Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Autoconvocatoria a plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores”



Descargar 427,01 Kb.
Página11/13
Fecha de conversión11.01.2017
Tamaño427,01 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Resta, por último, destacar que la solución que propiciamos para la cuestión propuesta a este tribunal plenario se encuentra corroborada en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (1.9.2010, “Cuevas, Eduardo Alberto c. Salcedo, Alejandro René”).-

9. En atención a los argumentos expuestos, damos respuesta afirmativa también a la segunda cuestión propuesta en esta convocatoria.-

I. G.- El señor juez Juan José Dieuzeide adhiere al voto formulado por el señor juez Pablo D. Heredia y agrega:

Que respondo afirmativamente a las dos preguntas formuladas en la convocatoria a este fallo plenario, adhiriendo a los exhaustivos fundamentos del voto del señor juez Heredia, formulando únicamente dos aclaraciones.-

1.- La primera, concierne al punto 15, tercer párrafo de los considerandos del voto a cuyos fundamentos adhiero, en cuanto se señala que “el análisis económico del derecho… no puede servir para convalidar, por certero que sea, el fraude a la ley”. En rigor, considero ilustrativo ampliar tal consideración, puesto que el Análisis Económico del Derecho –entendido como disciplina científica- en modo alguno puede convalidar el fraude a la ley, al menos por tres razones:
a) En primer lugar, porque se limita a predecir las conductas que provocarán las nuevas normas jurídicas –en este caso la que resulte de una interpretación obligatoria de la ley-, pero sin postular en modo alguno que la eficiencia económica sea el único valor digno de ser promovido. Por el contrario, la preocupación por el exceso igualitario a la justicia que subyace en este fallo plenario es mencionado expresamente por la calificada doctrina especializada en la cuestión que individualizará infra. El Análisis Económico del Derecho predica simplemente que conocer los beneficios y costos que provocará una norma tomando como parámetro la Economía entendida como una ciencia que estudia la conducta humana con el modelo de acción racional de modo preciso y confiable, es indispensable para obtener cualquier resultado socialmente valioso, puesto que de otra forma los legisladores y jueces pueden provocar efectos no queridos y a veces contrarios a los buscados (v. Spector, H. y otros, Elementos de Análisis Económico del Derecho, ed. 2004, cap. I, págs. 19/23). Este conocimiento específico se enmarca a mi modo de ver en la pauta hermenéutica general enunciada por el entonces Procurador General de la Nación Sebastián Soler –en dictamen cuyos fundamentos la C.S.J.N. hizo suyos en el fallo del 3.4.56 “Grisolia, Francisco Mariano”, Fallos 234:483- según la cual “las consecuencias que naturalmente derivan de un fallo, …es, …uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación que se efectúa”. Tal pauta hermenéutica, se vincula directamente con la ponderación a la que alude el señor juez Heredia en la frase inicial del considerando nro. 15 de su voto a la que me referiré infra 1.b.-

b) En segundo lugar, porque la hipótesis de que la interpretación obligatoria que se propicia pudiera ser contraria al Análisis Económico del Derecho, surge de la preocupación de que podría provocar un eventual aumento de las tasas de interés en los créditos para el consumo como consecuencia del aumento de los costos de las entidades financieras cuando deban ejecutar los títulos de sus créditos en los tribunales del domicilio del deudor. Ahora bien, según lo entiendo, desde el punto de vista del Análisis Económico del Derecho debe medirse la eficiencia de una solución jurídica al margen de la asignación del derecho a uno u otra parte (v. Spector, H. y otros, op. cit., cap. I, pág. 15). Considero entonces que la aplicación de tal principio a este fallo plenario supone ponderar si la decisión mayoritaria tendrá como consecuencia una variación o no en los costos totales de todos los agentes económicos involucrados actualmente o en el futuro en el ámbito alcanzado por dicho fallo, y no únicamente en los de las entidades financieras. En tal sentido, en los fundamentos a los que adhiero, se tuvieron en cuenta los mayores costos que se provoca actualmente a los consumidores de créditos al obligarlos a demandar en el ámbito de competencia territorial del tribunal correspondiente al domicilio de la casa central del proveedor (considerando 6to.), los que evidentemente disminuirán si se impone la respuesta afirmativa a las preguntas formuladas al ser convocado este fallo plenario, incidiendo de tal modo en los costos totales de todos los agentes económicos involucrados y por consiguiente en la eficiencia del sistema.-

c) En tercer y último lugar, también entiendo que:

(i) Las preocupación que recoge el considerando nro. 15 del voto a cuyos ilustrados fundamentos adhiero –según la cual las entidades financieras podrían afrontar mayores costos que incidirán en la tasa de interés en los créditos para el consumo- tiene como presupuesto en mi opinión que la oferta de crédito en el ámbito de otras competencias territoriales es brindada única o mayoritariamente por entidades financieras con domicilio y sede en el Ámbito de la competencia territorial donde será aplicable este fallo plenario –la Capital Federal de la República Argentina-. En ese caso, el aumento de costos de aquellas podría determinar necesariamente el correlativo aumento de tasas de interés en cada jurisdicción territorial en la que actúan –a menos que después de un análisis integral de costos y beneficios las entidades financieras afectadas concluyan en que les resulta aún conveniente absorber los primeros aunque se incrementen-. Pero entiendo también que al ser pronunciado este fallo el tribunal no conoce datos objetivos que permitan tener como válido tal presupuesto de hecho –como tampoco lo registra en experiencias de otros países la doctrina citada en el voto al que adhiero-, por lo cual en el mejor de los casos constituye solamente una hipótesis a la que con razón el señor juez Heredia califica como “juicio conjetural” (v. considerando nro. 15). Y aunque esta hipótesis fuera cierta, no hay elementos de juicio que permitan predecir si esa oferta de crédito puede o no ser sustituida total o parcialmente de modo eficiente –con resultado neutro para las tasas de interés- por entidades financieras con sede en otras jurisdicciones territoriales locales, coincidentes o cercanas al domicilio real de los tomadores de crédito, teniendo siempre en cuenta el universo restringido y específico del que se trata, limitando a líneas de crédito para el consumo y no para la inversión.-


(ii) Tampoco se puede dejar de ponderarse si habrá una variación positiva en la demanda de crédito por parte de los consumidores con capacidad de hacerlo en jurisdicciones territoriales distintas a las de los domicilios sociales de entidades financieras que lo tienen en esta Capital Federal, ante la seguridad jurídica derivada de un acceso a la justicia real y no sólo formal que les permita eventualmente defenderse ante todo exceso en que pudieran incurrir los oferentes de crédito.-
(iii) Por lo tanto, considero que el tribunal no cuenta con elementos de juicio suficientes para evaluar si una respuesta afirmativa a la convocatoria a plenario será contraria no ya a los postulados del Análisis Económico del Derecho, sino siquiera a la mayor eficiencia de los agentes económicos considerados en conjunto.-

d) Estas aclaraciones las formulo con el solo propósito de procurar demostrar que los sólidos fundamentos y la conclusión del voto al que adhiero, no se encuentran en colisión con los postulados básicos de una respetabilísima y útil escuela jurídica como la del Análisis Económico del Derecho.-


2.- El segundo aspecto que juzgo de interés destacar, concierne al punto 8 de los mencionados considerandos, señalando que la interpretación que se propicia no sólo concuerda con los precedentes del derecho comparado reseñados por el señor juez Heredia en cuanto a la declaración de oficio de la incompetencia territorial con fundamento en lo dispuesto por el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, sino también con el Proyecto de Ley ingresado bajo el número S-1322/10 el 13.5.2010 en el Honorable Senado de la Nación, en cuanto propone sustituir el actual párrafo tercero del art. 4to. del c.p.c. por el siguiente “…En los asuntos exclusivamente patrimoniales no procederá la declaración de incompetencia de oficio, fundada en razón del territorio, excepto cuando medie una relación de consumo en los términos de la ley de Defensa del Consumidor”.-

I. H.- El señor juez Juan Manuel Ojea Quintana adhiere al voto formulado por el señor juez Rafael F. Barreiro.-

II. A las dos preguntas formuladas, los señoras jueces María Elsa Uzal, Matilde E. Ballerini, Ana I. Piaggi y María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero responden de modo negativo; el doctor Gerardo G. Vassallo responde a la primera cuestión de modo negativo considerando abstracto expedirse sobre la segunda cuestión propuesta en la presente convocatoria. Todo ello, por los fundamentos de los votos que se exponen a continuación:

II. A.- Fundamentos de las doctoras María Elsa Uzal, Matilde E. Ballerini, Ana I. Piaggi, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Gerardo G. Vassallo, este último, con los alcances establecidos en su ampliación de fundamentos

1. Existe discordancia entre algunas de las Salas que integran este Tribunal de Alzada en lo atinente a la pertinencia de declarar de oficio la incompetencia en razón del territorio en las ejecuciones de títulos cambiarios -dirigidas contra deudores residentes fuera de la jurisdicción del tribunal-. Frente a ello, la Sala C de esta Cámara solicitó, en ejercicio de la facultad conferida por el art. 302 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la presente convocatoria a plenario.-
Así, con el objeto de zanjar la apuntada divergencia de soluciones y de establecer un criterio unívoco obligatoriamente aplicable para todos los jueces que componen el fuero (art. 303 del Código Procesal), esta Cámara, admitió, mediante Acuerdo del 30 de septiembre del 2009, punto V, la “autoconvocatoria” a reunión plenaria.-

2. La cuestión a resolver por el Tribunal en pleno, ha sido formulada en los siguientes términos: “En las ejecuciones de títulos cambiarios dirigidas contra deudores residentes fuera de la jurisdicción del tribunal: 1. ¿Cabe inferir de la sola calidad de las partes que subyace una relación de consumo en los términos previstos en la ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, prescindiendo de la naturaleza cambiaria del título en ejecución? 2. En caso afirmativo: ¿Corresponde declarar de oficio la incompetencia territorial del tribunal con fundamento en lo dispuesto en el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor?

3. Adelantamos nuestra respuesta a la primera cuestión propuesta: en las ejecuciones de títulos cambiarios, la sola calidad de las partes no autoriza a presumir que subyace una relación de consumo en los términos previstos en la ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor.-

Expondremos a continuación los motivos que sustentan nuestra posición:



A fin de dar adecuada respuesta a la cuestión aquí planteada, se recuerda que se trata en la especie de la ejecución de un título de crédito y que en ese documento hay una declaración de voluntad constitutiva: el derecho contenido en el título se constituye con el mismo, nace con él y viene dentro de él (Yadarola, Mauricio L., "¿La letra de cambio es un contrato?”, en Boletín de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, N° 4, año 1941). De allí, entonces, que algunos de sus caracteres esenciales estén conformados por la literalidad, autonomía y la abstracción propios de los instrumentos negociables, cuyas obligaciones nacen derivadas, precisamente, de esa naturaleza.-
Resulta insoslayable recordar que la literalidad, común a todos los títulos circulatorios, implica que el contenido, extensión, modalidades de ejercicio y todo otro posible elemento principal o accesorio del derecho cartular son únicamente los que resultan de los términos en que está redactado el instrumento. Dicho de otro modo, el derecho que lleva el título es literal pues su contenido y medida están determinados por el tenor del mismo (véase: Vivante, César, “Tratado de Derecho Mercantil”, Editorial Reus, Madrid, t. III, pág. 136).-
En efecto, tal literalidad impide al acreedor invocar derechos y al deudor oponer excepciones al poseedor que no estén contenidos, exclusivamente, en el texto del documento, pues al ser la promesa contenida en el título de crédito una promesa literal, queda vedada toda posibilidad para el deudor de acudir a otros elementos que sean extraños al instrumento o que, al menos, no estén expresamente indicados en él.-
En esta línea de pensamiento se ha expresado también, que los derechos y obligaciones que surgen de los títulos de crédito han sido regulados en el sistema cartular de tal modo que cualquier modificación, disminución o mutación de ellos sólo puede resultar de los términos textuales del cartulario y en tanto esa relación obligacional debe, por fuerza, ser formalmente expresada queda relegada toda posibilidad de valerse, en ese ámbito específico, de otros instrumentos o documentos que puedan contener derechos u obligaciones fuera del título mismo (véase: Gómez Leo, Osvaldo R., “Instituciones de Derecho Cambiario. Títulos de crédito”, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1982, t. I, págs. 110 y 111).-
Es que el principio de literalidad implica que los derechos del poseedor del instrumento se rigen en lo que respecta a su cuantía, modalidades o eficacia, por el tenor del título y nada que no esté allí expresado o relacionado puede serle opuesto al poseedor para alterar, disminuir o, de cualquier modo, modificar su derecho. Adviértase entonces que el carácter referenciado, cuyo alcance primigenio apunta a destacar la irrelevancia de convenciones extrañas a las expresiones vertidas en el instrumento cartular. Aunque ello no impide que, en determinados casos, el documento esté relacionado con elementos, también documentales, externos al propio título, pero a los que éste remite.-
En tal caso, será la referencia a la relación causal en el texto del título la que fijará los límites dentro de los cuales ésta podrá influir sobre la relación cartular. Por ello, los elementos extradocumentales únicamente valen en cuanto en el título se haga mención de ellos y en los límites de esa mención (véase: Gualtieri-Winitzky, "Títulos Circulatorios", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1984, pág.85).-
Por su lado, el carácter autónomo del derecho cartáceo contenido en un título de crédito importa que cada sucesivo titular adquiere un derecho originario, no derivado de su antecesor, pues el derecho emana del documento y no del “tradens”.-
Cambiariamente, cada poseedor adquiere ex novo el derecho incorporado al documento originariamente y, por ende, cada adquisición aparece desvinculada de las relaciones existentes entre el deudor y los poseedores anteriores.-
En razón de la autonomía, para el tercero de buena fe es jurídicamente irrelevante cuál fue el origen de la obligación incorporada literalmente al documento y éste, en manos del tercero adquirente, constituye el título idóneo para exigir el cumplimiento de la prestación prometida, con prescindencia de los derechos que los anteriores poseedores tuvieran contra el deudor.-
En síntesis, la autonomía implica que el derecho documental, en cuanto corresponde al portador sólo por efecto de su relación jurídica con el documento, independientemente de las relaciones que puedan haber existido con los portadores precedentes, constituye un derecho originario y no derivado y, por ende, inmune a las excepciones oponibles a los portadores precedentes (conf. Williams, Jorge Nicanor, “Títulos de crédito”, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1981, pág. 235).-
Finalmente, la atribución patrimonial también es abstracta, es decir, desvinculada de la relación causal originaria que motivó la creación o circulación del título. En consecuencia, éste no representa una deuda antigua o un documento que reemplaza otro nexo originario, sino que contiene una obligación nueva y autónoma (Cámara, Héctor, “Letra de cambio y Vale o Pagaré”, Ediar, Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera, Buenos Aires, 1970, t. I, pág. 202).-
La abstracción es un concepto jurídico en virtud del cual la ley se limita a prescindir de la causa del título, con miras a lograr una mayor celeridad y seguridad en la circulación (Quintana Ferreyra, Francisco “El problema de la causa en los títulos de crédito y en particular en la letra de cambio” en “Cuaderno del Instituto de Derecho Comercial”, Imprenta de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1960, N° 1, pág. 36).-
Esa desvinculación respecto de la relación causal facilita y asegura la adquisición y transmisión del documento abstracto –y del derecho a él incorporado-, con el fin de evitar que su causa entorpezca el ejercicio de los derechos emergentes del título.-

4. Es en virtud de las apuntadas características de los títulos de crédito que nuestra tradición legislativa, doctrinaria y jurisprudencial ha consagrado, como principio básico en la materia, la inoponibilidad en la ejecución cambiaria de las cuestiones extracartulares, es decir, aquéllas que no resultan del título mismo, las que sólo podrían ser ventiladas en un proceso de conocimiento con amplitud de prueba. Y ello no sólo respecto de los terceros tenedores sino también cuando se enfrentan el beneficiario con el librador de la letra o suscriptor del pagaré (Fernández, Raymundo L, "Ejecución Cambiaria", LL, 1970, t° 139, pág. 945).-


Ergo, el proceso de ejecución tiene un trámite rápido porque ello resulta esencial a fin de asegurar la eficacia de los documentos comerciales, en consecuencia, la introducción de cuestiones relativas a la causa de la obligación conduciría, indirectamente, al deterioro de institutos que comprometen la seguridad del tráfico jurídico.-
No parece un tema menor poner en evidencia la importancia del aspecto circulatorio en los negocios cambiarios pues, en definitiva, la oponibilidad, o no, de excepciones causales frente a una acción cambiaria ejecutiva es cuestión decisiva para la seguridad del tráfico mercantil de estos títulos-valores (véase: Ascarelli, T., “L´astratezza nei titoli di credito”, Riv. de Dir. Com., año 1932, citado en Bonfanti, Mario- Garrone José Alberto, “De los Títulos de Crédito”, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1982, pág. 561).-
Tampoco debe perderse de vista que existe una separación neta entre el derecho cartular y el derecho común; el título, creado por las necesidades de las transacciones económicas, reconocido y regulado por el legislador, está sujeto a un régimen especial: el derecho cambiario, completamente distinto de las normas comunes y tradicionales del derecho civil y comercial y pretender traspolar situaciones y aplicar al título referido las normas y principios jurídicos concebidos para otras instituciones lleva a adoptar soluciones reñidas con la práctica y las necesidades del comercio.-
Precisamente, la ley cambiaria sólo se ocupa, como es lógico, del régimen cambiario y de los derechos y obligaciones que resultan del título; todo lo que es anterior al mismo es ajeno al régimen: el negocio fundamental y el acuerdo de voluntades que determinaron la creación y entrega del documento son cuestiones extracambiarias y, por lo tanto, no pueden traerse a colación en la ejecución basada en un título de esta naturaleza (Véase: Fernández Raymundo L., ob. cit. supra).-
Así pues, todas las defensas fundadas en el negocio subyacente, en virtud del cual el deudor entregó el título al acreedor, son ajenas al régimen cambiario y quedan excluidas de la acción ejecutiva basada en él, siendo oponibles, únicamente, en el juicio ordinario posterior al ejecutivo o en la acción causal, en los que caben todas las defensas del deudor.-
Asimismo, el intérprete cambiario no podría soslayar que, en tanto no se ha regulado en detalle el proceso de ejecución de títulos cambiarios, el mismo ha quedado librado a la ley procesal, la que, lejos de contrariar su régimen, lo secunda, pues sus disposiciones conservan la eficacia de tales documentos sin afectar la defensa del deudor. En este marco, la “ordinarización” de la ejecución de estos documentos importa, necesariamente, desnaturalizar por completo el régimen cambiario, cuyas normas tienden a simplificar y abreviar trámites para hacer efectivo, tanto privada como judicialmente, el derecho del tenedor, permitiéndole un rápido cobro.-
Es por demás evidente que la acción cambiaria ejecutiva, regida por el art. 60 y cctes. del Decreto-Ley 5965/63, sólo admite un marco reducido de defensas extrañas a la relación causal subyacente que dio origen a la emisión del título y que se basan en el título mismo.-
En síntesis, resulta indudable que la admisión de defensas causales en el contexto de estos procesos, conspira contra la abstracción y literalidad que son los pilares en los que asienta la doctrina cambiaria, ya que el cobro mediante juicio ejecutivo no es otra cosa que la herramienta que el legislador brinda al poseedor del título para una segura y rápida realización de su acreencia.-

5. Sentado lo expuesto, estimamos que cabe sin más dar respuesta negativa a la primera cuestión propuesta a este Acuerdo Plenario.-


De este modo, es claro que para concluir en que en la ejecución de un título cambiario, se está ante una relación de consumo resulta, conditio sine qua non, acceder a la causa determinante del libramiento del documento, saltando por sobre su naturaleza. Es que, establecer la existencia de una relación de consumo en el contexto apuntado, como circunstancia determinante para que se torne aplicable la Ley de Defensa del Consumidor, implica de modo insoslayable ahondar en la relación causal subyacente, en el negocio que le dio origen, lo que resulta totalmente ajeno a la naturaleza del título de que se trata y a la acción cambiaria promovida, es más, está vedado por ellos.-
Por ende, al habilitarse por obra de meras inferencias presuntivas la atención de relaciones causales en el marco de ejecuciones de títulos cambiarios, se violentarían gravemente principios elementales de derecho cambiario y del ordenamiento ritual y, so pretexto de la sola invocación del derecho del consumidor, se tendería a constituir una especie de "superderecho" al margen de las relaciones económicas, posponiendo las estructuras jurídicas que gobiernan el derecho privado en sus diversas ramas -contratos, títulos de crédito, seguros, etc.- con la sola y alegada presunción de abusos y desmesuras. Debe recordarse que las normas del derecho privado ya contemplan correctivos para mantener el equilibrio de cada una de esas instituciones y no admiten, sin más, un ejercicio a ciegas de ciertas inferencias.-
No obstante, aunque las relaciones de consumo no parecerían necesitar, en principio, de un derecho especial al margen de las previsiones civiles o comerciales propias del contrato de compraventa, o de la prestación o servicio de que se trate, han evidenciado, sin embargo, un dispar poder negociador efectivo, como consecuencia de la incidencia del desigual poder económico, en términos reales, entre proveedores y consumidores. Así es que este fenómeno social, ha conducido a la generación de una nueva categoría de relaciones jurídicas dentro de las cuales emerge como caracterizante el elemento personal, dado por la existencia de un sujeto vulnerable -el consumidor- como parte típicamente débil en la relación negocial y cuya protección resulta justificada, en la medida en que se convierte en el objetivo final y funcional de ese ius mercatorum especial, al que se denomina derecho del consumidor.-
Pese a lo expresado, no cabe ignorar las estructuras jurídicas que gobiernan el derecho cambiario recurriendo a meras inferencias derivadas de la calidad de las partes involucradas, pues al atribuir ligeramente a relaciones que no resultan debidamente configuradas como de consumo el carácter de tales, aplicando indiscriminadamente a éstas últimas la alegada "protección del consumidor”, lejos de favorecer, puede llegarse incluso a perjudicar a aquellos a quienes se intenta proteger, interfiriendo severamente, si se piensa en el juego de las relaciones macroeconómicas, en la circulación del crédito y en la actividad financiera y bancaria, sin que se advierta en ello un auténtico interés de orden público involucrado. En efecto, no podría soslayarse al concluir de este modo que se encuentran en juego los intereses tutelados por la disciplina cambiaria, con grave afectación de la seguridad, que es consustancial al tráfico mercantil.-
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal