Contradicción de tesis 293/2011


VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA PRONUNCIADA EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011



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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA PRONUNCIADA EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011.

El Tribunal Pleno aprobó, en la resolución de la Contradicción de tesis 293/2011, dos criterios de especial trascendencia para el ordenamiento jurídico mexicano. El primero de ellos sobre el nuevo entendimiento que, conforme a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, se le ha de dar al control de regularidad constitucional; y el segundo, que abona al primero, en tanto confiere el carácter de obligatoria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, cuando ésta sea más favorable a la persona.


Resultaba imperante el criterio emitido por el Tribunal Pleno en la presente contradicción pues, una vez aprobadas las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo, los órganos jurisdiccionales nacionales requerían un pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución que les otorgara herramientas para operar el nuevo sistema. De ahí la relevancia de los pronunciamientos que surgieron en el debate en torno al asunto en cuestión.
En este contexto, no puedo dejar de advertir la trascendencia de las posturas esgrimidas por los integrantes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. El debate fue intenso y enriquecedor, lo que condujo a que este Tribunal llegara a consensos respecto de aspectos tan relevantes para el ordenamiento jurídico nacional.
La aportación principal de los criterios aprobados, desde mi perspectiva, se hace consistir en que esta Suprema Corte de Justicia reconoce que los derechos humanos, independientemente de su fuente nacional o internacional, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional. Asimismo el hecho de que los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorios para el Estado mexicano cuando son más favorables a la persona.
Ahora bien, a pesar de que participo de la mayoría de los trascendentales pronunciamientos esgrimidos a lo largo de las sesiones en las que se discutió este asunto, no quisiera dejar pasar la oportunidad de expresar, a través del presente voto concurrente, los motivos que han fundamentado mis reflexiones a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y amparo de 2011.
En esta tesitura, si bien comparto el criterio alcanzado por la mayoría de los integrantes de esta Suprema Corte en el sentido de que los derechos humanos, independientemente de su fuente, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, me separo del entendimiento del Máximo Tribunal conforme al cual, cuando exista una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que prevea el texto constitucional. Las razones de mi disentimiento son las siguientes.
La reforma constitucional de junio de 2011, al establecer los derechos humanos como eje rector de la actividad del Estado y de todas las autoridades, constituye una premisa básica que, en mi opinión, permea en la existencia misma del Estado.
En términos de la resolución aprobada por el Tribunal Pleno en la presente contradicción, la pretensión del artículo 1° constitucional, al establecer el principio pro persona como el centro de toda actividad estatal, permite armonizar las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, garantizando así la máxima protección de los derechos de las personas.
De esta manera, la aludida modificación constitucional implica la ampliación del catálogo de derechos humanos del que somos titulares todas las personas, pues hoy reconocemos y protegemos más derechos sustantivos, en el entendido de que el propio artículo 1° constitucional integra a la Constitución este catálogo amplificado.
Ahora bien, el artículo 1° constitucional no hace distinciones entre los derechos humanos de fuente nacional y aquellos que provienen de instrumentos internacionales. La diferencia entre la fuente de las normas de derechos humanos se traduce sólo en una distinción textual que no debe confundirse con los alcances y la protección de los derechos en cuestión.
Es decir, el artículo 1° de la Norma Fundamental prevé que los derechos humanos constitucionalmente reconocidos en México pueden tener como fuente de origen primordialmente la Constitución, sin embargo, para ampliar la cobertura constitucional, se integran los derechos previstos en los tratados de derechos humanos de los cuales el Estado mexicano es parte. Cobra aquí aplicación lo plasmado en la sentencia de referencia, en el sentido de que del artículo 1° constitucional se interpreta que el conjunto normativo que este prevé como parámetro, está conformado por “normas de derechos humanos”, sin más distinción.
Así la Constitución, en materia de derechos humanos, se integra por las normas establecidas en su propio texto así como por aquellas que se encuentren en el texto de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México, que la complementan y la mejoran al otorgar a las personas una mayor protección.
Este conjunto integrado de derechos, valores y principios producen en nuestro país, como en todo régimen constitucional, instituciones, sentencias, jurisprudencia, actos administrativos y legislativos que desarrollan la supremacía constitucional. En este sentido, la función de los tratados internacionales de derechos humanos no sólo es ampliar el catálogo de derechos establecidos en nuestro texto constitucional, sino también la de complementar los principios y valores que integran a la Constitución en sentido amplio.
De conformidad con lo anterior, es posible afirmar que si nuestro texto constitucional no contiene ciertos derechos, nuestra Constitución en sentido amplio sí puede consagrarlos precisamente en virtud de la función complementaria e integradora que desempeñan los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Así concluyo que, en materia de derechos humanos, los tratados internacionales gozan de supremacía constitucional y están a la par de la Constitución entendida en sentido amplio, para mejorarla y perfeccionarla, pues es por esta razón que el Estado ha decidido ratificar estos instrumentos internacionales y, a raíz de la reforma de 2011, ocupan un lugar constitucional colocándose como eje rector de las actividades de todas las autoridades.
Nuestra Constitución no pierde supremacía frente a normas de origen internacional, por el contrario, se perfecciona al adoptarlas, al volver suyos los textos que las contienen y fortalecer así, no sólo los derechos, sino también los valores, principios e instituciones reconocidos en la Constitución.
Es por eso que considero que el Poder Revisor de la Constitución no estimó necesario modificar el artículo 133 constitucional, pues la supremacía de la Norma Fundamental por encima de otro tipo de normas no está en duda, es decir, la Constitución en sentido amplio, enriquecida con las normas que reconocen derechos humanos en instrumentos internacionales es la norma más importante en nuestro sistema jurídico.
Por lo tanto, no nos encontramos ante un problema de jerarquía, sino de armonización de las distintas normas que regulan un derecho humano específico mediante la introducción del principio pro persona. Es más, considerar que estamos ante un problema de jerarquías haría nugatoria la reforma al artículo 1° constitucional, pues esto implicaría afirmar que el texto escrito de nuestra Constitución está por arriba de los textos de tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Una vez habiendo aclarado lo anterior, es que llego a la conclusión de que los derechos humanos, con independencia de su fuente, constituyen un parámetro de control y que es la propia Norma Fundamental la que fija la directriz para la mayor eficacia de los derechos humanos.
Ahora bien, cabe aclarar que lo anterior no implica la inaplicación de normas constitucionales, sino la incorporación de nuevas normas a nivel constitucional contenidas en los textos de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Nos encontramos así ante un parámetro de interpretación que debería favorecer siempre a las personas, proteger mejor sus derechos y libertades, convirtiéndose así en el principio básico de organización de nuestro arreglo constitucional.
Siguiendo esta línea es que, en mi concepto, hemos de responder a la interrogante de cómo se debe interpretar la Constitución en función de restricciones expresas o límites en caso de antinomias. En mi entendimiento, esta situación de conflicto entre normas nos lleva, necesariamente, a la ponderación caso por caso.
Las restricciones no son absolutas, así como los derechos tampoco. Es decir, frente a las restricciones siempre hay garantías, mismas que el juzgador tiene que ponderar precisamente a través de las reglas de interpretación que prevé el artículo 1° constitucional.
Cuando un juzgador se enfrenta a una restricción constitucional expresa, deberá estar a lo que indica la norma constitucional y esto necesariamente implica un ejercicio de ponderación, caso por caso, que favorece la mejor, la más amplia protección a las personas. De esta manera, la atención se ha de centrar siempre en preferir aquel derecho que otorga la protección más amplia. Nos encontramos así ante un ejercicio de ponderación pro homine, pues el juzgador interpreta siempre para otorgar más protección a la persona, nunca para quitar.
Así concluyo que toda limitación a un derecho humano es, primero, excepcional; segundo, se acompaña de una garantía y tercero, parte de la base de que la prevalencia de un derecho sobre otro es siempre y cuando se garantice una mayor protección a la persona. Así la protección más amplia de los derechos humanos debe ser siempre el criterio imperante.
Finalmente, en relación con el segundo criterio aprobado por la mayoría del Tribunal Pleno en la presente contradicción, reitero mi razonamiento expresado en la resolución del Expediente Varios 912/2010, en el sentido de que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana es vinculante para todos los jueces del Estado mexicano, siempre que ésta sea la más favorable a la persona.
Es decir, en mi concepto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana opera como un estándar mínimo, amplificador de la protección de los derechos humanos. De esta manera es que el contenido de esta jurisprudencia es obligatorio en tanto constituye, conforme al principio pro persona, una extensión de los alcances de los derechos humanos previstos en la Convención Interamericana.
Ahora bien, en mi concepto, el carácter vinculante de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana, no debe entenderse en sentido categórico, sino más bien como un estándar mínimo que han de observar los operadores jurídicos en la resolución de asuntos en materia de derechos humanos.

Es decir, los juzgadores han de realizar un análisis de compatibilidad, normativo y fáctico de los criterios jurisprudenciales, para poder determinar si resultan aplicables a un caso concreto. Así, se advierte la diferencia entre la jurisprudencia derivada de casos en los que el Estado mexicano es parte, que es obligatoria en los términos en los que la Corte Interamericana determine, y aquella que no involucra al Estado Mexicano directamente y que requiere de un análisis previo de compatibilidad para determinar la procedencia de su aplicación.



Conforme a lo anterior, el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en los casos en los que México no es parte, dependerá de la posibilidad de que la misma, en el caso concreto, resulte amplificadora de derechos humanos y opere así como estándar mínimo. Lo anterior exige un estudio, caso por caso, que justifique su aplicación al demostrar que resulta amplificadora de derechos humanos.
Son las razones anteriores las que me llevan a disentir de algunas de las consideraciones esgrimidas en la sentencia emitida por la mayoría de los integrantes del Tribunal Pleno en la contradicción de tesis 293/2011 y a expresar las razones que fundamentan el sentido de mi voto.


1  Novena Época; Registro: 164509; Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Localización: Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Común; Tesis: XI.1o.A.T.45 K; Pág. 2079.

2  Novena Época; Registro: 164611; Instancia: Primer Tribunal colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Localización: Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Común; Tesis: XI.1o.A.T.47 K; Pág. 1932.

3  Novena Época; Registro: 169108; Instancia: Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Localización: Tomo XXVIII, Agosto de 2008; Materia(s): Común; Tesis: I.7o.C.46 K; Pág. 1083.

4  Novena Época; Registro: 168312; Instancia: Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Localización: Tomo XXVIII, Diciembre de 2008; Materia(s): Común; Tesis: I.7o.C.51 K; Pág. 1052.

5  Al respecto, véase la tesis de rubro “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRR. SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). [Décima Época, Registro: 2001866, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: 1a. CXCIII/2012 (10a.), Pág. 1196].

6 Novena Época; Registro: 192867; Instancia: Pleno; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Localización: Tomo X, Noviembre de 1999; Materia(s): Constitucional; Tesis: P. LXXVII/99; Pág. 46.

7CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES” [Novena Época; Registro: 164120; Instancia: Pleno; Tesis jurisprudencial; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Localización: Tomo XXXII; Agosto de 2010; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 72/2010; Pág. 7].

8  Quinta Época, Registro: 900446, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 2000, Localización: Ap. 2000, Materia(s): Constitucional, Tesis: 446, Pág. 515.

9  Quinta Época, Registro: 383313, Instancia: Cuarta Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Localización: Tomo XLIII, Materia(s): Constitucional, Tesis: Pág. 665.

10 Octava Época, Registro: 205596, Instancia: Pleno; Tesis Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Localización: Núm. 60, Diciembre de 1992; Materia(s): Constitucional; Tesis: P. C/92, pág. 27.

11 Sobre cuáles son dichos requisitos constitucionales de incorporación, esta Suprema Corte sostuvo que “[e]s menester que satisfagan dos requisitos formales y uno de fondo: los primeros hacen consistir en que el tratado esté o sea celebrado por el Presidente de la República y que sea aprobado por el Senado. El requisito de fondo consiste en la adecuación de la convención internacional con el texto de la propia Ley Fundamental”.

12 Suscrita por México el veintitrés de mayo de mil novecientos sesenta y nueve y aprobada por el Senado el veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y dos, publicada originalmente en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de febrero de mil novecientos setenta y cinco y, en su última versión, el veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y ocho.

Artículo 27. 1. Un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado. […].

13 Artículo 26. Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

14  Novena Época; Registro: 172650; Instancia: Pleno; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXV, Abril de 2007; Materia(s): Constitucional, Tesis: P. IX/2007, Pág. 6. Este criterio no contó alcanzó la votación requerida para integrar jurisprudencia.

15  Este Tribunal Pleno no soslaya la existencia de otros pronunciamientos que tangencialmente abordan temas relacionados con el tema que ahora se esboza, sin embargo, no se citan por no constituir criterios que hayan modificado la línea jurisprudencial descrita.

16 Resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de diez votos, mediante sentencia de once de mayo de mil novecientos noventa y nueve, ponencia del Ministro Humberto Román Palacios, foja 60.

17 Resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría seis votos, mediante sentencia de trece de febrero de dos mil siete, ponencia del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, fojas 170 y 171.

18 Así lo ha reconocido la Primera Sala de este Alto Tribunal en la jurisprudencia de rubro “PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE[Décima Época, Registro: 2002000, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 107/2012 (10a.), pág. 799].

19 Adicionalmente, es pertinente apuntar que cuando los Estados suscriben un tratado en materia de derechos humanos se comprometen no sólo frente a la comunidad internacional, sino frente a los individuos bajo su jurisdicción.

En este sentido, la Corte Internacional de Justicia se pronunció respecto de la Convención para la Prevención y Represión del Delito de Genocidio en el siguiente sentido: “En tal convención los Estados contratantes no tienen intereses propios, tienen solamente, todos y cada uno de ellos, un interés común, que es el de preservar los fines superiores que son la razón de ser de la convención. En consecuencia, en una convención de este tipo no puede hablarse de ventajas o desventajas individuales de los estados, ni de mantener un equilibrio contractual exacto entre derechos y deberes. La consideración de los fines superiores de la Convención es, en virtud de la voluntad común de las partes, el fundamento y la medida de todas las disposiciones.” CIJ, Reservas a la Convención sobre el Genocidio, Opinión Consultiva, Recueil 1951, p. 23.

En términos análogos se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que “los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción”. Corte IDH, El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982, Serie A No. 2, párr. 29.

Finalmente, la Corte Europea de Derechos Humanos destacó, en el caso Soering, que “al interpretar el Convenio Europeo de Derechos Humanos debe tenerse en cuenta su carácter específico de tratado que instrumenta una garantía colectiva para el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales”. CEDH, Caso Soering vs. Reino Unido, Demanda No. 14038/88, 7 de julio de 1989, párr. 87.



20  Suscrita por México el siete de octubre de mil novecientos sesenta y tres y aprobada por el Senado el veinticuatro de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, publicada originalmente en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de febrero de mil novecientos setenta y cinco y, en su última versión, el once de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho.

21  Por el contrario, la aplicación y estudio de las reformas constitucionales con base en herramientas interpretativas y figuras propias del viejo paradigma constitucional podrían tener el efecto de hacer nugatoria la reforma.

22 Este Pleno ha considerado que “en virtud de que cada uno de los preceptos contenidos en la Constitución forma parte de un sistema constitucional, al interpretarlos debe partirse por reconocer, como principio general, que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual se desarrolla el orden jurídico nacional”. Véase la tesis aislada de este Pleno de rubro: “INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA[Novena Época; Registro: 175912; Instancia: Pleno; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Localización: Tomo XXIII; Febrero de 2006; Materia(s): Constitucional; Tesis: P. XII/2006; Pág. 25].

23 Este Pleno ha determinado que “el propio artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza, frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, utilizar mecanismos de interpretación jurídica. Al desentrañar el sentido y alcance de un mandato constitucional deben privilegiarse aquellos que permitan conocer los valores o instituciones que se quisieron salvaguardar por el Constituyente o el Poder Revisor. Así, el método genético-teleológico permite, al analizar la exposición de motivos de determinada iniciativa de reforma constitucional, los dictámenes de las Comisiones del Congreso de la Unión y el propio debate, descubrir las causas que generaron determinada enmienda al Código Político, así como la finalidad de su inclusión, lo que constituye un método que puede utilizarse al analizar un artículo de la Constitución, ya que en ella se cristalizan los más altos principios y valores de la vida democrática y republicana reconocidos en nuestro sistema jurídico. Véase la tesis aislada de este Pleno de rubro: “INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR[Novena Época; Registro: 196537; Instancia: Pleno; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Localización: Tomo VII, Abril de 1998; Materia(s): Constitucional; Tesis: P. XXVIII/98; Pág. 117].

24 Nino, Carlos Santiago, Ética y derechos humanos. Un ensayo de fundamentación, 2ª ed., Buenos Aires, Astrea, 1989, págs. 199-304.

25  Al respecto, véase la tesis aislada de rubro “PODER REFORMADOR DE LA CONSTITUCIÓN. EL PROCEDIMIENTO REFORMATORIO RELATIVO EMANADO DE ESTE ÓRGANO CON FACULTADES LIMITADAS, ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL[Novena Época; Registro: 165713; Instancia: Pleno; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Localización: Tomo XXX, Diciembre de 2009; Materia(s): Constitucional; Tesis: P. LXXV/2009, Pág. 14].

26 Al respecto, véase la tesis de rubro la tesis aislada de este Pleno de rubro: “INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA[Novena Época; Registro: 175912; Instancia: Pleno; Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXIII, Febrero de 2006; Materia(s): Constitucional; Tesis: P. XII/2006; Pág. 25].

27  Gaceta Parlamentaria, Año XII, número 2743-XVI, 23 de abril de 2009.

28  Gaceta del Senado, números 19 y 20, 7 y 8 de abril de 2009.

29 Gaceta Parlamentaria, Año XIV, número 3162-IV, 15 de diciembre de 2010.

30  Gaceta del Senado, número 3226-VII, 23 de marzo de 2011.

31  Gaceta del Senado, número. 223, 8 de marzo de 2011.

32 Gaceta del Senado, número 68, 10 de diciembre de 2009.

33 Gaceta del Senado, número 68, 10 de diciembre de 2009.

34 Gaceta Parlamentaria, número 3156-IX, Año XIV, 7 de diciembre de 2010.

35 Resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante resolución de catorce de julio de dos mil once, bajo la ponencia de la Ministra Margarita Luna Ramos (encargado del engrose: Ministro José Ramón Cossío Díaz).

36 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, Trotta, 1999, págs. 15-36.

37 Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

: juridica -> engroses -> cerrados -> Publico
Publico -> Contradicción de tesis 440/2011
Publico -> Amparo directo en revisióN 890/2011 quejoso y recurrente: ponente: ministro sergio a. Valls hernández secretario: josé Álvaro vargas ornelas vo. Bo. Señor Ministro
Publico -> Contradicción de tesis 398/2009. Suscitada entre el primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del vigésimo primer circuito y el segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativa del vigésimo primer circuito
Publico -> Contradicción de tesis 505/2011
Publico -> Amparo directo en revisióN 992/2014
Publico -> Secretario auxiliar: roberto niembro ortega
Publico -> Recurso de revisión administrativa 1/2015 []
Publico -> SR. ministro ponente: ministro jorge mario pardo rebolledo
Publico -> Amparo directo en revision 2658/2013
Publico -> Recurrente


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