Como enfrentamos el nuevo derecho que nace en 1980



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Como enfrentamos el nuevo derecho que nace en 1980



por Cristian Pérez Díaz - Matías Righi

INTRODUCCIÓN


Cuando leemos “el nuevo derecho” nos invade la intriga, queremos saber de qué se trata, quien lo elaboró, como se llama, que regula, cuando se aprobó, dónde rige, desde cuando, etc.

Nuestro objetivo es revelar este nuevo derecho: El Mercantil Internacional Unificado, que encuentra su máximo exponente en la exitosa Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (o Convención de Viena de 1980).

Pero nuestro desafío es aún mayor, el de analizar “como enfrentamos” este fenómeno mundial de armonización legislativa y cuán preparados estamos para aplicarlo en nuestros ordenamientos jurídicos locales.

La Convención de Viena es, sin duda alguna, el mejor exponente en materia de Armonización Legislativa Mercantil, ya que representa una vigencia internacional significativa en la aplicación de normas de derecho uniforme para la materia mercantil, es sin duda una de las más grandes obras elaborados por la UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional).

A diferencia de otros proyectos de unificación del derecho mercantil, como por ejemplo el texto de la Conferencia de la Haya de 1964: la Ley Uniforme sobre la venta internacional de Objetos Mobiliarios Corporales (LUVI) y la llamada Ley Uniforme sobre la formación de los Contratos de Venta Internacional de Objetos Muebles Corporales (LUV), la "CISG" a sido consentida por países de múltiples tradiciones jurídicas, como lo son las de legislaciones codificadoras de corte civil romanista, el common law y el derecho islámico, pero debemos destacar que no sólo cruzó fronteras jurídicas sino que también logró unificar economías de dos polos opuestos como son las economías socialistas y las economías de un acendrado capitalismo liberal.

Debemos decir que este proyecto superó las expectativas propuestas por quienes crearon la CISG, ya que el resultado inmediato del tratado fue su aplicación en los estados partes transformándose en el derecho interno de compraventa internacional, por lo tanto suple el derecho doméstico de la compraventa que tenia ese país hasta el momento.

El tema se vuelve muy interesante ya que hoy Argentina como estado parte de este tratado y a partir de 1988 entra en vigencia como norma aplicable, lo que trae como consecuencia que tanto el Código Civil como también el Código de Comercio quedan sin efecto (sólo en materia de contratos comerciales internacionales).

Otro tema que es importante rescatar es la aplicación que tienen los jueces sobre las normas derivadas de la CISG. Tomando posesión de las palabras del profesor Alejandro Garro (Universidad de Columbia), en los casos en que la justicia Argentina ha tenido que aplicar sentencia no lo ha hecho con el criterio apropiado. Es importante que los jueces, los abogados y en especial nosotros los futuros abogados y hoy estudiantes del derechos nos alimentemos de todos estos tratados que tienen una gran trascendencia en el mundo y para que en el próximo milenio no nos encontremos desorientados con temas que son realmente trascendentes para la vida del derecho internacional.

En Latinoamérica todavía hay ausencias significativas en la CISG. Dentro del MERCOSUR sólo ha sido ratificada por Argentina y fuera de este ámbito también lo ha hecho Chile; en el ámbito del Pacto Andino solamente lo ha ratificado Ecuador. No es fácil precisar las razones por las cuales otros socios comerciales importantes en Latinoamérica se resisten a ratificar la Convención de Viena y cabe presumir que es el desconocimiento, más que razones puntuales de conveniencia, las que retrasan la adopción de la CISG por parte de la mayoría de los países de esta región.

No es nuestro propósito hacer un análisis exhaustivo de las ventajas técnicas jurídicas de la Convención, sino analizarla como el “nuevo derecho” al que debemos abrir nuestro conocimiento y prepararnos para recibir un derecho mercantil más armonizado.

A través de esta ponencia nos proponemos dar a conocer que es, a grandes rasgos, la CISG, para que sirve y como enfrentan nuestros jueces, abogados, profesores y estudiantes, el estudio de la unificación que representa, sin duda, el derecho del nuevo siglo.
2. ¿POR QUÉ UNIFICAR EL DERECHO COMERCIAL?


    1. Antecedentes y esfuerzos de unificación

Los esfuerzos pioneros de los países de América Latina en la unificación del derecho privado se remontan al siglo pasado. La fuerza inspiradora de estos esfuerzos reposaba en el optimismo universalista de las ideologías imperantes a la época, que perseguía una codificación comprensiva del derecho privado universal. En 1875, cuando los países de Europa recién comenzaban a preocuparse por la unificación del derecho privado, el gobierno peruano convocó a un grupo de juristas latinoamericanos para explorar si existían concepciones jurídicas lo suficientemente concordantes como para plasmarlas en acuerdos internacionales.

Al Congreso de Lima de 1877-78, concurrieron, además del Perú, representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba y Venezuela. La idea de emprender la unificación del derecho sustantivo interno de los países participantes fue pronto dejada de lado. La labor del Congreso de Lima se concentró en concluir un tratado de extradición y otro de derecho internacional privado. Este tratado constaba de 60 artículos divididos en 8 capítulos, incluyendo reglas sobre conflictos de leyes en materia de estado y capacidad civil, matrimonio, sucesiones, y mecanismos de cooperación en materia de competencia internacional y ejecución de sentencias extranjeras. La guerra del Pacífico que se desató en 1879 y discrepancias respecto a algunas de sus disposiciones impidieron que el Tratado de Lima entrara en vigor al ser ratificado solamente por el país anfitrión.

El paso siguiente más significativo dentro de este proceso de codificación latinoamericana fue el Primer Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado de Montevideo, que tuvo lugar en 1889. En este congreso se adoptó el primer grupo de nueve tratados multilaterales sobre derecho internacional privado que entró en vigor en el mundo. Los tratados de Montevideo de 1889 sólo fueron ratificados por Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. Los tratados de mayor aplicación han sido los de Derecho civil, procesal y comercial internacional, pero su praxis jurisprudencial ha sido bastante escasa en proporción a los años que han transcurrido desde que entraron en vigor. Los nueve tratados de Montevideo de 1889 fueron revisados por el Segundo Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado de 1939-40. Empero, las modificaciones que se incorporaron a los Tratados de 1889 fueron pocas y sólo fueron ratificadas por Argentina, Paraguay y Uruguay.

Sin duda que el esfuerzo unificador más comprensivo y de mayor alcance territorial en América Latina está representado por el Código de Derecho Internacional Privado o Código Bustamante, aprobado en la Sexta Conferencia Panamericana que tuvo lugar en La Habana en 1928. El Código Bustamante fue suscripto por 20 países y ratificado por 15 de ellos. Sin embargo, la apariencia de uniformidad que transmite a primera vista su extenso articulado se desvanece cuando se reparara en las concesiones excesivas al derecho local y en la cantidad y amplitud de las reservas de que fue objeto.

El Código Bustamante no fue ratificado por Argentina, Colombia, México, Paraguay y Uruguay; cinco países (Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador y El Salvador) lo ratificaron con reservas indeterminadas, esto es, subordinando la aplicación del Código a la legislación interna; y otros cuatro países (Brasil, Haití, República Dominicana y Venezuela) ratificaron el Código Bustamante haciendo reserva de algunos de sus artículos. Además, al disponer su artículo 7 que por "ley personal" se entiende la del domicilio o la de la nacionalidad, o la que haya adoptado o adopte en adelante la legislación interna del Estado interesado, la unificación del criterio de ley aplicable sólo se hubiera logrado en caso de un acuerdo generalizado acerca de la ley del domicilio o la de la nacionalidad. Esto no ocurrió, privando al Código Bustamante de su gran potencial unificador.

El paso siguiente de mayor significación en este largo proceso de unificación se produce con la incorporación protagónica de la Organización de Estados Americanos. Al establecer las bases institucionales de la O.E.A., la Carta de Bogotá aprobada en 1948 dispuso la creación de un Consejo Interamericano de Jurisconsultos, cuya misión incluía la de fomentar, en la medida de lo posible, la uniformidad de las legislaciones americanas. Durante la Tercera Conferencia Interamericana que tuvo lugar en Buenos Aires en 1967, la competencia del Consejo fue transferida a otro organismo, el Comité Jurídico Interamericano ("C.J.I.").

El artículo 105 de la Carta de la O.E.A. asigna al C.J.I. la misión de "promover el desarrollo progresivo y codificación del derecho internacional y estudiar los problemas jurídicos referentes a los países en desarrollo del Continente y la posibilidad de uniformar sus legislaciones en cuanto parezca conveniente." Por su parte, el artículo 3 del Estatuto del C.J.I. establece que uno de los fines de dicho organismo es el de "promover el desarrollo progresivo y la codificación del Derecho Internacional." Entra en escena a partir de entonces el C.J.I., protagonista contemporáneo de los esfuerzos de unificación y armonización del derecho privado en América Latina.

Durante los años 50, los esfuerzos de los organismos técnicos de la O.E.A. se orientaron a explorar la posibilidad de armonizar los criterios de selección del derecho aplicable adoptados por el Código Bustamante con aquellos incorporados en los Tratados Sudamericanos de Derecho Internacional Privado y el "Restatement of the Law of Conflicts of Laws" preparado por el "American Law Institute". Estos intentos no fructificaron y el C.J.I. debió luchar durante los años siguientes contra la inercia de los gobiernos para que cooperaran en forma activa en los esfuerzos de codificación del derecho internacional privado.

Durante la segunda mitad de la década del 60, el C.J.I. comenzó a considerar la posibilidad de orientar sus esfuerzos en forma gradual y progresiva. La idea era la de elaborar y ponerse de acuerdo en instrumentos enfocados en los aspectos medulares de las relaciones comerciales interamericanas, incluyendo temas diversos del derecho procesal y comercial internacional. Es así como en 1971 la Asamblea General de la O.E.A. decidió convocar la Primera Conferencia Interamericana Especializada en Derecho Internacional Privado (CIDIP-I), que se realizó en la ciudad de Panamá del 14 al 30 de enero de 1975. A partir de entonces, las CIDIPs se han venido realizando aproximadamente cada cinco años. En cada una de las materias que han integrado los temarios de las CIDIPs, el C.J.I. ha preparado un informe y un proyecto de convención que ha servido como herramienta inicial de trabajo.

Las CIDIPs y la nueva generación de convenciones interamericanas reafirman la tradición regionalista y codificadora del derecho internacional privado latinoamericano, pero bajo un nuevo rumbo más sectorializado y progresivo que el perseguido a comienzos de siglo. Hasta la fecha se han suscrito 21 convenciones interamericanas, todas ellas basadas en proyectos elaborados por el C.J.I., posteriormente discutidas y aprobadas en el seno de cuatro conferencias especializadas: CIDIP-I (Panamá, 1975), CIDIP-II (Montevideo, 1979), CIDIP-III (La Paz, 1984) y CIDIP-IV (Montevideo, 1989). Estas convenciones interamericanas sobre temas específicos han ido sustituyendo paulatinamente las disposiciones sobre la misma materia incorporadas al Código Bustamante y a los Tratados de Montevideo


    1. Los antecedentes más recientes a la Convención de 1980.

Los instrumentos interamericanos elaborados en el seno de las cuatro CIDIPs se han orientado fundamentalmente a los conflictos de leyes y a facilitar la resolución de conflictos mediante el arbitraje y la cooperación judicial, sin incursionar mayormente en el derecho sustantivo. En este campo, los mayores esfuerzos en lo que se refiere a negocios jurídicos de carácter internacional, se vienen llevando a cabo desde hace unos años por otros organismos. Así, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional ("UNCITRAL" o CNUDMI) cuenta con una representación permanente de seis países de América Latina. La República de México, representada por el profesor Jorge Barrera Graf, fue uno de los países que participó en forma más activa en el grupo de trabajo encargado de elaborar la Convención de Viena de 1980 sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, que a mediados de 1992 ya ha obtenido la ratificación de cuatro países de América Latina.

Paralelamente a las tareas que desarrolla UNCITRAL, el Instituto para la Unificación del Derecho Privado con sede en Roma, UNIDROIT, contaba en 1990 con la adhesión de diez países latinoamericanos. Recientemente, UNIDROIT ha orientado sus esfuerzos de unificación algunas áreas específicas de alto significado patrimonial e internacional, como el factoraje ("factoring") y el arrendamiento financiero ("leasing") internacional adoptadas en Ottawa el 28 de mayo de 1988. Cabe destacar que diversos representantes de los Estados miembros de la O.E.A. estuvieron representados en la conferencia diplomática donde se adoptaron estas convenciones preparadas bajo el auspicio de UNDIROIT, y cuya ratificación por parte de los Estados miembros de la O.E.A. fue recomendada por la CIDIP-IV. En la actualidad, la labor de este organismo se concentra en la finalización de un proyecto de "Principios Aplicables a los Contratos Comerciales Internacionales" que apunta a codificar esta emergente lex mercatoria de los contratos internacionales que podría complementar, por voluntad de las partes contratantes, convenciones internacionales como la de compraventa internacional de mercaderías. Es evidente que la participación activa de los países de América Latina en estos foros internacionales contribuirá a incorporar a los países de la región al comercio internacional. Hay un tercer organismo internacional encargado de la unificación del derecho privado cuya labor ha sido seguida muy de cerca por el C.J.I. de la O.E.A. Me refiero a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

La Conferencia de Derecho Internacional Privado fue establecida en La Haya en 1893, aunque su estructura como organismo intergubernamental se remonta a 1955. Los primeros trabajos de La Haya se iniciaron con una gran incertidumbre respecto al método de codificación a seguir, de allí que no debería sorprender a los juristas europeos que los proyectos de la O.E.A. en lo que se refiere a la unificación del derecho privado todavía cuenten con cierto grado de indefinición. El escaso resultado práctico de las primeras conferencias concluyó con el abandono de proyectos de codificación de conjunto similares a aquellos emprendidos en América Latina durante fines del siglo pasado y comienzos del presente. El programa actual de la Conferencia de La Haya contempla fundamentalmente, al igual que el programa de las CIDIPs, la codificación parcial y gradual del derecho internacional privado y el establecimiento de mecanismos de cooperación judicial internacional.

No se ha podido determinar con certeza que los esfuerzos pioneros de los países latinoamericanos hayan ejercido una influencia significativa en la labor emprendida por la Conferencia de La Haya. Tampoco parece haber existido una tarea de coordinación entre los esfuerzos realizados por la Conferencia de La Haya y la Unión Panamericana, a punto tal de afirmarse que ambas instituciones, a pesar de estar embarcadas en una tarea común, se ignoraron mutuamente. Así, ningún Estado americano participó de las conferencias de La Haya ni antes ni después de la Guerra Mundial. La incorporación de un puñado de países de América Latina se produjo después de la segunda guerra, y recién en 1964 los Estados Unidos, que se había mantenido distante de todo proceso de unificación tanto en el seno de la Unión Panamericana como de la Conferencia de La Haya, cambió su actitud y decidió asociarse a la Conferencia de La Haya.

Aunque la Conferencia de La Haya se perfiló originalmente como una institución típicamente europea, durante los últimos años este organismo ha ampliado significativamente su composición, que hoy en día rebasa ampliamente los confines del continente europeo. Cuatro países de América Latina se han adherido a la Conferencia de La Haya (Argentina, Chile, México y Venezuela), y uno de ellos, la República Argentina, ha ratificado cuatro convenciones multilaterales elaboradas por la Conferencia de La Haya. Dada la vocación ecuménica de la Conferencia de La Haya durante estos últimos años, es posible que en el futuro otros países de América Latina se vayan incorporando paulatinamente a este organismo. Esta posibilidad requeriría una participación más activa por parte de los países latinoamericanos en la elaboración de los textos aprobados en La Haya, tema al cual me referiré más adelante.

Fuera de los aspectos políticos o diplomáticos, la participación activa de los países de América Latina en la Conferencia de La Haya se encuentra facilitada por el objetivo común que persiguen los países europeos y latinoamericanos de limar asperezas entre las diversas legislaciones internas y, además, la tarea también común de armonizar las perspectivas de las culturas jurídicas anglosajona y romano-germánica. Esta identidad de esfuerzos se refleja, por ejemplo, en materia de materia de cooperación judicial internacional. Un análisis de algunas diferencias entre los textos adoptados por la CIDIP y por la Conferencia de La Haya en materia de cartas rogatorias o exhortos para la notificación de actos judiciales y extrajudiciales en el extranjero y en materia de obtención y recepción de pruebas en el extranjero sugiere que los mecanismos establecidos en ambos documentos pudieron haber sido objeto de un solo tratado que agrupara al continente europeo y americano.


    1. Abstención de los esfuerzos de unificación latinoamericanos del campo del derecho mercantil sustantivo

En lo que respecta al panorama que presenta el derecho privado sustantivo latinoamericano a los efectos de su eventual armonización y unificación, cabe destacar en primer lugar que, sin perjuicio de la inevitable disparidad de las legislaciones internas en aspectos de detalle, la identidad de cultura jurídica de los países latinoamericanos constituye una base firme de armonización regional. En segundo lugar, como se señaló anteriormente, los instrumentos interamericanos elaborados por las cuatro CIDIPs se han concentrado en el derecho conflictual y cooperación judicial, sin incursionar en temas de derecho uniforme sustantivo. A juzgar por la postura adoptada por el C.J.I. en materia de compraventa internacional de mercaderías en sucesivas oportunidades, los países de América Latina no desean incursionar en la unificación del derecho mercantil sustantivo.

La aparente aceptación de los países de la región del texto de la Convención de Viena 1980 sobre venta internacional de mercaderías preparada por UNCITRAL, como así también la compatibilidad de las legislaciones internas latinoamericanas con los principios aplicables a los contratos comerciales internacionales que se encuentra elaborando UNIDROIT, permite augurar una paulatina integración de los países latinoamericanos a los esfuerzos de unificación universal que lleva a cabo UNIDROIT y UNCITRAL. Sin embargo, a juzgar por el proyecto de temario de la próxima CIDIP-V, pareciera que en materia de normas de derecho internacional privado la tendencia continuará siendo la regionalización. Insisto que, a mi modo de ver, este camino separado sólo se justifica en la medida en que existan diferencias genuinas, y no creo que éstas sean estructuralmente importantes con relación a la contratación internacional en su aspecto sustantivo.

Las tendencias hacia la armonización y uniformidad del derecho sustantivo latinoamericano se reflejan en una prolífica elaboración doctrinaria de "leyes tipo" o "códigos modelo" adoptadas en congresos, jornadas y simposios. A pesar de su contribución eventual como fuentes de reforma legislativa, en la mayoría de los casos estos anteproyectos y proyectos "tipo" o "modelo" no se han concretado en derecho positivo uniforme. Así, existen desde hace un tiempo una serie de proyectos de unificación en temas tan diversos como leyes "tipo" en materia de organización del ministerio público fiscal y arbitraje, como así también un buen número de códigos "tipo" latinoamericanos en materia de derecho tributario, penal, aeronáutico y procesal civil. Cabe presumir, sin embargo, que en materias tan diversas el camino de la armonización por vía legislativa o mediante la ratificación o adhesión de tratados internacionales que incorporen un texto uniforme enfrenta una serie de obstáculos que no se encuentran en un área más homogénea como la de la contratación internacional. De allí que sea necesario hechar un vistazo a la homogeneidad jurídica latinoamericana en materia de obligaciones y contratos, para después especular acerca de las posibilidades de su integración al derecho mercantil internacional.




    1. ¿Debemos integrarnos a la unificación del Derecho Privado?

Dado el alto grado de homogeneidad que presenta el derecho privado latinoamericano y la factibilidad de su asimilación a un marco jurídico armonizado en materia de contratación internacional, ¿porqué los países de América Latina no han participado más activamente en los esfuerzos de unificación del derecho privado que han emprendido organizaciones internacionales? ¿Porqué razón los numerosos proyectos de leyes y códigos "tipo" o "modelo" no han fructificado en un derecho positivo único para todos los países de la región? Una aproximación a este interrogante requiere un análisis de las realidades de tipo jurídico-cultural, político y económico que enmarcan los esfuerzos de unificación legislativa en los países latinoamericanos. Esta apreciación de sus limitaciones permite una mayor comprensión de lo que se ha logrado hasta el momento y de las perspectivas futuras de la incorporación latinoamericana a los esfuerzos de unificación del derecho privado.

La desintegración política de las nacientes repúblicas latinoamericanas y la falta de una sólida integración económica explica en gran medida porqué han fracasado muchos intentos de adoptar un derecho privado uniforme, a pesar de las tradiciones y fuentes comunes que facilitarían esta labor. Debe tenerse en cuenta, asimismo, otros factores atribuíbles en gran medida al subdesarrollo económico. Estas dificultades se traducen en carencias en lo que se refiere a medios de comunicación y transporte que conspiran contra un mayor acercamiento entre los ordenamientos jurídicos latinoamericanos. Esto se refleja también en un aislamiento informativo y hasta mental. A pesar de que, desde la perspectiva de Estados Unidos y Europa, América Latina suele ser enfocada como una unidad, el nivel de información de los juristas latinoamericanos acerca de los ordenamientos jurídicos y prácticas judiciales de sus países vecinos es relativamente escaso. Es moneda corriente que un jurista de América Latina tenga mayor familiaridad con la doctrina francesa, alemana, italiana o norteamericana sobre un determinado tema que con lo que se haya escrito sobre esa misma institución en otro país de América Latina.

Esta falta de acercamiento jurídico entre los sistemas latinoamericanos responde, en gran medida, a limitaciones económicas que desembocan en una escasa circulación de información. Esta situación también es reflejo del enfoque tradicional de la literatura jurídica latinoamericana, que suele reflejar las corrientes de opinión influyentes en una Europa decimonónica más que en las realidades político y económicas contemporáneas de América Latina. Así como muchas veces se adopta legislación por su mérito "intrínsecamente científico", sin tomar en cuenta la factibilidad de su aplicación práctica o los costos y beneficios de su ejecución, también su interpretarse como derecho vigente posturas doctrinarias enunciadas en algún tratado que van a contrapelo de lo que las autoridades de aplicación y los tribunales deciden diariamente. Por supuesto que hay excepciones y que estos problemas no son exclusivos de la región latinoamericana, pero creo que estas generalidades no dejan de ser relevantes para una apreciación de conjunto de una cultura jurídica todavía prevaleciente.




    1. Conclusión: sobre la unificación del Derecho comercial y en especial sobre los Contratos Comerciales Internacionales.

En lo que se refiere al amplio campo de la contratación comercial, como así también en el campo de la resolución de conflictos, la opción más conveniente para América Latina, en nuestra opinión, es la de incrementar su participación en aquellos foros internacionales encargados de la elaboración de acuerdos internacionales, participación que, dicho sea de paso, no ha sido del todo adecuada en el pasado. La otra alternativa es la de quedar rezagados del proceso de integración jurídica en marcha. Una tercera opción, todavía menos apetecible, es la de tener que someterse a una ley y una jurisdicción extranjera en ausencia de una ley uniforme. Esta hipótesis suele ser enfrentada con frecuencia por la parte latinoamericana, en la medida en que la capacidad negociadora de los países en desarrollo no suele ser la más ventajosa para imponer su propia ley y sus propios tribunales.

La creciente interdependencia económica y la globalización de la economía ha llevado a la mayoría de los gobiernos constitucionales a implementar programas de creciente liberalización de la economía y a una aceleración de los procesos de creación de áreas de libre comercio. Este fenómeno es acompañado de un paulatino abandono de la postura tradicionalmente reticente y desconfiada hacia el comercio internacional protagonizado por las grandes multinacionales, cuya conducta puede desempeñarse dentro de un marco jurídico que permita controlar el abuso y la rapacidad, pero al mismo tiempo otorgue las garantías necesarias para obtener un margen razonable de rentabilidad y seguridad jurídica. Sobre estas bases puede afirmarse que existe un creciente interés por parte de América Latina por incorporarse a los procesos de integración jurídica en marcha y que la era de las quisquillosidades surgidas de una malentendida noción de soberanía ha sido superada en favor de una aproximación más pragmática acerca del rol que juegan los países de América Latina en el comercio internacional.

La decisión de optar entre la armonización regional o internacional de un campo determinado del Derecho no debe estar influenciada por la retórica de los discursos políticos, sino por la conveniencia de integrarse a una economía cada día más interdependiente. Esta apertura no implica por cierto renunciar al derecho y el deber de verificar en cada caso la compatibilidad entre las normas a ser adoptadas y los intereses de los países de la región. Pero esta compatibilidad sólo puede calibrarse mediante un análisis serio y detenido de los textos jurídicos propuestos como base de armonización y unificación y de una apreciación analítica de los intereses que se intentan proteger y las alternativas viables en cada caso particular.

El nivel de intercambio comercial de la mayoría de los países de América Latina con los Estados Unidos y con los países de la Comunidad Europea señala la conveniencia de orientar los esfuerzos de unificación del derecho privado dentro de un contexto universal. En vista de la similitud de contenido de un buen número de convenciones interamericanas con las adoptadas por la Conferencia de La Haya, cabe preguntarse hasta qué punto se justifica la duplicación de la costosa y difícil tarea de unificación del derecho internacional privado y la cooperación judicial internacional que llevan a cabo ambos organismos. La misma pregunta cabe plantearse en lo que se refiere a la necesidad de uniformar criterios de selección de ley aplicable en materia de contratación internacional.

El Comité Jurídico Interamericano de la O.E.A. deberá continuar jugando un rol protagónico en los esfuerzos de unificación y armonización del derecho privado americano, pero acentuando la coordinación de sus tareas con las que realizan en temas similares otros foros internacionales como la Conferencia de La Haya, UNCITRAL y UNIDROIT. Más allá de la labor de los organismos gubernamentales e intergubernamentales, continúa reposando en nosotros, los juristas del continente americano, la responsabilidad de servir en forma efectiva en esta labor de acercamiento, conocimiento recíproco y unificación.




  1. FORMAS JURÍDICAS DE LA UNIFICACIÓN LEGISLATIVA 1

Esencialmente, el proceso de unificación del Derecho -en particular, del mercantil- discurre en la actualidad por dos cauces diferentes:



  1. La integración en organizaciones supranacionales, como la Unión Europea o nuestro Mercosur, esta forma encuentra sus límites físicos y conceptuales, en la proximidad geográfica que normalmente une a los Estados de una misma área territorial, y en la noción de la soberanía nacional, a la que, en parte, se renuncia a favor del ente supranacional, en aras del fin común perseguido.

  2. y la labor de armonización -que puede ser legislativa o no- promovida y desarrollada por Estados, organismos internacionales (públicos o privados) y los propios particulares. Este sistema, en el que centraremos nuestro estudio, no encuentra tantos obstáculos, pues no se ve limitado a fronteras de un ámbito regional y apunta a una aplicación más universal. Los métodos más utilizados en cuanto a la unificación son:




    1. Leyes Uniformes

Este sistema implica una regulación material unitaria, donde la ley uniforme se incorpora al ordenamiento jurídico interno de los Estados. La inflexibilidad que presenta para adecuar lo uniforme a las peculiaridades jurídicas nacionales, junto con la necesaria renuncia al ejercicio soberano de legislar, parecen haber sido los factores fundamentales de su escasa difusión y aceptación por la comunidad internacional.




    1. Leyes Modelo

Es un mecanismo indirecto para lograr la uniformidad legislativa. Aunque se denominen Leyes, carecen de valor normativo y sólo persiguen servir como modelo o ejemplo al legislador nacional, que cuenta con la posibilidad de corregirlas, adaptarlas o simplemente inspirarse en ellas.

Su elaboración es llevada a cabo por juristas de todo el mundo, que redactan un modelo, para ser sugerido a los países, quienes toman sus características para elaborar su propia ley.

Cabe destacar que el sistema propuesto presenta gran capacidad para adaptarse a los distintos derechos nacionales, -dado su paso por las respectivas legislaturas locales- pero también hay que considerar que dicha flexibilidad pone en discusión su capacidad como instrumento unificador, dado que ahora dependerá no solo, del número de Estados que la adopten, sino también del grado de fidelidad con que la adapten a su derecho interno.

Su eficacia como técnica legislativa también depende -en gran medida- del prestigio del organismo que la elabora; ya que el legislador la adaptará más fielmente al modelo, mientras más reconocida sea su fuente



    1. Otros métodos

Cuando la unificación legislativa, convencional, no logra vencer por sobre las divisiones jurídicas internacionales, aparecen otras técnicas más graduales para llegar a la unificación -podríamos hablar de armonización doctrinal-; entre las que podríamos citar a: las Cláusulas tipo o Contratos modelo, las Recomendaciones para la elaboración de leyes, la redacción de Reglamentos y de las Guías Jurídicas.

Las Guías Jurídicas son textos esencialmente didácticos, básicamente expositivos de las principales cuestiones que afectan a una determinada materia. Sus destinatarios pueden ser tanto los legisladores nacionales como los propios particulares, que encontrarán el ellas la sistematización, orientación y recomendaciones de determinado tema jurídico, a menudo incluyen modelos de cláusulas contractuales que facilitan su aplicación.

La complejidad de las materias que aborda, los límites propios de su técnica expositiva y la finalidad que persiguen convierten a estas guías en el mecanismo más débil de armonización del Derecho uniforme. Sin embargo, contribuyen eficazmente a la formación de los profesionales y los especialistas en la materia, facilitándoles un primer análisis del tema, desde una perspectiva supranacional.



    1. Convenciones

Las Convenciones o tratados internacionales componen el instrumento más conocido de unificación legislativa. Son adoptadas en conferencias diplomáticas y luego requieren la ratificación o adhesión por parte de los Estados que consideran la unificación. Esa etapa de aprobación por parte de las Legislaturas nacionales, muchas veces se convierte en un obstáculo que demora la aceptación global de una Convención; esto explica la actual inclinación hacia las Leyes Modelo, por parte de los organismos redactores.

No obstante, un ejemplo significativo, en cuanto supone un éxito indiscutible en este ámbito, es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, del 11 de abril de 1980 (o Convención de Viena de 1980), que ha recibido gran adhesión a nivel mundial.



  1. ORGANISMOS UNIFICADORES: UNCITRAL y UNIDROIT fines y labor armonizadora en el derecho Comercial Internacional.

Cabe destacar que son varios los organismos unificadores alrededor del mundo, nosotros nos vamos a limitar al análisis de los íntimamente vinculados a la Convención de Viena de 1980




    1. Introducción 2

Entre los nuevos instrumentos que vienen a configurar lo que con gran acierto se ha denominado el Derecho Uniforme del Comercio Internacional, no deja de ser llamativo el hecho de la existencia de diversas agencias formuladoras -formulating agencies-. Estas, en un primer momento, proyectan o elaboran normas; después crean todo un sistema de difusión y seguimiento de las mismas con el objetivo de facilitar el acceso de los operadores (empresarios, juristas, estudiantes, etc.) a la información que sobre la doctrina y jurisprudencia creada en torno a ese nuevo cuerpo normativo existe en diversos países.


De entre las agencias formuladoras destaca la labor de impulso, creación y promoción desarrollada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o en su acrónimo inglés UNCITRAL). Fruto de los esfuerzos de UNCITRAL es la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías de 1980. El considerable éxito obtenido por esta Convención, que se trasluce en que, bajo la égida de UNCITRAL es la que más ratificaciones ha conseguido, ha movilizado a una serie de instituciones universitarias y a diversos profesores en la tarea de dar a conocer este texto, que es un gran desconocido para muchos juristas e incluso, lo que es más grave, para muchos jueces y árbitros.

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