Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras Sentencia de 26 de noviembre de 2003



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Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras

Sentencia de 26 de noviembre de 2003

(Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

En el caso Juan Humberto Sánchez,


la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:
Antônio A. Cançado Trindade, Presidente;

Sergio García Ramírez, Vicepresidente;

Hernán Salgado Pesantes; Juez;

Máximo Pacheco Gómez, Juez;

Oliver Jackman, Juez; y

Alirio Abreu Burelli, Juez;


presentes, además,
Manuel E. Ventura Robles, Secretario, y

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario Adjunto;


de acuerdo con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y el artículo 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”)* resuelve sobre la demanda de interpretación de la Sentencia sobre excepciones preliminares, fondo y reparaciones emitida por la Corte el 7 de junio de 2003 en el Caso Juan Humberto Sánchez (en adelante “la sentencia dictada”), presentada por el Estado de Honduras (en adelante “el Estado”) el 6 de octubre de 2003.

I


Competencia y Composición de la corte
1. El artículo 67 de la Convención establece que

[e]l fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

De conformidad con el artículo citado, la Corte es competente para interpretar sus fallos y, para el examen de la demanda de interpretación, debe tener, si es posible, la misma composición que tenía al dictar la Sentencia respectiva (artículo 58.3 del Reglamento). En esta ocasión, la Corte se integra con los jueces que dictaron la sentencia de excepciones preliminares, fondo y reparaciones, cuya interpretación ha sido solicitada por el Estado.

II


Introducción de la demanda de interpretación y su objeto
2. El 6 de octubre de 2003 el Estado presentó, de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana y el artículo 58 del Reglamento, una demanda de interpretación de la Sentencia sobre excepciones preliminares, fondo y reparaciones.

3. En la demanda de interpretación, el Estado formula consideraciones sobre los siguientes aspectos de la Sentencia de 7 de junio de 2003: la composición de la Corte en la audiencia pública y al momento de dictar sentencia; la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal y la determinación de los hechos probados en la Sentencia; la determinación de las reparaciones y los beneficiarios de las mismas. Asimismo, solicita a la Corte que considere que, si bien el recurso de revisión no existe en la Convención Americana, ni en Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos1 (en adelante “el Estatuto”), ni en el Reglamento de Corte, ello no es motivo suficiente para que dicho recurso sea rechazado, ya que en “el caso de autos se han producido hechos relevantes que el Estado considera fraudulentos”; en razón de lo cual, el Estado también interpone un recurso de revisión contra la Sentencia dictada en cuanto a la consideración que hace la Corte del documento titulado “Informe Secreto” que fue adjuntado a la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) como Anexo 1.



III


Procedimiento ante la Corte
4. Mediante nota de 7 de octubre de 2003 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) transmitió copia de la demanda de interpretación a la Comisión Interamericana y a los representantes de la víctima y sus familiares (en adelante “los representantes de las víctimas”) y, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento, les invitó a presentar las alegaciones escritas que estimasen pertinentes a más tardar el 31 de octubre del mismo año.
5. El 31 de octubre de 2003 la Comisión y los representantes de las víctimas presentaron sus escritos sobre observaciones a la solicitud de interpretación de Sentencia en el presente caso.


IV


Admisibilidad
6. El Estado solicitó, tal como fue narrado (supra 2 y 3), que la Corte interpretara y revisara la Sentencia dictada por este Tribunal el 7 de junio de 2003.
7. Corresponde ahora a la Corte verificar si los términos de la demanda de interpretación cumplen las normas aplicables. El artículo 67 de la Convención exige, como presupuesto de admisibilidad de la demanda de interpretación de sentencia, que dicha demanda sea presentada “dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo”. La Corte ha constatado que la Sentencia sobre excepciones preliminares, fondo y reparaciones en el presente caso fue notificada al Estado el 9 de julio de 2003. Por lo tanto, la demanda de interpretación, de fecha 6 de octubre de 2003, fue presentada oportunamente (supra 2).
8. El artículo 29 del Reglamento de la Corte establece que
1. [l]as sentencias y las resoluciones que pongan término al proceso son de la competencia exclusiva de la Corte.

3. Contra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación.
9. Asimismo el artículo 58 del Reglamento establece, en lo conducente, que
[l]a demanda de interpretación a que se refiere el artículo 67 de la Convención podrá promoverse en relación con las sentencias de fondo o de reparaciones y se presentará en la Secretaría de la Corte indicándose en ella, con precisión, las cuestiones relativas al sentido o alcance de la sentencia cuya interpretación se pida.
10. El Estatuto en su artículo 25 señala que


  1. la Corte dictará sus normas procesales.




  1. Las normas procesales podrán delegar en el Presidente o en comisiones de la propia Corte, determinadas partes de la tramitación procesal, con excepción de las sentencias definitivas y de las opiniones consultivas. Los autos o resoluciones que no sean de mero trámite, dictadas por el Presidente o las comisiones de la Corte, serán siempre recurribles ante la Corte en pleno.




  1. La Corte dictará también su Reglamento.

11. En relación con la impugnación de las decisiones adoptadas en el proceso ante la Corte Interamericana, el Tribunal ha señalado que


únicamente las decisiones del Presidente o de las comisiones del Tribunal [constituidas de conformidad con el artículo 25 del Estatuto de la Corte] pueden ser combatidas ante el pleno de la Corte, pero las restantes, entre ellas las pronunciadas al resolver las excepciones preliminares, no pueden ser objeto de impugnación2.
12. En lo que respecta a la revisión de una sentencia de la Corte, tanto el artículo 25 del Estatuto, como los artículos 6 y 29 del Reglamento, disponen que las decisiones que no sean de mero trámite, dictadas por el Presidente o las comisiones de la Corte, serán recurribles ante el pleno de la Corte. En la práctica, aunque no se hace referencia expresa a estos preceptos, los mismos han servido para que la Corte modifique resoluciones previamente adoptadas por el Presidente, entre otras, en materia de audiencias públicas y de las convocatorias respectivas, ya sea por apelación de las partes contra la Resolución del Presidente3, por objeciones formuladas por alguna de las partes a alguno de los puntos de la convocatoria4, por objeciones con respecto al conocimiento superviniente por una de las partes de impedimentos en la persona del Juez ad hoc designado5, por simples observaciones de las partes6, como en el caso de que algún testigo se viera imposibilitado de declarar; o, incluso, de oficio7, inter alia, por razones de programación de las actividades de la Corte.
13. Las peticiones del Estado, en el presente caso, se refieren a la interpretación del fallo y a la revisión del mismo fundadas en los artículos 67 de la Convención Americana y 58 del Reglamento de la Corte, “por estar el Estado en total desacuerdo con el sentido y el alcance de la sentencia” y en que “las sentencias que deba dictar esta … Corte, tienen que estar motivadas” (supra 3).
14. De conformidad con lo señalado por diversos tribunales internacionales, la labor de interpretar que le corresponde a un tribunal internacional supone la precisión de un texto, no sólo en cuanto a lo decidido en sus puntos resolutivos sino, además, en cuanto a la determinación del alcance, el sentido y la finalidad de sus consideraciones. Como esta Corte ha señalado, una solicitud o demanda de interpretación de una sentencia
no debe utilizarse como un medio de impugnación sino únicamente debe tener como objeto desentrañar el sentido de un fallo cuando una de las partes sostiene que el texto de sus puntos resolutivos o de sus consideraciones carece de claridad o precisión, siempre y cuando esas consideraciones incidan en dicha parte resolutiva y, por tanto, no se puede pedir la modificación o anulación de la sentencia respectiva a través de una demanda de interpretación8.
15. Esta Corte ha señalado igualmente que es admisible el recurso de revisión en casos excepcionales, cuando un hecho, conocido luego de emitida la sentencia, afecte lo decidido, o demuestre un vicio sustancial de ésta9. En el caso sub judice, no se alude a un hecho relevante posterior, que modifique sustancialmente lo decidido por el Tribunal, sino que, por el contrario, la solicitud de revisión se basa en la alegación de una serie de pruebas que, como se analizó en la Sentencia10, el Estado no sometió a consideración de la Corte sino hasta en la audiencia pública celebrada los días 6 y 7 de marzo de 2003, pese a que los hechos habían estado en conocimiento del propio Estado desde julio de 1992. El Estado tuvo la oportunidad procesal para referirse a este tema en la fase escrita, el 11 de enero de 2002 en su contestación a la demanda11; y, sin embargo, no lo hizo.
16. La Corte, observa, igualmente, que el Estado solicita información sobre los requisitos que deben ser exigidos al momento de ser presentada una denuncia ante la Comisión, de conformidad con el artículo 46.1.d de la Convención. Sobre el particular, llama la atención que el Estado no haya alegado ante la Corte ese punto para su consideración en momento oportuno, como habría sido la etapa de excepciones preliminares, motivo por el cual no puede pretender que a través de una demanda de interpretación, la Corte analice una cuestión no alegada oportunamente. En razón de lo anterior, y como fue señalado en el párrafo precedente, la Corte rechaza, por improcedente, la solicitud de interpretación presentada por el Estado en relación con la admisibilidad de la denuncia ante la Comisión.
17. Aún cuando la demanda de interpretación no se adecua en sus términos a lo previsto en el artículo 67 de la Convención y en el artículo 58 del Reglamento, la Corte decide analizar algunos de los particulares señalados por el Estado, a fin de aclarar el sentido y el alcance de los mismos, a saber: composición de la Corte, valoración de la prueba y hechos probados y reparaciones.

*

* *


18. Antes de entrar a analizar los argumentos de las partes, la Corte rechaza las expresiones del agente del Estado, Sergio Zavala Leiva, en su solicitud de interpretación, que fueron inapropiadas, innecesarias y contrarias al lenguaje que debe utilizarse en el litigio internacional y, consecuentemente, ante los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, sean éstos la Comisión o la Corte. En razón de lo cual el Tribunal, como ha hecho en ocasiones anteriores en otros casos12, solicita al agente designado por el Estado, que en el futuro se abstenga de utilizar ese tipo de expresiones.

v

sobre la Composición de la Corte




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