Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles



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CAT/C/GBR/5




Naciones Unidas

CAT/C/GBR/5



Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes


Distr. general

21 de mayo de 2012

Español

Original: inglés



Comité contra la Tortura

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención

Quinto informe periódico que los Estados partes debían presentar en 2008

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte* ** ***

[6 de septiembre de 2011]



Lista de siglas

Ley ATCS Ley de seguridad, contra el terrorismo y la delincuencia

Ley PACE Ley de policía y medios de prueba en materia penal

ONG Organizaciones no gubernamentales

OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte

PSNI Servicio de Policía de Irlanda del Norte

Índice

Párrafos Página

Introducción 1–25 4

Parte I: Observaciones formuladas por el Comité tras su examen del cuarto
informe periódico del Reino Unido 26–154 8

Parte II: Territorio metropolitano. Información relativa a los artículos 1 a 16


de la Convención 155–586 35

Artículo 2: Medidas eficaces para impedir los actos de tortura 156–193 35

Artículo 3: Devolución de personas a Estados en los que podrían ser sometidas
a tortura 194–196 43

Artículo 4: Tipificación de la tortura como delito 197–208 44

Artículo 5: Establecimiento de la jurisdicción 209–212 46

Artículo 6: Detención de las personas sospechosas de cometer actos de tortura 213 47

Artículo 7: Procesamiento de las personas sospechosas de cometer actos de
tortura y no extraditadas 214–232 47

Artículo 8: Extradición de personas sospechosas de cometer actos de tortura 233 50

Artículo 9: Asistencia judicial mutua 234 50

Artículo 10: Educación y formación del personal policial, militar, médico y otros,


para evitar la tortura y otras formas de maltrato 235–282 50

Artículo 11: Examen sistemático de las normas, las instrucciones, los métodos y


las prácticas a fin de evitar la tortura y otras formas de malos tratos 283–413 58

Artículo 12: Investigación de actos de tortura y otras formas de malos tratos 414–448 79

Artículo 13: Disponibilidad de procedimientos de presentación de quejas para
quienes hayan sido sometidos a tortura u otras formas de malos tratos 449–495 86

Artículo 14: Reparación y rehabilitación de las víctimas de actos de tortura 496–503 94

Artículo 15: Admisibilidad de las confesiones como pruebas 504–507 96

Artículo 16: Otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o


degradantes y que no lleguen a ser tortura 508–586 96

Parte III: Información general 587–839 112

Anexos

I. Dependencias de la Corona del Reino Unido 162



II. Territorios de Ultramar del Reino Unido 181

Introducción

1. El presente informe es el quinto presentado por el Reino Unido en virtud del artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En él se facilita información sobre la manera en la que el Reino Unido ha seguido cumpliendo sus obligaciones en el marco de la Convención desde que el Comité examinó el cuarto informe del Reino Unido (CAT/C/67/Add.2), en noviembre de 2004, y se presentó la actualización complementaria al Comité, en marzo de 2006 (CAT/C/GBR/CO/4/Add.1).

2. El Reino Unido es un Estado unitario integrado por Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte (pero no por las Dependencias de la Corona, esto es: la Isla de Man y las Islas del Canal). En el presente informe, por "Gran Bretaña" se entenderá Inglaterra, Gales y Escocia, conjuntamente. El informe se ha elaborado con la plena colaboración de las administraciones autonómicas de Gales, Escocia e Irlanda del Norte.

3. El quinto informe periódico correspondiente a las Dependencias de la Corona del Reino Unido (Guernsey, Jersey y la Isla de Man) se presenta en la segunda parte del presente informe. El cuarto informe periódico de los Territorios de Ultramar del Reino Unido figura en la tercera parte del presente informe.



La prohibición de la tortura en el derecho interno

4. En virtud del artículo 134 de la Ley de justicia penal de 1988, la tortura es un delito en el Reino Unido, por el que se puede imponer una pena máxima de cadena perpetua. Por medio de la Ley de derechos humanos de 1998, que entró en vigor en octubre de 2000, se refuerza la aplicación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en el derecho del Reino Unido. En el artículo 3 del Convenio se establece que nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Mediante la Ley de derechos humanos se impone a todas las autoridades públicas la obligación de actuar respetando los derechos del Convenio y se refuerza la capacidad de la víctima o posible víctima de hacer valer los derechos del Convenio en los procesos civiles y penales.

5. El Reino Unido también es parte en el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor en el país el 1º de febrero de 1989. Desde noviembre de 2004, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes ha realizado cuatro visitas al Reino Unido: en 2005, 2007, 2008 y 2010. En 2008 visitó Irlanda del Norte y, en 2010, Guernsey y Jersey.

Artículo 22 de la Convención

6. En julio de 2004 el Gobierno examinó su posición sobre el derecho a presentar comunicaciones a título personal en virtud del artículo 22 de la Convención, en el marco de un examen más amplio de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

7. El Gobierno concluyó que seguía sin estar convencido del valor práctico añadido que podrían tener para la población del Reino Unido los derechos a presentar reclamaciones a título individual ante las Naciones Unidas, incluido el que confiere el artículo 22 de la Convención.

8. Los comités de las Naciones Unidas que examinan las comunicaciones no son tribunales y no pueden conceder indemnizaciones ni emitir decisiones judiciales sobre el sentido del derecho, mientras que el Reino Unido cuenta con leyes sólidas y efectivas en virtud de las cuales las personas pueden solicitar una reparación ante los tribunales si consideran que sus derechos han sido vulnerados.

9. En 2004, el Gobierno se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Uno de los motivos fue que le permitiría examinar sobre una base más empírica las ventajas derivadas del derecho a presentar reclamaciones a título individual en general. Desde marzo de 2005, solo se han presentado dos comunicaciones en relación con el Reino Unido al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y ambas fueron declaradas inadmisibles.

10. El 27 de febrero de 2009 el Reino Unido ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Hasta la fecha, la experiencia obtenida en relación con ambos protocolos no ha proporcionado suficiente datos empíricos para poder adoptar una posición respecto de la utilidad de otros mecanismos de presentación de denuncias a título individual. El Gobierno necesitará una cantidad mayor de datos, durante un período más prolongado, para poder determinar las ventajas prácticas de esos mecanismos.



Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

11. El Reino Unido ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención en diciembre de 2003. El 31 de marzo de 2009, el Gobierno del Reino Unido anunció el establecimiento del mecanismo nacional de prevención, del que figura una descripción más detallada en el párrafo 283. El Reino Unido apoya plenamente la labor del Subcomité para la Prevención, establecido también en virtud del Protocolo Facultativo. El profesor Malcolm Evans, de la Universidad de Bristol, ha sido elegido miembro independiente del Subcomité y es en la actualidad su presidente.



Papel de las organizaciones no gubernamentales

12. El Gobierno del Reino Unido reconoce que las ONG desempeñan un destacado papel en la prevención de la tortura y otras formas de malos tratos. En la preparación de este informe, el Gobierno recabó la opinión de las siguientes ONG:



  • Juristas;

  • Amnistía Internacional (Reino Unido);

  • Instituto Británico de Derechos Humanos;

  • British Irish Rights Watch;

  • Comité de Administración de Justicia;

  • Human Rights Watch;

  • Liberty and Justice;

  • Fundación Médica para la Atención de Víctimas de Tortura;

  • Fundación para la Reforma Penitenciaria;

  • REDRESS.

Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos

  • Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte;

  • Comisión de Derechos Humanos de Escocia;

  • UNICEF (Reino Unido);

  • Children's Rights Alliance for England;

  • Save the Children (Reino Unido);

  • Comisión de Igualdad para Irlanda del Norte;

  • Christians Against Torture;

  • Consejo de los Refugiados de Gales;

  • Penal Reform International;

  • Association for the Prevention of Torture;

  • Reprieve.

Publicación y distribución del informe

13. Se han distribuido ejemplares de este informe al Parlamento del Reino Unido, los órganos legislativos autónomos y las bibliotecas de depósito legal del Reino Unido. Se proporcionarán ejemplares del informe de forma gratuita a todas las ONG interesadas y a todos los coordinadores de derechos humanos de las principales administraciones públicas. Además, se incluirá un enlace al informe en el sitio web del Ministerio de Justicia (www.justice.gov.uk). Para solicitar una copia del informe, hay que ponerse en contacto con Information & Human Rights Policy, Ministerio de Justicia, 102 Petty France, London SW1H 9AJ o humanrights@justice.gsi.gov.uk.



Política del Reino Unido con respecto a la tortura

14. La política del Reino Unido con respecto a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es clara. El Gobierno del Reino Unido no participa en actos de tortura, ni solicita, alienta o aprueba esa práctica. Al mismo tiempo, colabora estrechamente con sus asociados internacionales para evitar la tortura en cualquier parte del mundo.

15. Desde que asumió el poder, en mayo de 2010, el Gobierno de coalición afirmó su oposición absoluta a la tortura. Dejó en claro que el Reino Unido debía estar preparado en todo momento para asegurar el cumplimiento de las normas internacionales al más alto nivel y desplegar intensos esfuerzos para garantizar el respeto del derecho internacional y los derechos humanos. Para ello es necesario reconocer los problemas que hayan podido afectar a la autoridad moral del Reino Unido, hacer frente a los problemas difíciles, y actuar sobre la base de las lecciones aprendidas.

16. En el período transcurrido desde que el Comité examinó el cuarto informe periódico del Reino Unido, en noviembre de 2004, la reputación de las fuerzas de seguridad del Reino Unido se ha visto empañada por graves acusaciones sobre el papel desempeñado por el Reino Unido en el tratamiento que otros países han dado a los detenidos. Esas acusaciones no han sido probadas. Sin embargo, su gravedad ha dado lugar a una erosión de la confianza pública en los servicios de inteligencia del Reino Unido y a un deterioro de la reputación del Reino Unido como país respetuoso de los derechos humanos, la justicia, la equidad y el estado de derecho. El Gobierno tiene la firme voluntad de recuperar la buena reputación del Reino Unido y llegar al fondo de lo ocurrido, de modo que los servicios de inteligencia del Reino Unido puedan continuar su importante con su reputación recuperada.

17. El 6 de julio de 2010 el Primer Ministro explicó al Parlamento la manera en la que el Gobierno haría frente a las acusaciones. Su declaración completa está disponible en línea en: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmhansrd/cm100706/debtext/
100706-0001.htm
.

18. El Primer Ministro indicó que se realizaría una investigación independiente, dirigida por un juez, para examinar si, en el período inmediatamente posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Gobierno del Reino Unido o sus servicios de inteligencia estuvieron involucrados en el tratamiento inadecuado de los detenidos por otros países en las operaciones de lucha contra el terrorismo en el extranjero; en caso afirmativo, en qué medida; o si tuvieron conocimiento de un tratamiento inadecuado de los detenidos en las operaciones en las que el país participó.

19. La comisión de investigación de tres miembros estará presidida por Sir Peter Gibson, un ex juez del Tribunal de Apelación y antiguo comisionado institucional para los servicios de inteligencia. Acompañarán a Sir Peter en su labor Dame Janet Paraskeva, ex presidenta de la Comisión de Administración Pública, y Peter Riddell, antiguo periodista y miembro destacado del Institute for Government. (La carta remitida por el Primer Ministro a Sir Peter Gibson, en la que se establecen las condiciones y el alcance de la investigación, se puede consultar en http://download.cabinetoffice.gov.uk/intelligence/pm‑letter‑gibson.pdf). También se puede consultar el mandato y un protocolo de conducta con respecto a la investigación en www.detaineeinquiry.org.uk.

20. La comisión de investigación iniciará su labor tan pronto como sea posible una vez hayan finalizado los procesos penales relacionados con las acusaciones. El Gobierno ha dejado claro que la investigación no tendrá una duración indefinida, sino que se prevé que presente su informe en el plazo de un año desde que comience su labor.

21. Aunque algunas audiencias serán públicas, la investigación no podrá ser completamente pública debido a la naturaleza de las pruebas que se examinan y a la necesidad de proteger la información confidencial sobre las fuentes, las capacidades y las asociaciones. Sin embargo, los responsables de la investigación podrán acceder a toda la información necesaria para desempeñar su labor, incluida la información confidencial; tendrán acceso a todos los documentos gubernamentales pertinentes, incluidos los de los servicios de inteligencia; y podrán recibir pruebas en público, incluso de las personas que hayan presentado acusaciones contra el Gobierno o sus representantes, así como de los miembros de ONG. El Gobierno se asegurará de que la comisión de investigación cuente con toda la colaboración necesaria de los departamentos y organismos pertinentes. El Gobierno confía en que la comisión de investigación llegará a adoptar una opinión fidedigna sobre la actuación ejercida por el Estado y las fuerzas de seguridad del Reino Unido, y que formulará las recomendaciones adecuadas para el futuro. El Gobierno también tiene la firme voluntad de establecer con mayor claridad qué es aceptable y qué no lo es, tanto para el presente como para el futuro.

22. Además, el Gobierno ha adoptado medidas para mejorar el mecanismo de adopción de decisiones en materia de política exterior y seguridad en el país, mediante la creación de un nuevo Consejo de Seguridad Nacional, que se encarga de forma unificada de las decisiones estratégicas en materia de política exterior, seguridad y defensa. Una de las primeras tareas resueltas por el Consejo de Seguridad Nacional ha sido la finalización y publicación de la Orientación unificada para los oficiales y agentes de los servicios de inteligencia sobre la detención y el interrogatorio de los detenidos en el extranjero y el envío y la recepción de información relacionada con los detenidos, que se puede consultar en http://download.cabinetoffice.gov.uk/intelligence/consolidated-guidance-iosp.pdf.

23. En ese documento de orientación se establecen las normas que rigen la actuación de los servicios de inteligencia y de las fuerzas armadas, y se deja en claro que los agentes de inteligencia del Reino Unido deben actuar de conformidad con el derecho interno y el derecho internacional, que incluyen la Convención contra la Tortura y la Ley de derechos humanos de 1998. En la Orientación unificada se establece lo siguiente: en primer lugar, los servicios del Reino Unido no deben participar en ninguna actuación en la que sepan o crean que se puede practicar la tortura; en segundo lugar, si tienen conocimiento de abusos cometidos por otros países, deben informar al Gobierno, a fin de que adopte las medidas necesarias para detener esas prácticas; y, en tercer lugar, en los casos de obtención de información en los que los servicios del Reino Unido consideren que se puede tratar de información crucial para salvar vidas, pero en los que también podría haber un riesgo grave de malos tratos, corresponde a los ministros del Reino Unido determinar la forma de mitigar ese riesgo. No obstante, la Orientación unificada no es, ni pretende ser, una orientación destinada a los ministros, ni tiene por objeto regular los detalles de las respuestas de los ministros en cada caso particular.

24. La Orientación ha sido objeto de dos recursos judiciales, en los que se argumenta que no incorpora adecuadamente las obligaciones del Gobierno en virtud del derecho internacional y el derecho interno. El Gobierno considera que la Orientación está en plena conformidad con sus obligaciones legales y así lo está defendiendo en los procesos correspondientes.

25. El Reino Unido proporcionará al Comité información actualizada sobre los resultados de esos procesos cuando se conozcan.

Parte I
Observaciones formuladas por el Comité tras su examen del cuarto informe periódico del Reino Unido


Motivos de preocupación

26. En los párrafos 4 y 5 de las observaciones finales formuladas tras el examen del cuarto informe periódico del Reino Unido en virtud de la Convención contra la Tortura (CAT/C/CR/33/3), el Comité contra la Tortura planteó motivos de preocupación y formuló recomendaciones al Gobierno del Reino Unido. En los párrafos 27 a 154 infra figuran las respuestas a ese respecto.



a) Las divergencias que siguen existiendo entre las obligaciones que impone la Convención y las disposiciones del derecho interno del Estado Parte que, incluso tras la aprobación de la Ley de derechos humanos, han permitido que sigan existiendo lagunas, en particular:

i) El artículo 15 de la Convención prohíbe el uso de pruebas obtenidas mediante tortura, independientemente del lugar en que ésta se produzca y de quien la cometa; no obstante, pese a las garantías del Estado Parte, previstas en el apartado g) del párrafo 3 supra, se ha interpretado que el derecho del Estado Parte excluye el uso de pruebas obtenidas mediante tortura solo en los casos en que funcionarios del Estado Parte sean cómplices.

27. En el asunto A c. el Secretario de Estado del Ministerio del Interior (Nº 2) [2005], la Cámara de los Lores dejó en claro que las pruebas obtenidas mediante tortura son inadmisibles en los procedimientos judiciales. Además de este fallo dictado por el máximo tribunal del Reino Unido, existen disposiciones legales al respecto. A efectos de las actuaciones penales en Inglaterra y Gales, en el artículo 76 de la Ley de policía y medios de prueba en materia penal (Ley PACE) se establece que un tribunal no permitirá que se utilice una confesión como prueba contra un acusado si el fiscal no ha probado más allá de toda duda razonable que no fue obtenida por coacción o como consecuencia de cualquier dicho o hecho que la pudiera convertir en poco fiable. En el artículo 76, párrafo 8, de la Ley PACE se deja en claro que la "coacción" incluye la tortura. Con arreglo al artículo 78 de la Ley PACE, un tribunal puede negarse a admitir pruebas en las que la fiscalía pretenda basarse debido al efecto que esa admisión podría tener en la equidad de las actuaciones. Esta exclusión se aplicaría claramente a las pruebas obtenidas mediante tortura. En Escocia e Irlanda del Norte existen disposiciones análogas.



ii) El artículo 2 de la Convención prevé que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales como justificación de la tortura; no obstante, el texto del párrafo 4) del artículo 134 de la Ley de justicia penal prevé un eximente de "autoridad, justificación o excusa lícita" ante una acusación de comisión intencionada, por parte de una persona que actúe a título oficial, de sufrimiento o dolor agudos, eximente que la Ley de derechos humanos no restringe al exterior del Estado Parte, en el que la ley no es de aplicación; más aún, el texto del párrafo 5) del artículo 134 de la Ley de justicia penal prevé un eximente para una conducta permitida en virtud de la legislación extranjera, incluso si ésta es ilícita en virtud de la legislación del Estado Parte.

28. Tras volver a examinar detenidamente los argumentos planteados por el Comité y por el Reino Unido en ocasiones anteriores, el Reino Unido sigue considerando que el artículo 134 de la Ley de justicia penal de 1988 es compatible con las obligaciones del Reino Unido derivadas de la firma y ratificación de la Convención. No obstante, el Gobierno examinará nuevamente su postura sobre la base de cualquier hecho posterior, lo que incluye las conclusiones de la investigación a cargo de Sir Peter Gibson (mencionada en el párrafo 18 supra).



b) La limitada aceptación por el Estado Parte de la aplicabilidad de la Convención a los actos de sus fuerzas en el extranjero, en particular su explicación de que "las partes de la Convención que son aplicables solo al territorio bajo la jurisdicción de una parte no pueden ser aplicables en lo relativo a actos del Reino Unido en el Afganistán y el Iraq"; el Comité observa que las protecciones de la Convención se extienden a todos los territorios bajo jurisdicción del Estado Parte y considera que este principio incluye todas las zonas que están de facto bajo el control de las autoridades del Estado Parte.

29. Como se explicó anteriormente, el Reino Unido no está de acuerdo con la afirmación de que, cuando las fuerzas armadas actúan en el extranjero, ejercen el control efectivo, ni legal ni de facto. A partir del 1º de enero de 2009, el Reino Unido dejó de realizar operaciones de detención en el Iraq. El Reino Unido no tiene jurisdicción en el Afganistán ni en el Iraq; tampoco está en condiciones de adoptar "medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura" en el territorio de esos países, como se establece en el artículo 2 de la Convención. Por lo tanto, el Reino Unido sostiene que aquellas partes de la Convención que solo son aplicables con respecto al territorio que está bajo la jurisdicción de un Estado parte no son aplicables a la actuación del Reino Unido en el Afganistán o el Iraq. Además, cuando las acciones son atribuibles a las Naciones Unidas, podrían quedar fuera del ámbito de los tratados de derechos humanos que, de otro modo, serían aplicables (como dictaminó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Behrami c. Francia (diligencia Nº 71412/01) y Saramati c. Francia, Alemania y Noruega (diligencia Nº 78166/01)) con respecto a la aplicabilidad del Convenio Europeo de Derechos Humanos.



c) Los argumentos de hecho y de derecho incompletos presentados al Comité para justificar las excepciones hechas por el Estado Parte a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y exigir los poderes excepcionales establecidos en la parte IV de la Ley de seguridad, contra el terrorismo y la delincuencia de 2001; igualmente, en relación con Irlanda del Norte, la ausencia de información precisa sobre la necesidad de seguir contando con las disposiciones de excepción que, en relación con esa jurisdicción, figuran en la Ley contra el terrorismo de 2000.

30. El terrorismo plantea dificultades particulares a la policía y los servicios de inteligencia, así como al sistema de justicia penal. Los cambios efectuados en la legislación penal tenían por objeto abordar esas dificultades, pero todavía hay algunas personas que no pueden ser procesadas, en particular debido a la necesidad de actuar con prontitud usando material de inteligencia, en vez de utilizar material probatorio, y a que es menester proteger las técnicas de operación y las fuentes confidenciales.

31. No obstante, hay personas sobre las que hay motivos reales para sospechar su participación en diversas actividades relacionadas con el terrorismo. Se ha establecido una serie de actuaciones ejecutivas (civiles) sin enjuiciamiento para poder gestionar el riesgo que representan para la población los presuntos terroristas que no pueden ser procesados, entre las que figuran las órdenes de control, la congelación de activos y, en relación con los extranjeros sospechosos de actividades terroristas de ámbito nacional, la deportación o expulsión por motivos de seguridad nacional. La aplicación de una medida determinada depende de los factores particulares de cada caso, teniendo en cuenta el riesgo que representa (de hecho, estas medidas se aplican precisamente valorando cada caso específicamente).

32. Este es el contexto en el que el Reino Unido suspendió el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Derecho a la libertad y a la seguridad) y elaboró las disposiciones de la parte IV de la Ley de seguridad, contra el terrorismo y la delincuencia (Ley ATCS) de 2001. Los poderes de la parte IV permitían la detención en espera de expulsión de los extranjeros, incluso si su expulsión no era posible en ese momento, si el Secretario de Estado consideraba razonablemente que la presencia de esa persona en el Reino Unido constituía un riesgo para la seguridad nacional y existían sospechas razonables de que esa persona estaba relacionada con el terrorismo internacional vinculado a Al-Qaida. El máximo tribunal del Reino Unido, la Cámara de los Lores, anuló la orden de suspensión dictada en virtud de la Ley de derechos humanos de 1998 y concluyó que la parte IV era incompatible con los artículos 5 (Derecho a la libertad y a la seguridad) y 14 (Prohibición de discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

33. Las disposiciones específicas de Irlanda del Norte que figuraban en la parte VII de la Ley contra el terrorismo de 2000 se derogaron el 31 de julio de 2007, como parte de un programa de normalización de la seguridad que también supuso la supresión de otras medidas de seguridad. En la actualidad, la legislación contra el terrorismo de Irlanda del Norte es en su mayor parte idéntica a la del resto del Reino Unido.

34. A fin de hacer frente a los riesgos residuales de intimidación paramilitar y comunitaria sobre los miembros de los jurados, se ha mantenido una forma limitada de juicios sin jurado. En la Ley de justicia y seguridad (Irlanda del Norte) de 2007 se establece que el Director del Ministerio Público de Irlanda del Norte puede emitir un certificado para que se celebre un juicio sin jurado si considera que se cumplen las condiciones establecidas en la ley. En la actualidad existe una presunción en favor del juicio con jurado para todos los asuntos, y solo se puede expedir un certificado de juicio sin jurado en los asuntos relacionados con la seguridad de Irlanda del Norte, cuando se considere que puede existir el riesgo de que la administración de justicia se vea afectada si el asunto es juzgado por un jurado. La ley también contiene una serie de medidas destinadas a aumentar la seguridad de los miembros del jurado, entre otras el anonimato completo de todos los miembros del jurado, para reducir la necesidad de celebrar juicios sin jurado.

35. En enero de 2007 se explicó la justificación de lo expuesto anteriormente al Comité Mixto sobre los Derechos Humanos del Parlamento. En ese momento había 11 asuntos en los que se había informado de manipulación del jurado desde 1999. No obstante, 7 de ellos habían ocurrido entre 2004 y 2006, y 7 de los 11 asuntos hacían referencia a personas que tenían relación con paramilitares. También había casos puntuales, como uno en el que al parecer había habido intimidación y otro en el que el juicio se suspendió debido a la manipulación del jurado. Como en ese momento el sistema de "tribunales Diplock" aseguraba que la mayoría de los asuntos relacionados con paramilitares se juzgaran sin jurado, es razonable suponer que volver por completo a los juicios con jurado podría dar lugar a un aumento significativo de un problema que ya es considerable.

36. En los últimos años ha aumentado el número de casos de intimidación de testigos denunciados a la policía. Por ejemplo, el Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) registró 174 casos en 2009-2010, en comparación con 74 en 2004-2005. No resulta claro si esto se debe a un aumento de la comisión real de esos delitos, a una mayor disposición de las víctimas y los testigos para informar de ellos a la policía o a una combinación de ambos factores. Los datos del Estudio sobre la delincuencia en Irlanda del Norte 2008-2009 ponen de manifiesto que en un 7% de los incidentes hay algún tipo de acoso o intimidación sentido o experimentado por la víctima o sus familiares, y que generalmente proviene de la persona que cometió el delito. Los datos del Estudio de 2003-2004 indican niveles similares.

37. Así pues, a pesar de las recientes mejoras en la situación de la seguridad, la intimidación sigue siendo un problema importante en Irlanda del Norte. En algunos casos, implica un riesgo considerable para la capacidad del sistema judicial de celebrar un juicio imparcial. Parece ser que en muchos casos se ha utilizado el dinero como incentivo para alentar a los miembros del jurado a llegar a un veredicto en particular (en 6 de los 11 casos mencionados supra). Al parecer, si la motivación económica no surte efecto, se utiliza el chantaje y la intimidación. La intimidación ocurre, entre otros, en los casos de agresión, asesinato e intento de asesinato (delitos que se juzgaban en tribunales Diplock automáticamente, excepto si se demostraba que el asunto no guardaba relación con la situación de seguridad).

38. La sociedad de Irlanda del Norte es una sociedad cerrada, por lo que las personas son conocidas en sus comunidades. Aunque los miembros de un jurado no conozcan personalmente al acusado, pueden encontrarse en un entorno amenazador y temer convertirse en el blanco de personas relacionadas con el acusado. Esta forma menos abierta de intimidación y el temor a la intimidación podrían influir en los miembros del jurado tanto como los actos reales de intimidación descritos.

39. El sistema de juicio sin jurado es temporal. Se puede prorrogar por períodos de dos años con el acuerdo del Parlamento. El Secretario de Estado para Irlanda del Norte tiene la intención de renovar las actuales disposiciones, que expiran el 31 de julio de 2011, por dos años más. Se ha presentado una solicitud al efecto ante el Parlamento.

40. Aunque desde 2006 las fuerzas armadas no se han desplegado como apoyo sistemático de la policía (excepto para realizar funciones especializadas, como la eliminación de artefactos explosivos), es necesario mantener la posibilidad de solicitar apoyo militar en situaciones extremas. Por ejemplo, si ocurriera otro incidente grave de orden público, de magnitudes similares a las que se registraron con motivo del desfile de Whiterock en septiembre de 2005, podría ser necesario el apoyo militar para facilitar una gestión eficaz del incidente y proteger al público. La decisión de solicitar apoyo militar incumbe al Director de la Policía del PSNI.

41. En consecuencia, la Ley de 2007 contiene algunos poderes para permitir que las fuerzas armadas desempeñen esa función si resulta necesario. Estos poderes son objeto de un examen anual por una personalidad independiente, cuyo informe debe ser publicado y presentado ante el Parlamento. Los poderes pueden ser derogados en la medida y el momento en el que ya no sean necesarios.

42. Tanto la Comisión de Vigilancia Independiente (encargada de informar sobre el nivel de actividad paramilitar y el cumplimiento por parte del Gobierno de los compromisos en materia de normalización de la seguridad) como Lord Carlile (personalidad gubernamental independiente encargada de examinar la legislación en materia de terrorismo) concluyeron que las disposiciones de la Ley de 2007 no formaban parte de la legislación contra el terrorismo.


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