Carta brasilera contra la desigualdad y por el derecho a la ciudad



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CARTA BRASILERA CONTRA LA DESIGUALDAD Y POR EL DERECHO A LA CIUDAD
Esta carta es el resultado de la discusión y del sentimiento de varias entidades que componen el Foro Nacional de REFORMA URBANA.

Es el fruto de la experiencia acumulada de movimientos populares, de ONG's , instituciones de clase y universitarias, en fin, de una pluralidad de organizaciones que tienen como objetivo conquistar el derecho a la ciudad y a la ciudadanía.
A pesar de la diversidad, ese conjunto analiza la realidad urbana dentro de un cuadro de ampliación de los niveles de desempleo , de desigualdad social en el acceso a la infraestructura urbana y servicios, en el aumento de la violencia, en el recrudecimiento de enfermedades asociadas a la pobreza y al sub-desarrollo.
La fisonomía de la mayoría de las ciudades expresa ese cuadro de penurias. La guetitificación creciente de la población pobre deja cada vez más evidente la desigualdad, la exclusión social y la falta de ciudadanía.
80% de la población Brasilera vive en ciudades. 12 ciudades tienen mas de un millón de habitantes expresando una gigantesca concentración de miseria y un comprometimiento ambiental que provoca grados crecientes de deteriorización de la calidad de vida. Inundaciones, eerosiones, derrumbes, polución de las aguas y del aire, la disminución principalmente de los sectores más pobres que ocupan las partes bajas y cercanas de ríos, declives frágiles, ciénegas o pantanos inundables.
A partir de los años 80 los ajustes de la economía internacional imponen un agravamiento (ahondamiento) de la miseria a los países del mundo periférico. Datos del Banco Mundial reconocen que el Brasil empobreció. Mismo así, los últimos Gobiernos y el actual empeñan nuestras riquezas y nuestros presupuestos para pagar la altísima deuda externa, que en 1992 llegó a los 133,6 billones de dólares sacrificando políticas sociales y un desarrollo más humano e integrador.
El ajuste viene integrando a nuevas estrategias mundializadas de desarrollo que tienen las ciudades como palco central. El turismo, shopping centers, sistemas de comunicación nos integra al primer mundo a un costo social gravísimo y creciente.
Nuestro país es uno de los mayores productores de concentración de renta y posee un mercado interno restringido para la producción de bienes fundamentales a la sobreviviencia y entre los mismos la vivienda. Así, 1/3 de la población de río, 15% de Sao Paulo, 1/4 de Belo Horizonte y 40% de Recife son favelados. Por otro lado, aumentó el número de domicilios con canalización sanitaria, pero disminuyó para los sectores de la población de renta más baja.

Crece, por tanto el desempleo, el número de trabajadores sin seguro social firmado y el trabajo por cuenta propia.


Crece la población que vive en favelas, en portales, la población de la calle, crece la violencia, el número de niños abandonados y las grandes novedades de esta década son "El masacre de niños y adolescentes" y los trabajadores que viven en las calles "Homeless".
El Estado, por su parte, fue históricamente marcado por la privatización de los bienes públicos, beneficiando sectores ya privilegiados. Inversiones públicas concentradas y orientadas por relaciones de intercambio de favores, del clientelismo, reducieron y continuan reduciendo el acceso de la mayoría de la población a los derechos básicos.
La clase de élite Brasilera construyó un Estado burocrático que financió y protegió el proceso de industrialización exclusivo y ahora embalada por los vientos conservadores del neoliberalismo, esta misma élite promueve la división de una tercera parte de la población y la privatización formal del estado de manera irrresponsables, descartando la problemática social. Fondos públicos son utilizados para compensar déficits de financiamientos privados y las nuevas estrategias de desarrollo.
Las políticas públicas no son prioridades gubernamentales, a pesar de ser parte de la retórica de los discursos de los representantes del poder público.
Dentro de la misma lógica, la grande concentración de fondos diarios en el campo (15% del área total está en manos de 2.174 latifundiarios, esto es, 0,04% de las propiedades, en tanto que 2,65% está en las manos de 52,9% de los propietarios) y la falta de una política agrícola son responsables, todavía, por flujos inmigratorios que contribuyen para la hinchazón de las ciudades.
La continuidad del modelo de desarrollo urbano a través de la difusión del automóvil, a más de agredir el medio ambiente, reduce la accesibilidad de los ciudadannos y principalmente de las camadas más probres y se constituye en uno de los factores de altos índices de muertes y accidentes en el tránsito.
FINANCIAMIENTOS EXTERNOS Y PROCESO DE CAPACITACION
Los financiamientos de las agencias internacionales no siempre tienen atendido a los intereses de la mayoría de la población y a los criterios de sustentabilidad ambiental. Imponen, también, métodos y contenidos a las políticas internas de cada país y al proceso de capacitación.
Tenemos claro que el enfrentamiento de la realidad urbana requiere sensibilidad y competencia técnica para dar soluciones al problema social. La capacitación de políticos, técnicos, lideres comunitarios, sindicales y empresariales, entre otros, es indispensable, pero sin respetar el conocimiento acumulado y la diversidad ecocultural, significa contrariar la necesidad de integración social en el espacio urbano.
La urgente alteración de la forma y de los contenidos de los financiamientos internacionales necesitan pasar por instancias que posibiliten la participación de la sociedad y que fortalezcan procesos de democratización nacionales e internacionales.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
El foro de reforma urbana reafirma el tratado por ciudades, villas, poblados justos, democráticos y sustentables, elaborado durante la ECO 92 y destaca la lucha por la conquista de una reforma urbana que garantiza:
El derecho a la ciudad y a la ciudadanía, entendido como una nueva lógica que aniversalize el acceso a los equipamientos urbanos, a las condiciones de vida urbana digna y al usufructo de un espacio culturalmente rico y diversificado y, sobretodo, en un dimensión política de participación amplia de los habitantes de las ciudades en la conducción de sus destinos.
EL DERECHO A LA VIVIENDA, de modo que todos los seres humanos como cualquier otra especie tiene derecho a un hábitat y ese derecho de tener un lugar para vivir ó es un derecho humano inalienable.
GESTION DEMOCRATICA DE LA CIUDAD, entendida como una forma de planear, producir, operar y gobernara las ciudades, submetida al control y participación social. Destacándose como prioritaria la participación popular.
FUNCION SOCIAL DE LA CIUDAD Y DE LA PROPIEDAD, entendida como la prevalecencia del interés común sobre el derecho individual de propiedad, como el uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del espacio urbano. Todo ciudadano tiene derecho a se apropiar del territorio dentro de parámetro democráticos, de justicia social y de condiciones ambientales sustentables.
PROPUESTAS
- Adopción de políticas públicas que busquen la eleiminaicón de la pobreza, definiendo procesos de planeamiento y gestión orientados para la reducción de las desigualdades sociales y regionales. Un nuevo modelo de desarrollo volcado para la mayoría de la población es de máxima urgencia, elaborado con la participación de la sociedad.
- Recuperación de las funciones sociales del estado buscando la garantía del interés público, basado en la justicia social y salud ambiental, a través de la regulación del mercado y de la promoción de políticas públicas.
- Publicación del estado a través de la transparencia, de la socialización de las informaciones y de su democratización, garantizando la particiapación de los ciudadanos en canales como consejos, presupuestos participativos, cámaras sectoriales, audiencias públicas, entre otros, buscando la formulación, planeamiento y ejecución de las políticas públicas y gestión de recursos presupuestarios y financieros.
- Reconocimiento de la experiencia y de la lucha de los movimientos sociales por mejorías en las condiciones de vida en las ciudades.
- Estímulos a procesos de autogestión en la producción de políticas a través del cooperativismo y del asociativismo.
- Incentivo a políticas de generación de empleo y renta en consonancia con el desarrollo económico y social.
- Implementación de políticas que busquen combatir las causas de todos los tipos de violencia urbana.
- Reglamentación de la constitución aprobada en 1988, la aprobación de la ley de desarrollo urbano.
- Efectivación de una política urbana que garantiza la función social de la propiedad y bien estar de los ciudadanos a través del establecimiento de instrumentos jurídicos, urbanísticos, administrativos, fiscales y financieros para:
- Orientación y control del mercado y del proceso de valorización inmoviliario;
- Recuperación para la colectividad de la valorización inmobiliaria como consecuencia de las inversiones públicas y privadas;
- Orientación y control del uso y de la ocupación del suelo urbano según la optimización de la infraestructura existente, del medio ambiente natural y construído y del interés público;
- Combate a la concentración de la propiedad y la especulación inmobiliaria urbana, exigiendo impuestos principalmente los innumerables lotes vacios y urbanizados en cada ciudad;
- Regularización fundiaria y urbanización de las áreas de vivienda ocupadas por la población de baja renta;
- Preservación, manteneimiento y recuperación del patrimonio histórico, artístico, cultural y ambiental;
- Respecto al acúmulo histórico y cultural de la población
- Efectivación de una política habitacional que de prioridad a la población de baja renta a través de la constitución de fondo nacional de habitación, con recursos presupuestarios y otras fuentes, generado por un consejo nacional de habitación compuesto, entre otros actores, por la representación de los movimientos estatales y municipales con el mismo formato;
- Una política que garantice que el derecho a la vivienda se gozado sin amenazas de despojos y de la destrucción violenta de techosa.
- Priorización del transporte colectivo en sus diversas modalidades, bien como la substitución de la actual matriz energética (petróleo) por otros poluentes;
- Universalización de la corbertura de los servicios de saneamiento básico y ambiental y ecualización del acceso a todos los ususarios urbanos y rurales.
-Democratizar la negocaciación, la definición y la ejecución de proyectos financiados, por las agencias internacionales, a través de la creación de mecanismos que garanticen la participación de la sociedad organaizada.


  • Todas las propuestas aquí relacionadas, para ser efectivizadas, necesitan ser transformadas en metas anuales a ser elaboradas en conjunto con los sectores organizados de la sociedad.



EL PUEBLO HACIA HABITAT II
Documento de posición de las organizaciones

no gubernamentales y de base
SEGUNDA VERSION PARA DISCUSION, MAYO DE 1995

La participación de las organizaciones sociales en el proceso preparatorio de Habitat II se está desarrollando con fuerza, en diversos países y regiones, pero aún es necesario articular a nivel internacional, los esfuerzos que se realizan.


Con este objetivo la Coalición Internacional para el Hábitat, HIC, en coordinación con otras redes internacionales, abrió un amplio programa de actividades para formular un cuerpo de principios capaces de articular la visión que, sobre la problemática de los asentamientos humanos y la vivienda, se tiene desde la perspectiva de la experiencia cotidiana y de lucha de las organizaciones populares y de la práctica social que, en alianza con ellas, realizan las organizaciones de apoyo (ONG).
Esta serie de principios y la visión crítica sobre la realidad del hábitat que enfrentan grandes y crecientes masas de pobladores pobres en el planeta, permitirán establecer posiciones y definir estrategias conjuntas de acción en preparación y más allá de Habitat II. En ocasión de celebrarse el Taller Internacional "El Pueblo Hacia Habitat II" en La Habana, Cuba, a principios de marzo de 1995, se formuló un primer texto en base a diversos documentos producidos en forma colectiva por organizaciones sociales (ONG, organizaciones urbanas populares, redes, coaliciones), a documentos sobre temas específicos producidos en el marco de la actividad que viene realizando HIC a nivel internacional y a propuestas que van surgiendo del propio proceso que realizan las ONG y otras organizaciones sociales en la perspectiva de Habitat II. 1
Dicho texto sirvió de base para los debates que se desarrollaron con mayor profundidad en el Taller de La Habana, donde se recogieron múltiples observaciones, precisiones y ampliaciones que han sido integradas a esta segunda versión del documento.
Este documento pretende enriquecer los planteamientos que deberán ser suscritos por los gobiernos en junio de 1996. Se logre esto o no, el documento, enriquecido con nuevas aportaciones, pretende contribuir a la conformación de una estrategia de acción a largo plazo que permita a las organizaciones sociales avanzar conjuntamente en el debate y en la lucha por construir una mejor calidad de vida y condiciones de hábitat más justas, democráticas y sustentables para todos.
El texto se estructura en torno a cinco ejes temáticos: derechos y fundamentos legales; gestión democrática del hábitat; modelo económico, sustentabilidad, pobreza y hábitat; calidad del hábitat; financiamiento y movilización de recursos.
En una primera parte y para cada uno de los cinco temas, se presentan los principios que se proponen para orientar los compromisos y la acción que se deriven de Hábitat II, los hechos del contexto actual que condicionan o alientan los cambios propuestos y los fundamentos conceptuales que en conjunto definen la posición que habrá de llevar al establecimiento de compromisos concretos y ser base de la estrategia de acción que integrará la segunda parte de este documento.
Los principios se han redactado desde la perspectiva de la gente misma que trabaja y lucha por mejorar sus condiciones de hábitat y de obtener los apoyos necesarios para lograrlo. Más que responder a conceptos absolutos y abstractos responden a derechos concretos. Las condicionantes del contexto se presentan, en forma muy abreviada, destacando los elementos negativos y positivos más relevantes. Sin desconocer que la realidad es mucho más compleja, los hechos que se señalan cosntituyen un referente importante a revisar y profundizar en cada contexto específico.
Las bases conceptuales y contenidos sustantivos para el establecimiento de compromisos, buscan constituir un paquete consistente de propuestas que permita con cierta facilidad, derivar en cada contexto nacional y local estrategias de acción, políticas, instrumentos y mecanismos operativos.
A. PRINCIPIOS CONDICIONANTES DEL CONTEXTO Y BASES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS
1. Derechos y fundamentos legales

1.1. Principios


i. Los seres humanos, como cualquier otra especie, tienen derecho a un hábitat en la Tierra. El derecho humano a un lugar donde vivir es un derecho inalineable que se vincula estrechamente con el derecho a la vida, tanto en sus aspectos espirituales como materiales.
ii. Todos los niños, las mujeres y los hombres tienen derecho a una vivienda segura y adecuada para vivir en paz y con dignidad. El cobijo es una necesidad humana básica al igual que la alimentación y el vestido. La carencia de cualquiera de ellos, o la existencia de condiciones precarias en su satisfacción, impide al ser humano vivir en paz y con dignidad. La salud física y síquica e incluso la vida misma, dependen de la posibilidad que los individuos y las familias tengan para usar y disfrutar de un lugar adecuado para vivir.
El Derecho a la Vivienda no se limita exclusivamente a la casa; se trata de una dimensión más amplia e integradora que comprende a la vivienda-alojamiento y al hábitat-ambiente, como un conjunto que incluye las dimensiones culturales, históricas, sociales, económicas, políticas, legales, ambientales, físicas y territoriales.

iii. Todos los niños, mujeres y hombres tienen derecho a la ciudad, esto es, a la tierra, a los medios de subsistencia, a un medio ambiente sano y seguro, a la vivienda, al agua, al saneamiento, la salud, la educación, el transporte público, la alimentación, el trabajo, el ocio, la información. El derecho a la ciudad incluye también el respeto a las minorías y a la pluralidad étnica, sexual y cultural; el respeto a los grupos indígenas y a los inmigrantes y el reconocimiento de su plena ciudadanía; la preservación de la herencia histórica y cultural y el disfrute de un espacio culturalmente diversificado, sin distinciones de género, nación, raza, lengua y creencias.


1.2. Condicionantes del contexto
Hechos contradictorios

* La realidad se aleja cada día más de estos principios. Cerca de 1200 millones de personas, casi la cuarta parte de la humanidad, habitan en condiciones precarias. De ellas, más de 100 millones carecen absolutamente de techo.


Si bien la mayor parte de ellas viven en países pobres, su número está creciendo en los países ricos así como también crece el número de familias, de mujeres solas con hijos y de niños que se ven obligados a vivir en la calle, los parques y las atarjeas.
* También crecen las cifras de desplazados y desalojados que son forzados por motivos políticos, étnicos, tecnocráticos, religiosos y, principalmente económicos, a dejar su lugar, su vivienda e incluso su país de origen. Muchos son los que sufren, hoy en día, la destrucción violenta de sus asentamientos y sus viviendas. Muchos también los que, por limitaciones económicas y presiones del mercado se ven obligados a abandonar su casa y conformarse con un techo precario o convertirse en destechados. Esto afecta principalmente a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a otros grupos vulnerables por razones de salud, raza o credo religioso.
* La discriminación en el acceso a la vivienda, por razones de ingreso familiar, va creciendo al instaurarse las nuevas políticas habitacionales, orientadas por criterios macro-económicos e intereses financieros de grupos poderosos. Se van dejando atrás criterios sociales y redistributivos, se cierran instrumentos de apoyo a la producción social de vivienda; e incluso se cancelan derechos adquiridos con enorme esfuerzo por los pueblos.
* Todas estas circunstancias contribuyen al grave y acelerado deterioro de las condiciones habitacionales de una gran y creciente parte de la humanidad. Esto, a su vez, incide en forma determinante en la desintegración familiar, impactando particularmente a los niños, con lo que, en el futuro inmediato, se estarán poniendo en grave riesgo la salud social y la convivencia de los pueblos afectados.
Signos positivos

* la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), reconoce este derecho, el cual ha pasado a formar parte de diversos acuerdos, convenciones y pactos internacionales, destacando el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), suscrito por más de 120 países.


* En la presente década se han logrado avances sustantivos en la aplicación práctica de dicho pacto, mediante la precisón de los alcances y contenidos del Derecho a la Vivienda, la adopción de importantes resoluciones para su defensa y realización, la generación de jurisprudencia y la aplición de mecanismos diversos para monitorear la actividad de los gobiernos, al respecto.
* Estos avances se han logrado gracias a la estrecha colaboración que se ha dado entre diversas instancias del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, HIC y otras organizaciones no gubernamentales, y la acción, que a nivel de los países, realizan las organizaciones sociales.
* A partir de su sesión XIV, la Comisión de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ha tomado también un papel positivo en el reconocimiento de este derecho, por los gobiernos que la integran, instruyendo al Centro Habitat para que proponga una estrategia de acción que le permita asumir un papel más relevante en la promoción, defensa y realización de este derecho.
* Fundamental para hacer efectivo el derecho de todos a un lugar donde vivir, es el creciente proceso de toma de conciencia, el interés por informarse y la movilización que realiza un cada vez mayor número de organizaciones sociales, en diversas partes del mundo.
1.3. Bases conceptuales para el establecimiento de compromisos
La promoción, defensa y realización de los derechos, contenidos en los principios planteados en este inciso, tienen fundamento legal en el Derecho a la Vivienda, reconocido en diversos instrumentos de la legislación internacional sobre Derechos Humanos.2
En esta época mercantilizadora y de fundamentalismos salvajes, el cumplimiento y el respeto por el Derecho a la Vivienda es una cuestión sustantiva, en tanto compromete la calidad de la vida en una perspectiva.
* El Derecho a la Vivienda es parte de la lucha de todos los pueblos por lograr condiciones de equidad, alcanzar la autodeterminación social y colectiva, construir comunidad y sociedad, y para vivir en paz.
* Este derecho es vitalicio y su aplicación debe reflejar y permitir los cambios en las necesidades de cada individuo durante toda su vida, pues las necesidades varían y cambian en el tiempo en los diferentes grupos de edad y género de acuerdo con las condiciones económicas y culturales.
* La defensa y promoción del Derecho a la Vivienda no implica la defensa de ningún tipo específico de tenencia de la tierra; pero sí significa que, en cualquier régimen, debe reconocerse el derecho de toda mujer, hombre y niño a gozar de un espacio adecuado que garantice la dignidad, privacidad, seguridad y permanencia, para la realización de sus actividades y potencialidades, estableciendo la seguridad social y legal de tenencia.
* Implica el derecho a determinar y escoger dónde y cómo residir y habitar; permanecer y participar en todas las decisiones referidas a las políticas y acciones que atañen al suelo y al territorio en general.
* El goce del Derecho a la Vivienda incluye la garantía de estar libre de amenazas y protegido de los desalojos forzosos y de la destrucción violenta del techo que se habita.
* El Derecho a la Vivienda implica el derecho a un medio ambiente sano y seguro para la realización adecuada de la vida. El derecho a un lugar donde vivir debe armonizarse y no afectar el derecho a preservar y mejorar la calidad del medio ambiente para todos.
* El cumplimiento de este derecho exige políticas no segregacionistas en los ámbitos social, político y económico. La segregación contradice el logro pleno de estos derechos, neutraliza, divide y debilita al pueblo, concentra y multiplica la pobreza, la opresión y la alienación.
* Este derecho incluye el respeto a las identidades culturales de los diferentes grupos sociales y a su autodeterminación en todos los contextos locales, nacionales e internaciones. El respeto y el fortalecimiento de los valores de la humanidad requieren que la vivienda sea tratada no sólamente como un producto sino también como un proceso social. El fortalecimiento de la cultura de los pueblos es un elemento básico para el desarrollo de su poder; esto implica el derecho a construir sus organizaciones sociales y su hábitat, de acuerdo con su propia identidad.
* La vivienda debe ser asequible y no estar sujeta a especulación bajo ningún régimen o sociedad. La asequibilidad, se refiere también a los recursos y a los servicios necesarios.
* Este derecho incluye la participación directa y el control de construcción y la conservación del ambiente local y regional; así como la incidencia en la planificación y asignación de recursos para la vivienda, sin menos cabo de los deberes del Estado de participar y garantizar estos derechos.
* Incluye el derecho a conocer y a estar suficientemente informado, comunicado y organizado alrededor de estos derechos, teniendo el suficiente conocimiento de todos los factores (por ejemplo, daños ambientales, planes urbanos y de desarrollo, etc.) que pueden influir en la libre selección de dónde vivir, así como otras decisiones que afecten el goce de la vida, del ambiente y de la sociedad.
* Implica también el acceso al conocimiento científico, técnico y profesional aplicable al campo del hábitat. Se deben promover mecanismos institucionales para facilitar la descentralización y la no elitización del conocimiento permitiendo su acceso a la población. El nivel profesional y tecnológico adquirido por un país debe ser de beneficio para el conjunto de la sociedad: la población de bajos ingresos ha sido normalmente marginada de estos avances del desarrollo social.
* Contempla el derecho a organizarse y a participar en la definición, instrumentación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relativas al hábitat.
* Implica el derecho a actuar, mediante la utilización de recursos legales, sociales y políticos, para hacerlo efectivo.
2. La gestión democrática del hábitat

2.1. Principios


iv. Los ciudadanos -hombres y mujeres- tienen derecho a participar en la planificación y gestión del hábitat, para garantizar que la utilización de los recursos y la realización de proyectos e inversiones, repercutan en su beneficio, dentro de criterios de equidad distributiva, complementariedad económica, respeto a la cultura y sustentabilidad ecológica, lo cual significa hacer un esfuerzo especial en la definición socialmente orientada de las prioridades vigentes.

2.2. Condicionantes del contexto





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