Consejo de la judicatura



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Autenticación de instrumentos públicos otorgados en el extranjero

Hay dos formas de autenticar un instrumento público otorgado en el extranjero: a) en base a las normas del Código de Procedimiento Civil y b) apostillándolo

1.- Por vía diplomática

La norma del artículo 190 del Código de Procedimiento Civil usa como sinónimos las expresiones autenticación y legalización. En realidad se regula la forma de autenticación de documentos públicos extranjeros, porque lo que se busca es la certeza sobre la persona o funcionario que otorga el documento en el extranjero. El Art. 190 del C.P.C establece un procedimiento para autenticar documentos extranjeros, con el objeto de que tengan eficacia jurídica en el Ecuador, procedimiento que consiste en la certificación del agente diplomático o consular del Ecuador en el país en que se otorgó el instrumento en el sentido de que el servidor o notario que autoriza el instrumento es realmente tal y que en todos sus actos hace uso de la firma y rúbrica que consta en el instrumento. Cuando no existe funcionario diplomático o consular puede autenticar y otorgar la certificación el agente diplomático o consular de otro país y legalizar la certificación el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si en el lugar no hubiere funcionarios diplomáticos o consulares certificará o legalizará la primera autoridad política y una de las autoridades judiciales del territorio, expresándose esta circunstancia. La autenticación y legalización de los instrumentos otorgados en país extranjero, podrá también arreglarse a las leyes o prácticas del Estado en que se hiciere. Esta disposición mantiene coherencia con un principio de derecho internacional privado, recogido en la legislación interna, que señala que la forma de los instrumentos debe sujetarse a la legislación del país en que se otorga. El artículo 16 del Código Civil dice: la forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del lugar en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil. La disposición el Art. 17 del Código Civil agrega que en los casos en que las leyes ecuatorianas exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y surtir efecto en el Ecuador, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el lugar en que hubieren sido otorgadas.

2.- Apostilla

Aparte del mecanismo señalado anteriormente es posible autenticar instrumentos públicos otorgados en el extranjero con las normas de convenios internacionales, ratificados por el Ecuador, que han instrumentado, a nivel internacional, otros medios con el objeto de facilitar que los instrumentos públicos se consideren autenticados en un país diferente al del otorgamiento.

El Ecuador se adhirió a la Convención de la Haya sobre Apostilla, Convenio 1,Registro Oficial 410 de 31-ago-2004. Este Convenio esta ratificado por el Ecuador y el nombre completo es "Convención para Suprimir la Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros", (Convención de la Haya sobre la Apostilla), suscrito en la Haya, Países Bajos, el 5 de octubre de 1961.

Definición

La apostilla consiste en la certificación sobre la veracidad de la firma, la calidad de la persona que firma el documento y cuando proceda la identidad del sello o timbre colocado sobre el documento, certificación que debe ser emitida por la autoridad competente designada en el país donde emana el documento. Cada estado contratante designará las autoridades competentes para emitir la apostilla. Según el artículo 4 de la Convención la apostilla será colocada sobre el documento o en una extensión del mismo, y deberá conformarse al modelo anexado a la Convención, redactada en el idioma del país que emite el documento.

La apostilla se emite a petición del signatario o portador del documento. En el Ecuador el Ministerio de Relaciones Exteriores ofrece el servicio de apostilla y ha notificado al Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos que la competencia es exclusiva de sus funcionarios. En esa dependencia se mantiene un registro o fichero sobre las apostillas emitidas

Inscripción de documentos otorgados en el extranjero

Los documentos otorgados en el extranjero que deben inscribirse aun cuando se encuentren autenticados y traducidos, no pueden inscribirse sin pasar previamente por un control de legalidad realizado por un juez de primera instancia. En este caso el juez no realiza actividad jurisdiccional sino que es limita a comprobar que el instrumento esté autenticado y que, en cuanto a las formas, cumpla con las exigencias de la ley en que se otorgó. La prueba de la ley extranjera se efectúa en la forma prevista en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil. La Ley de Registro señala:

Art. 32.- Los instrumentos otorgados en naciones extranjeras no se podrán inscribir sin previa

providencia judicial que califique la legalidad de su forma y autenticidad



Instrumentos Privados

Definición

Instrumento privado es el escrito hecho por personas particulares sin intervención de notario ni de otra persona legalmente autorizad, o por personas públicas en actos que no son de su oficio. La definición del Art. 191 del Código de Procedimiento Civil establece, sin lugar a dudas que un instrumento no es público porque lo otorga quien es funcionario público sino que, además debe referirse a actos que son de oficio. Por ejemplo un contrato de venta de vehículos realizada a favor de por un Ministro de Estado, para que ingrese a su patrimonio personal es un instrumento privado.



Eficacia probatoria

Los instrumentos privados tienen una eficacia probatoria limitada pero hacen tanta fe como el instrumento público cuando lo reconoce el autor o se da por reconocido en los casos permitidos por la ley. Un instrumento privado no se convierte en público por efectos del reconocimiento, ni adquiere tal carácter por la protocolización.



OBLIGACIONES, NEGOCIOS JURÍDICOS Y CONTRATOS.

CONCEPTO Y GENERALIDADES

La obligación es un vínculo jurídico que coloca a una persona determina en la necesidad de dar, hacer o no hacer alguna cosa, respecto de otro, también determinada.

No se debe confundir los efectos de un contrato con los efectos de una obligación. Los efectos de un contrato son las obligaciones que crea, porque el contrato es el acuerdo de voluntades generador de obligaciones: El contrato es la causa, la obligación es el efecto que proviene de esa causa. De manera que los efectos de los contratos son las obligaciones que los contratos engendran para una o ambas partes. De modo que los efectos de las obligaciones, vienen a ser las consecuencias jurídicas que la ley desprende para el deudor o el acreedor de ese vínculo denominado obligación.

Lo normal y corriente de la vida jurídica, o lo que la ley supone como normal, es que el deudor cumpla voluntaria y espontáneamente su obligación, pero puede suceder que el deudor altere la normalidad jurídica que viole su compromiso, que se resista a ejecutar la abstención o prestación debida, y como el otro contratante se halla en la necesidad jurídica de cumplir de cumplir la obligación, la ley le da al acreedor ciertos medios para obtener que el deudor cumpla la obligación cuando la rehuse o la retarde, y estos medios que la ley de da al acreedor para conseguir del deudor el cumplimiento de la obligación, es lo que se conoce como “efectos de las obligaciones”. Por lo tanto, a los efectos de las obligaciones podemos definir como “los derechos que la ley confiere al acreedor, para exigir del deudor su cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación, cuando éste no la cumpla en todo o en parte, o está en mora de cumplirla”.

Los efectos de las obligaciones son simple los mismos cualquiera que sea la fuente de donde la obligación emane: sea contractual, cuasicontractual, delictual, cuasidelictual o legal, los efectos que se producen en estos casos, son idénticos, porque la ley no distingue.

Los derechos que la ley le confiere al acreedor para perseguir el cumplimiento de la obligación son tres:

1) Un derechos principal para exigir en cuanto sea posible la ejecución forzada de la obligación, es, decir, se persigue el objeto debido, que el deudor realice la prestación o abstención debida, esto es, la ejecución forzada de la obligación, tiene por objeto el cumplimiento efectivo y específico de la obligación;

2) Un derecho secundario para perseguir indemnización de perjuicios, cuando del deudor no cumpla o esté en mora de cumplirla. Su objeto es reparar el daño causado por el incumplimiento total o parcial o por mora en el cumplimiento.

3) Derechos auxiliares destinados a dejar efecto el patrimonio del deudor al cumplimiento de la obligación, tomando las medidas necesarias para su seguridad y conservación, a fin de hacer posible ese cumplimiento de la obligación.

Son negocios jurídicos los actos, en especial las declaraciones, de una persona por lo menos limitadamente capaz, cuya finalidad sea producir efectos jurídicos. Negocios jurídicos obligatorios son aquellos que se dirigen a una obligación del actor; de ellos nace una relación obligatoria cuando se asume un deber de prestación.

Karl Larenz no dice: “La doctrina jurídica distingue entre negocios jurídicos unilaterales –a cuyo grupo pertenecen la mayor parte de las declaraciones constitutivas de derecho, como son las impugnaciones, la denuncia, el consentimiento-, negocios jurídicos bilaterales o contratos y negocios jurídicos plurilaterales, p, ej., acuerdos. (Derecho de Obligaciones. Tomo I, Pág. 55).

REQUISITOS PARA OBLIGARSE

De conformidad con el art. 1461 del Código Civil, para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario:

1.- Que sea legalmente capaz;

2.- Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca de vicio;

3.- Que recaiga sobre un objeto lícito; y,

4.- Que tenga una causa lícita.

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o autorización de otra.

Las personas capaces para realizar un acto o contrato, simplemente deben quererlo. De la voluntad dimana la obligación. La persona capaz se obliga porque quieren, y este querer se manifiesta:



  • En contratos solemnes (a veces la ley reviste de solemnidades la manifestación de voluntad)

  • Contratos consensuales (Otras veces se expresa la voluntad libremente)

  • Contratos reales (O se requiere la entrega de una cosa)

En cualquiera de estas formas de producir un contrato, hay un principio de eficacia, que precisamente en los actos y contratos, se llama causa. La causa, es pues, el principio de eficacia, lo que produce la obligación por el querer de una o varias partes.

En cualquiera de estas formas de producir un contrato, hay un principio de eficacia, una causa eficiente, que precisamente en los actos y contrato, se llama causa. La causa es pues, el principio de eficiencia, lo que produce la obligación por el querer de una o varias personas.

Casi siempre la causa consiste en la obligación asumida o ya cumplida por la otra parte; así, en la compraventa, la causa por la que se paga el precio es por el compromiso del vendedor de entregar una cosa, y la causa de que el vendedor contraiga la obligación de entregar un bien, es el precio que la otra parte, comprador le ha dado o se ha obligado a pagar. Lo de la causa lo trataremos más adelante en forma detallada.

Para que la voluntad de una persona o de dos o más partes que realizan un contrato sea eficaz, se requiere que dicha voluntad esté libre de vicios. Los vicios jurídicos del consentimiento, quitan su eficacia a los actos voluntarios, vicios que son el error, fuerza y dolo, que los trataremos separadamente.



LA CAPACIDAD.

La capacidad es la actitud para realizar actos jurídicos; condición propia de toda persona como sujeto de derechos y obligaciones para actuar válidamente en derecho. Calidad de quien puede por sí mismo manejar sus propios negocios jurídicos (capacidad de ejercicio).

Se define jurídicamente a la persona como el ente capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones; luego toda persona es capaz; así el artículo 1462 del Código Civil estipula: “Toda persona es legalmente capaz, excepto las que la ley declara incapaces.”
La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o autorización de otra.
La capacidad ha sido contemplada en ángulos diversos que nos lleva a la consideración de la existencia de una capacidad general y de varias capacidades especiales; una capacidad de obrar y una capacidad de adquirir.

Pero, dentro de la capacidad para contratar, nuestra ley civil distingue la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio; la primera es la que corresponde a todo individuo de la especie humana y también a toda persona jurídica; la capacidad de goce, es pues, general, universal, se extiende a todo sujeto de derecho, por esta generalidad rara vez se la menciona en las leyes; se da por supuesta y se aplica a todos.


En cambio, la capacidad de ejercicio es la que se define en el artículo 1461; cuando se habla de personas capaces se refiere por consiguiente a la capacidad de ejercicio, a las que pueden por sí mismas obligarse a exigir sus derechos. Quienes necesitan el ministerio de otra persona o bien la autorización de otro, tienen la capacidad de goce, pero no pueden por sí mismos ejercitar sus derechos o contraer obligaciones. Deben ser autorizados o representados para actuar.
La capacidad de ejercicio se traduce en el hecho por la capacidad de obligarse, porque la manera corriente de ejercer los derechos que nos pertenecen es por medio de actos jurídicos, y de éstos los contratos son los más frecuentes; de manera que la capacidad de ejercicio viene a ser la capacidad para contratar.
Los hermanos Mazeud definen a la capacidad indicando que ésta presenta dos aspectos muy diferentes: de una parte, es la aptitud para adquirir un derecho, de ser su titular; por otra parte, la aptitud para ejercer los derechos de que se es titular (LECCIONES DE DERECHO CIVIL”, Parte Primera, Volumen IV, Traducción de Luis Alcalá-Zamora y Castillo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1959, p. 192).
Por lo tanto, la capacidad es la regla general, la situación normal; la incapacidad es la excepción, por ello, la capacidad de goce o adquisitiva, es decir, la aptitud legal para adquirir derechos, la tiene, por regla general, toda persona por el sólo hecho de serlo, porque precisamente es persona todo ser que es capaz de adquirir derechos, de ser titular de un derecho; por excepción no tiene capacidad de goce el muerto civil que deja de ser una persona relativamente al derecho de propiedad. Mientras que la capacidad de ejercicio no se encuentra en la misma situación que la capacidad de goce; la capacidad de ejercicio no.

Toda persona física o moral, por tener la personalidad jurídica, es, en principio, plenamente capaz, tanto en el terreno de la capacidad de goce como en el de la capacidad de obrar. La capacidad es la regla; la incapacidad, la excepción.


La incapacidad general y especial.
La incapacidad de ejercicio puede ser de dos clases: general y especial o particular. Es general cuando se refiere a todo acto jurídico; la persona afectada por esta incapacidad no puede ejecutar ninguna clase de acto jurídico, excepto aquellos que expresamente la ley lo autoriza a ejecutar. La incapacidad es general en los casos de los absoluta y de los relativamente incapaces, porque unos y otros no pueden celebrar, por regla general, ningún acto jurídico, salvo aquellos que la ley expresamente les permite.
La incapacidad especial o particular es la que se refiere a la ejecución de ciertos y determinados actos jurídicos; los individuos afectados por una incapacidad particular pueden celebrar todos los actos de la vida jurídica, excepto aquellos actos o contratos que la ley les prohíbe. Estas incapacidades especiales no son propiamente incapacidades, sino prohibiciones establecidas por la ley, por razones de moralidad o de conveniencia pública, para que ciertas personas no puedan ejecutar ciertos actos; a ellos se refiere el inciso final del artículo 1463 del Código Civil.
Así, los cónyuges no pueden hacerse donaciones entre vivos, porque de otra manera sería muy fácil burlar a los acreedores del marido; por la mima razón es nula la venta entre cónyuges no divorciados, entre el padre y el hijo de familia; también se le prohíbe al tutor comprar los bienes de su pupilo y así existen varias disposiciones al respecto.
Por lo expuesto, constituye como única y verdadera incapacidad la general, es decir aquella que impide a la persona a quien afecta, la celebración de todo acto o contrato. La incapacidad general puede ser absoluta o relativa, según la mayor o menor extensión que la ley le da.

Incapacidad absoluta.-
Son incapaces absolutos aquellas personas que no pueden ejecutar acto jurídico alguno, bajo ningún respecto y en ninguna circunstancia, de manera que los actos que ejecutan no tienen ninguna eficacia y no producen siquiera obligación natural. La ley presume que estas personas carecen de voluntad y que por eso sus actos son nulos de nulidad absoluta, pues el primer requisito para la existencia de acto jurídico es la voluntad. Este tipo de incapacidades o los actos realizados por incapaces absolutos no pueden ser ratificados, no cabe tampoco novación ni caución para su validez, no producen ningún tipo de obligación.
Dentro de las incapacidades absolutas, el primer inciso del artículo 1463 del Código Civil establece: “Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. Sus actos no surten ni aún obligaciones naturales y no admiten caución”.
Los dementes.-
Nuestro Código Civil no da una definición concreta de qué es un demente, únicamente refiere en su artículo 478 que: “El adulto que se halla en estado habitual de demencia, deberá ser privado de la administración de sus bienes, aunque tenga intervalos lúcidos…”
La Real Academia de la Lengua Española nos dice que la demencia es un trastorno de la razón, es un deterioro progresivo e irreversible de las facultades mentales que causa graves trastornos de conducta.
Otra definición nos dice que es la pérdida progresiva de las funciones cognitivas, debido a daños o desórdenes cerebrales. Esta alteración cognitiva provoca incapacidad para la realización de las actividades de la vida diaria.
Arturo Alessandri Rodríguez, nos indica en cambio que demente es el que padece de una enfermedad que lo priva de la razón: la expresión demente es amplísima, y caben dentro de ella todas las enfermedades mentales, sean congénitas o adquiridas y cualquiera que sea la denominación que se les dé, al Código Civil no le interesa averiguar las causas de la enfermedad y el nombre que le dé la ciencia; le basta que haya una enfermedad mental para que declare la incapacidad de la persona.
La incapacidad absoluta del demente deviene de la carencia de voluntad en sus actos; no puede celebrar acto jurídico alguno, ni siquiera adquirir la posesión de las cosas muebles, no es responsable de los delitos o cuasidelitos que cometa, porque el que no tiene voluntad no puede tener responsabilidad por actos que necesariamente la suponen.
No es necesaria la interdicción del demente para que sea incapaz absoluto, ya que el artículo 1463 del Código Civil refiere que el demente es absolutamente incapaz, sin agregar nada más; y todos los actos jurídicos ejecutados por un demente, esté o no en interdicción, serán nulos de nulidad absoluta. Sin embargo, la interdicción tiene importancia al momento de demostrar la existencia de dicha demencia, porque si el demente estaba declarado en interdicción, se presume de derecho su incapacidad, de manera que aunque haya ejecutado el acto en un intervalo de lucidez, dicho acto es nulo; al que alegue la nulidad le bastará exhibir el decreto de interdicción. En el escenario inverso, si el demente no está declarado en interdicción, está amparado por la presunción de que su acto es válido y será el que invoque la nulidad el que deberá demostrar que al tiempo del contrato existía esa demencia, y esa demostración es muy difícil de obtenerla.
Así el artículo 486 del Código Civil dispone: “Los actos y contratos del demente, posteriores a la sentencia de interdicción, serán nulos, aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido. Y por el contrario, los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción serán válidos, a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba entonces demente.”
Los impúberes.-
El artículo 21 del Código Civil nos indica que: “Llámese infante o niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón, que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años, y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos.”

La pubertad es aquella edad en que el ser humano se encuentra preparado para reproducirse, mientras que los impúberes son aquellos individuos que aún no tienen esa capacidad fisiológica de reproducción.

Los impúberes, es decir aquellas personas varones menores de catorce años y mujeres mayores de doces años de edad, son absolutamente incapaces al igual que los dementes por la presunción legal de la inexistencia de voluntad en sus actos, ya que aún no han adquirido el suficiente desarrollo intelectual para celebrar contratos.

La distinción que realiza el Código Civil en su artículo 21 entre infante quien es el que no ha cumplido siete años e impúber propiamente dicho se refiere a los actos que pueden realizar estos incapaces, ya que el infante no puede adquirir ni siquiera la posesión de las cosas muebles, porque carece en absoluto de voluntad; mientras que el impúber sí puede adquirir la posesión si concurre la aprensión y la voluntad, pero no puede ejercer sus derechos sino por medio de su representante, como así lo estatuye el artículo 738 del Código Civil. De igual manera, lo infantes no son responsables del cometimiento de delitos o cuasidelitos por esa carencia de voluntad al igual que los dementes, mientras que los impúberes es responsable si se verifica que ha obrado con discernimiento.



Los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito.

Aunque el código Civil sigue manteniendo esta denominación de sordomudo, en la actualidad solo son personas sordas, pues, la persona que no puede hablar, si puede darse a entender por señas. También la persona sorda hoy puede utilizar varios dispositivos tecnológicos que le permitan oír, por lo tanto, estas personas en la práctica ya no serían incapaces absolutos. Es por ello que, aún ahora, según la ley no todo sordomudo es incapaz, sino únicamente aquel que no puede darse a entender por escrito.



El artículo 493 del Código Civil dice: “Cesará la curaduría cuando el sordomudo se haya hecho capaz de entender y de ser entendido por escrito, si él mismo lo solicitare y tuviera suficiente inteligencia para la administración de sus bienes; sobre lo cual tomará el juez los informes competentes”.

Incapacidad relativa.
Adolecen también de incapacidad general de ejercicio los relativamente incapaces, y son tales aquellas personas que si bien no pueden contratar por sí mismas, pueden sin embargo, ejecutar ciertos y determinados actos bajo ciertas aspectos y circunstancias determinadas por las leyes; tales incapaces relativos son los enumerados en el segundo inciso del artículo 1463.
La incapacidad de todas estas personas proviene de muy diversas causas y se funda principalmente en deseo de la ley de proteger sus derechos e intereses. Los actos de los relativamente incapaces son válidos siempre que los ejecuten con sujeción a las reglas establecidas por la ley para protegerlos. La ley determina las formalidades a que deben sujetarse estas personas en la celebración de sus actos jurídicos, y todas estas solemnidades son exigidas en consideración al estado o calidad de las personas; de manera que si en el acto se observan las formalidades, el acto es válido; y si se omiten, es nulo de nulidad relativa, ya que el contrato en el cual se han omitido este tipo de formalidades es susceptible de ratificación, novación o caución.
El segundo inciso del artículo 1463 del Código Civil establece que: “Son también incapaces los menores adultos, los que se hallan en interdicción de administrar sus bienes, y las personas jurídicas. Pero la incapacidad de estas clases de personas no es absoluta, y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes.”
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