Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Autoconvocatoria a plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores”



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Queda así aclarado el ámbito de protección surgido de la reforma introducida al art. 36 por la ley 26.361, que tiende a superar un inicial desequilibrio que el legislador presumió perjudicial para el consumidor. Entra en tensión, de este modo, la exigencia del acreedor frente a la libre concertación del contenido de las obligaciones emergentes del contrato, derecho del consumidor financiero que se restringe hasta desaparecer.-
Es que habría quedado configurado así un claro supuesto de abuso de derecho, mediante la utilización del denominado fraude a la ley, resultando justamente de las circunstancias consideradas por el sentenciante que la validación de lo actuado por el ejecutante al acudir al recurso de instrumentar originariamente la deuda derivada de dicha operación crediticia con un consumidor, en un título cambiario, para luego presentarlo a ejecución en un domicilio distinto del real de éste, so pretexto de hacerlo en el establecido al efecto por el ordenamiento jurídico y bajo la condición de no poder cuestionarse el origen o causa del crédito atento los conocidos caracteres de necesidad, formalidad, literalidad, completitud, autonomía y abstracción del título, habría importado contravenir palmariamente la finalidad específica de la tutela establecida por el orden público del consumo (arts. 36 y 65 ley 24.240, según texto 26.361; arg. arts. 21, 953, 1071 Cód. Civ) (SCJBA, voto del Dr. Pettigiani, en causa “Cuevas Eduardo Alberto c/ Salcedo Alejandro René”, del 1.09.10, publicado en La Ley del 14.09.10).-
Es evidente, entonces, que la admisión de la declaración de oficio de la incompetencia (en franca contradicción con lo que disponen los arts. 1 y 4 del Código Procesal) encuentra justificación en la protección de intereses especialmente protegidos y en la represión del obrar abusivo, esto es, aquel que bajo la apariencia de un cumplimiento sólo formal de los fines de la ley, únicamente apunta a desvirtuar los derechos de quienes se encuentran en posición de vulnerabilidad. Por tal razón no es admisible que el intérprete prescinda de datos emergentes de la realidad, comprobables empíricamente, desconociendo la posibilidad cierta de que los intereses económicos de grupos vulnerables -que gozan de expresa tutela constitucional- resulten conculcados.-
Conviene tener presente que, cuando prevalece el interés público, las normas de competencia exhiben carácter imperativo (Hernando Devis Echandía, “Teoría General del Proceso”, Ed. Universidad, Bs. As., 1984, T. 1, p. 141). Y, en este sentido, la disposición del art. 36 in fine, atribuye competencia con fundamento en el orden público.-
Recuérdese, también, que la prórroga de la competencia no trae consigo tan sólo una molestia para el consumidor basada en la distancia con el órgano de justicia, lo que acrecienta las posibilidades de que no se presente a defender sus derechos. Este es el típico argumento volcado en fallos y comentarios que en verdad, no da cuenta de las verdaderas razones y problemas que genera la mudanza lejos de su domicilio. Es que el hecho de mudar la competencia no sólo produce un desplazamiento territorial sino (y aquí está lo fundamental) un desplazamiento de carácter normativo. Así cuando a un consumidor se le impone litigar en la Capital Federal en lugar de hacerlo en su Provincia, no sólo se lo está privando de sus jueces naturales, sino que se le está vedando la invocación de normas de carácter provincial que podrían concurrir en su beneficio (Federico M. Alvarez Larrondo, Juicio ejecutivo de consumos y las últimas resistencias del “Ancien Regime”, nota a fallo en diario La ley del 25.11.09).-
La cuestión, como bien se aprecia, dista de satisfacerse mediante una apreciación puramente procesal -efectos que indudablemente produce- porque incluye consecuencias que exceden el marco de la competencia territorial, en tanto pueden referirse a la aplicación de disposiciones materiales. Contravenir aquél dispositivo, inserto en una ley de orden público, significa avasallar el límite del ejercicio adecuado de los derechos que impone el recordado art. 1071 del Código Civil.-
Por tales motivos, la prórroga de la competencia -aun asumida voluntariamente- es nula.-

11°) Más allá de lo dispuesto por el art. 4 in fine del ordenamiento procesal nacional que establece como principio que el juez carece de facultades para declarar de oficio su incompetencia en asuntos de naturaleza patrimonial, la interpretación que surge de los considerandos anteriores justifica dar prevalencia a las disposiciones específicas que tutelan los derechos de los consumidores y usuarios (cfr. análogo criterio en CNCom, Sala C, 12.06.09, “Cooperativa de Crédito Consumo y Vivienda Nuevo Siglo Ltda. c/ Almeida Ana María”).-


Y ello no como consecuencia de una interpretación abrogatoria de dicha norma procesal, que será de estricta aplicación a casos en que no se configure una relación de consumo, sino por virtud del respeto a la finalidad última de la LDC, que es restablecer el equilibrio negocial. Ello se evidencia con la sanción legal de nulidad que el art. 36 consagra.-
A los fines de la determinación de la competencia y en la medida en que por medio de un juicio ejecutivo (CPCCN, título 2, arts. 520 y ss.) se procure la satisfacción de una deuda contraída con el objeto de adquirir bienes para consumo no puede dudarse de la directa aplicabilidad las normas protectorias contenidas en la ley de Defensa del Consumidor. En ese contexto, y a los mismos efectos, no cabe soslayar que las normas que rigen el juicio ejecutivo son, en definitiva, disposiciones meramente procesales o de forma, que deben armonizarse y coordinarse con todo el ordenamiento vigente (C.N.: 31 y CPCCN: 34, 4). Se debe respetar entonces la jerarquía de la Constitución Nacional y de la Ley de Defensa del Consumidor – que en definitiva es reglamentaria de la cláusula constitucional contenida en el art. 42, en cuanto establece el derecho de los consumidores a la protección de sus intereses económicos-, que evidentemente prevalecen sobre la normativa tanto procesal, como de fondo vinculada a los títulos cambiarios. La primacía del estatuto del consumidor por sobre las normas de forma del Código Procesal Civil y Comercial se funda en la necesaria armonización entre las normas procesales y sustanciales, y en la ya referida jerarquía constitucional de la Ley de Defensa del Consumidor -reglamentaria de la cláusula constitucional contenida en el art. 42- (voto del Dr. Sala en CNCom, Sala E, 26.08.09, “Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Castruccio Juan Carlos s/ ejecutivo”).-
También debe ponderarse que esas disposiciones procesales se orientan a procurar una pronta recuperación de lo adeudado, legítima aspiración del acreedor quien, sin embargo, no puede pretender de su deudor un sacrificio mayor que el que la ley expresamente tolera mediante la abreviación del ámbito de conocimiento del juicio ejecutivo.-
La estructura sumaria de esa clase de procesos, no obstante, implica una desigualdad de las partes, en tanto presenta la superioridad de aquella que cuenta con el título ejecutivo a su favor (Víctor Fairén Guillén, “Doctrina General del Derecho Procesal”, Librería Bosch, Barcelona, 1990, p. 46, n°2). Si ello se agrega a la imposición del desplazamiento de la competencia que usualmente incorporan los proveedores financieros, se tendrá la exacta medida del desequilibrio a que es sometido el consumidor y a la muy cierta afectación de sus derechos en beneficio de su acreedor.-
En última instancia ha de tomarse en consideración que no se veda al proveedor exigir el cumplimiento coactivo de la obligación incumplida; sólo se modifica el órgano ante quien podrá reclamar: aquel que ejerza competencia territorial en el domicilio del deudor.-
Por esta razón admito que, como fue decidido, sin perjuicio de la validez del domicilio de pago expuesto en el pagaré a los fines netamente cambiarios (arts. 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 89, 103, 104 y ccdtes. Dec.-Ley 5965/63) y de que el mismo -o su sustituto- de ordinario fija la competencia territorial (arts. 1, 2, 101, 102 103 y ccdtes. Dec.-Ley 5965/63), no será posible atribuir a dicho domicilio esta última aptitud determinativa cuando el librador del título y ejecutado fuera consumidor de un crédito para consumo y su domicilio real estuviera indicado en el cartular, sin que -por las mismas razones- una cadena ininterrumpida de endosos pueda justificar una solución distinta (arg. art. 18 del dec-ley 5965/63) (SCJBA, voto del Dr. Pettigiani, en causa “Cuevas Eduardo Alberto c/ Salcedo Alejandro René”, del 1.09.10, publicado en La Ley del 14.09.10).-
Bien se ve que, en esta materia, se encuentran en pugna disposiciones de parecida naturaleza que tienen por misma función la atribución de competencia con fundamento en el territorio; una, prevista en ley material (LDC), que prohibe y reputa nula su prórroga con independencia de la naturaleza económica del vínculo, y las otras (arts. 1 y 4 del Código Procesal) que en casos de esa índole admiten el pacto de foro prorrogando y vedan la declaración de incompetencia de oficio. En estas condiciones, una prudente ponderación de ellas –y, agrego, de las consecuencias de la interpretación que aquí sostengo- me persuaden acerca de la conveniencia de admitir la declaración oficiosa de la incompetencia, solución que se ajusta, en mi opinión, a la interpretación principista que sienta el art. 3 de la LDC y que refuerza, en materia contractual, la parecida disposición del art. 37 de ese cuerpo legal.-

12°) No ignoro la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Compañía Financiera Argentina SA c/ Toledo Cristian Alberto s/ cobro ejecutivo”del 24.08.10.-


Sin embargo, con el debido respeto a la autoridad moral e intelectual que deben los tribunales inferiores a ese Alto tribunal, me veo en la obligación de disentir con la decisión recaída en ese precedente. Ello, al fin y al cabo, no deja de ser un deber en el ejercicio de la función jurisdiccional. Entre nosotros rige el sistema de control judicial, que es difuso, en tanto tal custodia está depositada en el quehacer de todos y cada uno de los jueces; es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella (Fallos 331:1664).-
Desde dicha perspectiva no advierto que se altere el orden constitucional con la decisión que pronuncio, pues el art. 36 de la LDC no es más que la reglamentación de la garantía que consagra el art. 42 de la Constitución Nacional, que guarda debida proporcionalidad con los fines previstos por el legislador.-
En esta línea, se descalificó el fallo que se aparta de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por ésta, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia (Fallos; 307:1094). Posteriormente se delineó con mayor precisión tal habilitación: el juez inferior podrá apartarse, pero no sin justificación expresa y con nuevos fundamentos distintos a los evaluados por la Corte (ED 136-453).-
Estimo haber dado a la posición disidente con aquella doctrina que volqué en este voto, adecuada y suficiente fundamentación para justificar el apartamiento de la solución alcanzada en aquél fallo.-

13°) Por las consideraciones vertidas, respondo a la segunda cuestión también afirmativamente.-

14°) En consecuencia, sugiero fijar como doctrina legal que en las ejecuciones de títulos cambiarios dirigidas contra deudores residentes fuera de la jurisdicción del tribunal, cabe inferir de la sola calidad de las partes que subyace una relación de consumo en los términos previstos en la ley N* 24.240 de Defensa del Consumidor, prescindiendo de la naturaleza cambiaria del título en ejecución y que corresponde declarar de oficio la incompetencia territorial del tribunal, con fundamento en lo dispuesto en el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor.-

I. D.- La señora juez Isabel Míguez adhiere al voto formulado por el señor juez Pablo D. Heredia.-

I. E.- Fundamentos del doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers:

(1.) Anticipo que votaré por la afirmativa a los dos (2) interrogantes que plantea el plenario que nos convoca, en razón de compartir -en líneas generales- las conclusiones a que arriban los distinguidos Colegas que -en sus distintas versiones- suscriben el voto de la mayoría en este Acuerdo, así como las motivaciones que las sustentan. Ello así, porque, con independencia de los sólidos argumentos desarrollados por varios de ellos en sus respectivos votos individuales, que -no todos, pero sí, en gran medida-, comparto, no es mucho lo que se puede aportar de “novedoso” a lo dicho por los mencionados Colegas para contribuir a sustentar la solución mayoritaria, a la que, de algún modo u otro, y con alguna variante, adhirieron los Doctores Míguez, Monti, Garibotto, Heredia, Dieuzeide, Sala, Bargalló, Caviglione Fraga, Tévez, Ojea Quintana y Barreiro.-


En síntesis: Interpreto, en consonancia con el pensamiento de mis distinguidos Colegas precedentemente nombrados, que una recta hermenéutica de las normas legales en conflicto, sólo puede conducir a postular la prevalencia del art. 36 LDC -luego de su reforma por la ley 26.361-, en su carácter de norma de derecho federal de naturaleza imperativa (debido a la calificación de orden público que la propia ley le asigna), por sobre las restantes normas anteriores que no revisten esa condición, y que, en su mayoría, son meros preceptos de naturaleza procesal, algunos de ellos –incluso- de carácter “local”, como es el caso de los arts. 4 y 5, incisos 3° y 5° CPCC, y otros que, si bien -“formaliter”- no son tales sino “derecho común” (debido a su inclusión en los Códigos de fondo), no dejan de ser también normas de derecho adjetivo, como las que regulan la competencia en materia de acciones personales, y específicamente, las de naturaleza cambiaria contenidas en el Código de Comercio (del que, no está demás recordarlo, forman parte tanto el dec. ley 5965/63 -regulatorio de la letra de cambio y el pagaré-, como la ley 24452 -que actualmente regula el régimen del cheque-).-
Ello, con la lógica consecuencia que se deriva de tal supremacía, cual es el reconocimiento a los jueces de la facultad de declarar de oficio -no obstante la prohibición del CPCC:4-, la incompetencia territorial por aplicación del art. 36 LDC, en tanto norma federal posterior -y especial- de carácter imperativo, además de jerárquicamente superior- a la nombrada en primer término (cfr. arts.31, 42, 43 y 75, inciso 12, C.N.). Aspecto éste (el de la distinta jerarquía de las normas involucradas) del que no se hace cargo debidamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Compañía Financiera Argentina S:A: c. Toledo Cristian Alberto” del 24.8.10, donde el Alto Tribunal, a través de una simple remisión al dictamen del Señor Procurador General de la Nación, se limitó a señalar como obstativa a la declaración de incompetencia la prohibición contenida en el citado art. 4 CPCC, sin hacer referencia alguna a la incidencia que sobre esa prohibición proyecta la nueva directiva contenida en el art. 36 LDC, luego de su reforma por la ley 26.361, ni a la eventual supremacía jerárquica de esta última sobre la primera.-
Señalo- por otra parte- que la solución propugnada resulta congruente, además, con la ya adoptada -al margen del plenario- por las distintas Salas del Tribunal –en general- en relación a títulos ejecutivos no abarcados por la disciplina cambiaria, como contratos prendarios, certificados de saldo deudor en cuenta corriente bancaria, contratos de mutuo, etcétera, en todos los cuales se ha reconocido uniformemente la supremacía precedentemente aludida, conforme podrá ser apreciado con mayor profundidad en el análisis al que me abocaré en el apartado 4.) subsiguiente.-
Coincido también -por último- con mis Colegas de la mayoría en que dicha potestad inhibitoria de los jueces también procede puntualmente en las ejecuciones cambiarias –no obstante las reglas de la “abstracción” y autonomía” que rigen a los títulos cartáceos-, en la medida en que se trate de una acción entablada entre el propio beneficiario y el librador del documento, y siempre también, que la existencia de una “relación de consumo” entre tales sujetos surja manifiesta, ya sea de la calidad de las partes, o bien de las constancias del propio título y/o de los restantes elementos de juicio aportados con la demanda.-
No dejo de apreciar –por supuesto- el notable esfuerzo hecho por los jueces que conforman la minoría (Doctores Uzal, Díaz Cordero, Piaggi, Ballerini y Vassallo) para sustentar, mediante una muy meritoria argumentación, la postura contraria en pos de defender un espacio que nuestro corazón mercantilista se resiste a conceder, pero que, desde mi perspectiva, y a la luz de las nuevas normas -particularmente luego de la sanción de la ley 26.361- no hay más remedio que hacerlo. De ese modo, así como “pari passu” con una expresión popular, que -por vulgar- no deja de ser contundente por el mensaje que transmite, según la cual: “billetera mata galán”, no es posible controvertir que lex posteriori, aunque sea de carácter general, y más si es de orden público, derogat priori, en aquello que es lex specialis respecto de esta última. Mucho más aún, cuando el conflicto se plantea entre normas de derecho federal y/o común (y con mayor razón todavía si éstas son de carácter imperativo) y otras que, disfrazadas o no de normas de derecho común, no dejan de ser de naturaleza netamente procesal, y por ende de índole “local” a los efectos de juzgar su jerarquía constitucional dentro del marco de la pirámide normativa consagrada por el art. 31 de la Constitución Nacional, que el art. 21 de la ley 48 manda a los jueces respetar.-
Y esta solución es predicable aún cuando lo que esté en juego sea la ejecución de un título cambiario, que es el aspecto medular que dio motivo a la convocatoria de este plenario y aquel que ha motivado el foco de mayor resistencia por parte de los Colegas que se han alineado con la posición que terminó siendo minoritaria. Pienso de este modo, porque tanto la regla de la “autonomía” como la de la “abstracción”, que dichos Colegas consideran como una valla insalvable para “perforar” la dimensión cartular e introducirse en el mundo “causal” subyacente, carecen, a mi juicio, de una entidad tal como para que no pueda(n) ponderarse -y por ende haya que “prescindir” de (para utilizar las palabras empleadas en el temario de la convocatoria)- todos aquellos elementos de juicio de índole causal provenientes de la calidad de las partes, el relato de los hechos efectuado en la demanda o el propio título que, de algún modo u otro, lleven a la convicción que se está ante una “relación de consumo” en los términos de la LDC, con la consiguiente pertinencia de la aplicación del nuevo art. 36 del respectivo ordenamiento legal.-
Cabe recordar que “abstracción” es el fenómeno por el cual una determinada obligación emergente de un negocio jurídico (al que se lo nomina como “relación causal o fundamental”) se escinde o se abstrae de esta última relación, cobrando una virtualidad propia independientemente de la que tenía en el marco de la relación primigenia. En cambio, la “autonomía”, en materia de títulos de crédito, apunta a la condición de independencia de que goza el derecho de que es titular el poseedor del documento en relación a un anterior poseedor o titular. Pero, como bien lo advierte Legón, ese derecho es “autónomo”, no precisamente porque se halle desvinculado del negocio jurídico que le dio nacimiento (que es justamente lo que caracteriza a la “abstracción”), sino porque esa independencia o desvinculación se manifiesta en relación al anterior titular (Legón Fernando, “Letra de cambio y pagaré”, Ed Ediar, 1966, pág.12/3).-
Pues bien, dado que en los supuestos del “sub examine” la acción ejecutiva cambiaria aparece “ex hipóthesis” deducida entre obligados cambiarios inmediatos, como lo es la relación anudada entre librador y beneficiario, no advierto que esté en juego aquí el carácter “autónomo” de los derechos del portador como obstáculo para la invocación de la LDC, desde el momento que, según la ley cambiaria, no media impedimento alguno para que sujetos ligados por una relación cambiaria inmediata oponga excepciones fundadas en relaciones personales, ya que la invocación de esas defensas sólo se halla vedada cuando la relación cambiaria es “mediata”, o sea cuando quien promueve la acción es un tercero portador, distinto del sujeto con el cual se anudó la relación cambiaria (dec.ley 5965/63: 18).-
A su vez, tampoco es óbice para la aplicación del régimen de la LDC el principio de “abstracción” cambiaria. Ello así porque, tal como lo demuestran las consideraciones que se vuelcan en el apartado 4.), la escisión que la abstracción conlleva entre el negocio base y la obligación cartular no se reduce a los elementos esenciales de esa obligación sino que abarca todos aquellos aspectos que aparecen trasladados al texto formal del título, fusionándose en este punto con la idea de la “literalidad”, de manera que, en la medida que aparezcan reflejados en el tenor literal del documento, no existe óbice alguno -desde el punto de vista cambiario- para que se reconozca virtualidad a elementos extra-cartulares provenientes de la causa de la obligación. Ahondaré un poco más acerca de ese aspecto en el apartado 4.) subsiguiente.-
Postularé –en suma- en sintonía con los restantes Jueces que componen la mayoría -y más allá de la limitación geográfica y demás salvedades a las que aludiré infra-, que: “Corresponde declarar de oficio la incompetencia territorial del tribunal en un juicio ejecutivo con fundamento en lo dispuesto por el art 36 LCD, aún cuando el título base de la ejecución reúna naturaleza cambiaria, siempre que la existencia de la relación de consumo surja de la calidad de las partes, del título mismo o de los demás antecedentes del caso resultantes del litigio”.-
Esta conclusión, que implica –en definitiva- votar por la afirmativa en este plenario, no obsta a que deba efectuar una serie de precisiones que entiendo conducentes a efectos de situar en su justo punto –cuanto menos desde la perspectiva del suscripto- los alcances de la doctrina legal aquí fijada, temática que procuraré abordar en los apartados subsiguientes.-

(2.) En efecto. Son varias las precisiones que, en mi opinión, es menester efectuar para situar este voto en el contexto adecuado, precisiones algunas de las cuales tienen una entidad tal que podría aseverar que, como fruto de ellas, el sentido último de esta ponencia no sería -en definitiva- un sí categórico, sino más bien un sí condicionado (un verdadero “sí, pero….”.), sujeto -en última instancia- a ciertos condicionantes que conducirían a que dicha doctrina tuviera un ámbito espacial determinado en directa vinculación con la distancia que, respecto de la sede del tribunal, tiene el domicilio del “demandado-consumidor”, según lo explicaré más abajo.-


Todo ésto, más allá de poner de relieve (y ésta sería una última aclaración adicional que se suma a las anteriores) que el sentido de este voto no implica hacer valoración alguna sobre la conveniencia de la solución desde una perspectiva económica y/o financiera de la materia en conflicto, aspecto en el que no dejo de advertir como una consecuencia secundaria y –si se quiere- no deseada de la solución propuesta, el natural encarecimiento del crédito que previsiblemente sobrevendrá como consecuencia de la necesidad de los bancos y las entidades financieras de demandar a sus clientes en jurisdicciones lejanas. No es ésta –sin embargo- la evaluación que este magistrado está llamado a realizar en este plenario, en el que sólo es dable pronunciarse –dentro del plano estrictamente jurídico- sobre la pertinencia –dentro del actual marco normativo resultante a partir de la sanción de la ley 26.361- de declarar de oficio la incompetencia territorial del tribunal por aplicación del art. 36 LDC en las ejecuciones de títulos cambiarios.-
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