Causa Nº: 1601 Año: 2006. Coronel, german alberto c/ estado provincial contencioso



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Causa Nº: 1601 - Año: 2006.-

"CORONEL, GERMAN ALBERTO C/ ESTADO PROVINCIAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"----------------------

///CUERDO:

En la ciudad de Paraná, Capital de la provincia de Entre Ríos, a los treinta días del mes de abril de dos mil quince, reunidos en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: Vice-presidenta: Dra. SUSANA MEDINA DE RIZZO y Vocales Dres. CARLOS ALBERTO CHIARA DIAZ, DANIEL OMAR CARUBIA, GERMAN REYNALDO F. CARLOMAGNO, BERNARDO IGNACIO R. SALDUNA, LEONOR PAÑEDA, EMILIO AROLDO CASTRILLON, JUAN RAMON SMALDONE Y JOSE MARIA CHEMEZ, asistidos del Secretario autorizante, fueron traídas para resolver las actuaciones caratuladas: "CORONEL, GERMAN ALBERTO C/ ESTADO PROVINCIAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY".-

Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: DRES. CARUBIA, SMALDONE, CHIARA DIAZ, PAÑEDA, SALDUNA, CASTRILLON, CARLOMAGNO, CHEMEZ y MEDINA DE RIZZO.-

Examinadas las actuaciones, el tribunal se planteó la siguiente cuestión:



¿Qué corresponde resolver?

A LA CUESTION PROPUESTA EL SR. VOCAL DR. CARUBIA DIJO:

I.- La sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Concepción del Uruguay, mediante resolución de fs. 250/262vlto., fechada el 6/5/13, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Germán Alberto Coronel contra el Estado Provincial, declarando parcialmente nulos los Decretos Nº 2463 M.S.A.S., del 10/5/05, y Nº 348 M.S.A.S., del 9/2/06, exclusivamente en lo que hace al cargo de derecho opuesto al mismo, fundado en el art. 1º del Decreto N° 1535/95 SGG, reglamentario del art. 4º, inc. i, de la Ley N° 7296, impuso las costas por su orden y difirió la regulación de honorarios.-

II.- Contra ese pronunciamiento, se alza la parte actora interponiendo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 265/281vlto.) ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 2 en procura de su casación, solicitando se reconsidere el planteo de prescripción de la causa en sede administrativa, rechazado en la sentencia puesta en crisis, y se recepte la impugnación de nulidad efectuada contra los Decretos N° 2463/05 y N° 348/06 en lo que es materia de agravios en el recurso, siendo concedida la impugnación articulada para ante este Superior Tribunal (fs. 310/320).-

III.- Recibidos los autos, se informa por Secretaría (fs. 324/324vlto.) y se dispone hacer saber la llegada de los mismos y correr vista al Ministerio Público Fiscal, el que emite su dictamen (fs. 328/332), propiciando se declare mal concedido el recurso de inaplicabilidad de ley, por no satisfacer los requisitos exigidos en el art. 280 del CPCC para su admisibilidad, ya que no indica de manera concreta en el fallo impugnado, la violación o errónea aplicación de la ley o doctrina, ni la aludida arbitrariedad.-

IV.- Examinando escrupulosamente los argumentos fundantes de la impugnación articulada y su relación con las concretas constancias de la causa, encuentro reunidos los extremos formales establecidos en los arts. 277 y 280 del Cód. Proc. Civil y Comercial, aplicables al caso por expresa remisión consagrada en el art. 77 Bis del Cód. Proc. Administrativo, para la admisibilidad del remedio extraordinario intentado, por lo que corresponde ingresar al tratamiento de la cuestión traída a conocimiento de este Cuerpo, habida cuenta que se impugna una sentencia definitiva, dentro del plazo legal y se especifican suficientemente por el recurrente los vicios iuris invocados como motivos legales de procedencia, brindando acabada fundamentación de ellos y denunciando vicios in iudicando y vicios in procedendo que afectan la estructura motivacional del fallo.-

Da inicio el libelo impugnativo analizando los presupuestos de admisibilidad formal y su íntegra satisfacción; enuncia que el Tribunal recurrido no ha cumplido con su competencia específica establecida en el art. 1º de la Ley 7061, al omitir en forma absurda y arbitraria conocer y resolver sobre los denunciados vicios de actos de la administración que afectaban ilegítimamente sus derechos subjetivos, habiendo solicitado en su demanda la declaración de nulidad de actos por contener vicios graves de incompetencia, falsa causa, falsa motivación afectando la forma y por tanto la validez de los mismos, a cuyo examen estaba habilitado el Tribunal por el art. 2º, inc. a, de la Ley 7061, y sin argumentación alguna -ignorando prueba aportada y producida- omitió su tratamiento, por lo que califica el fallo de incongruente, absurdo y arbitrario, y basa su apreciación en el distinto tratamiento que da a los cargos que se le imputan, abordando el análisis de uno -que decide anular- y dejando subsistente otro, para ser investigado en el Sumario Administrativo, lo que demuestra su puro voluntarismo, configurando la absurdidad e incongruencia que impulsan su embate recursivo. Cita jurisprudencia sobre alcance de la facultad revisora del Tribunal y que excepciona el estricto marco de debate del Recurso de Inaplicabilidad de Ley favoreciendo la apertura de esta instancia extraordinaria de revisión -vedada habitualmente al examen de cuestiones de hecho y prueba-, cuando se advierte que se ha prescindido de prueba fundamental para la decisión. -

Concentra el impulso argumental casacionista en tres puntos esenciales de agravio: en primer término expresa su repudio al tratamiento dado por el voto mayoritario a su planteo de prescripción de la acción de persecución disciplinaria, considerando que la decisión violenta el mismo principio invocado por el juzgador, al aducir que debía aplicarse retroactivamente una norma posterior (Ley 9552), haciéndolo bajo la invocación de “ley más benigna” y el principio “pro hominne” y de esta manera excluir -incongruente y arbitrariamente- la aplicación de la ley nacional 25.164, que invocara como aplicable al caso por analogía -debido a que la Ley 3289, vigente a la fecha de acaecimiento de los hechos que motivaron la presente, no tenía ninguna disposición sobre la extinción de la potestad disciplinaria del Estado-, y que la aplicación de dicha normativa había sido consensuada por las partes como el mismo Tribunal reconoce. Cita jurisprudencia y señala que esta tesitura lesiona su derecho de igualdad y defensa reconocidos en los art. 16 y 18 de la C.N. y 65 de la C.P..-

Sostiene que aún admitiendo la aplicación de la Ley 9552 a este caso concreto, igualmente la acción persecutoria administrativa se encuentra prescripta; asegura que yerra el voto mayoritario al asegurar la supervivencia de la acción y analiza esa misma normativa desde su óptica, señalando el lapso transcurrido desde la notificación del decreto Nº 2463/05 que dispuso la iniciación del sumario administrativo (17/5/05), la absoluta ausencia de actividad conducente a su sustanciación por parte del Estado -no obstante alegarse que los hechos endilgados motivantes del decreto en cuestión eran ejecutivos y ejecutorios y se presumían legítimos-, manteniéndolo como rehén de una situación generadora de angustia por lo nociva, falsa y artera, e indica que al dictarse la cautelar suspensiva por parte del S.T.J. habían transcurrido casi tres años (cuando bastaban dos según el Tribunal para la prescripción) ya que la cautelar tiene fecha 8/4/08 y la misma tiene efecto ex nuc desde su notificación a la destinataria del mismo; destaca que la prescripción opera ipso jure por su sólo vencimiento, por lo que la cautelar más allá de su sentido protector no interrumpe ni suspende ningún plazo, y todo ello no ha sido tenido en cuenta por la sentenciante al decidir. Reitera su crítica a la aplicación retroactiva de la ley invocada en la sentencia, se explaya sobre el plazo razonable de duración del debido proceso y que la prescripción es un instituto que tiende a tutelarlo, es una garantía y a su vez un derecho del administrado, en especial en materia disciplinaria, que integra la gama de los principios generales del derecho administrativo, el derecho al debido proceso adjetivo, retoma su postura sobre la aplicación del art. 37 de la ley 25164, descalifica la posibilidad de que la iniciación de Información Sumaria interrumpa el plazo de prescripción -cita doctrina y jurisprudencia- y concluye el punto aseverando que al momento del dictado del acto, el poder disciplinario de la administración había expirado, produciéndose un vicio de “falsa o falta de causa del derecho invocado” y de incompetencia material, por lo que el fallo recurrido en lo que es materia de agravio, es arbitrario.-

En segundo término, se agravia porque en la sentencia atacada no se analiza la imputación -subsistente- relativa a un supuesto “no hacer” doloso en el ejercicio de sus funciones para lograr supuesto beneficio personal (imputación que fuera cuestionada por falsa), por considerar que se trataba de cuestiones propias del sumario administrativo. Destaca que en su demanda los actos cuestionados fueron tachados de nulidad por contener vicios graves de incompetencia, falsa causa y falsa motivación afectando su forma y validez, lo que abre la competencia contencioso administrativa conforme al art. 2º de la Ley 7061. Cita doctrina y jurisprudencia. Señala que los actos atacados carecen de argumentación legal y razonable, se basan en la pura y simple voluntad del funcionario que los dictó, y en razón de su falsa causa y falsa motivación e incompetencia, son nulos e inválidos y asevera que este agravio es una cuestión de derecho no de hecho, transcribe y examina las expresiones del Decreto, su valoración por la sentencia, y asevera que su falta de precisión impiden el ejercicio de su defensa ante los organismos pertinentes.-

Puntualiza que el supuesto hecho que se le endilga, consistiría en haber abandonado o no haber realizado el borrador de dictamen del Expediente Nº “C”1958/03 FE (el que aparentemente refería a cuestiones del Banco Entre Ríos), “siendo sugestivo” dicho abandono (no precisa cargos concretos) “representando” al Banco de mención en distintos “juicios de apremios”, lo que denota para la administración “un actuar manifiestamente negligente y constituye falta grave en el ejercicio de sus funciones…” (no dice por qué), planteando el cargo la simultaneidad de funciones como asesor de Fiscalía de Estado y apoderado del Banco de Entre Ríos S.A..-



Rebate enfáticamente lo dicho y sugerido en el Decreto que decide la formación del Sumario y analiza individualizadamente cada uno de los argumentos que se fueron suscitando en la tramitación de la Información Sumaria, midiendo su eficacia cargosa con los elementos de ponderación favorables a su posición que, expresa, fueron ignorados sistemáticamente en sede administrativa y judicial para lo cual reedita el meduloso análisis de la prueba de descargo desplegado en la argumentación fundante de su demanda, pretendiendo su valoración en esta instancia; y destaca: la inexactitud de lo afirmado en relación a la simultaneidad de su desempeño como Asesor en la Fiscalía de Estado y como apoderado del Banco Entre Ríos; la adjudicación de “abandono” intencional del Expediente mencionado que se contrapone con el otorgamiento de su licencia, ya que se había dispuesto no conceder licencias si había expedientes pendientes de proyecto de dictamen, extremo corroborado al 6/11/03 (último día de prestación de servicios efectivamente en F.E.); lo aseverado por la Dra. Juana Cura -Directora de Asuntos Administrativos de la F.E.- en su testimonial (fs. 71 vta., Exp. Adm.), de la Dra. Claudia Musto (171 y vto.); niega, además, que la subsistencia del Fideicomiso a favor del Nuevo BERSA S.A. estuviera supeditada al Expediente administrativo y dependía en todo caso de una sentencia judicial de un eventual juicio de lesividad (art. 17 inc. e, ley 7061), entonces sólo deducible por el Fiscal de Estado; el contenido legal -que analiza- del intercambio de notas entre la Legislatura y el Fiscal de Estado, Dr. Avero; Nota Nº 630/03 (comunicando el rechazo al veto de los art. 19 y 30 de la Ley 9496) y la remitida por el Dr. Avero a la Legislatura el 8/8/03 -con posterioridad a la fecha en que presumiblemente le había sido entregado el Expte en cuestión-, donde consta su toma de conocimiento del rechazo del veto. En el mismo sentido hace referencia al Expte. Administrativo (fs. 63/64) y cita expresiones del Fiscal de Estado evaluando las posibles acciones a seguir en relación al punto, entre las cuales destaca la promoción de una reunión con la Legislatura para realizar esa proyección jurídica y económica en conjunto; todo lo cual demuestra que no podía tener el expediente a esa fecha (8/8/03), y sostener lo contrario denota mala fe de quienes han tramitado y evaluado el procedimiento que dio causa al acto cuestionado; la corroboración de lo precedentemente expresado por el actual Fiscal de Estado, Dr. Julio Rodríguez Signes, entonces Presidente de la Cámara de Diputados, transcribiendo fragmentos de su declaración (fs. 199 y vto.); la ausencia de citación a declarar o reconocer supuesta firma sobre la entrega del expediente y de cualquier actividad investigativa dentro de la Información Sumaria tendiente a aclarar su real participación o responsabilidad en los hechos investigados, en especial si la firma que se le atribuye era la propia del cuaderno original; lo endeble e inseguro del sistema imperante en ese momento en la Fiscalía de Estado para la distribución y devolución de Expedientes a los asesores, lo que permitía atribuirles pérdidas o demoras aunque no hayan ocurrido; la vulnerabilidad del sistema de resguardo de expedientes administrativos en la F.E. entonces (no había armarios o lugares con llave para guardar expedientes y quedaban sobre los escritorios); la ausencia de investigación sobre lo ocurrido con el Expediente cuya morosidad se le imputa entre el 7/11/03 (fecha inicio licencia) hasta el 7/01/04 (fecha en que se dispuso la investigación); el apartamiento de su posibilidad de atestiguar en la Información Sumaria, tal como lo hizo la Dra. Cura; la ausencia de valoración del expediente penal solicitado y de la ya referenciada nota del Dr. Avero a la Legislatura, de la que surge que el Expediente estaba en su poder por el alto voltaje político que según se desprende tenía.-

Afirma que las irregularidades señaladas demuestran la intención de ocasionarle un perjuicio, inventarle un sumario con apariencia de legalidad, con fines lesivos y el único ánimo de generar descrédito hacia su persona y honra profesional, protocolizando hechos y dichos mendaces en dos decretos para ser publicados en el B.O., aunque luego pruebe su inocencia en el hecho, siendo éste un derecho incuestionable que merece la revisión judicial. La falsa imputación no se encuentra acreditada mínimamente como para disponerse un Sumario Administrativo por causa grave, por hechos inexistentes y atípicos, o ser pasible de sanción ni correctiva ni expulsiva, ilegitimidad que ha quedado acreditada con las pruebas referenciadas en autos y que el tribunal a quo omitió valorar arbitrariamente.-

Insiste con la necesidad de valorar testimoniales -que individualiza- para verificar el elocuente y probado mobbing denunciado. Hace referencia al Caso Di Orio, señalando que se le dio diferente tratamiento a los fines de la prescripción, discriminándoselo en ese sentido.-

En tercer lugar el tribunal a quo no reparó en el agravio denunciado sobre la imprecisión del acto acusatorio sumarial, resultando violatorio del derecho de defensa y debido proceso legal (art. 18 C.N.) y del derecho a una tutela administrativa efectiva e igualdad de trato (arts. 16 y 19 de la C.N.) al señalarse como “sugestiva” la actividad descripta que se le endilga, y asevera que contra semejante acusación no se puede defender desde el comienzo mismo del sumario. Cita jurisprudencia S.T.J. “Algarañaz” y “Rudi”.-

Reitera que el fallo atacado deviene arbitrario por prescindir de la normativa aplicable al caso o no aplicarla en debida forma, sin dar razón suficiente para ello; no siendo en consecuencia su fundamento el correcto y necesario soporte jurídico, ni resultando derivación razonada del derecho vigente y de las circunstancias comprobadas de la causa, por lo que solicita se case la sentencia en lo que es materia de agravios y se haga lugar a la demanda en forma íntegra, con costas.-

V.- Contesta el traslado corrido el Estado Provincial, a través del Fiscal Adjunto interino, Dr. Sebastián Trinadori, y, analizando puntualmente los agravios vertidos en el mismo, los encuentra desarticulados por los acertados argumentos del acto sentencial. Coincide con el tratamiento dado por el voto mayoritario (no obstante el oportuno consenso entre las partes sobre la aplicación analógica de la ley nacional 25164) al planteo de prescripción en lo atinente a la aplicabilidad al caso de la Ley 9552 (2 años de prescripción para la sanción de expulsión), coincidente con el art. 69 de la actualmente vigente ley 9755 y comparativamente más benigna, ya que la ley 3289 -vigente a la fecha de acaecimiento de los hechos que motivaran la información sumaria- nada preveía sobre la extinción de la potestad disciplinaria y, en mérito a ello, el criterio sentado por el S.T.J. en “Xavier de Cullen” de fecha 4/2/92, reproducido en “Fenés” del 2/9/96 y “Marangoni” del 12/8/98, era la no caducidad de la potestad disciplinaria, adhiriendo asimismo al cómputo de plazos efectuado por la Dra. Erramuspe para considerar que no ha prescripto. De igual manera, en relación al agravio del recurrente por la ausencia de análisis de los vicios de falsa causa, falsa motivación e incompetencia, expresa su complacencia por la autorestricción del Tribunal a su abordaje limitándose a determinar la legitimidad o legalidad de tales actos, ya que de otra manera hubiera incurrido en indebida intromisión del Poder Judicial en el ámbito propio del Poder Ejecutivo y transcribe fragmentos de la sentencia sobre el punto, entendiendo que la invocada garantía constitucional de tutela administrativa efectiva, se encuentra intacta y es justamente durante el sumario administrativo que se deslindarán responsabilidades. En relación al agravio sobre la ambigüedad de la redacción del Decreto que dispone el Sumario, al hablar de una actitud “sugestiva” afectando su derecho de defensa y debido proceso legal, aclara que el mismo reproduce las palabras del Juez de Instrucción Nº 6 y ya ha quedado sentado que en el Sumario podrá ejercer todas las defensas que hagan a su derecho, en resguardo de sus garantías constitucionales que se mantienen vigentes y no han sido vulneradas, contrariamente a lo sostenido por el actor.-

Coincide en suma con la sentencia puesta en crisis y propicia el rechazo del recurso deducido, por entender que la solución adoptada, en lo que resulta materia de agravios, encuadra en una decisión justa y razonable, dadas las circunstancias del caso y los fundamentos legales y jurisprudenciales descriptos en la misma.-



VI.-A su turno, el Ministerio Público Fiscal, realiza un sintético racconto de los antecedentes del caso y de las posturas partiales, analiza el acto sentencial coincidiendo con los argumentos fundantes de su decisión en lo relativo a prescripción, en lo atinente al ataque por parte de la actora de actos que entiende han lesionado sus derechos subjetivos, expresa que escruta la sentencia los elementos constitutivos de los actos impugnados, entiende que los mismos se encuentran debida y suficientemente fundados y lucen razonables y motivados y en consonancia con lo dispuesto por la CSJN en “Schnaiderman” la legalidad queda a resguardo de la razonabilidad de llevar a cabo la investigación para establecer responsabilidades, máxime que no se ha aplicado ninguna sanción. Extracta los postulados del embate recursivo, la respuesta del Estado e ingresando al análisis de los presupuestos formales de procedibilidad del recurso en examen, y en relación al criterio aperturista de la Cámara Contencioso Administrativa Nº 2, reitera su postura restrictiva en cuanto a la admisibilidad y disiente con lo decidido por la a quo al permitir el acceso a esta instancia de revisión, entendiendo que los argumentos plasmados en el escrito recursivo no logran conmover los fundamentos del fallo en crisis, sólo reitera la postura sustentada en la demanda, y su disconformidad con la sentencia que embate, no desplegando argumentos válidos que la conmuevan, por lo que no satisface los requisitos del art. 280 del C.P.C.C, opinando que el RIL ha sido mal concedido y postula su rechazo.-

VII.- Establecidas de esta manera las diferentes posturas que sustentan las partes en la controversia de autos y la opinión del Ministerio Público Fiscal, resulta imperioso examinar la sentencia puesta en crisis (cftr. fs. 265/281vlto.), en la que se advierte un ponderado análisis del planteo de prescripción efectuado por la actora y, tanto la postura mayoritaria como la minoritaria del vocal ponente, fundamentan sus disímiles criterios en la normativa que entienden aplicable al caso, pero coinciden en establecer la inexistencia de prescripción de la potestad disciplinaria de la Administración. Establecida la fecha de acaecimiento de los hechos entre el 3/7/03 y el 10/11/03, el vocal ponente analiza la preceptiva de la Ley nacional Nº 25.164, que las partes coincidentemente entienden aplicable por analogía al caso ante el vacío legislativo local, la cual en su art. 37 fija la prescripción en un (1) año, pero encontrándose la misma reglamentada por el Dec. N° 1421/02, que suspende la prescripción por la iniciación de una información sumaria, y habiéndose dispuesto en el caso la información sumaria en fecha 30/1/04 y culminada el 18/4/05, el plazo de prescripción habría estado suspendido durante ese período y, al dictarse el Decreto que dispone el Sumario Administrativo, la causa no se hallaba prescripta. Por su parte, la postura que se convierte en mayoritaria en la sentencia recurrida, invoca el principio iura novit curia y, de conformidad a la preceptiva de la Ley N° 9755 (actualmente vigente) -que en su art. 64 dispone la aplicación retroactiva de la ley más benigna-, interpreta que corresponde aplicar la normativa introducida por la Ley N° 9552 a la hoy derogada Ley N° 3289, que fija la prescripción en dos años, determinando carácter interruptivo a la comisión de una nueva falta o inicio de la sustanciación de un Sumario, y habiéndose dictado el Decreto cuestionado el 10/5/05, colige al igual que su colega preopinante, que la causa administrativa no estaba prescripta.-

En orden a los cargos de derecho opuestos por la Administración demandada en lo relativo a la actuación del actor no como “Asesor Legal de la Fiscalía de Estado” sino en la tipología general exigible a todo empleado público, es decir actuar como es debido y no con “negligencia manifiesta”, pretendiendo determinar si incumplió o no con el deber genérico exigible a “un buen abogado”, entendido como un standard de comportamiento adecuado, encuadrable jurídicamente en la falta disciplinaria prevista como causal de cesantía en el art. 40 inc. c) de la Ley N° 3289, caracterizada con la genérica descripción de una conducta que constituya una “falta grave en el ejercicio de sus funciones”, típica formulación laxa propia de los tipos administrativos imposibles de ser descriptos con la necesaria precisión de los tipos penales, dada la multiplicidad de conductas que pretende atrapar y con cita de la postura del S.T.J en “CIS” (2/2/92), entiende que la garantía constitucional de tutela administrativa efectiva no se ha visto aún vulnerado como lo afirma el actor y que ésta no se ve vulnerada por la pretensión de autoridad competente de dilucidar si hubo o no responsabilidad disciplinaria en el marco de un Sumario Administrativo en el que se le garantiza adecuadamente esa tutela, que goza de protección constitucional a partir de la incorporación de los tratados que la protegen (art. 75, inc. 22, Const. Nac.) y cita fallo CIDH “Baena” (2/2/01).-

En relación a ello, encuentra suficientemente fundado el encuadre jurídico efectuado en el art. 40º, inc. c, de la Ley N° 3289 (t.o. Dec. Nº 5703/93), asimismo considera satisfactoria y debidamente observada la “motivación” como “exteriorización de la causa” que integra el elemento forma, no corroborando la irrazonabilidad alegada por el actor y, citando doctrina y jurisprudencia, evalúa la legitimidad del acto -compuesta de legalidad y razonabilidad-, entendiendo que puntualmente en los actos cuestionados, la legalidad queda resguardada por la razonabilidad de lo dispuesto, siendo ello, llevar adelante una investigación para deslindar responsabilidades, sin siquiera haberse decidido la aplicación de sanción alguna.-

Destaca que el control sobre el acto administrativo cuestionado no comprende el análisis de responsabilidad del actor y, de hacer lugar a la demanda en este aspecto, se estaría cercenando la prerrogativa propia y exclusiva del Poder Ejecutivo de investigar la existencia de indisciplina en su ámbito interno, inmiscuyéndose indebidamente el Poder Judicial en el ámbito propio y exclusivo de otro Poder. Entiende que los elementos esenciales de los argumentos desarrollados eximen del abordaje del resto de los planteos partiales, ya que no es obligatorio pronunciarse sobre todas las articulaciones, sólo aquellas conducentes para fundar su decisión. Cita doctrina, jurisprudencia provincial, de la CSJN y opinión de la CIDH, con lo que concluye el tratamiento de esta pretensión de la demanda que, en lo pertinente, se rechaza por voto unánime del Tribunal.-



VIII.- Confrontados los postulados impugnativos con los referidos argumentos motivantes del decisorio recurrido y con las constancias fácticas de la causa comprobadas por el tribunal sentenciante, urge poner liminarmente de relieve que, sin perjuicio del debate entablado sobre la legitimidad de los elementos esenciales de los actos administrativos impugnados en la demanda, a través de los cuales se dispone la instrucción de un sumario administrativo contra el actor, Germán Alberto Coronel, por supuestas faltas graves cuya comisión habría ocurrido entre el 3/7/03 y el 10/11/03, en ocasión de desempeñarse como Asesor Legal de la Fiscalía de Estado, prima excluyentemente tratar la cuestión vinculada con la prescripción de la potestad disciplinaria del Estado en la especie y a la luz de la novedosa realidad actual emergente de la vigencia de la Ley N° 9755 que, aunque muy posterior a los hechos motivantes y al dictado de los actos administrativos impugnados, en virtud de la disposición de su art. 64, inc. d, que somete explícitamente el régimen disciplinario de la Provincia al principio de aplicación retroactiva de la ley más benigna, torna aplicables al caso las reglas de prescripción contenidas en el art. 69 de dicha ley o, en su caso, las contempladas en el art. 59, inc. b, de la Ley N° 3289, incorporado por Ley N° 9552 -antes de lo cual he considerado imprescriptible en Entre Ríos la potestad disciplinaria del Estado, no compartiendo el criterio de una eventual aplicación analógica de regímenes de derecho público extraños a la Provincia-.-

En ese orden de ideas, surge con evidencia incontrastable que la normativa más beneficiosa en el caso no es otra que la del referido art. 59, inc. b, de la Ley N° 3289, incorporado por Ley N° 9552 (B.O., 22/3/04) que expresamente establece que las faltas administrativas que autorizan el ejercicio del poder disciplinario y merezcan penas expulsivas prescribirán a los dos (2) años. Además, precisa que el plazo de prescripción comenzará a correr a la medianoche del día del hecho o cuando la falta hubiese cesado si fuere continua y solamente se interrumpirá por la comisión de otra falta o por el inicio de la sustanciación de un sumario administrativo.-

Esta regla, a diferencia de la posterior contenida en el art. 69 de la Ley N° 9755, precisa con mayor claridad el momento inicial del cómputo del plazo de prescripción, no contempla causa alguna de suspensión de la prescripción y solamente establece como causas de interrupción la comisión de otra falta o el inicio de la sustanciación de un sumario administrativo.-

Precisado de tal modo cuál es el dispositivo legal que rige el caso sub examine -art. 59, inc. b, Ley N° 3289, cfme. Ley N° 9552- y remontándonos al momento de ocurrencia de los hechos endilgados a Coronel -entre 3/7/03 y 6/11/03- aún entendida como una falta continuada que habría sucedido entre la fecha en que se atribuye haberle adjudicado el expediente administrativo (Expte. Nº “C”1958/03 FE) para confeccionar el borrador de dictamen (3/7/03) y el día desde el cual dejó de prestar servicios en el ámbito de la Fiscalía de Estado -6/11/03-, indefectiblemente la falta habría cesado de cometerse a partir de las cero horas del día 7/11/03, sin que a lo largo de los dos años subsiguientes se verifique la existencia de alguna de las puntuales causas de interrupción de la prescripción que previera el aludido art. 59 de la Ley N° 3289, toda vez que durante ese lapso no obra constancia alguna de la comisión de falta administrativa alguna por parte de Germán A. Coronel ni es posible constatar el inicio de la sustanciación del sumario administrativo que dispuso el Decreto N° 2463/05 de fecha 10/5/05, habida cuenta que nunca en ese período se inició realmente la sustanciación de la actuación con la formal intimación de la imputación al sumariado y la audiencia de su declaración indagatoria a efectos del ejercicio de su defensa material, transcurriendo con creces el plazo de prescripción de dos años en los términos consagrados en la norma antes referida; extinguiéndose la potestad disciplinaria administrativa por los hechos que allí se imputan al recurrente.-

Cabe advertir y destacar, en el aspecto indicado, la notoria diferencia terminológica que existe en la expresión utilizada por el legislador en los dispositivos del art. 59 de la Ley N° 3289, según Ley N° 9552, y el del art. 69 de la Ley N° 9755, desde que mientras el primero señala que se interrumpe la prescripción por el inicio de la sustanciación de un sumario administrativo, el segundo -más amplio y abarcativo- admite la interrupción del curso de la prescripción por la disposición del sumario pertinente, en tanto que en el sub lite si bien se “dispuso” la instrucción del sumario antes del transcurso de dos años desde la finalización de la falta atribuida, el mismo no llegó formalmente a “sustanciarse”, tal como exige la ley aplicable para erigirse en un hecho interruptivo de la prescripción.-

A diferencia de lo concluido en la sentencia bajo examen, considero que la enunciada es la correcta interpretación ajustada a derecho del asunto en examen porque, tratándose de la prescripción de la potestad disciplinaria de la Administración, necesariamente debe analizarse con el criterio más estricto en beneficio del imputado; no obstante, aún cuando no se comparta ese restrictivo razonamiento, debo puntualizar que igualmente y bajo cualquier interpretación que pretenda elucubrarse, a la fecha, aquella potestad disciplinaria del Estado se encuentra extinguida por prescripción.-

En efecto, si se considerase -en mi criterio equivocadamente- que el Decreto N° 2463 de fecha 10/5/05 importa la iniciación de la sustanciación del sumario administrativo y se erigiera así en causal de interrupción del curso de la prescripción de la potestad disciplinaria que se pretende ejercer a través de él, de todos modos no vuelve a constatarse en los dos años siguientes otro hecho con idoneidad interruptiva del curso de la prescripción y sabido es que el efecto esencial del instituto de la interrupción de la prescripción consiste en eliminar el tiempo transcurrido del curso de ella, comenzando a correr nuevamente a partir de entonces; por consiguiente, deviene inexorable que, aún en esa interpretación, la potestad estatal en cuestión se encuentra indefectiblemente extinguida a la fecha.-

Ello así, revela la innecesariedad de continuar a esta altura de los acontecimientos con cualquier controversia sobre la eventual validez de los Decretos N° 2463/05 y N° 348/06, lo cual se convertiría actualmente en una disputa meramente teórica y abstracta, desde que se ha comprobado la completa extinción de la potestad disciplinaria que, a través de ellos, se intentara ejercitar por parte de la Administración, eximiéndome esta postulación de ingresar al análisis de los restantes agravios expresados por el recurrente.-



IX.- Lo expresado me lleva necesariamente a concluir que la sentencia en crisis no resuelve el caso con ajuste a derecho y, por consiguiente, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad articulado por el actor, casar el pronunciamiento impugnado dejándolo sin efecto, declarar la prescripción de la potestad disciplinaria del Estado Provincial respecto de los hechos imputados a Germán Alberto Coronel mediante el Decreto N° 2463/05 y, en consecuencia, establecer que ha devenido abstracto el objeto del presente proceso; debiendo la parte demandada soportar las costas del mismo, tanto de la instancia a quo cuanto de las devengadas en esta Alzada.-

Así voto.-

A SU TURNO EL SR. VOCAL DR. SMALDONE DIJO:

Respetuosamente, discrepo con la solución casatoria alcanzada por el Sr. Vocal ponente.

A mi juicio, el concedido recurso de inaplicabilidad de ley no consigue superar el renovado control de admisibilidad.

Por exigencia ritual -art. 280, C.P.C.C.- aplicable por remisión del art. 77 bis del C.P.A., el escrito del ocurrente debe desarrollar fundadamente en qué consiste la violación de la ley o doctrina legal o donde reside el error incurrido por los sentenciantes de la anterior instancia. También deberá aportar los fundamentos demostrativos de la viabilidad del recurso traido a examen.

Tales recaudos no están integramente cumplidos.
Fundamentalmente, porque el ocurrente trae a nuestra consideración una mera discrepancia subjetiva que resulta ineficaz para remover la decisión querida impugnar, pues la reproducción de los argumentos ventilados en la anterior instancia, no conforma una base idónea de agravios ni tampoco resulta suficiente para demostrar el absurdo o la arbitrariedad que de lugar al recurso extraordinario intentado. Se recuerda que sólo el error palmario y fundamental autoriza a consagrar la apertura de la excepcional jurisdicción del tribunal para así, de tal forma, llegado el caso, indagar si las cuestiones de hecho y prueba constituyen una conclusión razonada de los mismos.

Aquí no se demuestra de manera contundente, que los fundamentos jurídicos y fácticos dados para desestimar la prescripción de la potestad disciplinaria del Estado Provincial y considerar válido el cargo de derecho fundado en el art. 40 inc. c) de la ley 3289, sean insostenibles como para descalificar el pronunciamiento jurisdiccional de alzada.

Falta -en concreto- demostrar la existencia de un motivo o causal que determine la admisibilidad de la vía impugnaticia que se pretende abrir, ya que no basta con mostrar un mero agravio o interés, es preciso patentizar una justificación objetiva que enuncie la supuesta verificación de un vicio in iudicando a que refiere el segundo párrafo del art. 280 del C.P.C.C.

Por tanto, en sintonía con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, propicio desestimar por inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley bajo examen, con costas.



Así voto.-

A SU TURNO EL SR. VOCAL DR. CHIARA DIAZ DIJO:

Concuerdo con lo dictaminado por la representante de la Procuración General, Dra. Cecilia Andrea Goyeneche, a fs. 328/332, en que la impugnación planteada a fs. 265/281vta. contra la sentencia de fs. 250/262, no cumple con las exigencias previstas en el art. 280 del C.P.C.C. para poder ser considerada admisible, en virtud de lo cual cabe rechazarla al haber sido mal concedida en la instancia de grado, con costas, en lo que también coincide el Sr. Vocal preopinante, Dr. Smaldone. Así voto.-



A SU TURNO LA SRA. VOCAL DRA. PAÑEDA DIJO:

Resumidos los antecedentes del caso por el Sr. Vocal del primer voto y abordando la cuestión sometida a decisión de este Tribunal, adelanto mi adhesión a la solución que viene siendo impulsada por el Dr. Carubia en su sufragio.-

Asimismo, destaco que la impugnación articulada satisface los recaudos de admisibilidad que permiten la apertura de esta vía extraordinaria: sentencia definitiva; interposición en tiempo y forma; inexigibilidad del depósito que prescribe la normativa ritual aplicable en virtud de la remisión dispuesta por el art. 77 bis de la Ley 7061 atento a la específica estructura de las instancias y vías recursivas en el procedimiento administrativo; y suficiente fundamentación, en tanto el recurrente expresa sus agravios contra la decisión mayoritaria del Tribunal -que en lo que para el presente interesa, innova respecto de la postura adoptada por el vocal ponente y de la postulada en juicio sobre la ley aplicable en materia de prescripción por ambas partes, lo que excluye en lo puntual toda posibilidad de mera reproducción argumental- planteando entre otras, las infracciones legales que considera configuradas en el caso a partir precisamente de dicha concreta decisión, aún cuando la temática de fondo involucrada -prescripción de la potestad disciplinaria de la Administración- haya sido debatida desde el inicio de las actuaciones administrativas.-

Considero asimismo que, atento a la específica estructura del procedimiento contencioso administrativo y siendo ésta la única instancia revisora de la decisión adoptada por la Cámara competente, corresponde tener en el particular supuesto de autos por suficientes y fundados los agravios planteados a fin de asegurar el derecho a la tutela judicial efectiva.-

En relación a la procedencia de la impugnación deducida por el actor, presto, como adelantara, mi adhesión a la conclusión a la que arriba el Dr. Carubia en su sufragio por compartir los fundamentos que la sustentan y, en consecuencia, acompaño la propuesta casatoria que formula al acuerdo. ASI VOTO.-

A SU TURNO EL SR. VOCAL DR. SALDUNA DIJO:

I- Me remito, en cuanto a sus antecedentes, al relato formulado por el Sr. Vocal de primer voto.-

II- Respecto a la cuestión planteada, en ejercicio del primer voto, en el precedente "BERNABE..." citado a fs. 334 vta., sostuve el criterio que, respecto a la prescripción de la acción disciplinaria del Estado, cabía aplicar la norma más favorable al agente. En el caso, lo era entonces, la ley 9.552, publicada en el Boletín Oficial el 22 de marzo de 2004. En el presente, lo es la Ley Nº 9.755, que precisamente plasma normativamente en su art. 64 inc. d) tal principio.-

Ello así, cabe coincidir con el razonamiento expuesto en el voto del Dr. Carubia, al cual me remito en aras de la brevedad, en cuanto a la ley aplicable, cómputo de plazos, e inexistencia de actos interruptivos que impidan u obstaculicen el inexorable cómputo de la prescripción operada.-

Por tales motivos, adhiero a la solución propugnada por los Sres. Vocales que me anteceden (Dres. Carubia y Pañeda).-

ASI VOTO.-



A SU TURNO EL SR. VOCAL DR. CASTRILLON DIJO:

Adhiero al voto del Dr. Smaldone y a la solución que propone por coincidir con los argumentos por él esgrimidos puesto que las críticas que no logran demostrar las violaciones que se endilgan al fallo constituyen meras discrepancias subjetivas que no habilitan la apertura de esta instancia y el recurso deviene inadmisible. Así voto.-



A SU TURNO EL SR. VOCAL DR. CARLOMAGNO DIJO que adhiere al voto del Dr. Carubia.-

A SU TURNO EL SR. VOCAL DR. CHEMEZ DIJO:

Adhiero al voto del Dr. CARUBIA por cuanto coincido con los fundamentos que expone y a la solución a la que arriba.-

Así voto.-

A SU TURNO LA SRA. VOCAL DRA. MEDINA DE RIZZO DIJO que hace uso del derecho de abstención previsto en el art. 33 de la L.O.P.J..-

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:




FDO. DRES. MEDINA DE RIZZO - CHIARA DIAZ (en disidencia) - CARUBIA - CARLOMAGNO - SALDUNA - PAÑEDA - CASTRILLON (en disidencia) - SMALDONE (en disidencia) - CHEMEZ.-
SENTENCIA:

PARANA, 30 de abril de 2015.-

VISTO:

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, por mayoría de quienes emitieron opinión y oído el Ministerio Público Fiscal;



SE RESUELVE:

I.-HACER LUGAR al recurso de inaplicabilidad de ley articulado por el actor a fs. 265/281 vta. y, en consecuencia, CASAR el pronunciamiento impugnado obrante a fs. 250/262 vta. dejándolo sin efecto.-

II.-DECLARAR la prescripción de la potestad disciplinaria del Estado Provincial respecto de los hechos imputados al accionante por Decreto Nº 2463/05, como asimismo, la abstración del objeto del presente proceso.-

III.-IMPONER las costas de la instancia a-quo y de esta Alzada a la demandada.-

Regístrese conjuntamente con copia del dictamen fiscal, notifíquese y, oportunamente, bajen.-



FDO. DRES. MEDINA DE RIZZO - CHIARA DIAZ (en disidencia) - CARUBIA - CARLOMAGNO - SALDUNA - PAÑEDA - CASTRILLON (en disidencia) - SMALDONE (en disidencia) - CHEMEZ.- ANTE MI: JULIO PEREZ DUCASSE - SECRETARIO S.T.J.E.R..-

SE REGISTRO. CONSTE.-

DR. JULIO PEREZ DUCASSE (h)

SECRETARIO S.T.J.




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