Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Autoconvocatoria a plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores”



Descargar 427,01 Kb.
Página3/13
Fecha de conversión11.01.2017
Tamaño427,01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
La doctrina coincide en que las presunciones hominis o judiciales son especialmente aplicables cuando se trata de probar un fraude a la ley (conf. Colin, A. y Capitant, H., Curso elemental de derecho civil, Editorial Reus, Madrid, 1924, t. 3, p. 460). Es que el fraude a la ley se debe poder denunciar por todos los medios posibles, ya que va contra el orden público: fraus omnia corrumpit (conf. Josserand, L., Derecho Civil, EJEA, Buenos Aires, 1950, t. II, vol. I, p. 160, n° 216).-
Lo desarrollado por este voto en los considerandos anteriores ha partido, precisamente, de la base de presumir, con presunción hominis, la subyacencia en las ejecuciones cambiarias de que se trata de una relación de consumo aprehendida por el art. 36 de la ley 24.240, habida cuenta la calidad de las partes involucradas en los correspondientes juicios ejecutivos.-
Es que a no otra cosa que a tal presunción cabe llegar partiendo de la simple comprobación de que, en las ejecuciones que han dado lugar a las declaraciones de incompetencia de que se ocupa este acuerdo plenario, quien aparece como parte ejecutante siempre es una entidad bancaria o financiera, personas que por definición legal realizan intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros (art. 1°, ley 21.526), lo cual comprende inexorablemente a las operaciones financieras para el consumo y de crédito para el consumo del art. 36 de la ley 24.240.-
Por lo demás, quien se vincula con un banco o una entidad financiera es, ordinariamente, un cliente que, en cuanto tal, debe ser considerado un consumidor amparado por el art. 42 de la Constitución Nacional y por la ley 24.240 (conf. Mosset Iturraspe, J., El cliente de una entidad financiera –de un banco- es un consumidor tutelado por la ley 24.240, JA 1999-II, p. 841; Stiglitz, R., Últimas resistencias contra la protección del consumidor, JA 1999-II, p. 843; Farina, J., Defensa del consumidor y del usuario, Astrea, Buenos Aires, 2004, p. 103 y ss.; Paolantonio, M., El control judicial de las cláusulas predispuestas y un fallo ejemplar, ED 176-458; Vázquez Ferreyra, R., Cuenta corriente bancaria, contratos de adhesión y tutela del consumidor, ED 177-237; Gerscovich, C., Bancos, clientes y protección de los consumidores, JA 1999-II, p. 973; Barbier, E., Contratación bancaria. Consumidores y usuario, Buenos Aires, 2000, p. 40; Moeremas, D., Contratación bancaria y ley de defensa de los consumidores, LL 1997-E, p. 1267; Villegas, C., Contratos mercantiles y bancarios, Buenos Aires, 2005, t. II, p. 113), tanto más si se trata de persona de existencia física (conf. Zentner, D., La protección del consumidor en las operaciones de crédito, LL del 2/7/10, nota al fallo de la CNCom. Sala E, 26/8/09, “Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Castruccio, Juan Carlos”).-
Existe, pues, marcada precisión, gravedad y concordancia en los términos del art. 163, inc. 5°, del Código Procesal, a los fines de habilitar la indicada presunción hominis. En ese marco, no es dudoso que se puede “inferir” -para utilizar la palabra seleccionada por la convocatoria- la existencia de una relación subyacente de consumo.-

8°) Que, a esta altura, no es ocioso aclarar que cuando en este voto se ha aludido a la admisibilidad “entre partes inmediatas” de una excepción ex causa al alcance del consumidor para denunciar que ha sido demandado en circunscripción judicial que no es la que corresponde a su domicilio real, como asimismo a la posibilidad de que, en la misma situación de inmediatez subjetiva, el juez declare de oficio su incompetencia fundado en el art. 36 in fine de la ley 24.240, el suscripto ha tenido en cuenta tanto el caso en que la letra de cambio o pagaré ejecutado hubiese sido librado con ocasión de un contrato que tuvo por objeto la concesión misma del crédito (es decir, cuando el objeto del consumo es el crédito otorgado), cuanto la hipótesis en que la concesión del crédito se hizo para financiar una adquisición de un bien o servicio por el consumidor, apareciendo, entonces, no solo la figura del financista, sino también la del proveedor de ese bien o servicio adquirido, resultando ambos negocios (la venta y la financiación) ligados por una conexidad contractual.-


Tal modo de ver las cosas, lo aclaro, está de acuerdo con los lineamientos del derecho comparado.-
En efecto, el Consejo de la Comunidad Económica Europea, ha sancionado la Directiva 87/102 sobre “Aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de Crédito al Consumo” (modificada por las Directivas 90/88/CEE y 98/7/CEE). En los considerandos de esa Directiva se lee que “…aquellos Estados miembros que permitan a los consumidores utilizar letras de cambio, pagarés o cheques en relación con los contratos de crédito deberían garantizar que el consumidor esté suficientemente protegido al utilizar tales instrumentos…”. Y, más específicamente, el art. 10 de esa Directiva comunitaria prescribe que “…Aquellos Estados miembros que, con respecto a los contratos de crédito, permitan al consumidor; a) pagar mediante letras de cambio o pagarés; b) conceder una garantía mediante letras de cambio, pagarés o cheques, asegurarán la adecuada protección del consumidor cuando haga uso de dichos instrumentos en los casos indicados…”, uno de los cuales es el del crédito concedido para la adquisición de bienes (art. 7). En otras palabras, existe un deber comunitario de proteger al consumidor frente a la utilización que hiciera de los mencionados títulos de crédito con ocasión de contratos de crédito o de financiación para el consumo.-
Pues bien, con la intención de incorporar dicha Directiva comunitaria a su derecho nacional, España sancionó la ley 7/1995 de “Crédito al Consumo” (23/3/1995) que ofrece una respuesta, como se dijo, conteste con el criterio expuesto más arriba.-
Según se expresa en sus considerandos, la citada ley 7/1995 establece “…preceptos que afectan y modulan el régimen de perfeccionamiento, eficacia y ejecución de los contratos, en materias reguladas por los Códigos Civil y de Comercio…, y a las excepciones cambiarias, reguladas en la Ley 19/1985 de 16 julio, Cambiaria y del Cheque…”. Asimismo, se expresa en tales considerandos que la protección dada por la ley a los tomadores de crédito para el consumo “…se refiere también a la ejecución de los contratos, permitiendo que el consumidor pueda oponer excepciones derivadas del contrato que ha celebrado no sólo frente al otro empresario contratante, sino frente a otros empresarios a quienes aquél hubiera cedido sus derechos o que hubieran estado vinculados con él para financiar el contrato mediante la concesión de un crédito al consumidor…”.-
En ese orden de ideas, la ley española 7/1995 prescribe en su art. 12 que si el consumidor se hubiera obligado cambiariamente mediante la firma en letras de cambio o pagarés, podrá oponer al tenedor las excepciones que se basen en sus relaciones con el proveedor de los bienes o servicios correspondientes.-
Dicho con otras palabras, de acuerdo a este último precepto, el consumidor no solo cuenta con la posibilidad de oponer excepciones causales contra el financista cuando el consumo tuvo por objeto el crédito mismo, sino también cuando el consumo se refirió a un bien o servicio vendido por un proveedor y su precio se financió con intervención de un empresario distinto del proveedor (financista), existiendo conexidad contractual entre ambas operaciones (la venta y la financiación). En este último caso, la ley española admite que, si con motivo de esa operación de consumo financiado, el consumidor libró letras de cambio o pagarés, podrá oponer al tenedor financista de la letra o pagaré las excepciones que se basan en sus relaciones con el proveedor de los bienes o servicios. Es que, en tal hipótesis, se entiende que el financiador no es un tercero ajeno a la relación cambiaria, habida cuenta de que se ha inmiscuido deliberada y planificadamente en la operación de adquisición, por lo que no puede acogerse a la protección que resulta de la abstracción cambiaria (conf. Fernández López, J., Régimen jurídico del crédito al consumo, en la obra colectiva dirigida por Nieto Carol, U., “Contratos bancarios y parabancarios”, Editorial Lex Nova, Valladolid, 1998, ps. 268/269; Martí Sánchez, J., La utilización de efectos cambiarios en el derecho al consumo, en el derecho positivo español, en la obra colectiva “Crédito al consumo y transparencia Bancaria”, Consejo General del Poder Judicial – Consejo General de los Colegios de Oficiales de Corredores de Comercio, Civitas, Madrid, 1998, p. 261 y ss.; sobre el tema, véase también: Sánchez Calero, F., Instituciones de Derecho Mercantil, Mc Graw Hill, Madrid, 1997, t. II, ps. 102/103).-
Cabe observar, en este punto, que al igual que el art. 36 in fine de la ley 24.240, la citada ley española declara competente para el conocimiento de las acciones derivadas de ella y de los contratos sujetos a ella el Juez del domicilio del consumidor (art. 4), y establece que no serán válidos, y se tendrán por no puestos, los pactos, cláusulas y condiciones establecidos por el concedente del crédito y el consumidor contrarios a lo dispuesto en la ley, salvo que sean más beneficiosos para éste (art. 3). Señala, asimismo, que en el caso de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, las disposiciones contenidas en la ley constituirán normas de ordenación y disciplina (art. 5).-
Pues bien, en síntesis, la admisibilidad “entre partes inmediatas” de una excepción ex causa con el alcance y objetivo indicado, así como la mencionada posibilidad de declarar de oficio la incompetencia cuando se advierta no acatada la regla del art. 36 in fine de la ley 24.240, no sólo son alternativas predicables en los casos de ejecución de letras o pagarés librados con ocasión de un contrato cuyo objeto fue la concesión del crédito mismo, sino también cuando el crédito asumió una función de financiamiento para la adquisición de un bien o un servicio, desdoblándose la figura del vendedor y del financista. Con lo cual, a salvo las hipótesis que se examinarán seguidamente del ejecutante endosatario en procuración y del ejecutante que invoca su legitimación mediante un endoso fiduciario o simulado, nada de lo expuesto y concluido en este voto alcanza a los ejecutantes tenedores de letras o pagarés no vinculados de manera alguna a la relación subyacente de concesión de crédito o de financiación, respecto de quienes el principio de abstracción cambiaria permanece sin dudas incólume.-

9º) Que con sustento en todo lo que va dicho, cabe responder afirmativamente a las dos preguntas que convocan el plenario.-


En otras palabras: (a) que sí es posible inferir, con la fuerza y en base a una presunción hominis, la subyacencia de una relación de consumo en las ejecuciones de que se trata, y que a ello no es óbice la naturaleza cambiaria del título o, mejor, el principio de la “abstracción” cambiaria; y (b) que sí es posible declarar de oficio la incompetencia territorial del tribunal con fundamento en lo dispuesto por el art. 36 in fine de la ley 24.240, pudiendo el consumidor inclusive oponer, con sustento en esa norma y cuando el juez no hubiera actuado oficiosamente, una excepción ex causa para denunciar que ha sido demandado en circunscripción judicial que no es la que corresponde a su domicilio real.-
La declaración oficiosa de incompetencia u oposición de la aludida excepción ex causa sería viable inclusive en la ejecución promovida por un endosatario en procuración, ya que este ejerce los derechos del banco o entidad financiera endosante, que sigue siendo titular del crédito (conf. Cámara, H., ob. cit., t. I, ps. 588 y 593, n° 112).-
Lo mismo si quien ejerce la acción cambiaria por vía ejecutiva fuera un sujeto que recibió el título cambiario de manos del banco o entidad financiera por medio de un endoso fiduciario o simulado, pergeñado para eludir la apuntada defensa que el deudor (consumidor) tiene contra el endosante. Es que en tal caso, el deudor cambiario conserva dicha excepción ex causa contra el endosante, máxime teniendo en cuenta que un endoso de tal naturaleza sería, en sí mismo, un nuevo “acto de cobertura” para defraudar la norma imperativa del art. 36 in fine de la ley 24.240 (conf. Cámara, H., ob. cit., t. I, ps. 611/616, n° 114; Bruno Quijano, I., El endoso, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1958, p. 115).-
10°) Que a los fines explicitados no cabría distinguir entre las ejecuciones promovidas con base en títulos cambiarios emitidos en fecha posterior a la vigencia de la ley 26.361, y aquellas instauradas con fundamento en títulos de fecha anterior.-
Ello es así, porque en coincidencia con la tendencia cada vez más amplia en las legislaciones de limitar el principio de la prorrogatio jurisdictionis (conf. Muñoz Sabaté, L., Las cláusulas procesales en la contratación privada, Bosch, Barcelona, p. 51; Najurieta, M., Prórroga abusiva de la competencia en un contrato de adhesión, ED t. 181, p. 296), la nulidad de las cláusulas que instrumentan la prórroga de la competencia territorial en perjuicio del consumidor, era una solución que preexistía a la sanción de la ley 26.361, ya que desde la propia sanción de la ley 24.240 podía fundarse en su art. 37, inc. “b” (conf. Stiglitz, R. y Hitters, J., El abuso en las nuevas técnicas de contratación. Cláusulas que limitan la facultad de oponer excepciones y que establecen la prórroga de la competencia territorial, LL 1984-D, p. 1290 y ss. espec. p. 1299; Vázquez Ferreira, R., y Romera, Protección y defensa del consumidor - ley 24.240 anotada y comentada, Depalma, Buenos Aires, 1994, ps. 103/104, nº 2; Heredia, P., Cláusulas y términos abusivos en los contratos de consumo (examen del art. 37, ley 24.240), en la obra colectiva coordinada por Tinti, G., cit., p. 126; Uzal, M., en la obra dirigida por Highton, E. y Areán, B., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación – concordado con los códigos procesales – análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, 2004, t. 1, ps. 196/200, n° 9); interpretación que, valga señalarlo, fue extendida a los contratos bancarios de consumo por caracterizada doctrina (conf. Lorenzetti, R., Tratado de los Contratos, Santa Fe, 2000, t. III, p. 438, n° 10), e igualmente por la jurisprudencia bajo el argumento principal de que pactos de ese tipo importan una renuncia o restricción de los derechos del cliente y una ampliación de los derechos del banco (conf. Cám. Civ. Com. Mar del Plata, Sala II, 20/11/97, “Martinelli, J. A. c/ Banco del Buen Ayre s/ morigeración de intereses compensatorios”, citado por Stiglitz, R., Defensa del consumidor – Los servicios bancarios y financieros, LL 1998-C, p. 1035, texto y nota nº 34; CNCom. Sala E, 10/9/2007, “Banco Piano S.A. s/ diligencia preliminar (inhibitoria)”, citado por Vázquez Ferreyra, R. y Avalle, D., ob. cit., LL 2008-F, p. 1374, cap. III, n° 15, texto y nota n° 11).-
En rigor, esencialmente la ley 26.361 no ha hecho otra cosa que extender a las operaciones bancarias y financieras para el consumo que se mencionan en el art. 36 de la ley 24.240, una solución que ya estaba presente en su art. 37. Así lo indica, con claridad, en efecto, el dictamen conjunto de las Comisiones de Defensa del Consumidor, Comercio y Justicia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que fundamentó el proyecto que se convertiría en la citada ley 26.361 al decir que la nueva disposición “…prevé una solución similar a la contemplada en orden a la inclusión de cláusulas abusivas en contratos de consumo, en el artículo 37…, reconociéndosele al consumidor en tales casos derecho a demandar la nulidad de una o más cláusulas contractuales…” (Cámara de Diputados de la Nación, sesiones ordinarias 2006, orden del día nº 306, ps. 15/16).-
De tal suerte, y tomando apoyo en la premisa de que el fraude a la ley al que ha aludido este voto puede también puede ser entendido como relacionado igualmente con una elución al art. 37 de la ley 24.240, no hay motivo para hacer distingos de índole temporal como el indicado.-

11º) Que, en función de cuanto se ha dicho, es claro que el vigente art. 36 in fine de la ley 24.240 ha privado de efectos a la disposición del Código Procesal que permite la prórroga expresa o tácita de la competencia territorial (art. 2), y también a la que impide la declaración de oficio de la incompetencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales (art. 4), bien que exclusivamente en cuanto se trate de reclamos referentes a operaciones financieras para el consumo y de crédito para el consumo, y ello aun cuando tales reclamos se encaucen por medio de ejecuciones de títulos cambiarios que documentan tales operaciones.-


No ignoro que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto, en contra de lo anterior, que por aplicación del art. 4° del Código Procesal es improcedente la declaración de oficio de incompetencia fundada en que el demandado es un “consumidor” y que la relación jurídica que vincula a las partes está aprehendida por el art. 36 in fine de la ley 24.240 (conf. CSJN, 24/8/10, “Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Toledo, Cristian Alberto”).-
Empero, por las razones jurídicas que explicité en los considerandos anteriores, me permito respetuosamente disentir con el Alto Tribunal, sin por ello incurrir en agravio alguno contra su reconocida autoridad. Es que a pesar de la autoridad de que están investidos y el respeto que merecen los precedentes de la Corte, en cuanto Tribunal Supremo de la Nación, y las razones de economía procesal, certeza y seguridad jurídicas que aconsejan la conveniencia de tender a la uniformidad de la jurisprudencia, en la medida de lo prudente y dentro de la ineludible variedad de las circunstancias de tiempo y lugar ha de reconocerse que los precedentes de la Corte carecen de fuerza general legalmente vinculante para los tribunales inferiores. Como la propia Corte lo ha explicado, el hecho de que dichos tribunales y los nacionales de la Capital Federal puedan apartarse fundadamente de aquellos precedentes no es, a pesar de algunos inconvenientes que de ello pudiera derivar, sino una consecuencia necesaria del sistema federal adoptado en la Carta Magna (conf. CSJN, “Lopardo, Rubén Angel c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, Fallos 304:1459).-
Recuerdo, en fin, que una orientación análoga a la que postula este voto, restando efectos, en ejecuciones cambiarias, a lo dispuesto por el art. 4° del Código Procesal frente a la letra del art. 36 in fine de la ley 24.240, ha sido adoptada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires in re “Cuevas, Eduardo Alberto c/ Salcedo, Alejandro René”, sentencia del 1/9/10 (LL 2010-E, p. 226), y por caracterizada doctrina (conf. Casadío Martínez, A., Ley de defensa del consumidor v. ley cambiaria ¿cuál domicilio prevalece?, Compendio Jurídico, n° 44, septiembre 2010, p. 85; Álvarez Larrondo, F., Nueva doctrina legal de la SCJBA en materia de juicios ejecutivos de consumo¸LL 2010-E, p. 226; Falco, G. y Garzino, M., El juicio ejecutivo, las defensas causales y la ley de defensa al consumidor, LL 15/2/2011).-

12°) Que con relación a ejecuciones como las aquí consideradas (no con referencia a todas, obviamente), el citado art. 36 in fine de la ley 24.240 también privó de efectos a las normas que, según lo destacado por la doctrina (conf. Cámara, H., ob. cit., t. III, p. 286, n° 266) definen la competencia territorial para el ejercicio de la acción cambiaria, teniendo en cuenta el lugar convenido para el pago, sea en forma expresa -art. 1°, inc. 5 y art. 101, inc. 4, del decreto 5965/63- o implícitamente -art. 2°, tercera parte, y 102 in fine, del mismo decreto-, en concordancia con el art. 5°, inc. 3, del Código Procesal, y los arts. 101 y 102 del Código Civil.-


Contra ello, por supuesto, no cabe aducir la existencia de una aplicación retroactiva de la ley 26.361, ni una afectación de derechos adquiridos.-
Esto último es así porque nadie tiene un derecho adquirido a la inalterabilidad o mantenimiento de las leyes (CSJN, Fallos 310:1924; 311:1213; 311:1880; 315:839; 315:2769; 315:2999; 316:1793; 316:2483; 318:1237; 321:1888; 321:2683; 322:270; 323:2659; 325:1297; etc.), como tampoco a ser definidos sus derechos con arreglo a un determinado procedimiento (CSJN, Fallos 181:288; 249:343; 306:2101 y 1615; 320: 1878; 321:1865), por lo que las normas pueden ser reformadas o dejadas sin efecto como consecuencia del ejercicio de las facultades propias del legislador (CSJN, Fallos 324:2248), sin que las modificaciones de las leyes por otras posteriores de lugar a cuestión constitucional alguna (CSJN, Fallos 310:2845; 325:11; 325:2875; 326:1442). Otra forma de pensar podría llegar a implicar un obstáculo insalvable al regular ejercicio de la acción gubernativa, lo que es inadmisible (CSJN, Fallos 318:1531), criterio que es particularmente aplicable tratándose de leyes que alteran la competencia, ya que estas deben ser entendidas como de aplicación inmediata (CSJN, Fallos 98:311; 200:181; 287:200; 288:407; 298:82; 306:1223, entre otros).-
13º) Que sin perjuicio de las referencias de derecho comparado, especialmente de derecho español, efectuadas hasta aquí que corroboran la orientación de este voto en los distintos aspectos implicados en la convocatoria plenaria, todavía pueden ser citadas otras más que mutatis mutandi coadyuvan a lo mismo.-

Veamos.-


(a) El Código de Procedimiento Civil francés determina, como regla general, la competencia territorial de la jurisdicción del lugar del domicilio del demandado -actor sequitur forum rei-, y solo cuando el domicilio o residencia del demandado se desconoce puede el demandante elegir la jurisdicción del lugar de su propio domicilio (art. 42). En tal sentido, el lugar del domicilio del demandado, cuando es persona física, es el de su residencia (art. 43), y según lo ha destacado la jurisprudencia francesa, los jueces pueden apreciar soberanamente lo atinente al lugar del domicilio del demandado al tiempo de recibir la demanda (conf. Cour de Cassation, chambre civile 2, 7/1/1976, nº 73-14652, Bull. Civ. II, nº 272). Por otra parte, el mismo código de forma determina que toda cláusula que, directa o indirectamente, derogue las reglas de competencia territorial, se reputa no escrita a menos que ella haya sido convenida entre personas que hubieran contratado en la calidad de comerciantes (art. 48).-
Es de observar que ninguna de tales reglas procesales es desconocida por el Code de la consommation francés (versión consolidada al 7/1/2011) en cuanto a la competencia para entender en las acciones promovidas por el propio consumidor, a quien se lo habilita, entonces, para elegir una u otra de las jurisdicciones territorialmente competentes en virtud del Código de Procedimiento Civil, e incluso la jurisdicción del lugar de su residencia al momento de la conclusión del contrato o de aparición del hecho perjudicial (art. L 141-5, texto según ley nº 2009-526 del 12/5/09, art. 24). En cambio, cuando previsto trata de acciones promovidas “contra” el consumidor por parte del profesional que contrató con él, la acción necesariamente debe promoverse en el lugar del domicilio de dicho consumidor, rigiendo plenamente la prohibición de cláusulas que prorroguen la competencia en su perjuicio, solución esta última que, además, viene afirmada por el propio Code de la consommation.-
En efecto, según el art. L 132-1 de este último cuerpo legal en los contratos concluidos entre profesionales y no profesionales o consumidores, son abusivas las cláusulas que tienen el propósito o el efecto de crear, a expensas del no-profesional o consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes del contrato; y en caso de litigio concerniente a un contrato que contenga tal cláusula, el profesional debe aportar la prueba del carácter no abusivo de la cláusula. La misma norma aclara, además, que ella es aplicable cualquiera sea la forma o el soporte del contrato, es decir, a todo tipo de documento contractual, vgr., órdenes de compra, facturas, bonos de garantía, ordenes de entrega, billetes o tickets, etc., continentes de estipulaciones negociadas libremente o no, o de referencias a condiciones generales preestablecidas. En fin, el referido texto normativo prescribe que las cláusulas abusivas se reputan no escritas, y que sus disposiciones son de orden público (art. L 132-1 del Code de la consommation, texto según ley nº 2010-737 del 1/7/2010, art. 62).-
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal