Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Autoconvocatoria a plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores”



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Dicho en otros términos, si –como lo prescribe el art. 1197 CC- “las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma”, con el único límite que consagra el art. 21 de ese mismo cuerpo legal en orden a que “las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres”, no parece que el límite que una norma de orden público –como la del art. 36 de la LDC- le impone a los particulares pueda ser llevada más allá del presupuesto fundante de esa limitación, que, en el caso del citado art. 36 LDC no es otro que la protección del derecho a la defensa en juicio del “consumidor”. Se infiere de esto que, no siendo apreciable afectación alguna a esta garantía constitucional por la circunstancia de que este último, en tanto residente dentro del radio ‘ut supra’ aludido, sea demandado en este distrito, no advierto que la prevalencia de la norma de orden público pueda tener un ámbito de actuación mayor al fundamento que determina su vigencia. Por consiguiente, no estando presente la posibilidad de un verdadero agravio a la mencionada garantía constitucional, esa prevalencia debe ceder, recobrando virtualidad las normas habituales que regulan la jurisdicción en materia cambiaria, así como las que emergen de eventuales cláusulas de prórroga de la competencia en el plano territorial.-
No debe olvidarse que, de acuerdo con un criterio invariablemente sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de reiterados fallos, la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y ese propósito no debe ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación legal que dificulten la consecución de los fines perseguidos por la norma, de tal suerte que la contradicción entre los términos de la ley y la clara finalidad que ella persigue debe resolverse evitando darle un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como valedero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (CSJN, 1.1.82, “Montarsa Montajes Argentinos SA.”, Fallos:304:1403; entre muchos otros).-

(6.) Como consecuencia de todo lo hasta aquí expuesto, entonces, habré de acompañar el voto de la mayoría, con las prevenciones expresadas en los apartados (3.) y (4.) de esta ponencia y la limitación explicitada en el apartado (5.). Con esas salvedades, voto –pues- por la afirmativa en las dos (2) cuestiones sometidas a la consideración de este Pleno, o sea en el sentido de que: “Corresponde declarar de oficio la incompetencia territorial del tribunal en un juicio ejecutivo con independencia de que el título base de la ejecución reúna naturaleza cambiaria, siempre que: (a.) la relación de consumo surja de la calidad de las partes, del título mismo, o de los demás antecedentes del caso resultantes del litigio; y (b.) que el demandado resida en un radio que exceda de los 200 km de la Capital Federal, según las previsiones contenidas en los arts. 340, 342, 158, 526 y 542 CPCC.”.-

I. F.- Fundamentos de los doctores José Luis Monti y Alejandra N. Tevez:

1. A iniciativa de la Sala C del Tribunal, esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dispuso la presente auto convocatoria a Acuerdo Plenario con el propósito de unificar los criterios de las distintas Salas respecto de la pertinencia de declarar de oficio, en las ejecuciones de títulos cambiarios dirigidas contra deudores residentes fuera de la jurisdicción del Tribunal, la incompetencia territorial, con fundamento en lo dispuesto en el art. 36 de la ley de defensa del consumidor (LDC, texto según ley 26.361). Con ese alcance se han formulado los interrogantes que hemos sido llamados a responder.-



2. La primera cuestión planteada, concerniente a si corresponde inferir de la sola calidad de las partes involucradas en las mencionadas ejecuciones, que subyace una relación de consumo en los términos previstos en la LDC, será contestada afirmativamente.-
Sin pasar por alto ciertas observaciones que señala en su voto el Dr. Kölliker Frers en cuanto al modo en que ha sido formulado el interrogante para este Acuerdo, cabe entender que el sentido de la pregunta se orienta, precisamente, a un supuesto de hecho en el que, al menos en el momento liminar del proceso, no se cuenta con otros elementos indicativos que los enunciados, esto es: la ejecución de un título de crédito, iniciada por una entidad financiera contra una persona física. No se descarta que pueda haber otros datos que confirmen la existencia de una relación de consumo, en cuyo caso nuestra respuesta afirmativa resultaría fortalecida. Pero en cuanto aquí interesa, tal respuesta significa que en virtud de la condición de los sujetos involucrados en la ejecución sustentada en un título de crédito es posible presumir ya la prestación de un servicio financiero que de manera profesional efectúa la entidad demandante, actividad financiera que queda comprendida en el ámbito de la relación de consumo definida por el art. 3° de la ley 24.240 (texto introducido por la ley 26.361).-
En efecto, la entidad financiera ejecutante es una persona jurídica que se dedica con profesionalidad a proveer de crédito al público en general y, en cuanto tal, encuadra en el concepto de “proveedor” contenido en el art. 2° de la LDC. De su lado, la ejecutada es una persona física con las características que el art. 1° de la citada ley requiere para estar en presencia de un “consumidor” o “usuario”.-
Tales antecedentes, esto es, la actividad financiera que desarrolla la actora y la circunstancia de que el demandado sea una persona física, permiten encuadrar prima facie el vínculo jurídico establecido entre las partes en litigio en el marco de las relaciones de consumo a que se refieren los arts. 1°, 2° y 36 de la ley 24.240, según ley 26.361 (ver dictamen de la Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 29.11.09, en autos “Compañía Financiera Argentina S.A. c/Monzón, Mariela Claudia s/ejecutivo”).-
Es cierto que para que cobre operatividad la tutela que dispensa la LDC, el consumidor o usuario ha de ser el destinatario final de la prestación efectuada por la entidad financiera (conf. art. 1°, segundo párrafo, de la ley), pero este es un extremo que en el supuesto de hecho de que se trata no requiere acreditación previa y que no cabe poner en tela de juicio, a menos que la entidad demandante lo haga. Y en ese caso, a ella incumbe la carga de acreditar que el ejecutado se halla fuera del alcance de la normativa de que se trata (conc. art. 37, inc. ‘c’, LDC).-
En ese sentido, no es ocioso destacar que la entidad financiera ejecutante, como predisponente de las condiciones a las que se encuentran sujetos los clientes destinatarios de su actividad, es quien se encuentra en mejor posición para aportar los elementos probatorios tendientes a desvirtuar la presunción de que la relación que subyace entre las partes sea una relación de consumo y, como tal, comprendida dentro de los supuestos previstos por la ley de la materia. Es más, de conformidad con las “normas del proceso” contenidas en el art. 53 LDC, corresponde a los proveedores la carga de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio. De modo que, sin desatender las disposiciones sobre carga de la prueba que rigen en el ámbito de los juicios ejecutivos (art. 549, segundo párrafo, CPCC), a los fines de la determinación de la competencia en los casos que nos ocupan, no podría soslayarse el deber de colaboración que esa norma impone a los proveedores.-
En el contexto descrito, ante la carencia de demostración de circunstancias excluyentes por parte de la entidad financiera ejecutante, deviene aplicable la regla contenida en el art. 3° de la LDC. Y si existiera alguna duda respecto del encuadramiento del caso en el marco de la ley 24.240, se impone la interpretación en favor del consumidor (art. 3°, segundo párrafo y 37, segundo párrafo, de la LDC); directiva que no es sino reiteración del principio general contemplado en la legislación mercantil por el art. 218, inc. 7° del Código de Comercio, que impone interpretar las cláusulas contractuales ambiguas o dudosas en favor del deudor.-
Consecuentemente con lo expuesto, concluimos que en una ejecución iniciada con base en un título de crédito por una entidad financiera contra una persona física, es válido presumir que el vínculo que subyace se encuentra comprendido dentro de los supuestos previstos por la ley de defensa del consumidor; más precisamente: cabe inferir que se trata de una “operación de crédito para consumo” regida por el artículo 36 de la ley.-
En los términos expresados, damos respuesta afirmativa a la primera cuestión propuesta a este Acuerdo Plenario.-

3. La respuesta afirmativa a la primera cuestión nos conduce, ahora sí, al planteo del tema sustancial propiamente dicho, vale decir, si en estas ejecuciones de títulos cambiarios “corresponde declarar de oficio la incompetencia territorial del tribunal con fundamento en lo dispuesto en el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor”.-


Respondemos también afirmativamente a esta segunda cuestión con sustento en los argumentos que seguidamente se expondrán.-

4. En lo que interesa a los fines que aquí se debaten, cabe recordar, a modo de introducción, que la ley 26.361, publicada en el Boletín Oficial el 7 de abril de 2008, sustituyó, por medio de su art. 15, el art. 36 de la ley 24.240. Ese art. 36, contenido en el Capítulo VIII titulado “De las operaciones de venta de créditos”, luego de enunciar los requisitos que debe contener el documento en el cual se instrumenten las operaciones financieras para consumo y las de crédito para el consumo, establece en su último párrafo que “…Será competente, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados en el presente artículo, siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor”.-


Esa regla no es nueva en el ámbito de las contrataciones bancarias y de crédito. Ya la ley que regula las relaciones derivadas del uso de tarjetas de crédito (ley 25.065) había incorporado un principio análogo al establecer la nulidad de las cláusulas “que importen prórroga a la jurisdicción establecida…” en esa ley (art. 14, inc. i), que no es otra que la del domicilio del titular o fiador (art. 52).-
Por lo demás, no cabe dudar que los eventuales pactos de prórroga de la jurisdicción territorial hacia un tribunal distinto del correspondiente al domicilio del consumidor, que el nuevo art. 36 invalida, igualmente hubieran sido susceptibles de encuadrar en los supuestos de cláusulas abusivas e ineficaces que la misma ley ya contemplaba en su versión original. El art. 37 de la LDC, que no sufrió modificaciones, dispone que cabe tener por no convenidas las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones (inc. a) o que importen renuncia o restricciones de los derechos del consumidor o amplíen los de la otra parte (inc. b).-

5. En tanto la ley de defensa del consumidor es calificada en su mismo texto como de orden público (art. 65), no cabe dudar respecto de la invalidez de eventuales pactos de prórroga de la jurisdicción territorial que importarían su desplazamiento hacia un tribunal distinto del correspondiente al domicilio del consumidor, pues ello vendría a transgredir la expresa pauta de atribución de competencia prevista en el art. 36 de la ley.-


Con miras a procurar una necesaria armonización entre las normas procesales y sustanciales, es preciso tener en cuenta que la ley de defensa del consumidor integra nuestro derecho sustantivo (art. 65: rige en todo el territorio nacional), como complementaria de los códigos civil y de comercio (art. 75 inc. 12, CN), a la vez que reglamentaria de la cláusula constitucional contenida en el art. 42 de la CN (en cuanto contempla la protección de los derechos de usuarios y consumidores en lo que denomina la relación de consumo). Se impone así la primacía del estatuto del consumidor por sobre las previsiones de los ordenamientos procesales locales y, en particular, los arts. 1° y 2° del CPCC, en cuanto prevén que en el proceso civil la competencia territorial en los asuntos exclusivamente patrimoniales es prorrogable, expresa o tácitamente (conf. art. 31 CN).-
Cabe señalar que no es óbice para esa preeminencia del art. 36 LDC, la circunstancia de que regule un aspecto procedimental que, como regla, estaría reservado a las legislaturas locales (arts. 121 y ss. CN), en tanto se trata de una norma –como otras del mismo carácter insertas en los códigos de fondo- directamente vinculada con la tutela de los derechos a que se refiere la misma ley sustantiva de que se trata, cuyo propósito es dispensar un tratamiento unificado a esos derechos en todo el ámbito nacional (doctrina de Fallos: 178:31, CSJN).-
Desde otra óptica, si bien como principio es válido el pacto de prórroga de jurisdicción territorial, ello sólo es así en tanto no se afecten disposiciones de orden público, pues en tal hipótesis dicho pacto debe ceder ante una norma explícita de ese carácter. En cuanto aquí interesa, no cabe sino inteligir que la previsión específica que determina, en las operaciones financieras y de crédito para consumo, la competencia del juez que corresponda a la jurisdicción del domicilio real del consumidor, a la vez que establece la nulidad de cualquier pacto en contrario (art. 36 LDC), en tanto norma imperativa que la misma ley califica de orden público (art. 65 LDC), debe prevalecer sobre la normativa procesal.-
Hay otra razón que se añade a las anteriores para justificar esa preeminencia. Además de ley de orden público, la LDC es en este contexto una ley especial en cuya virtud se otorga al consumidor o usuario un régimen particular derivado de su condición de parte débil en la relación con el empresario o productor de bienes o servicios. Por eso sus normas son de aplicación preferente y deben considerarse modificatorias de la legislación sustancial y procesal cuando éstas puedan interferir en lo que específicamente es objeto de tutela. Así, la norma específica sobre competencia contenida en el art. 36, aplicable a este tipo de vínculo, tiende a resguardar el derecho de acceso a la justicia y la defensa en juicio de la parte débil en esa relación negocial, en la inteligencia de que el ejercicio pleno de esos derechos podría verse afectado si la causa judicial se aleja de los jueces del domicilio del consumidor. Con ese alcance, la citada norma incide inexorablemente en el régimen de competencia establecido en el sistema jurídico.-

6. Como corolario de lo expuesto, también ha de ceder ante la ya citada regla del art. 36 LDC, lo dispuesto por el art. 4 in fine del CPCC, en cuanto establece como principio que el juez carece de facultades para declarar de oficio su incompetencia en asuntos de naturaleza patrimonial, ya que al integrar aquella ley el derecho sustantivo y atribuir a sus estipulaciones carácter de orden público, tiene preeminencia sobre la aludida regla procesal (arts. 31 y 75 inc. 12 CN).-


Es la propia ley la que impone al magistrado examinar en forma oficiosa su competencia, a fin de resguardar, precisamente, los derechos de los consumidores. Frente al texto legal imperativo, los tribunales no pueden desatender ese mandato ni realizar interpretaciones que lo priven de contenido. Por consiguiente, la declaración de incompetencia de oficio en estos casos no sólo es procedente, sino que constituye un deber del tribunal para garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva.-
Las normas en que está interesado el orden público no pueden ser dejadas sin efecto por las convenciones de las partes, y no podría aceptarse una renuncia anticipada de la prerrogativa que confiere el art. 36 LDC al consumidor para no ser demandado ante tribunales ajenos a su domicilio (arts. 21, 872 y conc. C. Civil, art. 37 inc. b, LDC). De modo que si el magistrado advierte que ha sido promovido un juicio contra el consumidor en una jurisdicción distinta a la que corresponde a su domicilio real, debe hacer respetar la disposición legal y declarar su incompetencia para entender en la pretensión de que se trate.-
La razón para que tal sea la solución legal se encuentra, en definitiva, en la situación de inferioridad negocial del consumidor frente al empresario, que justifica la intervención del legislador dirigida, precisamente, a evitar los abusos que tal situación podría provocar si se admitiera la validez de la renuncia de sus derechos, que seguramente le sería impuesta por quien se pueda prevalecer de dicha debilidad o inferioridad (Farina, Juan, Defensa del consumidor y del usuario, Astrea, 3ª edición, p. 629/630).-

7. Resta aún por analizar si esa atribución que incumbe a los jueces ex officio puede ser ejercida en la clase de procesos a los que alude la convocatoria a plenario, es decir, los juicios ejecutivos.-


A nuestro modo de ver, dada la actual redacción del art. 36 de la LDC, sus específicas disposiciones resultan enteramente aplicables aún para el supuesto de acciones de estrecho marco cognoscitivo como la que nos ocupa, puesto que la tutela ha sido establecida en términos generales, sin excepciones y sin restringir su ámbito de aplicación. Esta conclusión aparece de toda lógica, dado que se pretende restablecer el equilibrio entre las partes en una relación que, de por sí, exhibe al consumidor como la parte más vulnerable y, por tanto, destinatario de la tutela legal.-
En ese contexto, a los fines de determinar la competencia, no cabe soslayar que las normas que rigen el juicio ejecutivo son también, en definitiva, disposiciones de índole procesal, que deben ser armonizadas y coordinadas con todo el ordenamiento vigente (art. 31 CN y art. 34, inc. 4° del CPCC), respetando el orden jerárquico de las normas que ya ha sido señalado en los párrafos anteriores.-
Por otro lado, al calificarse a sí misma la ley 24.240 como de orden público y otorgar al consumidor un régimen especial derivado de su condición de tal en la relación con el empresario o productor de bienes o servicios, la disposición a que se hace aquí referencia resulta de aplicación imperativa en todos los casos –incluso en los juicios ejecutivos- pues de modo implícito sus efectos se extienden tanto al ámbito de la legislación sustancial (v. gr. en relación con el principio de abstracción) como al de la normativa procesal (v. gr. en lo referente a la limitación cognoscitiva del negocio causal). De manera que el acotado marco del juicio ejecutivo no podría conspirar para eludir la protección de la ley del consumidor.-
En rigor de verdad, no media óbice para que pueda efectuarse un examen meramente extrínseco de la obligación instrumentada en el título al sólo efecto de precisar la concurrencia del presupuesto de hecho que habilita la aplicación del art. 36 LDC a fin de determinar la competencia del tribunal que intervendrá en el juicio.-
Ello no implica, en modo alguno, avanzar sobre aspectos causales o desvirtuar el limitado ámbito de conocimiento del juicio ejecutivo, ni, por lo tanto, vulnerar la abstracción procesal establecida por el art. 544 del CPCC, en tanto el análisis se dirige a un plano diverso al de la indagación causal, sólo vedada en el marco de la excepción de inhabilidad de título (inc. 4°). Como expresó la Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema en el dictamen ya citado, no resulta óbice para sostener la aplicabilidad de la norma imperativa de determinación de la competencia contenida en el art. 36 LDC la particularidad de que la operación de crédito en cuestión se haya documentado en un título de crédito y que, por ende, se trate de un juicio ejecutivo, ya que el problema excede de los caracteres y naturaleza de esa categoría de títulos, y conduce al estudio de aspectos preferentemente vinculados con la tutela del consumidor regulada por una normativa de orden público.-
Es preciso insistir en que la calificación de la obligación instrumentada en el título como derivada de una relación de consumo, resulta patente por la sola calidad de las partes, por lo que, a los efectos de decidir la incompetencia, basta con atender a los aspectos ya señalados. Y en tanto ellos no aparecen vinculados con un debate causal, no pueden considerarse vedados al conocimiento del juez en estos juicios. No se requiere, en fin, entrar en los pormenores fácticos de la relación de consumo, sino sólo reconocerla como tal. Ese reconocimiento, que surge de la ley, se vincula con el primigenio deber del magistrado de calificar jurídicamente las pretensiones que se deducen en juicio.-
Se trata, simplemente, de aplicar la ley 24.240, cuya directiva en este punto resulta prioritaria como medio para preservar el derecho de defensa en juicio de los consumidores.-
8. Una cuestión que no cabe soslayar porque aparece como uno de los óbices que se invocan para sustentar un parecer distinto al que se ha venido exponiendo, radica en el peculiar carácter que las normas que regulan los títulos de crédito atribuyen a esos documentos y a las obligaciones contenidas en ellos. Se habla así de los consabidos principios que tipifican a las deudas emergentes de esa clase de títulos, esto es, abstracción, literalidad, autonomía del derecho cartular, etcétera. Y razonando sobre esa base, se piensa que no sería posible apartarse de la literalidad cuando el domicilio de pago consignado en el documento indica el del acreedor, o que no se podría avanzar sobre esa abstracción y autonomía, para presuponer que el negocio subyacente encuadra en una relación de consumo, regida por el art. 36 LDC.-
El argumento es sólo aparente.-
En primer lugar, el argumento basado en la literalidad para sostener la eficacia del lugar de pago expresado en el documento como medio de atribuir competencia a un lugar distinto del domicilio del ejecutado, incurre en una petición de principio, ya que es sobre esa indicación que recae, precisamente, la norma imperativa del art. 36 in fine de la LDC, en cuanto establece su invalidez; de modo que en el contexto que aquí se analiza no podría ser invocable.-
En segundo lugar, cabe recordar que desde antaño, sobre todo a partir de los aportes de quienes comenzaron comentando la ley uniforme de Ginebra, se sabe con certeza que los principios que tipifican las obligaciones cambiarias rigen únicamente cuando el título ha circulado, de conformidad con las reglas de circulación propias de cada tipo. Dicho de otro modo, esos principios no se aplican tratándose de sujetos que se encuentran en una relación de inmediatez uno respecto del otro, como el librador y tomador en el pagaré o letra de cambio, o endosantes inmediatos, vale decir: tradens y accipiens del título (conf. Giuseppe Gualtieri e Ignacio Winizky, Títulos circulatorios, actualizado por Teresa Berenstein y María E. Uzal, Abeledo Perrot, B. Aires, 1984, p. 86; Osvaldo R Gómez Leo, Ley cambiaria sobre pagaré y letra de cambio, Lexis Nexis, 2006, p. 229).-
Cuando se da esa circunstancia, no rigen los mencionados principios (art. 18 DL 5965/63) y no hay limitación en las excepciones oponibles (conf. Tullio Ascarelli, Iniciación al estudio del derecho mercantil, trad. Evellio Verdera y Tulles, ed. Bosch, Barcelona, 1964, p. 357; Francesco Messineo, Manual de derecho civil y comercial, trad. Santiago Sentís Merlendo, EJEA, B. Aires, 1979, tomo VI, p. 241). En tales hipótesis, pues, el argumento tampoco es válido porque la relación se rige por las normas generales, integradas naturalmente con las normas imperativas de la LDC. Demás está decir que la denominada abstracción procesal que acompañaría a estos documentos carece de relevancia por las razones indicadas en los apartados precedentes.-
Si bien en la abrumadora mayoría de los casos llegados a los tribunales del Fuero ése es el escenario, podría pensarse en situaciones en las cuales, por haber circulado el título, fuesen invocables los aludidos principios. Sin embargo, de ser ese el caso, nuevamente aquí sería necesario integrar las normas respectivas (art. 18 DL 5965/63) con las contenidas en la LDC Y de proceder así, ha de advertirse que, como fue dicho desde el comienzo, las características propias de los sujetos involucrados en el litigio pondría en evidencia que la emisión está originada en una relación de consumo, extremo deducible del carácter del acreedor (entidad financiera) y del deudor (persona física). En tal hipótesis, la circunstancia de tratarse de una obligación cambiaria no altera la aplicación preeminente de la regla imperativa contenida en el art. 36 LDC, cuya incidencia, vale recalcar, no avanza en los aspectos atinentes a la relación sustantiva, sino que se circunscribe a la competencia del tribunal que ha de conocer en el caso.-
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