Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Autoconvocatoria a plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores”



Descargar 427,01 Kb.
Página9/13
Fecha de conversión11.01.2017
Tamaño427,01 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Sólo resta entonces pasar a explicarme acerca de las precisiones precedentemente anticipadas, a las que dedicaré los párrafos subsiguientes, procurando no extenderme demasiado acerca de cada uno de los tópicos involucrados.-

(3.) En primer lugar, no puedo dejar de referirme a las dificultades interpretativas que suscita el modo en que finalmente quedó redactado el temario que fijó las cuestiones sometidas a la decisión del Pleno, conforme he podido advertirlo luego de haber reflexionado un poco más profundamente sobre ese particular. Véase que, según ese cuestionario, aparecen plasmados indirectamente –como límites del temario propuesto- dos (2) condicionamientos que –a mi entender- no se hallan necesariamente involucrados en la problemática debatida en los casos que provocaron la convocatoria, y que acotan injustificadamente el ámbito de vigencia de la solución que se adopte, cuales son: (i) que la subyacencia de la relación de consumo provenga (o pueda ser inferida) de la “sola calidad de las partes” y (ii) que la aprehensión de esa realidad se haga “prescindiendo de la naturaleza cambiaria del título en ejecución”.-


Interpreto que esta delimitación de la materia “decidendi” no se compadece exactamente con el sustrato fáctico que se encuentra presente en la gran mayoría de los procesos afectados por la convocatoria que nos ocupa, en los que se advierte que la condición de consumidor no sólo aparece inferida por los jueces de la “calidad” de las partes, sino de otros aspectos -no menos relevantes- de la relación obligacional, como su objeto u otras referencias causales emergentes del propio título o de la demanda misma, en las que -con cierta frecuencia- se hace alusión a los motivos determinantes de la emisión del -o de los- título(s) cambiario(s) de cuya ejecución se trata (como puede ser, por ejemplo, el hecho de estar ante un mutuo o préstamo de consumo de índole civil, o la compra de un automóvil particular, o la de un electrodoméstico, entre muchos otros supuestos). Síguese de todo esto que el condicionamiento de circunscribir a la “sola calidad de las partes” la posibilidad de detección de un supuesto alcanzado por el art.36 LDC (luego de su reforma por la ley 26.361) reduce innecesariamente el espectro abarcado por la problemática del plenario, dejando afuera de su ámbito de aplicación a un número importante de casos en los que la presencia de una situación regida por la LDC aparece exteriorizada por circunstancias diversas de la “calidad de las partes”, como por ejemplo, el objeto de la obligación u otros antecedentes causales denunciados por el ejecutante en el escrito de demanda.-

(4.) A su vez, y con independencia del tópico abordado en el punto anterior, tampoco veo que sea necesario “prescindir de la naturaleza cambiaria del título en ejecución” para llegar a concluir que están involucrados derechos de consumidores en una determinada relación jurídica de origen cambiario. En efecto, bien puede darse el caso de que, sin prescindir de esa naturaleza y -aún asumiéndola-, igualmente cupiera hacer aplicación de las mencionadas normas de la LDC, si se tiene en cuenta que –en más de una ocasión- el carácter de “consumidor” del deudor cambiario surge del título mismo, con lo que no sólo no es necesario “prescindir” de él, sino que incluso es menester “acudir” a él –valga el juego de expresiones- para arribar a esa convicción.-


En otras palabras, la naturaleza cambiaria de la obligación que es materia de ejecución no es de por sí obstativa a la aplicación de la LDC, aún cuando es evidente que la conjunción del carácter “abstracto” del título con la prohibición ritual que la ley adjetiva establece en orden a la posibilidad de discutir la causa de la obligación en el juicio ejecutivo (CPCC:544:4), constituye una limitación ciertamente relevante para determinar si una obligación cambiaria fue –o no- constituída en el marco de una relación de “consumo” en los términos de la mencionada ley. Pero una cosa es que la abstracción cambiaria limite o acote las posibilidades de cognición causal acerca del origen del crédito con particular referencia a si proviene o no de una “relación de consumo” en los términos de la LDC y otra muy distinta es que esa abstracción impida por completo ese análisis. Corolario de todo ello es que la naturaleza cambiaria del título en ejecución no resulta “determinante” (sino solamente un mero “condicionante”) para juzgar si concurre -o no- una relación de consumo a los efectos de la LDC. Lo que en cualquier caso está claro es que -ciertamente- no la excluye y nada hay en la naturaleza del título cambiario que obste a que la obligación emergente de él pueda ser encuadrada como una “relación de consumo” a los fines que aquí interesan.-
En ese orden de ideas, la Sala A, que integro, ha venido reconociendo virtualidad en el plano cartáceo a todas aquellas expresiones que las partes de la relación cartular han querido volcar dentro del cuerpo del documento, en la medida que la interpretación de las respectivas manifestaciones causales se encuentre sustentada en el tenor literal del título mismo y siempre que no requiera una hermenéutica incompatible con las limitaciones cognoscitivas propias de la ejecución cambiaria. Y, bajo ese paraguas conceptual, la Sala mencionada ha venido juzgando situaciones que tienen que ver con aspectos conflictivos suscitados en el ámbito cambiario, a través de los cuales consideró pertinente ingresar en el tratamiento de cuestiones causales vinculadas con la obligación cartular, sin entender estar afectando con ello el principio de abstracción cambiaria, en la medida que ellas surjan del propio título o de la descripción de los hechos suministrada por las partes intervinientes en el litigio. Ese fue el criterio que se ha venido aplicando, por ejemplo, en materia de embargabilidad -o no- de los sueldos de los empleados públicos a la luz de las directivas provenientes del decreto-ley 6754/43 en los procesos ejecutivos en los que se ventila un crédito cambiario.-
En ese sentido, la Sala “ut supra” citada ha expresado que, debido a que el citado decreto-ley 6754/43 disponía que eran “inembargables los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de obreros de la administración nacional, provincial y municipal, y de las entidades autárquicas por obligaciones emergentes de préstamos de dinero o de compra de mercaderías(…)”, esa circunstancia tornaba imperativo, para llegar a determinar si en un supuesto en particular un sueldo era embargable o no, analizar los motivos determinantes de la creación del documento ejecutado para verificar si respondía o no a los supuestos contemplados en el régimen legal; o, dicho en otras palabras, que, a los fines de determinar si se dan o no los supuestos de excepción previstos por el referido decreto-ley, debía analizarse la causa de la obligación, puesto que dicho régimen de excepción sólo operaba cuando ésta última se origina o bien en "préstamos de dinero" o bien en "compra de mercaderías”.-
Fue precisamente por ese motivo que la Sala concluyó que ese análisis no sólo podía -sino que debía- hacerse aún cuando se tratara de un juicio ejecutivo -o de una ejecución cambiaria-, y con independencia de la prohibición contenida en el CPCC:544:4, siempre que los antecedentes obrantes en el proceso -o en el título mismo- fueran suficientes -a criterio del órgano jurisdiccional- para establecer que el origen de la deuda materia de ejecución obedecía a alguno de los conceptos antes señalados. En esa línea de razonamiento, la Sala ha admitido la aplicación del mencionado régimen de inembargabilidad salarial -pese al principio de abstracción cambiaria- en supuestos de ejecución de pagarés en los cuales el beneficiario del documento era una compañía financiera y en el título había –además- una alusión a un préstamo dinerario (cfr. esta C.N.Com., Sala A, 19.12.06, “Banco de la Ciudad de Buenos Aires c. Lafalce Domingo s. ejecutivo”; íd., 11.10.07, “Cooperativa de Credito Vivienda y Consumo Ya Ltda. c. Domíguez Cesar s. incidente de apelación”; íd., 28.08.09, “Fevre María c. Castro Graciela s. ejecutivo”; íd., 26.11.09, "GE Compañía Financiera SA c/ Alderete Juan Manuel s/ ejecutivo", entre muchos otros).-
De su lado, en lo que hace a las menciones causales contenidas en los documentos cartulares, y, particularmente, en lo que se refiere a la llamada “cláusula valuta”, ha interpretado ese Tribunal: “…que la literalidad, común a todos los títulos circulatorios, implica que el contenido, extensión, modalidades de ejecución y todo otro posible elemento principal o accesorio del derecho cartular sean únicamente los que resultan de los términos en que están concebidos los instrumentos, pues la referencia a la relación causal es la que fija los límites dentro de los cuales ésta puede influir en la relación cartular. Por ello, desde esta óptica estricta que rige para estos títulos, tales elementos extracartulares únicamente valdrán cuando se hace mención de ellos en el título y en los términos de dicha mención (véase Gualtieri-Winitzky, "Títulos Circulatorios", pág.85)...” (esta C.N.Com, Sala A, 17.06.08, “Galindo Cáceres José Manuel c. Córdoba 602 S.A. s. ejecutivo”; ídem, 02.12.10, “Servicio Electrónico de Pago S.A. c. Tripodi Paula María s. ejecutivo; etcétera).-
En otros términos, no existe óbice legal alguno –a mi juicio- proveniente del derecho cambiario que impida que aspectos extra-cartáceos originados en la llamada relación fundamental determinante del libramiento del título cartular sean valorados y/o ponderados en la ejecución cambiaria para determinar los alcances de la obligación cartular, siempre –claro está- que esos aspectos resulten del documento mismo; motivo por el cual no se advierte que -para la aplicación de la normativa en cuestión- haya que “prescindir” del plano cambiario ni del principio de abstracción cambiaria, en particular.-
Véase -por caso- que, tanto para ponderar la embargabilidad del salario del deudor cambiario -empleado público- como para resolver cuestiones que tienen que ver con aspectos de la obligación cambiaria que aparecen contemplados en la “cláusula valuta”, el Tribunal ha juzgado pertinente sustentar su decisión en factores causales extraños a la relación cambiaria en si misma, bien que sustentados en antecedentes que surgían del título mismo, o cuanto menos, en el primer supuesto, en la relación de hechos efectuada por el actor en su demanda; circunstancia que pone en evidencia que la “abstracción” cambiaria no constituye un obstáculo insalvable para la consideración de aspectos provenientes de la relación fundamental a la hora de juzgar temas atinentes al plano cambiario, en la medida que esos aspectos surjan del título mismo o –cuanto menos- de la relación de hechos efectuada por el propio pretensor en su demanda.-
Análogo criterio han seguido también -en general- las distintas Salas de esta Cámara en temas íntimamente vinculados a los que aquí se consideran (o sea los relativos a la aplicación oficiosa del art.36 LDC), pero referidos a títulos ejecutivos que, si bien no tienen origen cambiario, participan con éstos de algunas de sus características, particularmente las atinentes a la idea de la “abstracción” debido a la prohibición establecida en el plano ritual por el CPCC:544:4 de indagar la causa de la obligación más allá de lo que resulta del propio título. Ejemplo de lo que estoy afirmando son los múltiples fallos dictados por el Tribunal admitiendo o no la aplicación del art. 36 LDC sobre la base de valoraciones que implican considerar aspectos causales resultantes del título mismo o de expresiones vertidas en el escrito de demanda para decidir acerca de la competencia para conocer en acciones ejecutivas sustentadas en títulos de naturaleza diversa a la cambiaria, como lo son, vgr., los contratos de prenda con registro (cfr. esta C.N.Com, Sala A, 29.6.10, “Capcredit S.A. c. Kynast Mariano Pablo José s. ejec. prendaria”, ídem, 3.4.11. “Banco de la Provincia de Buenos Aires c. Alonso Diego Gonzalo s. ejec.”; id. Sala D, 9.10.10, “Gotelli María Luisa c. Ríos Angel Fernando s. ejec”; etcétera), los de leasing (esta C.N.Com., Sala A, 28.12.10, “Phenix Leasing S.A. c. Santander Daniel Joaquín s. ejec.”; etcétera), los de cuenta corriente bancaria (cfr. esta C.N.Com., Sala A, 29.6.10, “Banco Itaú Buen Ayre S.A. c. Moragues Edit Elisabet s. ejec”), los reconocimientos de deuda (esta C.N.Com., Sala A, 30.6.10, “Arraña Patricio Carlos c. Moreira Juan Luis s. ejec.”) y los certificados de deuda emitidos por ART (esta C.N.Com, Sala A, 10.12.10, “Asociart ART c. Macizos S.R.L. s. ejec.”), o las provenientes de préstamos personales (esta C.N.Com., Sala A, 3.3.11, “Banco de la Provincia de Buenos Aires c. Alonso Diego Gonzalo s. ejec.”, entre muchos otros). Incluso se ha dado el caso de haberse considerado inaplicable la solución consagrada por la LDC:36 a la ejecución de un pagaré en un juicio donde quien accionaba era una sociedad comercial y la demandada una distribuidora de electricidad, por no surgir del título -ni de la demanda- elemento de juicio alguno del que pudiera inferirse que la obligación se había originado en una relación de consumo (cfr. esta CNCom, Sala C, 15.4.11, “Faraday S.A. c. Edecat S.A. Emp. Distrib. de Electricidad de Catamarca S.A. s. ejec.”).-
Dejo expresamente afuera de esta enumeración a los secuestros prendarios, toda vez que, en mi opinión, por tratarse de actuaciones judiciales que no implican la participación del deudor y se agotan con la prestación del auxilio jurisdiccional para la materialización del secuestro del bien afectado a la garantía, no es predicable respecto de ellos la eventual aplicación de la LDC:36 (cfr, esta CN.Com., Sala A, 18.5.10, “Banco Comafi S.A. c. Moyano Luis Aníbal s. secuestro prendario”; íd. 17.12.10, “Ford Credit Compañía Financiera S.A. c. Claramonte Gloria del Valle s. Secuestro Prendario”; íd. 17.03.11, “Banco Comafi S.A. c. Rodríguez José Alberto s. secuestro prendario”; íd. Sala C, 10.12.10, mi disidencia en “Hsbc Bank Argentina S.A. c. Arabena Sonia Graciela s. secuestro prendario”; íd. 23.03.11, “Banco Comafi S.A. c. Luna Lorena Natalia s. secuestro prendario”; íd. 01.04.11, “Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. c. Montenegro Mauricio Andrés s. secuestro prendario”; entre otros).-
Incluso la propia Corte ha señalado que la abstracción del título ejecutivo sólo impide, por la naturaleza y finalidad de esta clase de procesos, el planteamiento de cuestiones fundadas en la relación fundamental que constituyó el antecedente de la emisión de ese título, mas sin alcanzar a estipulaciones que no conciernen específicamente a la causa de la obligación, sino a la determinación de los tribunales competentes para conocer en las controversias que pudieren plantearse (cfr. C.S.J.N., 23.5.06, “Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo c. Mendoza Provincia de s. amparo”).-
En suma, nada hay en el principio de abstracción cambiaria que obste completamente a la eventual aplicación de la LDC:36, por lo que tampoco hay motivo ni necesidad alguna de prescindir de la naturaleza cambiaria del título en ejecución para llegar a admitir la aplicación de dicha normativa.-
Como corolario de todo lo hasta aquí expresado, entiendo que tal vez hubiese sido más conveniente no sujetar el cuestionario del plenario con condicionamiento de ningún tipo en orden a la “calidad” de las partes o a la necesidad de tener que “prescindir” -o no- de la naturaleza cambiaria del título en ejecución.-

(5.) Superados los aspectos precedentemente señalados, que no dejan de ser -después de todo- cuestiones meramente formales que no hacen a la esencia misma de la temática en debate, sólo me resta aludir a un único condicionante -o limitación- que le encuentro a la doctrina emergente de este plenario, y este sí es un aspecto sustancial de la cuestión, que tiene que ver con el ámbito espacial de aplicación de la presente doctrina plenaria. Me refiero concretamente a que el conflicto que este Acuerdo procura resolver entre las disposiciones cambiarias y procesales que establecen las reglas de competencia territorial para accionar contra deudores de origen cambiario y las normas de orden público de la LDC que imponen que aquél deba ser necesariamente demandado ante los jueces de su domicilio, sólo puede tener virtualidad -a mi juicio-, siempre que se juzgue la situación desde un plano de estricta razonabilidad, como -según entiendo- corresponde hacerlo, cuando la cuestión se plantea respecto de sujetos que se encuentran verdaderamente distantes de esta sede para el ejercicio de sus derechos.-


En este sentido, no está exactamente en la misma situación un deudor cambiario (subsumible en la noción de “consumidor” en el marco de la LDC) que, residiendo en Santa Cruz, Tierra del Fuego, Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, Corrientes, Misiones, el interior de la Provincia de Buenos Aires o cualquier otro lugar del país, es demandado en Capital Federal por aplicación de las reglas que determinan el juez competente en materia cambiaria -o porque así lo establece una cláusula de prórroga de la competencia expresamente convenida entre las partes-, que la de un deudor –también consumidor- que reside dentro del radio de las localidades que circundan a la Ciudad de Buenos Aires y que conforman lo que se ha dado en llamar el Primero y Segundo Cordón del Gran Buenos Aires o Conurbano Bonaerense y/u otras jurisdicciones próximas aledañas a ellas y también es demandado en dicha sede.-
En efecto. El fundamento de la disposición legal contenida en el art. 36 LDC, en cuanto prescribe que el juez competente para entender en los litigios relativos a los contratos que involucran derechos de los consumidores es aquel que corresponde a la del domicilio real del deudor, finca en resguardar el derecho a la defensa en juicio del demandado que –ex hipothesis- aparece como “consumidor”, en el entendimiento de que la necesidad de asumir su defensa en una jurisdicción remota (como lo sería para un residente de Salta o Santa Cruz venir a defenderse en Buenos Aires) le dificultaría de tal modo el ejercicio de ese derecho que virtualmente se lo impediría, violentándose de ese modo la garantía constitucional consagrada por el art.18 C.N.-
Ahora bien, esa situación no es predicable respecto del deudor que habita en el llamado “Gran Buenos Aires”. Quien reside en barrios como Burzaco, Monte Grande, Bernal, La Matanza, Tres de Febrero, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes, Avellaneda, Merlo, Moreno, San Martín, Vicente López¸ Florida, Olivos, Carapachay, San Isidro, Villa Adelina, San Fernando, Tigre o Malvinas Argentinas, entre muchas otras localidades del Gran Buenos Aires, o en otros distritos no tan lejanos como Lobos, Junín, Luján, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Mercedes, Chascomús o La Plata, no está en peor situación que alguien que se domicilia en la Capital Federal para ejercitar su derecho a la defensa en juicio en esta última jurisdicción. A tal punto es esto así que el CPCC sólo amplía el plazo para contestar la demanda para los juicios promovidos en este distrito a partir de un radio de los 200 km de la Capital Federal y a razón de un (1) día por cada 200 km adicionales o fracción que no baje de 100 km (CPCC:340, 342 y 158), regla que se aplica también a los juicios ejecutivos y, por ende también, a las ejecuciones cambiarias (CPCC:526 y 542).-
Esta circunstancia pone en evidencia que no habría afectación al derecho a la defensa en juicio en relación a las personas que residen en las localidades comprendidas dentro de ese radio por el solo hecho de vivir en esos lugares y ser demandadas en esta Ciudad, puesto que no es dable suponer que la ley adjetiva consagraría una solución que afecte el derecho a la defensa en juicio del potencial demandado. Por otra parte, no he escuchado en todos estos años que lleva de aplicación el actual CPCC –sancionado, cabe recordarlo, hace ya más de 40 años (1968)- ninguna voz que cuestionara por exiguos los plazos precedentemente señalados. Se sigue de esta apreciación –entonces- que la supuesta afectación al derecho a la defensa en juicio resultante de demandar al “deudor-consumidor” fuera de la jurisdicción que corresponde a su domicilio sólo puede ser predicada válidamente respecto de aquellas personas que residen fuera del mencionado radio de 200 km alrededor de la Capital Federal, no así respecto de las personas que viven dentro de ese radio.-
Esto implica que la supremacía que cabe reconocer a la normativa de orden público que la LDC encarna por sobre las procesales y cambiarias que regulan la materia sólo aparece “prima facie” justificada para los supuestos de deudores (llamémoslos así) “remotos”, mas no así respecto de los que podríamos denominar “próximos”, por más que no residan en la Capital Federal, puesto que respecto de estos últimos no concurriría una motivación suficiente o un fundamento normativo válido para sustentar esa prevalencia. Se muestra entonces como razonable, en ese contexto, que esa supremacía quede acotada a lo estrictamente necesario para asegurar el logro de la finalidad perseguida por el legislador, manteniendo la validez de las restantes normas en todo aquello que no colisionan con la norma de orden público y su finalidad. Se obtendría de esa forma un resultado compatible con un criterio de interpretación armónico de todas las disposiciones que aquí se hallan en juego, respetando al mismo tiempo el propósito -explícita o implícitamente- perseguido por el legislador al establecerlas.-
Por supuesto que no se me escapa que no es fácil poner un límite geográfico a la aplicación de este plenario que no sea catalogado de arbitriario y/o discrecional. Sin embargo, peor es poner en la misma bolsa al deudor que vive en Burzaco que al que reside en Las Lomitas, Formosa, cuando es evidente que uno y otro no están en la misma situación a los efectos del ejercicio de sus derechos en nuestra querida Buenos Aires. Lo mismo es predicable respecto del que vive en Purmamarca, Ushuaia o Calafate versus aquel que reside en Florida, Lanús o La Matanza, en la Provincia de Buenos Aires. Esto me lleva a postular que debe ponerse un límite espacial a la doctrina emergente de este plenario y ese límite no puede ser otro que el que el propio Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCC) establece para el ejercicio del derecho de defensa en este distrito a través del plazo para contestar la demanda y su eventual ampliación en razón de la distancia (CPCC: 340, 342 y 158).-
Propongo, por ello, que la doctrina emergente de este plenario sólo sea aplicable a aquellos deudores demandados (que a la vez sean susceptibles de ser reputados “consumidores”) que residan en localidades situadas fuera del radio precedentemente mencionado (200Km). Ello, en función de que –debidamente interpretados los preceptos legales en juego- no es apreciable que exista una verdadera colisión entre el art. 36 LDC y las normas de derecho común y procesal que autorizan la prórroga de la competencia en cuestiones meramente patrimoniales en relación a deudores que se domicilian dentro de esa órbita territorial (por el solo hecho de ser demandados en esta jurisdicción) ni con las normas de derecho cartular que regulan el domicilio de pago y la competencia para el ejercicio de las acciones cambiarias en razón del territorio por esa misma circunstancia. Sustento –además- esta afirmación en el hecho de que si nuestra ley adjetiva considera razonable -sin que se afecte el derecho a la defensa en juicio- que alguien (cualquiera sea él y que, perfectamente, puede ser un “consumidor” en los términos de la LDC) sea demandado en esta sede, aun viviendo a 200 km de Buenos Aires -a punto de no concederle por esa circunstancia una ampliación de plazo en razón de la distancia-, no advierto por qué motivo habría que adoptar ese criterio en los supuestos abarcados por este plenario, cuando es evidente que no estaría en juego allí la finalidad tuitiva subyacente en el ya aludido art. 36 LDC.-
Una interpretación contraria a la que propongo implicaría consagrar para quienes residen dentro del radio antes aludido una suerte de régimen diferenciado entre “consumidores” y quienes no lo son, sin que concurra un motivo justificado para esa distinción y sin que se de el presupuesto que la ley ha contemplado para justificar la supuesta distinción de tratamiento entre uno y otro (esto es, la potencial afectación de su derecho a la defensa en juicio del consumidor frente a la parte económicamente “fuerte” del contrato). Ello así, también, dentro de un marco en el que –además- no puede perderse de vista la innecesaria afectación que se estaría irrogando a una regla cardinal de nuestro derecho civil y del derecho internacional privado en asuntos patrimoniales, cual es la que pregona la validez de las cláusulas de prórroga de la competencia en materia territorial por voluntad de las partes, regla que, además de contribuir a una mayor seguridad del tráfico mercantil y a una más eficiente circulación del crédito, tiene como único límite el orden público y las buenas costumbres, límite que, como ya se ha dicho, no se halla afectado en lo más mínimo por el hecho de que un deudor domiciliado fuera de la Capital Federal, pero residente dentro de un radio no mayor a los 200 Km de dicho distrito, sea demandado en esta jurisdicción, aún cuando pueda ser considerado “consumidor” en los términos de la LDC.-
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal