Corte suprema de justicia sala de casación penal – sala de decisión de tutelas



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Tutela. 46951

Primera Instancia



República de Colombia



Corte Suprema de Justicia






CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL – SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS

Magistrado Ponente:


JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ

Aprobado acta número 71

Bogotá. D.C., nueve de marzo de dos mil diez

Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, la acción interpuesta por RAÚL ESTEBAN SOSA AVELLANEDA, LUIS MANUEL MENDOZA CAMPO, MIGUEL RAMÓN CORVACHO ORTÍZ y el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MINERA Y ENERGÉTICA en contra de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil – Familia - Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. Fue vinculada la empresa DRUMMOND LTD.


ANTECEDENTES

Y

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

1. En el proceso especial de calificación de la suspensión o paro colectivo de trabajo promovido por la sociedad DUMMOND LTD en contra del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MINERA y ENERGÉTICA –SINTRAMIENERGÉTICA-, el Tribunal Superior de Valledupar declaró ilegal la cesación colectiva de labores llevada a cabo en las minas PRIBBENOW y EL DESCANSO del 23 al 27 de marzo de 2009, y en PUERTO DRUMMOND los días 23 y 24 del mismo mes y año.


Apelada la anterior decisión, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia la confirmó el 29 de septiembre de 2009.
2. La queja constitucional de los demandantes se centró en que: i) la Sala de Casación Laboral no tuvo en cuenta que el Tribunal profirió sentencia sin que previamente se hubiesen resuelto los recursos de apelación promovidos en contra de decisiones dictadas en el curso del proceso, ii) el Tribunal omitió vincular a los trabajadores como litisconsorcios necesarios, y iii) la sentencia de primera instancia es constitutiva de defectos fácticos, por cuanto “se ignoró la prueba cuando se dejó de practicar sin que mediara justificación alguna, lo que ocurrió con la casi totalidad de los medios de certeza obrantes en el proceso”, “se impidió la práctica de otras pruebas, cuando el Tribunal en el desarrollo de la audiencia se abstuvo de ordenarlas y, en cambio, ocupó el tiempo procesal del debate probatorio en actividades diferentes al establecimiento de los hechos materiales de la litis” y “se impidió su práctica, cuando se cerró el debate sin recaudar los medios de comprobación necesarios para adquirir certeza”.


3. Por lo anterior los accionantes solicitaron al juez de tutela, amparar sus derechos fundamentales al debido proceso, prevalencia del derecho sustancial, acceso a la administración de justicia, asociación sindical, negociación colectiva, huelga, igualdad y trabajo; declarar la nulidad de las providencias cuestionadas, y el restablecimiento de las condiciones laborales y derechos de los trabajadores al servicio de la empresa DRUMMOND LTD.




RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS

La Sala de Casación Laboral de esta Corporación se opuso a la demanda, por cuanto “la decisión –censurada -, más que razonada fue emitida con respeto a la Constitución y a la ley laboral sin que resulte arbitraria ni desconocedora de derecho fundamental alguno”.


Agregó que “frente a la supuesta ausencia de decisión de los recursos interpuestos en el trámite del proceso especial de calificación de la suspensión o paro colectivo de trabajo, basta decir que en la providencia cuestionada, a folio 27, se dijo, ‘en esa medida, procede aquí también el examen de los recursos de apelación que, en el efecto devolutivo, el ad quo concedió contra varios de sus proveídos y que en general se refieren a los mismos asuntos ya reseñados’.”


CONSIDERACIONES DE LA SALA


Reiteradamente la Sala ha señalado que “la tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional1”.


Tan riguroso es, que la acción de tutela contra providencias judiciales, exige:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del accionante.
e. “Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.”.2
f. Que no se trate de sentencias de tutela.
Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 08 de junio de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas sólo pueden tener cabida “… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta”. -C-590 de 2005-

Análisis del caso concreto

La demanda se dirigió a cuestionar las sentencias por las cuales las autoridades accionadas declararon la ilegalidad del cese de actividades llevado a cabo por el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MINERA Y ENERGÉTICA en las minas PRIBBENOW y EL DESCANSO del 23 al 27 de marzo de 2009, y en PUERTO DRUMMOND los días 23 y 24 del mismo mes y año.



1. Como la solicitud de amparo interpuesta cuestiona decisiones proferidas por autoridades judiciales, se debe enfatizar en que esta acción constitucional tiene un carácter subsidiario y residual con la significación que procede únicamente ante la ausencia de medios de defensa judicial para la protección de las garantías o cuando el medio pertinente, previamente previsto en el ordenamiento jurídico, es claramente ineficaz para la defensa de éstas, evento en el cual procede como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio de carácter irremediable.
2. Ahora bien, encuentra la Sala que la acción de tutela incoada por los demandantes resulta improcedente, toda vez que este trámite constitucional, como insistentemente lo ha señalado esta Corporación, no es una instancia dentro del procedimiento establecido, ni está instaurado como una jurisdicción paralela a la ordinaria y tampoco es la sede a la que se acude como última opción cuando los resultados, después de ejercer las vías ordinarias, han sido desfavorables, porque no puede existir concurrencia de medios judiciales dado que siempre debe activarse el instrumento ordinario, de ahí que se afirme que la tutela no es un medio adicional o complementario, pues su carácter y esencia es ser único mecanismo de protección que al presunto afectado en sus derechos fundamentales le brinda el ordenamiento jurídico.
Además el juez de tutela no puede inmiscuirse en los asuntos encomendados a los jueces naturales y en especial cuando la injerencia tiene que ver, como en este caso, con el modo en el que éstos aplicaron el ordenamiento jurídico y resolvieron el asunto de su especialidad, pues lo contrario sería quebrantar la autonomía e independencia judicial, porque sólo excepcionalmente, cuando las providencias se apartan abruptamente del ordenamiento jurídico y resuelven con arbitrariedad o capricho, o es producto de negligencia extrema, está habilitada esa intervención.
3. Ninguna de las anteriores hipótesis tuvo ocurrencia en el asunto examinado, pues: 1. La Sala de Casación Laboral de esta Corporación determinó razonablemente que todas las apelaciones promovidas debían ser resueltas en la sentencia, toda vez que el proceso de calificación de la suspensión o paro colectivo de trabajo es un trámite preferente supeditado a términos breves, pues sólo se cuenta con un día hábil para admitir la demanda y citar a las partes para audiencia; tres días para la contestación de la demanda, sanear el proceso, decidir las excepciones previas, decretar las pruebas y practicarlas; y dentro de los 10 días hábiles siguientes “contados a partir de la recepción de la demanda”, se debe proferir el correspondiente fallo. 2. Los trabajadores individuamente considerados no son partes, ni litisconsorcios necesarios dentro del proceso especial atrás indicado, por cuanto, además de que la brevedad del trámite así lo aconseja -por cuanto sería imposible en ese lapso vincular y conceder el derecho de contradicción y defensa a decenas de trabajadores-, el proceso especial atrás indicado está instituido para determinar la legalidad en abstracto del cese colectivo de actividades laborales, es decir, mediante el mismo no se establecen responsabilidades individuales de cada trabajador.
Por esta razón la Corte Constitucional ha señalado que, no basta -para el empleador- con la simple declaración de ilegalidad del cese de actividades para dar por terminado el contrato o la relación laboral, pues debe, previa a la aplicación de esta causal, agotar un procedimiento que permita individualizar y determinar qué trabajadores intervinieron en la suspensión colectiva de las actividades laborales declaradas ilegales, así como el  grado de participación en la misma. Dentro de este contexto, es necesario deducir que el empleador está obligado a individualizar la conducta y el grado de participación del trabajador en un cese de actividades declarado ilegal,  a efectos de dar aplicación al numeral 2 del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, a través de un procedimiento previo. El no agotamiento de esta etapa previa, constituye una violación de los derechos.” -Sentencia T-937 de 2006-.
4. De otra parte, en relación con la censura formulada en contra de la sentencia del Tribunal accionado, por presuntos defectos fácticos, la misma no es procedente, toda vez que este asunto no fue debatido mediante el recurso de apelación, pues el Sindicato se limitó a cuestionar la decisión de primera instancia básicamente con cinco argumentos: i) “nulidad del fallo por revivir un proceso con orden judicial terminado”, ii) “cosa juzgada”, iii) caducidad de la acción, iv) nulidad por violación al debido proceso por causa de la “acumulación de procesos”, y v) falta de competencia para declarar la ilegalidad del paro, en el entendido de que este es un concepto diferente al de “huelga” y la declaratoria precitada sólo procede en este último evento.
En este contexto, con la demanda resulta alterada la esencia de la acción de amparo constitucional, pese a que se ha insistido en los estrados judiciales de todos los niveles, que no se trata de un mecanismo alternativo para censurar el raciocinio jurídico, ni el trámite impartido al asunto, ni la convicción a la que pudiesen arribar los funcionarios competentes después de analizar la normatividad aplicable al asunto y el acopio probatorio a la luz de los postulados de la sana crítica.
Corolario de lo anterior la acción es improcedente y por lo mismo, la Sala negará las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE




Primero. Negar las pretensiones de la demanda.
Segundo. Notificar esta sentencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión de no ser impugnada –Artículo 31 del Decreto 2591 de 1991-.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ

Teresa Ruiz Núñez

Secretaria




1 Fallo C-590 de 08 de junio de 2005 y T-332 de 2006.



2 Ibídem.




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