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4.4 CONTRADICCIÓN


El artículo 29 de la Constitución Política y los artículos 15 y 378 del Código de Procedimiento Penal consagran el principio de contradicción, que consiste en el derecho que tienen las partes de conocer y controvertir las pruebas que se pretendan hacer valer dentro del proceso, así como de intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada.

Para garantizar este principio se ha establecido la obligación para la Fiscalía, en el caso de formular acusación, de suministrar todos los elementos probatorios e informes de que tenga noticia, incluidos los que sean favorables al procesado, por conducto del juez de conocimiento.

De otro lado, en virtud del principio sub examine, el sindicado en el proceso penal acusatorio debe contar con la facultad de controvertir, en el curso de una audiencia, las pruebas que se alleguen en su contra y de interponer los recursos a que haya lugar81.

Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C-830 de 2002. Con Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería, indicó:



Desde el punto de vista constitucional dichas pruebas tienen su fundamento en la garantía de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, el debido proceso y el derecho de defensa o contradicción, contemplados en los Arts. 229 y 29 de la Constitución, en cuanto ellos implican, para las partes e intervinientes del proceso, no solamente la facultad de acudir a la jurisdicción y lograr que se cumpla la plenitud de las formas propias del mismo, sino también la de aducir y pedir la práctica de las pruebas necesarias con el fin de controvertir las de la contraparte y alcanzar la prosperidad de sus pretensiones o defensas, de conformidad con las normas sustanciales.

De tal forma, que la concreción del principio de contradicción se convierte en una de las garantías más relevantes que permiten obtener la certeza de que el debate procesal se ha dado en términos de igualdad y lealtad, en tanto las partes conocen y pueden discutir los argumentos que se esgrimen en su contra.

4.5. Inmediacion

En virtud a lo expuesto en el artículo 379 del Código de Procedimiento Penal, el juez en desarrollo del juicio solo debe estimar como prueba la que haya sido producida e incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante su presencia.

De lo anterior se deriva que la admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional y además, que en ningún caso se puede comisionar la práctica de pruebas.

Pero sin embargo, la ley establece la posibilidad, si se configuran algunas circunstancias previstas de manera expresa, de tener como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante audiencia ante el juez de control de garantías.

En este orden de ideas, como consecuencia del principio de inmediación, es directamente ante el juez de conocimiento que se lleva a cabo la práctica de las pruebas otorgando de esa manera al operador judicial una mayor y mejor apreciación de éstas que le permitan tomar su decisión con suficiente fundamento. Lo que supone, que la aplicación de este principio en un sistema procesal penal acusatorio resulta de vital importancia, por cuanto es precisamente el juicio oral el escenario en el cual se deben practicar las pruebas ante el juez que va a dictar sentencia, así como lo estableció la Corte Constitucional en Sentencia C-591 de 2005 con Magistrado ponente Dra. Clara Inés Vargas.

4.6. Concentración

Conforme a lo expuesto por el artículo 17 del Código de Procedimiento Penal, durante la actuación procesal la práctica de pruebas y el debate deberán realizarse de manera continua, preferiblemente en un mismo día. De no ser posible, se lleva a cabo en días consecutivos, lo que no es óbice para que el juez que dirija la audiencia excepcionalmente la suspenda por un término hasta de treinta días, si existen circunstancias especiales que lo justifiquen. En todo caso quien administra justicia debe velar porque no surjan otras audiencias concurrentes, de modo que pueda concentrar su atención en un solo asunto.

De tal manera que deben realizarse tantas audiencias como sean necesarias a fin de que el juez concrete su atención en un solo asunto y de forma constante, evitando así la dilación de los procedimientos y los fallos basados en práctica de pruebas y debates probatorios interrumpidos que conducen a perder el hilo de la controversia y dificultan la determinación de un conocimiento o convicción adecuado por parte del administrador de justicia (FISCALÍA, 2005).

En ese orden de ideas, la prueba deja de encontrarse dispersa en varios escenarios procesales, escrita, secreta y valorada por un funcionario judicial que no tuvo incidencia en su recaudo, para ser practicada de forma concentrada en el curso de un juicio oral, público y con plena observancia de todas las garantías procesales82.

4. 7. Principio De Exclusión

El artículo 23 de la Ley 906 de 2004 regula la cláusula general de exclusión, al disponer que “toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas, o las que sólo puedan explicarse en razón de su existencia”.

De esta manera la norma reafirma lo preceptuado por el artículo 29 de la Constitución, que indica “Es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”, y castiga igualmente las pruebas que se deriven de las excluidas.

Así las cosas, es claro que se debe excluir cualquier clase de prueba, bien sea directa o derivada, que haya sido obtenida con violación de las garantías procesales y los derechos fundamentales.

La regla de exclusión es aplicable tanto a las pruebas ilegales como a las ilícitas, sobre cuya diferencia se hará el análisis pertinente posteriormente. Las ilegales deben ser excluidas y basta con no ser tenidas en cuenta dentro de los juicios de valor que sustenten la decisión final, mientras las ilícitas tienen una connotación diferente según lo preceptuado por la Corte Corte Constitucional en la reiterada Sentencia C-591 de 2005, que ha dicho:



(...) cuando el juez de conocimiento se encuentra en el juicio con una prueba ilícita, debe en consecuencia proceder a su exclusión. Pero, deberá siempre declarar la nulidad del proceso y excluir la prueba ilícita y sus derivadas, cuando quiera que dicha prueba ha sido obtenida mediante tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial. En efecto, en estos casos, por tratarse de la obtención de una prueba con violación de los derechos humanos, esta circunstancia por si sola hace que se rompa cualquier vínculo con el proceso. En otras palabras, independientemente de si la prueba es trascendental o necesaria, el solo hecho de que fue practicada bajo tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, es decir, mediante la perpetración de un crimen de lesa humanidad imputable a agentes del Estado, se transmite a todo el proceso un vicio insubsanable que genera la nulidad del proceso, por cuanto se han desconocido los fines del Estado en el curso de un proceso penal, cual es la realización de los derechos y garantías del individuo. Además, como queda ya comprometida la imparcialidad del juez que ha conocido del proceso, debe proceder además a remitirlo a un juez distinto.

Respecto al momento en cual se debe aplicar el principio de exclusión la Corte Constitucional en sentencia C-591 de 2005 expuso su criterio según el cual, al interpretar armónicamente el artículo 29 de la Constitución con el Acto Legislativo 03 de 2002, se infiere que la regla de exclusión puede ser aplicable durante todas las etapas del proceso, es decir, no solamente durante el juicio sino también en las etapas anteriores a él, con la posibilidad de excluir entonces, no solamente pruebas, sino también elementos materiales probatorios y evidencia física.

4. 8. Eficacia

Debe comprenderse la actividad probatoria como una fase esencial en la actuación procesal, al tiempo que ésta debe ajustarse indudablemente a los postulados del debido proceso. La finalidad es garantizar el acceso a una administración de justicia pronta y cumplida, utilizando como medio la concreción de actuaciones que permitan lograr los objetivos y fines del proceso penal. En ese sentido, el operador judicial está llamado a aprobar los acuerdos que en torno a las pruebas celebren las partes, y de esa manera evitar dilación y repeticiones injustificadas.

En virtud al principio de eficacia, las pruebas deben cumplir con su objetivo, cual es llevar al juez a una íntima convicción, más allá de toda duda razonable, del sentido en que debe fallar.

5. CONCLUSIONES

El sistema procesal penal ha sido modificado en su esencia, pasando de un sistema mixto a uno de tendencia acusatoria, a través de acto legislativo 03 de 2002 y sus posteriores desarrollos legislativos.

En el orden probatorio, el nuevo sistema procesal, trae como principal modificación el abandono del principio de permanencia de la prueba, según el cual todo lo allegado al proceso desde que éste empieza es considerado prueba y servirá de sustento para decidir sobre la responsabilidad del sujeto, y se convierte al juicio en el principal escenario del debate probatorio, adoptando lo principios de inmediación, concentración y contradicción, lo que significa que prueba solo es la que se descubre, admite, y practica en juicio –excepto la prueba anticipada-, lo que pone de manifiesto la necesidad establecer con rigurosidad procedimientos que permitan que el elemento material llegue al juicio con características de mismidad, a tal procedimiento se le denomina cadena de custodia.

Ahora, el sistema procesal penal como parte de todo el régimen jurídico colombiano se encuentra adscrito a una estructura que está definida por la nominación del Estado colombiano como Social y Democrático de Derecho, lo que significa que se da un viraje en las formas, los procedimientos, las interpretaciones, pero los principios y valores que cimientan el procedimiento siguen intactos, y ello implica que el sistema procesal tiene como primera tarea funcionar de manera dinámica y eficiente con plena observancia de los principios y derechos que la Constitución Política consagra.

En este sentido, se tiene que decir que la observancia plena de los principios, derechos y garantías es aspecto fundamental en el desarrollo del proceso, porque de ello depende, en gran medida, el éxito del mismo. Es por ello que los diferentes agentes del Estado que participan del proceso penal, deben tener claridad respecto a la importancia de observar, acatar y proteger de manera plena los principios, formalidades y derechos que, como se ha dicho, están inmersos de manera esencial en el desarrollo del proceso penal.

La importancia de observar plenamente los principios y derechos inmersos en el proceso está en que ello tiene una incidencia directa y relevante en el proceso, de manera particular y específica en el orden probatorio, lo que per se significa que su inaplicación, inobservancia, limitación injustificada, vulneración expresa, tendrán consecuencias directas sobre el devenir del proceso y los resultados del mismo.

Finalmente, se establece que el sistema procesal penal al pasar a ser de tendencia acusatoria, adopta como característica preponderante la oralidad, lo que tiene como consecuencia que en la audiencia de juicio toda prueba deba ser presentada a través de un testigo, es decir, aunque la ley contempla diferentes medios de conocimiento, al final el más importante es el testimonio porque es a través de éste que se introducen los demás medios de conocimiento. Así las cosas, los documentos, los informes, las evidencias deben ser presentados en juicio a través del testimonio de quien los elaboró, dictaminó u obtuvo, para así también dar paso a la concreción de uno de los principios característicos del sistema, cual es la contradicción, que de manera específica se concreta en el juicio a través de la práctica de contrainterrogatorios, es decir, la posibilidad que tiene la parte de controvertir el dicho del testigo de la contraparte y de esa manera menguar su credibilidad y los efectos del medio de conocimiento sobre la decisión del juez.

Así las cosas, nos encontramos ante un nuevo sistema procesal penal, que por su novedad en sí misma trae nuevos retos, preguntas, expectativas, en nuestro caso hemos tratado de dilucidar el esquema del régimen probatorio y dar respuestas concretas a problemas particulares que se han presentado en la práctica judicial en torno a un concepto trascendental en el proceso penal, cual es, el de “Prueba”.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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MAIER, J. (2002). Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores del puerto.

Maier, J., Ambos, K. y Woischnik, J. (2000) Las Reformas Procesales Penales en América Latina. Argentina: Konrad –Adenauer- Stiftung, Ad Hoc, Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional.

Schunemann, B. (2002). Temas Actuales y permanentes del Derecho Penal después del milenio. España: En temas.

índice normativo y jurisprudencial

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Constitución Política de Colombia. 20 de julio de 1991.

Corte Constitucional. Sentencia C-591 de 2005. (Magistrado Ponente Clara Inés Vargas Hernández;  9 de junio de 2005)
Corte Constitucional. Sentencia C-830 de 2002. (Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería; 8 de octubre de 2002).

Corte Constitucional. Sentencia T-1012 de 1999. (Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra; 10 de diciembre de 1992)



Corte Suprema de Justicia. Rad. 24468. (Magistrado Ponente Edgar Lombana Trujillo; 30 de Marzo de 2006).


1 Estudiante, Universidad Santo Tomas de Aquino – seccional Tunja, adscrita al semillero de investigación jurídica “Francisco de Vitoria” bajo la dirección del Doctor Eyder Bolívar Mojica.

2 Artículo 321. Principio de oportunidad y política criminal. La aplicación del principio de oportunidad deberá hacerse con sujeción a la política criminal del Estado.

3 Caben bajo éste presupuesto los delitos contra el patrimonio económico que hayan causado un daño escaso sin ninguna causal de agravante.

4 En lugar de eliminar la sanción penal, se sustituye por unas condiciones o mandatos que cumplidas producen el archivo definitivo del caso.

5 Estudiante, Universidad Santo Tomas de Aquino – seccional Tunja, adscrita al semillero de investigación jurídica “Francisco de Vitoria” bajo la dirección del Doctor Eyder Bolívar Mojica.

6 La delimitación del concepto de elemento material probatorio o evidencia física estará orientada a establecer en estricto sentido que elementos u objetos comprende esta categoría y cuales no están comprendidos en ella. En la Ley 906 de 2004 no define expresamente lo que ha de entenderse por estos, pero en su Art. 275 se encuentra una relación, no taxativa, de lo que puede entenderse por EMP y EF: I) Lo que se ha dejado, los medios utilizados, los efectos provenientes de “la ejecución de la actividad delictiva”, lo que sea descubierto, recogido y asegurado en desarrollo de la diligencia investigativa. En la jurisprudencia también se hace mención de algunos objetos que pueden ser catalogados como EMP y/o EF, ante esto la Corte Suprema de Justicia, concluye que los EMP son objetos con carácter probatorio, que se convertirán en prueba cuando sean discutidos y controvertidos en juicio, con inmediación del juez de conocimiento. En conclusión y teniendo en cuenta la norma y la jurisprudencia puede decirse entonces que EMP o EF será entonces toda cosa u objeto que directa o indirectamente pueda aportar información acerca de uno o varios aspectos estructurales del delito o de la identidad del acusado, es decir, la cosa u objeto que por si solo tenga la cualidad demostrativa o probatoria de las circunstancias en que ocurrió un delito. Esto constituye la fuente primaria de la información que le es aportada al juez, que no proviene de un testigo o de un elemento, con excepción de lo referente al testigo de acreditación o a los testigos peritos que lo analizan.

7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicación No. 35173, 09 de Marzo de 2011, M.P.: González de Lemos, María del Rosario.

8 Jeramon, (2012) Procedimiento penal Colombiano. Recuperado de http://procedimientopenalcolombiano.blogspot.com/2009/12/art254-aplicacion-de-la-cadena-de.html.

9 Colombia, Consejo Nacional de Policía Judicial (2005), Manual Único de Policía Judicial.

10 Anónimo, Cadena de Custodia

11 Bonesforum (2009, julio 15). Recuperado de http://bonesforum.blogspot.com/2009/07/cadena-de-custodia.html

12 En el Manual Único de Policía Judicial del Consejo Nacional de Policía Judicial, en su capitulo 6, establece que la Cadena de Custodia es un sistema documentado que se aplica a los E.M.P y E.F por las personas responsables del manejo de los mismos, desde el momento en que se encuentran o aportan a la investigación hasta su disposición final, lo que permite no solo garantizar su autenticidad, sino demostrar que se han aplicado procedimientos estandarizados para asegurar las condiciones de identidad, integridad, preservación, seguridad, continuidad y registro.

13 Es una organización de referencia técnico científica que dirige y controla el sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia. Prestan el servicio forense a la comunidad y a la administración de Justicia sustentados en la investigación científica y la idoneidad del talento humano en un marco de calidad, imparcialidad, competitividad y respeto por la dignidad humana.

14 Ver Código de Procedimiento Penal, Ley 600 del 2000, Art. 288: Cadena de Custodia.

15 Ver Resolución 1890 de 2012.

16 Ver Resolución 0-2869 de 2003.

17 La jurisprudencia constitucional considera la Policía Judicial “como el conjunto de autoridades que colaboran con los funcionarios judiciales en la investigación de los delitos y en la captura de los delincuentes”, siendo “una denominación que se emplea para aludir a las fuerzas de policía en cuanto dirigen su actividad para preparar la función represiva de los funcionarios judiciales (fiscales y jueces de la República)”. Corte Constitucional, Sentencia 789 del 2006, 20 de Septiembre de 2006, M.P.: Pinilla Pinilla, Nilson.

18 Es aquel sistema de persecución penal en el cual se encuentran separadas las funciones de Investigación, Acusación y Resolución de un hecho ilícito, asegurando con aquello la imparcialidad, independencia, igualdad y legalidad del actuar punitivo del estado.

19 Copyright (2008). Cadena de Custodia. Todos los Derechos Reservados. Recuperado de http://cadenadecustodia.com/historia.html.

20 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicación No. 30598, 19 de Febrero de 2009, M.P.: González de Lemos, María del Rosario.

21 Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, Auto de Segunda Instancia, 20 de Noviembre de 2008, M.P.: Poveda Perdomo, Alberto.

22 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicación No. 35173, 09 de Marzo de 2011, M.P.: González de Lemos, María del Rosario.


23 Universidad Santo Tomas de Aquino, Tunja, Lemus Soler, Diana Julieth. Estudiante de VII semestre de Derecho. dianalemus@hotmail.com

24 Tribunal Superior de Bogota, Sala Penal, Auto de Segunda Instancia, 20 de Noviembre de 2008, M.P.: Poveda Perdomo, Alberto.

25 Tribunal Superior de Bogota, Sala Penal, Auto de Segunda Instancia, 20 de Noviembre de 2008, M.P.: Poveda Perdomo, Alberto.

26 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Auto 37943, Febrero 15 del 2012, M.P: Espinosa, Sigifredo.

27 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Auto 37943, Febrero 15 del 2012, M.P: Espinosa, Sigifredo.

28 Estudiante, Universidad Santo Tomas de Aquino – seccional Tunja, adscrita al semillero de investigación jurídica “Francisco de Vitoria” bajo la dirección del Doctor Eyder Bolívar Mojica.

29 Decreto 2737 de 1989, Arts. 163 y Ss.

30 NUEVO CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. ANTECEDENTES, ANÁLISIS Y TRÁMITE LEGISLATIVO. 1-(p. 191). Colombia: Universidad Colegio Mayor de nuestra Señora del Rosario, Facultad de Jurisprudencia.

31 Análisis de los antecedentes legislativos del nuevo Código de Infancia y Adolescencia. (2007). Observatorio Legislativo y de Opinión. Recuperado de la base de datosV/Lex.

32 NUEVO CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. ANTECEDENTES, ANÁLISIS Y TRÁMITE LEGISLATIVO. Colombia: Universidad Colegio Mayor de nuestra Señora del Rosario, Facultad de Jurisprudencia.

33García Méndez, Emilio (2004). Capitulo I. Adolescentes y responsabilidad penal: el debate político-jurídico. Infancia y democracia en la Argentina: La cuestión de la responsabilidad penal de los adolescentes.

34 NUEVO CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. ANTECEDENTES, ANÁLISIS Y TRÁMITE LEGISLATIVO. Colombia: Universidad Colegio Mayor de nuestra Señora del Rosario, Facultad de Jurisprudencia

35 Carlos Ignacio Arboleda, María Carolina Baquero, María Paulina Domínguez. (2010). La Inimputabilidad del Menor en el Sistema Penal Colombiano. (Investigación realizada en la cátedra de Derecho Penal General II). Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Colombia. Recuperado de http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/univ_est/documents/7Laimputabilidad.pdf

36 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de febrero 24 de 2010, MP. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ.

37 Pedro Alfonso Pabón P. (2007). Comentarios al nuevo sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Pág. 33.

38 Ley 1098 de 2006. Artículo 140.

39 Gilma Jiménez. Comparación Ley 1098 y propuesta de modificación. Recuperado de: http://www.gilmajimenez.com/content/comparaci%C3%B3n-ley-1098-y-propuesta-de-modificaci%C3%B3n

40 Carlos Ignacio Arboleda, María Carolina Baquero, María Paulina Domínguez. (2010). La Inimputabilidad del Menor en el Sistema Penal Colombiano. (Investigación realizada en la cátedra de Derecho Penal General II). Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Colombia. Recuperado de http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/univ_est/documents/7Laimputabilidad.pdf

41 Estudiante, Universidad Santo Tomas de Aquino – seccional Tunja, adscrita al semillero de investigación jurídica “Francisco de Vitoria” bajo la dirección del Doctor Eyder Bolívar Mojica.

42 Articulo 132 ley 906 de 2004 código de procedimiento penal

43 Ley 906 de 2004 código de procedimiento penal

44 Articulo 132 ley 906 de 2004 código de procedimiento penal

45 Articulo 11 ley 906 de 2004 código de procedimiento penal las víctimas tendrán derecho:c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código

46Artículo 90 de la constitución política de Colombia

47 Artículo 22 ley 599 de 2000

48 Ley 906 de 2004 definición

49 Ley 906 de 2004 En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:a) A recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno;

b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor;

c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código;

d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas;

e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código, información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas;

f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto;

g) A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los recursos a ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar;

h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el interés de la justicia lo exigiere, por un abogado que podrá ser designado de oficio;

i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la ley;

j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos.




50 Sentencia de la corte suprema de justicia sala de casación penal del 18 de octubre de 2004 proceso numero 18911 magistrado ponente doctor MAURO SOLARTE PORTILLA

51 Sentencia de la corte suprema de justicia sala de casación penal del 16 de marzo de 2009 proceso numero 29089 magistrado ponente doctor JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

52 Sentencia de la corte suprema de justicia sala de casación penal del 20 de mayo de 2009 proceso numero 31654 magistrados ponentes doctores MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ DE LEMOS Y AGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN

53 Sentencia de la corte suprema de justicia sala de casación penal del 2 de diciembre de 2008 proceso numero 29285 magistrado ponente doctor ALFREDO GOMEZ QUINTERO

54 Artículo 13 de la constitución política de Colombia de 1991

55 Sentencia c 250 de 2012 de la corte constitucional de Colombia

56 Artículo 20 de la ley 599 de 2000

57 Artículo 132 de la ley 906 de 2004

58 Sentencia de la corte suprema de justicia sala de casación penal del 16 de marzo de 2009 proceso numero 29089 magistrado ponente doctor JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

59 Artículo 29 de la ley 599 de 2000 autor, dispositivos amplificadores del tipo penal

60 Sentencia de la corte suprema de justicia sala de casación penal del 18 de octubre de 2004 proceso numero 18911 magistrado ponente doctor MAURO SOLARTE PORTILLA

61Sentencia de la corte suprema de justicia sala de casación penal del 17 de marzo de 2009 proceso numero 30978 magistrado ponente doctor YESID RAMIREZ BASTIDAS

62 Estudiante, Universidad Santo Tomas de Aquino – seccional Tunja, adscrita al semillero de investigación jurídica “Francisco de Vitoria” bajo la dirección del Doctor Eyder Bolívar Mojica.

63 Corte Constitucional Sentencia C- 936/10

64 Estudiante, Universidad Santo Tomas de Aquino – seccional Tunja, adscrita al semillero de investigación jurídica “Francisco de Vitoria” bajo la dirección del Doctor Eyder Bolívar Mojica.

65 Véase Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-806 de 2002, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

66 El Dr. Carlos Salazar, es docente de la universidad Santo Tomás Seccional Tunja, donde entre otras, imparte la cátedra de Historia del Derecho, Escuelas del Derecho Penal y Analítica.

67 Véase “Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado Colombiano” por la Comisión Asesora de Política Criminal. En < http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Legislacion_tematica/Informe_Comisiion_Asesora_Drogas_2012.pdf >

68 La Comisión Asesora para el Diseño de una Política Criminal, fue creada por el Ministerio de Justicia mediante la resolución 0286 del año 2011, con el propósito de elaborar un informe que contenga los lineamientos de la Política Criminal.

69 Al respecto se puede consultar el documento “Observaciones de la comisión asesora para el diseño de la política criminal del estado colombiano, a la iniciativa sobre la imposición de cadena perpetua a ciertos delitos realizados contra menores”, presentado por la Comisión en julio 2011 al Ministerio del Interior y al Consejo de Política Criminal.

70 Véase el texto denominado El futuro de las cárceles: reforma penitenciaria y sistema penal colombiano, realizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho (2013), a través del Foro realizado por la revista Semana con alianza de la Universidad Libre. En .

Docente Investigador en Derecho Penal, Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas, miembro del grupo de investigaciones Socio-Jurídicas de la USTA Tunja. Corrector de estilo y par académico Revista Principia Iuris USTA. Mg. en Derechos Humanos UNLP, Mg. en Relaciones Internacionales UNLP, Esp. en Derecho Penal UBA. Artículo de investigación científica y tecnóloga. AI bolivarabogados@yahoo.com.ar.El presente artículo hace parte del proyecto de investigación “análisis jurídico del terrorismo internacional y la lucha contra el terrorismo”, que se adelanta en el Centro de Investigaciones de la Universidad Santo Tomás Seccional de Tunja, Facultad de Derecho. Grupo de Investigaciones jurídicas y socio jurídicas, vinculado a la línea de investigación “en derechos humanos, derecho penal y procesal penal”; Método: Análisis Jurídico, analítico y conceptual, tomando como fuentes directas la doctrina, la jurisprudencia y la normatividad internacional.

71 De jure belli hispanorum in bárbaros (1539).

72 El antecedente de Francisco De Vitoria: Idea del Ius Humanitas Societatis en ABRISKETA, 2004, p. 39.

73 Con el tiempo esto sería la base de los Convenios de Ginebra.

74 Según la Corte Internacional de Justicia, la ayuda humanitaria permitida durante los conflictos armados se define como “el suministro de alimentos, ropa, medicamentos y otra asistencia humanitaria, y no incluye el abastecimiento de armas, sistemas de armas, municiones, u otros equipos, vehículos, o materiales que puedan usarse para provocar lesiones graves o la muerte”. Ver. Military and paramilitary Activities in and against Nicaragua (Merits), Judgement, ICJ Rep., 1986, p. 157 y 125. Pese a que esta declaración se formuló en el marco de un conflicto armado, en principio no hay objeciones para su aplicación en caso de desastre natural. Ver. Urbina, 2009, p. 240.

75 El aumento considerable de conflictos armados en diferentes escenarios, así como los cambios que han experimentado, han contribuido de forma decisiva a la toma de conciencia y al proceder en atender las necesidades humanitarias derivadas de los mismos. Ver. Urbina, 2009, p. 240.

76 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/538/03/IMG/NR053803.pdf?OpenElement Consultada el 1 de Septiembre de 2011.

77 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/572/63/IMG/NR057263.pdf?OpenElement Consultada el 1 de Septiembre de 2011.

78 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/589/36/IMG/NR058936.pdf?OpenElementConsultada el 1 de Septiembre de 2011.

79 Ver. Military and paramilitary Activities in and against Nicaragua (Merits), Judgement, ICJ Rep., 1986, p. 157 y 125. Pese a que esta declaración se formuló en el marco de un conflicto armado, en principio no hay objeciones para su aplicación en caso de desastre natural.

Abogado de la Universidad Libre. Especialista y magíster en Derecho Penal y Criminología de la misma Universidad. Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica de la Universidad de Alcalá (España). Doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Candidato a un segundo doctorado en la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid (España). Docente y Director de la Especialización y de la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Santo Tomás – Tunja. Correo electrónico: adazaabogado@hotmail.com. A.I

 Artículo de Investigación y reflexión el cual es una producción original e inédita, resultado del proyecto de investigación finalizado “Principios del régimen probatorio en el marco del sistema procesal penal en Colombia” producto de la investigación adelantada por el autor en el Centro de Investigaciones de la Universidad Santo Tomás Seccional de Tunja, Facultad de Derecho. Grupo de Investigaciones jurídicas y socio jurídicas el cual está vinculado a la línea de investigación en derechos humanos, derecho penal y procesal penal.Método: Se utilizan métodos cualitativos de investigación, los cuales están encaminados al estudio del sistema procesal colombiano y del régimen probatorio aplicable.

80 En ese sentido se debe precisar que la primera reforma hacia el sistema acusatorio fue la realizada en Guatemala, en el año 1834 hasta 1838, en el Gobierno de Mariano Gálvez, quien adoptó los Códigos de Livingston (Sistema Penal para el Estado de Louisiana). Posteriormente bajo el impulso de Sebastián Soler y Alfredo Vélez Mariconde, se sanciona en el año 1939 y entra en vigencia para el año 1940, en la Provincia de Córdoba (Argentina) El Código de procedimiento Penal para la Provincia de Córdova, el cual recibió el desarrollo del derecho procesal europeo continental de los comienzos del Siglo XX, los códigos de procedimiento Italianos de 1913 y 1930, la Ley de Enjuiciamiento Penal de 1882, y la Ordenanza penal Alemana. Este código se convertiría en la base del Código procesal Penal Modelo para Ibero América, aprobado en las jornadas de Río de Janeiro de 1988, y seria el fundamento de las reformas latinoamericanas: Guatemala (1994), Costa Rica (1998), El Salvador (1998), Chile (2000), Argentina (1990), Venezuela (1998), Paraguay (1999), Bolivia (Promulgado 25/3/98, con período vacatio legis de 24 meses), y fundamento de los proyectos reformistas de Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Panamá, Ecuador y Perú, con excepción de Uruguay, Brasil y Colombia, que han seguido caminos propios.

81 Para ampliar el tema se puede consultar la sentencia C-591 de 2005 de la Corte Constitucional, con Magistrado Ponente Dra. Clara Inés Vargas.

82 Para ampliar el tema, se puede consultar la Sentencia C-591 de 2005 de la Corte Constitucional con Magistrado Ponente Dra. Clara Inés Vargas.

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