Cooperativa de Electricidad Bariloche Ltda c/ Provincia de Río Negro s/ Contencioso Administrativo s/ Apelación



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Expte. N° 27043/14

“Cooperativa de Electricidad Bariloche Ltda. c/ Provincia de Río Negro s/ Contencioso Administrativo s/ Apelación”



Procuración General de la Provincia de Río Negro


Sres. Jueces:

I
A fs. 826 de autos, se corre vista de las presentes actuaciones previo a resolver los recursos deducidos y sustanciados en autos.

Los mismos son incoados por el apoderado de Cooperativa de Electricidad de Bariloche; y por el apoderado del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (ENRE) contra la Sentencia Nº 3/14 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Viedma por la que se resolviera “I. Homologar el desistimiento de la acción y el derecho formulado por la parte actora; II.- Imponer las costas a la accionante (art. 73 2º párrafo 1º sup. del CPCyC; III.- Regular los honorarios de los Dres. Eduardo Martirena, Cosme Andrés Nacci y Francisco Fabio Nacci, actuantes por la Provincia de Río Negro en forma conjunta en 30 jus + 40%; para el Dr. Joaquín Pandolfi interviniente por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad, en 30 jus + 40%; para los que asistieron a la actora: Dra. Paula Romera en calidad de patrocinante en 20 jus; Dres. Alberto Cortés y María Fernanda Rodrigo por el doble carácter de apoderados letrados, en conjunto en 20 jus + 40% y para el Dr. Alfredo Iwan en 10 jus…

DEL FALLO IMPUGNADO:

Se contempla a través de la sentencia en crisis que la parte actora formuló oportunamente desistimiento de la acción y del derecho atento haber devenido abstracta la cuestión ventilada en autos solicitando que las costas se impongan en el orden causado.

Que a su turno, los letrados representantes de la Fiscalía de Estado contestaron el traslado que se les corriera de aquella, oponiéndose y peticionando en cambio, que las mismas sean soportadas por la parte que desistió, conforme lo normado por el art. 73, párrafo 2º del CPCC.

Con lo cual, el Tribunal de origen con voto del Dr. Ernesto J. F. Rodríguez, señala que la cuestión planteada refiere al instituto procesal del desistimiento de la acción y del derecho que se encuentra regulado en los arts. 304 y 305 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial.-

Así sostiene que “El desistimiento, considerado como un modo anormal de terminación el proceso es el acto por el cual el actor manifiesta su propósito de no continuar el proceso pudiendo reservarse el derecho de renovar su demanda en otro juicio (desistimiento de la acción); o en cambio, como ha ocurrido en autos, puede renunciar también a su pretensión jurídica, lo que importa implícitamente la renuncia de la acción (desistimiento del derecho).-

Como lo expresa la norma de aplicación, el desistimiento del derecho no requiere la conformidad de la contraparte.-

Se advierte, por demás, que quien desiste tiene capacidad y legitimación para hacerlo y la materia del litigio es de naturaleza disponible para las partes, por lo que al no estar comprometido el orden público, no hay obstáculo alguno para proceder a la homologación de desistimiento así articulado.”-

Que por otro lado “de conformidad con lo dispuesto en el art. 73, párrafo 2º del C.P.C. y C., las costas son a cargo de quien desiste cuando, como sucede en el caso, no se configura ninguno de los supuestos de excepción previstos en dicha disposición” y “Tampoco se verifica el supuesto excepcional de eximición de costas a quien desiste, de creación jurisprudencial, cuando hay indudable evidencia de que no podía ser derrotado en el juicio (CNCiv, sala D, 12/7/77, ED 75-567, citado por FENOCHIETTO-ARAZI, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, Tº 1, pág. 285), fallo en el cual se entendió que el “desistimiento” en realidad encubría una transacción. Ni se ha acreditado tampoco el supuesto acuerdo arribado entre la parte actora y el señor Fiscal de Estado.

Considera el juez votante que “Da la impresión que el escrito presentado a fs. 769, a escasos días del vencimiento del plazo para resolver el pedido de caducidad de instancia planteado por la Provincia de Río Negro a fs. 763/765, pretendió evitar el dictado de una sentencia que conforme la inactividad que se advierte en autos previo a dicha solicitud, pareciera destinada a resolver favorablemente la misma con la inexorable imposición de costas, conforme lo normado por el art. 73, párrafo 4º, del rito.”

Por lo que concluye que las costas deben ser impuestas a la parte actora.

Por último, se determina el monto base a tener en consideración a los efectos de la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes. Invoca el art. 20 de la ley arancelaria G 2212 el establece que “Se considerará como monto del proceso la suma que resultare de la sentencia o transacción. En los casos de rechazo total o parcial de la demanda y/o reconvención, los montos desestimados formarán parte del monto base a los efectos regulatorios en la medida en que hubiere existido actividad profesional útil respecto de los mismos, aplicándose la escala del art. 8”. Por su parte, el art. 21 de la ley de aranceles prescribe lo siguiente: “Cuando el honorario debiere regularse sin que hubiere dictado sentencia ni sobrevenido transacción, se considerará monto del proceso, la mitad de la suma reclamada en la demanda y reconvención, cuando esta se hubiere deducido”.-

Sin perjuicio de ello y en atención al desistimiento del reclamo económico formulado previo al traslado de demanda, a los fines arancelarios se consideró el presente como proceso sin monto, sin perjuicio de aplicarse las restantes pautas establecidas en la Ley de Aranceles.



DE LOS AGRAVIOS:

  • Se presenta por un lado el Dr. Ariel Italo Balladini en carácter de gestor procesal (ratificado a fs. 807) y apela honorarios regulados en la sentencia al Dr. Pandolfi, apoderado del Ente Provincial Regulador de la Electricidad, por considerar los mismos como “excesivamente bajos”, argumentando que mas allá del desistimiento del reclamo económico no se transforma al proceso como de “monto indeterminado”, toda vez que las resoluciones impugnadas ocasionaban un perjuicio económico directo y perfectamente mensurable.

Señala luego que para el caso que VE considere que efectivamente, es un proceso de monto indeterminado plantea subsidiariamente que se eleven los honorarios del Dr. Pandolfi desde que en modo alguno la suma regulada implica una justa retribución por la labor profesional desarrollada.

Ordenado el traslado a la contraparte, solicita sea declarado desierto por no constituir una crítica razonada y pormenorizada de la regulación de honorarios atacada. Agrega que en forma alguna la pretensión de la actora podría considerarse un reclamo de tipo económico, sino que se trata del pedido de declaración de nulidad de una resolución administrativa que no traduce en forma directa un reclamo de ese tipo. De la naturaleza de los planteos efectuados por la CEB, se debe interpretar que el objetivo principal es de “ajuste de la legalidad”.



  • Por la C.E.B. el recurso es incoado por el Dr. Alfredo Iwan. En su memorial de agravios (fs. 817/818 vta.) explica liminarmente que habría existido un acuerdo previo con el Sr. Fiscal de Estado quien adheriría al pedido de que las costas fueran por su orden, lo que, sorpresivamente no ocurrió llegado el momento. Luego, en lo que respecta al fallo impugnado considera que yerra la Cámara al sostener que no han existido supuestos especiales que hayan justificado el desistimiento de la acción y del derecho, los que se verificarían al no mantener un pleito inútil, explayándose luego en consideraciones relacionadas a la conducta de los integrantes de la Fiscalía de Estado.

Fiscalía de Estado, a través de sus apoderados Eduardo Martirena y Cosme Andrés Nacci contestan el traslado oportunamente conferido indicando que el recurso impetrado sólo cuestiona las costas del juicio pero sin una crítica razonada y concreta, con sustento en elementos que no integran la litis.

Por último reseñan el derrotero procesal de la causa, donde la inactividad de la parte actora tuvo como consecuencia el pedido de caducidad y que previo a resolverse el mismo, la empresa desiste de la acción.

II

Ingresando en el análisis de los recursos de apelación incoados, he de adelantar que en ambos casos se incumple con la carga específica de expresar agravios de manera suficiente, dado que -en líneas generales- no pasan de ser una queja genérica e infundada, las que no alteran en nada la línea medular que sostiene el decisorio.



Que se efectúan a través de los mismos intentos de cuestionar tanto la regulación de honorarios como la imposición de costas -facultades propia del juez de la respectiva instancia- sin fundarlos con la suficiencia necesaria para que la alzada revise y revoque el mérito que se hace de las mismas.

Así ese STJ -aunque con distinta conformación- ha dicho que:tanto la imposición de costas como la regulación de honorarios, salvo manifiesta arbitrariedad, corresponde al mérito su valoración no debiendo esta instancia inmiscuirse en la misma, salvo causa que lo justifique, lo que no ocurre en el caso. SE. 29/12 “A., H. R. Y Otros C/ Provincia De Río Negro S/ Contencioso Administrativo S/ Apelación" de fecha 19‑03‑12).

Esto es, los argumentos planteados tanto por el apoderado de la CEB respecto de los honorarios como el apoderado del ENRE respecto de la imposición de costas, concretamente, no encuentran cumplimentado en el desarrollo de sus respectivos discursos, con eficiencia y suficiencia, la carga de explicitar el motivo y además el fundamento del agravio, careciendo de una crítica razonada y concreta de las partes del fallo que se intenta impugnar.

Ya en anteriores intervenciones de este Ministerio Público se señaló que “sin perder de vista que nos encontramos ante recursos de apelación, que por imperio del principio “tantum devolutum  quantum apellatum”, obliga y restringe -como ya adelantara- la procedencia del recurso al alcance, la exposición y la suficiencia de los agravios expresados por el recurrente (CS, octubre 19 de 1995, “Aquinos, Serafina c. Terranova, Daniel”, La Ley, 1996-A-342); con lo que -desde mi óptica- el intento recursivo no logra conmover los fundamentos de la sentencia recurrida. Ello así, en razón de no haber plasmado una crítica concreta -sino más bien una farragosa y confusa exposición- del fallo que intentan poner en crisis. Sabido es que las facultades de los Tribunales de Apelación sufren en principio una doble limitación, la que resulta de la relación procesal -que aparece en la demanda y contestación- y la que el apelante haya querido imponerle en el recurso.” (Dictámenes 80/12 y 121/13 entre otros)

En ese marco, la sentencia ha sido debidamente motivada.

Así el S. T. J. señaló “Se advierte en el escrito recursivo el incumplimiento del art. 265 del C.P.C. y C., en cuanto tal norma exige que el escrito de expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. En efecto, de la simple lectura de la expresión de agravios se observa que el apelante, luego de invocar la nulidad, se limita a manifestar su discrepancia con el fallo atacado sin realizar un ataque efectivo, contundente y razonado que demuestre la incorrecta interpretación de hecho y de derecho en que habría incurrido el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro” (Cf. STJRNSC in re “SAPSE” Se. 56/03 del 29‑ 08‑ 03).” (SE. 125/07)

La ausencia de dicha crítica razonada y concreta respecto del fallo que se pretende impugnar, constituye un valladar insalvable para la procedencia de ambos recursos.

Ahora bien, a todo evento he de reseñar que para el caso específico de la regulación de honorarios es criterio expuesto por ese Alto Tribunal que: “ el Tribunal “a quo” estableció el monto del proceso a los fines de la regulación de honorarios, acorde al mérito de la utilidad de la actividad profesional desarrollada por los abogados en orden a la consecución del resultado del pleito, cuestiones estas de hecho, y por ende, de incumbencia de los jueces de grado, no resultando arbitraria o irrazonable, por lo que corresponderá su confirmación. (SE. 146/12 “P., L. E.; P., P.; M., M. Y P., J. A. C/ Municipalidad de San Antonio Oeste S/ Contencioso Administrativo S/ Apelación" de fecha 01‑11‑12).

Es decir que, conforme las disposiciones existentes aplicables a todos los profesionales por su labor técnica en juicio, es facultad del juez determinar los mismos en base a la valoración del trabajo profesional, estableciendo el porcentaje a aplicar a esos fines.

En el caso, resulta acertado a criterio de la suscripta, que se haya considerado en el fallo en análisis que el monto era indeterminado en función de haber desistido la parte actora del reclamo económico por los daños y perjuicios y pretender tan solo el control de legitimidad del acto administrativo y el consecuente pedido de nulidad de mismo.

A mayor abundamiento, la misma parte formuló expresa reserva de que, ante la declaración de nulidad de las resoluciones administrativas atacadas, se requeriría por la vía correspondiente el respectivo reclamo por los daños y perjuicios ocasionados, limitándose así el objeto de ésta pretensión al solo control de legalidad y postergando de esta manera cualquier reclamo económico “directo y perfectamente mensurable” a una futura presentación.

Luego, en lo que hace a la imposición de costas se ha señalado que “atento lo normado en el art. 73 del CPCyC, en cuanto "....Si el proceso se extinguiere por desistimiento, las costas serán a cargo de quien desiste, salvo cuando se debiere exclusivamente a cambios de legislación o jurisprudencia y se llevare a cabo sin demora injustificada. Exceptúase, en todos los casos, lo que pudieren acordar las partes en contrario". No dándose en el caso ninguna de las excepciones citadas, corresponderá imponer las costas a quien desiste.”(SE. 125/08 “Incidente De Ejecución De Sentencia En Autos: Defensora del Pueblo de la Provincia de Río Negro S/ Mandamus‑Amparo Colectivo Ley 27799)

Por lo que, no dándose de manera evidente en el caso, ninguna de las excepciones previstas, como así tampoco lo ha podido acreditar el recurrente, no se vislumbra -tal como lo ha considerado el a quo- la posibilidad de apartarse de las previsiones del art. 73 del CPCC.

III


En función de lo expuesto entiende esta Procuración General que deberán rechazarse los recursos impetrados por los apoderados de la CEB y del ENRE, confirmándose el fallo de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial de Minería de Viedma en lo que respecta a la regulación de honorarios e imposición de costas respectivamente.

Es mi dictamen.

Viedma, de junio de 2013.


Silvia Baquero Lazcano

Procuradora General

Poder Judicial

DICTAMEN Nº /14.










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