Contradicción de tesis 293/2011


En relación con el punto resolutivo Segundo



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En relación con el punto resolutivo Segundo:
Por mayoría de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, quien se reservó el derecho a formular un voto concurrente; Luna Ramos, quien se manifestó a favor de las consideraciones relacionadas con la prevalencia de la Constitución y se apartó del resto; Franco González Salas, quien indicó que formularía un voto concurrente; Zaldívar Lelo de Larrea, quien manifestó que haría un voto aclaratorio y concurrente para explicar el consenso al que se llegó y el sentido de su voto a pesar de que en los límites tuvo un criterio distinto; Pardo Rebolledo, quien se reservó el derecho de formular voto concurrente; Aguilar Morales, con reservas respecto de las consideraciones y, en su caso, realizaría un voto concurrente; Valls Hernández, reservándose el derecho de hacer un voto concurrente; Sánchez Cordero de García Villegas, reservándose su derecho a voto concurrente en relación con los límites; Pérez Dayán, quien se manifestó a favor del reconocimiento de la prevalencia constitucional y Presidente Silva Meza, quien reservó su derecho de formular voto concurrente para aclarar su posición de entendimiento constitucional del texto propuesto y, a reserva de ver el engrose, aclararía u opinaría sobre las supresiones que se pretenden hacer, sin variar su posición en el sentido, se aprobó la determinación consistente en que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sostenido por el Tribunal Pleno en el sentido de que las normas contenidas en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte que reconocen derechos humanos tienen la misma fuerza normativa que las normas contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconocen esas prerrogativas fundamentales y que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica el texto constitucional. El señor Ministro Cossío Díaz votó en contra y se reservó el derecho de formular voto particular.
Por mayoría de seis votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Silva Meza, se aprobó la determinación consistente en que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sostenido por el Tribunal Pleno en el sentido de que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias que condenan al Estado Mexicano sí son vinculantes, y Pérez Dayán votaron en contra.
En relación con el punto resolutivo Tercero:
Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza.
La siguiente votación no se refleja en puntos resolutivos:
Por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, se aprobó la determinación relativa a que en la presente contradicción de tesis no ha quedado sin materia.
El señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza dejó a salvo el derecho de los señores Ministros para que formulen los votos que estimen pertinentes y declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.
En la sesión privada extraordinaria celebrada el cinco de diciembre de dos mil trece el texto del engrose del apartado I “La posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación con la Constitución” del considerando Quinto de la sentencia dictada en la contradicción de tesis 293/2011 se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, con salvedades, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, con salvedades, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza con la modificación aceptada por el señor Ministro ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, consistente en agregar una diversa indicación en el sentido de que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica el texto constitucional. El señor Ministro Cossío Díaz no participó en esta votación al haber votado en contra de la propuesta modificada del considerando quinto apartado I en la sesión pública del tres de septiembre de dos mil trece.
Asimismo se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, el texto de las consideraciones del apartado II “El valor de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos” del considerando quinto del engrose de la presente contradicción de tesis.
El señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza declaró que el texto de las consideraciones de fondo del engrose de la sentencia emitida en la contradicción de tesis 293/2011 quedó aprobado en los términos antes precisados.
Firman los señores Ministros Presidente y el Ponente, con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

PRESIDENTE:

MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA


PONENTE:

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:

LIC. RAFAEL COELLO CETINA

Esta hoja corresponde a la Contradicción de Tesis 293/2011, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, fallada el tres de septiembre de dos mil trece, en el sentido siguiente: PRIMERO. Sí existe contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en términos del considerando Cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Deben prevalecer con carácter de jurisprudencia, los criterios sustentados por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos precisados en el último considerando de esta resolución.


En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. CONSTE.
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011.
En sesión de tres de septiembre de dos mil trece el Pleno de la Suprema Corte resolvió por mayoría de diez votos, la Contradicción de Tesis 293/2011. El tema de la misma era determinar la relación de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, a efecto de lograr la protección más amplia a las personas. Mediante este criterio debía darse una interpretación nueva a lo dispuesto en el artículo 1° constitucional, reformado en junio de dos mil once47. Mi posición fue en contra de la propuesta final presentada y votada por el Pleno pues, a mi juicio, lo que se resolvió resulta contrario a lo establecido en el propio artículo 1°.

Conviene aclarar aquí que en el proyecto sometido a la aprobación del Pleno de la Suprema Corte se recogieron buena parte de los argumentos que expresé en contra del proyecto originario que discutimos en marzo de dos mil doce48. Por ello, en todo momento manifesté mi conformidad con la nueva posición. Sin embargo y con motivo de los cambios que a lo largo de las discusiones se fueron introduciendo a la nueva propuesta, voté en contra del criterio que finalmente se adoptó.




  1. Razones del disenso.

El motivo alegado en todo momento para introducirle cambios sustanciales al proyecto fue la búsqueda de una solución operativa en materia de derechos humanos. Invocando de manera reiterada la necesidad de encontrar una solución de “consenso” al problema que la Corte tenía que resolver, como si lo importante del caso fuera el establecimiento de un criterio, cualquiera que éste fuera. La razón para no compartir este curso de acción es que a mi juicio hay decisiones, en este caso constitucionales, que no pueden tener al consenso como única razón de ser. En una diversidad de temas es plausible tratar de construir consensos en la Suprema Corte, pero considero que hay decisiones en las que la convicción sobre la interpretación que debe darse a la Constitución no puede ceder. El tema de los derechos humanos tiene estas características. El que ello sea así no resulta de una creencia personal, sino del modo como el órgano reformador de la Constitución decidió cambiar en junio de dos mil once la esencia de la Constitución, poniendo una carga extraordinariamente importante en la protección a los derechos humanos a partir del principio pro persona. Lo que se transformó fue la antropología constitucional misma, determinando de un modo completamente distinto la posición de las personas frente a las autoridades estatales. Suponer que este reconocimiento puede ser instrumentalizado en aras de lograr consensos entre los ministros, es tanto como generar un espacio de libre disposición judicial frente a lo establecido por un órgano democrático cuya legitimidad no está en duda.

Mi segundo punto de disenso frente a la resolución finalmente aprobada por la mayoría del Tribunal tiene que ver con la aplicación real del criterio de jerarquía para relacionar los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, a pesar de que en la propia resolución se indique expresamente que este criterio no resulta aplicable. Si el párrafo segundo del artículo 1° dispone que a las personas se les dará en todo momento la protección más amplia en términos de lo que dispongan los derechos humanos de fuente constitucional o convencional, no puede establecerse la prevalencia de las normas constitucionales en los casos en que establezcan restricciones, sin admitir que con ello se incorpora expresamente un criterio de jerarquía constitucional.

El artículo 133 establece que un tratado internacional se incorpora al orden jurídico mexicano cuando su contenido y su proceso de aprobación son acordes con la Constitución. Hasta este momento la Constitución es jerárquicamente superior al tratado, sencillamente por prever sus requisitos de validez. Sin embargo, a partir de ahí el artículo 1° da lugar a una operación normativa completamente diferenciada, que nada tiene que ver ya con cuestiones de jerarquía. Como acabo de señalarlo en el párrafo anterior, la reforma de junio de dos mil once implicó que deben hacerse operaciones normativas a partir del principio pro persona tanto con los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte como con aquéllos reconocidos en la Constitución, sin establecer ninguna jerarquía entre ellos.

La posición adoptada por el Constituyente mexicano se viene construyendo en el mundo desde hace más de cincuenta años a partir del principio de dignidad de la persona. Las razones históricas son harto conocidas y no tiene sentido repetirlas aquí. Lo que sí interesa señalar es que esta idea y sus desarrollos se han ido incorporando a las constituciones y tratados internacionales, con lo cual han dejado de ser meras construcciones de la filosofía política o del iusnaturalismo, para constituirse sin más en derecho positivo. Con este carácter, la Constitución y los tratados internacionales obligan a realizar operaciones normativas con los derechos humanos determinados por el legislador democrático. Este cambio radical en el modo de entendimiento de nuestro orden jurídico tiene que aceptarse a plenitud, salvo que se quiera mantener un positivismo ideológico donde sólo se acepta la existencia de la Constitución siempre que no contenga elementos que resulten contrarios a las convicciones personales.

Con la reforma de dos mil once, el Constituyente, como órgano democráticamente legítimo, generó una solución novedosa que puede no gustar a muchas personas. No obstante, al asumir el cargo de ministro de la Suprema Corte protesté guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Es por ello que independientemente de la posición que se tenga con respecto a la idea “derechos humanos”, en la Constitución se les ha otorgado un estatus específico que debe ser cabalmente garantizado. Lo dispuesto en ella nos conduce a maximizar la interpretación conjunta de los derechos humanos de fuente constitucional y convencional en aras de otorgarle la mayor protección posible a las personas. Desde el momento en que se dice que ello será así “salvo” cuando exista una restricción constitucional expresa, se está desconociendo lo dispuesto en el propio texto constitucional en razón del desplazamiento que se hace de los derechos de fuente convencional frente a lo dispuesto, no como derecho, sino como restricción, por la Constitución nacional, utilizándose así un criterio jerárquico.

Cuando la Constitución dispone en el primer párrafo del artículo 1° que el ejercicio de los derechos humanos “no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos bajo las condiciones que esta Constitución establece”, ello también debe entenderse bajo la clave interpretativa del principio pro persona. Por lo mismo, debe referirse única y exclusivamente a las condiciones establecidas en varios párrafos del artículo 29 de la propia Constitución. Estas no son expresiones retóricas, sino técnicas y específicas que deben utilizarse sólo en estos casos, sin extenderse a cualquier restricción que pudiera entenderse contiene la Constitución. Las últimas reformas a los artículos 1º y 29 tienen la misma génesis, por lo que no deben ser interpretadas con orientaciones diversas y aun contrarias entre sí.

La posición mayoritaria genera una regla universal de interpretación por virtud de la cual el derecho convencional cede frente al derecho constitucional desplazando la posibilidad de resolver los problemas caso por caso aplicando efectivamente el principio pro persona. No es verdad, como sostiene la resolución votada por la mayoría, que la interpretación generada por ella permita la ponderación caso por caso de todos los derechos humanos. Para que ello fuere así, debía darse la plena igualdad entre los derechos humanos de fuente constitucional y de fuente convencional. Pero como se introdujo una diferenciación entre uno y otro tipo de derechos al darle preeminencia jerárquica a las restricciones constitucionales, tal igualdad se rompió. Lo más que puede hacerse en este tipo de operación es determinar si en la situación concreta que se enfrente existe tal restricción para, a partir de ahí, desplazar al derecho humano establecido en un tratado.

Es cierto que siempre que nos encontramos frente a una “colisión” de derechos debe generarse una interpretación como forma de resolución de estos conflictos. Ésta ha sido una de las funciones históricas del constitucionalismo. Sin embargo, lo que se generó con la adopción de este criterio es una regla hermenéutica de carácter general para decidir siempre en favor de la norma constitucional frente a la convencional; esta no es una regla de ponderación, sino una regla de preferencia de una fuente sobre otra. Consecuentemente, al mantenerse una regla de jerarquía, se eliminó la posibilidad de aplicar el principio pro persona para eliminar los conflictos entre normas de distinta fuente.

La resolución adoptada significa una regresión grave respecto a lo que habíamos votado en otros asuntos en los que, precisamente, existían soluciones diversas entre las normas convencionales y constitucionales en materia de derechos humanos. Ello es así porque en al menos dos casos, la Suprema Corte había considerado a los derechos de una u otra fuente en condiciones de perfecta igualdad y se había extraído, de entre todos ellos, los que mejor protegieran a la persona: uno de ellos, relativo al lugar de compurgación de las penas cerca del domicilio familiar; el otro, relacionado con los límites y modalidades del trabajo forzado49. Por ello, el efecto de la resolución mayoritaria resulta contrario al principio de progresividad establecido en el párrafo tercero de la propia Constitución.

Lo verdaderamente grave del criterio adoptado por la Corte, y de ahí mi disenso, es que impedirá llevar a cabo un libre juego de apreciación o balance entre los derechos humanos de fuente constitucional y los de fuente convencional y, con ello, afectará el entendimiento cabal del principio pro persona. La razón final del peso otorgado a las normas constitucionales es su jerarquía, asunto éste que no fue introducido por el Constituyente en la reforma de junio de dos mil once. Por todo lo anterior, me resulta inaceptable el aparente consenso logrado por la mayoría para llegar a esta conclusión, expresado en la inevitable contradicción interna de la primera de las tesis resultantes, de rubro: DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.

La contradicción es evidente desde el rubro de la tesis, pero se hace aún más grave al contrastarla con la segunda de las tesis emitidas en este caso, ya que no es posible sostener que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resultan vinculantes para los jueces nacionales, sin reiterar la salvedad hecha en la primera de ellas. El rubro de la segunda tesis es: JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.

Es por todas estas razones que voté en contra de la resolución de la mayoría en este primer punto, compartiendo el criterio contenido en la segunda de las tesis emitidas.

____________________________



Ministro José Ramón Cossío Díaz
RMMG/LPRZ/mvr

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011.

En la ejecutoria correspondiente se analizan dos temas jurídicos respecto de los cuales los Tribunales Colegiados participantes sostuvieron criterios discrepantes, y se establece, como el primer criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, esencialmente, que los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales constituyen, junto con los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el parámetro de regularidad constitucional, pero que cuando en la Ley Fundamental se prevea una restricción al ejercicio de aquéllos, se debe estar al texto constitucional.

Como un segundo criterio, se sostiene que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos, siempre que sea más favorable a la persona.

Pues bien, en relación con el primer tema, coincido plena y enfáticamente con que los derechos humanos deben ser considerados como el parámetro de respeto a la dignidad de la persona; y que el reconocimiento constitucional de esos derechos encuentra justificación en los principios de autonomía, inviolabilidad y dignidad de todas las personas y tiene como finalidad última posibilitar que desarrollen su propio plan de vida.

Sin embargo, difiero de lo que se determina en la resolución de la contradicción, en el sentido de que los preceptos de la Constitución Federal y las normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales no se relacionan jerárquicamente, sino que con la reforma constitucional de diez de junio de dos mil diez estos últimos se incorporan al catálogo constitucional de derechos humanos.

Yo tengo una lectura un poco distinta respecto de la integración de las normas de derechos humanos a la Constitución, sin desconocer la importancia y la necesidad imperiosa, vinculada por la disposición constitucional, de interpretarla y tomarla en consideración.

A mi juicio, los contenidos de los tratados internacionales se constituyen, en la materia de derechos humanos, como reglas de interpretación y parámetros de su alcance. Estimo que ése es el verdadero sentido que imprimió el Constituyente en el artículo 1º, pues no puede entenderse el nuevo texto constitucional como si estuviera estableciendo un sistema de normas, que generaría conflictos de jerarquías en su aplicación, generalmente inevitables ante una posible o aparente contradicción entre ellas, sino que, por el contrario, cuando la norma constitucional establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, en realidad está estableciendo un sistema de derechos humanos establecidos en nuestra Constitución, pero conceptualmente racionalizados por los alcances establecidos en los tratados internacionales y no como un sistema paralelo de normas, con lo cual todo conflicto de normas entre las internacionales y la Constitución desaparece para dar lugar a un sistema de derechos humanos contenido en la norma de nuestra Constitución y complementado en las reglas conceptuales que de manera subsidiaria se encuentran en los tratados internacionales suscritos por México, reafirmando con ello la supremacía constitucional determinada por el artículo 133 de esta Constitución.

Lo dispuesto en la última parte del primer párrafo del artículo 1º constitucional encuentra plena justificación de supremacía, en tanto que dispone que “el ejercicio de los derechos humanos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”; sin que pueda predicarse, a mi juicio, esa supremacía respecto de las normas en materia de derechos humanos previstas en tratados internacionales, como se sostiene en la presente resolución.

La Constitución es la Norma Suprema que se alza como referente, como paradigma fundamental al que deben someterse todas las otras normas; la Constitución no puede sino estar como referente único e insuperable de toda legitimidad y legalidad en el país, a riesgo, incluso, de perder su cualidad de norma de referencia fundante y origen de creación institucional, que a ella debe ajustarse y someterse toda otra norma que se genere dentro de su ámbito general de aplicación, pues de la Constitución deriva todo el marco normativo, incluso, desde luego, los tratados internacionales, incluyendo los de derechos humanos, y por ello la Constitución no puede en ningún caso perder su preeminencia sobre cualquier otra norma.

Si bien habría que hacer una interpretación pro persona, esto no podría conllevar a que se prefiera la aplicación de las normas establecidas en los tratados internacionales sobre la Constitución, porque esto implicaría que se encontrarían por encima de la Constitución, al dejar de aplicar simplemente una norma constitucional, dando así preeminencia a la norma internacional respecto de una norma constitucional, con el riesgo de que sea ya no el juez el que determine la interpretación de la norma sino propiamente el que reforme, incluso, de hecho, la Constitución misma.

Aún más, el artículo 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que para poder hacer efectivos los derechos contenidos en ella, será necesario que los Estados, si no lo han hecho, lleven a cabo las medidas legislativas para hacerlos efectivos; lo que denota que no basta una simple desaplicación de la norma nacional y una aplicación indiscriminada de la norma internacional, sino que sería necesario que el Legislador, o si fuese necesario el Constituyente, como dispone y exige el artículo 2º de la Convención, reformen las normas correspondientes para hacer efectivos esos derechos.

Indudablemente que el compromiso adoptado por México en esta Convención es, atendiendo a este artículo 2º, respetuoso de la soberanía, autonomía y autodeterminación de cada Estado, por lo que el desconocimiento de las normas internas –y más de las constitucionales–, sin más requisito que ignorarlas y no aplicarlas, sería una contravención, incluso, al propio tratado.

Es necesario, desde luego analizar la relación jurídica que se da entre los tratados y lo dispuesto por la Constitución, lo que resuelve el artículo 1°, parte final, y el artículo 133 de la Constitución, de los que derivan que las normas previstas en la Ley Fundamental tienen una parcial fuerza jurídica activa o derogatoria sobre las normas que en materia de derechos humanos prevean los referidos tratados, pues en abono a que todo instrumento internacional para ser válido debe apegarse a lo previsto en la Constitución, el párrafo primero en comento precisa con toda claridad, en su parte final, que las únicas restricciones al ejercicio de los derechos humanos reconocidos tanto en la Norma Fundamental como en los tratados internacionales serán las previstas por la propia Constitución.

Así, a mi juicio no puede predicarse una falta de relación jerárquica entre las normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales y los preceptos constitucionales, pues aun con la reforma constitucional sigue imperando la supremacía constitucional.

En esta medida, lo que se determinó finalmente en la contradicción por el Tribunal Pleno, y con lo cual coincido plenamente, es en el sentido de que en caso de que en la Constitución se prevea una restricción a un derecho humano, deberá prevalecer lo establecido en el texto constitucional, a mi juicio deriva, precisamente, de su supremacía.

Considero que lo que establece el segundo párrafo del artículo 1° constitucional son reglas de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, recogiendo el principio pro persona, lo que permite fijar el alcance de dicha norma, buscando la mayor protección de los derechos humanos, como por ejemplo, tornar en plenamente exigibles las prerrogativas de esa índole previstas en tratados internacionales, aun cuando no se refiera a ello la Constitución, pero de ninguna manera permite desconocer las normas supremas que establecen las restricciones a los derechos humanos señalados en la Constitución Federal; por lo que considero que debió concluirse expresamente que la Constitución tiene un carácter preeminente de supremacía por sobre toda otra norma jurídica, interna o externa, de origen internacional o con motivo de reconocer un derecho humano, señalando que la norma constitucional prevalece frente a cualquier otra.

Nuestra Norma Fundamental es la que paradójicamente le da existencia y validez a las normas internacionales, además de que incluso los derechos humanos contenidos en la propia Constitución deben limitarse a la amplitud que las restricciones que ella misma impone, por lo que en igualdad de circunstancias las normas internacionales de derechos humanos deben someterse a esas mismas restricciones, lo que deriva de la naturaleza de Norma Suprema de la Constitución, que siempre debe prevalecer, pues así lo señala el propio artículo 1°, y así ha sido diseñado por el pueblo de México, a través de su Constituyente permanente.

A mi juicio es un contrasentido afirmar que las normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales y las establecidas en la Constitución Federal no se relacionan en términos jerárquicos, y luego decir que aun así prevalecen las restricciones establecidas en la Constitución. Coincido en que éstas últimas deben prevalecer, pero precisamente porque sí existe una relación jerárquica entre dichas normas, que deriva del principio de supremacía constitucional.

Si bien en la resolución de la contradicción de alguna manera se acoge el criterio de que deben imperar las restricciones constitucionales, se afirma que no existe relación jerárquica entre las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales y las establecidas en la Constitución Federal, con lo cual no coincido.

Es cierto que dichas normas podrían, en su caso, interpretarse de manera armónica y también que, en caso de que alguna norma de un tratado internacional versara sobre algún derecho humano no previsto en la Constitución o con una amplitud mayor del previsto en ella, podría atenderse a lo previsto por el tratado, esto tendría que atender siempre a las restricciones constitucionales, lo que a mi juicio implica precisamente que las normas de que se trata sí se relacionan en términos jerárquicos, pues es del principio de supremacía constitucional –que a mi juicio sigue siendo referente, aun tratándose de normas en materia de derechos humanos–, del que deriva que sean las restricciones o limitaciones de la Constitución las que prevalezcan en caso de antinomia.

Ahora bien, tomando en cuenta que el Tribunal Pleno finalmente determinó, en la resolución de la contradicción de que se trata, que cuando en la Constitución se prevea una restricción al ejercicio de derechos humanos previstos en tratados internacionales, se debe estar al texto constitucional, considero que esa prevalencia de las restricciones constitucionales debió quedar claramente plasmada a lo largo de todo el estudio, a efecto de que la resolución no generara confusiones o fuera, incluso, contradictoria.

Así, cuando se acota como requisito material de validez de los tratados internacionales incorporados al sistema jurídico, el no contrariar los derechos humanos previstos en la Constitución Federal y en otros tratados internacionales, a mi juicio se debió mencionar que tampoco deben ser contrarios a las restricciones establecidas por la propia Norma Fundamental.

Igualmente, considero que se debió hacer mención expresa a la prevalencia de las restricciones constitucionales cuando se hace referencia a que las antinomias que eventualmente puedan suscitarse deben resolverse aplicando el principio pro persona.

Cabe apuntar que, a mi juicio, lo que prevé el artículo 1° constitucional en relación con este principio es que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; esto es, lo que establece es la manera en que se deben interpretar dichas normas, y no un criterio para determinar cuál norma aplicar.

Considero que no debe confundirse interpretación con aplicación. El hecho de que la norma en cuestión señale que las normas de derechos humanos se deben interpretar conforme al principio pro persona implica, precisamente, que cuando puedan darse varias interpretaciones, se prefiera aquella que sea más favorable a la persona; pero no creo que tenga el alcance de que, con el pretexto de hacer una interpretación pro persona, lo que se haga realmente sea una inaplicación de normas constitucionales, ya que no creo que éstas puedan interpretarse en el sentido de que no dicen lo que dicen. Debe tenerse siempre en cuenta que lo que señala el artículo 1º constitucional es preferir la interpretación –y no la aplicación–, más favorable.

Por otra parte, no coincido con el criterio que se determina que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, respecto del segundo tema jurídico analizado, pues considero que las interpretaciones, criterios jurisprudenciales o precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben entenderse como orientadoras respecto del alcance interpretativo de las normas contenidas en la Convención de San José.

A mi juicio, la vinculación se entiende respecto de las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son, desde luego, vinculantes ineludiblemente para las partes, cuando el Estado mexicano es parte en un proceso en el cual se le imponen ciertas condiciones en la resolución, ya que desde luego está vinculado a su cumplimiento.

Considero que, como en general sucede con los criterios jurisprudenciales o los precedentes, estos criterios trascienden al caso concreto y establecen un criterio de interpretación respecto de lo que puede o debe entenderse en el alcance de una norma determinada.

No coincido con que se señale que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante de manera general, porque para mí ese adjetivo es aplicable únicamente a las resoluciones que condenan a algún Estado y, por lo tanto, yo no podría más que calificar los criterios del referido tribunal internacional como orientadores respecto de los alcances que debe darse a cierta norma del convenio o del tratado y así establecer cuál es el parámetro para poder entender esa norma.

Considero que aun los criterios que derivan de las sentencias vinculatorias para el Estado mexicano son criterios de interpretación que son orientadores para futuras cuestiones o aplicaciones de las normas contenidas en el tratado. La vinculación se da, para mí, en relación con las sentencias, pero no con la jurisprudencia.

Tampoco coincido con el aserto de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es una extensión del tratado, pues parecería que se está haciendo un addendum al tratado, que no lo es, desde luego, como si se estuviera agregando alguna disposición no pactada entre las partes –que esa es la naturaleza de todo tratado–, pues considero que simple y sencillamente se trata de los criterios de interpretación sobre las normas contenidas, en este caso, en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

De tal manera, considero que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es un criterio orientador que habrá a su vez de someter al juzgador mexicano a un análisis y ponderación respecto de los alcances que considere pertinentes para hacer efectivo el principio pro homine, considerando siempre, desde luego, las posibles restricciones que nuestra Constitución establezca y que inciden necesariamente en los alcances de esta interpretación y aplicación, no sólo hecha por el Tribunal mexicano, sino también por el propio Tribunal Internacional.

Desde ese punto de vista, yo estaría en contra de las consideraciones, terminología y determinación que se adopta en relación con este tema jurídico.

En esa medida, si bien estoy de acuerdo, esencialmente, con el primer criterio que se sostiene en la resolución de la contradicción de tesis de que se trata, no coincido con todos los argumentos en que se sustenta, ni tampoco con el segundo de los criterios establecidos.



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