Contesta traslado. Hace saber opinion al Sr. Juez titular del Juzgado en lo Contencioso N° 1 del Departamento Judicial La Plata Dr. Luis arias mario Luis coriolano



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CONTESTA TRASLADO. HACE SABER OPINION
Al Sr. Juez titular del Juzgado

en lo Contencioso N° 1 del

Departamento Judicial La Plata

Dr. Luis ARIAS

Mario Luis CORIOLANO, en mi carácter de Defensor Oficial de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, y en calidad de amicus curiae, manteniendo domicilio constituido en la Calle 48 N° 985, de la ciudad de La Plata, sede de la Defensoría en la que me desempeño, me presento en el marco de la causa N° 3.885, autos caratulados "Asociación Civil Miguel Bru y Otro/a c/ Ministerio de Seguridad s/ HABEAS DATA", y respetuosamente digo:

I.-

OBJETO

Que vengo en esta oportunidad procesal a contestar el traslado conferido el 16 de junio próximo pasado por V.S., a efectos de acercarle -en mi carácter de amicus curiae- las consideraciones que estimo pertinentes a efectos de resolver con acierto el fondo de la cuestión generada en el marco de la presente litis.



II.-

FUNDAMENTOS EN QUE SUSTENTO MI OPINION

Dos son los aspectos centrales sobre los que deseo expresar mis opiniones. Uno, tiene relación con la solicitud de la Fiscalía de Estado provincial tendiente a que se declare abstracto el objeto procesal que se ventila en los presentes obrados; el otro, se vincula con la técnica utilizada por el Ministro de Seguridad para reglamentar las prácticas de recolección de datos que se están analizando en éste legajo.

En el orden señalado, desgrano las críticas.

a) En lo atinente al pretenso carácter abstracto del objeto procesal ventilado, queda claro que el mismo es la materia alrededor de la cual gira la iniciación, desenvolvimiento y extinción del proceso contencioso entablado1, el que se halla representado, en el caso, por las diversas pretensiones articuladas por la parte actora y la demandada.

La pretensión procesal entonces es el objeto del proceso contencioso, ya que ella es el acto en razón del cual se reclama ante un órgano jurisdiccional y frente a una persona distinta, la resolución de un caso suscitado entre esa persona y aquella que está entablando el reclamo2.

Luego, es preciso hacer notar -a criterio de éste amicus curiae- el objeto de la pretensión (es decir, el efecto jurídico perseguido por ésta) incoada por la actora consistía en tomar conocimiento cierto de la existencia de datos de personas que obren en los registros de la parte demandada denominados "álbumes de Modus Operandi", confeccionados por las Seccionales de la Policía Bonaerense.

En un paso posterior, aunque también en el marco del mismo objeto, se ha pretendido que -habiéndose acreditado el uso discriminatorio de la información allí contenida y el procedimiento ilegal y arbitrario desplegado para la confección de tales carpetas de malvivientes- V.S. suprima los datos contenidos en los referidos registros, dado que los mismos fueron agregados a los álbumes en virtud de un proceder contrario, de manera sistemática, a los derechos humanos3.

La Fiscalía de Estado, en tanto, al acompañar al expediente copia de la Resolución N° 784 del Ministerio de Seguridad de la Provincia, solicitó a V.S. considere que el objeto procesal devino abstracto, ello como corolario de la reglamentación de las prácticas cuestionadas que tal medida legisferante habría producido.

Surge a todas luces, entiende éste amicus curiae, que yerra la demandada al considerar el carácter abstracto de la pretensión articulada, dado que -de la simple lectura de la resolución en examen- se desprende que si bien se admitió la existencia de los datos colectados en los álbumes de Modus Operandi4, aún resta que V.S. resuelva respecto a un ítem central del punto sobre el que se ha estructurado la litis.

Es decir, aún no se cuenta con una decisión jurisdiccional que precise qué hacer con los datos colectados en los referidos álbumes, dado que ello -a mi juicio- son confeccionados de modo arbitrario y selectivo, de lo que he dado cuenta a lo largo de las diversas presentaciones que efectué en éste protocolo.

Con esto, aclaro que el proceso -a partir del objeto de la pretensión que se articule- puede perseguir diversos efectos jurídicos, sean éstos inmediatos o mediatos5. En el ámbito de los primeros, se buscaba la declaración de certeza sobre la existencia de los datos; en el de los segundos, la supresión de los mismos.

Ergo, éstos segundos efectos perseguidos, aquellos mediatos, no han tenido respuesta -concibo en mi carácter de amigo del Tribunal- alguna en el marco de la Resolución dictada por el Sr. Ministro de Seguridad, y aún requieren de una salvaguarda inmediata por parte del órgano jurisdiccional interviniente, debido a la incuestionable naturaleza de proceso urgente6 que el habeas data ventilado en la presente causa presenta.

Por ello, es que éste amigo del Tribunal entiende que no puede considerarse abstracto el objeto de la pretensión articulada por la parte actora en su escrito de demanda, y -en consecuencia- la pretensión de la demandada sobre el particular debería ser desestimada.



b) La Resolución N° 784 del Ministro de Seguridad León Arslanián7, obrante en copia a fs. 325/326 de la presente causa, cuenta -a mi criterio- con ciertas falencias que le impiden superar el vallado que los principios limitadores del Estado Constitucional de Derecho imponen a tales efectos.

Comienzo por establecer que no considero a las fotografías de personas privadas de la libertad medios idóneos e indispensables para el esclarecimiento de hechos delictivos, tanto más cuánto -como se denunciase- las mismas son obtenidas en el marco legal inconstitucional, de manera arbitraria y discriminatoria.

Además, mal puede pensarse en un Estado Constitucional de Derecho que un acotamiento de la vigencia de las garantías individuales resultaría útil para lograr mayor efectividad en las investigaciones penales, ya que -por el contrario- la experiencia indica que ante un mayor respeto por los límites de ingerencia estatal en la esfera privada de los ciudadanos, mayor calidad de pronunciamientos jurisdiccionales de condena se obtienen.

Por otra parte, si es presupuesto de todo acto republicano de gobierno la necesidad de encontrarse debidamente fundamentado y motivado, en razón de su naturaleza intrínseca -por imperio de la soberanía popular-8, tal parámetro no fue respetado por la decisión ministerial en estudio, dado que ningún sustento probatorio ni documental respalda las aseveraciones criticadas en los párrafos precedentes.

Una vez más, confunde la demandada los casos de reconocimiento en rueda fotográfico regulados a partir del art. 261 del C.Pr.P. con una vía adecuada para la identificación de una persona como imputada en el marco de un proceso penal en trámite.

Es decir, además de dejar en claro que existen una serie de otros actos útiles a tales efectos -me refiero a la identificación del sujeto del que se trate-9, el reconocimiento fotográfico como medio de prueba para la sindicación del imputado por parte de la víctima es excepcional, tal como lo estatuye el Digesto procesal10.

En el mismo hilo conductor, es imprescindible exponer -como lo hiciera en ocasión de constituirme en carácter de amicus curiae- que la prueba reseñada en los renglones precedentes, se lleva a cabo en el marco de un conjunto de prescripciones garantizadoras del derecho de defensa en juicio y del debido proceso -notificación previa al Defensor; intervención de éste y del imputado en la conformación de la rueda de fotos; posible negativa del mismo a la realización de la medida; etc.-, que bajo ningún punto de vista se ven respetadas en el proceder llevado adelante por la Policía Bonaerense11.

Continuando con las consideraciones relativas a la decisión del Ministro de Seguridad en ciernes, es dable expresar que si bien es cierto que personal especializado debería ser aquél que lleve adelante las tareas de recolección de datos y obtención de fotografías, no es menos cierto que no hallo -desde mi óptica de amigo del Triunal- necesidad que el mismo pertenezca a la Dirección de Antecedentes Penales, ya que el Ministerio Público Fiscal cuenta con un mecanismo propio de colectación de los citados registros12.

El carácter restringido de la información contenida (y del acceso de la persona interesada, también) a en los registros creados por la normativa estudiada, lejos de importar una salvaguarda para éste, se da de bruces por la normativa internacional aplicable sobre la materia, receptada en nuestra Ley Fundamental por el art. 75 inc. 22°.

Apunto con ello que, si el habeas data es el medio idóneo para determinar la falsedad de un dato personal contenido en un registro oficial, con el fin de proceder a su subsanación o supresión, la publicidad y el acceso irrestricto a ese banco de datos es el corolario necesario que toda normativa aplicable debe contener, so pena de no resistir el embate constitucional que desde el art. 43 de la C.N. puede practicársele.

Insisto con esto. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha sido clara al respecto, y dictando la Resolución 45/95 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, dictada el día 14 de diciembre de 1990, precisó que el principio de acceso de la persona interesada, brega por que toda persona que demuestre su identidad, tiene derecho a saber si se está procesando información que le concierne, a conseguir una comunicación inteligible de ella sin demoras o gastos excesivos, a obtener las rectificaciones o supresiones adecuadas cuando los registros sean ilícitos, injustificados o inexactos y, cuando esta información sea comunicada, a conocer los destinatarios13.

Remitiéndome ahora al análisis de la parte resolutiva de la Resolución N° 784 del 10 de junio último, expongo que se faculta a la Policía de la Provincia de Buenos Aires a continuar obteniendo fotografías de las personas alojadas en las dependencias de la misma, que sufran allí privación de libertad, ampliando el campo de aplicación de las referidas prácticas en relación con las atribuciones que le confería al respecto la legislación -inconstitucional, remarco- vigente hasta la fecha señalada.

Esto es, no sólo se obtendrán fotografías de las personas detenidas por presunta comisión de contravenciones o delitos, sino que también se hará respecto de los aprehendidos por averiguación de antecedentes, o los sujetos simplemente demorados; extremo con base en el cual el factor arbitrario y discriminatorio lejos de reducirse, se ampliará.

Por otro lado, si el objetivo de la reglamentación es salvaguardar la vigencia de las garantías individuales de los detenidos, es claro que en la misma debería -en esencia- establecerse en forma concreta y precisa que, para la obtención de la fotografía, el consentimiento expreso del imputado, previa notificación y contacto con su Defensor, es impostergable, tanto más cuánto es posible que esa pieza documental se utilice como extremo cargoso para probar, en los obrados de los que se trate, la participación penal lato sensu del justiciable en el hecho que se le impute.

Además, se otorga al personal de seguridad de las dependencias la facultad de obtener las placas fotográficas, para su posterior remisión a la Dirección de Antecedentes. Esto atenta contra la necesidad de retirar los álbumes fotográficas de las manos policiales que todas las partes intervinientes en éste litigio han consensuado, y que V.S. ha homologado y requerido su cumplimiento expreso.

Lo que se agrava, a mi entender, si no se indica en forma clara y definida, cuál va a ser el destino de la copia que el art. 4° de la Resolución en cuestión ordena obtener, como así tampoco del listado aparte que se encuentre en poder del delegado.

El art. 8° es, tal vez, aquél que deba sufrir los embates cuestionadores más importantes, a juicio de éste amigo del Tribunal. Esta norma estatuye que los álbumes de Modus Operandi existentes en poder de la Policía Bonaerense hasta el 10 de junio de éste año, deben ser remitidos a los respectivos delegados de la Dirección de Antecedentes, que se ubicarán -por razones de capacidad edilicia- en las instalaciones de las distintas Policías Científicas de cada una de las Direcciones Departamentales de la Provincia.

Queda en claro, en mi opinión, que las líneas directrices que me han persuadido sobre la necesidad de constituirme en la calidad de actor procesal que represento en ésta controversia, han sido contrariadas absolutamente por el contenido de la manda referida, por lo que el dictado de una resolución jurisdiccional -por renovados fundamentos- se impone.

Explico al respecto que dado que "...el modus operandi articulado por las fuerzas policiales descripto en el marco del habeas data interpuesto, en la mayoría de los casos, culmina con las personas involucradas en el mismo, con procesos penales en trámite, con lo cual considero más que oportuna esta intervención preventiva, en busca de una tutela judicial continua de los derechos involucrados en el conflicto"14, dicha práctica -lejos de ser denostada- se ha intentado reglamentar a través de la normativa que cuestiono.

Los álbumes de Modus Operandi o Registros de Malvivientes deben ser quitados de la esfera policial, y la información incorporada a los mismos, en vulneración a garantías constitucionales, suprimida sin más, porque de no hacerse así, el Estado Constitucional de Derecho cedería el Estado de Policía con el que se encuentra en plena disputa y tensión, perdiendo racionalidad y debilitando su función última de pacificación social, al permitir que se acentúe la arbitrariedad de los procesos de criminalización15.

Con todo, entiendo que plasmé en forma adecuada y concreta cuáles son las opiniones que éste amicus curiae puede acercarle a V.S. para resolver con acierto la cuestión en debate, la que -lejos de tener carácter abstracto-, ha cobrado mayor complejidad, por cuanto el Ministerio de Seguridad pretendió encausar en derecho la vía de hecho que se cuestiona desde el comienzo de éste litigio, sin que tal intento respete, en la opinión del suscripto, sea susceptible de sobrepasar el control de constitucionalidad difuso que la Carta Magna establece.

III.-

PETITORIO

En virtud de las manifestaciones vertidas y argumentos brindados en éste memorial, a V.S. solicito:



a.- Se me tenga por respondido el traslado conferido a f. 328 de éstas actuaciones.

b.- Por último, dicte una resolución que dirima en forma definitiva el conflicto ventilado en las presentes actuaciones, teniendo en miras -a tales efectos- las conclusiones que esgrimiera a lo largo de éstas breves líneas.

Proveer de conformidad que,



SERA JUSTICIA




1 Cfr., por todos, Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Tomo I, Nociones Generales, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1967, p. 376.

2 Ibídem, p. 388.

3 Así lo expresó la parte actora en su escrito de interposición de Habeas Data, en el ítem relativo al objeto que la pretensión articulada llevaba ínsito.

4 Este extremo dio lugar, sin dudas, a la adopción de la medida cautelar acordada por las partes y homolagada judicialmente por V.S. luego de la sustanciación de la audiencia del pasado 7 de junio.

5 Palacio, Lino Enrique, ob. cit., pp. 396/397.

6 Véase al respecto Vargas, Abraham Luis, Teoría General de los Procesos Urgentes, La Ley, año 1999, tomo A, pp. 873 y ss..

7 Dictada el 10 de junio próximo pasado.

8 Así Goldschmidt, Introducción filosófica al derecho, p. 57, citado por Sagüés, Néstor Pedro, Derecho Procesal Constitucional. Recurso extraordinario, Tomo 2, cuarta edición actualizada y ampliada, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2002, p. 148, nota a pie de página número 11.

9 Desde la exhibición del D.N.I. hasta la obtención de huellas decadactilares, y un largo etcétera.

10 Sólo es indispensable su realización, a los fines del reconocimiento, cuando el imputado no esté presente y es imposible que el mismo sea habido.

11 Así lo explica Maier, Julio B. J., Derecho Procesal Penal. Tomo I. Fundamentos, segunda edición, segunda reimpresión, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2002, pp. 469 y ss..

12 De ello se encarga la O.T.I.P., Oficina Técnica de Identificación Personal, con asiento en cada uno de los Departamentos Judiciales de la Provincia, que lleva adelante un registro de todas las personas aprehendidas por contravenciones o presunta comisión de delitos que son acercados a sede jurisdiccional.

13 Así también lo expliqué en mi escrito inicial, cuando me constituí en calidad de amigo del Tribunal.

14 Cfr. presentación en calidad de amicus curiae, punto II.-, párrafo segundo.

15 Zaffaroni, Eugenio Raúl, Alagia, Alejandro, Slokar, Alejandro, Derecho Penal. Parte General, Editorial E.D.I.A.R., Buenos Aires, 2000, p. 131.




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