Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de diciembre de 2015



Descargar 39,94 Kb.
Fecha de conversión25.04.2017
Tamaño39,94 Kb.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de diciembre de 2015.

Y VISTOS; CONSIDERANDO: El Dr. Esteban Centanaro dijo: 1. Que, a fs. 589/592, el Sr. juez de primera instancia al dictar sentencia resolvió, por un lado, declarar abstracto el objeto de la acción, y, por el otro, “…[c]onvertir en definitiva la decisión cautelar otorgada en su momento, con respecto a los aportes realizados por la administración en cumplimiento de dicho pronunciamiento…” (fs. 592). Para decidir en tal sentido, en primer término, precisó que los actos impugnados se vinculan con la asignación de aportes estatales a establecimientos educativos de gestión privada para el ciclo lectivo 2013. Por esa razón, coligió que el objeto de la pretensión devino abstracto. A pesar de esa inicial afirmación, el Sr. magistrado de grado entendió que resultaba necesario dictar un pronunciamiento que pusiera fin a la contienda, para esclarecer cuál debía ser el destino de los aportes efectuados por la demandada en cumplimiento de la medida cautelar dictada en la causa. En tales condiciones, -tras memorar lo establecido en el artículo 25 de la Constitución de la Ciudad y lo dispuesto en el artículo 60 de la ley N°70- señaló que “…no resulta ajustado a derecho disponer una modificación del destino de los fondos presupuestarios asignados […] al aporte estatal a las entidades educativas de gestión privada” (fs. 590). Por otro lado, puntualizó que la actora planifica sus finanzas en función de las cuotas que percibe y de los aportes estatales. Sobre esas bases, concluyó en que, al encontrarse impedida de incrementar las cuotas, “[l]a quita de aportes (…) resultó contraria a la normativa citada anteriormente, lo cual repercute negativamente en derechos y garantías constitucionales como los de enseñar y aprender, con especial tutela por el ordenamiento constitucional…” (fs. 590 vta.). Por último, descartó la pretensión de la amparista en punto al reintegro de los aportes no efectuados en mérito la normativa impugnada. Al respecto consideró que tal pretensión, a todo evento, debería ser objeto de debate en el marco de las vías ordinarias correspondientes. 2. Que el pronunciamiento reseñado, fue apelado por la parte actora a fs. 596/600, así como por la demandada a fs. 601/605 vta. En lo sustancial, la accionante se agravió porque aun cuando es cierto que los actos administrativos impugnados sólo tuvieron efecto durante el año 2013, tal cosa no importa que el caso hubiese perdido actualidad. Ello así, pues durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2013 se le había retenido una parte significativa de los aportes estatales, circunstancia que se mantiene al día de hoy. Postuló, por otro lado, que no pretende un resarcimiento por daños y perjuicios, sino la restitución de las sumas reclamadas que es la consecuencia lógica de la ilegitimidad de los actos administrativos cuestionados. A su turno, la parte demandada sostuvo que la sentencia de grado resulta contradictoria, en la medida en que, por un lado, entendió que el conflicto carecía de actualidad, y, por el otro, falló sobre el fondo del asunto al otorgar carácter definitivo a la medida cautelar. Según el Gobierno, esta decisión es arbitraria, puesto que tiene por resultado admitir la acción de amparo, prescindiendo de las defensas opuestas por su parte, proceder que vulneró el debido proceso. En tal sentido, hizo hincapié en que la pretensión escapa a la vía del amparo. En cuanto al fondo, expresó que no se analizó la prueba rendida en autos con relación a la forma en que su parte procedió a asignar el presupuesto a las escuelas de gestión privada. Por último, entendió que con lo decidido el tribunal a quo invadió la zona de reserva de la Administración. 3. Que, asentado ello, se debe examinar si el objeto del pleito se ha tornado abstracto. Al respecto, corresponde recordar que la intervención judicial exige decidir “casos” concretos (artículo 106, CCABA) y, esa cualidad, en principio, se pierde si no existe un gravamen actual (mutatis mutandi, Fallos: 333:442, entre otros). Esto, de ordinario es así, en tanto no cabría realizar pronunciamientos en abstracto, o carentes de vigencia práctica; sin perjuicio, claro está, de aquéllos supuestos en los que especiales circunstancias lo ameriten (de la extensa doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, ver por todos: “F.A.L. s/ medida autosatisfactiva”, del 13/03/12; Laplacette, Carlos, “Exigencias temporales del caso judicial. La doctrina de los casos devenidos abstractos y posibles correcciones”, en La Ley 23/03/2011). Sin embargo, la cuestión a decidir en esta causa, a tenor del modo en que quedó planteada, tiene el grado de actualidad suficiente como para requerir de este tribunal un pronunciamiento concreto, que dirima la posición jurídica asumida por cada una de las partes. Esta conclusión se impone a poco que se tenga en consideración la necesidad de certeza acerca de los alcances y efectos de la medida cautelar decretada en autos (esta sala in re “Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas”, expte. N°A33131-2013/0, del 22/05/14). Precisamente, este aspecto diferencia la hipótesis traída a decisión, de aquélla que se tuvo que decidir en el caso “Fedu Tec” (expte. N°A39951-2013/0, del 30/12/14) -invocado por el juez de la anterior instancia-. En fin, no cabe declarar abstracto el debate y, paralelamente, dejar subsistente un reconocimiento cautelar. 4. Que, a partir de ello, se debe analizar la admisibilidad formal de la vía que a tenor del estado procesal de la causa se vincula, en definitiva, con la acreditación de los presupuestos procesales de la pretensión. En el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se establece -en lo que aquí interesa- que “[t]oda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte” (confr., en el mismo sentido, artículo 43 de la Constitución Nacional). Asimismo, en el artículo 2º de la ley Nº2.145 se prevé que “[l]a acción de amparo es expedita, rápida y gratuita y procede, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte”. En estos términos, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta a la que se alude en el texto constitucional citado requiere que la lesión de los derechos o garantías reconocidos resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos, ni de amplio debate o prueba (confr. Fallos: 306:1253; 307:747; Cámara del fuero, sala I, in re “Perrone, María Cristina c/ GCBA –Secretaría de Educación- s/ amparo (art. 14 CCABA)”, del 29/12/00). Con tal comprensión, la acción deducida resulta formalmente procedente. Al respecto, cabe precisar que la parte actora, sostuvo un proceder arbitrario del Gobierno que, según lo precisó en su presentación inaugural, habría puesto en riesgo las posibilidades financieras de la institución educativa y, con ello, el derecho constitucional de enseñar y aprender (art. 14, CN y art. 25 CCABA). 5. Que para dirimir el fondo del asunto resulta pertinente recordar que la parte actora promovió acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad con la finalidad de obtener la declaración de nulidad de dos actos: la resolución ministerial conjunta N°1468/13 y la N°481/SSGECP/13. Por vía del primer acto, se facultó a la Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación a determinar el procedimiento de asignación del aporte gubernamental a los establecimientos educativos de gestión privada durante el ejercicio 2013, a los fines de posibilitar la mayor cobertura posible de las plantas funcionales aportadas con las partidas asignadas en el presupuesto general de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ese ejercicio, aprobado por la ley N°4471 (artículo 1°). Entre sus argumentos, se precisó que “...atento el aumento salarial establecido en la reciente paritaria docente con afectación al presupuesto 2013, resulta necesario analizar el impacto del mismo respecto del presupuesto asignado para atender al aporte gubernamental”. Y, sobre estas bases, se precisó que “…en caso que dicho presupuesto resultara exiguo para atender a la totalidad de los requerimientos de los establecimientos educativos de gestión privada, deben establecerse pautas para una aplicación transparente y equitativa atendiendo a las distintas realidades y dentro de los parámetros de justicia social y distributiva definidos en la normativa vigente”. En el segundo acto, esto es, la resolución N°841/GCBA/SSGEP/13, instruyó a la DGEGP a aplicar el procedimiento fijado en el acto reseñado en el párrafo anterior, “…a los fines de posibilitar la mayor cobertura posible de las plantas funcionales aportadas con los fondos asignados en el presupuesto…” para el ejercicio del año 2013, aprobado por la ley N°4.471 (artículo 1°). Asimismo, se dejó establecido que en el caso de que se autorizase algún incremento de los fondos destinados a la partida presupuestaria del ejercicio 2013, en lo relativo a los fondos destinados a atender el aporte gubernamental a las instituciones educativas de gestión privada, se debían aplicar, en primer término, a aquellas instituciones educativas que atendiesen población con mayores desventajas sociales, tomando como parámetro para su determinación el valor del arancel a cargo de las familias (artículo 2°). La ilegitimidad de las decisiones administrativas, la parte actora la centró en los siguientes argumentos, a saber: a) se lesiona lo establecido en la ley N°24.049 (art. 23) y en el Convenio de Transferencia celebrado con el Estado Nacional, en tanto impone mantener el nivel de subsidios; b) se viola lo preceptuado en el artículo 25 de la CCABA que prohíbe modificar partidas presupuestarias destinadas a educación, así como lo normado en el artículo 53 de la CCABA y 60 de la ley N°70 que vedan la posibilidad de alterar el destino de las partidas presupuestarias; c) la supresión de subsidios únicamente puede ser adoptada por la Legislatura, resultando, pues, incompetente el Jefe de Gobierno para ello; d) paralelamente a la reducción de los subsidios, la demandada comunicó, por Internet, la DGEGP N°998, que prohibió el aumento de los aranceles, de este modo, expresó “…se configura un verdadero cepo o trampa, donde por una parte la DGEGP deja de pagar arbitraria e ilegalmente los aportes debidos y comprometidos, y por otra parte prohíbe incluso el recurso a un financiamiento alternativo, lo que condena a los institutos de gestión privada al quebranto” (fs. 5). El Gobierno, por su parte, entendió que su proceder se ajustó a la normativa vigente en materia de asignación presupuestaria. 6. Que así definida la cuestión, conviene recordar que los jueces no se encuentran obligados a considerar la totalidad de los argumentos de las partes, sino únicamente aquéllos que resulten dirimentes para una correcta composición del litigio (art. 301, CCAyT). De esta forma, los agravios identificados en el considerando anterior como a), b), y c), resultan inconducentes para el tratamiento de la pretensión de la actora. Esto es así, puesto que al respecto no habría acreditado que resulte ser titular de un derecho adquirido a una determinada cuota de asignación estatal en la forma en que lo pretende. En efecto, de lo establecido en el artículo 25 de la CCABA (fs.11/12) se infieren tres aspectos centrales; a saber: a) la facultad del Estado de subvencionar a las instituciones educativas públicas de gestión privada; b) un esquema de justicia distributiva que procura priorizar la situación de los establecimientos que reciben alumnos de menores recursos; y c) la imposibilidad de variar el destino de las sumas que presupuestariamente fueron asignadas a educación. De este precepto constitucional, en consecuencia, no surgiría la inamovilidad de los subsidios; por el contrario, dejaría el margen de apreciación para que se cumpla con su criterio de justicia (prioridad a las instituciones educativas que reciben alumnos de menores ingresos), e impediría, en función del valor central que ocupa en la arquitectura constitucional la educación, que los fondos se desvíen de su destino. Tampoco se comprueba, de modo claro y preciso, que el proceder del GCBA hubiese resultado lesivo de lo que se establece en el artículo 53 de la CCABA, de modo concordante con el artículo 60 de la ley N°70, en el que se dispone que “[n]o se pueden adquirir compromisos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de los créditos para una función distinta a la prevista”. En este aspecto, el argumento de la actora parece perder peso a poco que se tome en cuenta que su planteo, para tener un interés jurídico que le otorgue la posibilidad de sostener este punto, parte de la base, errónea, de considerar que titulariza un derecho adquirido a una asignación determinada por parte de la Administración. Pero, además, y este aspecto es relevante, las resoluciones objetadas, dictadas en función de la competencia establecida en el decreto N°600/03, se basan, concretamente, en el presupuesto aprobado por la ley N°4.471 para el año 2013. Sobre estas bases, el planteo vinculado a la legalidad adjetiva de las decisiones administrativas cuestionadas, no pueden prosperar. 7. Que, ahora bien, de la circunstancia de que la Administración cuente con facultades suficientes, dentro de la legalidad constitucional, para disponer sobre el destino de los subsidios, no se deriva sin más que el modo en que se adoptó la decisión en el sub lite hubiese resultado razonable. En efecto, uno de los agravios de la actora, digno de consideración ha sido que el recorte de subsidios se habría adoptado en forma intempestiva y desproporcionada, proceder que colocó en riesgo su situación financiera y, con ello, el de prestar el servicio de educación a su cargo, extremo este que paradójicamente se exhibe lesivo del interés público que la propia Administración debe resguardar. Para analizar, pues, la proporcionalidad de la medida se debe seguir su iter de vigencia, y su impacto en las variables de la institución educativa. Esto es así, porque la decisión administrativa debe ser valorada a partir del conjunto de elementos relevantes para decidir el caso, siendo necesario a partir de ello marcar el punto de inflexión que marca el deslinde entre la proporcionalidad y la desproporcionalidad de la decisión estatal. 8. Que, a partir de lo expuesto, resulta imprescindible el examen de los elementos de juicio para establecer la razonabilidad de la decisión. En el informe de fs. 144/145, la propia demandada señaló, algunos puntos de interés. Entre ellos, precisó que al definir el incremento de las bandas arancelarias se tuvo en cuenta “…el impacto del aumento docente en los aranceles (el cual se ha estimado en un 25%) y el impacto producido por la restricción presupuestaria (del 11%), reflejando dichos impactos en los aumentos producidos en las bandas definidas oportunamente (estimado en un 36%)” (fs. 145). Ahora bien, si se toma en consideración el informe pericial de fs. 558/561 vta., surge del anexo III que en los meses de marzo, abril, mayo, junio y diciembre, resulta que la diferencia entre el subsidio acordado y el que hubiese correspondido ha sido muy inferior, desvirtuando, inclusive, el propio margen que definió la propia Administración en su informe de fs. 144/145. En efecto, la propia demandada sostuvo que el impacto contemplado por la restricción de los subsidios sería del 11%; sin embargo si se analiza el anexo III (fs. 560) se puede advertir que el impacto para la actora en el mes de marzo fue del 33.18%, en el mes de abril del 24.98%, en el mes de mayo del 26.16%, en el mes de junio del 26.47%, y, por último, en el mes de diciembre esa diferencia fue del orden del 20.84%. Se aprecia, de esta forma, que en el caso, la decisión tal como fue diseñada, impactó en los hechos en un margen superior al que fuera proyectado por la demandada y dado a conocer a la propia actora, quien verosímilmente estructuró su proceder financiero en base a ello, resultando la medida en este caso, desproporcionada y, por ende, irrazonable. Sobre la base de estos argumentos, cabe concluir, entonces, en que aun cuando la Administración cuenta con atribuciones suficientes en materia de asignación de subsidios y no se puede, en principio, colegir la existencia de un derecho irrevocablemente adquirido al mantenimiento de un quantum específico de asignación por parte del Estado, lo cierto es que, en este caso, la quita producida a la actora, mediante la implementación de la medida objetada, superó el propio estándar fijado, deviniendo por ende ilegítima por su desproporción. El juez de Cámara Fernando Juan Lima dijo: 1. Que comparto el relato de los hechos efectuado en el voto que antecede más difiero sobre el encause procesal y la solución que se le ha dado. 2. Que en primer lugar corresponde señalar que la decisión de grado, como lo precisó el Sr. Fiscal ante la Cámara resulta contradictoria, puesto que por un lado entendió que el objeto de la pretensión perdió virtualidad, y –por otroculminó por adoptar una decisión que resolvió, con los alcances reseñados, el fondo del asunto. Sobre estas bases, la decisión debe ser dejada sin efecto (cf. doct. arg. art. 229, CCAyT). 3. Que, asentado ello, se debe examinar si el objeto del pleito se ha tornado abstracto. Al respecto, corresponde recordar que la intervención judicial exige decidir “casos” concretos (artículo 106, CCABA) y, esa cualidad, en principio, se pierde si no existe un gravamen actual (mutatis mutandi, Fallos: 333:442, entre otros). Esto, de ordinario es así, en tanto no cabría realizar pronunciamientos en abstracto, o carentes de vigencia práctica; sin perjuicio, claro está, de aquéllos supuestos en los que especiales circunstancias lo ameriten (de la extensa doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, ver por todos: “F.A.L. s/ medida autosatisfactiva”, del 13/03/12; Laplacette, Carlos, “Exigencias temporales del caso judicial. La doctrina de los casos devenidos abstractos y posibles correcciones”, en La Ley 23/03/2011). Sin embargo, la cuestión a decidir en esta causa, a tenor del modo en que quedó planteada, tiene el grado de actualidad suficiente para requerir de este tribunal un pronunciamiento concreto, que dirima la posición jurídica asumida por cada una de las partes. Esta conclusión se impone a poco que se tenga en consideración la necesidad de certeza acerca de los alcances y efectos de la medida cautelar decretada en autos (esta sala in re “Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas”, expte. N°A33131-2013/0, del 22/05/14). Precisamente, este aspecto diferencia la hipótesis traída a decisión, de aquélla que se tuvo que decidir en el caso “Fedu Tec” (expte. N°A39951-2013/0, del 30/12/14) -invocado por el juez de la anterior instancia-. En fin, no cabe declarar abstracto el debate y, paralelamente, dejar subsistente un reconocimiento cautelar. 4. Que, a partir de ello, se debe analizar la admisibilidad de la vía, que a tenor del estado procesal de la causa se vincula, en definitiva, con la acreditación de los presupuestos sustanciales de la pretensión. En el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se establece -en lo que aquí interesa- que “[t]oda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte” (confr., en el mismo sentido, artículo 43 de la Constitución Nacional). Asimismo, en el mismo sentido, en el artículo 2º de la ley Nº2.145 se prevé que “[l]a acción de amparo es expedita, rápida y gratuita y procede, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte”. En estos términos, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta a la que se alude en el texto constitucional citado requiere que la lesión de los derechos o garantías reconocidos resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos, ni de amplio debate o prueba (confr. Fallos: 306:1253; 307:747; Cámara del fuero, sala I, in re “Perrone, María Cristina c/ GCBA –Secretaría de Educación- s/ amparo (art. 14 CCABA)”, del 29/12/00). 5. Que por las razones que a continuación se exponen la demanda de amparo debe ser rechazada, en tanto el actor no logró comprobar la existencia de un acto de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de parte de la demandada. Valga recordar que la actora promovió este proceso contra el Gobierno de la Ciudad con la finalidad de obtener la declaración de nulidad de dos actos (la resolución ministerial conjunta N°1468/13 y la N°481/SSGECP/13). Por vía del primer acto, se facultó a la Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación a determinar el procedimiento de asignación del aporte gubernamental a los establecimientos educativos de gestión privada durante el ejercicio 2013, a los fines de posibilitar la mayor cobertura posible de las plantas funcionales aportadas con el presupuesto asignado en el presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ese ejercicio, aprobado por la ley N°4471 (artículo 1°). Entre sus argumentos, se expresó que “...atento el aumento salarial establecido en la reciente paritaria docente con afectación al presupuesto 2013, resulta necesario analizar el impacto del mismo respecto del presupuesto asignado para atender al aporte gubernamental”. Y, sobre estas bases, se precisó que “…en caso que dicho presupuesto resultara exiguo para atender a la totalidad de los requerimientos de los establecimientos educativos de gestión privada, deben establecerse pautas para una aplicación transparente y equitativa atendiendo a las distintas realidades y dentro de los parámetros de justicia social y distributiva definidos en la normativa vigente”. En el segundo acto, esto es, la resolución N°841/GCBA/SSGEP/13, instruyó a la DGEGP a aplicar el procedimiento fijado en el acto reseñado en el párrafo anterior “…a los fines de posibilitar la mayor cobertura posible de las plantas funcionales aportadas con los fondos asignados en el presupuesto…” para el ejercicio del año 2013, aprobado por la ley N°4.471 (artículo 1°). Asimismo, se dejó establecido que en el caso de que se autorizase algún incremento de los fondos destinados a la partida presupuestaria del ejercicio 2013, en lo relativo a los fondos destinados a atender el aporte gubernamental a las instituciones educativas de gestión privada, se debían aplicar, en primer término, a aquellas instituciones educativas que atendiesen población con mayores desventajas sociales, tomando como parámetro para su determinación el valor del arancel a cargo de las familias (artículo 2°). La ilegitimidad de las decisiones administrativas, la parte actora la centró en los siguientes argumentos, a saber: a) se lesiona lo establecido en la ley N°24.049 (art. 23) y en el Convenio de Transferencia celebrado con el Estado Nacional, en tanto impone mantener el nivel de subsidios; b) se viola lo preceptuado en el artículo 25 de la CCABA que prohíbe modificar partidas presupuestarias destinadas a educación, así como lo normado en el artículo 53 de la CCABA y 60 de la ley N°70 que vedan la posibilidad de alterar el destino de las partidas presupuestarias; c) la supresión de subsidios únicamente puede ser adoptada por la Legislatura, resultando, pues, incompetente el Jefe de Gobierno para ello; d) paralelamente a la reducción de los subsidios, la demandada comunicó, por Internet, la DGEGP N°998, que prohibió el aumento de los aranceles, de este modo, expresó “…se configura un verdadero cepo o trampa, donde por una parte la DGEGP deja de pagar arbitraria e ilegalmente los aportes debidos y comprometidos, y por otra parte prohíbe incluso el recurso a un financiamiento alternativo, lo que condena a los institutos de gestión privada al quebranto” (fs. 5). El Gobierno, por su parte, entendió que el amparo no era la vía, y que su proceder se ajustó a la normativa vigente en materia de asignación presupuestaria. 6. Que la parte actora no acreditó que resulte ser titular de un derecho adquirido a una determinada cuota de asignación estatal en la forma en que lo pretende. Los distintos argumentos ensayados en su presentación inaugural descartan tal temperamento. Y, por lo demás, no se comprueba que la demandada hubiese procedido con arbitrariedad manifiesta. El primer punto a destacar es el argumento que la actora ensaya en punto a lo establecido en el artículo 25 de la CCABA (fs.11/12). En esa norma se dispone que “[l]as personas privadas y públicas no estatales que prestan servicio educativo se sujetan a las pautas generales establecidas por el Estado, que acredita, evalúa, regula y controla su gestión, de modo indelegable. La Ciudad puede realizar aportes al funcionamiento de establecimientos privados de enseñanza, de acuerdo con los criterios que fije la ley, dando prioridad a las instituciones que reciban a los alumnos de menores recursos. Las partidas del presupuesto destinadas a educación no pueden ser orientadas a fines distintos a los que fueron asignadas”. De este mandato constitucional se infieren tres aspectos centrales; a saber: a) la facultad del Estado de subvencionar a las instituciones educativas públicas de gestión privada; b) un esquema de justicia distributiva que procura priorizar la situación de los establecimientos que reciben alumnos de menores recursos (se debe hacer notar aquí que en una de las resoluciones impugnadas -la N°481/SSGECP/13- se previó explícitamente la situación de las instituciones educativas que reciben alumnos en situación de desventaja social); y c) la imposibilidad de variar el destino de las sumas que presupuestariamente fueron asignadas a educación. Este precepto constitucional, en consecuencia, dejaría un margen de apreciación para que se cumpla con su criterio de justicia (prioridad a las instituciones educativas que reciben alumnos de menores ingresos), e impediría, en función del valor central que ocupa en la arquitectura constitucional la educación, que los fondos se desvíen de su destino. En otros términos, de esta norma no se puede colegir que los actos objetados exhiban arbitrariedad manifiesta. Esto es así, en tanto de la normativa analizada no se podría inferir que la actora tuviese garantizado un derecho a un monto determinado de subsidio estatal; en esto, precisamente, ingresan valoraciones de distintos órdenes, como así también de oportunidad que, por razones de equidad y justicia, del sistema educativo en su integralidad, implica fijar de modo diverso la forma de asignar los subsidios. Tampoco se comprueba, de modo claro y preciso, que el proceder del GCBA hubiese resultado lesivo de lo que se establece en el artículo 53 de la CCABA, de modo concordante con el artículo 60 de la ley N°70, en el que se dispone que “[n]o se pueden adquirir compromisos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de los créditos para una función distinta a la prevista”. En este aspecto, el argumento de la actora se desvanece a poco que se tome en cuenta que su planteo, para tener un interés jurídico que le otorgue la posibilidad de sostener este punto, parte de la base, errónea, de considerar que titularizaría un derecho adquirido a una asignación determinada por parte de la Administración. Descartado este extremo, el planteo se aprecia como una mera defensa a la legalidad presupuestaria que no se llega a justificar adecuadamente, ni comprueba, por ende, un proceder estatal reñido con la legalidad constitucional. Pero, además, y este aspecto es relevante, las resoluciones impugnadas, dictadas en función de la competencia establecida en el decreto N°600/03, se basan, concretamente, en el presupuesto aprobado por la ley N°4.471 para el año 2013, sin que existan mayores elementos de convicción que, en forma concluyente, acrediten que a las asignaciones presupuestarias se les hubiese dado un destino diverso, que la divorcie conceptual y teleológicamente de su destino. Para más, en principio, las resoluciones se amparan en criterios de justicia distributiva y social, al pretender priorizar la situación de las instituciones educativas a las que concurren estudiantes en situación de desventaja social. Se debe poner de manifiesto, por otro lado, que tampoco se allegaron elementos de juicio suficientes que, a partir del análisis de la causa, demuestren la ilegalidad denunciada. En esto, el informe de fs. 144/145 señaló que las resoluciones impugnadas pretenden distribuir, dentro del ámbito de competencia del organismo respectivo, las sumas asignadas en el ejercicio presupuestario 2013. Asimismo, como se analizará luego, allí se descartó que se hubiese prohibido un incremento en los aranceles (v. en igual sentido fs. 149/150, 155/156, 264 y el dictamen pericial de fs. 558/561 vta.). 7. Que no varía el eje del enfoque lo establecido en la ley N°24.049 (de transferencia de servicios educativos del Estado Nacional a las provincias y la CABA), en tanto no tiene el sentido que le pretende asignar la parte actora. En ella, se prevé, en punto a los servicios educativos de gestión privada, que “…mantendrán el régimen de aportes a la enseñanza privada en concordancia con el fijado en el orden nacional, en lo que hace a montos, proporciones y destino a los servicios transferidos” (artículo 23). A su vez, los aportes estatales para la educación privada se encuentran regulados por el decreto 2542-PEN/1991, en el que se dispone que “[a] fin de asegurar la opción de los padres de elegir la escuela para sus hijos, en el marco de la libertad de enseñar y aprender que garantiza la Constitución Nacional, el Estado contribuirá a la financiación de los Institutos Incorporados a la Enseñanza Oficial” (artículo 1°). De la consideración en conjunto de ambas normas, se podría, eventualmente, llegar a extraer la asunción por parte de los Estado locales (a nivel genérico) de implementar un esquema de subsidios, pero no la obligación de una asignación concreta, de naturaleza pétrea. En fin, en la causa no existen elementos que permitan inferir, de modo claro, que la demandada hubiese contrariado lo establecido en dichas normas con ilegitimidad patente. 8. Que, finalmente, tampoco existen argumentos que permitan colegir que el Poder Ejecutivo (o mejor dicho los órganos que dictaron las resoluciones impugnadas) carece de atribuciones para hacerlo. En rigor, en materia de subsidios, en la Constitución local se prevé que corresponde a la Legislatura regular el otorgamiento de subsidios según lo previsto en el presupuesto (art. 80, inc. 20.-) y que el Poder Ejecutivo “…concede subsidios dentro de la previsión presupuestaria para el ejercicio…” (art. 104, inc. 17). En el citado decreto N°600/2003, en su artículo 1° se dispuso: “[f]acúltase a las Secretarías de Educación y de Hacienda y Finanzas para que en forma conjunta procedan a reglamentar las condiciones y requisitos que deberán cumplir los institutos educativos de gestión privada que se encuentran incorporados a la enseñanza oficial, para percibir aportes estatales”. Esas secretarías, actualmente ministerios, dictaron la resolución conjunta N°163/2003 en la que se regula todo lo atinente al trámite para que los institutos de enseñanza privada obtengan el aporte estatal. Por otro lado, invocando las facultades otorgadas en el referido decreto, los Ministros de Educación y de Hacienda y Finanzas es que dictaron la resolución N°1468-MED/2013, como así también se dictó la resolución N°481- SSGECP/2013. Sobre estas bases, y en sentido concordante con lo dictaminado por el Sr. fiscal ante la Cámara, no se ha acreditado que los actos impugnados se hubiesen dictado mediando incompetencia. 9. Que, por último, la amparista tampoco acreditó la irrazonabilidad de los actos. El argumento de mayor peso de la actora, a criterio de este tribunal, consistió en que, por un lado, se recortaron los subsidios, y, por el otro, se le habría imposibilitado incrementar los aranceles. Sin embargo, como lo marca también el Sr. fiscal de Cámara, ese argumento es inexacto. En tal sentido, se autorizaron diversos incrementos en los aranceles que surgen de las constancias de fs. 144/145, 149/150, fs. 155/156, fs. 157, todo ello corroborado en la prueba pericial de fs. 558/561 vta. (específicamente, v. fs. 558/559). En este contexto, la parte actora no logró comprobar la irrazonabilidad de las decisiones administrativas que impugna, puesto que uno de los argumentos centrales de la pretensión (esto es, la imposibilidad de aumentar las cuotas) se desvanece con la consideración de los extremos acreditados en la causa. La jueza de Cámara Mabel Daniele dijo: 1. Que a los meros efectos de conformar mayoría adhiero al voto del Dr. Centanaro. Por todo lo expuesto, habiendo dictaminado el Sr. fiscal ante la Cámara, el tribunal, por mayoría, RESUELVE: 1. Revocar la decisión de grado y, en consecuencia, con los alcances establecidos en los considerandos N°7 y 8, hacer parcialmente lugar a la acción de amparo promovida, estableciendo que el quantum en la reducción del aporte estatal no puede sobrepasar, para el ejercicio presupuestario en debate, el margen máximo del 11% (informe de fs. 144/145). 2. Costas por su orden, en mérito a lo novedoso y complejo del asunto traído a decisión (art. 28, ley N°2.145 y 62, 2° p. del CCAyT). Regístrese, notifíquese y al Sr. fiscal en su despacho. Oportunamente, devuélvase


Compartir con tus amigos:


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2019
enviar mensaje

    Página principal