Consejo de la judicatura



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Incapacidad:

En nuestro derecho, la regla general es la capacidad y la incapacidad es la excepción, como lo señala expresamente el Art. 1462 del Código Civil ecuatoriano. No existe incapacidad de goce, sólo de ejercicio.

Así, la incapacidad de ejercicio puede ser general, que a la vez es absoluta o relativa, y especial.



  1. Incapacidad general.-



  • Incapacidad Absoluta: aquella que impide la ejecución de cualquier acto jurídico y en cualquier circunstancia, también llamada por algunos autores “natural”, porque obedece a razones de la naturaleza. La incapacidad absoluta produce como efectos la nulidad absoluta en los términos del Art. 1699 del Código Civil ecuatoriano.

Son incapaces absolutos:

1. Los dementes, o sea aquellas personas con perturbaciones mentales que les impiden emitir un consentimiento válido y que han sido puestos en interdicción mediante el correspondiente proceso establecido a partir del Art. 752 hasta el artículo 770 del Código de Procedimiento Civil.

Nuestro código en este aspecto también ha quedado rezagado a los avances de la psicología, que modernamente ha eliminado el término demencia y lo ha reemplazado con el término enfermedad mental, excluyendo también la posibilidad de que la persona pueda tener intervalos de lucidez: Una persona es o no psicótica, paranoica, depresiva, obsesiva, etc, pero en determinados momentos lo exterioriza más claramente, lo cual no significa que tenga un “intervalo de lucidez”. Además, el caso de las personas en estado de muerte cortical no está previsto dentro del término, mismo que debería sustituirse. Cabe señalar en este sentido que el Art. 126 del Código Civil que prohibía que el divorcio de la persona demente fue reformado por la Ley Orgánica de Discapacidades publicada en el Registro Oficial Suplemento No 796, de 25 de septiembre de 2012, sustituyéndose el término “demente” por el de discapacitado intelectual. Igualmente, la misma reforma se dio para el inciso final del Art. 256 del Código Civil que establece: “Art. 256.- A falta de madre, o si ésta hubiere fallecido, estuviere en interdicción o demente, la acción podrá intentarse, si el hijo fuere impúber, por el tutor, un curador especial o un curador ad - litem. Si fuere adulto menor de dieciocho años, la acción podrá intentarla el curador general, un curador especial o un curador ad - litem, los que procederán con asentimiento del hijo; y si éste fuere persona con discapacidad intelectual o persona sorda, que no pudiere darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas, no será necesario su consentimiento” .

Esta terminología se ajusta mejor a principio de igualdad previsto en la Constitución, en el propio Código Civil ( Art. 45) y elimina la connotación discriminatoria que puede tener el término demente. Lamentablemente la reforma expresa en este sentido terminológico se dio solamente al mentado Art. 126, dejando a un lado el resto de referencias a la demencia. Tal vez podríamos entender que la disposición transitoria décimo tercera de la citada Ley Orgánica de Discapacidades ha derogado tácitamente el resto de referencias a la demencia cuando manda: “..13. Se reformará de la normativa nacional vigente aquellos términos peyorativos hacia las personas con discapacidad y se aplicarán los conceptos de la Constitución de la República.”. Sin embargo, las posteriores codificaciones del Código civil solo han recogido las derogatorias expresas.

Respecto a la actuación de los dementes, es necesario además observar que el Art. 486 del Código Civil consagra dos importantes presunciones como efectos directos de la declaratoria de interdicción por demencia: una de derecho, según la cual los actos del demente que ha sido declarado en interdicción son nulos y en ningún caso pueden validarse; y, la otra, una presunción legal según la cual los actos del demente que no ha sido declarado interdicto, son válidos mientras no se pruebe que sufría una enajenación mental durante su ejecución. Por ello, no basta recuperar la razón para que los actos del demente sean válidos sino que esta situación debe ser reconocida y declarada en providencia judicial y a partir de entonces serán válidos. Sin embargo, el Art. 530 del mismo cuerpo legal indica que la demencia del tutor o curador vicia de nulidad todos los actos que durante ella se hayan ejecutado, aunque durante su ejecución no hubieran sido declarados interdictos. El código Civil además establece, ciertas prohibiciones expresas para los dementes: prohibición de testar (Art. 1043 CC) y de ser testigos en testamentos solemnes ( Art. 1050), aunque dichas prohibiciones se infieren de la propia calidad de incapaz absoluto.

Los dementes no responden por sus actos ilícitos, pero será responsable su guardador en caso de negligencia y, por lo tanto, se le podrán reclamar los daños y perjuicios ocasionados por el delito o cuasi delito civil (Art. 2219 del código Civil)

En el ámbito penal, el Código Penal indica: “Art. 34.- No es responsable quien, en el momento en que se realizó la acción u omisión, estaba, por enfermedad, en tal estado mental, que se hallaba imposibilitado de entender o de querer. Si el acto ha sido cometido por un alienado mental, el juez que conozca de la causa decretará su internamiento en un hospital psiquiátrico; y no podrá ser puesto en libertad sino con audiencia del ministerio público y previo informe satisfactorio de dos médicos designados por el juez y que de preferencia serán psiquiatras, sobre el restablecimiento pleno de las facultades intelectuales del internado”. El mismo cuerpo legal establece que si la enfermedad mental disminuye a quien comete la infracción la capacidad para entender o la voluntad pero no lo imposibilita para hacerlo, es responsable pero la pena es atenuada” ( Art. 35)

2. Los impúberes : Según el Art. 21 del Código Civil, el hombre menor de catorce años y la mujer menor de doce años; Esta diferencia de edad, basada en el antiguo criterio de que la pubertad ocurre primero en la mujer y luego en el hombre, no es considerada por la moderna doctrina civilista ni de niñez y adolescencia, por lo que se puede establecer que ni en el Art. 2 ni en el Art. 3 del Código Niñez y Adolescencia se encuentra estipulado el término impúberes.

Hay que resaltar que este último cuerpo legal fue expedido como ley orgánica según su disposición transitoria Novena, que estipula: “El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia deberá conformarse de acuerdo al presente Código y entrar en funcionamiento en el plazo máximo de noventa días contados desde la publicación de esta Ley Orgánica en el Registro Oficial, para lo cual los organismos competentes tomarán las medidas necesarias para su eficaz cumplimiento”, y en efecto, esta ley es indudablemente orgánica por su naturaleza jurídica y carácter de especial, ya que regula el ejercicio de derechos y deberes constitucionales y como tal, según la Constitución ( Art. 133 y 425) prevalece sobre las leyes ordinarias según el Art. 425 de la Constitución ecuatoriana, se concluye que existe una derogatoria tácita a lo establecido en el Código Civil. En virtud de lo anterior; la interdicción absoluta se da respecto de los niños, los que según el Art. 4 del Código Niñez y Adolescencia son los hombres y mujeres que no han cumplido doce años.

Los niños son, según el Art. 40 del Código Penal al igual que el Art. 66 del ya señalado Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, absolutamente inimputables en el ámbito penal. En cuanto a su responsabilidad civil, según lo establecido en el Art. 2219 del Código Civil, los niños menores de siete años no son responsables civilmente ( al igual que los dementes) pero se puede reclamar daños y perjuicios ocasionados por sus actos ilícitos a sus guardadores en caso de negligencia; para los niños mayores de siete años igualmente, los responsables jurídicos de sus actos son sus progenitores o las personas que se encuentren a su cuidado, salvo que no hubieren podido impedir el acto, aunque los progenitores son siempre responsables serán siempre responsables de los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijas e hijos que no hayan cumplido la mayoría de edad, y que conocidamente provengan de la mala educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir.( Arts. 2220 y 2221 del Código Civil)

3. La persona sorda que no puede darse a entender por ningún medio: cabe precisar que a esta persona con capacidades especiales al igual que al demente se necesita ponerle en interdicción, pero a diferencia de la situación del demente esto no significa que cuando ha ejecutado actos posteriores a la interdicción sean nulos si ya podía darse a entender por cualquier medio, es decir, para la persona sorda se establece una presunción legal después de la interdicción y esta afirmación se sustenta en que el Art. 491 del CC no se remite al Art. 486 del Código Civil. Cabe anotar que hasta antes de la vigencia de la citada Ley Orgánica de discapacidades, la incapacidad prevista en el Código Civil era para el sordomudo que no podía darse a entender por escrito, pero acertadamente, la citada ley especial reformó expresamente esta incapacidad, considerando que hay diversos medios para darse a entender, como son el lenguaje de señas,etc. La persona muda no tiene ninguna incapacidad legal.


  • Incapacidad Relativa: Es aquella que sufren ciertas personas cuyos actos, en ciertas circunstancias y en determinados supuestos previstos por las leyes, pueden tener valor legal, por esto se dice que la ley a estas personas les concede cierto grado de capacidad. Sus efectos son la nulidad relativa en los términos del Art. 1700 del Código Civil.

Son incapaces relativos:

1.- Los menores adultos: según el Art. 21 del código Civil son la mujer mayor de doce años y menor de dieciocho años y el hombre mayor de catorce años y menor de dieciocho años. Para los “púberes o menores adultos” es posible celebrar ciertos actos jurídicos válidamente cuando están expresamente autorizados por la Ley, por ejemplo, consentir en su emancipación (Art. 309 del CC).

Sin embargo, debemos tener presente que también se aplica lo señalado en líneas anteriores sobre la derogatoria tácita por el Código de Niñez y Adolescencia para la categorización de los impúberes, por lo que actualmente debemos entender que incapaces relativos son los adolescentes: hombre y mujer menor de 18 años y mayor de 12 años. Así, en cuanto a la capacidad civil, se ha ampliado esta capacidad de conformidad con el Art. 65 del Código de Niñez y adolescencia pues, según este artículo el adolescente puede: “Art. 65.- Validez de los actos jurídicos.- La capacidad jurídica respecto a los actos celebrados por niñas, niñas y adolescentes se estará a lo previsto en el Código Civil, a excepción de los siguientes casos:

1. Los actos y contratos de los adolescentes que no han cumplido quince años, son relativamente nulos sin perjuicio de la validez que la ley confiera para la celebración de determinados actos;

2. Las personas que han cumplido quince años, además, tienen capacidad legal para celebrar contratos de trabajo según las normas del presente Código; y,

3. Para celebrar los actos y contratos que estén comprendidos en el objeto de una organización estudiantil, laboral, cultural, artística, ambiental, deportiva o vecinal, de las que sean personeros o legítimos representantes en el ejercicio de su derecho de asociación y cuya cuantía no exceda a dos mil dólares. Los adolescentes podrán ejercer directamente aquellas acciones judiciales encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías. Los niños y niñas podrán pedir directamente auxilio para la protección de sus derechos cuando deban dirigir la acción contra su representante legal.”

Además la Constitución del 2008 amplía también la capacidad del adolescente mayor de 16 años para intervenir activamente como ciudadano, con derecho a votar en forma facultativa. La opinión de los adolescentes (al igual que la de las niñas y niños) en los asuntos que les atañen debe ser siempre consultada según la misma Constitución ( Art. 45) y en concordancia, el Art. 60 del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia también lo establece. Resulta interesante que para los casos de traslado del ejercicio de la tenencia de un progenitor a otro, o para la privación de la patria potestad, el criterio que emite el adolescente es obligatorio para el Juez, de conformidad con el Art. 106 del citado cuerpo legal.

Pese a esta modificación en la capacidad, el adolescente ecuatoriano no puede todavía autorizar ningún acto relacionado con su propio cuerpo, a diferencia de lo que ha establecido la jurisprudencia extranjera con la denominada regla Gillick, según la cual un adolescente con conocimiento y voluntad suficiente puede, en los casos que así lo determine el juez especializado en la materia, consentir o negar válidamente en actos relacionados con su propio cuerpo como son cirugías, ingestión de anticonceptivos, entre otros.

Por otra parte, el adolescente infractor no se somete a la justicia penal ordinaria sino que, para determinar su responsabilidad, debe ser juzgado por la Jueza o Juez de la Niñez y Adolescencia lo que se regula en los Artículos 305 y 306 del mismo código, y no recibe una pena sino una medida socio-educativa.

2. Disipador declarado en interdicción: disipador es aquel que malgasta, que dilapida; y para ser considerado como tal es necesario que el gasto sea habitual, desproporcionado ( todo su patrimonio) y además sin justa causa (Art. 466 CC).

Para que sea considerado incapaz relativo, el disipador debe ser declarado interdicto y su interdicción tiene iguales efectos que la de la persona sorda.

3. Otras personas declaradas en interdicción de administrar sus bienes: Además del disipador, los ebrios consuetudinarios, toxicómanos, insolventes y quebrados se hallan en interdicción de administrar sus bienes y, en armonía con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, son incapaces relativos. Sin embargo, sobre el insolvente (persona natural cuyos pasivos han superado sus activos y no ha podido satisfacer sus deudas) y el quebrado (persona jurídica cuyos pasivos han superado sus activos y no ha podido satisfacer sus deudas), es preciso observar que pese a la disposición legal, por la naturaleza misma de la prohibición, se trata más bien de una incapacidad particular, pues conforme al Art. 523 del Código de Procedimiento Civil, la interdicción se refiere sólo a los bienes que existen al momento del concurso de acreedores y, en cuanto a los bienes que el insolvente adquiera en lo posterior, el 50% para a la masa del concurso y el otro 50% será administrado por el propio fallido.

Conviene precisar acerca de la interdicción del ebrio consuetudinario, que la habitualidad en la ebriedad o embriaguez, debe medirse respecto a las costumbres de cada país: se debe probar que el alcoholismo esta causando daño, detrimento al patrimonio de la persona y que le impide razonar sobre sus actos. Igual regla deberá aplicarse para el toxicómano, es decir, aquel que consume estupefacientes y sustancias sicotrópicas.



4. Las personas jurídicas.-

Nuestro Código Civil al definir a las personas colectivas sigue la teoría de la ficción y establece que la persona colectiva “no existe en la realidad, sino que se trata de una creación jurídica ideada por el legislador para satisfacer las necesidades de los seres humanos en el mundo de los negocios”8. Von Savigny la extrajo de los glosadores y Don Andrés Bello acogió esta teoría en la definición del Código Chileno que posteriormente copia el legislador ecuatoriano, por lo que el actual Art. 564 establece: “Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.

Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones, y fundaciones de beneficencia pública.

Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter” (las negrillas son nuestras).

La persona jurídica es un incapaz relativo y como tal, los actos celebrados sin la actuación de su representante legal se encuentran viciados de nulidad relativa.


  1. Incapacidad Especial: También llamada incapacidad particular o inhabilidad. Se refiere únicamente a ciertos actos jurídicos y, a diferencia de la incapacidad general, afecta a un sujeto capaz y se establece en beneficio de los terceros y no del propio incapaz. Existen múltiples ejemplos de este tipo de incapacidad no sólo en el Código Civil sino también en otras Leyes como la Constitución, el Código del Trabajo, etc. Así, podemos citar entre otros: la prohibición de que el extranjero trabaje en relación de dependencia sin previamente haber obtenido permiso expreso del Director Nacional de Trabajo y Recursos Humanos( Art. 560 del Código del Trabajo); la prohibición para ser Ministros de Estado a los parientes hasta el segundo grado de afinidad y cuarto grado de consanguinidad del Presidente o del Vicepresidente de la República ( Art. 152 numeral uno de la Constitución).

En cuanto a sus efectos, dependen de la formulación o redacción de la norma que establece la incapacidad: así, si la norma jurídica es prohibitiva, se produce la nulidad absoluta como por ejemplo en el caso de la prohibición a los cónyuges de no celebrar contratos entre sí salvo el mandato y las capitulaciones matrimoniales( Art. 218 del Código Civil); en cambio, si la norma jurídica es imperativa negativa, el efecto será la nulidad relativa, como por ejemplo el caso del Art. 2048 del Código Civil: “Art. 2048.- No podrá el mandatario, por sí ni por interpuesta persona, comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar; si no fuere con aprobación expresa del mandante”.

REPRESENTACION DE LOS INCAPACES

Los incapaces para poder actuar en el mundo jurídico, deben hacerlo por interpuesta persona, es decir, mediante representante. En el caso de las personas individuales o naturales, los representantes de los menores de edad (niños y adolescentes) son los progenitores en ejercicio de la patria potestad. A falta de progenitores, y también para el caso de los demás incapaces, esta representación es confiada a los guardadores. Las guardas se clasifican en tutelas (menores de edad) o curatelas (demás interdictos).

Tanto las tutelas como las curatelas pueden ser testamentarias (señaladas en testamento), legítimas (conferidas por ley) o dativas (conferidas por la Jueza o Juez). Cabe indicar que en nuestra legislación, las guardas solo pueden ser ejercidas por personas naturales, a diferencia de otras legislaciones en que las personas jurídicas sin ánimo de lucro pueden ejercer este encargo siempre y cuando tengan en sus estatutos este objeto.9


  1. Tutelas. El cargo de tutor puede ser ejercido en general por todas las personas capaces, salvo aquellas que expresamente prohíbe la ley, y es obligatorio, salvo para aquellas personas a quienes permite excusarse el Código Civil (Art. 533 del código Civil ).

Así, están prohibidos de ejercer el cargo de tutor, pese a ser legalmente capaces, las siguientes personas: el padrastro ( se entiende también que la madrastra) por su entenado/a; los acreedores o deudores del pupilo, salvo que hayan sido nombrados por testamento y el testador, con conocimiento de dicha deuda, los haya nombrado, y el que disputa el estado civil al pupilo. Tampoco pueden ejercer la tutela los miembros de la Policía ni de las Fuerzas Armadas en servicio activo, inclusive los comisarios, médicos, cirujanos y demás personas adictas a los cuerpos de línea o a las naves del Estado; ni las personas que tienen que ejercer por largo tiempo, o por tiempo indefinido, un cargo o comisión pública, fuera del territorio ecuatoriano. Por otra parte, quien haya ejercido la tutela o curatela del pupilo por más de diez años puede excusarse de seguirla ejerciendo salvo que se trate de sus ascendientes.

El cargo de tutor es recompensado con la décima parte de los frutos de los bienes pupilares que administre, pero si el pupilo carece de bienes, debe ejercerlo en forma gratuita. En general empleará en la administración de estos bienes, el cuidado de un buen padre de familia.

El Juez podrá establecer, en la resolución por la que se constituya la tutela, o en otra posterior, las medidas de vigilancia y control que estime oportunas, en beneficio del tutelado. Asimismo podrá, en cualquier momento, exigir del tutor que informe sobre la situación del pupilo y del estado de la administración. Después del discernimiento, que es el decreto por el cual se nombra tutor a una persona, el Juez exigirá que se forme un inventario solemne de los bienes de pupilo. Todo tutor está obligado a rendir fianza que asegure el cumplimiento de sus obligaciones y será el Juez que efectúe el discernimiento quien determinará la modalidad y cuantía de la misma. Solo están exceptuados de rendir fianza las personas expresamente exoneradas por el Art. 400 del Código Civil, es decir, en lo aplicable al tutor: Los ascendientes y, cuando el pupilo tuviere pocos bienes, el tutor que sea una persona de conocida probidad y de suficientes facultades para responder de ellos.

La tutela se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio Público, que actuará de oficio o a instancia de cualquier interesado, en especial del pupilo. En cualquier momento podrá exigir del tutor que le informe sobre la situación del pupilo y del estado de la administración de la tutela. El “menor adulto” ( es decir el adolescente) puede insinuar a quien quiere que sea su tutor al Juez y éste tiene la obligación de aceptarlo si es persona idónea (Art. 459 CC)

Sin perjuicio de lo anotado, se exige además la autorización judicial expresa para las siguientes actuaciones del tutor: 


  • Para contraer matrimonio con el pupilo (Art. 90 del Código Civil), sin que previamente la cuenta de la administración haya sido aprobada por el juez, con audiencia del ministerio público. Igual inhabilidad se extiende a los descendientes del tutor para el matrimonio con el pupilo o pupila. El matrimonio celebrado en contravención a esta disposición sujetará al tutor o curador que lo haya contraído o permitido, a la pérdida de toda remuneración que por su cargo le corresponda, sin perjuicio de las otras penas que las leyes le impongan.

  • Para enajenar o gravar bienes inmuebles, objetos preciosos y valores mobiliarios de los pupilos, o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. En estos casos la autorización judicial solo puede darse por causa justa o de utilidad manifiesta, como por ejemplo cuando el precio obtenido por los bienes sirven para cubrir una deuda impagable de otra manera o cuando hay peligro de ruina en un bien inmueble del pupilo.

  • Para repudiar la herencia del pupilo, aceptarla sin beneficio de inventario ( en estos casos el juez deberá motivar en justa causa su autorización).

  • Para proceder a la partición de la herencia (1343 CC) o división de los bienes que el pupilo posee pro indiviso.

  • Para arrendar predios rústicos por tiempo superior a ocho años y predios urbanos por más de cinco años. De cualquier manera el tutor NO PODRA JAMAS arrendar el mismo estos bienes

  • Para ejecutar cualquier acto o contrato en que directa o indirectamente tengan interés el tutor, o su cónyuge, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o sus padres o hijos, o sus hermanos, o sus consanguíneos o afines hasta el cuarto grado inclusive, o alguno de sus socios de comercio, o le autorizarán los otros tutores o curadores si los hubiera (Art. 437 del Código Civil).

  • Para reembolsarse los gastos que haya realizado en beneficio del pupilo con los intereses corrientes de ley, pero en caso de que existan, le autorizarán los otros tutores o curadores si los hubiera.

  • Si el pupilo fuere deudor del tutor de alguna especie, raíz o mueble, a título de legado, fideicomiso, o cualquier otro, será preciso que la posesión de ella se dé al tutor o curador por los otros tutores o curadores generales, o por el juez, en su falta.

Antes de autorizar o aprobar cualquiera de estos actos, el Juez oirá al tutelado, de conformidad con lo prescrito en el Art. 45 de la Constitución y Art. 60 del código de Niñez y Adolescencia que consagra el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados en todos los asuntos que les atañen, y recabará los informes que le sean solicitados o estime pertinentes.

En cuanto a las obligaciones del tutor en relación al tutelado, debe velar por su integridad física y sus bienes, por lo tanto son las siguientes:



  • Procurarle alimentos.

  • Educar al pupilo y procurarle una formación integral, proveyendo de los bienes del pupilo para su educación y cuidado.

  • Informar al Juez periódicamente sobre la situación de su pupilo.

Las circunstancias por las que la tutela queda sin efecto y se extingue son las siguientes:

  • Cuando el pupilo de edad cumple los dieciocho años, a menos que con anterioridad hubiera sido judicialmente declarado en interdicción por alguna incapacidad diferente a la originada en la minoría legal de edad.

  • Por la adopción del tutelado en los términos del Art. 160 del Código de Niñez y Adolescencia, es decir…” una vez que haya cesado legalmente de su cargo y se hayan aprobado judicialmente las cuentas de su administración”

  • Por fallecimiento del tutelado

  • Por remoción judicial del cargo del tutor decretada por alguna de las causas previstas en el Art. 558 CC

  • Cuando habiéndose originado por privación o suspensión de la patria potestad, el o la titular de ésta la recupere.

  • Al dictarse la resolución judicial en virtud de la cual se sustituye la tutela por la curatela.

El tutor al cesar en sus funciones deberá rendir la cuenta general justificada de su administración ante la Jueza o Juez que lo nombró.

2. Curatela. La diferencia entre las tutelas y curatelas tiene mas bien un origen histórico, en el Derecho Romano, cuando la tutela apuntaba a la defensa de la persona del incapaz, en cambio que la curatela se orientaba mas bien a los bienes. Hoy en día casi existe un consenso doctrinario en que la distinción debería suprimirse.10 A diferencia de las tutelas, las curatelas pueden darse solo a favor del patrimonio como son las de la herencia yacente, de los bienes del ausente o de los derechos patrimoniales del nasciturus) sin que impliquen la obligación de velar por la persona y admiten división ( interinas, para el pleito, generales). Para todo lo demás, las curatelas siguen en general las mismas reglas que hemos enunciado para las tutelas ( en especial en lo referente a las obligaciones, excusas, inhabilidades y prohibiciones), y en lo que se refiere a las curatelas de los incapaces, se establecen solo algunas normas específicas para determinadas incapacidades, como son por ejemplo, las relativas a la curatela del disipador, en donde se observa que el disipador conservará siempre su libertad, y tendrá la facultad de manejar para sus gastos personales la libre disposición de una cantidad de dinero, proporcionada a sus facultades, y señalada por el juez. De ahí que sólo en casos extremos podrá ser autorizado el curador para proveer por sí mismo a la subsistencia del disipador, procurándole los objetos necesarios, a diferencia del tutor que siempre debe proveer de lo necesario para la subsistencia del pupilo.

Igualmente, el curador del demente requiere de autorización judicial expresa para internar o aislar al incapaz.

3. Representación de la Persona Jurídica.- Al igual que los seres humanos, las personas colectivas necesitan de la capacidad jurídica como requisito “sine qua non” para poder relacionarse con otros sujetos de Derecho, en la adquisición derechos y el cumplimiento correlativo de las obligaciones. Por el solo hecho de existir tienen capacidad de goce pero, en nuestro ordenamiento jurídico, al ser declarados incapaces relativos por el Código Civil (Art. 1491) no tienen capacidad de ejercicio y por lo tanto, no pueden obrar o actuar sino mediante representante legal, ya sea judicial o extrajudicialmente (Art. 564 inciso primero CC).

Cabe señalar que esta es la consecuencia de que nuestro sistema siga la teoría de la ficción para definir a la persona colectiva, pero de ser efectivamente así, el representante no debería pedir autorización ni rendir cuentas al representado de sus actos, como sucede con los demás incapaces relativos, lo cual en el caso de las personas jurídicas deviene en una falsedad, pues el representante en la toma de decisiones debe obrar con autorización de la persona jurídica emitida a través del correspondiente órgano, al cual además deberá rendir cuentas al finalizar su gestión.

Por último, la doctrina sostiene que la capacidad de las personas colectivas debe relacionarse siempre con el principio de especialidad, es decir que ninguna persona jurídica puede realizar actos ajenos al objeto de su institución, entonces por ejemplo, una compañía de seguros no puede dedicarse válidamente a realizar actividades bancarias y si el representante de la persona jurídica al realizar un acto se excede de las facultades que se le confiaron mediante los estatutos dentro de los objetivos de la persona colectiva, se obliga por sí mismo. Así, este principio de especialidad se puede observar en las sociedades mercantiles que deben contener siempre en los estatutos el objeto al cual se van a dedicar y se desprende de la lectura del Art. 571 del código Civil: “Los actos del representante de la corporación, en cuanto no excedan de los límites del ministerio que se le ha confiado, son actos de la corporación. En cuanto excedan de estos límites, sólo obligan personalmente al representante”. El Art. 581 manda que se aplique lo establecido en el Art. 571 para las fundaciones. Cabe señalar que también los estatutos de las corporaciones y fundaciones deben contener en forma precisa el objeto al cual se van a dedicar, de conformidad con lo establecido en el “Reglamento para la aprobación del estatuto de las personas jurídicas de derecho privado con finalidad social” (corporaciones o fundaciones) publicado en el RO # 337 del 11 de junio de 1998, norma cuya denominación mediante el decreto ejecutivo D.E. 610 (R.O. 171, 17-IX-2007) se sustituyó por la de “Reglamento para la aprobación de estatutos, reformas y codificaciones, liquidación y disolución, y registro de socios y directivas, de las organizaciones previstas en el Código Civil y en las leyes especiales”.

Es importante indicar que el Estado Ecuatoriano, tiene personalidad jurídica propia, que es indiscutible pese a que no conste expresamente en ninguna ley aunque se desprenda en varias disposiciones de la Constitución vigente (Arts. 1,3, 4 entre otros), del Código Civil que impropiamente le denomina Nación (Art. 566 inc. 2do), de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, entre otras.

Como toda persona Jurídica, el Estado necesita de un ser humano o persona física que lo represente. Este representante estatal es uno en las relaciones internacionales y otro al interior de las fronteras.

En materia internacional, el representante del Estado es el Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores, representación que es delegable.

En el Derecho Interno, para toda clase de actos o contratos, el representante del Estado es también el Presidente de la República, representación que la ejerce mediante delegación los diferentes Ministros o Secretarios de Estado de acuerdo a la materia que se trate.

En cuanto a la representación judicial del Estado, es ejercida por el Procurador
General del Estado (Art. 237 de la Constitución), quien puede también delegarla ( Art. 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado). Entre sus facultades está cumplir con las diligencias o actuaciones procesales necesarias en la defensa del Estado o sus entidades, organismos o dependencias del sector público, como son presentar demandas y contestarlas, recibir citaciones y notificaciones, entre otras. Además, el Procurador General del Estado puede contratar abogados en libre ejercicio profesional que asuman la
defensa administrativa o judicial de los derechos o intereses estatales para cualquier caso puntual.

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