Camara nacional de apelaciones en lo



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CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO

PENAL ECONÓMICO

SALA B
AUTOS: INCIDENTE DE EXENCION DE PRISION INTERPUESTO A FAVOR DEL IMPUTADO EN LA CAUSA “DI BIASE, LUIS ANTONIO Y OTROS s/ Asociación ilícita”

RECURSO DE APELACIÓN

FECHA: 29/6/06
DERECHO PENAL TRIBUTARIO. EXENCION DE PRISION. VIGENCIA DEL ART. 15, INC. C) DE LA LEY 24.769. ESPECIFICIDAD DE LEY PENAL TRIBUTARIO CON RELACION AL ART. 210 DEL CODIGO PENAL.
VISTOS:
El recurso de apelación interpuesto a fs. 14/16 por el señor fiscal de la instancia anterior contra la resolución de fs. 4/8, por la cual el Tribunal de la instancia anterior declaró la inconstitucionalidad del artículo 15, inciso c) de la ley 24769, calificó los hechos imputados a Alejandro Bruno según el tipo previsto por el artículo 210, párrafo 1 del CP, y concedió la exención de prisión bajo la caución real de treinta mil pesos.
El memorial de fs. 33/36, por el cual el señor fiscal general de Cámara informó en los términos previstos por el artículo 454 del CPP.
El memorial de fs. 37/38 vta., por el cual la defensa de Alejandro Bruno informó en los términos previstos por el artículo 454 del CPP.
Y CONSIDERANDO:
Los Dres. Grabivker y Pizzatelli dijeron:
1. Que, por el escrito de fs. 1/1 vta., la defensa de Alejandro Bruno solicitó la exención de prisión del nombrado bajo caución juratoria.
2. Que, por la resolución de fs. 4/8, el Juzgado a quo declaró, para el caso, la inconstitucionalidad del artículo 15, inciso c) de la ley 24769, calificó los hechos imputados a Alejandro Bruno y concedió la exención al nombrado bajo una caución real de $30.000.
3. Que, el Juzgado a quo, por la resolución apelada, expresó: “Que del debate parlamentario de la decimonovena sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la Nación... se desprende que la finalidad de la penalidad prevista para el hecho abstractamente descrito por el artículo 15, inciso c) de la ley de la especialidad, no se vincula con la necesidad de protección del bien jurídico específicamente tutelado por esa norma... Y aquel instrumento se estimaba necesario en virtud de una particular interpretación de la doctrina de la Corte dictada 'in re' Stancanelli (Fallos 324:3952)...” y que esta Sala B “... estableció claramente la aplicabilidad del tipo previsto por el artículo 210 del CP a supuestos como el que nos ocupa (cfr. fallo del 30/12/2003 - 'in re' 'Real de Azúa, E. y otros s/asociación ilícita')”.
Asimismo, estableció que quien resulte imputado del delito artículo 15, inciso c) de la ley 24769 estaría impedido de gozar de la libertad durante el proceso, “...lo que transforma o desnaturaliza a éste al punto de constituirlo en la ejecución de una pena anticipada al juicio, puesto que la conducta ya tenía tutela penal anterior. Y ello diáfano contrasta con la previsión constitucional del artículo 18 de la Carta Fundamental en cuanto prevé que nadie puede ser penado sin un juicio previo...”; y que “...teniendo en cuenta la finalidad específica de la conducta prevista por el tipo penal previsto por el artículo 15, inciso c) de la ley 24769, mi más sincera convicción es que claramente carece de la más mínima nota de razonabilidad, exigencia implícitamente reconocida en la Constitución Nacional... para cualquier acto de gobierno, que se prevea mayor penalidad para la preparación de un hecho -como es el caso de la figura penal puesta en crisis- que para las hipótesis consumadas...”.
Por otro lado, expresó: “... no puedo dejar de observar que resulta arbitrario y repugnante al espíritu liberal de nuestra organización fundamental que sea mayor la pena abstractamente prevista para una organización destinada a evadir impuestos que, por ejemplo, la de la destinada a efectuar secuestros extorsivos, o a cometer actos terroristas, o etc...”.
4. Que, por el principio de legalidad previsto por el artículo 18 de la CN se requiere que tanto la descripción de la conducta por la cual una persona pueda ser sometida a un proceso, como la pena prevista para aquella conducta, deben haber sido establecidas por una ley sancionada con anterioridad a la comisión del hecho.
5. Que, el delito de asociación ilícita, desde el punto de vista del tiempo de la comisión del hecho, es un delito permanente, cuya característica se encuentra en que la comisión de aquella clase de delitos se extiende aun después de la consumación, y hasta el agotamiento del hecho ilícito, por lo tanto, es posible que las leyes penales vigentes al momento del agotamiento del delito resulten diferentes de aquellas vigentes al momento de la consumación.
Por lo tanto, “...para determinar cuál es la ley aplicable, resulta necesario establecer el momento de comisión del hecho. En este sentido, y al tratarse de un delito permanente, donde la comisión de la conducta se extiende aun después de la consumación, se plantea como conflicto la vigencia de dos leyes en el período de comisión...” (Fallos: 327:3279, voto de los jueces Dres. Raúl Zaffaroni, Augusto Belluscio y Adolfo Vázquez).
Sin embargo, en el caso de Alejandro Bruno, la presunta participación en los hechos que se intimaron al nombrado se habría producido a partir del 31/3/2005, con la designación de aquél como presidente de Infinit Group SA -ex Caliban SA- (cfr. fs. 172/178 del expediente principal).
En este contexto, debe tenerse en cuenta que la ley 25874, por la cual se introdujo el inciso c) del artículo 15 de la ley 24769 (BO - 22/1/2004) y se tipificó el delito de asociación ilícita tributaria, se encontraba vigente con anterioridad a la producción de la conducta intimada a Alejandro Bruno.
De este modo, en este caso y con relación a la imputación efectuada a Alejandro Bruno, al momento de consumarse el hecho prima facie delictivo investigado y al momento de cesar la presente comisión del mismo, se encontraba vigente la misma ley penal (artículo 15, inciso c] de la ley 24769 -modificada por la ley 25874-), cuyas previsiones resultan de mayor especificidad que la conducta prevista por el artículo 210 del CP.
6. Que, en este contexto, resulta oportuno recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que las leyes deben interpretarse y aplicarse buscando la armonización entre éstas y teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan (Fallos: 301:1149, entre muchos otros), de modo que no entren en pugna unas con otras y que no se destruyan entre sí (Fallos 307:518), por lo cual debe adoptarse el sentido que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 314:458).
Asimismo, la interpretación y la aplicación deben tender a la validez constitucional de las disposiciones, pues la declaración de inconstitucionalidad de alguna de éstas es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas gozan de una presunción de legitimidad que, en principio, opera plenamente, y que obliga a ejercer aquella extrema atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta.
De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundando en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que se exige para el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respecto por las normas constitucionales del poder encargado de dictar la ley (Fallos: 226:688; 247:73; 285:369; 300:241 y 1087; 314:424, entre muchos otros).
7. Que, por otra parte, y sin prejuicio del plazo establecido por el artículo 331 del CPP para resolver las cuestiones vinculadas con la excarcelación de los imputados, lo cierto es que la gravedad que reviste la cuestión abordada por la resolución recurrida no sólo impone el deber de fundamentar adecuadamente la declaración de inconstitucionalidad de una norma por el Juzgado a quo, sino que se torna en un aserto dogmático e inadecuado lo expresado por aquél en cuanto a la necesidad de “... no abundar en mayores argumentaciones...” o que aquellas argumentaciones producidas resulten suficientes siendo “... someramente enunciadas...”.
8. Que, la adecuación o la contraposición del tipo penal previsto por el artículo 15, inciso c) de la ley 24769, con respecto a los preceptos de la Constitución Nacional, no puede fundarse, exclusivamente, como el Juzgado a quo expresó, en la simple enunciación de que la pena mínima prevista para aquel delito resultaría irrazonable, sino que aquel aserto debe constituir una derivación lógica y razonada de los principios establecidos por la Constitución Nacional y la determinación de una contrariedad categórica entre el precepto legal y la Constitución Nacional, de modo que se torne indispensable la fulminación del primero en pos del resguardo de la norma de mayor jerarquía.
9. Que, de conformidad con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 314:424), en virtud de la facultad que se otorga por el artículo 75, inciso 12) de la CN “... resulta propio del Poder Legislativo declarar la criminalidad de los actos, desincriminar otros e imponer penas (Fallos: 11:405; 191:245; 275:89), y asimismo y en su consecuencia, aumentar o disminuir la escala penal en los casos en que lo estima pertinente; de tal suerte que el único juicio que corresponde emitir a los Tribunales es el referente a la constitucionalidad de las leyes, a fin de discernir si media restricción de los principios consagrados en la Carta Fundamental; sin inmiscuirse en el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (Fallos: 257:127; 293:163; 300:642; 301:341)”.
10. Que, lo expresado por el considerando anterior es “... la derivación obligada que... (la) Corte extrae de una prudente hermenéutica constitucional de los puntos de vista material y formal del principio de legalidad. Desde el punto de vista material, el principio de legalidad establecido por el artículo 18 de la CN, al exigir que la conducta y la sanción se encuentren previstas con anterioridad al hecho por una ley en sentido estricto, pone en cabeza exclusiva del Poder Legislativo la determinación de cuáles son los intereses que deben ser protegidos mediante amenaza penal del ataque que representan determinadas acciones, y en qué medida debe expresarse esa amenaza para garantizar una protección suficiente. Ello es así porque sólo quienes están investidos de la facultad de declarar que ciertos intereses constituyen bienes jurídicos y merecen protección penal, son los legitimados para establecer el alcance de esa protección mediante la determinación abstracta de la pena que se ha considerado adecuada.... Desde el punto de vista formal, la organización del poder establecida por la Constitución ha puesto exclusivamente en cabeza del Poder Legislativo el ejercicio de esas facultades...”.
11. Que, si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha rechazado la posibilidad de introducir una cuestión constitucional cuando se imputa a la ley crueldad o desproporcionalidad respecto de la ofensa atribuida, lo cierto es que “... el juicio sobre la razonabilidad no puede fundarse exclusivamente en la comparación de las penas conminadas para las distintos delitos definidos en el catálogo penal, pues el intérprete sólo puede obtener, como resultado de la comparación, la convicción de que existe un tratamiento distinto de los bienes; pero de ningún modo decidir cuál de las dos normas de igual jerarquía legal comparadas es la que no respeta la proporcionalidad, ya que tan imperfecto método de interpretación lo llevará al dilema irresoluble de saber si una es desproporcional por exceso o si la otra lo es por defecto... la única interpretación posible es la que enjuicia la razonabilidad de la ley penal confrontándolas con las normas de jerarquía constitucional que la fundan y limitan. De la confrontación de la norma legal son sus correspondientes de la Ley Fundamental surge, pues, como criterio que permite precisar los límites a considerar ante la invocación de la falta de proporcionalidad entre la pena conminada y la ofensa cometida, el que se deriva de la propia naturaleza garantizadora del principio de la proporcionalidad de la pena, que opera únicamente para limitar los excesos del poder punitivo estatal respecto de eventuales transgresiones a las leyes, y que determina que la proporcionalidad no puede resolverse en fórmulas matemáticas, sino que exige un mínimo de razonabilidad para que la conminación penal pueda ser aceptada en un estado de derecho. En ese sentido, son incompatibles con la Constitución las penas crueles o que consistan en mortificaciones mayores que aquellas que su naturaleza impone (artículo 18 de la CN), y las que expresan una falta de correspondencia tan inconciliable entre el bien jurídico lesionado por el delito y la intensidad o extensión de la privación de bienes jurídicos del delincuente como consecuencia de la comisión de aquél, que resulta repugnante a la protección de la dignidad de la persona humana, centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales de nuestro orden constitucional...” (Fallos 314:424; el destacado es de la presente).
12. Que, en el sentido expresado por el considerando anterior, no se advierte que el monto de la pena establecida por la ley para el caso de la asociación ilícita tributaria carezca de razonabilidad. En efecto, los motivos que llevaron al legislador a disponer aquel quántum de pena no parecen arbitrarios, sino una consecuencia de la discreción legislativa cuyo ejercicio, con relación al punto que se está examinando, como regla general no corresponde a este Tribunal.
13. Que, la circunstancia señalada precedentemente se advierte con mayor nitidez aún, en atención a lo expresado por quienes suscriben este voto en numerosas oportunidades anteriores, con relación a que “... si se tiene en cuenta la naturaleza económica de los delitos que tendría como objeto la asociación ilícita, corresponde poner de resalto el perjuicio ocasionado al Fisco Nacional (que en definitiva repercute en y daña a la sociedad toda y, en especial, a los sectores más débiles, por lo menos desde el punto de vista económico, con la incidencia que esto tiene en el mantenimiento y el desarrollo de la vida misma de los integrantes de aquélla)..., por otra parte, para el examen de la magnitud del hecho ilícito que se examina no pueden dejarse de lado otras consecuencias de los hechos diferentes del resultado típico”. “... La jurisprudencia alemana sostuvo...: 'quien culpablemente ha creado una situación cargada de riesgo, en cierta medida ha abierto el portón por el cual pueden ingresar desgracias múltiples e indeterminadas, y si la desgracia ingresa, puede ser hecho responsable por ella en el ámbito de la determinación de la pena sin violación del principio de culpabilidad'...” (cfr., en lo pertinente y con independencia de la postura crítica de la autora, Ziffer, Patricia S.: op. cit. - pág. 123; el destacado es de la presente). “... Es sabido que el conflicto no se agota en el momento de la realización de la acción típica ni en el de la producción del resultado, sino que continúa su dinámica envuelto en la interacción humana. La magnitud del conflicto continúa evolucionando y, por ende, es absurdo que el juez no tome en cuenta esta realidad en el momento de cuantificar la pena...” (cfr. Zaffaroni, Eugenio R.: op. cit. - págs. 1049/1050; los destacados son de la presente).
En este contexto, las consecuencias de las conductas tipificadas por el artículo 15, inciso c) de la ley 24769, deben extenderse a los efectos que la evasión impositiva genera en la estructura social. “... Este problema (la evasión impositiva) siempre ha sido uno de los más serios y graves que se sufren en la Argentina, porque las consecuencias y los trastornos que ocasiona corroen los aspectos estructurales en los que se sustentan el funcionamiento y la vida misma de cualquier Estado democrático. Ningún país puede funcionar, mínimamente, si no cuenta con los recursos provenientes de las contribuciones que los ciudadanos y los habitantes deben hacer, de acuerdo con la capacidad contributiva de cada uno, para que el Estado pueda cumplir sus funciones” (cfr. Grabivker, Marcos A.: “Cómo poner fin a la evasión”; publicado en el diario “Clarín” - 4/5/2000 - sección “Tribuna Abierta”).
La evasión impositiva es una de las causas “... de la imposibilidad actual del Estado de ejecutar los planes de redistribución del ingreso nacional y de cumplir con sus grandes cometidos básicos en materia de seguridad, educación, justicia, defensa y salud pública...” (cfr. Chiara Díaz, Carlos A.: “Ley Penal Tributaria y Previsional 24769” - Ed. Rubinzal-Culzoni Editores - Santa Fe - 1997 - págs. 135/136; el destacado es de la presente resolución).
En consecuencia, las características económicas del delito tipificado por el artículo 15, inciso c) de la ley 24769 no deben valorarse como unas circunstancias que indiquen algún tipo de levedad en la producción de aquellas conductas sino que, por el contrario, evidencian la relevancia que el legislador ha otorgado a este presupuesto necesario para el cumplimiento de las funciones del Estado, que trasciende el mero carácter patrimonial individual por la afectación de bienes jurídicos supraindividuales.
Por lo tanto, la ponderación efectuada por el legislador del delito de asociación ilícita para la determinación de la conminación de pena que aquélla debe recibir, cuando aquélla se constituye para la comisión de hechos ilícitos tributarios, se sustenta, sin mayor hesitación, en la especial valoración del bien jurídico con relación al cual se vincula, en la especie, este tipo penal, sin que aquella fundamentación resulte irrazonable.
14) Que, al respecto, no es un índice seguro de desproporcionalidad la diferencia existente entre el mínimo de la escala penal prevista por el artículo 15, inciso c) de la ley 24769 -3 años y 6 meses de prisión- y de la prevista por el artículo 210 del CP -3 años de prisión-. Esto es así pues múltiples factores pueden incidir para que la afectación, de este modo particular, de los bienes jurídicos, sea considerada más gravosa que otras afectaciones. En este marco, se advierte una decisión dentro del marco discrecional del legislador sobre la base de razones de política criminal.
15) Que, en este contexto, no puede dejar de evidenciarse lo inadecuado de la valoración efectuada por el magistrado de la instancia anterior en cuanto se relaciona con que “... el artículo 15, inciso c) de la ley 24769... carece de la más mínima nota de razonabilidad, exigencia implícitamente reconocida en la Constitución Nacional... para cualquier acto de gobierno, que se prevea mayor penalidad para la preparación de un hecho -como es el caso de la figura penal puesta en crisis- que para las hipótesis consumadas...”, pues no puede soslayarse, en primer término, que si bien el delito de asociación ilícita puede presentarse temporalmente con anterioridad a la realización de alguno de los actos que constituyen los delitos tributarios previstos por la ley 24769, lo cierto es que no corresponde equipararlo como un simple acto preparatorio para compararlo, después, con el delito consumado, pues la asociación ilícita es, en sí misma, un delito autónomo, cuya consumación se produce con independencia -e, inclusive, sin que exista el comienzo de ejecución- de los delitos que se vinculan con los planes delictivos de aquélla.
En consecuencia, por el aserto del señor juez a quo se tergiversó la comparación de las escalas penales para un caso de dos delitos consumados -de todas maneras inadecuada por lo expresado por los considerandos anteriores del presente- apartándose la comparación entre las conminaciones de penas de un delito consumado y de un acto preparatorio, circunstancia por demás irrazonable, si se tiene en cuenta que los actos preparatorios, en nuestro sistema penal, resultan ajenos a la conminación de la pena.
16) Que, por otra parte, la pretendida fundamentación según la cual existiría una desigualdad de tratamiento legislativo, porque otros bienes de igual o mayor valor gozan de una protección penal menor que éstos, no se compadece con el alcance que el más Alto Tribunal argentino ha acordado a la garantía constitucional de igualdad (artículo 16 de la CN), ni con el concepto de bien jurídico deducible del artículo 19 de la CN, ni con el principio de división de poderes.
En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado: “... que dicha garantía consiste en aplicar la ley a todos los casos ocurrentes según sus diferencias constitutivas, de tal suerte que no es la igualdad absoluta o rígida, sino la igualdad para todos los casos idénticos, que importe la prohibición de establecer excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias (Fallos: 123:106; 180:149); pero no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que estime diferentes, en tanto aquéllas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido privilegio, sino a una objetiva razón de discriminación (Fallos: 301:381, 1094; 304:390)...” (Fallos: 314:424).
17) Que, por todo lo expresado, puede concluirse que la disposición cuestionada solamente establece una distinción objetiva, referente a hechos y no a personas, que deriva del ejercicio de las facultades que competen al Congreso de la Nación; por lo tanto, debe descartarse la pretendida irrazonabilidad y la supuesta conculcación de la garantía constitucional mencionada por el considerando anterior.
18) Que, de conformidad con lo expresado precedentemente, en el “sub lite” no resulta admisible la pretensión de que la norma en cuestión se descalifique desde el punto de vista constitucional, pues no se afectó el reconocimiento de algún derecho concreto.
19) Que, en este contexto, resulta oportuno precisar que por el artículo 316, párrafo 2, en función del artículo 317, inciso 1), ambos del CPP, se impone al juez la obligación de estimar la condena que, eventualmente, podría corresponder al imputado en la causa, al momento de examinar un pedido de excarcelación de prisión como el efectuado en favor de Alejandro Bruno.
Por lo tanto, si se tiene en cuenta la pena máxima prevista por el artículo 15, inciso c) de la ley 24769 para los supuestos de quienes participan en carácter de “integrante”, en caso de ser condenado en esta causa correspondería a Alejandro Bruno una pena privativa de la libertad cuyo monto máximo es superior a los ocho (8) años.
Asimismo, el monto mínimo de la escala penal prevista en abstracto para los delitos que se imputan es superior a tres (3) años. Esta circunstancia constituiría un obstáculo insoslayable a la procedencia de la suspensión del cumplimiento de la pena (cfr. Sala B - regs. 359/99, 694/2001 y 1303/2001, entre otros).
20) Que, si bien este Tribunal no ignora que el principio rector en esa materia es el derecho constitucional de “permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso penal”, emanado de los artículos 14, 18 y 75, inciso 22) de la CN, en concordancia con los artículos 7.5 y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que “... la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general...” (el destacado es de la presente; artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), no es menos cierto que “... también reviste ese origen... el instituto de la prisión preventiva, desde que el artículo 18 de la Carta Fundamental autoriza el arresto en virtud de orden escrita de autoridad competente... El respeto debido a la libertad individual no puede excluir el legítimo derecho de la sociedad de adoptar todas las medidas de precaución que sean necesarias no sólo para asegurar el éxito de la investigación sino también para garantizar, en casos graves, que no se siga delinquiendo y que no se frustre la ejecución de la eventual condena por incomparecencia del reo” (cfr. Fallos: 280:297); “... es doctrina del Tribunal que el derecho de gozar de libertad hasta el momento en que se dicte la sentencia de condena no constituye una salvaguardia contra el arresto, detención o prisión preventiva, medidas cautelares estas que cuentan con respaldo constitucional” (cfr. Fallos: 308:1631); “... la idea de justicia impone que el derecho de la sociedad de defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro, procurándose así conciliar el derecho del individuo a no sufrir una persecución injusta con el interés general de no facilitar la impunidad del delincuente” (cfr. Fallos: 311:652); “Los derechos y garantías individuales consagrados por la Constitución no son absolutos y su ejercicio está sometido a las leyes que los reglamentan” (cfr. Fallos: 300:642).
21) Que, en efecto, si bien por el artículo 14 de la CN se reconoce el derecho a la libertad física o ambulatoria, por aquel mismo artículo se limita el ejercicio de aquélla a las leyes que lo reglamenten, reglamentación que, a su vez, encuentra el límite en el principio de razonabilidad, también de rango constitucional.
En efecto, “La regla de razonabilidad está condensada en el artículo 28 de la CN... Fundamentalmente, la razonabilidad exige que el 'medio' escogido para alcanzar un 'fin' válido guarde proporción y aptitud suficientes con ese fin; o que haya 'razón' valedera para fundar tal o cual acto de poder... si hay razonabilidad en la limitación a un derecho no existe violación constitucional” (cfr. Bidart Campos, Germán J.: “Tratado elemental de derecho constitucional argentino” - Ed. Ediar - Buenos Aires - 1993 - T. I - págs. 362 y 364).
22) Que, en este sentido, se torna necesario recordar que mediante numerosos instrumentos internacionales que actualmente revisten jerarquía constitucional se da sustento al instituto de la prisión preventiva en plena coexistencia con el principio general aludido por el considerando anterior y a la determinación de los casos por parte del órgano legislativo.
De este modo, se ha establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), de jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22] de la CN): “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática” (artículo 32.2), “... Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas” (artículo 7.2) y “... Los procesados deben estar separados de los condenados...” (artículo 5.2) -los destacados son de la presente-.
En sentido similar: “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes...” (artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre); “.... Nadie podrá ser privado de la libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...” (artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); “... La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general...” (artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); y, “... Los procesados estarán separados de los condenados...” (artículo 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) -los destacados son de la presente-.
En consecuencia, la circunstancia de que las reglas en materia de encarcelamiento preventivo se conformen con presunciones “iure et de iure” no sólo no resulta, per se, contraria a norma constitucional alguna, sino que, de manera opuesta, el establecimiento de aquellos casos por medio de una ley constituye el cumplimiento de los mandatos constitucionales mencionados precedentemente y emanados de los tratados internacionales de jerarquía constitucional.
23) Que, sumado a lo expresado, debe profundizarse la cuestión planteada por medio del examen completo de lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En este sentido, resulta oportuno recordar que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación ha establecido: “... la jurisprudencia de los Tribunales internacionales competentes para la interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana” (Fallos: 318:514).
24) Que, de esta manera, no puede soslayarse que por el informe 2/1997 de la Comisión Interamerican de Derechos Humanos se expresó: “... las autoridades judiciales nacionales deben justificar la medida mencionada (prisión preventiva) de acuerdo a alguno de los criterios establecidos por la Comisión...” (el destacado es de la presente). Seguidamente, se mencionaron aquellos casos que, a criterio de aquella comisión, resultan justificaciones (relevantes y suficientes, por las cuales se evidenciaría una necesidad genuina de la detención preventiva), entre las cuales se encuentra la “Presunción de que el acusado ha cometido un delito” la cual “... no sólo es un elemento importante, sino una condición sine qua non...” con respecto a la cual se aclaró: “No obstante, la sola sospecha resulta insuficiente para justificar la continuación de la privación de la libertad. Los magistrados actuantes deben producir otros elementos para otorgar validez a la detención luego de transcurrido un cierto tiempo” (los destacados son de la presente).
En consecuencia, la argumentación referente a que este principio no puede constituir un fundamento suficiente de la denegación del beneficio de la exención de prisión y, en su caso, de la imposición de la prisión preventiva, debe desecharse.
25) Que, asimismo, por el informe mencionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se señaló, como segunda justificación, al “Peligro de fuga”, expresándose: “La seriedad y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia. Sin embargo, tampoco resultan suficientes, luego de transcurrido cierto plazo, para justificar la continuación de la prisión preventiva...” (el destacado es de la presente).
Por lo tanto, aquellas circunstancias resultan suficientes para denegar la exención de prisión y, eventualmente, disponer la prisión preventiva, mas aquella suficiencia cesa después de transcurrido cierto plazo, pues “... el peligro de... fuga disminuye a medida que aumenta la duración de la detención, ya que este plazo será computado a efectos del cumplimiento de la pena aplicada en la sentencia”. Es en este contexto en el cual debe interpretarse el párrafo 30 de aquel informe, en cuanto se expresa: “... si los magistrados que entienden en la causa no tienen la posibilidad de demostrar que existe suficiente evidencia de una eventual intención de fuga u ocultamiento, la prisión preventiva se vuelve injustificada...”, párrafo por el cual se hace referencia a la continuación de la medida cautelar, una vez que después de transcurrido cierto plazo disminuye el peligro de fuga legítimamente fundado en la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena que pudiera corresponder al imputado.
En sentido similar se había pronunciado la misma Comisión por el informe 12/1996, en cuanto se otorgó validez a estos criterios para la imposición de la prisión preventiva y se criticó a la prolongación temporal de aquella medida cautelar (circunstancia que no se advierte en este caso): “Tanto el argumento de seriedad de la infracción como el de severidad de la pena pueden, en principio, ser tomados en consideración cuando se analiza el riesgo de evasión del detenido... sin embargo... su utilización para justificar una prolongada prisión... tiene el efecto de desvirtuar la finalidad de la medida cautelar...” y “... la expectativa de una pena severa, transcurrido un plazo prolongado de detención, es un criterio insuficiente...” -los destacados son de la presente-.
En consecuencia, desconocer las circunstancias expresadas por los párrafos anteriores implicaría desoír a uno de los más importantes organismos con capacidad de interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos, parcializando arbitrariamente las conclusiones de aquella Comisión.
26) Que, en suma, si se tiene en cuenta que el establecimiento, mediante una ley del Congreso, de los casos en los cuales la prisión preventiva procede, proviene de un mandato constitucional, y que los criterios de los parámetros utilizados por los artículos 316 y 317 se encuentran expresamente aceptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la aplicación de la prisión preventiva, se advierte que la consideración de aquellas normas como presunciones “iure et de iure” no se contradice con la Ley Suprema argentina.
27) Que, por el contrario, como se expresó por los considerandos anteriores, por el artículo 32.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos se previó que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.
Aunque resulte obvio, no está de más expresar que esta norma reviste, por lo menos, igual entidad y jerarquía que el artículo 7.5 de la misma Convención.
28) Que, en principio, no puede soslayarse que con el menoscabo del derecho de la comunidad a que un hecho ilícito grave de naturaleza penal no quede sin castigo, se transgrede seriamente la garantía establecida por el artículo 32.2 citado.
29) Que, consecuentemente, ningún obstáculo existe para considerar que las previsiones de los artículos 316 y 317 del CPP también deben ser considerados reglamentarios de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero del artículo 32.2 de ésta.
Por lo tanto, dada la gravedad de las conductas abarcadas por los artículos 316 y 317, en función del artículo 15, inciso c) de la ley 24769 -en este caso-, las exclusiones a los beneficios de la normativa sólo pueden ser entendidas como una reglamentación razonable y adecuada en defensa de los derechos de los demás, del bien común y del derecho a la seguridad, en los términos del artículo 32.2 citado.
30) Que, en este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante el pronunciamiento de Fallos: 321:3630, expresó: “... la potestad legislativa para, con amplia latitud, ordenar y agrupar, distinguiendo y clasificando los objetos de la legislación (Fallos: 238:60; 251:53)... y establecen así regímenes excarcelatorios diversos, sólo encuentra justificación en tanto esté orientada a que la prisión preventiva -como medida de corrección procesal- conserva su fundamento de evitar que se frustre la justicia (Fallos: 8:291)... esto es que

el imputado eluda su acción o entorpezca las investigaciones”
... en este contexto, el legislador nacional, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 75, inciso 30) de la CN, estableció un régimen general que regula la libertad durante el proceso y que, en lo que aquí concierne, contempla como supuestos de excarcelación aquellos en los que pudiere corresponderle al imputado un máximo no superior a los 8 años de pena privativa de la libertad y también en los que, no obstante ello, el juez estimare prima facie que procederá condena de ejecución condicional... La restricción de la libertad se funda en ambos casos en la posibilidad de que el imputado eluda la acción de la justicia en las primeras etapas de la investigación”
... el criterio utilizado por el legislador para establecer esa presunción se vincula con el monto máximo de la pena considerada en abstracto que fijó para que los distintos delitos enumerados en el Código Penal en ejercicio de la prerrogativa que le otorga el artículo 75, inciso 12) de la CN, para declarar la criminalidad de los actos, desincriminar otros e imponer penas” (Fallos: 11:405; 191:245, 275:89)... y, asimismo y en consecuencia, aumentar o disminuir la escala penal en los casos en que lo estime pertinente”
... en este sentido, el Tribunal ya señaló que la potestad legislativa consagrada en el citado inciso 12) es la realización de la exigencia material del principio de legalidad establecido por el artículo 18 de la CN, en cuanto pone en cabeza exclusiva del Poder Legislativo la determinación de cuáles son los intereses que deben ser protegidos mediante amenaza penal... Y en qué medida debe expresarse esa amenaza para garantizar una protección suficiente...”
31) Que, en el caso en que pudiera corresponder al imputado un máximo superior a los ocho años de pena privativa de la libertad, y en la hipótesis en que el juez estimara prima facie que no será procedente la aplicación de una condena de ejecución condicional (artículo 317, inciso 1] en función del artículo 316, párrafo 2 del CPP), por la ley procesal no se impone al magistrado la tarea de evaluar una eventual elusión de la acción de la justicia por el imputado; por el contrario, por aquellas disposiciones legales se parte de una presunción del legislador que se encuentra ínsita en aquellas normas, vinculadas con que el imputado, en las hipótesis mencionadas, no se someterá a la acción de la justicia por la gravedad de la condena que se pronostica, en función del hecho o hechos ilícitos que se atribuyen a aquél en el proceso.
Si bien esto conduce a que el delito que se imputa al procesado no sea excarcelable, el derecho a gozar de libertad hasta el momento en que se dicte la sentencia de condena no constituye una salvaguarda contra el arresto, detención o prisión preventiva, medidas cautelares estas que cuentan con respaldo constitucional, pues la idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso (cfr. Sala B - regs. 489/97, 839/97, 359/99 y 1303/2001, entre otros).
32) Que, la pretensión de obtener la exención de prisión de Alejandro Bruno, inclusive en la hipótesis (que se verifica en este caso específico) en la cual podría corresponder al imputado una pena privativa de la libertad cuyo monto máximo es superior a los ocho (8) años y en la cual no resultaría procedente la condena de ejecución condicional, no puede prosperar.
En efecto, este Tribunal ha establecido, en numerosos casos anteriores: “... en atención a lo que se prescribe por el artículo 26 del CP, y por los artículos 316, párrafo 2 y 317 del CPP (a 'contrario sensu'), queda claro que en los casos como el que se examina, en los que el imputado se enfrenta a la eventualidad de ser condenado a una pena mínima privativa de la libertad de cuatro años (cfr. artículo 867 del CAd.), se advierte una presunción del legislador, que se encuentra ínsita en las disposiciones legales mencionadas, en cuanto a la sustracción a las órdenes del Tribunal en que incurriría el imputado si recuperase su libertad, como consecuencia de la gravedad de la posible sanción que se imponga en la causa.
Por ende... no resulta necesario considerar la aplicación del artículo 319 del CPP” -el destacado es de la presente- (cfr. Sala B - regs. 994/98 y 1360/01).
33) Que, en el sentido expresado por el considerando anterior, se ha destacado: “Se concede la libertad caucionada cuando la pena en juego no supera los ocho años o cuando supera ese monto si es posible condenar condicionalmente (artículo 26, CP). Y, a partir de esos datos normativos sabemos cuándo no es procedente el beneficio excarcelatorio...”; “... es facultad del Estado establecer cuáles circunstancias hacen presumir que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia. Esas circunstancias son delimitadas por las leyes procesales...” (cfr. Pessoa, Nelson R.: “Fundamentos constitucionales de la exención de prisión y de la excarcelación” - Ed. Hammurabi - 1992 - págs. 149 y 157); “... la ley procesal regula otro aspecto vinculado con el expuesto, cual es el de asegurar el cumplimiento efectivo de la pena, fijando por ello límites a aquella libertad, conciliando así el derecho del individuo a no sufrir persecución injusta con el interés general de no facilitar la impunidad del delincuente, sea prohibiendo directamente en unos casos su otorgamiento, sea condicionándolo en otros a la concurrencia de determinadas circunstancias (Fallos: 280:297), de cuya consideración no deben prescindir los jueces”; “... si el hecho no admitiere la posibilidad de ejecutar en suspenso la pena a imponer, no puede acudirse a la valoración acerca de que el imputado no eludirá la acción de la justicia para su soltura ('mutatis mutandi', TOC - Nº 3 - causa 132 - 'Budini, A. A.' - 18/4/1995, respecto de un imputado de robo con armas cuyo deficitario estado de salud fue motivo de aquella valoración; se revocó de oficio la excarcelación, por ser 'contra legem'...”) (cfr. Navarro, Guillermo R. - Daray, Roberto R.: “Código Procesal Penal de la Nación” - Ed. Pensamiento Jurídico - 1996 - T. I - págs. 656 y 663); “Un último criterio de carácter eminentemente subjetivo para limitar la procedencia de la excarcelación, es el que se refiere a la sospecha del Tribunal acerca de que el imputado en libertad eludirá la acción de la justicia o perturbará de alguna manera las investigaciones que aún deben practicarse. Evidentemente, estas circunstancias quedan a la valoración exclusiva del juez de instrucción, siempre dentro de los límites objetivos antes enunciados”; “Funciona independientemente de las limitaciones anteriores, pero las integra, penetrando en lo que ellas han dejado como saldo para la procedencia de la libertad caucionada.

Lo que la ley no ha preestablecido como límites rígidos, es dejado al arbitrio del juez...” (cfr. Clariá Olmedo, Jorge A.: “Tratado de derecho procesal penal” - Ed. Ediar - 1996 - T. V - pág. 328); “... el Código Procesal Penal determina en qué hipótesis habrá riesgos para los fines del proceso, a la vez que regula las medidas coercitivas enderezadas a neutralizarlas. Estas medidas tienen diferente intensidad, proporcionales (en principio) a la gravedad del peligro. Para su imposición se consultan tanto pautas objetivas (vinculadas a la gravedad de la posible pena a imponer y a las modalidades de su ejecución) como subjetivas (relacionadas a la personalidad del imputado)...”; “... si la pena máxima prevista para el delito que se le atribuye es superior al límite legal y no aparece procedente la condena condicional (artículo 26, CP), el encarcelamiento durante el proceso resulta imperativo, pues se presume 'iuris et de iure' en tal supuesto que el imputado intentará eludir la acción de la justicia. Conforme a este criterio se dispone directamente su detención... y se le niega su exención de prisión y excarcelación (artículos 316 y 317, 'a contrario sensu')” (cfr. Cafferata Nores, José I.: “Medidas de coerción en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación” - Ed. Depalma - 1992 - págs. 15 y 16); “La ley procesal parte de una presunción del legislador, tomando en cuenta el máximo de la pena que podría corresponderle al imputado, presume que después de un cierto límite -ocho años en el caso que nos ocupa-, aquél no se someterá a la acción de la justicia...” (cfr. Ábalos, Raúl W.: “Código Procesal Penal de la Nación” - Ediciones Jurídicas Cuyo - 1994 - pág. 723); “El encuadre jurídico del suceso -calificación penal del hecho- resulta imprescindible porque tanto la escala penal aplicable en abstracto como la posible modalidad de ejecución condicional de la pena subordinan su procedencia...” (cfr. D'Álbora, Francisco J.: “Código Procesal Penal de la Nación” - Ed. Abeledo-Perrot - 1993 - pág. 308) -los destacados son de la presente-.
34) Que, las expresiones formuladas por los considerandos anteriores no constituyen meras afirmaciones subjetivas genéricas y abstractas, carentes de todo sustento fáctico. Todo lo contrario: lo establecido por los considerandos anteriores se basa en el examen de los hechos imputados, en la tipificación legal aplicable al caso, en la manda constitucional expresa relativa a que los casos en los cuales se debe aplicar la prisión preventiva deben ser expresamente señalados por el Poder Legislativo (artículos 18, CN; 5.2 y 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9.1, 9.3 y 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), y en las previsiones dispuestas por el Congreso de la Nación al sancionar el Código Procesal Penal de la Nación.
35) Que, en efecto, una interpretación integral y conjunta de los textos legales por los cuales se rigen las cuestiones vinculadas a la libertad personal en el proceso que, manteniendo a todas con valor y sentido práctico, resulta respetuosa del estado jurídico de inocencia (artículo 1 del CPP) y del mandato de interpretar restrictivamente toda disposición legal por la cual se coarte aquella libertad (artículo 2 del CPP), indica al supuesto contemplado por los artículos 316, párrafo 2 y 317, inciso 1) del CPP como una de las excepcionales situaciones en las cuales, por expresa previsión legal, podrá restringirse, con carácter cautelar, la libertad de la cual se trata en el curso de un proceso penal (artículo 280 del CPP).
Si, con prescindencia de la calificación legal del hecho atribuido, la posibilidad de que el imputado intente eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones fuera el principio limitativo sustancial de la restricción de la libertad personal a modo de cautela durante el proceso, así lo hubiera dispuesto el legislador de manera expresa, sin necesidad de efectuar, previamente, las enunciaciones de los artículos 316 y 317 del CPP.
En consecuencia, por el artículo 319 del CPP se establece un supuesto de excepción al principio general de la limitación a la restricción de la libertad personal durante el proceso, de aplicación a los casos en los cuales, por estimarse posible que se constituya alguna de las situaciones establecidas por la norma, pese a la calificación legal del hecho o a la situación procesal del imputado, la excarcelación o la exención de prisión no resultan viables.
De esta manera, sólo puede interpretarse lo previsto por el artículo 319 del CPP como un supuesto de excepción para los casos en los cuales la excarcelación o la exención de prisión podrían resultar objetivamente viables, y no a la inversa, como una regla para dejar sin sentido la disposición legal con arreglo a la cual no se permite la libertad personal, durante el proceso, en los casos de los artículos 316, párrafo 2 y 317, inciso 1) del CPP.
En este sentido, el Más Alto Tribunal argentino expresó: “... el artículo 316 del CPP, por remisión del artículo 317, conforme al cual la excarcelación puede concederse cuando pudiere corresponderle al imputado un máximo no superior a los ocho años... salvo que se estime prima facie que procederá condena de ejecución condicional... Por otra parte, no resulta de aplicación al caso el artículo 319 del ordenamiento adjetivo, el cual tolera la denegación de la excarcelación en los casos en que es procedente mas no excluye la estimación de posibilidad de condena de ejecución condicional que para los casos de delitos reprimidos con pena privativa de la libertad de máximo superior a ocho años prescribe el artículo 316...” (cfr. Fallos: 322:1605; el destacado es de la presente).
36) Que, en efecto, si se aceptara una interpretación contraria a la expresada precedentemente, las previsiones de los artículos 316 y 317, inciso 1) del CPP, carecerían de operatividad, y la sanción de estas normas hubiera sido totalmente innecesaria. En efecto, esto es así pues corresponde concluir, sin mayor esfuerzo, que si en los casos en los cuales pudiera corresponder al imputado un monto máximo de pena no superior a ocho años de pena privativa de la libertad, en los casos en los cuales no obstante esto se estimara que procederá condena de ejecución condicional y en los casos en los cuales a pesar de que pudiera corresponder al imputado un monto de pena máximo superior a los ocho años de pena privativa de la libertad se estimara que no procederá una condena de ejecución condicional, deben aplicarse las pautas del artículo 319 del CPP, esto significaría que el artículo 319 debería aplicarse en todos los casos, sin importar si las circunstancias previstas por el artículo 316 del CPP se encontraran reunidas, o no. Por lo tanto, el único parámetro útil para decidir si corresponde otorgar la excarcelación estaría dado por el artículo 319 del CPP. De este modo, las previsiones del artículo 316 del Código de rito estarían convertidas en letra muerta.
Esto implicaría que bastarían sobradamente las disposiciones contenidas por los artículos 280 y 319 del CPP, lo cual supondría una inconsecuencia o falta de previsión por parte del legislador, al emitir normas en exceso y contradictorias, suposición que, en principio, no corresponde al intérprete (cfr. Fallos: 278:62, 289:200; 297:142; 300:1680; 301:460 y 308:283).
37) Que, por el contrario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que las leyes deben interpretarse y aplicarse buscando la armonización entre éstas y teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan (Fallos: 301:1149, entre muchos otros), de modo que no entren en pugna unas con otras y no se destruyan entre sí (Fallos: 307:518), por lo cual debe adoptarse el sentido que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 314:458).
Asimismo, la interpretación y la aplicación deben tender a la validez constitucional de las disposiciones, pues la declaración de inconstitucionalidad de alguna de éstas es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas gozan de una presunción de legitimidad que, en principio, opera plenamente, y que obliga a ejercer aquella extrema atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta.
De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de aquéllos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que se exige para el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto por las normas constitucionales y por el poder encargado de dictar la ley (Fallos: 226:688; 247:73; 285:369; 300:241 y 1087; 314:424, entre muchos otros).
38) Que, además, las conclusiones expresadas precedentemente se refuerzan si se advierte que la utilización del criterio objetivo vinculado a la posibilidad de aplicación de una condena de ejecución condicional es, evidentemente, un parámetro primario que ha sido ponderado por el legislador para decidir sobre numerosas cuestiones atinentes a la libertad de las personas durante la sustanciación de la investigación. De esta manera, se advierte que el criterio consistente en la correspondencia, o no, de una condena de ejecución condicional, ha sido el criterio establecido por el artículo 312, incisos 1) y 2) del CPP, para el dictado de la prisión preventiva al momento de ordenar el procesamiento del imputado, también receptado, mutatis mutandi, como criterio para determinar la comparecencia del imputado por medio de citación o librar orden de detención para recibir declaración indagatoria al imputado, de conformidad con lo previsto por los artículos 282 y 283 del CPP.
Por estas circunstancias, se advierte el establecimiento de un verdadero sistema con base en aquel criterio -la procedencia o improcedencia de la condena de ejecución condicional en el caso concreto-, cuya desarticulación -en cuanto no se opone a normas de mayor jerarquía- implicaría atribuir a los jueces la facultad de dictar leyes, función que sólo corresponde al Poder Legislativo.
39) Que, en suma, en los casos en los cuales la amenaza de pena resulta considerable como sucede en el presente -circunstancia sobre la cual recae la evaluación del magistrado por medio de la valoración de las circunstancias de la causa-, el legislador mismo es quien ha plasmado un juicio general de aplicación a la totalidad de las personas imputadas de un delito, sin hacer distinciones de edad, económicas, de nacionalidad, residencia o de cualquier otra índole; circunstancia que, precisamente, constituye el fundamento de las previsiones normativas aplicables al caso.
40) Que, en efecto, en atención al indiscutible valor que la libertad física tiene, en razón de ser “... la forma de libertad imprescindible para que la mayoría de las demás libertades pueda funcionar...” (cfr. Bidart Campos, Germán: “Derecho constitucional” - Ed. Ediar - pág. 505), la presunción “juris et de iure” que se realiza por la ley en cuanto a que, ante el riesgo cierto de perder aquella libertad el imputado esté dispuesto a “pagar cualquier precio” y, en consecuencia, a alejarse de los elementos que fundamentan su arraigo (familia, bienes, ocupación, valores morales) dando “... rienda al impulso de evitar consecuencias perjudiciales mediante el lamentable y engañoso recurso de la huida...” (cfr. CApel. CC - Sala V - “Cabello, Sebastián” - 27/9/1999; LL - 2000 - T. A - pág. 448), no es lógicamente desacertada ni está reñida con los principios básicos del sentido común.
41) Que, por otra parte, no puede soslayarse que por el artículo 280 del CPP se prevé: “La libertad personal sólo podrá ser restringida, de acuerdo con las disposiciones de este Código, en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley...”.
Por lo tanto, dado que no existe duda alguna en cuanto a que los artículos 312, 316 y 317 forman parte de las disposiciones de aquel Código y si se tiene en cuenta que la sanción legislativa y la promulgación de aquellos artículos se fundan en el aseguramiento de la aplicación de la ley, pues se pretende evitar que el imputado eluda la acción de la justicia, se advierte que el planteo de una presunta contradicción entre las normas señaladas por este párrafo con la citada por el párrafo anterior no se ajusta a una interpretación concreta del derecho, ni a los pronunciamientos que el más Alto Tribunal argentino ha dictado con relación a las normas citadas y a la inaplicabilidad a estos casos de las previsiones del artículo 319 del CPP (Fallos: 322:1605).
42) Que, sumado a lo expresado y en atención a las pautas de mensura establecidas por el artículo 319 del CPP, “... La personalidad entra en consideración para establecer los motivos relacionados con la graduación del ilícito, para lo cual se deben invertir las reglas de la justificación, y formular la regla de que el ilícito es tanto más grave cuanto más desproporcionada sea la relación entre los intereses perseguidos por el autor y el rango del bien jurídico atacado por él...” (cfr. Ziffer, Patricia S.: op. cit. - pág. 137; el destacado es de la presente).
En el “sub examine”, aquella desproporción se manifiesta al comparar el motivo de lucro económico que habría motivado las conductas investigadas con la jerarquía constitucional del bien jurídico primordialmente protegido por la ley 24769. En efecto, por el artículo 4 de la CN se establece: “El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con... las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso general...”.
43) Que, en el mismo sentido, cabe recordar que en la comisión de los hechos investigados en la presente causa habrían intervenido numerosas personas y que por “... regla general, el delito cometido por varios intervinientes revelará un ilícito más grave, en tanto representa un aumento del poder ofensivo...” (cfr. Ziffer, Patricia S.: op. cit. - pág. 132; el destacado es de la presente resolución).
44) Que, por otra parte, el señor juez de Cámara, Dr. Roberto Enrique Hornos, ha expresado en ocasiones similares a la del “sub examine” -con relación a la asociación ilícita prevista por el artículo 210, párrafo 2 del CP- (expresión que se comparte por la presente), que el delito que se imputa a Alejandro Bruno ha sido considerado “... especialmente grave...” por el legislador mediante la ley 25815 (cfr. Sala B - regs. 58/06 y 59/06).
Las normas mencionadas han sido sancionadas y promulgadas por los poderes políticos bastante recientemente (BO - 1/12/2003).
En consecuencia, la política criminal aplicable al caso que se está resolviendo es reciente y sólo puede interpretarse que ha sido establecida (por los poderes políticos, cabe reiterar), de manera absolutamente armoniosa y concordante con la normativa constitucional que se ha mencionado por los considerandos de este voto.
45) Que, por todas las razones expresadas, y en atención a lo que se prescribe por los artículos 26 del CP; 15, inciso c) de la ley 24769; 316, párrafo 2 y 319 del CPP, la resolución apelada no es ajustada a derecho.
El Dr. Hornos expresó:
1) Que, vienen estos autos a conocimiento de esta Sala con motivo del recurso de apelación interpuesto por el señor fiscal de la instancia anterior contra la resolución de fs. 4/8, por la cual el Tribunal de la instancia anterior declaró la inconstitucionalidad del artículo 15, inciso c) de la ley 24769, calificó el hecho imputado a Alejandro Bruno como artículo 210, párrafo 1 del CP y concedió al nombrado la exención de prisión.
2) Que, del escrito de fs. 1/1 vta. de este incidente queda claro que lo específicamente solicitado en favor de Alejandro Bruno fue la concesión de la exención de prisión bajo caución juratoria.

En consecuencia, el señor juez de la instancia anterior ha resuelto en esta incidencia más allá de lo peticionado ('ultra petita'), sin pronunciarse específicamente en relación a lo solicitado por la parte” (cfr. voto del suscripto en Sala B - regs. 1149/00, 349/02, 671/03, 37/04, entre otros).


3) Que, en estas condiciones, la decisión recurrida padece de un defecto de fundamentación que resiente la derivación lógica del fallo, por resultar la motivación expuesta sólo aparente en relación a lo peticionado expresamente, con relación a lo cual el Tribunal a quo no se ha pronunciado concretamente, por lo cual se inobserva el mandato del artículo 123 del CPP que exige que este tipo de autos sean motivados bajo pena de nulidad.
Por ello, entiendo que debe declararse la nulidad de la resolución recurrida y de todo cuanto resulte su consecuencia (artículos 123, 166, 167, inciso 2]; 168, párrafo 2 y 172 del CPP).
Por ello, por mayoría,
SE RESUELVE:
I. Revocar la resolución de fs. 4/8 de este incidente en todo cuanto fue materia de recurso.
II. Sin costas (artículos 530, 531 y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Carlos A. Pizzatelli - Marcos A. Grabivker - Roberto E. Hornos


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