Contradicción de tesis 293/2011



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[…]

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

[…].

38 Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. […].

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;



[…].

39 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de marzo de 2013, párrs. 69 a 72, 87 y 88.

40  Décima Época; Registro: 160482; Instancia: Pleno; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Localización: Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1; Materia(s): Constitucional; Tesis: P. LXV/2011 (9a.); Pág. 556.

41 “SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN ASUNTOS DONDE EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE. PARA QUE SUS CRITERIOS TENGAN CARÁCTER VINCULANTE NO REQUIEREN SER REITERADOS”. [Décima Época; Registro: 2003156; Instancia: Pleno; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Localización: Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1; Materia(s): Constitucional; Tesis: P. III/2013 (10a.); Pág. 368].

42 En este sentido, el artículo 215 de la Ley de Amparo establece que “[l]a jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución”. Por otra parte, el artículo 94 constitucional establece que “la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución”. Finalmente, las fracciones II y XIII del artículo 107 constitucional hacen referencia a la formación de jurisprudencia por reiteración y contradicción.

43  Cabe señalar que la propia Corte Interamericana denomina sus criterios interpretativos de la Convención Americana como “jurisprudencia”. Al respecto, véase por ejemplo: Corte IDH Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párrs. 65, 67, 93, 110, 116, 139, 180, 274, 339, 340, 346, 347-a, 360, 371 y 374.

44 Se trata de una importante distinción bastante extendida tanto en la teoría del derecho, como en la dogmática constitucional y la jurisprudencia constitucional comparada. Por todos, véase Pozzolo, Susana, y Escudero, Rafael (eds.), Disposición vs. Norma, Lima, Palestra, 2011; y Díaz Revorio, Francisco Javier, Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional, Valladolid, Lexnova, 2001, págs. 35-37.

45  Al respecto, la Corte Interamericana señaló en el caso Gelman lo siguiente: “La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales, por lo que, particularmente en casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los Derechos, la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo ‘susceptible de ser decidido’ por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar un control de convencionalidad, que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia ha ejercido, en el Caso Nibia Sabalsagaray Curutchet, un adecuado control de convencionalidad respecto de la Ley de Caducidad, al establecer, inter alia, que ‘el límite de la decisión de la mayoría reside, esencialmente, en dos cosas: la tutela de los derechos fundamentales (los primeros, entre todos, son el derecho a la vida y a la libertad personal, y no hay voluntad de la mayoría, ni interés general ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados) y la sujeción de los poderes públicos a la ley’. Otros tribunales nacionales se han ido también a los límites de la democracia en relación con la protección de derechos fundamentales”. Corte IDEH, Caso Gelman Vs. Uruguay, Fondo y Reparaciones, Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C. No. 221, párr.239.

46 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de marzo de 2013, párrs. 69 a 72, 87 y 88.

47 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes diez de junio de dos mil once.

48 Discusiones del doce, trece y quince de marzo de dos mil doce.

49 Son el amparo en revisión 358/2011 y la acción de inconstitucionalidad 155/2007.

50 Véase, Natural Law and Natural Rights, Clarendon Law Series, Oxford, 1980.

51 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No.221, párr. 239.

52 Merkl, Adlofo. PROLEGÓMENOS A UNA TEORÍA DE LA ESTRUCTURA JURÍDICA ESCALONADA DEL ORDENAMIENTO, Traducción del alemán por Juan L. Fuentes Osorio y Miguel Azpitarte Sánchez, en Revista de Derecho Constitucional Europeo, nº 2, julio-diciembre de 2004, 235-259.

53 Como señala la doctrina especializada, “la especial posición que ocupan los derechos fundamentales en el Estado constitucional se manifiesta en un reforzamiento de sus garantías o de su resistencia jurídica frente a eventuales lesiones originadas en la actuación de los poderes públicos y en primer lugar del legislador”. Prieto Sanchís, Luis, Justicia constitucional y derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 2003, p. 230. En el mismo sentido, Riccardo Guastini ha sostenido que “en los sistemas de Constitución rígida los derechos subjetivos conferidos por la Constitución […] se caracterizan por una especial capacidad de “resistencia”, por una protección realmente especial”. Guastini, Riccardo, Estudios de teoría constitucional, México, Fontamara, 2001, p. 232.

54 Barak, Aharon, Un juez reflexiona sobre su labor: el papel de un tribunal constitucional en una democracia, México, SCJN, 2009, p. 1.

55 La cita está tomada de un discurso pronunciado por el también profesor de la Universidad de Turín con motivo del cincuenta aniversario de la Corte Constitucional italiana. Cfr. Zagrebelsky, Gustavo, “Jueces constitucionales”, en Miguel Carbonell (ed.), Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos, Madrid, Trotta-IIJ, 2007, p.102.

56 Rosen, Jeffrey, The Supreme Court: The Personalities and Rivalries that Defined America, Nueva York, Times Books, 2007, p. 7.

57 Ídem.

58 Al respecto, coincido con Pedro Salazar en el sentido de que el objetivo legítimo de dichas situaciones excepcionales no es la protección del Estado como fin en sí mismo –lo cual sería, acorde con perspectivas comunitaristas, utilitaristas o estatalistas–, sino de aquellas instituciones que brindan garantía a los derechos fundamentales. Cfr. Salazar, Pedro, “Del Estado de excepción a la suspensión constitucionalizada”, en Miguel Carbonell y Pedro Salazar (coords.), La reforma constitucional de derechos humanos. Un nuevo paradigma, México, UNAM-IIJ, 2012, p. 276.

59 Corte IDH, Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de agosto de 2008, Serie C No. 184, párrafo 174.

60 Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, 1984, p. 37.

61 Esta expresión ha sido acuñada por Luigi Ferrajoli, quien apunta que su concepto se distingue del “territorio inviolable” de Norberto Bobbio y del “coto vedado” de Garzón Valdés en el sentido de que la “esfera de lo indecidible” constituye una categoría jurídica, mientras que los otros dos conceptos hacen referencia a categorías filosóficas-políticas. Para este autor, las constituciones han sometido a la política a esa “esfera de lo indecidible”. Al respecto, véase Ferrajoli, Luigi, “La esfera de lo indecidible y la división de poderes”, en Estudios Constitucionales, año 6, no. 1, 2008, pp. 337-343.

62 Bobbio, Norberto, “La regla de la mayoría: límites y aporías”, en Fernández Santillán, José (comp.), Norberto Bobbio: el filósofo y la política, México, Fondo de Cultura Económica, 1997, pp. 268-269.

63 Respecto al “coto vedado”, el filósofo argentino ha señalado que los derechos incluidos en dicho concepto son aquéllos vinculados con la satisfacción de los bienes básicos, es decir, que son condición necesaria para la realización de cualquier plan de vida. Al respecto, véase Garzón Valdés, Ernesto, “Algo más acerca del coto vedado”, en Doxa, no. 6, 1989, pp. 209-213.

64 Garzón Valdés, Ernesto, Propuestas, Madrid, Trotta, 2011, p. 99.

65 Para Eduardo Ferrer Mac-Gregor, la “cláusula de interpretación conforme” constituye una “técnica hermenéutica por medio de la cual los derechos los derechos y libertades constitucionales son armonizados con los valores, principios y normas contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos signados por la jurisprudencia de los tribunales internacionales (y en ocasiones otras resoluciones y fuentes internacionales), para lograr su mayor eficacia y protección”. Véase Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad”, en Miguel Carbonell y Pedro Salazar (coords.), op. cit., p. 358.

66 En relación con este tema, me gustaría destacar las importantes aportaciones metodológicas contenidas en el libro de Caballero Ochoa, José Luis, La interpretación conforme. El modelo constitucional ante los tratados internacionales sobre derechos humanos y el control de convencionalidad, México, Porrúa, 2013

67 Resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante sentencia de 14 de abril de 2011, bajo la ponencia del Ministro Sergio A. Valls Hernández.

68 Artículo 32. La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.

El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.

[…]


69 Resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante sentencia de 12 de enero de 2012, bajo la ponencia del Ministro Sergio A. Valls Hernández.

70 Artículo 18. […]

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.



71 PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano (énfasis añadido) [Tesis 1ª./J. 107/2012. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XIII, octubre de 2012, tomo 2, párrafo 799].

72 Resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante sentencia de 7 de febrero de 2012, bajo la ponencia del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano (encargado del engrose: Ministro José Ramón Cossío Díaz).

73 2. Sin embargo, a los efectos del presente Convenio, la expresión "trabajo forzoso u obligatorio" no comprende:

[…]


c) Cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial, a condición de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas y que dicho individuo no sea cedido o puesto a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;

[…] (Subrayado en este voto).



74 Artículo 21.- […] Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas […] (Subrayado en este voto).

75 La sentencia del 28 de mayo de 1997 (ponente: Alejandro Martínez Caballero) puede ser consultada en la página de Internet de la Corte Constitucional Colombiana: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1997/C-251-97.htm.

76 La sentencia del 1º de septiembre de 2011 (ponente: Magistrado Humberto Antonio Serra Porto) puede ser consultada en la página de Internet de la Corte Constitucional Colombiana: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-646-11.htm. Actualmente, el magistrado ponente es el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

77 Votaron a favor del nuevo criterio los Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Sergio Armando Valls Hernández, Olga María Sánchez Cordero de García Villegas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y el Presidente Juan N. Silva Meza.

78 Es el caso del Amparo en Revisión 120/2002 (primer asunto en el que intervine como Ministro con el tema de jerarquía de tratados y respecto del cual elaboré voto particular); el Varios 293/2010 y la Acción de Inconstitucionalidad 155/2007, respecto de la cual elaboré voto concurrente.

Así, cuando voté en la resolución que recayó al expediente Varios 912/2009 (identificado como caso Radilla), en el punto que establecía la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los asuntos en los que México fuera parte, lo hice con la salvedad de que ello siempre y cuando no fuere en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual manera voté en el sentido de que las sentencias de dicha Corte en asuntos en los que México no fuera parte no le resultaban obligatorias y los criterios en ellas establecidos resultaban únicamente orientadores para los operadores jurídicos en México.

Ello de ninguna manera significa que yo no sostenga que en todos los casos debe darse plena eficacia al segundo párrafo del artículo 1º constitucional, por lo que siempre debe buscarse la interpretación más favorable a la persona, inclusive en la aplicación de las restricciones, excepciones o suspensiones establecidas en nuestra Constitución.


79 De igual manera sostengo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede declarar la “inconstitucionalidad” o mucho menos declarar inconvencional un artículo o precepto de la Constitución, puesto que ello significaría ejercer facultades que no tiene, además de invadir la tarea y funciones del Poder Constituyente. Para que el Tribunal Constitucional pudiese llegar a ese extremo, el Constituyente originario o el Permanente –Poder Revisor de la Constitución- tendría que haberle otorgado esas facultades expresamente. Al igual que todos los otros Poderes u órganos del Estado mexicano, en mi opinión, la Suprema Corte y sus integrantes estamos obligados a actuar conforme a las facultades expresas que tenemos conferidas. Por supuesto que ello no quiere decir que yo no acepte que este Alto Tribunal no pueda interpretar la Constitución, en el ámbito de los derechos humanos, de la manera más favorable a la persona, o, en otros ámbitos, de la mejor manera para organizar sus preceptos.



80 Venustiano Carranza propuso en su proyecto de reformas a la Constitución y el Constituyente de 1916-1917 introdujo el texto del artículo 1º, la redacción que aún subsiste en el primer párrafo del artículo citado. El texto aprobado entonces quedó en los siguientes términos:

Art. 1º.- En la República Mexicana todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las que no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.”

Es relevante tomar en cuenta los razonamientos que se plasmaron en el Dictamen de la Comisión, presentado en la 8ª sesión ordinaria del Constituyente el 11 de diciembre de 1916 y que propició que después de la discusión, se aprobara el texto propuesto, sin cambio alguno, por votación unánime de 144 votos. (Ver: Marván Laborde, Ignacio, Nueva Edición del Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1916-1917, Tomo I, SCJN, 2005, págs.. 119 a 144).

No debe perderse de vista que en ese tiempo no existían los tratados o convenciones en materia específica de derechos humanos universales, ni se había desarrollado el derecho internacional en ese campo, puesto que ello se produjo a partir de las dos grandes guerras mundiales del siglo XX.



81 Los textos de esos artículos constitucionales son, actualmente, los siguientes:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.



Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Otros artículos que estimo sustentan también mi posición y la de otros Ministros son el 39, 40, 41 primer párrafo, y 135, los cuales disponen:

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.”

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.


82 Gramaticalmente, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, restringir significa: “1. Ceñir, circunscribir, reducir a menores límites” o “2. Apretar, constreñir, restriñir.”; mientras que suspender, en su segunda acepción que es la aplicable al caso, significa: “2. Detener o diferir por algún tiempo una acción u obra.”

83 Respecto de este último punto no puede perderse de vista que dicha excepción, en el sentido de que en la Constitución pueden señalarse restricciones o suspensiones a los derechos humanos –antes garantías individuales- se plasmó, por primera vez, en el artículo primero del proyecto de reformas constitucionales que Venustiano Carranza presentó al Constituyente el 1º de diciembre de 1916. Desde entonces, y recogiendo casi de manera literal el mismo artículo de la Constitución de 1857, se mantuvo la posibilidad de suspender las garantías individuales en el artículo 29 del propio texto fundamental, cuando se dieran los supuestos y condiciones en ese numeral señalados; pero el texto original de ese artículo no señalaba la posibilidad de “restringir” el ejercicio de los derechos humanos. Fue hasta la reforma de junio de 2011 que se introdujo la figura de “restricción” respecto de los supuestos establecidos en el artículo 29; por tanto, es evidente que la referencia a “restricciones” no estaba antes de la reforma citada, ni lo está ahora, reducido únicamente a los casos previstos en el multicitado artículo 29. (Existen referencias en los debates del Constituyente de 1916-1917 con las que se puede acreditar que los legisladores estaban conscientes de que podían establecerse restricciones, independientemente de la suspensión de garantías prevista en el artículo 29 constitucional).

Solamente, por considerarlo sumamente ilustrativo, señalo para reforzar mi afirmación, la discusión en el Congreso Constituyente del inicialmente artículo 4º que se convertiría finalmente en el 5º de nuestra Constitución, durante las cuales se puso de manifiesto, particularmente en las intervenciones de los diputados Ibarra y Navarrete, que el concepto de “restricciones” no estaba circunscrito al artículo 29 de la Ley Fundamental, como no lo está ahora. (Ver: Marván Laborde, Ignacio, op.cit. págs. 344 a 368).



En nuestro texto constitucional encontramos un número importante de restricciones, límites o excepciones al ejercicio de algunos de los derechos humanos que vienen algunas del texto de 1857 y las más del de 1917. Véanse, para este punto y en obvio de repeticiones innecesarias en este voto, la intervención de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos en la versión taquigráfica de la sesión del 27 de agosto de 2013.


84 Cfr .La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 38.


85 Repito que yo fui el único Ministro que votó en el sentido de que aun las resoluciones de la Corte Interamericana en casos en que México es parte, son obligatorias internamente para el Estado Mexicano siempre que no sean contrarias a nuestra Constitución.


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