Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Autoconvocatoria a plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores”



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Es de observar que el texto precedentemente indicado incorporó en la legislación francesa la Directiva 93/13/CEE del 5/4/93, al par que confirmó la tendencia jurisprudencial de la casación civil que había destacado la inferioridad negocial de los consumidores (Cour de Cassation, chambre civile 1, 6/1/1994, “Diac c / UFC”, JCP 1994, II, 22 237) y, en función de ello, eximido a estos últimos de la carga de probar el abuso de poder económico del profesional frente a contratos con cláusulas abusivas (Cour de Cassation, chambre civile 1, 6/1/1994, cit.), así como reconocido al juez la facultad de declarar nulas las cláusulas reputadas abusivas (Cour de Cassation, chambre civile 1, 14/1/1991, D. 1991, J.449, nota de Ghestin). La casación francesa, además, había precisado también que la calificación de orden público inserta en la disposición antes referida, permitía al juez actuar de oficio (Cour de Cassation, chambre civile 1, 22/1/2009), lo cual, valga señalarlo, fue expresamente previsto en el art. L 141/4 del Code de la consommation en cuanto dispuso que “…Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application…” (texto según ley 2008-3, del 3/1/2008, art. 34).-
Interesa destacar, en fin, que al declarar el art. L 132-1 del del Code de la consommation su aplicación incluso en casos en que el soporte o la forma del contrato fuera un “billete”, designación genérica que aprehende, entre otros instrumentos, a los billets à ordre (conf. Jeantin, M. y Le Cannu, P., Droit Commercial – Instruments de paiement er de crédito – Entreprises en difficulté, Dalloz, París, 1989, p. 245 y ss., nº 385), es decir, a nuestros pagarés (conf. Cámara, H., ob. cit., t. III, p. 485, nº 288).-
(b) Una solución análoga a la anterior, especialmente en cuanto a la actuación de oficio del juez, puede verse en el derecho belga (conf. M. Coipeler de P. Wéry, Les pratiques du commerce: l’information et la protection du consommateur, Wolter Kluwer, Belgium S.A., Waterloo, 2006, p. 337, nº 480).-
(c) El art. 1469, nº 3, párr. 19 bis del Codice Civile italiano, cuyo texto es reproducido por el art. 33, ap. 2, inc. “u”, del Decreto Legislativo nº 206 del 6/9/2005 (Codice del Consumo), no establece una jurisdicción obligatoria territorial en asuntos concernientes a relaciones de consumo, pero determina que es una cláusula vejatoria en los contratos de consumo la que fija como sede foro competente el correspondiente a una localidad diversa de aquella en que se encuentre la residencia o el domicilio de elección del consumidor (“…stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore…”). Con ello, en los hechos y como lo ha destacado la jurisprudencia y la doctrina italiana, la citada disposición determina una competencia territorial exclusiva, que solo puede eludirse mediante una dispensa especial negociada por las partes de manera individual, siendo insuficiente a ese efecto cualquier dispensa unilateral o predispuesta (conf. Cass. Civ. 28/8/2001 nº 11.282; Cass.Cass. Civile Sez.Civ., 26/9/2008, nº 24262 del 26 settembre 200824.262; Cass. Civ., Sex. III, 26/4/2010, nº 9922; Trib. Roma, 5/10/2000; Trib. Bologna 14/6/2000, id., 3/10/2000; Trib. Torino, 12/4/2000; Trib. Palermo, 7/4/1998; Tribunale di Venezia, 27/9/2006, juez Andrea Fidanzia; Giud pace Milano, 7/10/1998, id. , 23/12/1998; Giud. Pace Torino, 17/4/1998; Giud. Pace Ancona, 9/12/1997; Giudice pace Perugia, 28/2/1997; Dalmotto, E., ¿Un nuovo foro esclusivo per il consumatore?, Giur. It, 1997, IV, 161; Conti, R., Lo «status» di consumatore alla ricerca di un foro esclusivo e di una stabile identificazione, Corr. Giur., 2001, 525, 527, nota a Trib. Bologna 14/6/2000 y 3/10/2000; Palmieri, A., Foro esclusivo del consumatore e abusività della deroga convenzionale alla competenza per territorio: mai più un giudizio lontano da casa, nota a Cass. 28/8/01, nº 11.282, Foro It., 2001, I, 3592 ss.; íd In fuga dal codice di rito: i contratti del consumator conquistano il foro esclusivo, ibid., 2003, I, 3301 ss.; Vanacore, G., La competenza territoriale in materia di contratti del consumatore: genesi di un consolidato orientamento giurisprudenziale, rev. Diritto Processuale Civile, del 8/9/2005; Vaccarella, R y Giorgetti, M., Codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza, Utet, Torino, 2007, ps. 113/114; Ferrari, F., Clausola derogativi della competenza, vessatorietà ex art.1469 bis c.c e trattativa individuale, in “Giudice di pace”, 2000, fasc. 2, p.128 ss.).-
Ahora bien, con relación a lo anterior, la casación civil italiana ha precisado que es carga de la empresa demostrar la antigüedad y la conclusión de la negociación individual indicada (Cass. Civ, 9/06/2007, n° 18.743), así como que tal negociación ha sido “real”, lo cual conlleva a acreditar su individualidad, fiabilidad y eficacia para excluir la aplicación del marco de protección del consumidor brindado por el Código del Consumidor y por el citado art. 1469 bis y ss. del Codice Civile (Cass. Civile Sez.Civ. 26/9/2008, nº 24262 del 26 settembre 2008 24.262).In mancanza di prova della trattativa individuale ex art. Y a falta de la prueba de una negociación individual con los requisitos indicados, la cláusula debe considerarse abusiva o vejatoria (Cass, Civ., 21/5/2008, n° 13.051; Cass. Civ., 6/9/2007, nº 18.743; Cass. Civ., 23/2/2007, nº 4.208), sin perjuicio de ser válido el contrato en lo restante que dispusiera, pues se trata sólo de la nulidad parcial de tal cláusula (art. 1418 ss. 1418 y ss. del Codice Civile; cc Cass. Civile Sez. Civ. 26/9/2008, nº 24262 del 26 settembre 200824.262). Por otra parte, y en cuanto aquí interesa, la alta jurisprudencia italiana ha señalado que el carácter abusivo o vejatorio debe ser presumido cuando la cláusula determina una competencia distinta de la que corresponde al domicilio del consumidor (Cass. Civ., 1/10/2003, nº 14.669; Cass. Civ., 20/8/2004, nº 16.336; íd. 29/9/2004, nº 1959; Patti, S., La presunzione di vessatorietà e altri aspetti di diritto delle prove, en La Nuova Giurisprudenza civile commentata, 2000, fasc. 5, pto.2, p. 513 y ss.), y que la 3) La regola di ripartizione dell_ere probatorio indicata sub 2) si applica anche al contratto contratto concluso in maniera diversa dalla sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali.regla de distribución de la carga de la prueba antes referida se aplica independientemente del tipo de contrato celebrado entre las partes y la naturaleza de los servicios que sean su objeto (Cass. Civile Sez. Civ. 26/9/2008, nº 24262 del 26 settembre 2008 24.262; Cass. Civ., 20/3/2010, nº 6802).-
Se ha señalado, asimismo, que a lo dispuesto por el citado art. 33, ap. 2, inc. “u”, del Decreto Legislativo nº 206 del 6/9/2005, no forma óbice el hecho de que el contrato de consumo de que se trate esté alcanzado por la Ley de Bancos Italiana, en la cual se regulan las operaciones de crédito al consumo (Texto Único Bancario, capítulos II e III del Título VI del Decreto Legislativo nº 385/1993), pues esta última no proporciona ninguna disposición modificatoria del régimen general (conf. Tribunale di Venezia, 27/9/2006, juez Andrea Fidanzia).-
También en Italia se acepta la actuación de oficio por parte del juez en la materia (conf. Orestano, A., Rilevabilità d’ufficio della vessatorietà delle clausole nei contratti del consumatore, en Europa e diritto privato, 2000, fasc.4, p.1179 y ss.).-

(d) En Portugal, el Tribunal de Relación de Lisboa, Sec. Civ., 4/5/2010, causa nº 4380/06, in re “Banco…, S.A. c/ “A” – Sociedade de Mediação Imobiliária, Ltda.”, destacó que de acuerdo al art. 74, ap. 1º, del Código de Procedimiento Civil de ese país (texto según ley nº 14/2006 del 26/4/06), la acción destinada a exigir el cumplimiento de obligaciones sólo puede ser promovida por el actor en la jurisdicción del tribunal del lugar donde la obligación debe ser cumplida, si el demandado es persona colectiva. Pero cuando el demandado es una persona física, o bien cuando son varios demandados y al menos uno de ellos es persona física, el actor está constreñido a promover su demanda en la jurisdicción del tribunal del lugar del domicilio de esta última. Entre otros fundamentos precisados por el citado tribunal, esta última solución se justifica por la constatación, especialmente en la actividad financiera (el precedente, valga señalarlo, se refería al cobro de un mutuo bancario), de que gran parte de los litigios de esa índole se concentraban en los principales centros urbanos de Portugal (Lisboa y do Porto), donde se sitúan las sedes de los litigantes en masa, esto es, las empresas que, con vista a la recuperación de sus créditos provenientes de situaciones de incumplimiento contractual, recurren a los tribunales de forma masiva y geográficamente concentrada. Precisó el tribunal, en tal sentido, que al introducir la referida regla de competencia territorial del domicilio del demandado -persona de existencia física- para ese tipo de acciones, se reforzó el valor constitucional de la defensa del consumidor, por cuanto se aproxima la justicia al ciudadano (en especial, al ciudadano consumidor), permitiéndole un pleno ejercicio de sus derechos en juicios, obteniéndose además un mayor equilibrio en la distribución territorial de los litigios civiles. Con análogos alcances, valga señalarlo, también se ha expedido el Superior Tribunal de Justicia de Portugal, 8/1/09, in re “Banco M…, S.A. c/ Pastelaria Unipessoal Ltda”, destacando que la solución reseñada se aplica incluso si hubiera pacto de prórroga de competencia, y pudiendo la cuestión conocerse de oficio (las dos sentencias citadas pueden verse in extenso en http://www.dgsi.pt/).-

(e) En Brasil el Superior Tribunal de Justicia ha resuelto que tratándose de una relación de consumo, y teniendo en vista el principio de facilitación de la defensa del derecho del consumidor (art. 6º, VIII, del Código de Defensa do Consumidor), no prevalece el foro contractual elegido, por ser considerada abusiva la cláusula que lo establece, debiendo la acción ser propuesta en el domicilio real, y pudiendo el juez declarar su incompetencia ex officio" (conf. STJ – 2ª Seção – CC nº 48097/RJ – Rel. Min. Fernando Gonçalves – j. 13.04.05, citado por Menezes, I. P., A natureza da competência decorrente de eleição de foro nos novos arts. 112 e 114 do CPC, registrado en Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1469, 10 jul. 2007, disponible en http://jus.uol.com.br/revista/texto/10131). Es decir, corresponde considerar absoluta la competencia del foro del domicilio del consumidor, no siendo exigible para declarar su procedencia la articulación de una excepción de incompetencia (conf. S.T.J. - 2ª Seção - j. em 13.05.1998, DJU de 16.11.98, citado por Cavalcante, K., As cláusulas abusivas à luz da doutrina e da jurisprudência, Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 60, 1 nov. 2002, trabajo en el que la autora destaca la aplicabilidad del criterio indicado a los contratos bancarios, disponible en http://jus.uol.com.br/revista/texto/3387). Cabe observar, además, que por ley nº 11.280 de 2006, se insertó un párrafo único en el art. 112 del Código de Procceso Civil, según el cual “…La nulidad de una cláusula de elección de foro, en contrato de adhesión, puede ser declarada de oficio por el juez, que declinará la competencia para el juicio al domicilio del demandado…”.-

14°) Que si se parte de la base de que la justicia depende más de buenos jueces que de buenas leyes, y de que el juez no puede limitarse ha ser un mero lector del texto normativo, sino que debe ser también experto en la vida social y debe saber captar en ellas los valores que cualifican la norma, así como sentirse empeñado en decire ius y en tratar de dar a la norma que deba interpretar, en cuanto sea posible, el significado y alcance más coherente con los valores que emergen de la realidad humana y social (conf. Martí Sánchez, J., ob. cit., p. 300), entiendo que la solución que propugno, sobre la cual tengo plena convicción, permite lograr cabalmente el fin querido por el art. 36 in fine de la ley 24.240 -que no es otro que la protección del consumidor- con más eficacia inclusive que la que podría resultar de su texto literal.-

15°) Que al redactar este voto no he dejado de pensar en sus consecuencias. Particularmente, he ponderado la preocupación que varios colegas del tribunal pusieron de relieve en las deliberaciones que han precedido a este acuerdo plenario, en el sentido de ser probable que los mayores costos que deberán afrontar bancos y financieras para ejecutar a sus clientes ante jueces que no son los competentes en el lugar de pago del título o en el domicilio social de tales entidades, se traslade al precio del crédito, incrementándose la tasa de interés de las operaciones financieras para el consumo y de crédito para el consumo.-
Ignoro si esa probabilidad existe o si el aludido efecto tendrá o no lugar, y creo que los colegas que han manifestado su preocupación solo pueden presentar un juicio conjetural sobre el particular. A todo evento, ya antes de la sanción de la ley 26.361 y su reforma al art. 36 de la ley 24.240, la doctrina nacional hubo de advertir, frente a planteos similares, sobre la “falacia económica del costo del crédito”, desde que no existía ningún dato en la experiencia de países que han adoptado una regulación de crédito al consumo, que indique que las consecuencias dañosas de la regulación (aumento del costo y reducción de las bocas de crédito) se hubiera verdaderamente producido (conf. Bergel, S. y Paolantonio, M., Responsabilidad civil de las entidades financieras en las operaciones de crédito al consumo, RDCO nº 18 [Responsabilidad contractual II], p. 281, espec. ps. 306/307).-
En todo caso, si alguna duda cupiera, para sostener este voto me basta considerar que el análisis económico del derecho (al fin y al cabo, de esto se está hablando), aunque sea pertinente en la construcción de la labor judicial (CSJN, acordada 36/2009), no puede servir para convalidar, por certero que sea, el fraude a la ley. Sobre la razón económica, se impone la razón jurídica. Y ningún magistrado debería entenderlo de otro modo, pues como lo expresa Vélez Sarsfield en la nota al art. 3136 del Código Civil: “…sería un deshonor de la ley, que los jueces cerrasen sus ojos ante una conducta fraudulenta y permitieran que ésta triunfara…”.-

16º) Por lo expuesto, voto por la afirmativa con relación a los dos planteos formulados al acuerdo.-

I.B. Fundamentos de los doctores Miguel F. Bargalló, Juan R. Garibotto, Ángel O. Sala y Bindo B. Caviglione Fraga:

1. Objeto del plenario y antecedentes donde nos hemos pronunciado por la afirmativa

El plenario tiene por objeto la unificación de los criterios de las distintas Salas de este tribunal, respecto de la pertinencia de declarar la incompetencia territorial de oficio en las ejecuciones de títulos cambiarios dirigidas contra deudores residentes fuera de esta jurisdicción, con fundamento en lo dispuesto por el art. 36 in fine de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 -texto según ley 26.361.-
Los suscriptos ya nos hemos pronunciado por la afirmativa respecto de las cuestiones planteadas (v. disidencia del doctor Bargalló en CNCom. Sala B, “Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/ Silva, Héctor Darío s/ ejecutivo” del 13/8/09; Sala C, “Cooperativa de Crédito Consumo y Vivienda Nuevo Siglo Ltda. c/ Almeida, Ana María s/ ejecutivo” del 12/06/09; y Sala E, “Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Castruccio, Juan Carlos s/ ejecutivo” del 26/08/09).-
Adelantamos desde ya que mantendremos el criterio que sustentamos en esos precedentes. Desarrollaremos en adelante las razones, algunas de las cuales ya fueron referidas en los casos citados.-

2. La regla atributiva de competencia del art. 36 de la LDC: finalidad y ámbito de aplicación


Cabe recordar que la ley 26.361 -sancionada el 12/3/08, promulgada el 3/4/08 y publicada en el B.O. el 7/4/08- modificó la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.-
En lo que interesa a los fines que aquí se debaten, por medio de su art. 15 sustituyó el art. 36 de la ley 24.240 -contenido en el Capítulo VIII titulado "De las operaciones de venta de créditos"- norma que se encarga de enunciar los requisitos que debe contener el documento en el que se instrumenten las operaciones financieras o de crédito para consumo.-
El último párrafo del artículo estableció una regla imperativa de atribución de la competencia territorial para los juicios derivados de operaciones de crédito en estos términos: "Será competente, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor".-
Cabe señalar que la ley de Tarjeta de Crédito 25.065: 14 “i” establece, en la misma línea, la nulidad de las cláusulas “que importen prórroga a la jurisdicción establecida”, que no es otra que la del domicilio del titular o fiador (ley 25.065: 52).-
El temperamento adoptado por esas normas constituye explicitación de cláusulas que, de forma general, la propia ley de Defensa del Consumidor ya reputaba abusivas e ineficaces en su versión original. En efecto, el art. 37 de la LDC -que no sufrió modificaciones- dispone que cabe tener por no convenidas las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones (inc. a); o que importen renuncia o restricciones de los derechos del consumidor o amplíen los de la otra parte (inc. b).-
Eventuales pactos de prórroga de la jurisdicción territorial en ámbito de las relaciones de consumo y hacia un tribunal distinto del correspondiente al domicilio del consumidor son entonces ineficaces.-
La aplicación de la regla de atribución de competencia prescripta por el citado art. 36 de la LDC está supeditada, claro está, a que se registre alguno de los supuestos de hecho previstos en los arts. 1, 2 y 3 de la misma ley; esto es, en la medida en que el crédito otorgado por un proveedor esté destinado al consumo final del tomador –o de su grupo familiar o social-. Y, por oposición, quedará excluida la aplicación de la norma en la medida en que el destino de la financiación se vuelque de manera directa a un proceso de producción, transformación o comercialización de bienes o servicios.-

3. Su aplicación en el marco de juicios ejecutivos de títulos cambiarios


La primera cuestión planteada en esta convocatoria a plenario concierne justamente a si puede inferirse en el marco de un juicio ejecutivo, a partir de la sola calidad de las partes involucradas en las actuaciones, que subyace una relación de consumo en los términos previstos en la ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, prescindiendo de la naturaleza cambiaria del título en ejecución.-
En definitiva, lo que interesa determinar es si la regla de determinación de la competencia contenida en el art. 36 de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor puede o no ser aplicada en el marco de un juicio ejecutivo basado en un título abstracto, que no contiene indicación alguna que permita vincularlo a un contrato de consumo.-
La óptica desde la cual la cuestión sometida a plenario debe analizarse es doble: por un lado lo atinente a la disciplina de los títulos valores y, por otro, el régimen procesal del juicio ejecutivo.-

a) La normativa cambiaria y la LDC



La autonomía y abstracción cambiaria deriva de diversas normas mercantiles. El art. 212 del Código de Comercio prevé que "la falta de expresión de causa o la falsa causa, en las obligaciones transmisibles por vía de endoso, nunca puede oponerse al tercero, portador de buena fe". De su lado, el art. 18 del Decreto-Ley 5.965/63 dispone que la persona contra quien se promueve acción en virtud de la letra de cambio no puede oponer al portador las excepciones fundadas en sus relaciones personales con el librador, o con los tenedores anteriores, a menos que el portador, al adquirir la letra, hubiese procedido a sabiendas en perjuicio del deudor demandado. Esta regla es concordante con la que rige en materia de cheques (ley 24.452, art. 20).-
La Ley de Defensa del Consumidor, al regular el crédito para el consumo en el art. 36 citado, no se ha ocupado del supuesto en que dicho crédito se instrumente y reclame mediante títulos ejecutivos cambiarios; tema que reviste gran trascendencia dada la desvinculación causal que se produce con la emisión de esos títulos, con la consecuente restricción cognoscitiva y el cercenamiento de las posibilidades del consumidor de hacer valer sus defensas en el proceso (v. Sebastián I. Sánchez Cannavó: “Crédito al consumo y acceso del consumidor a la justicia frente al juicio ejecutivo”, publicado en El Derecho, 05/10/2005 -214-885-; y mismo autor: "La aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en el Juicio Ejecutivo", DSE, N° 254, enero 09, T. XXI).-
En el derecho comparado se han buscado distintas soluciones para proteger a los consumidores, que llegaron, incluso, a prohibir el empleo de títulos cambiarios o la obligación de indicar en el documento su origen vinculado al consumo (una completa reseña y estudio del problema fue realizada por Bergel Salvador D. y Paolantonio, Martín E.: "Las letras de consumo y su problemática jurídica" -RDCO, 1991, B-7- y por Tobías, José W.: “Los contratos conexos y el crédito al consumo” -LL., 1999-D,992-).-
Pero en nuestro ámbito, reitérase, no está previsto en el estatuto del consumidor el problema vinculado con las garantías crediticias y su ejecución.-
Se halla en juego entonces la interrelación entre la legislación cambiaria mercantil (Código de Comercio, Decreto-Ley 5.965/63 y Ley de Cheques 24.452) y el régimen de protección del consumidor (CN: 42 y Ley 24.240); en definitiva, la influencia de este último respecto del derecho comercial.-
En este punto no pude pasarse por alto que la LDC no conforma un cuerpo completo de normas, sino de reglas de excepción de las de derecho común sobre las que recae la protección del consumidor.-
El art. 3 de la ley 24.240 prevé la integración normativa del régimen de protección al consumidor y la preeminencia de la LDC sobre otras reglas legales eventualmente aplicables. El derecho relativo a la protección del consumidor se integra así con las otras ramas jurídicas imponiendo soluciones que impiden, total o parcialmente, la aplicación del derecho común. En otros términos, el régimen de derecho que surge de la LDC importa no sólo complementar sino también modificar o derogar las normas de las otras ramas jurídicas que se apliquen a la relación de consumo que concretamente se considere (Alegría, Héctor, “Régimen legal de protección del consumidor y Derecho Comercial”, Acad. Nac. De Derecho 2009, LL, 16/06/2010).-
En síntesis, el reconocimiento constitucional del derecho de protección a los consumidores (art. 42 CN), sumado a lo dispuesto por el art. 3 de la LDC y coordinado con el carácter de orden público de la LDC establecido por el art. 65, permite concluir sin dudas en la preeminencia antes referida. Por ende, frente a cualquier colisión entre normas de derecho común y las normas protectorias de los consumidores, prevalecerán estas últimas.-
De lo anterior cabe concluir que, cuando se está en presencia de una relación de consumo, la normativa cambiaria es inaplicable en todo lo que resulte incompatible, pues la disciplina de los títulos no puede desvirtuar la efectividad de las normas tuitivas del consumidor.-
Conclúyese entonces que el principio de "abstracción" que rige en materia de títulos cambiarios no constituye un óbice que impida analizar la configuración de los presupuestos que tornan aplicable el art. 36 de la LDC para la determinación de la competencia territorial allí prevista.-
Aun prescindiendo de la apuntada preeminencia del derecho de consumidor sobre la normativa cambiaria, la cuestión puede salvarse de todas formas.-
La abstracción cambiaria que deriva del art. 212 del Código de Comercio, del art. 18 del Decreto-Ley 5.965/63 y del art. 20 de la ley 24.452 es aplicable en la medida en que los títulos hayan circulado. Caso contrario, si el juicio enfrentara a los obligados directos del título (librador y beneficiario inmediato) no se presenta el supuesto de circulación previsto por la normativa cambiaria y ello tornaría inaplicable la veda de indagación causal contenida en las normas.-
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