Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo



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Ref.: Expediente 730012331000199890773 01

Actor: Héctor Sánchez Pérez y otros



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil nueve (2009)

Ref.: Expediente 730012331000199890773 01

AUTORIDADES MUNICIPALES



Actores: Héctor Sánchez Pérez y Julia Cristina Cruz Gómez quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos Juan Sebastián Sánchez Cruz, Héctor Andrés Sánchez Cruz y Jessica Sánchez Cruz.
Se decide el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la Sentencia de 25 de agosto de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima (Sala de Descongestión), dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho propuesta contra los Decretos 137 de 19 de mayo de 1998 y 151 de 27 de junio de 1998, mediante los cuales se dispuso el sellamiento de unos establecimientos de comercio.
I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA
1.1. Pretensiones
a) El demandante solicita que se declare la nulidad de los Decretos 137 de 19 de mayo de 1998 y 151 de 27 de junio de 1998, cuyo texto es el siguiente:
ALCALDIA DE NEIVA
DECRETO 137 DE 19 DE MAYO DE 1998
Por el cual se establece la Emergencia de Convivencia Ciudadana”
EL ALCALDE DE NEIVA
En uso de sus atribuciones legales en especial, en especial las que le confiere la Constitución Nacional en su artículo 315 numeral 1, 2 y 10, numerales 11 y 16 del literal d del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, Decreto 1355 de 1970, Decreto 1117 de 1988,
CONSIDERANDO:
Que la Administración del Municipio de Neiva debe acatar en justicia y seguridad jurídica, priorizando el interés general sobre el interés particular.
Que el fin esencial del estado entre otros, es asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo y que las autoridades de la República y del Municipio de Neiva en particular, están instituidas para proteger a todas las personas en su vida en cumplimiento del deber social del Estado.
Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 determina el derecho a la salud y el bienestar; que este concepto está desarrollado en la Ley 89 de 1979 para defender las condiciones sanitarias.
Que el derecho a la salud es un derecho fundamental que pretende garantizar el derecho a la vida de manera que atentar contra la salud de las personas equivale a atentar contra su propia vida, de tal forma que conductas que las personas desarrollen con dolo o culpa que causen daño a otro, deben ser erradicadas en cumplimiento de un deber constitucional y legal, y, sobre todo, en razón de su dignidad humana.
Que “…Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social”. Art. 58 C.N.
Que “Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente” Art. 58 C.N.
Que “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por la destinación de uso común, el cual prevalece sobre el interés particular2 Art. 82 C.N
Que son deberes y obligaciones de la persona y el ciudadano “Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.” Numeral 2, Artículo 95 C.N. “ Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífico”. Numeral 4 Artículo 95 C.N
Que el día 5 de mayo de 1998, la Administración a través de sus dependencias en asocio del Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S., Policía Nacional con presencia de representantes de FENALCO y Cámara de Comercio, realizaron un reconocimiento del sector céntrico de la ciudad con el fin de observar el funcionamiento de todo el ejercicio mercantil que se desarrolla en el microcentro.
Que se ha realizado un diagnóstico por parte de la Secretaría de Salud Municipal, y después de realizar un análisis objetivo, establece que se deben adoptar medidas de emergencia a fin de prevenir los contagios, virosis y enfermedades infectocontagiosas, que se generan con el expendio antihigiénico de las carnes en general, víveres y perecederos.
Que de conformidad con los considerandos anteriores el Alcalde de Neiva,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO. Clausurar todos los establecimientos abiertos al público ubicados en el sector comprendido entre la Avenida Circunvalación Sur hasta la calle 10 entre carreras 1 y 8 de esta ciudad, cuya actividad principal sea la venta de carnes, víveres, abarrotes y productos perecederos, de conformidad con la parte motiva de este Decreto.
PARÁGRAFO. Exceptúense de lo anterior, los establecimientos comerciales cuya infraestructura urbanística a la fecha de la expedición de este Decreto, estén aprobados por el Departamento de Planeación Municipal.
ARTÍCULO SEGUNDO. Las Inspecciones de Control Urbano procederán previa observancia de los preceptos legales, a dar cumplimiento a lo dispuesto en este Decreto.
ARTÍCULO TERCERO. La policía Nacional Departamento Huila, procederá a brindar el apoyo policivo necesario a los funcionarios de policía para el cumplimiento de este Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. Este Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Neiva, 19 de mayo de 1998.”

ALCALDÍA MAYOR DE NEIVA


DECRETO 151 DE 1998
Por el cual se modifica el artículo 2 del Decreto 137 de 1998 y se hace una aclaración
EL ALCALDE DE NEIVA
En uso de sus atribuciones legales, en especial las que le confiere la Constitución Nacional en su artículo 315 numeral 1, 2 y 10, numerales 11 y 16 del literal d del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, Decreto 1355 de 1970, Decreto 1117 de 1988,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el artículo 2° del Decreto 137 del 19 de mayo de 1998, el cual quedará así:
Las inspecciones de Control Urbano procederán a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presento Decreto, conforme al mandato constitucional.
ARTÍCULO SEGUNDO. Aclarar que el fundamento legal del Decreto 137 de 1998, es el establecido en la Constitución Nacional en su artículo 315 numeral 1, 2 y 10, numerales 11 y 16 del literal d del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, Decreto 1355 de 1970, Decreto 1117 de 1988.
ARTÍCULO TERCERO. Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Neiva, 27 de Junio de 1998 “

b) Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho los demandantes solicitaron que se condenara al Municipio de Neiva al pago de los siguientes perjuicios:




  1. PERJUCIOS EXTRAPATRIMONIALES: Se ordenará cancelar a la entidad territorial Municipio de Neiva las siguientes sumas de dinero por los siguientes conceptos así:

  1. PERJUICIOS MORALES: El equivalente en pesos, moneda legal colombiana de MIL GRAMOS ORO (1.000 grs) a cada uno de mis mandantes y a cada uno de sus hijos menores.

  2. ALTERACIÓN EN LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA: El equivalente en pesos, moneda legal colombiana de MIL GRMOS ORO (1.000 grs) a cada uno de mis mandantes y a cada uno de sus hijos menores.


El equivalente se obtendrá con fundamento en la cotización certificada por el Banco de la República, referida al precio de cada gramo de oro, para la época de la liquidación respectiva.


  1. PERJUICIOS PATRIMONIALES: Se ordenará pagar a la entidad demandada a favor de mi mandantes los perjuicios patrimoniales representados en este caso, por el valor del GOOD WILL y/o Prima Comercial representada por la antigüedad, la ubicación, el volumen de ventas, su razón social, etc,. Del negocio denominado “DISTRIBUICIONES EL CACIQUE”, además de los intereses corrientes que dicha suma generaría de haberla recibido a título de indemnización o venta del establecimiento, hasta la fecha en que se profiera la sentencia, el dinero dejado de percibir como utilidades en el ejercicio de su actividad comercial desde el 3 de agosto de 1998 y hasta el momento en que se profiera la sentencia.


Dichas condenas deberán ser actualizadas al valor real monetario para la época de la sentencia conforme a la certificación expedida por el DANE o quien haga sus veces, en relación al aumento del índice de precios al consumidor producido en dicha fecha, de conformidad con los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
1.2. Hechos
- El señor Héctor Sánchez Pérez es propietario del establecimiento de comercio “Distribuciones el Cacique” ubicado en la carrera 2ª N° 7- 43 de Neiva -Huila-. Afirma el demandante que el 20 de febrero de 1998, el Secretario de Gobierno municipal le informó a él y a otros propietarios de establecimientos de comercio ubicados en esa zona, que debían mantener el espacio público contiguo a sus negocios libre de vendedores ambulantes, pues de lo contrario los establecimientos serían sellados.
- El 19 de mayo de 1998, el Alcalde de Neiva expidió el Decreto 137 de 1998, “por el cual se establece la emergencia ciudadana” y, por razones de salubridad y espacio público, ordena clausurar los establecimientos abiertos al público ubicados en el sector comprendido entre la Avenida Circunvalación Sur hasta la calle 10 entre carreras 1 y 8, cuya actividad principal fuese la venta de carne, víveres, abarrotes y productos perecederos, con excepción de los establecimientos comerciales cuya infraestructura urbanística, a la fecha de expedición del decreto, estuviese aprobada por el Departamento de Planeación Municipal.
-El 2 de junio de 1998, la Secretaría de Gobierno realizó la operación de sellamiento de los establecimientos identificados en el Decreto 137 de 1998. Sin embargo, el 3 de junio siguiente, la administración y los propietarios de los establecimientos llegaron a un acuerdo, según el cual los vendedores de abarrotes y granos tendrían plazo hasta el 30 de julio para cerrar sus negocios.
- El 27 de junio de 1998, el Alcalde de Neiva profirió el Decreto 151 de ese año, “por medio del cual se modifica el artículo 2 del Decreto 137 de 1998 y se hace una aclaración.”
- El 3 de agosto del mismo año, el Secretario de Gobierno y la Policía Nacional procedieron al sellamiento definitivo de todos los establecimientos de comercio ubicados en el sector mencionado en el Decreto 137/98, entre ellos aquel de propiedad del demandante, identificado con el nombre “Distribuciones el Cacique”.
- Días después, según afirman los demandantes, el Secretario de Gobierno de Neiva ordenó la reapertura de algunos establecimientos de comercio del sector, dedicados al expendio de lácteos, carnes y productos congelados.
1.3 Concepto de la Violación
- Señala el demandante que los decretos demandados, resultan contrarios al artículo 2° de la Ley 232 de 1995 1, como quiera que a pesar de que el establecimiento “Distribuciones El Cacique” cumplía con la totalidad de requisitos mencionados en la norma para su funcionamiento, fue sellado por la administración municipal.
- Asimismo, el Alcalde de Neiva desconoció la presunción de buena fe a que se refiere el artículo 83 de la Constitución Política, por cuanto, de conformidad con la parte motiva del Decreto 137 de 1998, supone que los establecimientos de comercio clausurados son causantes de contagios, virosis y enfermedades infecto contagiosas, dado el presunto expendio antihigiénico de las carnes, víveres y perecederos.
- Alega desconocimiento del debido proceso (Artículo 29 de la Carta Política), pues la medida adoptada por la administración es extrema y a los representantes legales de los establecimientos de comercio, no se les dio la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción.
- Considera que la Alcaldía Municipal de Neiva pasó por alto los preceptos contenidos en la Ley 9ª de 19792, pues si al practicar vistas a los establecimientos de comercio encontró irregularidades en cuanto a las condiciones de aseo e higiene de los mismos, debió requerir a sus propietarios para que tomaran los correctivos necesarios antes de imponer la medida sancionatoria de clausura.
- Destaca que la actuación de la administración es violatoria del derecho a la igualdad, habida cuenta de que ordenó el cierre definitivo de establecimientos de comercio dedicados al expendio de abarrotes, granos y otros productos no perecederos en los que no se exigen medidas de conservación y tratamiento especiales, pero levantó la sanción de clausura a negocios que comercializan carne, lácteos y productos perecederos, en los que hay mayor riesgo de contagio y transmisión de enfermedades.
- El Decreto 137 de 1998 creó un nuevo requisito para el funcionamiento de establecimientos de comercio, cual es la presentación de un “Certificado de Infraestructura Urbanística”. En consecuencia, la administración desconoció el precepto contenido en el artículo 843 de la Constitución Política.
- Advirtió que existe indebida motivación de los actos administrativos acusados, ya que de acuerdo con la misma, el cierre de los establecimientos se dio por razones de salubridad, pero realmente tuvo origen en el mantenimiento del espacio público y, de cualquier manera, no existe norma legal o constitucional que faculte a los Alcaldes a declarar el “estado de emergencia de convivencia ciudadana”.
- En cuanto al pago de perjuicios, argumentaron que desde la fecha en la que se expidió el Decreto 137 de 1998, se vieron sometidos a angustias y preocupaciones propias de la posibilidad de quedarse sin la fuente de ingresos necesarios para su sostenimiento, posibilidad que se transformó en realidad cuando el 3 de agosto de ese año, el establecimiento “Distribuciones el Cacique” fue sellado y, por ende, fueron compelidos a trasladar sus mercancías (con su consecuente pérdida y deterioro), a devolver los pedidos y búsqueda de un sitio óptimo para almacenarlas. Igualmente, solicitaron el resarcimiento del GOOD WILL, derivado del buen nombre y ubicación del establecimiento.

2. LA CONTESTACIÓN
El Municipio de Neiva, representado por su Alcalde, mediante apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda. Señaló que los Decretos 137 y 151 de 1998, fueron expedidos por motivos de utilidad pública e interés social, con el fin de garantizar la convivencia ciudadana, el orden público, la seguridad, tranquilidad, salubridad y libre circulación de las personas por el sector comprendido entre la Avenida Circunvalación Sur hasta la calle 10 entre carreras 1 y 8, las cuales se veían amenazadas por la invasión del espacio público e inseguridad generada con el funcionamiento de los establecimientos de comercio sellados.
Advierte que las órdenes proferidas son de aplicación inmediata y, por ende, fueron obviados los trámites contenidos en la Ley 9ª de 1979 y sus decretos reglamentarios.


    1. LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Tolima (Sala de Descongestión – Acuerdo 2472 de 2004), mediante providencia de 25 de agosto de 2004, declaró la nulidad de los Decretos 137 de 19 de mayo de 1998 y 151 de 27 de junio de 1998, con efectos únicamente para los demandantes y negó las demás pretensiones de la demanda.


Consideró el a quo que las autoridades municipales desconocieron el procedimiento establecido en el artículo 4° de la Ley 232 de 19954 para sellar los establecimientos de comercio que no cumplían con los requisitos contenidos en el artículo 2° de la misma ley y, por esa vía, violaron el derecho al debido proceso contenido en el artículo 29 de la Constitución Política.
Respecto a la condena por perjuicios extrapatrimoniales, el Tribunal sostuvo que los demandantes no probaron cuáles fueron los perjuicios de orden moral, ni la alteración de las condiciones de vida ocasionadas con la expedición de los decretos acusados.
Frente al pago del “GOOD WILL” adujo que la simple afirmación de uno de los demandantes acerca de su valor, no constituía prueba suficiente de la existencia del perjuicio. Sobre el pago de utilidades dejadas de percibir desde el 3 de agosto de 1998, consideró que la Certificación de Contador Público, en la que apuntó que los libros de contabilidad, de donde se extrajeron los datos para determinar el valor de las ventas mensuales del establecimiento “Distribuciones el Cacique”, estaban inscritos en la Cámara de Comercio de Neiva, no tenía el valor probatorio pretendido por el demandante, pues no mencionaba el número de registro de los libros ni hacía alusión a los costos y gastos necesarios para obtener las utilidades del ejercicio.
En cuanto a la declaración de renta del señor Héctor Sánchez Pérez, aportada como prueba de los ingresos percibidos por el mismo en razón de su actividad comercial, expresó que no resultaba válida, puesto que se refería al año gravable 1997 y los hechos ocurrieron en 1998.


    1. EL RECURSO DE APELACIÓN

Los demandantes, mediante apoderado, alegan que al desvirtuar la condena en perjuicios, el Tribunal Administrativo de Tolima (Sala de Descongestión) no tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 777 del Estatuto Tributario5, pues según dicha norma las certificaciones de los contadores tienen pleno valor probatorio.


Al mismo tiempo, hacen hincapié en que, de acuerdo con el artículo 776 del mismo estatuto6, el Tribunal debió solicitar el envío de los libros contables cuya existencia y registro en la Cámara de Comercio, fue certificada por el contador.
Agregan que el a quo incurrió en error y desconoció lo estipulado en los artículos 746 7 y 775 8 del Estatuto Tributario al restar valor probatorio a la declaración de renta del año gravable 1997, como quiera que dicho documento es prueba válida de los bienes y rentas de los que es titular una persona, constituye un punto de partida para efectos de reconocer y cuantificar los perjuicios y, sobre él, sólo prevalece la información contenida en los libros contables.
Argumentan que aportar la declaración de renta del año gravable 1998, no era posible para la fecha en que se presentó la demanda, habida cuenta de que el año tributario termina el 31 de diciembre, debiéndose presentar la contabilidad gravable aproximadamente en el mes de junio de 1999.
Estiman que si el juez de primera instancia encontró que las pruebas aportadas por el demandante eran insuficientes o carecían de valor probatorio, debió solicitar de oficio aquellas que considerara pertinentes, situación que, de cualquier manera, no afecta el reconocimiento y condena por perjuicios morales, dado que éstos se demuestren y presumen con el simple reconocimiento de ilegalidad de los actos administrativos acusados.
Por último, manifestaron que se inaplicó el artículo 176 de la Ley 446 de 19989.
IV. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.



  1. CONSIDERACIONES

Los demandantes interponen recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, con el propósito de que se condene al Municipio de Neiva al pago de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados con la expedición de los Decretos 137 de 19 de mayo de 1998 y 151 de 27 de junio de 1998, puesto que, a su juicio, aportó pruebas válidas y suficientes que demuestran la ocurrencia de los mismos.


Sea lo primero advertir que, habida cuenta de que el Municipio de Neiva no manifestó inconformidad alguna con el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Tolima (Sala de Descongestión), los demandantes son apelantes únicos y, por ende, la Sala circunscribirá el estudio a aquellos puntos del fallo de primera instancia, desfavorables a la parte demandante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.
Los apelantes señalan que, contrariando lo preceptuado en el artículo 777 del Estatuto Tributario, el a quo restó valor probatorio a las Certificación del Contador Público (folio 19) en la que señala que, con fundamento en los libros de contabilidad registrados en la Cámara de Comercio, durante el período enero – julio de 1998 los ingresos mensuales promedio del señor Héctor Sánchez Pérez eran de ciento diecinueve millones ciento treinta y un setecientos setenta y seis pesos ($119.131.776), producto de la explotación comercial del establecimiento de comercio “Distribuciones El Cacique”, cuya existencia probó con el Certificado de Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio de Neiva (folio 32).
Igualmente, dentro del expediente obra Certificación del Contador Público en la que consta que, de acuerdo con los libros de contabilidad, los ingresos mensuales por concepto de venta de mercancías, en los meses de enero a julio de 1998, fueron los siguientes:
ENERO $ 101.990.418

FEBRERO $92.685.397

MARZO $76.869.020

ABRIL $173.729.728

MAYO $106.619.547

JUNIO $157.179.148



JULIO $124.849.177
El artículo 777 del Estatuto Tributario, dispone que las Certificaciones del Contador Público constituyen prueba contable, mientras que la Ley 43 de 1990 en sus artículos 1° y 2° establece que el Contador Público está facultado para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dentro de los que se cuenta la posibilidad de expedir certificaciones con base en los libros de contabilidad, los cuales son prueba idónea de la actividad del comerciante.
Sobre el valor probatorio de las Certificaciones de Contadores Públicos, esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse. En efecto, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Aldemar Peña Peralta, con el propósito de obtener la nulidad de los Decretos 137 de 19 de mayo de 1998 y 151 de 27 de junio de 1998 proferidos por el Alcalde de Neiva (los cuales son también objeto del proceso de la referencia) y el pago de perjuicios, la Sala expuso:
<< (…) Las certificaciones igualmente señalan cuál fue el comportamiento mes a mes, de las ventas de dicho establecimiento de comercio e indican que la información se obtuvo de los respectivos libros de comercio.
Los anteriores certificados expedidos por un contador público son suficientes para establecer el comportamiento de las ventas del establecimiento de comercio AUTOSERVICIO SURTIGRANOS, como quiera que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la Ley 43 de 1990, a dicho profesional de la ciencia contable le corresponde entre otras funciones, la de expedir “certificaciones con fundamento en los libros de contabilidad” los cuales, según el artículo 271 del C.P.C. en concordancia con los artículos 59, 68 y 69 del C. de Co. Son las pruebas idóneas para tal efecto, pues son éstos los que dan fe de la actividad de los comerciantes siempre que estén llevados en debida forma. >> 10
En ese sentido, les asiste razón a los demandantes cuando arguyen que el Tribunal Administrativo del Tolima (Sala de Descongestión) restó valor probatorio a los documentos aportados y desconoció las disposiciones legales, pues las certificaciones del contador público dan cuenta de las utilidades reportadas por el establecimiento “Distribuciones El Cacique”, las cuales, naturalmente, dejaron de percibirse en razón del sellamiento ordenado en los decretos declarados nulos.
Por consiguiente y habida cuenta de que dentro del proceso los demandantes aportaron prueba idónea de los perjuicios causados con la expedición de los Decretos 137 y 151 de 1998 proferidos por el Alcalde Municipal de Neiva, la Sala habrá de condenar al Municipio de Neiva al pago de los mismos; sin embargo, dado que su cuantía no fue establecida, dicha condena se hará en abstracto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo.
Para su cálculo, se tendrán en cuenta las mismas condiciones impuestas en la Sentencia de 3 de julio de 200811, cuales son:


  1. Los perjuicios se liquidarán con base en las certificaciones expedidas por el contador público. (folios 19 y 20)

  2. La pérdida de utilidades se calculará por el período comprendido entre el 3 de agosto de 1998, fecha en la que fue sellado en forma definitiva el establecimiento “Distribuciones El Cacique” y la fecha en que se profiere el presente fallo.

Para la liquidación de los perjuicios patrimoniales, no se tendrá en cuenta la constancia suscrita por el señor Héctor Sánchez Pérez, según la cual el valor comercial del “GOOD WILL” del establecimiento “Distribuciones El Cacique” asciende a cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000), por cuanto se trata de una estimación personal que en modo alguno sustenta y que, por ende, carece de valor probatorio.


En cuanto a la condena por perjuicios morales y el argumento de los apelantes según el cual, aquéllos se infieren de la simple declaratoria de nulidad de los Decretos 137 y 151 de 1998, la Sala reitera que el perjuicio moral derivado de la pérdida de bienes o de imposición de sanciones, debe demostrarse mediante cualquier medio de prueba, ya que el juez sólo habrá de reconocerlos cuando exista convicción y certeza de que quién los reclama, efectivamente ha padecido un trastorno emocional significativo, susceptible de ser reparado. 12
Así pues, no habrá lugar a reconocer perjuicios extrapatrimoniales (perjuicios morales y alteraciones en las condiciones de existencia), toda vez que los demandantes no probaron su ocurrencia. En este punto, la Sala advierte que no les asiste razón cuando alegan que el juez debía decretar de oficio aquellas pruebas que considerara pertinentes para demostrar los perjuicios, como quiera que, de acuerdo con el artículo 169 del C.C.A, dentro del proceso contencioso administrativo, ello es una atribución potestativa y no una obligación del juez, como ocurre en los procesos civiles. 13

FALLA:

PRIMERO. MODIFÍCASE el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 25 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima (Sala de Descongestión), el cual quedará así:

SEGUNDO. CONDÉNASE en abstracto al Municipio de Nieva -Huila-, al pago de perjuicios materiales sufridos por los demandantes, con ocasión del cierre ilegal del establecimiento de comercio “Distribuciones El Cacique”. La liquidación de dichos perjuicios se adelantará mediante trámite incidental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo. Para tal efecto, se tendrá en cuenta exclusivamente lo siguiente:

  1. Los perjuicios se liquidarán con base en las certificaciones expedidas por el contador público. (folios 19 y 20)




  1. La pérdida de utilidades se calculará por el período comprendido entre el 3 de agosto de 1998, fecha en la que fue sellado en forma definitiva el establecimiento “Distribuciones El Cacique” y la fecha en que se profiere el presente fallo.

TERCERO. CONFÍRMASE en todo lo demás.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.


La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del diecinueve (19) de noviembre de dos mil nueve (2009).

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente
MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

ESTE DOCUMENTO FUE CREADO A PARTIR DEL ORIGINAL OBTENIDO EN EL CONSEJO DE ESTADO.


1 Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales” (…) ARTÍCULO 2o. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, es obligatorio para el ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes requisitos:

a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario. ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del respectivo municipio. Las personas interesadas podrán solicitar la expedición del concepto de las mismas a la entidad de planeación o quien haga sus veces en la jurisdicción municipal o distrital respectiva;

b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9a de 1979 y demás normas vigentes sobre la materia;

c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causante de pago por derechos de autor, se les exigirá los comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas complementarias;

d) Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción;

e) Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o. quien haga sus veces de la entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento.




2Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”


3 Artículo 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.

4 ARTÍCULO 4. El alcalde, quien haga sus veces, o el funcionario que reciba la delegación, siguiendo el procedimiento señalado en el libro primero del Código Contencioso Administrativo, actuará con quien no cumpla los requisitos previstos en el artículo 2o. de esta Ley, de la siguiente manera:

1. Requerirlo por escrito para que en un término de 30 días calendario cumpla con los requisitos que hagan falta.

2. Imponerle multas sucesivas hasta por la suma de 5 salarios mínimos mensuales por cada día de incumplimiento y hasta por el término de 30 días calendarios.

3. Ordenar la suspensión de las actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento, por un término hasta de 2 meses, para que cumpla con los requisitos de la ley.



4. Ordenar el cierre definitivo del establecimiento de comercio, si transcurridos 2 meses de haber sido sancionado con las medidas de suspensión, continúa sin observar las disposiciones contenidas en la presente Ley, o cuando el cumplimiento del requisito sea posible.


5 ARTICULO 777. LA CERTIFICACIÓN DE CONTADOR PUBLICO Y REVISOR FISCAL ES PRUEBA CONTABLE. Cuando se trate de presentar en las oficinas de la Administración pruebas contables, serán suficientes las certificaciones de los contadores o revisores fiscales de conformidad con las normas legales vigentes, sin perjuicio de la facultad que tiene la administración de hacer las comprobaciones pertinentes.

6 ARTICULO 776. PREVALENCIA DE LOS COMPROBANTES SOBRE LOS ASIENTOS DE CONTABILIDAD. Si las cifras registradas en los asientos contables referentes a costos, deducciones, exenciones especiales y pasivos exceden del valor de los comprobantes externos, los conceptos correspondientes se entenderán comprobados hasta concurrencia del valor de dichos comprobantes.

7 ARTICULO 746. PRESUNCIÓN DE VERACIDAD. Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija.

8 ARTICULO 775. PREVALENCIA DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD FRENTE A LA DECLARACIÓN. Cuando haya desacuerdo entre la declaración de renta y patrimonio y los asientos de contabilidad de un mismo contribuyente, prevalecen éstos.

9 La Ley 446 de 1998, consta únicamente de 167 artículos.

10 Consejo de Estado – Sección Primera. Sentencia de 3 de julio de 2008. M.P. Martha Sofía Sanz Tobón. Expediente Radicado N° 4100123310001998 00771 01

11 ídem

12 Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia de 18 de marzo de 2004. M.P. Ricardo Hoyos Duque. Expediente N° 01552-01 (14589).

13 Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de marzo de 1997. M.P. Libardo Rodríguez Rodríguez. Expediente N° 1562


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