Carabajal Sergio Esteban s d. Abuso Sexual Agravado e p. L. M. R. (menor) Casación Criminal



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Expte. Nº 17.891 – Año 2013 – caratulado: “Carabajal Sergio Esteban s.d. Abuso Sexual Agravado e.p. L.M.R. (menor) - Casación Criminal”.






Excmo. Superior Tribunal de Justicia Provincia de Santiago del Estero



Resol. Serie “B” N° 161

En la Ciudad de Santiago del Estero, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil trece, la Sala Criminal, Laboral y Minas del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, integrada por el Dr. Armando Lionel Suárez, como Presidente, y los Dres. Gustavo Adolfo Herrera y Sebastian Diego Argibay, como Vocales y, a los efectos del art. 188 de la Constitución Provincial, con los Dres. Eduardo José Ramón Llugdar y Elida Suarez de Bravo, asistidos por la Secretaria Judicial Autorizante, Dra. Isabel Mercedes Sonzini de Vittar, a los efectos de resolver el recurso interpuesto contra la resolución de fs. 160/162 del Expte. Nº 17.891 – Año 2013 – caratulado: “Carabajal Sergio Esteban s.d. Abuso Sexual Agravado e.p. L.M.R. (menor) - Casación Criminal”. Establecido el orden de pase a estudio, resultó designado para hacerlo en primer término el Dr. Armando Lionel Suárez, y en segundo y tercer lugar, los Dres. Gustavo Adolfo Herrera y Sebastian Diego Argibay, respectivamente; y a los efectos del art. 188 de la Constitución Provincial, los Dres. Eduardo José Ramón Llugdar y Elida Suarez de Bravo.

El Sr. Vocal, Dr. Armando Lionel Suárez dijo:

Y Vistos:

Para resolver en los autos del epígrafe.--------

Y Considerando:

I) Que, a fs. 165/168 de autos, el Dr. Emiliano Aguirre, en su carácter de representante legal del imputado Sergio Esteban Carabajal, interpone Recurso de Casación contra la resolución de fecha 19/11/2012 (fs.160/162) emanada de la Cámara de Apelación y Control en lo Penal por la que se resuelve no hacer lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la defensa, y denegar, en consecuencia, el pedido de externación del imputado.-------------------------------------------------

II) El recurrente, sostiene la procedencia formal de su planteo, resaltando al respecto, la temporaneidad de su presentación, y el cumplimiento de los requisitos exigidos para la admisibilidad del remedio que aquí se intenta. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de éste Alto Cuerpo, en sustento de lo señalado. A continuación, cuestiona el decisorio en crisis, en cuanto entiende que está aparentemente fundado, y que se basa en una errónea aplicación de la ley sustantiva, ya que desatiende los preceptos generales de orden penal contenidos en el artículo 2, primer párrafo, del Código Penal. Considera, que dicho resolutorio contiene vicios lógicos de razonamiento jurídico, que provocaron que el Tribunal A quo arribara a la errónea conclusión de que la denegatoria de aplicación de Ley de la Minoridad por parte del Juez Instructor, estuvo bien fundada. En consonancia con lo arriba señalado, el casacionista aduce que la Cámara de Apelación y Control ha partido de premisas falsas que no se compadecen con las constancias de autos. Asimismo, afirma que el caso que nos ocupa se trata de un supuesto de “arbitrariedad manifiesta” en la valoración de la prueba, ya que de acuerdo a su entender, surge claramente de los elementos incorporados a la causa, que los hechos denunciados determinan la plena aplicación del principio de ultra actividad de la ley penal más benigna, lo cual le otorgaría a su representado el derecho a ser sometido a un tratamiento tutelar no inferior a un año, prorrogable hasta alcanzar la mayoría de edad, que para la época de los hechos denunciados -según refiere el casacionista- era de 21 años. A continuación, destaca el error de interpretación del derecho en el que, entiende, incurre el Tribunal A quo, en cuanto no ha tenido en cuenta las circunstancias de hecho que rodean la solicitud de aplicación de la Ley de Minoridad a favor del imputado, y que se relaciona con la aplicación de dicha ley en el tiempo según el artículo 2 del Código Penal. Agrega, que de la Cámara Gesell practicada a la presunta víctima del delito investigado, surge que al momento en que se habrían perpetrados los hechos endilgados al imputado, la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años, por lo que reitera que, el Tribunal de Apelación, omitió considerar el principio de ultra actividad de la ley penal más benigna (artículo 2 del Código Penal), en virtud del cual la situación de su defendido encuadraría en el primer párrafo del artículo 8 de la Ley Penal de Minoridad. En ese sentido, el recurrente concluye que, por aplicación de dicho principio, su representado tiene derecho a que se lo someta al tratamiento tutelar en externación como condición previa al sometimiento al juicio y a la eventual aplicación de la pena, todo ello de conformidad al artículo 4 inciso 3 de la Ley Nº 22.278. Finaliza su escrito impugnativo, solicitando se revoque y case la sentencia dictada por la Cámara de Apelación y Control. A foja 186, el recurrente se presenta ante este Superior Tribunal, y ratifica los argumentos vertidos en el remedio casatorio impetrado.--------------------------------------

III) Concedido el recurso, el Ministerio Público Fiscal emite dictamen a fs. 182/183 vta., en donde se pronuncia en orden al rechazo del recurso impetrado por la defensa técnica del imputado.-----------------------------

IV) Contando este Órgano Superior con la facultad de reeditar el juicio de admisibilidad formal del recurso de casación deducido, corresponde corroborar la concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos para su procedencia. Así, el remedio ha sido entablado en tiempo oportuno, debidamente fundado, y contra una decisión que encuadra en el supuesto previsto en el párrafo 3º del art. 485 del Código Procesal Penal en el que establece: Resoluciones recurribles: ...También podrá deducirse respecto de los autos dictados por la Cámara de Apelación y Control en lo Penal cuando denieguen la libertad personal, incluso en la etapa de ejecución.”. Así ello, el recurso incoado deviene formalmente admisible.---

V) Previo a adentrarnos al tratamiento de los agravios vertidos por el casacionista, resulta pertinente precisar que, a partir de la reforma del sistema recursivo en materia penal en el nuevo código de rito (ley 6.941), quedó establecido que el recurso de casación solo procederá: 1) Por inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal o de la doctrina jurisprudencial correspondiente en la decisión impugnada, y 2) Cuando nuevos hechos o elementos de prueba, por sí solos o en conexión con los ya examinados en el juicio, evidencien y manifiesten que el hecho no existió o que el imputado no lo cometió. De ese modo, el nuevo ordenamiento ritual recepta al Recurso de Casación como un remedio extraordinario que tiene estrictos recaudos formales para su admisibilidad, pues, lo que se pretende es no desvirtuar la naturaleza excepcional de esta vía procesal, atento a la existencia de instancias ordinarias de revisión (Cámara de Apelación y Control y Tribunal de Alzada). En razón de ello, este Superior Tribunal de Justicia sólo puede hacer un control de la aplicación de la ley sustantiva o adjetiva aplicada por los tribunales de mérito, en tanto, esta vedado revalorizar la prueba producida, respetándose los hechos fijados en la sentencia, ya que éstos son intangibles para el mismo.---

VI) De modo preliminar, cabe señalar que del examen de las constancias de la causa surge, que el Juez de Instrucción resolvió no aplicar el Régimen Penal de la Minoridad al imputado de autos (fs. 147). Apelada que fuera tal decisión por la defensa técnica del encartado (fs. 148/149), el Tribunal Ad-quem rechazó el recurso incoado por el ahora casacionista, y en consecuencia no hizo lugar al pedido de aplicación del Régimen Penal de Minoridad y la consecuente externación en favor del imputado (fs. 160/162). Contra tal pronunciamiento, se alza la defensa técnica en casación, pretendiendo que se revoque el mismo. ----------------------------------------

VII) Que abocados a la tarea de efectuar el análisis de las quejas expuestas por el impugnante, corresponde señalar liminarmente que el mismo denuncia como supuesto habilitante del remedio incoado la errónea aplicación de la ley sustantiva por haber incurrido el A quo en desconocimiento de los preceptos penales contenidos en el artículo 2º del Código Penal, lo que traería aparejada, desde su óptica, la externación de su pupilo procesal. El recurrente razona que en el caso de autos al imputado le cabe la aplicación del Régimen Penal de Minoridad (y el tratamiento tutelar que éste prevé), en virtud del principio de ultra actividad de la ley penal más benigna previsto en el art. 2 del Código Penal, puesto que al momento de la presunta comisión de los hechos investigados, la mayoría de edad se obtenía a los 21 años, y aquél aún no había alcanzado esa edad. -----------------

Del escrito impugnatorio surge que los agravios del quejoso se reducen a la cuestión referida a la aplicación del principio supra referenciado. Al respecto, cabe poner de relieve que dicho agravio no fue oportunamente introducido en el Recurso de Apelación planteado ante la Cámara de Apelación y Control, por lo que, al no haber sido tratado y resuelto en la instancia anterior, mucho menos puede pretenderse su revisión ante este Alto Cuerpo.-----------------------------------------



No obstante ello, este Vocal estima conveniente hacer unas breves consideraciones relativas a dicha cuestión. En este cometido, resulta prudente comenzar expresando que el principio de ultra actividad de la ley penal más benigna prevista en el artículo 2º del Código Penal, supone que una ley que ha sido derogada expresa o tácitamente por otra nueva deberá ser aplicada, cuando en el caso en concreto, fuera más beneficiosa para el imputado. Es decir, la “ultra actividad” se presenta cuando los efectos de una ley se siguen aplicando con posterioridad a su derogación, pero con relación a hechos ocurridos durante su vigor, siempre que con ello, se favorezca la situación del encartado. De lo dicho se deprende que es condición ineludible para la procedencia y aplicación de dicho principio, la benignidad de la ley derogada. Ahora bien, no basta que dicha benignidad sea declamada por quien invoca su aplicación, sino que debe aparecer de manera evidente y palmaria en el caso en concreto. Ello así, el beneficio que su aplicación implicara para el imputado, debe ser incuestionable. -----

En el supuesto que nos ocupa, el Defensor afirma que de aplicarse el régimen tutelar previsto en la Ley Penal de Minoridad, su defendido tendrá derecho a ser sometido a un tratamiento tutelar en externación como condición previa a ser sometido a juicio y a la eventual aplicación de pena, conforme al artículo 4º inciso 3ro de la Ley 22.278, el cual reza: “La imposición de pena respecto del menor a que se refiere el artículo 2º estará supeditada a los siguientes requisitos...3º) Que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad...”. No obstante lo expresado en esa norma respecto a la mayoría de edad (que al tiempo de la sanción de la Ley Nº 22.278 era de 21 años de edad), no puede soslayarse lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 8 de la misma ley, que establece que “Si el proceso por delito cometido por un menor de dieciocho (18) años comenzare o se reanudare después que el imputado hubiere alcanzado esta edad, el requisito del inciso 3º del artículo 4º se cumplirá en cuanto fuere posible, debiéndoselo complementar con una amplia información sobre su conducta...”.---------------------------------------------

De la inteligencia de las normas transcriptas puede concluirse que aún cuando en el caso en estudio se entendiera que corresponde tratar al imputado como a un menor de edad, cabe la posibilidad cierta de que el tratamiento tutelar pretendido no le sea aplicable, puesto que el artículo 8 de la ley citada establece de manera expresa que cuando el encartado hubiera ya cumplido los 18 años de edad (el imputado tiene, en la actualidad, 20 años, según se deprende de su acta de nacimiento obrante fs. 83), el tratamiento tutelar se cumplirá solo de ser posible. Ello, dependerá de la evaluación que haga el juez, en base a diferentes consideraciones que deberá tener en cuenta, puesto que la posibilidad de disponer el tratamiento tutelar es una facultad del juzgador, que tendrá lugar cuando éste lo estime necesario. Una vez efectuado dicho análisis, y en el hipotético caso de que el A quo entendiera que corresponde efectuar dicho tratamiento tutelar, la efectivización del mismo, no necesariamente deberá practicarse “extra muros”, ya que no resultaría extraño (ocurrió en reiteradas oportunidades) que se ordene su cumplimiento “intra muros”. La posición del Defensor técnico es que, de ser considerado menor, ineludiblemente su defendido será sometido a un tratamiento tutelar “extra muros”, lo cual no es más que una estimación que forma parte de una apreciación personal del recurrente. Ello así, porque como se dijo supra, el juez podría adoptar un criterio totalmente distinto. Por lo tanto, queda latente la duda de si en el presente caso se verifica el beneficio aducido y la benignidad legal argumentada por el casacionista.--------------------------

La cuestión analizada es de aquellas en las que nada puede decirse en abstracto, ya que la realidad de cada imputado es distinta. Habrá muchos que pretenderán una respuesta rápida, y esperarán confiados el juicio y la absolución lo más pronto posible. Por el contrario, otros podrán pensar que si los jueces esperan que el imputado cumpla 21 años, su buen comportamiento en el tratamiento traerá aparejada, quizás, la consecuencia de obtener una absolución, o bien una pena reducida en la forma prevista para la tentativa. Determinar qué interpretación resulta más benigna forma parte de suposiciones.------------------

Por todo lo dicho supra, se puede afirmar sin temor a hesitar, que el agravio esbozado por el recurrente no resulta de abono.--------------------------------------



VIII) Sin perjuicio de lo antes expuesto, este Vocal considera necesario resaltar que el imputado actualmente tiene 20 años de edad, lo cual surge de su acta de nacimiento obrante a fs. 83, por lo que, de hacerse lugar al pedido del Defensor y aplicarse el tratamiento tutelar previsto en el inciso 3 del artículo 4 de la Ley de Minoridad, éste no se podría efectivizar, ya que su lapso mínimo de duración previsto en la norma es de un año, y el encartado cumplirá 21 años de edad antes de que transcurra ese período, quedando en consecuencia trunco dicho tratamiento.---------------------------------

IX) Por lo demás, y atento a que el casacionista denuncia, también, la arbitrariedad del fallo atacado, dable resulta señalar que en el sub-examine no se advierten, en el decisorio en crisis, razones de entidad suficiente para invalidar el pronunciamiento. En efecto, la conclusión a la que arribó el A-quo mediante la evaluación de los elementos de prueba, en consonancia con la plataforma fáctica delimitada y con fundamento en los principios y normativa que rigen la materia analizada, no logran ser desvirtuados por el recurrente. Por el contrario, el decisorio resulta consistente, conteste y ajustado a derecho, por lo que es evidente que las críticas del recurrrente expuestas a lo largo de su libelo postulatorio redundan insuficientes para tornar en irrazonable el silogismo utilizado por los sentenciantes para sustentar su decisión. ---------------------------- X) Se considera de vital importancia resaltar que tal como lo expresara la Cámara de Apelación y Control en el decisorio cuestionado, el juzgamiento definitivo del encartado deberá efectuarse de acuerdo a lo estipulado en el Régimen Penal de la Minoridad, por cuanto al momento del hecho aquel era menor.--------------------------------

Así las cosas, se puede concluir que la Cámara de Apelación y Control arriba a conclusiones contestes y coincidentes con los argumentos desarrollados a lo largo de este fallo, el cual como bien detalla la Fiscalía en su devenir instructorio, no incurre en errónea aplicación de la ley sustantiva ni en arbitrariedad, por lo que nada amerita su descalificación como acto jurisdiccional válido. En ese sentido, este entendimiento conduce a desestimar el planteo recursivo articulado por la defensa técnica del imputado, correspondiendo que el fallo cuestionado sea confirmado en todas sus partes.-----------



XI) Por último, no puede soslayarse que -como lo advierte el Sr. Fiscal - la situación fáctica que se presenta en estos marrados encuadra perfectamente en el marco regulatorio previsto por el Régimen Penal de Minoridad, pues resulta fácilmente advertible que la plataforma de hecho, se subsume en el artículo 8vo de dicho cuerpo normativo, por cuanto nos encontramos ante un proceso por un delito cometido por un menor de edad, y que ha comenzado, luego de que el imputado alcanzara los 18 años de edad. De lo cual se desprende que la respuesta a lo peticionado en autos se encuentra en la normativa aludida.--------------------------------------------------

Por los fundamentos que anteceden, y oído el Fiscal General del Ministerio Público, Voto por: I) No Hacer lugar al Recurso de Casación deducido en autos por el defensor técnico del imputado Sergio Esteban Carabajal; en consecuencia, II) Confirmar la sentencia de fecha 19/11/2012 (fs.160/162) emanada de la Cámara de Apelación y Control.------------------------------------------------

A estas mismas cuestiones, el Dr. Gustavo Adolfo Herrera dijo: Que comparte los argumentos esgrimidos por el Vocal preopinante, Dr. Armando Lionel Suárez, emitiendo su voto en idéntico sentido.------------------------------

A las mismas cuestiones, el Dr. Sebastian Diego Argibay, dijo: Que se adhiere en un todo a lo sustentado por el Dr. Armando Lionel Suárez votando en igual forma. Con lo que se dió por terminado el Acto, firmando los Sres. Vocales, por ante mí, que doy fe. Fdo: Armando Lionel Suárez - Gustavo Adolfo Herrera - Sebastian Diego Argibay – Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar - Secretaria Judicial Autorizante - Es copia fiel del original, doy fe.


Santiago del Estero veinticinco de octubre año dos mil trece.

En mérito al resultado de la votación que antecede, la Sala Criminal, Laboral y Minas del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, Resuelve: I) No Hacer lugar al Recurso de Casación deducido en autos por el defensor técnico del imputado Sergio Esteban Carabajal; en consecuencia, II) Confirmar la sentencia de fecha 19/11/2012 (fs.160/162) emanada de la Cámara de Apelación y Control. Protocolícese, expídase copia para agregar a autos, hágase saber y oportunamente archívese. Fdo: Armando Lionel Suárez - Gustavo Adolfo Herrera - Sebastian Diego Argibay – Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar - Secretaria Judicial Autorizante - Es copia fiel del original, doy fe.



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