Camara nacional de apelaciones en lo contencioso administrativo



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CAMARA NACIONAL DE APELACIONES

EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA IV
AUTOS: CLADD INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA S.A. C/ DGI

APELACION

FECHA: 23/05/2002
PROCEDIMIENTO. ANULACION DIFERIMIENTO DE IMPUESTO.

Cladd Industria Textil Argentina S.A. (TF 18.810-I) contra D.G.I.”


Buenos Aires, 23 de mayo de 2002.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: “Cladd Industria Textil Argentina S.A. (TE 17.810-I) contra D.G,I”, venidos en recurso del. Tribunal Fiscal;
Y CONSIDERANDO:

I. Que el organismo jurisdiccional rechazó, con costas, a fs. 109/115 la excepción de incompetencia. planteada por el Fisco Nacional y declaró que el caso había devenido abstracto, imponiendo las costas en el órden causado. Para así resolver sostuvo el a quo - remitiéndose a la decisión adoptada en una causa análoga que la competencia de ese tribunal en lo que respecta a la determinación de tributos no está restringida a la apelación de aquellas resoluciones de la Dirección que cuestionan la determinación que de la obligación tributaria ha hecho el responsable impugnando la declaración jurada presentada, o cuando ésta no existe, de aquellas resoluciones que la establecen, sin poder entrar a considerar aquellas decisiones en las que se cuestionan declaraciones juradas donde la impugnación no se refiere a la determinación del impuesto en si, sino a aspectos posteriores, tales como los medios empleados para su cancelación.

En cuanto al fondo se sostuvo que, habiéndose acordado un nuevo plazo para encauzar reglamentariamente el sistema de garantías para los diferimientos impositivos que ha sido empleado por la apelante para efectuar la presentación cuya copia obra agregada a estos autos, el presente caso devino abstracto.

II. Que a fs. 118 y 121/122 la contadora Silvia Daneri, en representación de la actora dedujo y fundó su recurso de apelación ante esta Cámara, agraviándose de la imposición de costas en el orden causado, por entender que ellas debieron aplicarse al Fisco Nacional.

III Que a fs. 126 y 128/132 la representación fiscal apeló y expresó agravios contra el pronunciamiento de fs. 109/115. Sostiene que la resolución apelada en autos no encuadra en los términos del artículo 159 de la ley 11.683, t.o en 1998, por lo que resulta ajena a la esfera de asuntos respecto de los cuales el Tribunal Fiscal puede ejercer su competencia.

IV. Que a fs. 134/136vta y 143/146vta. obran agregados los escritos de contestación de agravios presentados la representación fiscal y la contadora Silvia Daneri respectivamente.

V. Que en primer término cabe consignar que el recurso de fs. 118 fue interpuesto por la contadora Silvia Daneri en representación de la actora, contando en la expresión de agravios con el patrocinio letrado del Dr. Esteban Laspina.

La contestación de agravio de fs. 143/146 vta. fue suscripta por los mismos profesionales invocando igual representación.

VI. Que en el articulo lº de la ley 10.996 que regula el ejercicio de la procuración ente los tribunales nacionales, se dispone que “la representación en Juicio ante los tribunales de cualquier fuero en la Capital de la República y territorios nacionales, así como ante la justicia federal de las provincias sólo podrá ser ejercida : lº) por los abogados con título expedido por la universidad nacional: 2º) por los procuradores inscriptos en la matrícula correspondiente; 3º) por los escribanos nacionales que no ejerzan la profesión de tales y 4º) los que ejerzan una representación legal.

En su calidad de contadora pública nacional la señora Silvia Daneri no estaba habilitada para .representar a la actora en juicio, de conformidad con la norma transcripta precedentemente, debiéndose destacar que el letrado patrocinante que suscribe la expresión de agravios, Dr. Esteban Laspina no tiene poder de la recurrente para actuar en autos.

VII. Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que según se desprende de los términos del Formulario F 3 agregado a fs. 2 de autos, la citada contadora no contaba tampoco con

Poder suficiente para actuar ante esta Cámara. Los poderes agregados sólo la habilitaban para hacerlo ante los estrados del Tribunal Fiscal de la Nación.

Por ello, de conformidad con lo resuelto en la causa “Comasider S.A.” (TF 13717-I) c/ DGI.” el 15 de marzo de1996, entre otras, corresponde declarar desierto el recurso de apelación deducido a fs. 118 y por no contestados los agravios de la representación fiscal.

VII Que corresponde entonces entrar a la consideración de la cuestión de incompetencia del Tribunal Fiscal planteada en autos, respecto de la apelación deducida contra la resolución de fecha 20 de septiembre de 1999 dictada por la Jefa de la Agencia Nº 15 de la A.F.I.P.-D.G.I. por la que se le comunica a la recurrente la anulación de1 beneficio de diferimiento de impuestos correspondiente al anticipo 3º del año 1998 del impuesto a las ganancias, por la suma total de $ 36.637,01, por lo que se la intimó el ingreso del tributo correspondiente con más sus accesorios, bajo apercibimiento de gestionar su cobro por via judicial.

VII. Que en el artículo 159 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones) se dispone que el Tribunal Fiscal será competente para conocer de los recursos de apelación contra las resoluciones de la administración General de Ingresos Públicos. que determinen tributos y sus accesorios en forma cierta o presuntiva o ajusten quebrantos, que impongan multas o sanciones de otro tipo salvo las de arresto, o que denieguen reclamaciones de repetición de impuestos; de las demandas directas de repetición que se entablen ante ese Tribunal; de los recursos por retardo en la resolución de las causas radicadas ante la Administración General de Ingresos Públicos y del recurso de amparo a que se refieren los artículos 182 y 183 de la misma ley.

VIII Que de la simple lectura de la nota apelada en autos se infiere que en ella no se determinan impuestos en forma cierta o presuntíva, ni se ajustan quebrantos, ni se imponen multas, ni está encuadrada en alguno de los demás supuestos previstos por el artículo 159 de la ley 11.683 antes citado, sino que por ese medio la administración al considerar que el contribuyente no había dado cumplimiento a lo dispuesto por la resolución general Nº 3.879, le comunicaba que el impuesto que intentó diferir no encuadraba en la franquicia allí acordada, limitándose a intimar el ingreso de la suma declarada por el propio contribuyente.

IX Que tampoco pueden ser encuadrada en el concepto de “sanciones de otro tipo”, pues el rechazo de una solicitud de diferimiento de pago no tiende a reprimir la violación de disposiciones legales, pauta ésta que consideró la Corte Suprema para determinar la naturaleza penal de multas creadas por normas de derecho público, administrativo, financiero, etc, (Fallos 247:225, consid. 13), ni torna más grave la situación originaria del contribuyente quien debe cumplir con sus obligaciones tributarías como si no hubiera existido respecto de él la posibilidad de diferir su pago.

X. Que en tales condiciones, el Tribunal Fiscal es incompetente para entender en la cuestión debatida en autos, debiéndose dejar sentado además, que la competencia del citado

organismo no alcanza a cua1quier cuestión relacionada con la materia tributaría o aduanera por mas compleja que ésta resulte, sino exclusivamente a aquéllas que resulten del texto de la ley de su creación.

XI. Que en igual sentido se expidió esta Sala al resolver el 28 de mayo da 1999 la causa

”Juan Bracho García e Hijos. S.A.C.I.”, entre muchas otras.

XII. Que si bien la actividad del Tribunal Fiscal es de naturaleza jurisdiccional, no deja por ello de ser un organismo administrativo respecto del cual resultan aplicables,

supletoriamente, las disposiciones de la ley 19.549 y su decreto reglamentario. Con tal premisa ha de recordarse que, conforme a lo previsto en el artículo 5º de la ley mencionada,

ante la declaración de incompetencia de un organismo administrativo, éste deberá remitir las actuaciones al que reputare competente (confr. sentencias de esta Sala in re:

“Giocattoli S.A. del 28-12-1992”, y “Egese Logística y Tercerización S.R.L.“el 6 de Julio de 1999, entre muchas otras).

XIII. Que dicha competencia viene atribuida por el decreto reglamentario de la ley 11.683, en ausencia de otra procedimiento recursivo especial, al Director General de conformidad con lo establecido en el artículo 74.

Por todo lo expuesto, se declara desierto el recurso de apelación deducido a fs. 118 y se revoca la sentencia apelada en cuanto en ella se declara la competencia del Tribunal Fiscal para entender en los presentes autos, los que deberán ser oportunamente remitidos a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que se les imprima el trámite previsto en el artículo 74 del decreto reglamentario de la ley 11.683. Costas a la vencida (art. 68 del C.P.C.C.)

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Guillermo Pablo Galli, Alejandro J. Uslenghi ,María Jeanneret de Pérez Cortés (En disidencia parcial)

La doctora María Jeanneret de Pérez Cortés dijo:

I. Que sin desconocer que existen defectos cuanto a la representación invocada en autos en las presentaciones de fs. 121/122 y l43/146vta., considero que debe acordarse a la parte actora un plaza para que ratifique lo actuado.

Se toma en cuenta para ello que:

A) La contadora Silvia Daneri podía ejercer válidamente la representación de la actora ante el Tribunal Fiscal de la Nación (confr: fs. 2).

B) Si bien tanta el escrito de expresión de agravios como su contestación están dirigidos a un tribunal judicial, su presentación y trámite se efectuó en otro que no posee esa naturaleza.

C) El defecto no motivó la oposición o el cuestionamiento por la representación fiscal.

D)Conforme al artículo 34, inciso 5º del Código Procesal Civil y Comercial incumbe a los jueces “dirigir el procedimiento” y, a tal efecto y por aplicación del principio de saneamiento o expurgación, están facultados para adoptar todas aquellas medidas tendientes a evitar nulidades y a subsanar los defectos y omisiones que pudiesen entorpecer la marcha del proceso; en el caso, el ajuste de la representación a las normas vigentes.

(confr. Palacio, lino E. “Derecho Procesal Civil”, tomo II, Bs, As.,1990, ed. Abeledo-Perrot, pág. 219, pto. 2º).

E) Asimismo, en una situación que guarda analogía con la planteada, el legislador ha previsto que, opuesta la excepción de falta de personería, se fijará el plazo dentro del cual deberán subsanarse los defectos (confr. art. 354, inciso cuarto, del código procesal).

F) la solución propuesta en el mismo sentido es la que mejor se compadece con el criterio restrictivo con que deben ser interpretadas y hechas efectivas las sanciones fundadas en defectos de forma cuando puedan traer como consecuencia la afectación del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional).

Por las tazones expuestas, intímese a la parte actora para que en el plazo de cinco días ratifique adecuadamente lo actuado, bajo apercibimiento de tener por no presentadas la expresión de agravios de fs. 121/122 y la contestación de fs. 143/l46vta.


MARIA JEANNERET DE PEREZ CORTES


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