Corte suprema de justicia sala de casación laboral clara cecilia dueñas quevedo magistrada Ponente stl6731-2016 Radicación 66221 Acta n° 17



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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada Ponente

STL6731-2016

Radicación 66221



Acta n° 17

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciséis (2016).


Decide la Corte la impugnación presentada por AA PALACIOS Y CÍA. S.C.S. y A. PALACIOS Y CÍA. S.A.S., parte accionante en este asunto, contra el fallo proferido por la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, dentro de la acción de tutela que instauraron contra la SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA, trámite al que fueron vinculados las partes y los intervinientes en el proceso colectivo de restitución de tierras n° 050453121001 2013 00571 00.
La Sala acepta el impedimento manifestado por el Magistrado Doctor FERNANDO CASTILLO CADENA, quien se aparta del conocimiento de este asunto.


  1. ANTECEDENTES



AA PALACIOS Y CÍA. S.C.S. y A. PALACIOS Y CÍA. S.A.S. instauraron acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de su derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada.
En lo que interesa a la impugnación, refirieron las accionantes en su escrito de tutela, que los señores Francisco Córdova, Manuel José Cogollo Montes, José Antonio Durango Corrales, Celso Miguel Fajardo Espitia y Juan de Dios Manga Noble presentaron solicitud de restitución de tierras ante la Unidad de Restitución de Tierras de Apartadó, en la que reclamaron la propiedad sobre los predios denominados «La Esperanza», «Nueva Esperanza», «Los Almendros», «El Delirio» y «La Pipiola», todos ubicados en el municipio de Turbo Antioquia.
Agregó la parte actora que a excepción del predio «Los Almendros», todos los anteriores son de su propiedad, según los folios de matrícula inmobiliaria debidamente inscritos en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y que el 7 de noviembre de 2013 el abogado de la Unidad de Restitución de Tierras de Apartadó radicó la demanda cuya instrucción correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó, autoridad que luego de admitir la oposición que hicieron las tutelantes y practicar las pruebas que consideró pertinentes, envió el expediente a conocimiento de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, quien avocó conocimiento del asunto el 29 de julio de 2014 y quien, pese el requerimiento de las interesadas, omitió practicar el interrogatorio de parte a Ángel Adriano Palacios, uno de los opositores en el juicio.
Informaron que el 8 de abril de 2015 la Sala conocedora profirió sentencia de fondo, en la que declaró impróspera la oposición hecha por el representante legal de A. Palacios S.A.S., la inexistencia de los negocios jurídicos sobre los predios «La Esperanza», «Nueva Esperanza», «El Delirio» y «La Pipiola», por ausencia de consentimiento o causa ilícita; y ante la imposibilidad de restitución material de los predios, ordenó compensar a los demandantes mediante la entrega de un bien inmueble de similares características, teniendo en cuenta sus lugares de domicilio.
Manifestaron las sociedades actoras que contra dicha decisión interpusieron el recurso de revisión, que en la actualidad se encuentra en trámite y pendiente de su admisión ante la Sala de Casación Civil de esta Corporación.
Cuestionan la decisión referida, por cuanto se sustenta en una indebida valoración probatoria, además que el Colegiado accionado se abstuvo de practicar algunas pruebas que les eran favorables, lo que limitó sus posibilidades de defenderse en el juicio.
Con fundamento en lo anterior, solicitan se les conceda la tutela como mecanismo transitorio, hasta que se resuelva el recurso extraordinario de revisión, para evitar ser desalojadas, ya que ello les ocasionaría un perjuicio irremediable.


  1. TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA

Mediante proveído de 30 de marzo de 2016, la Sala de Casación Civil admitió la presente acción de tutela, ordenó notificar a la accionada y vinculó a todas las partes e intervinientes en el proceso que suscita la inconformidad de las solicitantes, con el fin de que ejercieran sus derechos de defensa y contradicción.


En el curso de la primera instancia, tanto la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – Corpourabá, como la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República pidieron ser desvinculadas del presente asunto, puesto que indican que no existe relación de causalidad que permita endilgarles algún tipo de responsabilidad en este asunto.
La Unidad de Restitución de Tierras de Antioquia se opuso al éxito del amparo, por considerar que este fue intentado extemporáneamente, ya que la sentencia que se controvierte data de 8 de abril de 2015 y la acción fue impetrada el 28 de marzo de 2016, de manera que se ha superado el término razonable para acudir a ella.
También mencionó que el hecho de no practicar un testimonio, en nada vulnera el derecho de las accionantes, pues existió abundante material probatorio que se tuvo en cuenta para tomar la decisión que se censura, y destacó que «los hechos relacionados con las diligencias de entrega de los bienes inmuebles objeto de restitución, nada tienen que ver con el resultado de la sentencia. Es decir, CORPOURABÁ (…) estableció dentro del proceso judicial la existencia de inundabilidad en los predios objeto de la acción de restitución razón por la cual el Tribunal en su sentencia ordenó la compensación de los inmuebles a favor de las víctimas del despojo solicitantes y con posterioridad al fallo consideró no contar con competencia para recibir de (sic) los inmuebles mencionados y de esta manera sustraerse al cumplimiento de las órdenes emitidas en la sentencia».

Surtido el trámite de rigor, la Sala que conoció de este asunto constitucional en primer grado, en sentencia de 7 de abril de 2016, denegó el amparo reclamado, fundamentada en que no se demostró el perjuicio irremediable que alegó la parte actora; por cuanto:


(…) las sociedades tutelantes concretaron el perjuicio en su desalojo de las tierras por restitución de las mismas a los actores en el juicio subexamine, empero, no explicaron con acierto la forma en la cual esa eventualidad inminentemente les causaría un daño “irreperable” con repercusión directa en sus derechos fundamentales.
Si bien la Sala no desconoce los inconvenientes inherentes al señalado lanzamiento, tal circunstancia per sé no cumple los presupuestos descritos con anterioridad para tornar procedente la salvaguarda, sobretodo, teniendo en cuenta que en la acción de revisión actualmente en curso, cuentan con las garantías indispensables para hacer valer sus intereses.


  1. IMPUGNACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, las convocantes la impugnan y básicamente reiteran sus argumentos iniciales, según los cuales la sentencia que se dictó en su contra adolece de vicios e irregularidades insalvables.


Sobre el perjuicio irremediable dijeron que el mismo se concreta en el daño patrimonial que se les causaría con el desalojo de los predios, además que en ellos laboran un gran número de trabajadores, de modo que su desocupación los dejaría sin su fuente de sustento y las forzaría a terminar los contratos laborales.
Sostienen que es el momento oportuno para tomar medidas tendientes a evitar el perjuicio mencionado, ya que a la fecha no se ha efectuado el desalojo, porque no se ha definido quién es la entidad territorial competente para recibir los predios, si el Departamento del Chocó o el de Antioquia.


  1. CONSIDERACIONES



La vía preferente de la tutela, establecida en el art. 86 de la Constitución Política, permite a todo ciudadano acudir ante los jueces en busca de una protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.

Para resolver, debe la Sala resaltar que en este caso se solicita la concesión de la tutela como mecanismo transitorio, mientras se decide la acción de revisión que cursa en la Sala de Casación Civil de esta Corporación, ello con el objeto de evitar el desalojo de los fundos cuya restitución fue ordenada judicialmente.


Pues bien, al respecto es menester considerar que no todo efecto desfavorable para los intereses de quien invoca el amparo tiene la virtualidad de ser considerado como irreparable, en tanto la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que para que la tutela proceda de manera transitoria, el perjuicio debe ser de tal entidad, que pueda calificarse como irremediable, es decir, que sus efectos no puedan contrarrestarse por las vías ordinarias y, en ese orden de ideas, se requiera la adopción de medidas urgentes e impostergables. Así lo ha expuesto uniformemente la C. Const. en las sentencias T-451/2010, SU-086/1999, T-771/2004 y T-600/2002:


(…) la valoración de los requisitos del perjuicio irremediable, deben tenerse en cuenta las circunstancias que rodean el caso bajo estudio, en la medida en que no son exigencias que puedan ser verificadas por el Juez in abstracto, sino que requieren de un análisis específico del contexto en que se desarrollan, para lo cual deben al menos concurrir las siguientes circunstancias:


1).- Que se produzca de manera cierta y evidente una amenaza sobre un derecho fundamental.


2).- Que de ocurrir no exista forma de reparar el daño producido al mismo.


3).- Que su ocurrencia sea inminente.


4).- Que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra.


5).- Que la gravedad de los hechos, sea de tal magnitud que haga evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.


Vistas así las cosas, respalda esta Colegiatura los raciocinios expuestos en la primera instancia por la Sala homóloga Civil, porque evidentemente, aunque las actoras apelan a la eventual existencia de un perjuicio irreparable, ningún medio de convicción arrimaron en aras de demostrar la inminencia, urgencia y la envergadura de dicho menoscabo, pues se limitaron a indicar que el desmedro equivaldría al valor catastral de cada predio y que «serían muchas familias que con el desalojo se quedarían sin su medio de sustento», afirmaciones que no le constan a esta Sala y que al margen de ser ciertas o no, resultan insuficientes para otorgar la protección transitoria que exigen y que según quedó visto en la jurisprudencia en cita, dicho perjuicio no puede evaluarse en abstracto, sino en concreto, de acuerdo a las probanzas y circunstancias que rodean cada caso.


De esta manera, el resguardo no puede abrirse camino como mecanismo transitorio y mucho menos en forma definitiva, porque se desconocería el presupuesto de subsidiariedad, indispensable para la concesión del mismo, pues dadas las especiales características de residualidad de la acción de tutela, impiden utilizarla como mecanismo para lograr la intervención del juez constitucional en procesos en trámite y, de esta manera, reemplazar los procedimientos ordinarios y extraordinarios de defensa, en razón a que el amparo se concibió precisamente para suplir la ausencia de éstos y no para resquebrajar los existentes; todo lo cual impide considerarla como medio alternativo o paralelo de defensa o instancia adicional a la cual acudir para enderezar actuaciones judiciales supuestamente viciadas.

Lo anterior, porque, como las mismas accionantes lo exponen, se encuentra pendiente de decisión por parte de la Sala de Casación Civil el recurso de revisión que propusieron contra la sentencia que ordenó la compensación a título de restitución. Así las cosas, al margen de que esta Sala comparta o no la decisión adoptada por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de Antioquia, lo cierto es que en este asunto, la acción de tutela resulta improcedente habida cuenta que se halla en trámite la acción de revisión ante el Colegiado competente, en el cual se estudia la misma pretensión que por esta vía plantean las tutelantes, de donde cumple esperar el pronunciamiento que adopte el juez natural, máxime porque no se demostró alguna razón que licencie la concesión transitoria de la protección.


Bajo tales consideraciones, no se puede desconocer que en forma paralela a este mecanismo constitucional se está haciendo uso de otro recurso, y que tal situación configura causal de improcedencia, según lo prevé el art. 6°, numeral 1° del D. 2591/1991.

Por tales motivos, al no existir razón plausible que motive la modificación o revocatoria del fallo de primer grado, se impone forzoso proveer su confirmación.



  1. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,



RESUELVE:



PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

Presidente de Sala



GERARDO BOTERO ZULUAGA

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS




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