.


Señaló además, que podía acudir a la jurisdicción administrativa y controvertir allí la resolución atacada, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, deprecando además la suspensión provisional del acto administrativo regulatorio del concurso, amén que tampoco acreditó un perjuicio irremediable que habilite la procedencia de la tutela.


Por esas razones, negó el amparo invocado.




LA IMPUGNACIÓN


Fue propuesta por ROBERT GIOVANY LEDEZMA ORTEGA, insistiendo en que la resolución mediante la cual se reglamenta el concurso de méritos convocado por la Procuraduría General de la Nación, «establece reglas y procedimientos altamente restrictivos para acceder al concurso y por ende a los empleos ofertados».

En ese contexto, critica el Acuerdo de convocatoria insistiendo en los argumentos expuestos en el libelo primigenio y señala la acreditación del perjuicio irremediable en su caso, pues no puede ser evaluado en igual forma que los restantes participantes.


Pide por tal razón, la revocatoria del fallo impugnado y de contera, que se acceda al amparo constitucional invocado.


CONSIDERACIONES DE LA SALA


De conformidad con lo establecido en el Decreto 1382 de 2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la impugnación interpuesta contra el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto.



1. De la Acción de Tutela contra Actos de carácter general, impersonal y abstracto.

Es claro el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, al establecer las causales de improcedencia de la acción de tutela. Entre ellas se puede contar la contenida en el numeral 5º, que limita su ejercicio cuando el acto presuntamente lesivo de derechos fundamentales sea de carácter general, impersonal y abstracto.


Y la existencia de esa causal se justifica, atendiendo al carácter eminentemente subsidiario de la acción constitucional, como quiera que el legislador previó mecanismos expeditos para controvertir esta clase de actuaciones de la administración, por vía de la acción de nulidad contenida en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo, donde se tiene la garantía de poder emplear todas las herramientas que la jurisdicción avala para resolver las controversias que se puedan generar con el acto cuestionado.
Por lo anterior, en la medida en que los referidos actos de carácter general, impersonal y abstracto, no se dirigen a alguien en particular, los efectos que estos produzcan no pueden, en principio, ser objeto de reclamo y control judicial por vía de amparo constitucional.
Entonces, la inminencia de un perjuicio irremediable surge como la única posibilidad para que la acción de tutela prospere de manera excepcionalísima y solo como mecanismo transitorio. Así lo han dejado establecido en pacífica jurisprudencia tanto esta Corporación, como la Corte Constitucional (al respecto pueden consultarse las sentencias CSJ STP3733 – 2014, CSJ STP899 – 2014, CSJ STP, 25 de julio de 2012, Rad. 61.582; T-321 de 1993, T-287 de 1997, T-815 de 2000, T-1098 de 2004, T-111 de 2008 y T-860 de 2009, entre muchas otras).

2. Análisis del Caso Concreto.

El propósito del accionante al acudir a la extraordinaria vía constitucional, es que se deje sin efectos la Resolución 040 de 2015, mediante la cual la Procuraduría General de la Nación, convocó concurso de méritos para proveer cargos de Procurador Judicial I y II, acto que según él, vulneró sus garantías constitucionales, particularmente al resultar discriminatorios los criterios de análisis de antecedentes y experiencia profesional de los participantes.


No obstante, no acredita qué perjuicio irremediable podría configurarse en su caso con la aplicación del citado acto, ni la gravedad o urgencia que pueda representar (CC T-225/93). Además, como bien lo ha dicho la Sala, la simple afirmación de su hipotético acaecimiento, es insuficiente para justificar la procedencia del amparo (CC T-436/07).
Del mismo modo se advierte, al verificar la inscripción del actor al concurso de méritos, que ya fue admitido, es decir, superó la primera fase que consistía en la acreditación de las condiciones generales para acceder al cargo de Procurador Judicial I, al cual se postuló1, cuestión que refuerza la ausencia de un perjuicio irremediable habilitante de la intervención del juez de amparo en este asunto.
Por lo anterior, no se cumple la condición por la cual el demandante podría acudir a la extraordinaria sede constitucional para censurar un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto, desconociendo con ello la subsidiariedad de la tutela, que en el caso concreto debe ceder ante la posibilidad de que concurra a la jurisdicción contencioso administrativa, en razón a que no justificó la interposición del amparo como mecanismo transitorio ni acreditó alguna lesión de sus derechos fundamentales que se derive de la aplicación del Acuerdo ahora censurado.
Sobre el punto, cabe precisar que la Sala de Tutelas Mayoritaria ha avalado la procedencia de la tutela contra los actos administrativos que regulan concursos de méritos, porque en los casos sometidos a su consideración, «la vía contencioso administrativa no brindaría una solución pronta y adecuada al reclamo constitucional», pero no en razón a que se controvierta el contenido de los Acuerdos que regulan cada convocatoria – lo que aquí acontece –, sino la interpretación que de tales actos han hecho las autoridades involucradas al aplicarlos a cada asunto concreto (Al respecto, ver CSJ STP16437 – 2014, CSJ STP17167 – 2014, entre otras).

Lo anterior, aunado a las consideraciones expuestas por el A Quo, que la Sala encuentra acertadas, hace procedente confirmar íntegramente el fallo impugnado.


Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA NO. 3, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,


RESUELVE




CONFIRMAR el fallo impugnado.
NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ


EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER


PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR


NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria




1https://www.concursoprocuradoresjudiciales.org.co/heurisoft4/consulta_admitido/index.jsp


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