Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Autoconvocatoria a plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores”



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Ahora bien, casi innecesario es aclarar que no puede dudarse respecto de la aplicabilidad de la Ley de Defensa del Consumidor, en tanto norma coactiva de orden público interno (art. 65), a aquellos supuestos en los cuales se encuentran configurados los requisitos legales. Así, cuando el título de crédito en ejecución contiene elementos explícitos sobre aspectos causales de la operatoria habida entre las partes y queda evidenciada una relación jurídica que tiene como causa-fin el consumo, en tanto la configuración de la relación de consumo aparece manifiesta, la mencionada ley devendrá aplicable inexorablemente.-
En esta línea, al expresar el art. 36 LDC la regla improrrogable de atribución de competencia en favor de los Tribunales correspondientes al domicilio real del consumidor, entendemos se refiere a los litigios relativos a los contratos regulados por dicho artículo, es decir, a los conflictos suscitados en ocasión de "operaciones financieras para consumo" y "de crédito para consumo".-
En mérito a lo expuesto, es evidente que el marco de aplicación del aludido art. 36 exorbita el ámbito de conocimiento de las ejecuciones de títulos cambiarios, en tanto dicha regulación se halla prevista para cuestiones en las que sea debatida la debida configuración de una relación de consumo entendida como las adquisiciones de cosas, bienes o servicios para uso personal o familiar, que tienen por destino una utilización que agota la circulación de la prestación objeto de la adquisición, al respecto el propio art. 36 en su apartado a) exige que en los instrumentos propios de estas relaciones se describa el bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de bienes o servicios. Es claro pues, que el objeto de la ley apunta "bajo pena de nulidad" sólo a las precisas relaciones determinadas, en el marco de situaciones fácticas delimitadas.-

6. Encontramos aún, un último argumento para dar respuesta negativa a la primera cuestión que ha sido propuesta a esta convocatoria.-


Es que, aún si no se atendiese a que cualquier inferencia presuntiva respecto de la causa de la obligación que subyace a un título cambiario abstracto objeto de ejecución está vedada tanto por la propia naturaleza del documento como por la del juicio ejecutivo, tampoco podría derivarse ab initio de la sola calidad de las partes (de un lado, entidad financiera o bancaria y, del otro, persona física) la existencia de una relación de consumo que encuadre en la caracterización del art. 1°.-
En efecto, si bien la empresa prestadora de un servicio financiero desarrollado de manera profesional encuadra indudablemente dentro del concepto de “proveedor” a que alude el art. 2° de ley citada, no siempre el cliente de esa operación financiera es el destinatario final de la prestación efectuada, por lo que no necesariamente encuadra en el concepto que de “consumidor” brinda el art. 2° de la mencionada normativa.-
La aplicabilidad de la LDC está supeditada a que se configure alguno de los supuestos de hecho previstos en los arts. 1° y 2°; ésto es, en la medida en que el bien o servicio haya sido adquirido o utilizado por su destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Y, por oposición, quedará excluida la aplicación de la norma a aquellos supuestos en que los bienes sean adquiridos o los servicios prestados para integrarlos en un proceso de producción, transformación o comercialización.-
Bastan las precedentes consideraciones para fundar nuestra respuesta negativa a la primera cuestión propuesta en esta convocatoria a plenario.-

7. En rigor, por los propios términos de la formulación del temario que suscita esta reunión del Tribunal en pleno, la respuesta desaprobatoria a la primera cuestión propuesta no requeriría de más consideraciones.-


Es que, en mérito de lo expuesto y toda vez que hemos afirmado que no corresponde, por obra de meras inferencias presuntivas, atender en el proceso ejecutivo a elementos extracambiarios, es evidente que también exorbita el ámbito de conocimiento de esos procesos lo relativo al marco de aplicación de la pauta de atribución de jurisdicción establecida en el art. 36 de la LDC.-
Sin embargo, consideramos necesario señalar brevemente algunos aspectos que, en nuestro entender, brindarán acabada noción de las implicancias que acarrearía dar respuesta afirmativa a la cuestión relativa a la pertinencia de declarar de oficio la incompetencia territorial del tribunal en las ejecuciones de títulos cambiarios dirigidas contra deudores residentes en extraña jurisdicción.-
Ha de observarse, en primer lugar, que en la atribución de la jurisdicción directa, ésto es, la jurisdicción de los Tribunales del propio Estado, la distribución de la potestad de juzgar entre los distintos órganos se lleva a cabo mediante la aplicación de diversos criterios. Así, mientras el criterio objetivo tiene en cuenta la naturaleza jurídica de las cuestiones debatidas en el proceso, el criterio territorial atiende a los problemas emergentes de la extensión geográfica del territorio y procura solucionarlos a través de reglas que dividen a éste en distintas circunscripciones judiciales y se asigna el conocimiento de los asuntos al órgano más próximo al lugar en que se encuentra ubicado alguno de los elementos más significativos de la pretensión que constituye el objeto del proceso. Ahora bien, por su lado, las reglas atributivas de competencia por razón de la materia propenden, fundamentalmente, a asegurar la eficiencia de la administración de justicia y se basan en consideraciones de índole general, mientras que, desde otro sesgo, las reglas que fijan la competencia en razón del territorio atienden, ante todo, a facilitar la actuación procesal de las partes y se hallan establecidas, por ende, en el presunto interés individual de éstas (Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, t° II, pág. 367 y ss.).-
Despréndese de lo expuesto que, como solución legal, si se halla afectada la competencia en razón de la materia, el órgano judicial se encuentra habilitado para desestimar in limine la petición que no se ajuste a ella con prescindencia de cualquier manifestación de las partes o de los peticionarios, incluso, formulada de común acuerdo. Es que la competencia derivada del criterio objetivo y funcional reviste carácter improrrogable, es decir, que la incompetencia del órgano judicial en el supuesto de ser requerido para satisfacer una pretensión cuyo conocimiento no le ha sido asignado por razón de la materia es absoluta y de orden público.-
De otro lado sin embargo, la competencia territorial se sujeta a diferentes reglas y, conforme a ellas, por aplicación de lo dispuesto por el art. 1°, primera parte, del CPCC, la jurisdicción territorial, en cuestiones de índole patrimonial, es esencialmente prorrogable por conformidad de los interesados. Así las cosas, constituye un principio indisputable que la competencia territorial, en cuanto comprende pretensiones de interés privado de orden patrimonial, es prorrogable por voluntad de los litigantes y que el convenio de prórroga expresa se configura cuando, en el acuerdo de voluntades que enlaza a las partes, existe un "pacto de foro prorrogando" mediante el cual las partes someten a la decisión de los órganos de determinada jurisdicción toda cuestión que se suscite a raíz del mismo (CNCom., Sala A, 05.02.08, "Salvarezza Migual Angel c. Paez Feliz Rubén y Otro s. Medida Precautoria"; íd., 11.03.08, "Banco de la Ciudad de Buenos Aires c. Montalvan Alfredo Antonio y Otros s. Ordinario"; íd., Sala B, 8/11/02, “Banco de Italia y Río de la Plata SA c/Banco Pan de Azúcar SA s/diligencia preliminar”; íd., 27.8.09, “HSBC Bank Argentina S.A. c/Domínguez, Juan Federico s/ejecutivo”, entre muchos otros).-
En el reconocimiento de esta facultad a las partes también se encuentran involucrados principios de orden público que informan nuestro ordenamiento jurídico, derivados del art. 1.197 y cc. CCiv. y es por ello, precisamente, que nuestro ordenamiento procesal consagra de modo dirimente, como principio, que los jueces tienen vedado declarar de oficio la incompetencia territorial y así lo dispone, expresamente, el art. 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.-
En el supuesto que nos ocupa, cuando se trata de una acción cambiaria ejecutiva regida por el art. 60 y cctes. del Decreto-ley 5965/63 -en tanto acción personal- por expresa atribución legal, corresponde su conocimiento al Tribunal del lugar convenido para el pago, expresa o implícitamente establecido (art. 5, inc. 3° CPCC y arts. 1°, inc. 5°; 2°, tercera parte-, 101, inc. 4° y 102 in fine, Decreto-Ley 5965/63), lo cual resulta concordante con lo establecido por los arts. 101 y 102 CCiv.-
En suma, como principio, los jueces del lugar de cumplimiento de la obligación -forum solutionis- cualquiera fuere el domicilio real del obligado o de los deudores perseguidos -forum domicilii- son competentes para conocer en las ejecuciones de títulos cambiarios. Esta solución halla su fundamento en la necesidad de establecer un lugar determinado para el cumplimiento voluntario de la prestación por el deudor principal, considerándola extensiva al cumplimiento forzado por vía judicial. Es así que se ha dicho que el juez del lugar de cumplimiento es el único que puede satisfacer al acreedor exactamente en la forma prometida (véase: Cámara, Héctor, ob. cit., t. III, págs. 286/288).-
En este marco procesal, el domicilio del demandado en extraña jurisdicción no es el foro principal y sólo podría ser admitido como foro concurrente alternativo por voluntad del actor, en los términos del art. 5, inc. 3°, CPCC. No siendo ese el caso, tampoco puede predicarse, sin adentrarse en el fondo de la causa, sobre la existencia de una prórroga en su perjuicio por abuso de posicionamiento dominante, máxime si el juez interviniente es el órgano legalmente competente, por ser aquél del lugar del cumplimiento de la obligación.-

8. Finalmente, la conclusión de que la declaración de oficio de la incompetencia por razón del territorio en las ejecuciones de títulos de naturaleza cambiaria, fundada en que se hallan dirigidas contra deudores residentes fuera de la jurisdicción del tribunal, contraviene claramente la regla procesal que veda la declaración oficiosa de incompetencia por el territorio en asuntos exclusivamente patrimoniales (art. 4 CPCC) se ve corroborada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sentada in re Comp. 231. XLVI. “Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Toledo, Cristian Alberto s/cobro ejecutivo”, sentencia del 24 de agosto de 2010. Allí se dijo, con remisión al dictamen del Procurador General de la Nación, que esa facultad está restringida en forma expresa por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y que “…por aplicación de lo establecido en el artículo 4°, tercer párrafo, del mencionado código de rito, el juez no puede declarar de oficio su incompetencia en asuntos exclusivamente patrimoniales cuando ella se funda en razón del territorio, pues ella puede ser prorrogada por las partes (conf. artículo 1°, segundo párrafo)…” . Asimismo se expresó que, a la luz de una interpretación armónica de los arts. 1°, segundo párrafo y 4°, tercer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuando el objeto del juicio es de índole exclusivamente patrimonial, “…la incompetencia decretada de oficio por el magistrado nacional, es improcedente…”.-


Corresponde señalar, para una más clara comprensión del tema que al expedirse el Procurador General, el 27.11.09, en autos Comp. 623. XLV. “Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Monzón, Mariela Claudia s/ejecutivo”, adentrándose en la relación que vinculaba a las partes en una ejecución, calificándola como “de consumo”, lo hizo en el marco de una inhibitoria promovida por la demandada, donde se penetró en la naturaleza del contrato; caso manifiestamente ajeno al presupuesto de la declaración de incompetencia de oficio que es materia de este plenario, extremo que se dejó expresamente consignado, señalando la diferencia, en el mentado dictamen producido por ese Ministerio in re Comp. 231. XLVI. “Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Toledo, Cristian Alberto s/cobro ejecutivo”.-

9. Por todo ello, votamos por la negativa.-

II. B.- El señor juez Gerardo G. Vassallo agrega:

(i). Por los fundamentos desarrollados en el voto precedente, en cuya elaboración he intervenido junto con mis colegas, respondo negativamente al primer interrogante de los dos propuestos al Cuerpo en esta autoconvocatoria.-


Ello no importa, bien que como principio general y por lo que diré en circunstancias harto excepcionales, entender inaplicable el derecho del consumidor a los títulos de crédito. Pero ello sólo puede ocurrir de darse una situación infrecuente: que el documento refleje la “relación fundamental” que dio causa al negocio subyacente o que el portador de la cambial revele en su escrito de demanda tal extremo.-
Pero lo que descarto absolutamente es que por la sola calidad de las partes pueda inferirse, sin más, una relación de consumo.-
Definida esta respuesta, primera del doble interrogante propuesto, entiendo innecesario pronunciarme respecto de la segunda.-
Es que desechada la premisa inicial, la restante cuestión, de naturaleza procesal, se vuelve de abstracto tratamiento.-
Aclarado ello debo señalar que aún cuando los fundamentos desarrollados en el voto que comparto con mis distinguidas colegas las Doctoras María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, María Elsa Uzal, Matilde Ballerini y Ana I. Piaggi, son suficientes para abonar técnicamente la respuesta que he adelantado, siento necesario referirme sobre ciertos aspectos, en algún caso coyunturales, que colaboran a mi juicio con la solución ya expresada.-
(ii). Comparto con muchos de mis colegas, tal vez con la totalidad de los señores Jueces de este Tribunal, que la nueva redacción que la ley 26.361 otorgó al artículo 36 de la ley 24.240, (en particular su último párrafo), constituye un avance trascendente en pos de allanar el acceso a la Justicia del ciudadano, prerrogativa esencial en un Estado de Derecho.-
Pero no debe olvidarse, como presupuesto de todo análisis ulterior, que tal regla se enmarca en una ley que específicamente se dirige a la protección de los consumidores; sujeto tradicionalmente postergado y particularmente vulnerable frente a la contratación, habitualmente en masa, que propician las empresas proveedoras, que en tal situación imponen las condiciones de contratación, frente a lo cual el usuario sólo puede adherir o rechazar esa oferta (CN 42; SCBA, 1.9.2010, “Cuevas, Eduardo A. c/ Salcedo, Alejandro R., LL 14.9.2010).-
Por tanto cabrá determinar, como insumo necesario para luego decidir la concreta aplicabilidad de la regla establecida en el último párrafo del artículo 36 (redacción ley 26.361) al supuesto de obligaciones cambiarias, si esta última encubre una relación de consumo.-
Es que sólo en este último caso resulta de aplicación el sistema consumeril.-
A su vez, y a la luz de la cuestión planteada, deberá definirse si tal conclusión puede ser derivada de la “…sola calidad de las partes…” que intervienen en tal relación cambiaria.-
A. En breve explicación diré que el artículo primero de la ley 24.240, en su redacción original, definió como usuario o consumidor a “…las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social…”.-
Este concepto genérico fue luego acotado a los específicos negocios que detalló en el párrafo siguiente.-
La reforma de la ley de Defensa del Consumidor dispuesta por la ley 26.361 amplió el concepto de “usuario o consumidor” al considerar como tal “…a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social…”.-
Como complemento de la definición anterior, derogó el segundo párrafo del artículo 2 original que restringía el concepto en tanto descartaba tal calidad a “…quienes adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros”.-
La actual redacción orienta nítidamente tanto el concepto de consumidor como el de usuario a su calidad de destinatario final del bien adquirido o el servicio recibido. Pauta que también es utilizada por el Código Brasileño de Defensa del Consumidor, que en su artículo segundo dispone que “Consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final”.-
Resulta objetivamente claro entonces, que tanto las personas físicas como las jurídicas pueden ser calificadas como consumidores. Así ha sido precisado por la ley, tanto en su actual redacción como en la anterior.-
Pero para que tal calidad pueda ser otorgada en los hechos, tanto el texto original de la norma como su redacción actual requiere, como lo he dicho, que sea la persona física como la jurídica, adquiera o utilice “…bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social…”.-
Esta exigencia importaba (e importa), encuadrar como “consumidor” a la persona física que adquiera un producto o contrate específicos servicios con destino a un uso esencialmente privado; mientras que en el caso de las personas jurídicas, el acto podría ser interpretado como de consumo cuando los bienes o los servicios adquiridos no se relacionen de manera específica con el ciclo productivo o, dicho de otro modo, con su particular competencia profesional (Hernández C., La noción de consumidor y su proyección sobre la legitimación para accionar, página 264, en Consumidores, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2009-I).-
Los conceptos transcriptos, que fueron desarrollados por el autor en vigencia de la ley 24.240 en su redacción original, permanecen incólumes luego del dictado de la ley 26.361. En este sentido ha dicho que “…la fórmula legal conserva el criterio amplio de considerar como consumidores a las personas físicas y a las jurídicas, en la medida que actúen fuera del ámbito de su actividad profesional, que en el caso de las últimas supone obrar fuera de su objeto social o giro comercial específico (Hernández C., obra citada, página 269).-
Va de suyo que tal precisión, o con mayor propiedad, tal rasgo distintivo que excluye a la persona jurídica de la categoría de consumidor (el uso profesional del bien o servicio), provocó un debate sobre sus límites, los cuales aparecen más concretos al referirnos a personas físicas (Picasso S. y Vázquez Ferreyra R., Ley de Defensa del Consumidor – Comentada y Anotada, T. I, página 32). Es que resulta más sencillo identificar el uso personal o doméstico del bien o servicio en una determinada persona física; mientras que para identificarlo en la persona jurídica es necesario conocer previamente su giro comercial o profesional para luego definir si la prestación tuvo por destino final a la empresa y si fue incorporado a su giro comercial o profesional, o a una función ajena a su objeto.-

B. Como fue dicho en el voto que comparto con mis distinguidas colegas, el sistema cambiario tiene una particular regulación que ha sido construida a través de los años, teniendo en mira la función económica de estas cartulares.-


Es que utilidad y enorme influencia en la vida económica reposa en su aptitud para movilizar el crédito; finalidad que sólo puede ser cumplida bajo las garantías de certeza en su existencia y seguridad de su realización (Yadarola, M., Títulos de crédito, página 10). Recuérdese que el germen de este derecho lo constituyó el peligro que representaba a los comerciantes el transporte de la moneda entre diversas plazas y que, en algunos casos, los signos monetarios de un país no tenían fácil curso en otros (Muñoz, L., Títulos Valores Crediticios, página 16; Cámara, H., Letra de Cambio y Vale o Pagaré, T. I., páginas 14/15), lo cual los llevó a crear ciertos instrumentos que constituían virtuales sustitutos del dinero.-
En esta línea, Cesare Vivante, quien inició la tarea de generalizar y sistematizar este instituto, expuso una teoría general de los títulos de crédito que sustentó en lo esencial, en el carácter autónomo del derecho que ellos transfieren a cada sucesivo adquirente y cuyo carácter resulta de la estructura del mismo documento, es decir de sus elementos constitutivos: forma, posesión del documento y literalidad (Yadarola M., obra citada, página 10/11).-
No explicaré cada una de los elementos constitutivos de los títulos de crédito pues amén de ser referidos en el voto principal, prolongaría innecesariamente este discurso complementario.-
Pero destacaré, nuevamente apoyándome en Yadarola, que dada su utilidad de hacer circular el crédito, al emitir estos documentos, “…una relación estrictamente personal como es la que se establece entre deudor y acreedor se despersonaliza, atenúa su carácter de vínculo personal para transformarse en una relación objetivada en un rectángulo de papel y así entra en la circulación económica con la misma eficacia circulatoria que las cosas muebles, pero con mayor seguridad jurídica, desvinculando a cada acreedor-poseedor del título, de las relaciones que los anteriores acreedores tuvieron con el deudor; y asegurando la legitimidad de una adquisición a non domino aun si el título hubiera sido robado o perdido” (Yadarola, M., obra citada, páginas 12/13).-
Como describe la doctrina clásica, la materia cambiaria se orientó hacia la progresiva objetivación en la concepción del derecho que, expresado en el título de crédito, es objeto de circulación; la consiguiente aproximación a las reglas que disciplinan la circulación de las cosas muebles, y por este camino la conquista del principio de autonomía del tercero adquirente y de su invulnerabilidad a las excepciones (Ascarelli, Tullio, Panorama del Derecho Comercial, página 70, Ed. Depalma 1949).-
Los principios de literalidad y autonomía permiten que quien adquiere un título de crédito en el curso de su circulación, tenga la certeza que el derecho que allí se encuentra incorporado es el estrictamente descripto en el documento, sin que puedan serle opuestas defensas que se podrían hacer valer respecto de otros obligados cambiarios, en tanto tratarse de un derecho originario y no derivado. Esto último otorga, a su vez, seguridad al portador legitimado respecto del ejercicio de tal derecho.-
A ello se suma, cuanto menos en el título esgrimido en los numerosos pleitos que han provocado esta autoconvocatoria (pagaré), el principio de la abstracción en tanto la obligación cambiaria existe desvinculada a su causa, entendida esta última como relación fundamental o negocio subyacente.-
Un eventual vínculo explícito entre el negocio y la emisión del pagaré perjudicaría el cumplimiento de su finalidad, pues obligaría a trasparentar aquella causa en el título, lo cual posiblemente necesitaría de instrumentos complementarios, y abriría un eventual debate sobre cuestiones atinentes a la operación subyacente alejándolos de las discusiones eminentemente formales que habilita hoy la legislación específica.-
Por el contrario, la normativa vigente se enmarca en la triple perspectiva que deriva del concepto de rigor cambiario.-
Ello en cuanto: 1) a sus formas pues la ley le exige estrictas precisiones documentales a que se halla sujeta la letra de cambio, como también el pagaré, para ser considerada tal, así como los requisitos extrínsecos, que a la luz de los artículos 1 y 101 del decreto ley 5965/63, tienen carácter constitutivo (arg. Artículo 2 de igual norma); 2) el rigor cambiario sustancial, que el sistema establece respecto de cómo puede exigirse el derecho subjetivo (cambiario) contenido en la letra, y los deberes o cargas que, como correlato, debe cumplimentar su portador; 3) por último, como complemento necesario de lo anterior, el rigor procesal establecido para demandar en justicia el referido derecho subjetivo cambiario, mediante un procedimiento rápido y eficaz (juicio ejecutivo), el cual presenta una clara limitación en las defensas oponibles por parte de los sujetos pasivos que garantizan solidariamente el pago de la cambial (Gómez Leo, Osvaldo R., La Letra de Cambio y el Pagaré, página 107, Ed.: Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1980).-
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