Causa nº 308- añO: 2015 martinez de yankelevich maria estrella y otro c/ administradora tributaria de entre rios y estado provincial



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CAUSA Nº 308- AÑO: 2015

"MARTINEZ DE YANKELEVICH MARIA ESTRELLA Y OTRO C/ ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE ENTRE RIOS Y ESTADO PROVINCIAL S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO".----------------------------------------


///CUERDO:

En la ciudad de Paraná, Capital de la provincia de Entre Ríos, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil diecisiete, reunidos los Señores Vocales, miembros de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1, a saber: GISELA N. SCHUMACHER, MARCELO BARIDÓN y HUGO RUBÉN GONZALEZ ELIAS, asistidos por el Secretario Autorizante, fueron traídas para resolver las actuaciones caratuladas: "MARTINEZ DE YANKELEVICH MARIA ESTRELLA Y OTRO C/ ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE ENTRE RIOS Y ESTADO PROVINCIAL S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SUMARIO".

Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: GONZALEZ ELIAS, BARIDÓN y SCHUMACHER.

Examinadas las actuaciones el Tribunal se planteó la siguiente cuestión para resolver: ¿Corresponde hacer lugar a la demanda promovida por la actora? ¿Cómo deben imponerse las costas?



A LA CUESTION PROPUESTA, LOS SEÑORES VOCALES GONZALEZ ELIAS y BARIDÓN DIJERON:

1. Se presentaron María Estrella Martínez de Yankelevich y Abelardo Daniel Gaggión, con patrocinio letrado de Aranzazú Quiroga, y promovieron demanda contencioso administrativa contra la Administradora Tributaria de Entre Ríos y el Estado Provincial, pretendiendo se declare nulo e ilegítimo y deje sin efecto el artículo 3 de la Resolución N° 183 de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (en adelante: “ATER”) que dispuso la suspensión sin goce de haberes de los agentes durante la sustanciación del sumario administrativo iniciado contra aquéllos, así como también “se declare la nulidad de la denegatoria tácita recaída en el recurso de apelación jerárquica deducido contra aquélla ante el Estado Provincial”.

Relataron que por medio de la resolución antes citada se dispuso la sustanciación de un Sumario Administrativo contra ellos ordenándose -además- la suspensión preventiva sin goce de haberes durante la tramitación del mismo en momentos en los cuales se encontraban haciendo uso de sus licencias ordinarias y, por ende, sin prestación efectiva de servicios.

Señalaron que a partir del 08/08/2014 y hasta el mismo momento de presentación de la demanda no han percibido sus haberes salvo los inherentes a siete días de la remuneración correspondiente al mes de agosto del año 2014.

Ante el dictado del acto administrativo que dispusiera tal decisión presentaron Recurso de Apelación Jerárquica ante el Señor Gobernador el que quedara paralizado en su tramitación en la Fiscalía de Estado y que pese al despacho favorable de un recurso de queja promovido por ellos para lograr se respondan los agravios de su parte el trámite no avanzó habilitándose -por dicho hecho jurídico administrativo- el ingreso al proceso administrativo por la vía del silencio.

Denunciaron la tramitación de una cautelar por ante este Tribunal requiriendo se suspenda la ejecución del acto administrativo aquí cuestionado.

Entraron al desarrollo de sus argumentaciones tildando de arbitrario e ilegítimo al artículo 3° de la Resolución 183/14 ATER que dispuso la suspensión de haberes de ambos mientras tramitara el sumario administrativo seguido en sus perjuicios.

Enumeraron los derechos agraviados: propiedad, a la remuneración y a la igualdad, indicando que también se vulneraron garantías constitucionales señalando los instrumentos jurídicos nacionales y supranacionales que las contienen.

Consideraron que el acto administrativo adolece de fundamentación como así que los argumentos por él enunciados fueron desacertados al pretender justificar la suspensión cuestionada en la posibilidad del entorpecimiento de la investigación sumarial lo que implicó una contradicción con el hecho de que ambos se encontraban haciendo uso de licencias al momento de ser ejecutado el acto por lo cual nada podían ellos incidir por no encontrarse prestando servicios, fundamento que lo tildaron de irrazonable y por ello contrario a lo dispuesto por el artículo 28 de la Constitución nacional.

Citaron la resolución cautelar dictada por este Tribunal en el incidente ya citado, destacando lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 9755 que, por una parte, derogara la Ley 3289 y, por la otra, le brinda ultraactividad a los tribunales de competencia y a la Comisión Asesora de Disciplina hasta tanto se dicte la norma reglamentaria y convencional respectiva, normativa aplicable a sus casos que no contempla la facultad suspensiva (de naturaleza provisional) de los agentes sometidos a sumarios, finalmente transcribieron parte de los conceptos vertidos por este Tribunal en el auto cautelar dictado en el incidente de suspensión de ejecución del acto administrativo que tramitara paralelamente a esta causa principal.

Concluyeron señalando que la ley de empleo público sólo permite -en situaciones como las que ellos se encontraban- trasladar transitoriamente al agente sumariado dentro de la localidad de su residencia en la medida que ello sea imprescindible citando el artículo 75 de la Ley 9755.

Invocaron el instituto del silencio administrativo como vía de acceso al contencioso; ofrecieron prueba; plantearon el caso federal, para finalmente pedir se revoque el acto impugnado en su artículo 3° “que dispone la suspensión sin goce de haberes de durante la tramitación del Sumario Administrativo”.

2. Se ordenó correr vista para que se expida sobre la admisibilidad del proceso al Ministerio Público Fiscal, la que es evacuada por la -entonces- Fiscal de Cámara interina, Aranzazú Barrandeguy, quien propició su despacho favorable (fs. 11), consejo que es adoptado por Presidencia de la Cámara en resolución dictada el 26/11/15 (fs. 13).

3. La actora efectuó opción por el procedimiento sumario (fs.15).

Por Presidencia se proveyó en consecuencia, ordenándose correr traslado de la demanda a las accionadas (fs. 16).



4. Contestó la demanda el señor Fiscal de Estado de la Provincia, Julio César Rodríguez Signes (fs. 44 a 49) quien, luego de efectuar las negativas de rigor, procedió a relatar los hechos y el derecho que fijan la posición de su parte.

Comenzó su defensa afirmando que resulta improcedente la pretensión de la actora por haberse tornado abstracta la cuestión aún antes de la notificación del traslado de la demanda ya que, en primer lugar, a raíz del dictado favorable a la actora de la cautelar que suspendía la ejecución de lo dispuesto en el artículo 3° de la Resolución 183/14 ATER desde el 02/06/2015 ya no se ejecutaba tal acto administrativo a lo que adosa el hecho jurídico que surge del resultado del sumario administrativo seguido contra los actores en el cual se les aplicó la sanción expulsiva de exoneración, cuestión que estiman de relevancia ya que los efectos jurídicos de la suspensión cuestionada por los actores terminarían junto con el sumario.

Por otra parte indicó que durante la sustanciación del sumario administrativo la coactora María Estrella Martínez de Yankelevich obtuvo el beneficio jubilatorio mediante Resolución 4673/15 CJPER.

Por todo ello es que consideró abstracto el planteo actoral, indicando luego que ello debiera implicar el rechazo de la demanda dado que la abstracción ya se encontraba configurada antes de la notificación de la demanda a su parte imponiéndosele las costas a la parte actora.

Ofreció prueba; planteó el caso federal y, finalmente, peticionó se rechace la demanda con imposición de costas en cabeza de los actores.

Se presenta por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) su Director Ejecutivo, el Señor Sergio Daniel Granetto, con el patrocinio letrado de Carlos Federico Borrás, con el fin de tomar intervención en la causa y contestar demanda.

Dado que el contenido del escrito presentado por la codemandada es idéntico en lo conceptual al presentado por la Fiscalía de Estado, se dan por reiterados sus posturas relevantes, en honor a la brevedad (fs. 57/61 y vta.)

5. Teniendo en cuenta la elección ejercida por la actora por la tramitación de la causa bajo el procedimiento sumarial, por Presidencia se dispuso el pase de las actuaciones al representante del Ministerio Fiscal corriéndole vista (fs. 62 y vta.), la cual es evacuada por el Señor Fiscal de Coordinación, Alejandro J. Cánepa, quien -a fs. 66 y vta.- por las razones que esgrime propició se rechace la demanda por no encontrarse vigente el agravio que motivara la promoción de la acción lo que la torna abstracta, a su entender.

6. En tren de resolver el caso corresponde atomizar la contienda en su núcleo en el cual se encuentra enfrentada la postura de la actora quien afirma que a partir del 08/08/14 dejaron de percibir ilegítimamente sus haberes en virtud de la ejecución de lo dispuesto en el artículo 3° de la Resolución 183/14 ATER pidiendo la declaración de nulidad de tal acto administrativo y las propuestas por las demandadas al sostener que la cuestión se ha tornado abstracta –aún antes de la notificación de la demanda a sus partes- a partir del cumplimiento de la resolución cautelar dictada en el incidente que tramita paralelamente a esta causa, es decir, desde el 02/06/15 a lo que adosan el hecho ulterior por el cual el sumario administrativo cesó con la aplicación de la sanción expulsiva de exoneración y también, en particular de la actora Martínez de Yankelevich, por acogerse al beneficio jubilatorio, en concreto y tal como lo considera el Sr. Fiscal Coordinador en su dictamen, la contienda habría perdido actualidad.

Compartiendo el dictamen del Fiscal Coordinador y la postura de la demandada considero que la cuestión ha devenido abstracta.

En efecto nótese que la pretensión de la actora se reduce o -si se quiere- limita a solicitar la declaración de nulidad del acto administrativo cuestionado sin agregar la pretensión (derivada de la declaración de nulidad pedida) de resarcimiento pecuniario, es decir y concretamente, no pide la devolución de los haberes no percibidos en el período antes destacado que constituiría, de prosperar la demanda, el contenido de la condena de la sentencia ya que, como ha quedado demostrado en la causa, el sumario administrativo seguido contra ellos finalizó, tan es así que en el incidente cautelar se declaró -en fecha 18/04/16- "extinguida la media cautelar decretada en autos" en base a la agregación a la causa de la Resolución 447/15 ATER por la que se aprueba y da por finalizado el sumario referido, soporte formal de la suspensión en la función que motivara la controversia.

El núcleo de la controversia no sigue latente y ya no requiere de un pronunciamiento judicial, recuérdese que la Corte nacional ha sido muy clara al momento de exigir un “caso judicial” como presupuesto necesario para que se expida la justicia, aludiendo a la necesaria existencia de una verdadero conflicto subsistente entre dos partes al momento de emitir la sentencia. Puede citarse al efecto el fallo en el cual el tribunal cimero abordó tal exigencia en materia en "Western Electric Co. Inc. of Argentina c. Corporación Argentina Americana de Films", donde la Corte expresó que "allí donde no hay discusión real entre el actor y el demandado, ya porque el juicio es ficticio desde su comienzo, o porque a raíz de acontecimientos subsiguientes se ha extinguido la controversia o ha cesado de existir la causa de la acción; o donde las cuestiones a decidir no son concretas o los sucesos ocurridos han tornado imposible para la Corte acordar una reparación efectiva, la causa debe ser considerada abstractain re "Fontanilla, Jorge s/ Recurso de Inconstitucionalidad" Expte. C.S.J. Nro. 1463 Año 1996, del 08/05/2002.

Este Tribunal ha tenido ocasión de expresarse al respecto al momento de verificar si al emitir sentencia existe una verdadera controversia "Conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para la apertura de la jurisdicción, a excepción de la voluntaria, deben verificarse las siguientes condiciones: existencia de un caso contencioso concreto o una controversia respecto a derechos vinculados al peticionante que estén amenazados, lesionados o reclamados y un interés jurídico a tutelar. Son también éstos requisitos de orden público, ajenos por tanto a la voluntad de las partes y sujetos a verificación de oficio por el juez quién frente a su ausencia puede rechazar la demanda sin más trámite. Tal fue el criterio de la Corte Suprema sentado en los precedentes:   “Societé Genérale” (Fallos 218:590); “Saint Hnos.” (Fallos 218:657); “Banco Italo Español Argentino” (Fallos 184:358); “Briñas” (Fallos 130:157); “Pellegrini” (Fallos 303:893); “Federación Argentina de Productores de la Industria Forestal” (Fallos 221:215); “Estrugamou” (Fallos 303:1852); “Rosell y Santoro” (Fallos 211:821) entre otros. (Mario Rejtman Farah en "Impugnación judicial de la actividad administrativa", La ley, Bs.As., 2000, pag. 191)" in re "MARCOLINI JUAN JOSE C/ ESTADO PROVINCIAL S/ MEDIDA CAUTELAR", Expte. Nº438, del 23/09/2016.

Concluyendo, se considera que se debe rechazar la demanda por haberse tornado abstracta la controversia.

7. En cuanto a la imposición de las costas y teniendo en cuenta el resultado propuesto, atendiendo al criterio general que impone el art. 65 del CPCyC aplicable por remisión dispuesta en el art. 88 del CPA corresponde imponerlas a la vencida que en este caso resulta ser los actores.

Así se vota.



A LA MISMA CUESTIÓN PROPUESTA, LA SEÑORA VOCAL SCHUMACHER expresa que en razón de existir coincidencia en los votos precedentes hace uso de la potestad de abstención que le otorga el art. 47 de la LOPJ 6902.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:

Gisela N. Schumacher

Presidenta

-Abstención-

Marcelo Baridón Hugo Rubén Gonzalez Elias

Vocal de Cámara Vocal de Cámara


SENTENCIA:

PARANÁ, 17 de febrero de 2017.

VISTO:

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y lo dictaminado oportunamente por el Ministerio Público Fiscal;



SE RESUELVE:

I. Rechazar la demanda interpuesta por los actores Señora María Estrella Martinez de Yankelevich y Abelardo Daniel Gaggión contra la Administradora Tributaria de Entre Ríos y el Estado Provincial.

II. Imponer las costas a las actoras vencidas (art. 65, 1º párrafo CPCC, aplicable por remisión dispuesta por el artículo 88 del CPA).

III. Diferir la regulación de honorarios, para la oportunidad en que se suministre base económica.

Registrar, notificar, oportunamente devolver las actuaciones administrativas agregadas por cuerda, y , en estado, archivar.

Gisela N. Schumacher

Presidenta

-Abstención-

Marcelo Baridón Hugo Rubén Gonzalez Elias

Vocal de Cámara Vocal de Cámara



ANTE MI:

Alejandro Grieco

Secretario

SE REGISTRÓ. CONSTE


Alejandro Grieco

Secretario


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