Casette, abdel marcelino c/ aguilar, liliana maria de lourdes s/ ordinario



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"CASETTE, ABDEL MARCELINO C/ AGUILAR, LILIANA MARIA DE LOURDES S/ ORDINARIO (Expte. Nº 7520)"

///C U E R D O:

En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los . 22 días del mes de octubre del año dos mil quince, reunidos en el Salón de Acuerdos de la Sala I en lo Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones, los Señores Vocales: RICARDO ITALO MORENI, LILIANA AIDA PELAYO de DRI y GREGORIO MIGUEL MARTINEZ para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos "Casette, Abdel Marcelino c/ Aguilar, Liliana María de Lourdes s/ Ordinario (Expte. Nº 7520)” y “Casette, Abdel Marcelino c/ Rivarola, Pascual y Otros s/ Ordinario (Expte. Nº 13.429)” respecto de la sentencia única obrante a fs. 436/448 y 228/240, respectivamente, de conformidad con el sorteo de ley oportunamente realizado (art. 260º del C.P.C. y C.), la votación deberá efectuarse en el siguiente orden: Señores Vocales Doctores LILIANA AIDA PELAYO DE DRI, GREGORIO MIGUEL MARTINEZ y RICARDO ITALO MORENI.-

Estudiados los autos, la Sala plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, la Sra. Liliana A. Pelayo de Dri, dijo:

I.- a) Que en el expediente N° 7520, Abdel Marcelino Casette, representación mediante, promovió contra Liliana María de Lourdes Aguilar acción de fijación judicial de plazo de entrega de la posesión del inmueble Matrícula N° 101.136, sito en calle Hipólito Yrigoyen N° 1267 de la ciudad de Federal, y el pago de una compensación económica por la privación de uso de la cosa.-

Relata que es titular registral de la propiedad, que se la adquirió por compra a Marcelino José Casette mediante escritura traslativa de dominio N° 304, y que si bien en el instrumento consta que el vendedor le hizo entrega de la posesión, ésta continuó en manos de la antecesora del dominio, aquí demandada, quien no hizo entrega de la cosa al comprador.-

b) Que la demandada compareció al proceso, opuso falta de legitimación activa porque el actor ni su antecesor nunca tuvieron la posesión del inmueble, y planteó reconvención contra Abdel Marcelino Casette, Marcelino José Casette y los escribanos Silvina Patricia Porfilio y Marcelo Diego Pascual Bracco por: 1) nulidad por simulación, y en subsidio nulidad por lesión: del boleto de compraventa con pacto de retroventa; y de la escritura de venta N° 99 mediante la cual Silvio Ubaldo Casette -en calidad de apoderado- transfirió la propiedad a su padre, don Marcelino José Casette; y 2) nulidad por simulación absoluta y fraude de la escritura Nº 304 mediante la cual éste vendió la misma propiedad a otro de sus hijos, Abdel Marcelino Casette.-

c) El actor-reconvenido opuso: 1) excepción de prescripción, como defensa contra la acción de nulidad por simulación y fraude de los actos celebrados en los años 2004 y 2005, y, en subsidio, 2) excepción de falta de legitimación activa en la reconviniente con relación a la escritura N° 304 celebrada entre Marcelino José Casette y Abdel Marcelino Cassete, por no revestir la calidad de acreedora de ninguno de los contratantes; y 3) excepción de falta de legitimación pasiva, por cuanto en la acción pauliana sólo pueden ser demandados deudores y los demandados no revisten tal calidad, y en la acción de nulidad por lesión, simulación y fraude respecto a Abdel Marcelino Casette, puesto que no participó en los negocios jurídicos de los años 2004 y 2005.-

d) A fs. 181, compareció el escribano Marcelo Diego Pascual Bracco, advirtiendo que a su respecto no se cumplió con la mediación previa obligatoria y negando los hechos invocados en la reconvención.-

e) A su turno, Marcelino José Cassete, opuso excepciones de prescripción de la acción de nulidad por simulación, fraude y lesión, por haber transcurrido los plazos de uno, dos y cinco años para deducirlas con relación a los actos jurídicos de los años 2004 y 2005; y de falta de legitimación activa respecto a la acción pauliana por no ser su acreedora.-



II.- Que en el expediente N° 13429 Abdel Marcelino Casette demandó a Ramón Pascual Rivarola, Adriel Emanuel Rivarola y Jesica Lozano, en su condición de ocupantes del inmueble, la reivindicación del mismo y los daños y perjuicios causados por la privación de uso y goce de la cosa.-

Corrido el traslado de ley, a fs. 108/118 compareció Adriel Emanuel Rivarola a contestar la demanda y oponer excepción de falta de legitimación activa, por no encontrarse legitimado el accionante para el ejercicio de la acción de reivindicación. A fs. 136 se tuvo por desistida a la actora de la acción respecto de Jesica Lozano.-



III.- Que con motivo de la acumulación dispuesta a fs. 121 del incidente de acumulación que corre por cuerda, se dictó una única sentencia que: -rechazó las demandas promovidas por Abdel Marcelino Casette contra Ramón Rivarola, Adriel Rivarola y contra Liliana María de Lourdes Aguilar, por carecer de acción y derecho; -admitió la acción de nulidad del contrato de compraventa con pacto de retroventa celebrado entre Liliana María de Lourdes Aguilar y Marcelino José Casette el 19/11/2004, haciendo extensiva la nulidad a las escrituras N° 99, N° 109 y N° 304, suscriptas como consecuencia del contrato nulificado, todas referidas al inmueble de autos; rechazó la reconvención contra los escribanos Marcelo Diego Pascual Bracco y Silvina Porfilio; e impuso la totalidad de las costas a la actora vencida.-

Para decidir de este modo, el sentenciante de grado, en primer lugar, precisó que ambos procesos promovidos por Casette se basan en su condición de titular dominial del inmueble ubicado en calle Hipólito Yrigoyen N° 1267 de la ciudad de Federal que adquirió a su padre Marcelino José Casette, a quien se lo había transmitido su otro hijo -Silvio Ubaldo Casette-, en nombre y representación de la demandada Liliana María de Lourdes Aguilar, la que lo había facultado con ese fin mediante poder otorgado en la escritura pública N° 109 del 19/11/2004.-

Rememoró que en el año 1995 Liliana María de Lourdes Aguilar y Ramón Pascual Rivarola compraron el citado inmueble a Rausch y Mancioni, para lo cual tomaron un crédito hipotecario en el Banco de la Nación, y que en 1998 Rivarola vendió su porción indivisa a Liliana Aguilar.-

Dijo, que el negocio original del que nacen todos estos conflictos se instrumentó en un boleto de compraventa con pacto de retroventa celebrado entre Marcelino Casette y Aguilar en el año 2004. Que en el contrato consignaron que Casette le compraba el inmueble a Aguilar en la suma de $12.500 y que ésta, a su vez, en el mismo acto ejercía el derecho de retroventa comprometiéndose a pagar la suma de $21.500 en 36 cuotas mensuales de $597,22, venciendo la primera el 19/12/2004, pactándose las consecuencias de la mora, y suscribiendo Aguilar un poder especial para la venta del bien a favor de los hijos de Casette -Ubaldo y Abdel-, que ejercitarían si Aguilar no cumplía alguna de las obligaciones asumidas. Que la deudora sólo pagó dos cuotas, dejando constancia la escribana Porfilio en el recibo respectivo que desde el 19/03/2005 se encontraba caído el derecho de retroventa porque estaban impagas tres cuotas seguidas y consecutivas -enero, febrero y marzo de 2005-.-

Expresó, asimismo, que Aguilar y Rivarola entre los meses de septiembre de 2004 y junio de 2008 siguieron pagando el crédito hipotecario hasta su cancelación, y remarcó que Aguilar y su grupo familiar nunca dejaron la vivienda y que siguen residiendo en ella hasta la actualidad.-

En base a ello, el Sr. Juez a quo entendió que la compra-venta con pacto de retroventa no era real, sino que se trataba de un simple préstamo de dinero, un mutuo, mediante el cual Casette le prestó a Aguilar $12.500 y ésta se comprometía a devolver $21.500 en 36 cuotas iguales y consecutivas y para garantizar el pago de esas sumas Casette hizo suscribir a la deudora un poder a favor de sus hijos para que éstos escrituren el inmueble al prestamista en caso de que no cumpla con los pagos; y concluyó que Aguilar no vendió el inmueble sino que tomó un préstamo en dinero garantizado con estos artilugios legales.-

Para arribar a esa conclusión, interpretó que del análisis del boleto se infiere que no se trata ni por asomo de una compraventa con pacto de retroventa, porque tiene vicios de forma y fondo: no fue confeccionado en escritura pública y el boleto de compraventa no es el instrumento apropiado para concretarlo, por lo tanto no hubo transferencia de dominio; el inmueble no fue entregado por la vendedora al comprador; en el mismo acto Aguilar ya estaba arrepentida de haber vendido y ejercía la opción de recompra porque la primera cuota vencía a los 20 días; el monto de la venta de $12.500 en noviembre de 2004 no se correspondía con los valores del mercado en aquélla época, era muy bajo; y, Aguilar recompraba en el mismo acto por $ 21.500 lo que había vendido a $12.500 y comenzaba a pagarlos a los 20 días.-

Asimismo, manifestó que la venta funciona como garantía de que la suma prestada será devuelta y es un arma poderosa en manos de prestamistas inescrupulosos que imponen al deudor condiciones leoninas y que, en el caso, correspondía declarar la nulidad de la compraventa con pacto de retroventa celebrada entre Aguilar y Marcelino Casette porque, a) es un acto lesivo que contiene una notable desproporción entre las prestaciones dado que Casette pretende quedarse con un inmueble de importante valor a cambio de muy poco dinero; b) y es un acto simulado que esconde o anida en su interior un préstamo de dinero (mutuo), nulidad que entendió, debe extenderse a todos los actos jurídicos que se originaron a partir de allí: la suscripción del poder de Aguilar a favor de los hijos de Casette y las escrituras traslativas de dominio celebradas entre Ubaldo Casette y su padre y de éste al actor.-

Por último, rechazó la defensa de prescripción para demandar la nulidad del acto por lesión, porque -dijo- el plazo de cinco años debe comenzar a contarse desde el momento en que ocurrió el desapoderamiento, hecho que ocurrió al firmarse la escritura traslativa de dominio entre Ubaldo Casette -en representación de Aguilar- y Marcelino José Casette el día 09/11/2005 y que, como la demanda se inició en febrero de 2010, la acción no estaba prescripta.-

En resumen, desestimó íntegramente las demandas entabladas por Abdel Marcelino Casette, por carecer de acción y derecho, y admitió la reconvención por nulidad de los actos solicitada por Aguilar, imponiendo la totalidad de las costas al accionante vencido.-



IV.- El actor reconvenido y el demandado Marcelino José Casette apelaron el fallo y mantuvieron el recurso mediante memorial que luce a fs. 459/478, ampliado a fs. 479/480, el que fue debidamente respondido por la co-demandada Silvina Patricia Porfilio (fs. 484/485) y la demandada-reconviniente, Liliana María de Lourdes Aguilar (fs. 486/492vta.).-

La parte actora de inicio pide la nulidad del fallo, por incongruencia y por estar cimentado en valoraciones antojadizas y plagadas de subjetividades carentes de asidero, ya que el inferior decide sobre el fondo del asunto omitiendo resolver las excepciones de prescripción y falta de legitimación activa opuesta por el reconvenido Abdel Marcelino Casette -fs. 130/131- y las defensas de prescripción y falta de legitimación activa y pasiva opuestas por Marcelino José Casette -fs. 212/226vta.-

Sustenta que debió tratar en primer término la excepción de prescripción ya que la misma resulta eventualmente impeditiva del progreso de la reconvención opuesta y el cuestionamiento sobre la cuestión de fondo podría devenir abstracto. Asimismo, señala que tampoco se ha tratado ni resuelto la nulidad por simulación o fraude interpuesta en la reconvención, ni las defensas opuestas a su progreso, silenciando de ese modo asuntos medulares que fueron objeto de litigio, atentando contra su derecho de defensa en juicio.-

Asevera que el Juez debió decidir si las distintas acciones propuestas (tesis) y sus defensas (antítesis) proceden o no, para decidirlas en definitiva (síntesis) pero no decidir arbitrariamente y más allá de lo que las partes propusieron sin evaluar siquiera las defensas.-

Por su parte, Marcelino José Casette, también pide la nulidad de la sentencia por omisión de tratamiento de las defensas planteadas y de los temas centrales propuestos, y falta de congruencia y fundamentación suficiente del fallo. Además, acusa al pronunciamiento de impreciso e indeterminado, en cuanto decide la nulidad de todos los actos jurídicos, incluidos documentos no propuestos por la contraria, sin expresar la causa de nulidad seleccionada para anular los actos jurídicos, si por simulación ilícita y/o por lesión, debiendo deducir su parte la causa de la nulidad, todo lo cual le impide poder impugnar y desarrollar debidamente sus agravios.-

Afirma que el Juez ha realizado una verdadera mezcla de institutos que resultan no sólo incompatibles por su naturaleza, sino que violentan el derecho de defensa de su parte porque, por un lado, concluye que Aguilar no vendió el inmueble a Casette y que éste nunca pagó el valor del mismo sino que se trató de un préstamo de dinero, y que aunque teóricamente se puede concebir un contrato de venta sincero en que el vendedor se reserva la facultad de recuperar el dominio, en la realidad económica estos pactos encubren siempre o casi siempre un préstamo de dinero, en clara alusión a una simulación ilícita y, en ese caso la acción prescribía a los dos años y estaría prescripta, y por el otro, considera que la acción no está prescripta porque no transcurrió el plazo de cinco años de nulidad por lesión objetiva.-

Señala que contradiciendo y mezclando las nulidades que selecciona confunde nulidad por simulación con nulidad por lesión, cuando ambos institutos distan sustancialmente en su forma y naturaleza, así toma la figura de la simulación para anular las escrituras porque entiende que se trató de un préstamo no de una venta, pero no trata las excepciones de falta de legitimación y de prescripción opuestas por su parte para tal instituto, sino que aplica la prescripción de cinco años prevista para un acto real y sincero pero que perjudica al lesionado. Afirma que resulta ilógico y absurdo decir que un acto es simulado y simultáneamente que el acto ha sido real pero lesivo.-

En subsidio, indican que la acción de nulidad por lesión también se encuentra prescripta y expresan agravios sobre el fondo de la cuestión resuelta, argumentando Marcelino Casette que no existe vicio de lesión por cuanto Aguilar no cumplió con ninguna de las obligaciones pactadas: pagó sólo dos (2) de las treinta y seis (36) cuotas comprometidas y no canceló la hipoteca del Banco Nación -tuvo que hacerlo el comprador-, ni pagó lo adeudado en el juicio caratulado: “De La Madrid c/ Aguilar”, debiendo Casette también pagarle a De La Madrid la deuda para levantar el embargo que pesaba sobre el inmueble y terminar el pleito.-

Abdel Casette, a su turno, manifiesta que no fue parte del negocio primigenio entre Casette y Aguilar y que sus efectos no le alcanzan, que es un tercero de buena fe, que adquirió el bien en legal forma, a título oneroso y con intervención de Notario, y que pagó el precio pactado. Sostiene que el fallo viola las prescripciones contenidas en el art. 1051, últ. parte del Código Civil, lo que tampoco trató ni resolvió el a quo, omitiendo decidir sobre su situación. Que la anulación de la Escritura N° 304 lo perjudica, sin derecho a compensación alguna y lo constituye víctima de una situación ajena. Destaca que Aguilar carece de legitimación para demandar por simulación porque no ha presentado el contradocumento conforme fuera denunciado por su parte y solicita que se haga lugar a la demanda de reivindicación promovida y, en subsidio de mantenerse la nulidad pide la restitución de todo lo pagado con más intereses, de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa en favor de Aguilar y Rivarola, y peticiona que las costas de las acciones rechazadas contra los escribanos Bracco y Porfilio -a quienes no demandó-, se impongan a los demandantes-reconvinientes.-

V.- Los recursos deducidos merecieron la réplica de la demandada-reconviniente, quien al igual que los apelantes entiende que en el pronunciamiento de grado se omitió el tratamiento del planteo excepcional propuesto por las partes, y se allana al pedido nulificante formulado por sus adversarios, solicitando la exención de costas en caso de decretarse la nulidad del fallo por las omisiones apuntadas. En subsidio, para el supuesto de que se considere que la sentencia no contiene vicio de nulidad, peticiona el rechazo de los agravios vertidos respecto de la cuestión sustancial.-

VI.- Resumidos los aspectos relevantes de la contienda, corresponde analizar en primer término la nulidad de sentencia planteada en autos.-

Aquí, debemos decir que le asiste razón a los impugnantes.-

La sentencia recurrida no da respuesta expresa, positiva, precisa a las pretensiones y defensas esgrimidas por los litigantes -art. 160 inc. 6 del C.P.C. y C.-

En efecto, planteadas las excepciones de falta de legitimación activa por las partes demandadas, Liliana María de Lourdes Aguilar a fs. 113/126vta. del Expte. Nº 7520 y Adriel Emanuel Rivarola a fs. 108/118 del Expte. Nº 13.429;  las excepciones de prescripción de las acciones de nulidad por simulación y fraude y de falta de legitimación activa por la actora reconvenida (fs. 130/131 del Expte. Nº 7520); y excepciones de prescripción de la acción de nulidad por simulación y fraude, y de falta de legitimación activa y pasiva por el co-demandado Marcelino Casette (fs. 212/226vta. del Expte. Nº 7520), el juzgador de grado no trató ni se expidió sobre la procedencia o no de ninguna de estas defensas, pasando a resolver directamente las cuestiones de fondo planteadas y, luego, en el penúltimo párrafo del considerando referirse sólo a la prescripción de la nulidad por lesión.-

Este vicio constatado vulnera el principio de congruencia procesal que exige una rigurosa correspondencia o identidad lógica y jurídica entre lo decidido en la sentencia y las pretensiones y excepciones planteadas por las partes en sus escritos postulatorios.-

El principio de congruencia se encuentra regulado en el orden provincial en los artículos 31º inciso 4) y 160º inciso 6 del Código Procesal Civil y Comercial y, la doctrina ha sostenido que, consiste en la conformidad que debe existir entre el pronunciamiento judicial y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso más la oposición u oposiciones que lo delimitan o acotan, esto es, la correlación entre las pretensiones de las partes y la decisión del juez por cuanto son éstas quienes determinan la amplitud y alcance del denominado "Thema Decidendum" debiendo el órgano jurisdiccional limitar su decisión a los términos de la pretensión exigiéndose entonces que la sentencia de mérito se ciña a los sujetos, objeto y la causa que se individualizan en los escritos constitutivos del proceso (confr. GUASP, "Derecho Procesal Civil", T. I, págs. 319, 517 ss. y ccs.; ALSINA en "Tratado...", T. II, pág 246 ss. y ccs.; COUTURE, "Fundamentos de Derecho Procesal Civil", pág 286; DIAZ, "Instituciones de Derecho Procesal";  T. II-B-218 ss. y ccs.; y PEYRANO, "El Proceso Civil", pág. 95). En igual sentido se ha expedido esta Sala en: "Casella de Guarito, Nelly y Otro s/ Divorcio por Mutuo Consentimiento s/ Incidente de Ejecución de Sentencia", 19/09/1991; "Ava, Adolfo Humberto c/ Orega, José Antonio y Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Sumario por Daños y Perjuicios", 06/02/1990; "Orlandini, Jorge Julio c/ Genevois, Ovidio Francisco s/ Ejecutivo", 19/10/1994; "Zambon, Hugo Luis c/ Acrílicos Concordia s/ Sumario por Resolución de Contrato y Cobro de Pesos", 30/11/1995; “Gómez, Héctor Claudio c/ Compañía de Seguros Norte S.A. s/ Sumario”, 08/08/2012; "Municipalidad de Federación c/ Pucheta, Eduardo Ramón s/ Ordinario", 04/12/2012; “Rodriguez c/ Bergalio s/ Ordinario (Desalojo), 22/04/2013; “Machado c/ Zapata s/ Ordinario Divorcio”, 16/12/2014, entre tantos otros).-

En tal sentido, se ha sostenido que la sentencia debe armonizar estrictamente con las pretensiones, oposiciones y las cuestiones de hecho individualizadas en los escritos constitutivos de la litis, sobre los cuales las partes quieren y deciden controvertir, límite cognoscitivo éste impuesto por los propios litigantes, y si el Tribunal no lo respeta y se pronuncia mas allá de lo permitido u omite -como en el presente- expedirse sobre las defensas concretas articuladas por los litigantes, el pronunciamiento resulta incongruente, vulnerando las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el derecho de propiedad -arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional- (confr. ALVARADO VELLOSO, "El juez, sus deberes y facultades", pág. 202; y PALACIO, Lino, "Derecho Procesal Civil", T. V, Abeledo-Perrot, pág. 81).-

Por otra parte, desde el punto de vista del "objeto o tema de la decisión", las sentencias pueden ser arbitrarias cuando a) se concede más de lo pedido (ne eat iudex ultra petita), b) se concede algo que no se ha pedido (ne eat iudex extra petita), o c) se omite decidir sobre cuestiones planteadas (ne eau iudex citra petita), sea una pretensión o una excepción.-

En el caso traído a revisión y conforme lo expresado precedentemente, estamos en presencia de una incongruencia citra o minus petita, en la medida en que en el veredicto atacado el Juez no se expidió sobre las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva y de prescripción de las acciones de nulidad por simulación y fraude sometidas a su decisión, incumpliendo con los deberes inherentes a la actividad jurisdiccional, lo que descalifica el fallo como acto jurídico válido.-

Es que, la falta de consideración de las defensas articuladas por los litigantes, vicia irremediablemente de nulidad al fallo recurrido, al verificarse una omisión en el tratamiento de cuestiones medulares oportunamente planteadas y debatidas en el proceso, conducentes para definir la solución del litigio, que debieron ser objeto de una precisa y fundamentada respuesta por parte del juzgador de grado, vulnerando con ello las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N y 65 de la Constitución Provincial) en tanto priva a las partes del pleno ejercicio de sus derechos.-

Verificado, entonces, que la pieza atacada adolece de deficiencias estructurales intrínsecas insalvables, tal pronunciamiento queda descalificado como acto jurídico válido y trae como sanción su nulidad, conforme las previsiones contempladas en los arts. 160º inc. 6 y 169º del C.P.C. y C.).-

Por ello, respondemos negativamente al interrogante que preside el acuerdo y propiciamos declarar la nulidad de la sentencia venida en revisión, conforme las previsiones contempladas en los arts. 160º inc. 6 y 169º del C.P.C. y C.); CON COSTAS de Alzada en el orden causado atento al allanamiento del apelado a la nulidad peticionada por los agraviados (art. 65º y 67º del C.P.C. y C.).-

Así voto.

A igual cuestión propuesta, el Sr. Vocal Dr. Gregorio Miguel Martínez, dijo:

Que se adhiere al voto de la Sra. Vocal preopinante.

A idéntica cuestión, el Sr. Vocal Dr. Ricardo Italo Moreni, dijo:

Conforme a lo dispuesto en el art. 47 de la L.O.P.J. -según ley 9234, artículo 2º- existiendo votos coincidentes y al solo efecto de imprimir mayor celeridad al trámite me abstengo de votar.

Con lo que quedó conformada la siguiente sentencia:

Liliana PELAYO de DRI

Vocal


Gregorio M. MARTINEZ Ricardo I. MORENI

Vocal Vocal

Ante mí:
Jorge I. Orlandini

Secretario



S E N T E N C I A:

CONCORDIA, 22 de octubre de 2015.

Y V I S T O S:

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede,



S E R E S U E L V E:

1.- DECLARAR la NULIDAD de la sentencia apelada de fs. 436/448, con COSTAS en el orden causado (arts. 65º y 68º del C.P.C. y C.).-

2.-REMITIR los autos al Juzgado de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictarse un nuevo pronunciamiento.-

REGISTRESE, notifíquese y en estado bajen.
Liliana PELAYO de DRI Gregorio M. MARTINEZ

Vocal Vocal


Según su voto de abstención previsto en el art. 47 L.O.T. (ley 9234).-
Dr. Ricardo I. MORENI

Vocal


REGISTRADO en el Libro de Autos y Sentencias correspondiente al año dos mil quince.- CONSTE.
Jorge I. Orlandini

Secretario


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