Causas Nº 2929, 2947 y 2948 "R., G."; "B., H. A.; "A, J. L g



Descargar 0,53 Mb.
Página1/8
Fecha de conversión13.09.2017
Tamaño0,53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Causas Nº 2929, 2947 y 2948

"R., G."; "B., H. A.;

"A, J. L..; G.., S..G.";

"C.., S.. R.; L., A.

N."

s/ recurso de Casación, respectivamente

En la ciudad de La Plata a los trece días del mes de noviembre dos mil tres, siendo las ......... hs., se reúnen en acuerdo ordinario los señores Jueces de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Horacio Daniel Piombo, Benjamín Ramón María Sal Llargués y Carlos Angel Natiello, con la presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causas Nº 2929, 2947 y 2948 de este Tribunal, caratuladas "R.,G."; "B., H. A.; A., J.L.; G., S. G."; "C., S. R.; L., A. N." S/recurso de Casación. Fijado el orden de votación en las causas que motivaron la radicación por prevención en esta Sala, resulta que en la especie debe observarse el orden siguiente: PIOMBO - SAL LLARGUES - NATIELLO, procediendo los nombrados magistrados al estudio de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S


I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Dolores condenó, en decisorio de fecha 2/2/00, a la pena de prisión perpetua a:

1) H. A. B. y a S. G. G., como coautores del delito de sustracción de persona agravada por la muerte de la víctima en concurso ideal con homicidio simple, por dolo eventual, en calidad de copartícipes primarios;

2) J. L. A. como copartícipe primario en el delito de sustracción de persona agravada en el caso por la muerte de la víctima en concurso ideal con homicidio simple por dolo eventual;

3) G. R. por el delito de sustracción de persona agravada por la muerte de la víctima en calidad de instigador en concurso ideal con homicidio simple por dolo eventual.

Asimismo, aunque a su respecto con pena de reclusión perpetua, emitió también pronunciamiento condenatorio respecto de A. N. L. y de S. R. C., endilgándoles participación primaria en el delito de sustracción de persona agravada por la muerte de la víctima, en concurso ideal con homicidio simple cometido mediante dolo eventual.

II. Así definido el cuadro sancionatorio, respecto del reseñado decisorio interponen sendos recursos de Casación los letrados particulares de los imputados mencionados "ut supra", cuyos agravios serán de seguida puntualizados y luego objeto de tratamiento.

III. En sede del remedio traído por el defensor particular de los coprocesados C. y L. a fs. 241/250 de la causa nº 2948, los motivos de queja consisten en:

a) Nulidad del debate, fundado en que el Tribunal de grado en rigor sentenció a los coprocesados durante el período instructorio, lo cual implica ruptura del principio de imparcialidad e independencia de los Jueces. Señala en relación con lo expresado por el "a quo" al resolver en el "Hábeas Corpus" presentado en favor de A. N. L. (causa 10.129), que la regla de que quien participa de la instrucción no debe juzgar, forma parte integral de nuestro sistema al ser incorporados a la Constitución Nacional los Tratados Internacionales (arts. 31 y 75 inc. 22, C.N.). También la fundamenta en que el Tribunal debió inhibirse de continuar su intervención al modificar la primitiva calificación de privación ilegítima de la libertad agravada por la figura de sustracción de persona agravada por la muerte de la víctima, prevista en el art. 142 bis del Código Penal, toda vez que el conocimiento de este delito se halla atribuido a la jurisdicción federal.

b) Violación al principio "favor rei" (art. 1º del C.P.P.), para cuyo sustento basta remitirse a los fundamentos vertidos por el doctor Dupuy en su voto en disidencia.

c) Arbitraria subsunción jurídica de la intervención de los coprocesados de que se trata, señalando que frente a lo declarado por "los horneros" en el sentido de que en ningún momento admitieron que la intención era el homicidio sino un "apriete", cabría haber aplicado a sus pupilos lo dispuesto por el art. 47 del Código Penal.

d) Ilegal determinación del ingrediente subjetivo en la medida en que el "a quo", no
pudiendo acreditar el dolo directo de sus asistidos, pretende atribuir a éstos un dolo eventual, solución absolutamente descaminada tanto desde el punto de vista doctrinario como jurisprudencial.

Por último, deja planteada formal reserva del caso federal.

IV. A fs.302/352 de la causa 2947 los defensores particulares de B., A. y G., abogados Fernando Andrés Burlando y Juan Martín Cerolini, reclaman:

a) la nulidad del debate, atento a que la Cámara de Apelación y Garantías:

a.1. juzgó careciendo de los presupuestos

funcionales que validaban sus actos; invalidez ésta que estiman insanable por contrariar la garantía constitucional del juez natural (art. 18 de la Constitución Nacional).

a.2. no obstante que la causa por

homicidio de José Luis Cabezas se inició cuando todavía estaba en vigencia el Código de Jofré, dicho órgano jurisdiccional, pese al oportuno planteo en
la ocasión fijada por el artículo 338 del ritual, desconoció la existencia de causas anteriores al hecho investigado en la presente en las que se procesaba a sus asistidos sin existir condena firme que, obviamente, provocaban la acumulación (causa 140.129), máxime cuando razones de orden procesal no pueden justificar la violación de normas fundadas en el orden público.

a.3. Mediante resoluciones que importaron

tasar prueba y asumir indebidamente funciones instructorias, edificó una opinión definitiva respecto de la responsabilidad de los inculpados antes de sustanciado el debate, lo cual también implicó vedar a los encausados el acceso a un juicio imparcial tramitado ante los jueces naturales.

a.4. Rechazó indebidamente prueba



testimonial propuesta por la defensa, dado que aun de haberse errado en el ofrecimiento de la prueba, la Cámara debió haber citado a la totalidad de los testigos propuestos por la defensa y no intimar a referenciar lo que ellos deseaban hacer; esto, sin
perjuicio de que la defensa interpretó que no correspondía ofrecer nuevamente un testigo puesto que de tal modo se consentiría el error del Tribunal.

a.5. En definitiva, se forzó hasta lo



irrazonable el alcance de las normas atinentes al planteo de nulidades, esto es, los arts. 201, 202, 203, 205, 207 y 211 del C.P.P.

b) También sostienen como procedente la revocación de la sentencia, desde que:

b.1. No se aplicó la ley más favorable a

los imputados de conformidad con el imperativo proclamado tanto por la ley adjetiva como por la sustantiva (arts. 1, C.P.P. y 2 del C.P.).

b.2. se incurrió en una indebida división



de la confesión de sus pupilos, proscripta por el artículo 239 del Código de Jofré, toda vez que se habría operado sin contarse con presunción grave alguna que legitime tal procedimiento. Si la confesión no puede dividirse en contra de los

imputados tal como establece, en su criterio, la ley aplicable corporizada en el derogado texto adjetivo, no puede aceptarse el relato confesorio en la parte en que sus defendidos reconocen parcialmente su intervención en el hecho -para así considerarlos responsables del delito- y, al propio tiempo, descartar la excusa que eventualmente podría conducirlos a una situación más favorable.

b.3. el discurrir de la Cámara cayó en el

vicio de absurdo en la apreciación de la prueba, puesto que echan en saco roto los informes psicológicos que hacen hincapié en las personalidades de sus pupilos las que consideran tienen todas en común -de acuerdo con los informes de la perito psicóloga Marta Beramendi- la influenciabilidad y debilidad de carácter, rasgos que a su criterio habrían facilitado la manipulación de todos ellos a manos de P.. Forjan hipótesis respecto de los argumentos que habría usado este último para vencer las voluntades de sus pupilos los

que siempre tuvieron presente que se trataba de un "apriete", esto es, de una paliza que la víctima debía recibir. Agregan que es absurdo el razonamiento del Tribunal que partiendo de la sola circunstancia de portar un arma concluyen en la configuración del dolo eventual respecto del homicidio.

b.4. A. exhibió una participación sólo

secundaria en el momento de ocurrir el homicidio, ya que -afirman- permaneció en el asiento trasero del Fiat Uno, paralizado por el miedo propio del que es arrastrado a jugar un juego no convenido. A su vez, tanto B. como G. obraron bajo un miedo insuperable, siguiendo las órdenes de P.. Así, proclaman los defensores, cada uno expresó el miedo que les generó el sorpresivo cambio de plan de quien a esa altura se había convertido en una suerte de carcelero para ellos.

b.5. los magistrados de grado equivocaron



en la aplicación de los artículos 12, 14, 239 del
Código Jofré y 338, 210, 209, 233, 373 -a contrario sensu- del C. Procesal Penal, en cuanto a la valoración que se ha hecho de la prueba testimonial.

b.6. Se violó el art. 10 del rito en



concordancia con lo dispuesto por el art. 168 de la Carta Magna provincial.

c) A todo evento corresponde la adecuación de la penalidad prevista en el decisorio, desde que:

c.1. Los aportes de sus defendidos

tuvieron especial gravitación para el avance de la tarea investigativa.

c.2. no pudo nunca determinarse la aptitud



para funcionar del arma presuntamente empleada por B., ya que no fue hallada, impidiendo probar el grado de violencia y amenaza requerida para configurar la agravante en los términos del inciso 1 del art. 142 del C.P.

c.3. se ha transgredido el artículo 45 del



Código Penal debiéndose, en rigor, aplicar a sus pupilos lo dispuesto en el art. 47 del mismo Código.

c.4. Resulta manifiesto el quebrantamiento



de las garantías de defensa en juicio, "in dubio pro reo" y "favor rei",

"In extremis", dejan planteada expresamente la reserva del caso federal en los términos del art. 14 de la Ley 48.

V.1. A fs. 241/284 de la causa 2929 luce la impugnación presentada por el defensor particular de G. R., en la que denuncia:

a) Inobservancia del precepto constitucional relativo a la imparcialidad de los magistrados e inherente inconstitucionalidad de la ley 12.059 que institucionaliza dicho desvío.

b) Infracción al art. 168, primera regla, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y al art. 18 de la C.N. en razón de no haberse abordado debidamente el tratamiento de dicho entuerto judicial.

c) Inobservancia del principio de congruencia que impone que el fallo se expida sobre el hecho y las circunstancias que contiene la acusación, o sea sobre los elementos de la imputación acerca de los cuales el encausado ha tenido oportunidad de ser oído.

d) Arbitrariedad en cuanto a la fijación temporal del hecho atribuido a su pupilo.

e) Errónea subsunción del hecho en la figura del art. 142 bis del Código de fondo.

f) Irrazonabilidad en la construcción probatoria.

g) Construcción del dolo eventual de R. en el homicidio de José Luis Cabezas sobre la base de una mera suposición.

h) Inaceptabilidad de que recaiga sobre el imputado una carga de acreditar el contenido inocuo y correcto de las comunicaciones telefónicas mantenidas con el coinculpado P..

i) Impropia introducción de una pericia psiquiátrica como elemento probatorio en contra del inculpado.

j) Menoscabo de la inveterada jurisprudencia que excluye como elemento cargoso las declaraciones de los procesados cuando son exculpatorias, al incluir entre ellos las manifestaciones de la coimputada B..

k) Incomputabilidad, por similar motivo, de la declaración de P. que el "a quo" invocara en el plexo cargoso respecto de R..

l) Por último, cualquiera sea la validez sustancial o procesal de la sentencia ha sido dictada por un tribunal que ha actuado por fuera de los límites competenciales atribuidos por la ley federal jerárquicamente subordinante.

V.2. En punto al primero de los agravios motivo de enumeración "ut retro", afirma el recurrente que la garantía de la imparcialidad judicial tiene dos aspectos: uno subjetivo, relacionado con la actitud concreta del magistrado en relación al caso, y otro objetivo, que procura verificar si ese juez o tribunal excluye toda duda razonable en cuanto a una determinada tendencia interna preexistente. Señala que de conformidad con la doctrina de los tribunales competentes para la interpretación de los Tratados de Derechos Humanos hay duda razonable sobre la posición neutral si el magistrado del tribunal de juicio tomó parte decisiva durante la instrucción y emitió veredicto -aunque imperfecto y provisorio- sobre la culpabilidad por juzgar. Expresa, con invocación de decisiones jurisprudenciales, que el principio "...quien instruye no debe juzgar..." está contemplado por el art. 47 incs. 1º y 13 del C.P.P. Argumenta que la voz sentencia usada en el inciso 1º puede entenderse limitadamente con el alcance fijado en el art. 105 o, en un sentido acorde con la Constitución, designando a toda resolución de mérito anticipado sobre el fondo del asunto que incida sobre los "puntos a decidir", afectando la apariencia institucional de juicio justo necesaria en el sistema democrático de gobierno. En tal sentido, la gestión del funcionario que ha ratificado el acierto de la investigación, continúa, representa un impedimento grave para la independencia e imparcialidad judicial, en los términos del inciso 13º del art. 47 del C.P.P. Entiende que al revisar la cuestión de mérito provisorio sobre la situación del imputado durante la instrucción, el "a quo" consideró insatisfactorio el auto de prisión preventiva del juez de primera instancia y resolvió dictar una nueva orden de esa índole, corregida y aumentada para incriminar a R.. Todos los actos fueron cumplidos bajo una fuerte convicción sobre la culpabilidad en ciernes. Cuestiona, en idéntica dirección, lo resuelto sobre este tópico por el Tribunal a partir de lo que tiene como una mera afirmación dogmática. Solicita la nulidad del debate y de la sentencia condenatoria, nulidad que considera de orden general en tanto implica violación de normas constitucionales y debe ser declarada en cualquier estado y grado del proceso. (arts. 202, incs. 1º y 3º, 203, párrafo segundo, C.P.P.).

V.3. En sede del motivo de casación invocado sub "b", afirma que si bien la Cámara abordó el tratamiento de la alegada inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 12.059 con relación a la exigencia de imparcialidad judicial, no medió al respecto pronunciamiento expreso en el veredicto ni en la sentencia final. Argumenta que el texto constitucional impone a los magistrados dos obligaciones independientes y sucesivas: "dar su voto" y "resolver", indicando que ninguna de ellas suple o subsana la eventual ausencia de la otra,
produciendo la nulidad de la sentencia. Advierte que similar defecto se constata en cuanto al planteo de nulidad de la acusación fiscal.

V.4. En relación con el motivo de casación indicado en el literal "c", se afirma la sorpresiva aplicación al caso del artículo 142 bis del Código Penal, subsunción descaminada que se vincula con la argüida indeterminación del hecho desde la acusación fiscal misma, defecto que -afirma vigorosamente- se extiende luego al fallo. Agrega que el propósito homicida implícito en la acusación es abiertamente incompatible con el tipo subjetivo del art. 142 bis. Abonando su postura, refiere que los doctores Begué y Yaltone dispusieron en su oportunidad ampliar la investigación y la indagatoria respecto del hecho descripto en el tipo en cuestión lo que -a su juicio- resultaría innecesario si se tratare de un mero cambio en la calificación jurídica.

V.5. Respecto del motivo encolumnado con la letra "d", la defensa de que se trata entiende que el tribunal se hallaba limitado por la fijación del

hecho entre los meses de setiembre a noviembre de 1996 que hiciera el Ministerio Público. Critica las expresiones del "a quo" que aluden a una suspensión, una interrupción en el tramo ejecutivo de la "empresa criminal proyectada" ya que entiende que no podría haber habido "tramo ejecutivo", que sólo existe después del "comienzo de ejecución del hecho" en tanto que el concepto de interrupción de una preparación no tiene ningún significado jurídico. Refiere que una propuesta criminal sujeta a una nueva conversación futura, no es aún la "determinación directa" de que habla el art. 45 del Código Penal. Frente a ello reflexiona el recurrente que, o bien la sentencia es arbitraria en tanto se refiere a una instigación que se fija en períodos discordantes o condena en función de una instigación acaecida en 1997 por la que no fuera acusado R., vulnerando de tal modo el principio de congruencia.

V.6. En el terreno del motivo individualizado con el literal "e", el recurrente sostiene que para la configuración del tipo subjetivo de la figura prevista en el art. 142 bis es necesario que durante el cautiverio la persona aprehendida o un tercero hagan algo, o dejen de hacerlo, o toleren algo contra su voluntad, lo que no habría ocurrido en el hecho considerado en autos. Agrega que se aplicó analógicamente la ley penal en función de un "disvalor parecido", lo que a su juicio se consideró como un secuestro por venganza relacionado con la profesión de la víctima. Ensaya luego su argumentación en cuanto a que si P. actuó con un propósito propio y opuesto al que hipotéticamente habría tenido R., debería admitirse que nunca existió el comienzo de ejecución de un secuestro con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer tal o cual cosa. Ello produciría la impunidad toda vez que no hay tentativa de participación o eventualmente la punibilidad hasta la medida del hecho que sí fue comenzado y ejecutado (art. 47, C.P.).

V.7. En el ámbito trazado por el motivo de casación mencionado con la letra "f", se cuestiona que el Tribunal, a partir de un indicio de carácter negativo -el desconocimiento de un motivo personal en P.- concluye atribuyendo éste en cabeza de Y.. Apunta que existe prueba que acreditaría que Cabezas recibía amenazas telefónicas las que no habrían comenzado -al decir de su viuda- con la fotografía de Y. y su esposa publicada en la revista Noticias en marzo de 1996, sino antes. Construye su razonamiento expresando que si P., como ejecutor directo, pudo transformar el supuesto encargo originario en un proyecto completamente distinto esto significaría que cuanto menos tuvo un "motivo excedente" concluyendo de ello que necesariamente debió tener un motivo "propio", con lo que caería el razonamiento del "a quo".

V.8. En el motivo de casación señalado con la letra "g", parte el recurrente de la coincidencia en la sentencia respecto de que R. "...no se había representado las agravantes...", para luego afirmar (el voto que hace mayoría) que su pupilo "...debía de conocer..." los efectos y probables consecuencias de las agresiones a la integridad física de las personas. Partiendo de una interpretación gramatical, llega a la conclusión que la sentencia no dice que R. se haya representado la muerte de Cabezas sino que "...tendría que habérsela representado..." lo que, a su juicio, resulta insuficiente para justificar una condena por dolo eventual. Estima de aplicación la regla del exceso del art. 47 del Código Penal ya que se habría producido un desvío relevante del curso causal al producirse la muerte, no como consecuencia de derivaciones previsibles del suceso planeado, sino del dolo oculto del conductor de la ejecución. Peticiona en esta dirección se restrinja la condena al supuesto del artículo 142 inciso 1 del Código Penal.

V.9. Con miras al motivo de casación sub "h", afirma que el tribunal ha creado una presunción de derecho inexistente y que, de existir, contravendría el principio de inocencia así como el de reserva, amén de que en manera alguna habilita la inferencia de conclusiones de cargo contra el portador de la garantía (arts. 18 y 19 de la C.N.). Expresa que para suplir el déficit de certeza de los elementos que invoca, la Cámara atribuye a los acusados la carga de explicar el tema de cada llamada transgrediendo la regla "nemo tenetur se ipsum prodere" y contrariando también la garantía de libertad de comportamiento en todos los contactos sociales consensuados que, como estereotipo, no revelan datos externos indicativos de lo ilícito. Agrega que entre los derechos irrestrictos del ciudadano se halla el de hablar por teléfono con quien quiera, sin la menor carga de dar explicaciones sobre la identidad de su interlocutor ni sobre el tema de sus conversaciones, por lo que de ello no puede surgir una presunción de culpabilidad de ninguna clase (art. 19, C.N.) ni una que él tenga que destruir con prueba propia en contrario (art. 18, C.N.). Trazando una analogía con la presunción "contra dominum domus" invocada en la Causa criminal contra los hermanos Yañez en la que actuara como defensor en instancia superior don Dalmacio Vélez Sársfield, identifica una arbitraria presunción como "contra dominum telephonus" la que, de ser consagrada, no tendría validez constitucional por importar la punición del llamado delito de sospecha obligando al imputado a pronunciarse en causa propia, infringiendo el principio de inocencia y exterminando el derecho a una vida privada libre de la injerencia del Estado. Insiste en que los llamados telefónicos sin registro de su contenido, no configuran prueba válida sobre la instigación que se adjudica a su pupilo. Desarrolla luego similares argumentos en cuanto al indicio extraído de las reuniones que R. habría mantenido con P. y L., de las que -reitera- nada se sabe en cuanto a su objeto, designando tal razonamiento como la presunción judicial ilegítima "contra dominus conventus".

V.10. Con relación al motivo de casación categorizado con la letra "i", sostiene que el mecanismo de tener como elemento gravoso los obtenidos a través de una pericia médico-psiquiátrica, significa operar con un derecho penal de autor al establecer inferencias cargosas contra R. a partir de un dictamen sobre su personalidad -informe de fs. 33.937/42-, prueba que juzga proscripta en tanto no se cumpliera con los recaudos de una declaración indagatoria, esto es en presencia del defensor y con advertencia al imputado de que su colaboración podría perjudicarlo. Sostiene en tal sentido que la única función de tales estudios resultaría el establecer si el sujeto se aparta de modo drástico de la media de salud de un hombre corriente, respecto de su capacidad para comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones, estando vedado extraer de él inferencias sobre su responsabilidad en el hecho cometido. Este desvío del quehacer jurisdiccional no implica otra cosa que pretender completar las lagunas de conocimiento sobre el hecho o en punto a la responsabilidad del acusado a partir de datos de su propia personalidad o psiquis.

V.11. En el motivo de casación relacionado con la letra indicativa "j", se invoca el art. 8, inc. 2, subinc. "f" de la C.A.D.H., expresando que cuando rige un sistema procesal que impide al imputado declarar como testigo, dicho artículo proscribe que la declaración del imputado pueda ser utilizada para incriminar a otro imputado, porque, por definición el no puede ser "testigo". Si bien estima que ésta sería la interpretación de máxima de la garantía consagrada por el Pacto de San José de Costa Rica, admite que una interpretación más flexible de ella estaría encaminada a que la declaración pudiera tener efecto incriminante si y sólo si el defensor del sujeto recipiendario de la atribución criminal efectuada por el coimputado ha tenido la posibilidad de examinar al declarante con la misma amplitud que si se tratase de un testigo. Dicha situación no pudo verificarse toda vez que al recibírsele declaración en la etapa instructoria no pudo ser objeto de repreguntas (art. 133 C.P.P. -ley 3589-) situación que se habría agravado en la medida que B. prefirió no declarar en la audiencia de debate. Señala que la nombrada fue testigo de oídas y que todo lo dicho en relación con su pupilo fue luego desmentido por P.. Asimismo, expresa que debe estar proscripta la valoración de una afirmación hecha por un imputado en contra de un pariente respecto del cual no podría declarar como testigo, aludiendo a la condición de ex-cónyuge de B. ya que el fundamento de la proscripción -no afectar a la familia- continuaría vigente frente a la existencia de hijos bajo patria potestad y convivencia posterior al supuesto divorcio. Finalmente en cuanto a la valoración de los dichos de la mencionada B., denuncia el recurrente absurdo y falta de tratamiento de un argumento relevante de la defensa, basado en las sucesivas y cambiantes declaraciones de la nombrada, así como el contenido exculpante de su declaración, motivos todos ellos que tornan la mentada declaración como ilegítima.

V.12. En la materia aludida en el motivo de casación sub "k", estima que caben parejas objeciones a las que dirigiera a la de B., en cuanto a la imposibilidad de someter a P. a preguntas por parte de la defensa, circunstancia que en este caso se agrava toda vez que en el debate P. rectificó su declaración afirmando que había sido objeto de "coerciones políticas" las que dogmáticamente –a su juicio- son descartadas por el Tribunal. Plantea que lo dicho por P. en la reunión que mantuviera con Y. el 23/12/96 resulta contradictorio con la imputación simultánea a su pupilo, en términos de instigación, fijada en el período de setiembre y noviembre de 1996. Por los mismos vicios descalifica las declaraciones de A., B., R. y G. en cuanto pudieran afectar a su pupilo.

V.13. En el motivo de agravio encuadrado por el literal "l", el peticionario sostiene que el delito previsto en el artículo 142 bis del Código Penal no resulta materia propia de las jurisdicciones locales, correspondiendo específicamente a la justicia federal juzgar acerca de su comisión.

V.14. Por último el recurrente atiende a mantener la reserva del caso federal para un resultado eventualmente adverso.

VI.1. Convocada la audiencia de informes en derecho en la cabecera judicial en la que se celebrara el debate hoy en examen, esto por razones de mejor acceso a las constancias documentales de la causa depositadas al cuidado de la Cámara de juicio, al llevarse a cabo la misma en fecha 20/12/02 las defensas técnicas asistentes, esto es los abogados Sandro y Cerolini, reiteraron sus posiciones.

VI.2. Así, el primero de los nombrados, con relación al recurso nº 2929, sostuvo:

a) Las actitudes del Tribunal de grado condicionaron la condena de R.. Así, en una etapa preliminar se efectuaron pericias psiquiátrica y psicológica al imputado P., el que tras dicha entrevista se presentó en horas de la noche en la casa del Juez, lugar donde habría confesado el hecho. Cuestiona que la Cámara -en el marco de un Hábeas Corpus- en primer término citara a declarar al psiquiatra, al imputado y al juez, invocando tal prueba en oportunidad de dictar la prisión preventiva de R. y que luego -en el debate- y aún sin pedimento de parte excluyera tal medio probatorio con fundamento en su inconstitucionalidad. Considera tal circunstancia como un abuso de funciones y prevaricato por parte de la Cámara que se aduna a las afrentas ideológicas y políticas a la defensa que lanzó el camarista Begué.

b) La instigación importa la contención de un doble dolo no acreditado: la instigación en sí y el resultado por ella buscado, señalando que tal requisito nunca fue acreditado en autos, en los que tampoco se tomó razón de la atipicidad de la conducta de su pupilo teniendo en cuenta que se habría instigado a quien ya estaba decidido a delinquir.

c) La prueba armada para acreditar la supuesta instigación merece críticas, en especial haber presumido el contenido de las comunicaciones telefónicas entre R. y P., dado que no se ha podido comprobar sobre qué temas hablaron.

d) El objeto procesal del debate fue cambiado con daño al principio de congruencia.

e) No puede tomarse como elemento en perjuicio de R. la declaración de la coimputada S. B., toda vez que su parte no la pudo interrogar desde que ésta se negó a declarar en el debate no obstante haberse manifestado en cinco oportunidades ante los órganos de instrucción.

VI.3. En el marco de la misma causa contestó los agravios el Fiscal de Casación afirmando que conforme lo resuelto por esta Sala -que resultara firme respecto de R.- cabe dejar de lado los argumentos defensistas relacionados con la recepción de la prueba que no surjan de lo asentado en la sentencia. En orden a ese parámetro, sostuvo que:

a) Resulta insuficiente el primero de los agravios, pues el recurrente no ha cumplido la carga de aportación de los elementos que respalden su postura. A todo evento, entiende que el planteo en torno de que "quien instruye no puede juzgar" resulta improcedente, aduciendo que ninguna norma procesal ni constitucional impone la prohibición de que el órgano jurisdiccional que entiende en la instrucción sea el mismo que luego dicte sentencia, invocando precedentes en tal sentido de la Cámara Nacional de Casación Penal y el voto en disidencia de los doctores Fayt y Boggiano al pronunciarse en causa "Zenzerovich", Fallos 322:1941).

b) Cabe rechazar el agravio en torno de la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 12.059, entendiendo al respecto que la intervención del Tribunal en el caso no ha configurado violación constitucional alguna sino que, en rigor, respeta lo plasmado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y más aún, manifiesta que la tesis de la defensa llevaría a admitir la creación de comisiones especiales.

c) Igualmente cuadra el rechazo de la denunciada violación del art. 168 de la Constitución provincial, toda vez que -expresa- las cuestiones que se dicen preteridas han sido objeto de tratamiento más allá del orden en el que fueron abordadas por el "a quo", invocando en abono de su postura doctrina de este Tribunal en punto a que no resulta esencial el lugar donde consten las premisas del macrosilogismo jurisdiccional en tela de juicio (Sala I, causa nº 103, "M.", sent. del 19/8/99).

d) Con invocación de lo que resolviera la Cámara al contestar el mismo planteo, corresponde repulsar la pretensa nulidad de la acusación fiscal con fundamento en una falta de motivación o descripción de los hechos atribuidos. En tal sentido dejó puntualizado que el Ministerio Público ha producido sendas acusaciones tanto a fs. 47.585 como en la audiencia en que se abrió este juicio, ocasiones en las que la accionante explicó detalladamente la conducta atribuida a R. poniendo de relieve cuáles eran los hechos que le permitían sustentarla. Por otro lado, todas las partes conocían que se estaba juzgando un hecho que en sus diversos tramos comprendía la privación ilegal de la libertad de José Luis Cabezas en forma violenta por un grupo de individuos compuesto por policías y civiles en el contexto de una organización mafiosa, y que, sin perjuicio de los distintos grados de participación que les cupo a cada uno, epilogaron su accionar criminal con el fatal resultado por todos conocido. Concluye así que el ejercicio de la defensa en juicio ha sido adecuadamente preservado en función de lo dispuesto por los arts. 18 de la Constitución Nacional; 354 y 368 del C.P.P. Agrega que la calificación legal que objeta la defensa fue introducida, en la oportunidad prevista en el art. 368 del rito, por el representante del particular damnificado. Ello, prosigue, destierra la alegada afectación de la congruencia en tanto la defensa tuvo oportunidad de refutar las alegaciones en el marco legal de las acusaciones públicas y privadas. Cita respecto de la actuación del acusador privado lo resuelto en el precedente de la Corte Suprema en el caso "Santillán", de fecha 13 de agosto de 1998. Con referencia a lo dicho por el Fiscal de Juicio, rechaza de igual modo la alegada transgresión del principio de congruencia vinculado a la supuesta arbitrariedad en la fundamentación temporal del hecho.

e) En sede de la presunta errónea aplicación de la ley sustantiva que esgrime la defensa de R., expresa que tampoco aquí le asiste razón al recurrente. A diferencia de lo afirmado por éste sostiene que la figura descripta en el art. 142 bis del Código Penal contempla una forma de privación de libertad caracterizada por los específicos medios comisivos individualizados por el legislador (sustracción, retención u ocultamiento) y por la "finalidad" perseguida por el autor (hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad, la víctima o un tercero). Agrega que la ley no exige ninguna finalidad específica en el elemento subjetivo del tipo previsto en el artículo citado ni tampoco exige, como lo postula el recurrente, que aquello que el autor pretende que la víctima "no haga" tenga lugar "...después de la soltura...". A su criterio los extremos típicos requeridos por la figura se encuentran cumplidos, afirmando que la defensa en rigor recrea los hechos modificándolos para sustentar la subsunción reclamada. En nada altera, a su criterio, que el propósito de P. haya sido desde el inicio "eliminar" a Cabezas, toda vez que este hecho (el homicidio) también le ha sido reprochado a R. a título de dolo eventual.

f) Similar rechazo postula respecto de la denunciada inobservancia del artículo 47 del Código Penal, agravio que tacha de carente de sustento legal y fáctico. La regla del exceso del autor no resulta aplicable a la situación de R., afirma, ya que su carácter de instigador no resultaría comprendido en la misma, amén de que por otro lado gravita la acreditada convergencia intencional respecto de la muerte de Cabezas, cuya probabilidad de ocurrencia se representó R..

g) Respecto del motivo de casación referido a la arbitrariedad en la consideración de los móviles del crimen, señala que éste no encierra otra cosa que una versión distinta de los hechos aportada por el impugnante quien, además, tampoco acompaña su argumentación con las citas legales correspondientes, no demostrando trasgresión alguna.

h) En punto al agravio enunciado en noveno lugar en la pieza recursiva, señala que el mismo resulta parcial, desentendiéndose el quejoso de las restantes probanzas que el "a quo" invocara para acreditar la participación de su defendido. Propone tanto el rechazo del agravio dirigido a cuestionar el mérito acordado a la declaración de B. como a las declaraciones de P., A., B. y R.. Respecto de la primera señala que nada impedía a la defensa técnica de R. interrogar por intermedio del "a quo" o pedir una nueva declaración de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del C.P.P., reiterando, respecto de las declaraciones del grupo de Los Hornos, que la defensa exhibe un mero criterio personal que en modo alguno reviste eficacia casatoria.

i) Finalmente, en torno de la cuestión de competencia que plantea el recurrente, señala que ella fue objeto de diversos pronunciamientos contrarios a la pretendida competencia federal. Agrega, por lo demás, que las nulidades oficiosas de sentencias decretadas por la Suprema Corte provincial fueron consecuencia de un juicio previo en el que se había omitido dar intervención anterior a la justicia federal, supuesto que no es, reitera, el perfilado en autos.

VI.4. A su turno, la defensa confiada a los abogados Burlando y Cerolini contó con los conceptos vertidos por este último profesional el que, con relación al recurso N° 2947, luego de dar por reproducido el texto de su impugnatoria, dejó puntualizado que:

a) Reedita la cuestión de la incompetencia del Tribunal de juicio, insistiendo acerca de la preexistencia de la causa N° 140.129 que tramitara en el entonces Juzgado Criminal y Correccional N° 3 del Departamento Judicial La Plata y la acumulación que a su criterio debió disponerse.

b) Enfatiza que el Tribunal ordenó procesamientos y valoró prueba, privando a sus pupilos de la garantía de la doble instancia funcionando, además, como un Tribunal especial en franca violación al artículo 18 de la Constitución Nacional.

c) Destaca que no existen fórmulas sacramentales para proponer testigos, agregando que el doctor Begué agredió a esa defensa pronunciando en la sentencia distintas manifestaciones en tal sentido.

d) Reitera que no se ha podido en autos desvirtuar los dichos de sus defendidos, denunciando la errónea aplicación del art. 45 del Código Penal y expresando que en tanto A. resultó inocente, G. y B. emergieron sólo como partícipes de la privación ilegal de la libertad, solicitando entonces la aplicación del artículo 47 del Código Penal.

VI.5. La réplica en relación al mismo recurso N° 2947 vino por boca del señor Fiscal Adjunto, doctor Jorge Roldán quien dejó constancia de que:

a) Corresponde rechazar el planteo referido a la incompetencia del Tribunal, esto en función a lo dispuesto por el segundo párrafo del inciso segundo del artículo 12 del Código Jofré, disposición que señalaba que una vez producida la acusación, el proceso quedaba definitivamente radicado ante el juez que conociera del mismo, circunstancia que en autos acaeció el 17 de setiembre de 1999 ante el Departamento Judicial Dolores. Además porque es extemporáneo, dado que fue recién realizado en oportunidad de la audiencia del artículo 338 del C.P.P., en cuyo marco fuera rechazado no motivando protesta alguna.

b) La defensa, respecto de la pretensión nulificante relacionada con la omisión de recibir prueba ritualmente solicitada, se ha colocado en contradicción con sus propios actos, toda vez que consintió la resolución que proveía la prueba; más aún, rehusó las reiteradas invitaciones que le formulara el Tribunal a integrar sus probanzas. Recuerda que la doctrina elaborada sobre la invalidez en el campo del derecho procesal, exige la demostración del perjuicio que el presunto vicio de procedimiento pudo inferirle.

c) Cuadra el rechazo del ataque dirigido al material probatorio, puesto que, en rigor, se pretende una revisión de los medios de prueba, impropia de esta sede, salvo demostración de absurdo.

d) En cuanto al tratamiento dado a las declaraciones de los pupilos del abogado impugnante, se expresa que el juego de cargas probatorias que pretende imponer la defensa en la consideración de las mismas, hoy resulta inconcebible frente al sistema de libertad que rige la acreditación de los hechos, refiriendo que aun en la sistemática del Código Jofré, el artículo 239 resultaba inaplicable en los juicios orales frente a la norma contenida en el art. 286 del entonces C.P.P. Estima, por otra parte, que ha sido convenientemente acreditada la participación de A., B., G. y R., ahora fallecido, siendo entonces irrelevante el aporte de cada uno en la muerte resultante prevista en el tipo legal aplicado, desplazando el reclamo relacionado con los artículos 47 y 48 del Código Penal.

VI.6. No habiendo concurrido la defensa técnica de los coprocesados C. y L., se concedió la palabra a la señora Adjunta del Fiscal de Casación, doctora Alejandra Moretti quien se pronuncia respecto del recurso N° 2948, dejando establecido que:

a) Con respecto a la pretensa falta de imparcialidad del Tribunal interviniente, propicia el rechazo de este motivo por insuficiencia formal, al no acompañar la parte interesada los elementos probatorios que respalden sus agravios (en el caso: copia del acta de la audiencia preliminar donde habría efectuado el planteo en cuestión, resolución denegatoria del mismo y oportuna reserva al tiempo de la notificación de ésta). A todo evento, desde el angular de la improcedencia, señala que el "a quo" tomó en cuenta que el artículo 22 inciso 4° del código procesal derogado contemplaba expresamente el caso de la prisión preventiva y la excarcelación señalando que su dictado no importaba emisión de opinión anticipada. Por otra parte, rechaza que se haya producido transgresión constitucional alguna, concluyendo que el mero hecho de que el Tribunal haya tomado decisión sobre medidas cautelares, y dispuesto diligencias ampliatorias de investigación de conformidad con el artículo 186 del antiguo digesto procesal, no inhabilitó al Tribunal para juzgar y decidir sobre el fondo. Critica en tal sentido la premisa que fundamenta el razonamiento de la defensa al pretender que la "semiplena prueba" requerida por el C.P.P. y la Constitución provincial para el dictado de la prisión preventiva ha abastecido la certeza absoluta exigida por el veredicto condenatorio.

b) Debe ser rechazada la propuesta competencia a favor de la justicia federal, toda vez que el tema se encuentra definitivamente resuelto para la parte recurrente.

c) Existe confusión en el recurrente entre la motivación del hecho (que en el caso fue particular) con los efectos del mismo en lo que respecta a la repercusión en la opinión pública. Lo fáctico juzgado en autos fue un ataque dirigido contra la persona de José Luis Cabezas, para que éste, y no otro u otros, dejara de ejercer ciertos actos connaturales a su profesión de reportero gráfico.

d) Debe reputarse extemporáneo el planteo de nulidad del juicio en virtud de hallarse suspendido en la matrícula el abogado Horacio Vicente Lanza (arts. 205 punto 3º, 48 y 451 del C.P.P.), no advirtiéndose a todo evento afectación de la garantía de defensa en juicio. Configura mera irregularidad administrativa, subsanable mediante el pago de la matrícula adeudada, sin trascendencia a los actos del proceso e irrelevante para el normal ejercicio de su ministerio por no tratarse de una sanción de exclusión. Cabe tener presente que el perjuicio que ha de alegarse como fundamento del interés en la declaración de nulidad, debe referirse al presunto vicio que afecta al acto y ser fehacientemente demostrado, lo que no ha ocurrido en el caso. Niega la configuración de una situación de indefensión de C. y L. poniendo énfasis en lo que considera una censurable estrategia defensista de silenciar los vicios formales que pudieran producirse en el proceso y no advertirlos sino hasta el momento en que los mismos son irreparables.

e) En cuanto al ataque a la valoración probatoria, cabe recordar que esta Sala con fecha 19/12/2000 ya se pronunció negativamente respecto de la admisibilidad del presente agravio. A mayor abundamiento, la defensa pretende introducir un nuevo examen del mérito de la prueba, sin alegar absurdo o arbitrariedad, únicos canales que permiten acceder a la casación de la valoración que impugna.

f) La denominada introducción ilegítima de cargo no incluido en la acusación fiscal, agravio que fuera desestimado por esta sede, resulta a todas luces improcedente. La pretendida inclusión de un cargo en rigor es una circunstancia fáctica comprendida entre los aportes constitutivos de la colaboración necesaria en el hecho. Discurre luego respecto del alcance del "hecho" a los fines de las garantías del debido proceso, independiente de la calificación jurídica dada al mismo, acotando que éste no está fijado estáticamente con la acusación sino que es susceptible de modificaciones de cierta importancia. Así, el Tribunal puede apreciarlo de otro modo en tanto la "sustancia" del acontecimiento acusado permanezca intacta; lo contrario derivaría en desoír el principio del "iura curia novit".

g) La denunciada inobservancia del "favor rei", motivo de casación que fuera igualmente rechazado por sentencia de fecha 20/12/2000, carece de sustento, esto en la medida que en modo alguno se ha configurado situación de duda en los magistrados, tal como lo demuestra la certeza alcanzada por éstos.

h) En cuanto al planteo en torno del dolo eventual, que es traído en todas las piezas recursivas, aclara que el Tribunal no presumió el dolo sino que lo tuvo por acreditado por prueba indiciaria, construcción en la que no advierte error alguno. Por otra parte, la motivación del proceso de subsunción bajo el tipo subjetivo no tiene características distintas de las del tipo objetivo, aunque sí admite las dificultades que plantea la averiguación de la realidad psíquica que sirve de sustrato material a lo que técnicamente se llama "dolo". La fuerza probatoria de los indicios radica en que sean unívocos, no anfibológicos, expresando que la univocidad sólo podrá afirmarse o negarse a través de la valoración conjunta y global de todos los indicios reunidos. Apunta que tal análisis no ha sido precisamente intentado por las defensas quienes, por el contrario, han atomizado la consideración de la prueba, radicando allí su insuficiencia.

i) Ha sido insuficientemente formulada la crítica dirigida a la intervención atribuida a C. y L., construcción judicial que resultaría violatoria de los principios generales en materia de participación y, en particular, de la regla del artículo 47 del Código Penal, en la medida que el recurrente no ha citado las disposiciones legales que entiende quebrantadas ni relacionado la queja con los dispositivos legales que rigen la apreciación de la prueba (arts. 210 y 373, C.P.P.). Asimismo, la juzga improcedente en la medida que no corresponde una censura de mérito en esta instancia. Por otro lado refiere con relación al mismo tema que:



  1. para la mayoría del Tribunal ante el

cual se realizó el debate, el propósito común respecto de la víctima permitió delimitar el conjunto de conductas relevantes, sea por su adecuación directa al tipo (arts. 142 bis y 79 del C.P.), sea por su adecuación indirecta o mediata en razón de la relación de accesoriedad con las primeras en función del objetivo dolosamente acordado.

  1. También el voto mayoritario distinguió

dos fases en esa empresa delictiva: el trámite previo y la ejecución misma del ilícito que comprendió a cinco individuos. Así concebido el proceso delictivo, enfatiza, resulta razonable y ajustado a derecho el diverso grado de compromiso en

la empresa criminosa que se manifestara en distintos grados de reproche penal.



  1. A partir de un minucioso trabajo

operante en el voto que hiciera mayoría en cuanto a la enumeración detallada de las distintas actividades de inteligencia previa que llevaran a cabo C. y L., acompañadas con la indicación de los elementos probatorios que las avalaban, se atribuyó a los nombrados esos actos de cooperación o colaboración necesarios cumplidos indiscutidamente en procura del logro de la empresa criminal común, poniendo una condición para el resultado. Cada uno de esos comportamientos, individualmente considerados en relación con el objetivo perseguido o captados en su conjunto, aparecen como una parte del todo realizada en función de lo previamente convenido, participando no en la acción de los otros sino en el delito cometido.

  1. Cualquier favorecimiento doloso de un

hecho doloso ajeno, constituye complicidad, lo cual se plasma en el caso como cooperación prestada en la etapa preparatoria que lo fue en tanto existió comienzo de ejecución típica. Aduna que para que se configure la conciencia de estar cooperando en la producción de un resultado, no es indispensable el acuerdo previo entre todos los intervinientes, pues basta que se dé unilateralmente en el partícipe cuya responsabilidad se está analizando. Afirma que resulta evidente que el acuerdo entre los coimputados lo fue en el marco de una estructura celular, en el sentido al que se refiere el art. 210 del Código Penal, lo que explica la circunstancia de que no todos se conozcan entre sí, por lo que corresponde estimar bien aplicada la disposición del artículo 45 del código de fondo



  1. Debe desecharse la actuación del

artículo 47 del C.P., toda vez que dicha regla no resultaba operativa en el caso frente a la acreditada convergencia intencional entre el autor

material de la muerte y a su vez director-organizador de la ejecución del plan delictivo y, por otro lado, en relación a los cómplices que facilitaron la ejecución que se representaron la probabilidad de ocurrencia, menospreciando tal circunstancia ya que la misma no los detuvo en su obrar. Apunta especialmente las características personales de los imputados en referencia a su condición de policías, lo cual implica una experiencia personal apta para sustentar la afirmación de que todos tenían un estricto conocimiento de la situación. Tratándose de delitos calificados por el resultado -concluye- el objeto de conocimiento es el riesgo de acaecimiento de un resultado que va implícito en la conducta que se realiza y no en el resultado mismo.

VI.7. En el cierre de la audiencia, concedida la palabra al coimputado R., único procesado presente, el nombrado alegó en pro de su inocencia.

VII. Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, los magistrados de referencia en el inicio de esta relación decidieron plantear y


resolver las siguientes:
  1   2   3   4   5   6   7   8


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal