Cámara de Apelaciones- sala Primera Civil y Comercial



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Cámara de Apelaciones- Sala Primera Civil y Comercial

AUTOS "SERVIDIO SANDRA CRISTINA C/ "VOLKSWAGEN S.A.DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS" Y OTRO S/ SUMARISIMO (CIVIL) (ACCION LEY 24.240)" - Expt. Nº 5311/C

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2, GUALEGUAYCHÚ

/ / / -CUERDO:

En la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a los treinta y un días días del mes de octubre de dos mil dieciséis, se reúnen los Señores Miembros de la Excma. Sala Primera en lo Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, Dres. Ana Clara Pauletti, Gustavo A. Britos y Guillermo Oscar Delrieux para conocer del recurso interpuesto en los autos caratulados: "SERVIDIO SANDRA CRISTINA C/ "VOLKSWAGEN S.A.DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS" Y OTRO S/ SUMARISIMO (CIVIL) (ACCION LEY 24.240)", respecto de la sentencia de fs. 295/302. De conformidad al sorteo oportunamente realizado, la votación tendrá lugar en el siguiente orden: PAULETTI, DELRIEUX, BRITOS.

Estudiados los autos la Excma. Sala propuso las siguientes cuestiones a resolver:

¿Es justa la sentencia apela? y ¿qué corresponde decidir?

 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. ANA CLARA PAULETTI, DIJO:

1.- Apelaron la parte actora y la codemandada “VOLKSWAGEN S.A. de ahorro para fines determinados” la sentencia dictada a fs. 295/302, que rechazó la excepción de falta de legitimación activa, opuesta por la demandada HAIMOVICH y CIA S.R.L, con costas, y la demanda de entrega de automotor y daños y perjuicios, promovida por Sandra Cristina Servidio contra “VOLKSWAGEN S.A. de ahorro para fines determinados” y contra HAIMOVICH HNOS. Y CIA. S.R.L., declarando las costas producida en el orden causado y difiriendo la regulación de honorarios.

Para así decidir, el juez de la causa juzgó respecto de la excepción de falta de legitimación activa, que el carácter de consumidor de la accionante era evidente, más allá de que el vehículo que pretendía adquirir pudiera ser utilizado circunstancialmente en la actividad de la familia de orden productivo, tales como las actividades comerciales. Interpretó que ello forma parte del normal uso que cualquier persona puede hacer de su vehículo. Respecto de la demanda por adjudicación y entrega de la unidad automotor, ponderó que la propia actora reconoció que debía abonarse el saldo del precio, esto es el 40% de la unidad, requisito de adjudicación que entre otros le fueron comunicados mediante nota enviada por la co-demandada Volkswagen de fecha 13/11/2013, y que si bien mediante CD de fecha  27/11/2013 la accionante aceptó la adjudicación, tal como exponen las demandadas ni en aquel momento, ni en oportunidad de hacer el reclamo extrajudicial o al presentar la demanda, se puso a disposición o depositó dicha suma de dinero. En definitiva coligió que no existió el requisito del pago que debía realizarse conjuntamente con la adjudicación, y que las cláusulas del contrato pactado que no fueron impugnadas, no se advertían como abusivas, con lo cual rechazó la demanda.

2.- En su memorial de fs. 309/311 y vta, la actora cuestionó la decisión, basada en que no se habría abonado u ofrecido abonar la suma de $25.000, correspondiente al 40 % de la unidad, cuando el objeto de la demanda consistió justamente en lograr que se cobre ese importe de $25.500, en lugar de los $45.000, que le exigían los demandados (debido al cambio de modelo que se imponía por no fabricar más el modelo contratado), cuestión que se ha desconocido en la sentencia. Se insistió con que para abonar el 40%, la actora se dirigió a las oficinas de Haimovich Hnos, y que allí le indicaron que debía abonar el doble del dinero, cambiando así de modo unilateral las condiciones contractuales, sin dar una solución al alcance de las posibilidades de la actora, lo cual fue desconocido por el sentenciante, tanto como la cd de fecha 08/1/2014, que consistió en reclamar una respuesta certera de cuál era la verdadera razón por lo cual no recibían el pedido de la unidad Gol Base Power, incurriendo con ello en violación de los arts. 3, 10 bis, y 10 ter de la ley 24.240.

3.- En la respuesta de fs. 314/318, el representante de Volkswagen S.A., mocionó la deserción del recurso por constituir una mera disconformidad con el razonamiento del a quo, sin efectuar una crítica concreta y razonada en los términos del art. 257 CPCC. En subsidio se replicó que la actora se limitó a reiterar hechos, manifestando su disconformidad con la sentencia de grado, la cual -se afirmó- se ajustó a las constancias y pruebas de la causa y de acuerdo a derecho. Expuso que quedó probado que la accionante no cumplió con los requisitos necesarios para la entrega del automotor, los cuales se le comunicaron al suscribir el plan y al momento de la adjudicación, de acuerdo a las cláusulas contractuales como también a las disposiciones de la Inspección General de Justicia de la Nación, organismo que aprobó la Condiciones Generales de la solicitud de adhesión, documentos que fueron acompañados por la propia accionante y que acreditan que tenía pleno conocimiento de las condiciones de contratación.

4. A fs. 319/321 y vta., fundó su recurso la demandada WOLKSWAGEN S.A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, cuestionando la imposición de costas en el orden causado, por incurrir en una clara y evidente infracción al principio general establecido en el art. 65 del CPP. Se afirmó que ello resultó contradictorio, pues por un lado el juez refirió que la Sra. Servidio tuvo conocimiento de la condiciones de contratación y por el otro intentó justificar dicha imposición sosteniendo que el beneficio de justicia gratuita previsto en la ley del consumidor debe ser interpretado como el beneficio de litigar sin gastos normado en el art. 75 del código ritual, tratándose de dos institutos distintos y por ello regulados en forma separada. Se citó jurisprudencia y doctrina en aval a esa postura, indicando que el principio de gratuidad no puede implicar un avance sobre las costas del proceso.

La accionante formuló su réplica a fs. 323/325, donde se dijo que el sentenciante fundó su criterio para apartarse del principio general previsto en el art. 65 del CPCC, acotando que lo fue en sentido coincidente con la posición de la C.S.J.N acerca del alcance del beneficio de la justicia gratuita, equiparándola al beneficio de litigar sin gastos. Se citó jurisprudencia, indicando que si bien el art. 55 de la LDC habla de las asociaciones de consumidores es el mismo beneficio que concede su art. 53 a los consumidores, indicando que si la accionada pretendía el cese del beneficio de la justicia gratuita, debió promover el incidente correspondiente.

5.- Tales los antecedentes de los recursos que se tienen para decidir.

Comenzando por el propuesto por la actora reclamante, cuadra dejar establecido dada la vigencia operada desde el 1 de Agosto de 2015 del Código Civil y Comercial de la Nación, que el derecho aplicable en la especie donde se demandó por el incumplimiento de un contrato celebrado en el marco del Código Civil derogado y la Ley de Defensa al Consumidor, que el incumplimiento del contrato en sí mismo es un “hecho modificatorio”, y que como tal, se debe regir por la ley vigente en el momento en que ese hecho se produce (conf.: HEREDIA, Pablo D.: "El derecho transitorio en materia contractual", en: RCCyC 2015 (julio), 01/07/2015, 30).

Establecido ello, preciso es señalar además, que como es sabido, en el ahorro previo un sujeto, denominado suscriptor, paga una cantidad de dinero en cuotas anticipadas, a los fines de la adquisición de un bien mueble o inmueble, la que tendrá lugar en el futuro, una vez que se cumpla con las condiciones de adjudicación pactadas, de sorteo o de licitación. Esta forma contractual, produce las ventajas de aunar un grupo de personas que permite reunir una masa de dinero relevante y se apoya en la financiación recíproca de los integrantes.

Para ello se constituye un sistema de contratos conexos en red, donde las partes que integran el contrato son los ahorristas o suscriptores, la sociedad de ahorro para fines determinados y, en realidad sus organizadores, es decir, el fabricante, el importador, y su red de distribuidores o concesionarios, donde el centro es la empresa organizadora, normalmente denominada "administradora", que es la que nuclea al grupo de ahorristas, con la idea de establecer un vínculo de colaboración asociada (conf.: JUNYENT BAS, Francisco A., GARZINO, María C.: “La tutela del consumidor en la capitalización y ahorro previo para fines determinados”, en: LL, 2013-C , 1065).

Las operaciones de capitalización y ahorro, cuentan con la supervisión de la Inspección General de Justicia (conf. ley 23.270), quien establece los requisitos que deben observar los contratos de adhesión, y los recaudos exigidos para publicitar planes de ahorro, entre otros aspectos de esa actividad, que reglamentó.

Por otra parte, es claro que los suscriptores son consumidores (art. 1 de la ley 24.240), pues el objeto del negocio es la adquisición de bienes nuevos a título oneroso, siempre que su utilización sea con carácter de destino final, y tanto la administradora como la concesionaria intermediaria, y la empresa fabricante quedan articuladas en la cadena de comercialización propia de este tipo de negocios. De modo que no caben dudas acerca de que el contrato de círculo de ahorro es un contrato de consumo, visto desde la Ley de Defensa al Consumidor, y por lo tanto aplicable su perspectiva tuitiva y pautas interpretativas en beneficio del consumidor. Finalmente, no hay duda tampoco que estamos frente a un contrato con cláusulas predispuestas.  

6.- En este pleito no se discutió la existencia de la relación contractual, ni su tipo, ni cuáles era las obligaciones pactadas, las que surgen de las condiciones generales y anexo traídos. Tampoco medió controversia en la modalidad convenida para el plan denominado 60/40, con lo cual el valor de la cuota complementaria debía abonarse el 40% del valor de la unidad al momento de la adjudicación y hasta los 30 días posteriores a la misma, para la entrega de la unidad.

Surge de la constancia obrante a fs. 102 del legajo documental actora, que la noticia de la adjudicación le habría sido notificada en fecha cercana al 13 de Noviembre de 2013, y que ella comunicó su aceptación el 27 de Noviembre de 2013 (asumida como tempestiva por los accionados), mientras que el día 08 de Enero de 2014 interpeló a Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados (esto es encontrándose en el lapso para presentar ante el concesionario los requisitos para pedir y retirar la unidad GOL BASE POWER adjudicado) por la ausencia de información y confusión en la que se encontraba, dado que la concesionaria no recibía dicho pedido.

Quienes tienen a su cargo el deber de información, no trajeron a juicio ninguna constancia de haber esclarecido a la accionante lo necesario para facilitarle el cumplimiento, cuando era evidente su voluntad de hacer lo propio para satisfacer los recaudos necesarios para retirar por fin el vehículo comprometido.  

Por ello creo aquí desatendido que la satisfacción puntual de la prestación de entrega de lo adjudicado, es una de las principales obligaciones de las administradoras frente a los suscriptores, a partir de lo cual se encuentran obligadas a “cuidar de la debida promoción y celebración de los contratos y títulos que constituyen su objeto, así como de su correcta y leal ejecución hasta el cumplimiento de la prestación ofrecida y liquidación final”. Importa a su vez que “su responsabilidad se extiende a las consecuencias de los actos de sus concesionarios, agentes o intermediarios como así también de los agentes de los fabricantes e importadores de los bienes a adjudicar en relación a la suscripción o ejecución del contrato o título aprobado (Res. IGJ 26/2004: 6)”; con lo cual “no cabe, pues, esperar de la administradora una actitud pasiva, sino que ella debe dirigir su acción a una rápida y eficaz realización del negocio. Por ello, es su obligación citar al ahorrista, a partir del preciso momento en que se efectúa la adjudicación, a efectos de que éste suscriba los documentos y abone los derechos que se establecen en el contrato como recaudos previos a la entrega del bien" (CNCom, Sala C, “Fernández, Héctor O. c. Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados y otros s/ sumarísimo”, del 12/02/2015, en: LL, 2015-D, 84).

Más aun, el art. 7 de las condiciones generales establecía que si el adherente adjudicatario no hubiera presentado la totalidad de la documentación exigida para el pedido y retiro del bien en el término de 30 días corridos a partir del día siguiente de la notificación de adjudicación, debía ser intimado por el término de 10 (diez) días corridos, bajo apercibimiento de invalidar la adjudicación -art.7-.

Nada muestra en la causa que las demandadas hayan cumplido con esa comunicación.

Por el contrario, el relato acerca de la ausencia de certeza y respuestas contradictorias denunciadas por la consumidora a partir de las actitudes de las accionadas en la etapa culminante del contrato, resulta verosímil a partir de los datos proporcionados por la Inspección General de Justicia.

En efecto, dicho órgano dio cuentas de haber observado el cumplimiento tardío durante los primeros meses de 2014 de las listas de precios de unidades sujetas a planes de ahorro, mientras que en la nota donde Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados informó a ese organismo la lista de precios de Enero de 2014, apuntó que se discontinuó la fabricación del Wolkswagen Gol Power, y reemplazado por el Gol Trend, a partir de Febrero de 2014, y que la diferencia de precios entre ambas versiones no superaba el 20% -fs.201/215-.

Puedo descartar entonces que las demandadas hayan cumplido con las obligaciones suyas que condicionaban a la adjudicataria para saldar las propias.

Más allá de la obligaciones informativas específicas reguladas en los instrumentos examinados (entre ellos la incluída en la aludida cláusula 7ma. de las condiciones generales), en general la jurisprudencia se ha ocupado de esclarecer que la obligación de brindar información completa a los usuarios y consumidores, en el contexto de la relación de consumo, se refiere a todas las circunstancias que rodean o se refieren o constituyen un antecedente o son una consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y servicios, abarcados pues, todos sus segmentos o etapas (CAMar del Plata, “Unilever de Argentina S.A. c/ Municipalidad Gral. Pueyrredón s/ Pretensión anulatoria”, del 13/02/2015). A su vez, “la información debe tener aptitud para colocar al otro contratante en una situación de discernimiento en el aspecto técnico ventilado en el negocio. En tal sentido, la información debe cubrir la etapa genética y funcional ya que es cumplimiento del deber de buena fe la prestación de servicios informativos permanentes y actualizados. La información debe estar relacionada con la complejidad del negocio y la educación del receptor, en cuanto a su extensión y exhaustividad” (SCBA, “Deuco Defensa de usuarios y consumidores Asoc. Civil c/ Org.Regulador de Aguas Bonaerense y Aguas de Gran Buenos Aires s/ Amparo. Cuestión de competencia, art.6, CCA”, del 07/03/2007, ambos fallos citados en recopilación jurisprudencia de Pcia. De Buenos Aires, en Revista de Derecho de Daños, 2016-1 Consumidores, Rubinzal-Culzoni Editores, págs.651/652).

Creo con lo dicho, que en efecto existe por parte de las accionadas una obligación incumplida en torno al deber de información, y correlativamente acerca de facilitar lo pertinente a la adherente, para que cumpliera con su parte y así accediera al bien pactado.

Al respecto, en las contestaciones de demanda se invoca la discontinuación de la fabricación del rodado previsto en el contrato de la adherente, surgiendo de la pieza obrante a fs. 226 y vta., las especificaciones y diferencias en el precio entre la versión reemplazada y la nueva a Enero de 2014. Allí se expresa además que los valores no superan el 20%, y que la situación se comunicó a los clientes, aunque nunca se concretó cómo se lo hizo en el caso de la actora.

Además, el discurso sostenido por las accionadas no es coherente en cuanto a la disponibilidad de la unidad o no del modelo Gol Power para Enero de 2014, ya que se insistió que el mismo dejó de fabricarse en el mes de Febrero, por lo que no se explicó por qué razón no se informó y facilitó a la actora acceder a ese vehículo conforme a los valores que tenía previsto afrontar en el tiempo inicialmente previsto.

De modo que lo justo y equitativo, en función del rol de justicia equilibradora que le corresponde al Poder Judicial ante supuestos en los que los derechos constitucionales de un consumidor han sido infringidos, es acoger la demanda, ordenando que las partes cumplan con sus obligaciones pendientes.

En ese cometido, propiciaré condenar a las accionadas solidariamente (art. 40 LDC) a la entrega a la actora en el plazo de treinta (30) días de la unidad comprometida o la que se fabrique en su reemplazo, una vez que ésta acredite el cumplimiento de las cuotas ya devengadas de las 84 previstas en el plan de pago, e integre en cuenta judicial a nombre de estos autos, el 40% del valor denunciado a enero de 2014 (o sea el 40% de $86.020,00, fs.226), con más intereses tasa activa del BNA computados desde el 01/02/2014 hasta su cumplimiento, como asimismo acompañe al juicio el resto de los requisitos enunciados en las condiciones generales y el anexo para el pedido y retiro del bien, acordándole a tal fin el término de treinta (30) días.

Los agravios aquí tratados son pues procedentes con el alcance expuesto.

7.-No encuentro probados en cambio, por parte de la reclamante la existencia cierta de los daños patrimoniales y no patrimoniales reclamados, ni tampoco los presupuestos para la excepcional aplicación de la sanción establecida en art.52 bis de la ley 26.361.

Esto, pues si bien el daño punitivo tiende a desalentar conductas nocivas, para que encuadren en su tipo, debe revestir una particular gravedad que sobrepase el perjuicio individual, extremo que no se verifica en la especie, donde el cumplimiento de las obligaciones mutuas enmarcadas en esta sentencia, importará suficiente restablecimiento de la justicia contractual aquí afectada.

8.-El recurso deducido por  la codemandada “VOLKSWAGEN S.A. de ahorro para fines determinados” relativo a la imposición de costas por su orden, se ha tornado abstracto, dada la suerte que merece el interpuesto por la reclamante, y la manda del art.271 CPCC.

9.-Encontrándome pues en condiciones de expedirme sobre las cuestiones propuestas, lo hago por la negativa.

Dejo propiciado se dicte sentencia haciendo lugar de modo parcial al recurso deducido en representación de Sandra Cristina Servidio, con el alcance expuesto en el considerando 6.-. En función de lo dicho en el considerando 7.- última parte, y el principio de gratuidad beneficia al consumidor, como valorando especialmente una conducta procesal de las demandadas desentendida de las obligaciones de buena fe y colaboración que le eran exigibles extrajudicialmente y en este litigio, propongo cargarla en ambas instancia a esa parte en su totalidad -art. 65, 2do. párr. CPCC-.

Sugiero por fin se dejen fijados los honorarios por la actuación profesional ante esta Alzada, para que los calcule el juez de grado.



ESE ES MI VOTO.

 

A LAS MISMAS CUESTIONES PLANTEADAS EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO O. DELRIEUX, DIJO:

Que adhiere al voto precedente por iguales fundamentos.
A LAS MISMAS CUESTIONES PLANTEADAS EL SR. VOCAL DR. GUSTAVO A. BRITOS, DIJO:

Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto, conforme lo autorizado por el art. 47 de la L.O.P.J. (texto según Ley 9234).


Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordada la Sentencia siguiente:

ANA CLARA PAULETTI
GUILLERMO O. DELRIEUX GUSTAVO A. BRITOS

(Abstención)

ante///

///mi:
DANIELA A. BADARACCO



Secretaria

SENTENCIA:

GUALEGUAYCHÚ, 31 de octubre de 2016.



Y VISTO:

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, por mayoría;



SE RESUELVE:

I.- HACER LUGAR de modo parcial al recurso deducido en diligencia a fs. 302 en representación de Sandra Cristina Servidio, contra la sentencia de fs. 395/302 y, en consecuencia, condenar a las accionadas “VOLKSWAGEN S.A. de ahorro para fines determinados” y contra "HAIMOVICH HNOS. Y CIA. S.R.L." solidariamente (art. 40 LDC) a la entrega a la actora en el plazo de treinta (30) días de la unidad comprometida o la que se fabrique en su reemplazo, una vez que ésta cumplimente las indicaciones aludidas en el considerando 6, anteúltimo párrafo.

II.- IMPONER las costas de ambas instancias a las demandadas (art. 65, 2do. párr. CPCC).

III.- FIJAR los honorarios profesionales correspondientes a esta segunda instancia en un 40% de los que se fijen por la labor de la primera instancia, encomendando su cálculo al juez de grado para cuando estime estos últimos.



REGISTRAR, notificar y, oportunamente, bajar.
ANA CLARA PAULETTI

SI-///


///-GUEN LAS FIRMAS
GUSTAVO A. BRITOS GUILLERMO O. DELRIEUX

ante mi:



DANIELA A. BADARACCO

Secretaria
En ...../...../2016 se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº 20/09 del 23/06/09 Punto 7). Conste.

DANIELA A. BADARACCO

Secretaria


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