Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Yvon Neptune vs. Haití



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Corte Interamericana de Derechos Humanos


Caso Yvon Neptune vs. Haití



Sentencia de 6 mayo de 2008

(Fondo, Reparaciones y Costas)
En el caso Yvon Neptune vs. Haití,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

Cecilia Medina Quiroga, Presidenta;

Diego García-Sayán, Vicepresidente;

Sergio García Ramírez, Juez;

Manuel E. Ventura Robles, Juez;

Leonardo A. Franco, Juez;

Margarette May Macaulay, Jueza, y

Rhadys Abreu Blondet, Jueza;


presentes, además,

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y

Emilia Segares Rodríguez, Secretaria adjunta;

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.


I

Introducción de la causa y objeto de la controversia

1. El 14 de diciembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte, en los términos de los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, una demanda contra la República de Haití (en adelante “el Estado” o “Haití”) en relación con el caso 12.514, el cual se originó en la denuncia 445/05, presentada en la Secretaría de la Comisión el 20 de abril de 2005 por el señor Brian Concannon Jr., el señor Mario Joseph y el Hastings Human Rights Project for Haiti. El 12 de octubre de 2005 la Comisión aprobó el Informe de admisibilidad No. 64/05 y el 20 de julio de 2006 aprobó el Informe de fondo No. 62/06, en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contiene determinadas recomendaciones hechas al Estado1. El 14 de diciembre de 2006 la Comisión decidió, en los términos de los artículos 51.1 de la Convención y 44 de su Reglamento, someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte2, considerando que “el Estado no respondió [a su informe] ni aprobó sus recomendaciones”.


2. La Comisión consideró que “una sentencia de la Corte en este caso, [el primero de carácter contencioso que se interpone contra Haití ante la Corte,] no sólo procuraría reparar las [alegadas] violaciones contra el [señor Yvon] Neptune, […] sino que también ofrece posibilidades de mejorar la situación de todos los detenidos que en Haití padecen circunstancias similares de arrestos arbitrarios, detenciones prolongadas previas al juicio, irregularidades del debido proceso y deficientes condiciones carcelarias, mediante la implementación de las reformas necesarias y adecuadas del sistema judicial haitiano.” La Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 5.1, 5.2 y 5.4 (Derecho a la Integridad Personal), 7.4, 7.5 y 7.6 (Derecho a la Libertad Personal), 8.1, 8.2.b) y 8.2.c) (Garantías Judiciales), 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad) y 25.1 (Derecho a la Protección Judicial) de la Convención Americana, todo ello “en conjunción con” el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho tratado, en perjuicio del señor Yvon Neptune, presunta víctima en este caso. Como consecuencia de lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado determinadas medidas de reparación.
3. El representante de la presunta víctima, el señor Brian Concannon Jr. del Institute for Justice and Democracy in Haiti (en adelante “el representante”), no presentó ante la Corte un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, en los términos del artículo 23 del Reglamento (infra párr. 12). Posteriormente manifestó que concordaba con lo establecido por la Comisión en el presente caso y, en sus alegatos finales escritos, solicitó a la Corte que declarara al Estado responsable por la violación de los artículos 5.1, 5.2, 5.4, 7.4, 7.6, 8.2.b), 8.2.c) y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, y que le ordenara determinadas medidas de reparación.
4. El Estado por su parte no presentó un escrito de contestación de la demanda ni de alegatos finales. Luego, en un escrito de 3 de octubre de 2007 (infra párr. 13), expuso su versión de algunos hechos relacionados con el presente caso y manifestó que “el gobierno constitucional de Haití […] se compromete a que, en un plazo razonable, el señor Neptune comparezca ante la Alta Corte de Justicia [(Haute Cour de Justice) (en adelante “Alta Corte de Justicia”)], tal como lo dispone la Constitución de 1987”. Además, el Estado hizo referencia a un hecho ocurrido con posterioridad a la presentación de la demanda: una decisión de 13 de abril de 2007 de la Corte de Apelaciones de Gonaïves dictada en el proceso penal seguido contra el señor Neptune y otras personas. Ese tribunal interno conoció de una apelación presentada contra la resolución del Tribunal de Primera Instancia de Saint-Marc, en la cual se imputaban al señor Neptune una serie de hechos delictivos. Esa Corte de Apelaciones de Gonaïves consideró, en su decisión, que el señor Neptune, siendo Primer Ministro del Gobierno al momento de los hechos que le eran reprochados, debió haber sido procesado según lo dispuesto en los artículos 185 a 190 de la Constitución de la República de Haití, que establecen un juicio de naturaleza política en el Senado conformado como Alta Corte de Justicia. Así, la Corte de Apelaciones se declaró “incompetente ratione personae” para estos efectos.
5. Los hechos del presente caso ocurrieron en un contexto de polarización política, inseguridad pública y deficiencias institucionales en Haití, acentuado, entre otros factores, por la crisis originada en las elecciones locales y legislativas de 21 de mayo de 2000. El señor Neptune fue elegido al Senado de Haití en esas elecciones3. Esta crisis se agravó por la falta de consenso en cuanto a las posibles soluciones para corregir las irregularidades electorales, que fueron denunciadas tanto por la oposición como por la comunidad internacional4. Posteriormente, el señor Jean-Bertrand Aristide fue electo Presidente en las elecciones presidenciales y senatoriales de 26 de noviembre de 2000, en las cuales la oposición no participó5. Por su parte, después de un mandato como Presidente del Senado, en marzo de 2002 el señor Neptune renunció a su cargo al haber sido designado como Primer Ministro de Haití en el gobierno del entonces Presidente Jean-Bertrand Aristide6.
6. En los siguientes meses ocurrieron numerosos actos de violencia política, protestas y represiones. Se registraron en todo el país violentos enfrentamientos entre manifestantes opositores al gobierno, que pedían la dimisión del entonces Presidente Aristide, y sectores de la Policía Nacional de Haití7.
7. La crisis política se acentuó a finales del año 2003 y principios de 2004. En febrero de 2004, un enfrentamiento armado ocurrió en la ciudad de Gonaïves, al norte de Haití, y en los días siguientes se propagó el conflicto a otras ciudades8.
8. En su demanda, la Comisión Interamericana describió los eventos que ocurrieron en Saint-Marc – una ciudad ubicada al sur de la ciudad de Gonaïves – en los siguientes términos9:
El 7 de febrero de 2004, tras varios días de combate, el grupo armado antigubernamental RAMICOS tomó el control del destacamento policial de la ciudad de Saint-Marc, a unos 100 kilómetros al norte de Port-au-Prince, sobre la ruta de Gonaïves a la Capital […]. El 9 de febrero de 2004, la policía de Saint-Marc, ayudada por la fuerza progubernamental “Bale Wouze”, recuperó el control del destacamento policial de Saint-Marc […].
El 9 de febrero de 2004, el [señor] Neptune realizó una visita ampliamente divulgada a Saint-Marc, por helicóptero, para alentar a la policía a imponer el orden en la ciudad, y pidió a la policía que defendiera la ciudad contra las bandas que marchaban a través de Saint-Marc, hacia el sur, en dirección a la capital, Port-au-Prince […].
Dos días después de la visita del [señor] Neptune, la policía haitiana y civiles que pertenecían a “Bale Wouze” ingresaron al barrio La Scierie de Saint-Marc, también considerado un bastión de RAMICOS. Según informes, varias personas resultaron muertas y otras tantas heridas en el enfrentamiento producido después entre las fuerzas del gobierno y RAMICOS. Además, tanto integrantes de la policía como de RAMICOS habrían quemado y vandalizado viviendas y automóviles de Saint-Marc, en represalias. Según testigos, algunas personas fueron deliberadamente quemadas en sus casas. […]10.
9. Mientras la oposición armada amenazaba con entrar en la capital, el 29 de febrero de 2004 el señor Jean-Bertrand Aristide fue transportado en un avión del gobierno de los Estados Unidos de América a la República Central Africana. Luego de esto, el entonces Presidente de la Corte de Casación, señor Boniface Alexandre, juró al cargo de Presidente interino, en los términos de la Constitución de Haití de 1987, vigente en esa época. Se estableció un “Gobierno de transición”, con Gérard Latortue como Primer Ministro11. El 29 de febrero de 2004, a solicitud del Presidente interino, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 152912, mediante la cual estableció una Fuerza Multinacional Provisional (FMP), la cual inició inmediatamente su despliegue en Haití13. Posteriormente, en su Resolución 1542 de 30 de abril de 2004, el Consejo de Seguridad decidió establecer la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (en adelante “MINUSTAH”) y ordenó que la autoridad de la Fuerza Multinacional Provisional fuera traspasada a la MINUSTAH el 1° de junio de 2004. El mandato de ésta incluía, entre otros, proveer un entorno seguro y estable para el proceso constitucional y político haitiano, así como vigilar la situación de los derechos humanos en el país14. Dicha misión fue prorrogada varias veces subsecuentemente15. El mandato del Presidente interino Boniface Alexandre terminó en mayo de 200616. El regreso a la legalidad constitucional se expresó, inter alia, por la elección del señor René Préval como Presidente de la República17.
10. Específicamente en lo que respecta al señor Neptune, su mandato como Primer Ministro terminó el 12 de marzo de 200418. Al respecto, la Comisión señaló en su demanda que “los peticionarios también afirmaron […] que, poco después, las amenazas contra la vida del señor Neptune lo obligaron a ocultarse”19. En marzo de 2004 una Jueza de Instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Saint-Marc dictó una orden de arresto contra el señor Neptune, como “inculpado de haber ordenado y participado en la masacre de la población de La Scierie (Saint-Marc) y en el incendio de varias casas en el curso del mes de febrero de 2004”20. Dos días después, el gobierno de Haití impartió una orden que prohibía al señor Neptune abandonar el país. El señor Neptune fue arrestado el 27 de junio de 2004, cuando se entregó a la policía21. Según la Comisión, al momento de su arresto no se le informó acerca de las razones de su detención, ni se le comunicó cuáles eran sus derechos22. Entre otros aspectos, la demanda se refiere a que el Estado no hizo comparecer al señor Neptune sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por ley para ejercer funciones judiciales; no le otorgó un recurso ante un tribunal competente para que revisara la legalidad de su arresto; no garantizó su integridad física, mental y moral, ni su derecho a ser separado de los condenados, dadas las condiciones y el tratamiento a los cuales fue expuesto durante su detención. El señor Neptune permaneció detenido hasta el 27 de julio de 2006, primero en la Penitenciaría Nacional de Port-au-Prince y subsecuentemente en el Anexo a la Penitenciaría Nacional, cuando fue liberado por razones humanitarias23. El proceso penal en su contra permaneció abierto.

II

Competencia
11. La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana, ya que Haití es Estado Parte en la Convención Americana desde el 27 de septiembre de 1977 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 20 de marzo de 1998.

III

Procedimiento ante la Corte
12. El 5 de febrero de 2007 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el entonces Presidente de la Corte y de conformidad con los artículos 34 y 35.1 del Reglamento, notificó la mencionada demanda junto con sus anexos al Estado24 y al representante25 e indicó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 y 20.3 del Reglamento, el idioma de trabajo del presente caso sería el francés. El 29 de junio de 2007 la Secretaría hizo notar al Estado y al representante que no había recibido el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas ni el escrito de contestación de la demanda, en los respectivos plazos establecidos al efecto. El 26 de julio de 2007 la Secretaría comunicó a las partes que, luego del análisis de la demanda presentada por la Comisión, el pleno de la Corte había considerado que, en las circunstancias del caso, no era necesario convocar a una audiencia pública. El 9 de agosto de 2007 el representante ofreció sus disculpas por no haber presentado un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas; manifestó su acuerdo con lo establecido por la Comisión en este caso; solicitó autorización “para someter información adicional”; solicitó que, en caso de que el Estado no presentara la contestación de la demanda, pudiera presentar “solicitudes escritas adicionales” y solicitó que fuera convocada una audiencia. El 22 de agosto de 2007 la Secretaría comunicó al representante que el plazo para presentar ese escrito había vencido; que en caso de tener información adicional la presentara junto con sus alegatos finales y que la Corte ya había decidido no convocar a audiencia. Posteriormente, el entonces Presidente de la Corte ordenó26 recibir, mediante affidávits, las declaraciones del señor Yvon Neptune y del señor Ronald Saint-Jean y el dictamen del señor Serge Henri Vieux, así como la declaración a título informativo del señor Mario Joseph, todos ofrecidos por la Comisión, documentos respecto de los cuales las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. En un escrito recibido en la Secretaría de la Corte el 4 de septiembre de 2007, el Estado manifestó, inter alia, que “en caso de que el expediente fuera reabierto, el Gobierno de la República presentaría sus observaciones de acuerdo con el artículo 38 del Reglamento”. La Secretaría informó al Estado que, tal como había sido mencionado en oportunidades anteriores, el procedimiento en este caso había seguido su curso a pesar de que el representante y el Estado no habían presentado los escritos respectivos hasta ese momento; que en su Resolución el Presidente había señalado que, una vez presentadas las declaraciones, el expediente estaría listo para considerar la posibilidad de dictar sentencia y se recordó los plazos para presentar alegatos finales. Las declaraciones requeridas fueron presentadas. El 30 de septiembre y 12 de octubre de 2007 el representante y la Comisión presentaron, respectivamente, sus alegatos finales escritos.
13. El 3 de octubre de 2007 el Estado presentó un escrito en el cual hizo varias manifestaciones (supra párr. 4 e infra párr. 20). El 29 de octubre de 2007 se solicitó a las partes, en los términos del artículo 45.2 del Reglamento, que presentaran información como prueba para mejor resolver27. El 5 de noviembre de 2007 el representante remitió una parte de la información solicitada y una semana después, siguiendo instrucciones del entonces Presidente de la Corte, la Secretaría solicitó a las partes que remitieran la información faltante.
14. Según fue señalado (supra párr. 4), al haber sido puesto en conocimiento de la Corte un hecho superviniente – la decisión de la Corte de Apelaciones de Gonaïves – y la intención manifestada por el Estado de someter al señor Neptune a un juicio ante la Alta Corte de Justicia, el 29 de noviembre de 2007 la Corte dictó una resolución en la cual decidió realizar una diligencia para mejor resolver, mediante una audiencia, con el objeto de recibir la declaración del señor Neptune, así como la información que las partes pudieran aportar, sobre varios aspectos en controversia28 y solicitó la remisión de documentación29. El 23 de enero de 2008 el entonces Presidente de la Corte decidió convocar al señor Mario Joseph a declarar, a título informativo, en el marco de dicha audiencia. El 30 de enero de 2008 la Corte celebró la referida audiencia pública30. Según lo ordenado por la Presidenta de la Corte (en adelante “la Presidenta”) durante la audiencia pública, el 15 de febrero de 2008 la Secretaría solicitó a las partes, en aplicación del artículo 45.1 del Reglamento, que respondieran a algunas preguntas31. Las respuestas del Estado, del representante y de la Comisión fueron recibidas el 22 de febrero32. El 14 de marzo de 2008 la Secretaría, siguiendo instrucciones de la Presidenta, informó a las partes que, en aplicación del artículo 45.1 del Reglamento, incorporaría determinados elementos probatorios al expediente33, respecto de los cuales las partes tuvieron oportunidad de someter sus observaciones.
15. La Corte ha evaluado los argumentos y las pruebas presentados durante el proceso por la Comisión Interamericana, así como los alegatos y manifestaciones del representante y del Estado, ha convocado a una audiencia y ha requerido a las partes la presentación de información y documentación como prueba para mejor resolver, con base en los cuales este Tribunal dicta ahora una sentencia.

IV



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