Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Autoconvocatoria a plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores”



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En este sentido, y parafraseando a Manuel Albaladejo, sería contradictorio pensar que prohibido por la ley un resultado -en el caso, la prórroga de competencia a favor de circunscripción judicial distinta de la del domicilio del consumidor para entender en la acción causal de cobro- se permitiese, a la vez, alcanzarlo por otra vía -en el caso, a través del libramiento de títulos cambiarios ejecutables en la circunscripción correspondiente al lugar de libramiento, de pago o del domicilio del ejecutante- pues ello sería tanto como pensar que se prohíbe, diríamos, la infracción a cara descubierta, y se permite la solapada, que es aún más censurable (conf. Albaladejo, M., Derecho Civil, Librería Bosch, Madrid, 1970, t. I, p. 129).-
La presencia de ese fraude a la ley, demuestra la necesidad de dejar de lado la “abstracción cambiaria”.-

5º) Que, a todo evento, entiendo que puede llegarse a un resultado interpretativo idéntico al anterior, a partir de la exégesis de la propia legislación cambiaria y de la procesal aplicable, comprobándose con ello que ni una ni otra sufren agravio.-


Veamos.-
Siendo la causa de la obligación cartular la misma que la de la relación subyacente y manteniendo ella intacta su eficacia inter partes, es decir, entre las partes inmediatas del nexo cartular, que también lo son de la apuntada relación fundamental (conf. Ferri, G. ob. cit., p. 102, nº 21), en la hipótesis especial examinada no es dudoso que el consumidor que hubiera librado títulos cambiarios con ocasión de una relación fundamental de consumo financiero o bancario (vgr. pagarés que documentan la deuda contraída por un mutuo), está en condiciones de oponer, frente a la ejecución de tales títulos cambiarios, una excepción ex causa fundada en la regla del art. 36 in fine de la ley 24.240, esto es, basada en la imposibilidad de que sea llevado a litigar a una circunscripción judicial distinta de la que corresponde a su domicilio real, pues si ello es prohibido cuando se lo demanda con sustento en la acción causal surgente de la relación fundamental, no debe lógicamente ser diferente cuando se lo demanda con base en la acción cambiaria que nace de los títulos cartulares, toda vez que la deuda documentada en ellos, como se dijo, es la misma que la que emana de la relación fundamental, existiendo una unidad en la causa de la obligación cuya licitud o ilicitud, alcances y restricciones, no puede verse sino de un mismo modo, unívocamente, en ambos casos.-
Es que la acción cambiaria, entre las partes inmediatas, encuentra no solo su fundamento en la relación fundamental, sino también “sus límites”, los cuales pueden hacerse valer mediante la oposición de la correspondiente excepción (conf. Pavone La Rosa, A., ob. cit., ps. 46/47). En otras palabras, los límites o restricciones que alcanzan a la relación fundamental, se reflejan necesariamente en la relación cambiaria, por lo cual, allí donde en la relación fundamental hay ilicitud, también la habrá necesariamente en la relación cambiaria. De donde se sigue, en cuanto aquí interesa, que la ilicitud causal representada por la prohibición de llevar al consumidor a litigar fuera de la circunscripción judicial correspondiente a su domicilio real, se traslada a la relación cambiaria, fijando también en esta última igual prohibición.-
Por cierto, el principio de “abstracción cambiaria” no forma óbice a esa traslación y fijación, ello al menos cuando de obligados inmediatos se habla.-
En efecto, la “abstracción cambiaria” sólo se considera en cuanto el título entra en circulación, es decir, cuando coloca en vinculación a dos personas no alcanzadas por la relación subyacente o fundamental, que no han contratado entre ellas, encontrándose una frente a otra por la sola virtud del título (arg. art. 212 del Código de Comercio; conf. Casals Colldecarrera, M., Estudios de oposición cambiaria, Editorial AHR, Barcelona, 1963, ps. 656/660, n° 218; Vivante, F., Tratado de Derecho Mercantil, Editorial Reus, Madrid, 1936, t. III, p. 140, nº 956; Galgano, F., Diritto Civile e Commerciale, Cedam, Padova, 1990, t. 2, ps. 251/252, n° 175; Pavone La Rosa, A., ob. cit., p. 76; De J. Tena, F., Títulos de crédito, Editorial Porrúa, México, 1956, ps. 62/63; Matienzo, A., su prólogo a Yadarola, M., ob. cit., pág. XXVI; Gómez Leo, O., Títulos de crédito – Parte General, Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1976, t. I, p. 166).-
Por el contrario, entre los obligados inmediatos como son, por ejemplo, el librador y el primer beneficiario o tomador (el consumidor y el banco o entidad financiera, para el caso), la “abstracción cambiaria” no da lugar a un principio absoluto, sino que se desdibuja pues acusa la influencia de la causa (conf. Bonfanti, M. y Garrone, J., De los títulos de crédito, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1970, t. I, p. 34), al punto que el deudor cartular puede referir al negocio fundamental (conf. Williams, J., Consideraciones sobre la causa en los títulos de crédito, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1966, p. 40, n° 9). Y es que, como dice Vivante, entre los obligados inmediatos la obligación cambiaria está ligada a la causa de la que surgió (conf. Vivante, C., ob. cit., t. III, p. 211, n° 1016).-
De tal suerte, puesto que la “abstracción” sufre atenuación entre los inmediatos sujetos del nexo cambiario, que lo son al mismo tiempo de la relación fundamental, cabe admitir entre ellos las denominadas excepciones ex causa (conf. Casals Colldecarrera, M., ob. cit., ps. 656/660, n° 218; De Semo, G., Trattato di Diritto Cambiario, Cedam, Padova, 1963, p. 112, nº 114, y p. 260, n° 289; Asquini, A., Corso di Diritto Comerciale – Titoli di Credito, Cedam, Padova, 1966, ps. 346/348, nº 160, ap. “c”; Pavone La Rosa, A., ob. cit., p. 611, n° 176; Cámara, H., ob. cit., t. III, p. 358, nº 277; Gualtieri, Giuseppe y Winizky, Ignacio, Títulos circulatorios – Parte general, Eudeba, Buenos Aires, 1966, p. 142; Benélbaz, H., Excepciones en la nueva ley cambiaria, LL 120-1081; Bergel, S., Oponibilidad de excepciones causales al tomador inmediato en el proceso ejecutivo cambiario, LL 120-1081; Fontanarrosa, R., Breves consideraciones sobre la reforma en materia cambiaria, ED 8-911; Legón, F., Letra de cambio y pagaré, Ediar, Buenos Aires, 1966, ps. 229/234, nº 92; Fargosi, H., su prólogo a Legón, F, ob. cit., ps. VIII/X; Araya, C., Acción y excepciones cambiarias, en Jornadas sobre Letras de Cambio, Pagarés y Cheques, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1967, p. 42; Quintana Ferreyra, F., Régimen de las excepciones, en Jornadas…, cit., p. 144; Escuti, I., Títulos de crédito, Astrea, Buenos Aires, 1988, p. 309, n° 97, texto y nota n° 5; Podetti, J., Tratado de las ejecuciones, Ediar, Buenos Aires, 1968, t. VII-B, ps. 135/140, n° 223).-
No ignoro, por cierto, que la admisibilidad de las excepciones ex causa o personales que autoriza la normativa cambiaria (art. 18 del decreto-ley 5965/63, a contrario sensu) sufre en nuestro derecho, con general y definida amplitud, el embate que proviene de la legislación procesal, en cuanto prohíbe discutir la legitimidad de la causa en la vía ejecutiva de ejercicio de la acción cambiaria, sin distinguir entre los sujetos obligados (art. 544, inc. 4, del Código Procesal).-
Pero sin que sea imperioso adherir a la doctrina que postula la necesidad de dar prevalencia a la normativa cambiaria por encima de la legislación procesal, dando ello por resultado la posibilidad de que ceda el principio de abstracción entre obligados inmediatos con el efecto de hacer admisible una indagación causal amplia (doctrina que, mayormente, no ha sido compartida por la jurisprudencia de esta cámara de apelaciones), lo cierto es que aun desde la perspectiva opuesta a la anterior que, por el contrario, basándose en el hecho de que al no regular la ley específica el procedimiento a observar en la ejecución cambiaria (art. 60, decreto-ley 5965/63), afirma la aplicación preeminente de las normas procesales que disciplinan el juicio ejecutivo, lo cual lleva a negar la posibilidad de discutir la causa aun entre obligados inmediatos (perspectiva esta que sí es la ordinariamente seguida por los fallos de esta cámara de apelaciones, así como también por un sector de la doctrina: Alegria, H., Acción cambiaria y acción ejecutiva, JA 1966-III, p. 23; Fernández, R., Ejecución cambiaria (inoponibilidad de las llamadas excepciones causales), LL 135-1653; Vergara del Carril, D., Discusión de la causa de la causa de la obligación entre obligados directos en la acción cambiaria ejecutiva, RDCO, t. 1969, p. 299; Zavala Rodríguez, C., Código de Comercio y leyes complementarias, comentados y concordados, Depalma, Buenos Aires, 1965, t. IV, ps. 368/370, nº 486; Fenochietto, R. y Arazi, R., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Astrea, Buenos Aires, 1993, t. 2, p. 765; etc.), aun desde esta última perspectiva, digo, correspondería hacer, cuanto menos, la salvedad del supuesto de presencia de una causa ilícita porque, viniendo a menos por razón de esta última el negocio subyacente (bien que parcialmente en el caso que nos ocupa), la relación cambiaria también se ve afectada con igual intensidad entre los obligados inmediatos (conf. Bonelli, G., Della cambiale, dell’asegno bancario e del contratto di conto corrente, en “Comentario al Codice di Commercio” redactado por E. Bensa, A. Brunetti, C. Brusa y otros, Casa Editrice Doctor Francesco Vallardi, Milano, 1914, vol. III, ps. 609/610, n° 320; en igual sentido: Casals Colldecarrera, M., ob. cit., ps. 603/607, n° 209).-
Es que, como lo enseñó un antiguo fallo plenario, siguiendo fundamentalmente al voto del juez Argentino G. Barraquero, en el concepto legal de las excepciones de falsedad o inhabilidad de título, no se comprende la causa ilícita, desde que ella no podría fundar ningún derecho digno de tutela, menos cuando se contraría leyes de orden público tal como lo expresa el art. 502 del Código Civil, pudiendo su existencia, entonces, alegarse si aparece implicado un caso de nulidad absoluta o de afectación de garantías constitucionales (conf. CCiv. en pleno, 21/8/1944, “Fiorito Hnos. y Bianchi c/ Correa Nuñez, Aniceta”, LL t. 35, p. 632 y JA 1944-III, p. 455; Cámara, H., ob. cit., t. III, p. 361; Busso, E., Código Civil Anotado, Ediar, Buenos Aires, 1949, t. III, p. 201, n° 243).-
Ello, se insiste, exclusivamente entre obligados inmediatos (conf. Cámara, H., ob. cit., t. III, p. 363; Zaefferer Silva, O., Letra de cambio, Ediar, Buenos Aires, 1952, t. I, p. 551, n° 397; Candian, A., Instituciones de Derecho Privado, UTEHA, México, 1961, p. 296), con la comprensión conceptual que de ellos se pondrá de relieve en el considerando 8º in fine.-
Pues bien, el fraude a la ley que significa emitir títulos de crédito para asegurar al acreedor bancario o financiero una acción de cobro en circunscripción judicial ajena a la del domicilio real del consumidor, constituye una causa ilícita que, consiguientemente, debe abrir paso a la admisión de una excepción ex causa o personal con la finalidad antes indicada de denunciarla y provocar el desplazamiento del litigio a la única circunscripción judicial permitida por el legislador.-
En este orden de ideas, cabe recordar que la interrelación entre causa ilícita y fraude a la ley no es discutible. A ella alude específicamente el Código Civil italiano al declarar que se reputa ilícita la causa cuando el “acto de cobertura” constituye el medio para eludir la aplicación de la ley imperativa (art. 1344). Entre nosotros, lo mismo enseña Eduardo Busso, siguiendo a Louis Josserand, al decir que la teoría del fraude es tributaria de la teoría de la causa, pues el acto fraudulento importa siempre desviar a finalidades distintas de las legales el poder jurídico que la ley reconoce a un sujeto en determinadas situaciones, y la desviación en cuanto quede orientada hacia un fin ilícito encuadra en la causa ilícita (conf. Busso, E., ob. cit., t. III, p. 180, n° 58; Josserand, L., Los móviles de los actos jurídicos de derecho privado, editorial José M. Cajica Jr., México, 1946, ps. 204/205, n° 190). En el mismo sentido, Héctor Lafaille expresa que el principio recogido por el art. 502 del Código Civil se aplica sea en el caso de violarse ostensiblemente una disposición imperativa o prohibitiva, como en el de emplearse ardides o subterfugios para alcanzar el mismo resultado in fraudem legis (conf. Lafaille, H., Derecho Civil – Tratado de las Obligaciones, Ediar, Buenos Aires, 1947, vol. I, p. 45, n° 40).-
Luego: lo que en definitiva estaría viabilizando la aludida excepción ex causa sería la denuncia misma del fraude a la ley -o de una causa ilícita, como se dijo- consistente en valerse de la abstracción cambiaria, como medio de cobertura para lograr un resultado práctico prohibido por el art. 36 in fine de la ley 24.240. Y contra ello, desde mi punto de vista, no cabría disquisición alguna fundada en que la causa ilícita referida por el art. 502 del Código Civil se vincularía no al objeto del acto como lo entiende caracterizada doctrina (conf. Barcia López, A., La causa ilícita en las obligaciones y en los actos jurídicos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1966, ps. 53; Salvat, R. y Galli, E., Tratado de Derecho Civil Argentino, TEA, Buenos Aires, 1952, t. I, p. 65, n° 48 “a”), sino como lo piensan otros autores a su móvil o, dicho de otro modo para el caso, al fin determinante de la actividad consistente en promover la acción cambiaria ante juez incompetente para violar la norma de orden público que lo prohíbe (es decir, una ilicitud de la causa final: conf. Colmo, A., De las Obligaciones en general, Librería y Casa Editora de Jesús Menéndez, Buenos Aires, 1920, ps. 7/8, n° 9; Lafaille, H., ob. cit., loc. cit.; Busso, E., ob. cit., t. III, p. 174, n° 6), pues aun prescindiendo de la idea de que la causa final ilícita hace también ilícito el objeto del acto (véase en este sentido: Llambías, J., ob. cit., t. I, ps. 63/64, n° 44, texto y nota n° 118), bien puede afirmarse que es perfectamente viable que se invaliden aquellos actos mediante los cuales sus autores pretenden la realización de fines ilícitos, pues las categorías jurídicas que la ley pone a disposición de los particulares para el ejercicio de su voluntad jurídica, no pueden utilizarse sino bajo el impulso de móviles apropiados y en vista de la realización de fines lícitos (conf. Garibotto, J., La causa final del acto jurídico, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1985, p. 74).-
En tales condiciones, no desplazar la abstracción cambiaria mediante la admisión de la citada excepción ex causa tendente a poner en evidencia tal causa ilícita, dando preeminencia en lugar de ello a la norma procesal que impide indagar la legitimidad de la causa, sería tanto como dejar indemne el fraude a la ley, confiriendo al art. 544, inc. 4°, del Código Procesal un alcance que traduciría una aplicación mecánica de él y fuera del ámbito que le es propio, haciendo gala de un ciego formalismo incompatible con el debido proceso adjetivo (conf. CSJN, doctrina del caso “Creditar S.A. c/ Carfagna, Daniel O. y otra”, sentencia del 30/4/96, Fallos 319:625), al par que implicaría hacer prevalecer una norma ritual local sobre la ley de fondo, lo que es contrario a derecho (art. 21 de la ley 48).-
Destaco, en fin, que la respuesta no cambiaría por el hecho de que el título cambiario posea una cláusula expresa de prórroga de competencia a favor de la circunscripción judicial del domicilio del ejecutante o parecida, pues semejante cláusula, por las mismas razones antedichas, no podría tener en dicho documento una validez que no se le reconoce en la relación fundamental, posibilitando ello, consiguientemente, la admisión de la misma excepción ex causa. Y tampoco la cambiaría la ausencia de prueba sobre la intencionalidad de eludir la ley imperativa, ya que basta la vulneración objetiva de ella (conf. Acuña Anzorena, A., ob. cit., ps. 28/29; Rivera, J., ob. cit., t. II, p. 883, n° 1454).-

6º) Que independientemente de la posibilidad que tiene el consumidor de articular una excepción ex causa para denunciar el fraude a la ley (la causa ilícita) antes mencionado, tiene el juez la facultad, y más aún el deber, de actuar de oficio a fin de privar de efectos al “acto de cobertura” y restablecer el imperio de la regla de orden público, atributiva de competencia, resultante del art. 36 in fine de la ley 24.240.-


En efecto, la actuación de oficio del juez se justifica plenamente sea bajo la idea del fraude a la ley (conf. Mosset Iturraspe, J., ob. cit., t. II, ps. 114/115, nº 100), sea bajo la idea de estar en juego una ilicitud causal por oposición a normas legales de orden público (conf. Puig Peña, F., Introducción al derecho civil español, común y foral, Bosch, Barcelona, 1942, p. 509; Belluscio, A. y Zannoni, E., ob. cit., t. 2, p. 569, n° 15).-
Ahora bien, tal actuación de oficio no habría de llegar al extremo, por supuesto, de la nulidad completa del “acto de cobertura”, esto es, al extremo de la invalidez del pagaré o título cambiario ejecutado, sino simplemente a negar la posibilidad de que su cobro sea perseguido en circunscripción judicial distinta de la correspondiente al domicilio real del consumidor, debiendo tenerse por no escrita, en su caso, cualquier cláusula de prórroga de competencia que el documento pudiera reproducir.-
Es que la comprobación de la existencia de fraude a la ley debe llevar en casos como el sub examine al sometimiento del “acto de cobertura” a la regla que emanan de la ley imperativa o de orden público que se ha intentado defraudar (conf. De Castro y Bravo, F., ob. cit., p. 130; Rivera, J., ob. cit., t. II, p. 882; Peralta Reyes, V., ob. cit., loc. cit., texto y notas n° 23 y 24), lo cual reconduce, simple y naturalmente, a una declaración de incompetencia a favor de la judicatura actuante en la circunscripción judicial del domicilio real del consumidor ejecutado.-
Corresponde observar, de otro lado, que el apuntado deber que tienen los jueces de actuar de oficio tiene sustento en razones análogas a las señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea, con sede en Luxemburgo, en el caso “Oceano Grupo Editorial S.A.”, sentencia del 27 de junio de 2000, que lucen perfectamente aplicables mutatis mutandi al supuesto aquí estudiado.-
Se discutió en ese precedente, en efecto, si los jueces tenían posibilidad de declarar de oficio la nulidad de cláusulas que atribuían competencia a los tribunales de una ciudad (Barcelona) en la que no estaban domiciliados los consumidores demandados, pero sí en donde se encontraba el domicilio social de las empresas profesionales demandantes; y, más específicamente, si el plexo normativo de protección al consumidor permitía al juez apreciar de oficio el carácter abusivo de la cláusula al realizar la valoración previa a la admisión a trámite de una demanda, o sea, antes de ordenar su notificación.-
Al fallar, el indicado tribunal europeo precisó que “…Una cláusula de esta naturaleza, cuyo objeto consiste en atribuir competencia…a un órgano jurisdiccional en cuyo territorio se halla el domicilio del profesional, impone al consumidor la obligación de someterse a la competencia exclusiva de un Tribunal que puede estar lejos de su domicilio, lo que puede hacer más dificultosa su comparecencia. En los casos de litigios de escasa cuantía, los gastos correspondientes a la comparecencia del consumidor podrían ser disuasorios y dar lugar a que éste renuncie a interponer recurso judicial y a defenderse. Una cláusula de esta índole queda así comprendida en la categoría de aquellas que tienen por objeto o por efecto suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor (…) En cambio, ésta cláusula permite al profesional agrupar todos los procedimientos contenciosos correspondientes a su actividad profesional en el Tribunal en cuyo territorio se encuentra su domicilio, lo que facilita la organización de su comparecencia, al mismo tiempo que hace que ésta sea menos gravosa…” (considerandos 22 y 23).-
Asimismo, más adelante, dijo: “…En cuanto a la cuestión de si un Tribunal, al que se haya sometido un litigio relativo a un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, puede apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula de dicho contrato, es preciso recordar que el sistema de protección…se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto del profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de éstas (…) El objetivo…que obliga…a prever que las cláusulas abusivas no vinculen a los consumidores, no podría alcanzarse si éstos tuvieran que hacer frente a la obligación de plantear por sí mismos el carácter abusivo de dichas cláusulas. En litigios cuya cuantía es a menudo escasa, los honorarios del abogado pueden a menudo resultar superiores a los intereses en juego, lo cual puede disuadir al consumidor de defenderse ante la aplicación de una cláusula abusiva. Si bien es cierto…las reglas de procedimiento permiten a los particulares defenderse a sí mismos en tales litigios, existe un riesgo no desdeñable de que, debido, entre otras cosas, a la ignorancia, el consumidor no invoque el carácter abusivo de la cláusula que se esgrime en su contra. De ello se deduce que sólo podrá alcanzarse una protección efectiva del consumidor si el juez…está facultado para apreciar de oficio dicha cláusula (…) Por otra parte…, el sistema de tutela instaurado…se basa en la idea de que la situación de desequilibrio entre el consumidor y el profesional sólo puede compensarse mediante una intervención positiva, ajena a las partes del contrato (considerandos 25, 26 y 27).-
Cabe observar que la situación fáctica examinada por la citada corte europea, es sustancialmente similar a aquella sobre la que ha querido operar el legislador argentino al sancionar la ley 26.361 y modificar el texto del art. 36 de la ley 24.240.-
En efecto, como lo observan Vázquez Ferreyra y Avalle, la apuntada norma pretende poner fin a una práctica habitual en la materia, cual es la de establecer en los contratos la competencia del tribunal correspondiente al domicilio de la casa central del proveedor, debiendo muchas veces el consumidor que quería accionar judicialmente contra el mismo entablar la acción en extraña jurisdicción, con las dificultades y mayores costos que ello implica, así como en el caso que resultaba demandado y debía ejercer su defensa en una localidad extraña (conf. Vázquez Ferreyra, R. y Avalle, D., Reformas a la ley de defensa de los consumidores y usuarios, LL 2008-F, p. 1374, cap. III, n° 15).-
Ciertamente, se bastardearía el propósito perseguido por el legislador de la ley 26.361 de poner fin a tal nefasta práctica, si no se permitiera a los jueces actuar de oficio con el objeto de dejar de lado el “acto de cobertura” mediante el cual se la pone en ejecución.-
En fin, la actuación de oficio en el marco del actual texto del art. 36 de la ley 24.240 ha sido admitida por la doctrina nacional especializada (conf. Picasso, S. y Vázquez Ferreyra, R., Ley de defensa del consumidor, comentada y anotada, La Ley, Buenos Aires, 2009. t. I, ps. 437/438; Saux, E., Tutela del consumidor en las operaciones de venta a crédito, RDPC, t. 2009-1 [consumidores], p. 153, espec. ps. 181/182).-
Es también la solución que apoya, para idéntico ámbito, la doctrina española (conf. Azparren Lucas, A., Protección procesal del consumidor a crédito, reg. en la obra colectiva “Crédito al consumo y transparencia Bancaria”, Consejo General del Poder Judicial – Consejo General de los Colegios de Oficiales de Corredores de Comercio, Civitas, Madrid, 1998, p. 359 y sgtes., espec. ps. 368/371).-

7º) Que el presente plenario interroga acerca de si es posible “inferir” de la sola calidad de las partes la subyacencia de una relación de consumo en las ejecuciones de títulos cambiarios de que se trata.-


Entiendo que no solo es posible inferirlo, sino que, antes bien, cabe presumirlo.-
Me explico.-
Las presunciones hominis o judiciales, ya conocidas en el procedimiento formulario romano y que podían bastar para determinar la convicción del magistrado (conf. Maynz, C., Curso de Derecho Romano, Jaime Molinas Editor, Barcelona, 1892, t. I, p. 617, nota n° 45; Iglesias, J., Derecho Romano, Ariel, Barcelona, 1958, p. 212), son las que partiendo de un hecho conocido y valorándolo a la luz de las reglas generales de experiencia, conducen al juez al convencimiento de la existencia de un hecho desconocido (conf. Palacio, L., Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1986, t. V, p. 451, n° 665). En otras palabras, son las que quedan abandonadas a las luces y a la prudencia del magistrado, según la antigua definición del art. 1353 del Código Civil francés, aceptada igualmente en textos clásicos (conf. Escriche, J., Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, Librería de la vda. de C. Bouret, París-México, 1912, p. 1379).-
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