Concurso de conductas punibles / proceso de individualización de la pena: Deben tenerse en cuenta los factores modificadores de los límites legales



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CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES / PROCESO DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA: Deben tenerse en cuenta los factores modificadores de los límites legales.

(…) el concurso de conductas punibles se presenta cuando con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones se infringen “varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición”.

(…)

Ahora bien, en ejercicio de la potestad punitiva del Estado, tratándose de concurso de conductas punibles, debe el juzgador, inicialmente, establecer mediante un cotejo punitivo cuál de las conductas ilícitas cometidas ostenta la mayor penalidad teniendo en cuenta los factores modificadores de los límites legales que inciden en el proceso de individualización de las penas, para, finalmente, decidir en cuánto la incrementa de acuerdo al número de delitos concursantes, de cara a los criterios establecidos en el artículo 61 del Código Penal.


Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha dicho reiteradamente y de tiempo atrás que la dosificación de la pena en el concurso de hechos punibles debe efectuarse a partir de la individualización de la que corresponde a cada una de los delitos en concurso, con el fin de detectar cuál es la que resulta más grave, convirtiéndose ésta en la base que permite llevarla hasta el otro tanto de que habla el comentado artículo 31.

(…)


Entendidas de ese modo las cosas, cuando concurren delitos cuyas penas mínimas y máximas difieren, la fijación de cuál es el que tiene establecida la sanción más grave no puede quedar reducida a la fórmula de seleccionar el de pena mínima más severa o el de mayor pena máxima. El problema se debe resolver dosificando la pena de cada hecho punible en el caso concreto conforme a los criterios de individualización del artículo 61 del C.P., y escogiendo como punto de partida el que resulte con la mayor sanción; es sobre ésta pena sobre la que opera el incremento autorizado por el artículo 26 del Código Penal, y su mayor o menor intensidad depende del número de infracciones y de su mayor o menor gravedad individualmente considerados.
Puede suceder perfectamente que en un caso como el examinado (donde los delitos concursales tienen penas de 1 a 10 y de 2 a 8 años) el segundo, es decir el de pena mínima más grave, no ostente la gravedad del primero; y que, aisladamente considerado, amerite la pena mínima de 2 años o una ligeramente superior, al tiempo que el primero merezca una mayor sanción que el anterior. Resultaría absurdo en dicha situación, y es lo que quiere puntualizar la Sala, partir para la dosificación correspondiente de la sanción del delito cuya pena mínima (o máxima) en abstracto, esto es la señalada en el tipo penal, sea la mayor. Esto porque, como se vio, existe la posibilidad de que tasadas las penas por los dos hechos punibles, el de menor pena mínima pueda resultar en concreto mayormente penalizado.
En conclusión, es la pena individualizada de cada uno de los delitos en concurso la que conduce a determinar la base de construcción de la pena total a imponer, sin importar para el caso las sanciones mínimas y máximas previstas en abstracto por los respectivos tipos penales.

(…)

Por tanto, acertó el a quo al determinar que el delito que contenía la pena más grave era el de “Porte Ilegal de Armas Agravado”, pues su rango punitivo -08 años de prisión-, supera el quantum dispuesto para el punible de “Hurto Calificado y Agravado”. Recuérdese que ante la existencia de concurso de delitos el fallador debe establecer cuál de las conductas ilícitas cometidas es el de mayor penalidad, según los factores modificadores de los límites legales que inciden en el proceso de individualización de las penas.




TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL

SALA CUARTA DE DECISIÓN PENAL


Magistrado Ponente

HERNANDO QUINTERO DELGADO

Radicación

No.41001-60-00-716-2010-01724-01

Procedencia

Juzgado 4º Penal Cto. de Neiva

Contra

Cesar Guillermo Preciado Almanza

Delito

Hurto Calificado y Agravado y otro

Asunto

Apelación Sentencia Anticipada

Decisión

Confirma

Aprobación Acta No.

01424

Neiva, cuatro (04) de octubre de dos mil once (2011)





  1. MOTIVO DE LA DECISIÓN

La Sala se pronuncia respecto del recurso de apelación interpuesto y sustentado por el defensor de CESAR GUILLERMO PRECIADO ALMANZA, frente a la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva, calendada el 18 de agosto de 2011, que lo condenó como responsable de los delitos de “Hurto Calificado y Agravado y Porte Ilegal de Armas Agravado”, a la pena principal de cincuenta y un (51) meses de prisión, así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso al de la privativa de la libertad; además, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la sustitución de prisión intramuros por la domiciliaria.





  1. DE LOS HECHOS

El 23 de octubre de 2010, a las 07:40 p.m. aproximadamente, en la calle 3ª con carrera 21ª del barrio “Bogotá” de esta ciudad, dos (02) sujetos que se movilizaban en motocicleta interceptaron al señor EFRAÍN ANTONIO MOSQUERA PLAZAS, a quien intimidaron con un arma de fuego y lo despojaron de su velocípedo marca Suzuki Best 125. En la persecución, se logró la captura de CESAR GUILLERMO PRECIADO ALMANZA.




  1. ACTUACIÓN PROCESAL

El 24 de octubre de 2011, ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Colombia –H- con Funciones de Control de Garantías se realizaron las audiencias preliminares concentradas de control de legalidad de la captura de CESAR GUILLERMO PRECIADO ALMANZA, que aquel despacho encontró ajustada a derecho; de formulación de imputación, en donde la Fiscalía formuló cargos por “Hurto Calificado y Agravado y Porte Ilegal de Armas Agravado”, que el aprehendido rechazó; y, de imposición de medida de aseguramiento, que fue de detención preventiva intramuros.


Posteriormente, ajusticiado, defensor y procesado suscribieron preacuerdo aceptando los cargos endilgados, diligencias que fueron avocadas por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva. A su vez, antes de que profiriera el correspondiente fallo, el acusado consignó una suma determinada, por concepto de perjuicios materiales. Finalmente, el 18 de agosto del año que avanza, dictó fallo condenatorio, el que ahora es objeto de alzada.



  1. DE LA SENTENCIA

Argumenta que la aprehensión en flagrancia del encartado, así como la aceptación libre e informada de los cargos formulados, brindan al operador judicial un conocimiento más allá de toda duda razonable de la existencia de los hechos y su responsabilidad; por ello, condena al imputado conforme a los cargos formulados.


Al individualizar las penas por el efecto del concurso delictual, encontró que el punible de mayor gravedad era el de “Fabricación, Tráfico o Porte de Armas de Fuego Agravado” y por ello partió de una base de noventa y seis (96) meses de prisión, que aumentó en seis (06) meses más por el “Hurto Calificado Agravado”, para fijar la sanción en ciento dos (102) meses de prisión. A este guarismo descontó la mitad, por efecto de la aceptación temprana de los cargos, e impuso una sanción de CINCUENTA Y UN (51) MESES DE PRISIÓN.
En cuanto a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, prevista en el artículo 63 del Código Penal, estimó su improcedencia por el monto de la que le fue impuesta.



  1. DEL DISENSO POR PARTE DEL DEFENSOR


La defensa letrada estima que el a quo desatendió el preacuerdo suscrito entre procesado, defensor y Fiscalía, en el que se fijó que el delito base para fijar la pena a imponer sería el de “Hurto Calificado y Agravado”; sin embargo, el fallador decidió partir del punible contra la seguridad pública. Agrega que la circunstancia modificadora de la pena – indemnización de perjuicios-, obedece a un comportamiento post delictual que no debe incidir en la escogencia del punible base para individualizar la pena.




  1. TRASLADO AL NO RECURRENTE

Considera que la pretensión del recurrente es equivoca, al interpretar de manera indebida y errada la norma que trata el concurso delictual de conductas, pues no queda dudas que punitivamente el punible más grave es el de “Fabricación, Tráfico o Porte de Armas de Fuego Agravado”.




  1. CONSIDERACIONES

El recurrente centra su inconformidad en la formula que el a quo empleó para individualizar las penas del concurso de conductas punibles imputado, pues la defensa letrada aduce que el funcionario judicial debió partir de la pena más grave, sin tomar en consideración las circunstancias modificadoras de la misma– indemnización-, atendiendo que obedece a un comportamiento post – delictual, como se había establecido en el preacuerdo suscrito por las partes.


Es incuestionable que en el preacuerdo celebrado por las partes – procesado, defensa y fiscalía-, se convino que PRECIADO ALMANZA aceptaría los cargos de “Hurto Calificado Agravado y Porte Ilegal de Armas Agravado” y que la pena que se impondría se fijaba en ochenta y cuatro (84) meses de prisión.
Sin embargo, en la audiencia de aprobación del preacuerdo y de individualización de pena y sentencia, la defensa manifestó su intención de reparar a la víctima y que solicitaba que se aplicara lo dispuesto en el artículo 269 del Código Penal. Efectivamente, se allegó un dictamen escrito del avalúo de los perjuicios y un recibo de consignación de los daños reparados1; circunstancia que conminó al juez a readecuar la pena acordada, conforme las previsiones normativas que tratan el concurso de delitos.
En efecto, el concurso de conductas punibles se presenta cuando con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones se infringen “varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición”, que fue lo ocurrido en los hechos que ocupan la atención de la Sala y que fueron aceptados por el procesado CESAR GUILLERMO PRECIADO ALMANAZA quien, en voluntario sometimiento a la justicia, aceptó haber cometido en calidad de coautor los delitos de “Hurto Calificado Agravado y Porte Ilegal de Armas de Fuego de Uso Personal Agravado”.

Ahora bien, en ejercicio de la potestad punitiva del Estado, tratándose de concurso de conductas punibles, debe el juzgador, inicialmente, establecer mediante un cotejo punitivo cuál de las conductas ilícitas cometidas ostenta la mayor penalidad teniendo en cuenta los factores modificadores de los límites legales que inciden en el proceso de individualización de las penas, para, finalmente, decidir en cuánto la incrementa de acuerdo al número de delitos concursantes, de cara a los criterios establecidos en el artículo 61 del Código Penal.


Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha dicho reiteradamente y de tiempo atrás que la dosificación de la pena en el concurso de hechos punibles debe efectuarse a partir de la individualización de la que corresponde a cada una de los delitos en concurso, con el fin de detectar cuál es la que resulta más grave, convirtiéndose ésta en la base que permite llevarla hasta el otro tanto de que habla el comentado artículo 31.
Así, en la sentencia del 7 de octubre de 1998, radicación 10.987, dijo esa Corporación lo siguiente:
En materia de concurso de hechos punibles, (art. 26 del C.P.) la ley dispone que el condenado quedará sometido a la disposición que establezca la pena más grave, aumentada hasta en otro tanto. Ello implica entonces, que el fallador, de entre los varios ilícitos concurrentes, deba seleccionar cuál fué (sic) en concreto el hecho punible que ameritaría pena mayor, y para éste efecto debe proceder a individualizar las distintas penas, con el fin de escoger la más gravosa y, posteriormente, decidir en cuánto la incrementa habida consideración del número de delitos concursantes, su gravedad y sus modalidades específicas.
En ese ejercicio debe tener en cuenta no solamente que la pena final no debe exceder el doble de la individualmente considerada como más grave, sino además que ella no puede resultar superior a la suma aritmética de las que corresponderían en el evento de un juzgamiento separado de las distintas infracciones, ni de 60 años de prisión, siguiendo siempre, en el proceso de dosificación individual de cada una de las penas, los criterios que sobre el particular ha venido sentando la Sala en torno a los factores modificadores de los límites legales (menor y mayor) previstos para cada delito, y a las reglas que, a la luz del artículo 61 del C.P., le dan un margen de movilidad racional dentro de los límites mínimo y máximo así deducidos.
Entendidas de ese modo las cosas, cuando concurren delitos cuyas penas mínimas y máximas difieren, la fijación de cuál es el que tiene establecida la sanción más grave no puede quedar reducida a la fórmula de seleccionar el de pena mínima más severa o el de mayor pena máxima. El problema se debe resolver dosificando la pena de cada hecho punible en el caso concreto conforme a los criterios de individualización del artículo 61 del C.P., y escogiendo como punto de partida el que resulte con la mayor sanción; es sobre ésta pena sobre la que opera el incremento autorizado por el artículo 26 del Código Penal, y su mayor o menor intensidad depende del número de infracciones y de su mayor o menor gravedad individualmente considerados.
Puede suceder perfectamente que en un caso como el examinado (donde los delitos concursales tienen penas de 1 a 10 y de 2 a 8 años) el segundo, es decir el de pena mínima más grave, no ostente la gravedad del primero; y que, aisladamente considerado, amerite la pena mínima de 2 años o una ligeramente superior, al tiempo que el primero merezca una mayor sanción que el anterior. Resultaría absurdo en dicha situación, y es lo que quiere puntualizar la Sala, partir para la dosificación correspondiente de la sanción del delito cuya pena mínima (o máxima) en abstracto, esto es la señalada en el tipo penal, sea la mayor. Esto porque, como se vio, existe la posibilidad de que tasadas las penas por los dos hechos punibles, el de menor pena mínima pueda resultar en concreto mayormente penalizado.
En conclusión, es la pena individualizada de cada uno de los delitos en concurso la que conduce a determinar la base de construcción de la pena total a imponer, sin importar para el caso las sanciones mínimas y máximas previstas en abstracto por los respectivos tipos penales.
Ahora bien, se repite, establecida la pena más grave, ésta es incrementable hasta en otro tanto al tenor del artículo 26 del Código Penal. Pero el límite a la pena aplicable no está supeditado al máximo del hecho punible sometido a la sanción más grave, como equivocadamente lo señala la defensa, sino a que no desborde la suma aritmética de las penas que correspondan a los respectivos hechos punibles en concurso, de conformidad con lo que prescribe el artículo 28 del mencionado Código y a que nunca supere los 60 años de prisión.
De acuerdo con esta doctrina, el fenómeno del concurso de conductas punibles, se concibe dentro de la sistemática de la dosificación punitiva de acuerdo con su verdadera naturaleza jurídica, esto es, no como un fundamento real modificador de los límites punitivos legales, sino como instrumento apto para tasar la pena de manera proporcional al daño causado con las conductas concurrentes, buscando, en todo caso, un trato atemperador de la severidad de la sanción que a cada una de éstas le hubiera correspondido de haber sido juzgadas de manera separada.

De este modo, el a quo consideró que la conducta que contenía la pena más grave era la de “Fabricación, Tráfico o Porte de Armas de Fuego o Municiones de Uso Personal Agravada”, situación que censura el recurrente por cuanto en su opinión se debió partir de la pena dispuesta para el Hurto Calificado Agravado, miremos:


El hurto calificado por la violencia sobre las personas comporta una pena de ocho (8) a dieciséis (16) años de prisión, aumentada de la mitad a las tres cuartas partes por la circunstancia especial de agravación punitiva, oscilando entonces la pena de doce (12) a veintiocho (28) años de prisión. Posteriormente, de los referidos guarismos escogió la pena mínima del primer cuarto, es decir, ciento cuarenta y cuatro (144) meses. Adicionalmente, por la indemnización integral de los perjuicios irrogados descontó tres cuartas partes (3/4) de la sanción punitiva, determinando que la pena definitiva a imponer por este delito sería de tres (03) años de prisión.

Ahora, frente a la conducta de Fabricación, tráfico o Porte de Armas de Fuego de Uso Personal dispone una pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. Las que deben ser incrementadas conforme la circunstancia de agravación dispuesta en el numeral 1 del art. 365 del C.P. para quedar unos rangos punitivos de 08 a 16 años de prisión, imponiendo la pena mínima.


Por tanto, acertó el a quo al determinar que el delito que contenía la pena más grave era el de “Porte Ilegal de Armas Agravado”, pues su rango punitivo -08 años de prisión-, supera el quantum dispuesto para el punible de “Hurto Calificado y Agravado”. Recuérdese que ante la existencia de concurso de delitos el fallador debe establecer cuál de las conductas ilícitas cometidas es el de mayor penalidad, según los factores modificadores de los límites legales que inciden en el proceso de individualización de las penas.
Es que, la teleología del concurso de conductas punibles comprende dos aspectos basilares: el primero, concretar entre los comportamientos concurrentes aquél que merece una penalidad más grave, la cual será base del posible incremento de hasta otro tanto; el segundo, permitir la dosificación específica de la pena correspondiente para ese concurso, sin que desborde el límite máximo previsto en la ley para cada clase de pena, o ese hasta otro tanto si éste resulta menor, o la sumatoria de las individualmente consideradas en caso de que sea inferior al otro tanto de la signada como más grave.
Tal criterio, lo reiteró la Corporación en la sentencia del 24 de abril de 2003, radicación 18856, al precisar:
De acuerdo con esto, es de tener presente que como para dosificar la pena en el concurso de conductas punibles se debe concretar la que individualmente corresponda a cada una de ellas para encontrar la más drástica, ese proceso individualizador ha de hacerse con arreglo a la sistemática que señala el Código Penal para el efecto, esto es, fijar los límites mínimos y máximos de los delitos en concurso dentro de los cuales el juzgador se puede mover (artículo 60); luego de determinado el ámbito punitivo correspondiente a cada especie concursal, dividirlo en cuartos, seleccionar aquél dentro del cual es posible oscilar según las circunstancias atenuantes o agravantes de la punibilidad que se actualizaron y fijar la pena concreta, todo esto siguiendo las orientaciones y criterios del artículo 61.
Así las cosas, debe observarse que el a quo siguió de manera estricta el proceso de individualización de la pena correspondiente a cada una de las conductas concurrentes, las mismas que concretó ubicándose dentro del cuarto mínimo, por no haberse deducido circunstancias de mayor punibilidad, encontrando que resultaba más severa la prevista para el delito de fabricación, tráfico o porte de armas o municiones agravada.
Baste lo anteriormente expuesto, para que el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA, en Sala de Decisión Penal, administrado justicia y por autoridad de la ley,


  1. RESUELVA


CONFIRMAR la sentencia recurrida, de fecha y origen conocidos, por las razones plasmadas en precedencia.
Contra la presente decisión procede CASACIÓN.
Las partes quedan notificadas en estrados.


HERNANDO QUINTERO DELGADO


ÁLVARO ARCE TOVAR JAVIER IVÁN CHÁVARRO ROJAS


LUISA FERNANDA TOVAR HERNÁNDEZ

Secretaria


Copiado al tomo_______ folio__________ de Sentencias de segunda instancia



1 Folio 42


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