C a p í tulo 1 derechos de autor. Conceptos generales



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LOS DERECHOS MORALES EN EL DERECHO COMPARADO

3.1 España

3.1.1 Doctrina

De las fuentes de origen español consultadas se pudo observar que la doctrina española da un tratamiento similar al nuestro a los derechos morales. Por ejemplo, en cuanto a la definición, existen varios autores que exponen lo que ellos consideran como derecho moral. Tal es el caso de Carlos Álvarez Romero quien los define como “inherentes a la persona de los autores, a quienes corresponde el derecho a exigir el respeto a la paternidad de sus obras, decidir sobre su publicación y velar por su integridad.” 35 Asimismo, Carlos Rogel Vide expone que lo que se conoce como derecho moral es una de las facultades que junto con las de tipo patrimonial componen al derecho subjetivo único que es el derecho de autor. Por su parte, Marisela González López define al derecho moral como “el elemento o parte esencial del contenido de la propiedad intelectual, que al tener su origen y fundamento en la personalidad del autor, le asegura a éste la tutela de la misma en la obra como reflejo de ella, a través de un conjunto de facultades extrapatrimoniales (pero de incidencia económica) consistentes fundamentalmente, en la divulgación, paternidad, respeto a la integridad de la obra, modificación y arrepentimiento.”36 Tomando en cuenta algunas de las definiciones dadas se puede decir que para los españoles el derecho moral se define como aquel conjunto de prerrogativas sin contenido patrimonial que son inherentes a la persona de los autores y que tienen como finalidad preservar la integridad de las obras intelectuales, así como la personalidad de los autores.

Por otro lado, existen autores como Pérez Serrano que como se mencionó en el capítulo anterior, critican la terminología empleada para designar esas prerrogativas, ya que, señala dicho autor, calificar a un derecho como moral implica una redundancia, pues en principio, todo derecho debería ser moral, y para seguir, si se califican esas prerrogativas como derechos morales se infiere que en materia de propiedad intelectual existen derechos inmorales. Sin embargo, dejando a un lado las discusiones, se concluye que al haberse consagrado ya este término en la jurisprudencia y en la doctrina, tanto en el ámbito nacional como internacional, no tiene sentido tratar de cambiarlo, así que las propuestas de llamarlos derechos personales, derechos de paternidad intelectual o derecho al respeto quedan sólo en simples propuestas, sin ser ninguna de ellas lo suficientemente convincentes para tomarse como alternativa.37

En cuanto a la naturaleza jurídica de los derechos morales, la doctrina española tiene como algunos de sus exponentes a Castán Tobeñas quien, como ya se mencionó, los considera como derechos a la esfera secreta de la propia persona junto con el secreto a la correspondencia y a la imagen, siendo estos derechos a su vez encuadrados dentro de aquellos de tipo moral junto con el derecho a la libertad personal y el derecho al honor. La doctrina española tiene también a De Castro, quien los considera bienes sociales e individuales junto con el honor, la fama, la intimidad personal y la reproducción de la imagen. Por su parte, Albaladejo, al igual que González López, se inclina por considerar al derecho moral como un derecho de la personalidad.38

En relación a la titularidad, la doctrina española, al igual que la nuestra, considera que corresponde al autor; quien es aquél que tiene la capacidad creadora, incluso si el autor se esconde bajo un seudónimo o anónimo. Esto de principio, pareciera significar que sólo las personas físicas, o lo que ellos llaman naturales, son capaces de ser titulares de dichos derechos, sin embargo, reconocen, tanto en su doctrina como en su legislación, que en el caso de una obra colectiva bajo la coordinación de una persona natural o jurídica (moral para nosotros), la titularidad de dicha obra en su conjunto le corresponde a ese coordinador que la edita y publica bajo su nombre, sin perjuicio de los derechos que les correspondan a cada uno de los autores de las aportaciones individuales. Es en relación a este tipo de obras que Rodríguez Tapia divide a los derechos en aquellos que recaen sobre la obra colectiva y en aquellos que recaen sobre las aportaciones, cuya explicación más precisa se encuentra en el capítulo anterior.

Por lo que hace al contenido, Pérez Serrano clasifica las facultades que conforman al derecho moral atendiendo a dos momentos: antes y después de la publicación, comprendiendo dentro del primer caso el derecho a publicar y dentro del segundo el derecho de paternidad intelectual, incluyendo el de exigir que figure o no su nombre en la obra, el de impedir deformaciones o atentados espiritualmente dañosos, el de modificación y el de arrepentimiento. Asimismo, González López considera que las facultades que integran el derecho moral son la de publicar o no la obra, la de exigir la paternidad y la de exigir el respeto a la integridad de la obra, la facultad de modificarla y la de arrepentirse. Además de realizar clasificaciones sobre el contenido del derecho moral, la doctrina y la legislación prevén situaciones que no se han estudiado en México. Tal es el caso de la parodia y de los cortes publicitarios. Primeramente, la parodia es aquella obra en la cual lo serio se hace cómico o se simula real lo fantástico o a la inversa, es decir, se trata de una transformación. Esta transformación es realizada por un tercero, sin embargo éste no requiere del consentimiento del autor de la obra parodiada para llevar a cabo su obra. Segundo, en cuanto a los cortes publicitarios, estos son considerados como interrupciones que vulneran el derecho moral del autor de exigir el respeto a la integridad de su obra, ya que en este caso, la obra está siendo fragmentada, lo cual compromete la unidad de la misma y el efecto que el autor quería que tuviera dicha obra al organizar las imágenes y sonidos de forma ininterrumpida. Asimismo, específicamente en cuanto al derecho a modificar la obra, la doctrina se ocupa, en palabras de Rodríguez Tapia, de distinguir, como ya se mencionó, entre una modificación y una simple transformación, siendo en el primer caso una variación en el contenido de la obra, y en el segundo, una variación en el medio expresivo de la obra sin afectar sustancialmente el sentido de la misma.

En cuanto a las características, se aceptan las mismas que en México, es decir, se considera que los derechos morales son irrenunciables, inalienables, imprescriptibles, inembargables y perpetuos. Sin embargo, en relación a esta última característica, ésta no es considerada como absoluta, ya que se acepta en el caso de lo que ellos llaman facultades negativas, entendiéndose por éstas la relativa a la paternidad de la obra y la de exigir el respeto a la integridad de la obra, mientras que en el caso del derecho a divulgar se limita a la duración de los derechos de explotación después del fallecimiento del autor y además se establece una excepción en el caso en el que el autor haya dejado prohibida la divulgación de su obra y ésta sea considerada como necesaria para el progreso cultural, científico o técnico, en cuyo caso, el juez ordenará la divulgación de la misma.

En lo que respecta a los límites, la teoría antes expuesta sobre la clasificación de los mismos en límites naturales, límites surgidos de la colisión de derechos, límites genéricos y límites temporales pertenece a la doctrina española en la voz de Diez Picazo.39


3.1.2 Legislación

En cuanto a la legislación española, ésta tiene disposiciones similares a las contenidas en la legislación mexicana; sin embargo existen ciertas diferencias, las cuales apuntaremos en este apartado.

La ley es llamada de Propiedad Intelectual y está fechada 12 de abril de 1996 para entrar en vigor el 1 de abril de 1998. Consta de 164 artículos divididos en cuatro libros: de los derechos de autor, de los otros derechos de propiedad intelectual y de la protección sui generis de las bases de datos, de la protección de los derechos reconocidos en esta ley y por último, del ámbito de aplicación de la ley.

Al igual que la legislación mexicana, la española tiene como hecho generador de la protección otorgada por la ley la mera creación, establece como contenido de la propiedad intelectual derechos morales y patrimoniales y señala a los autores, ya sea bajo su propio nombre, seudónimo o anonimato, como titulares de la propiedad intelectual. Prevé obras colectivas y en colaboración; sin embargo prevé además la obra compuesta e independiente que nuestra legislación no prevé; siendo definida ésta como la obra nueva que incorpora una obra preexistente sin la colaboración de esta última.

En relación al objeto de protección, establece una lista similar de obras protegidas, sin embargo en cuanto a la lista de lo no protegido no menciona las ideas mismas, el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas, los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios, las letras, dígitos o colores aislados, los nombres, títulos y frases aisladas, los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados y la información de uso común como refranes, dichos, leyendas, hechas, calendarios y escalas métricas.

En cuanto a los derechos morales del autor, éstos son reconocidos cualquiera que sea la nacionalidad en ambas legislaciones, ya sea por disposición expresa en la ley, como es el caso de España, o por la firma de tratados internacionales, en el caso de México.

Ambas legislaciones reconocen la irrenunciabilidad y la inalienabilidad como características de dichos derechos, sin embargo México atribuye también la inembargabilidad e imprescriptibilidad de los mismos. Ninguna atribuye la perpetuidad a todas las facultades, sino sólo a algunas de ellas, aun cuando ambas doctrinas reconocen estas cinco características en forma general.

Por otro lado, en cuanto al contenido de estos derechos, ambas legislaciones reconocen como facultades la de decidir si la obra va a ser o no divulgada y la forma de la misma, la de determinar si la divulgación se hará bajo el nombre del autor, su seudónimo o bajo el anonimato, la de exigir el reconocimiento de su condición de autor, la de exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación, la de modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural y la de retirar la obra del comercio previa indemnización de daños y perjuicios; sin embargo en estas facultades similares existen ciertas diferencias como que la de divulgar, aunque en ambos casos se puede ejercer por los herederos del autor, en México no hay límite de tiempo, mientras que en España se limita a sesenta años después de la muerte del autor. En cuanto al derecho a decidir sobre si se divulga bajo el nombre mismo del autor, bajo un seudónimo o bajo el anonimato en México se puede ejercer por los herederos del autor, en cambio, en España no es una facultad que se transmita mortis causa. En relación a las demás facultades ambas legislaciones establecen que sólo pueden ejercerse por el autor y sólo mientras éste viva. Sin embargo, España prevé una facultad que México no reconoce que es la de acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando éste se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda. Asimismo, México prevé una facultad que España omite que es la de oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación.

En el caso de obras en colaboración, la legislación española exige la unanimidad de los autores para divulgar y modificar la obra, en cambio, la nuestra exige únicamente el acuerdo de la mayoría.

En otro contexto, analizando la facultad de modificar su obra, en la legislación española, a diferencia de la mexicana, se establece como límite el respeto a los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de los bienes de interés cultural. De igual manera nuestra legislación omite la obligación de indemnizar al perjudicado por retirar una obra del comercio como sí lo hace la española.

Cabe mencionar que la legislación española tiene una disposición peculiar, la cual prevé la reproducción, sin necesidad de autorización, para el uso privado de invidentes siempre que dicha reproducción se realice en sistema Braile u otro similar y sin fin de lucro, disposición que en nuestra legislación no se prevé, ni menciona nada sobre esta situación en particular.

Por otro lado, España menciona el caso de la parodia, en la cual no se exigirá el consentimiento del autor siempre que no exista el riesgo de confundir la obra parodiada con la parodia misma, ni se cause daño a la obra parodiada ni a su autor.

En cuanto a la edición de libros, primero se establece como derecho moral, la facultad de introducir modificaciones que se consideren imprescindibles, siempre que no alteren su carácter o finalidad ni se eleve considerablemente el costo de la edición y, segundo, la legislación española, a diferencia de la nuestra, establece cuáles deben ser los puntos a tratar en el contrato de edición, las obligaciones del editor y las causas de resolución y extinción del citado contrato. Asimismo, España omite la disposición en la que se establece que, salvo pacto en contrario, el derecho de editar separadamente una o varias obras del mismo autor no confiere al editor el derecho para editarlas en conjunto ni viceversa.

Por su parte, en el contrato de representación teatral y ejecución musical se menciona como obligación del autor, la de responder ante el cesionario de la autoría y originalidad de la obra y, como obligación del cesionario, la de efectuar la comunicación de la obra sin hacer variaciones, adiciones, cortes o supresiones no consentidas por el autor. En el mismo tipo de contrato se establece que, tanto el autor como el cesionario elegirán, de común acuerdo, a los intérpretes principales y, en el caso de orquestas, a los coros, grupos de baile y conjuntos artísticos análogos, así como al director. Asimismo, ambos convendrán la redacción de la publicidad sobre la misma obra. En cambio, la legislación mexicana omite disposiciones al respecto.

En cuanto a las obras cinematográficas, el productor tendrá los derechos de doblaje o subtitulado de la obra, a diferencia de México en donde no se hace referencia alguna al respecto. En este mismo tipo de obras se establece que cualquier modificación se entenderá hecha hasta que recaiga sobre la obra definitiva, ya terminada, y siempre se requerirá la autorización previa de quienes hayan acordado dicha versión definitiva. Cabe también señalar que el derecho moral de los autores sólo se ejercerá sobre la versión definitiva.

En relación a los medios de distribución, la legislación española prevé el alquiler y el préstamo, definiendo al primer modo de distribución como la puesta a disposición de las obras para su uso por tiempo limitado y con beneficio económico o comercial, directo o indirecto, y al segundo como la puesta a disposición de las obras para su uso por tiempo limitado, sin beneficio económico o comercial, directo o indirecto, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos accesibles al público.

Por otra parte, en el caso de artistas intérpretes o ejecutantes, España prevé que si la interpretación o ejecución se realiza en cumplimiento de un contrato de trabajo o de arrendamiento de servicios se entenderá, salvo estipulación en contrario, que el empresario o arrendatario adquiere sobre aquélla, los derechos exclusivos de autorizar la reproducción y comunicación pública, previsión de la que nuestra legislación carece.

Con respecto a obras inéditas en dominio público, a diferencia de México, se establece que quien las divulgue lícitamente tendrá sobre ellas, los mismos derechos de explotación que hubieran correspondido a sus autores.

Por otro lado, la legislación española establece un título especial para las acciones y procedimientos para el caso de violaciones a los derechos de autor, en el cual se prevé el cese de la actividad ilícita, incluyendo la suspensión de la explotación infractora, la prohibición al infractor de reanudarla, la retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción y la inutilización y, en su caso, destrucción de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados a la reproducción de ejemplares ilícitos y de los instrumentos cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización, no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador. Asimismo se prevé la indemnización para el perjudicado, quien podrá optar entre el beneficio que hubiere obtenido de no mediar utilización ilícita, o la remuneración que hubiere percibido de haber autorizado la explotación; de igual manera prevé, en el caso de daño moral, una indemnización que atienda a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

En cuanto a las excepciones al ejercicio de los derechos de autor, la legislación española utiliza el término “interés cultural” para este propósito, mientras que la legislación mexicana utiliza el de “utilidad pública”, el cual abarca ciencia, cultura y educación nacionales.

También es de hacer notar que la legislación española omite la mención de los símbolos patrios como obra objeto de protección intelectual. Lo mismo ocurre con las obras consideradas de cultura popular que son aquellas obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal desarrolladas y perpetuadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en la República Mexicana.

Con respecto a las autoridades facultadas para actuar en un procedimiento de avenencia y/o arbitraje en España se tiene al Ministro de Cultura, mientras que en México se tiene al Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Por último, en materia de fotografías, España, a diferencia de México, no menciona que en el caso del retrato de una persona, éste sólo puede ser usado o publicado con el consentimiento de la persona retratada, a menos que la persona retratada haya recibido una remuneración a cambio, en cuyo caso, se presume otorgado el consentimiento sin opción a revocación mas que en el caso en el que la obra se utilice en términos y fines distintos a los pactados. Tampoco prevé el caso de una fotografía tomada en un lugar público y con fines periodísticos o informativos, en cuyo caso no será necesario el consentimiento de las personas retratadas.
3.2 Estados Unidos

3.2.1 Doctrina

Por lo que toca a los autores de origen norteamericano que se analizaron, éstos expusieron temas como el análisis histórico y filosófico de su derecho de autor que ellos llaman copyright, la naturaleza de ese derecho de autor, así como ciertos temas relacionados al futuro de ese derecho de autor ante la tecnología digital y la Internet y opiniones a favor y en contra de la conservación de la regulación de los derechos de autor.

En cuanto al análisis histórico y filosófico del derecho de autor se sugiere que existe una conexión esencial entre el surgimiento del capitalismo y el derecho de autor, siendo precisamente el capitalismo, el acontecimiento que determinó el origen del derecho de autor.

Antes de esa etapa histórica, en la antigua Grecia la poesía era oral y recitada por musas que aún hoy día siguen anónimas, lo cual produjo que la preservación de las obras fuera menos exacta, ya que las obras tienen que atenerse a la memoria limitada del ser humano. Asimismo, en esta época no se reclamaron autorías de obras creativas porque los mismos poetas veían sus obras más como parte de la cultura colectiva a la que pertenecían, que como un esfuerzo individual cuyos frutos les pertenecían. Sin embargo, esto toma un giro. Según Arnold Hauser40 este giro ocurre en Atenas durante el siglo VI a.C. cuando emerge un nuevo sentido del yo individual en el campo de la vida cultural a raíz del desarrollo del comercio y de la sociedad urbana, sin que aunado a esto exista ninguna evidencia que implique la existencia de lo que hoy conocemos como derecho de autor.

Por otro lado, dentro del Talmud hebreo, el acercamiento al derecho de autor ocurre cuando se requiere a los contribuidores de esta ley cívico-religiosa que se identifiquen como tales, considerando esta acción como un intento por preservar un récord histórico de la vida académica de la época, lo cual lleva a la tenencia de una autoridad o buena reputación en el área. De esta forma encontramos en la antigua ley judía algo similar al derecho moral de atribución, sin importar si así fue o no concebido.

En lo que respecta a la ley romana, no existe en ésta indicio alguno de que haya existido el derecho de autor, sin embargo sí existe evidencia de contratos de publicación firmados entre autores y vendedores de libros, sin que esto signifique que los autores vivieran de la regalías por la venta de sus libros, ya que el medio de vida era provisto por el sistema de patronaje. El contrato de publicación mencionado tenía el propósito de publicar los libros de autores que no tenían el dinero para publicar por sí mismos su obra y a cambio, el vendedor de libros sería el propietario de todas las copias que lograra hacer. En conclusión, en la época de la cultura oral el “qué se dijo” era más importante que el “quién lo dijo”.

Pasando al período de la Europa medieval, quien publicaba, o mejor dicho, quien se encargaba de manera centralizada de la producción de los libros, al igual que de la preservación y diseminación de los mismos, era la Iglesia Romana Católica vía el sistema monástico. De esta manera, la Iglesia mantenía el monopolio del conocimiento y de la educación y por lo tanto, de las obras literarias. Esta actividad cobró importancia cuando los monasterios benedictinos desarrollaron métodos de préstamo e intercambio de manuscritos y descubrieron el valor que sus bibliotecas tenían y el acceso que éstas proporcionaban a la tierra, ganado, dinero y a otros privilegios. Por lo que corresponde a la ideología de los autores de esta época, los trovadores y los juglares, ante la dificultad de proteger sus obras de las copias y de las imitaciones, optaron por no preocuparse por ello; además, para ellos el momento de composición y creación tiene lugar al momento de la ejecución o presentación al público y, como en esta época las obras que no eran monopolizadas por la Iglesia eran orales, cada presentación al público era distinta en virtud de la personalidad, espontaneidad y creatividad del artista que representaba o cantaba, en ese momento, una obra determinada.

Volviendo a Hauser, este autor sostiene que la propiedad intelectual surge hasta el momento en el que la cultura cristiana se desintegra. Esta afirmación la explica señalando que durante el apogeo de la cultura cristiana se le priva al arte de cualquier estructura autónoma, ya que se considera que la creatividad artística no es otra cosa que la manifestación de la Divinidad a través del artista. Asimismo, siguiendo la misma ideología, los monjes, que ejercían funciones de copistas, académicos y autores, reproducían y usaban libremente y; por lo regular, sin atribución individual, obras literarias siendo éstas atribuidas al monasterio como entidad moral. Así, la mentalidad de la sociedad medieval era la de verse a sí mismos más como miembros de un grupo que como individuos y por lo mismo, como parte de una comunidad ética cristiana, anticapitalista.

El origen o primer surgimiento de los derechos de autor tiene lugar al momento de la caída del monopolio cristiano y el surgimiento de las universidades durante el siglo XII d.C. En esta etapa histórica, la correspondencia y los libros constituyeron los dos medios de comunicación más importantes y ante las circunstancias antes mencionadas, el intercambio de manuscritos empezó a ser más fuerte en el ámbito secular. Este intercambio se desarrolló principalmente en las universidades y se basó en las reproducciones de obras de autoridades religiosas y de autores clásicos. Estas reproducciones eran todavía a mano, así que comenzaron a surgir personas especializadas en esta actividad de copiado que cobraban por su trabajo una comisión. Estas personas eran llamadas stationers. Los primeros de ellos trabajaron bajo la estricta regulación, vigilancia, corrección y control de precios de las universidades. Los que pertenecieron a la época del surgimiento de la burguesía y nobleza secular lograron liberarse de ese yugo. Son las necesidades literarias de esa burguesía incipiente y nobleza secular, ambas deseosas de adquirir más conocimiento, las que llevaron a la producción de libros sobre Derecho, Política y Ciencia, y a considerarlos como obras literarias, al igual que a sus traducciones. Es esta misma necesidad la que impulsa a los stationers a reproducir no sólo obras clásicas sino a buscar obras nuevas y reproducirlas también. Esta gran demanda de libros y la visión capitalista de los stationers lleva a estos últimos a invertir en la tecnología impresora y así, llegar a la imprenta. Ya iniciado el fructífero movimiento de manuscritos en Venecia, por ejemplo, el gobierno otorga a quienes aporten beneficios a ese movimiento privilegios exclusivos de imprimir por un tiempo determinado con el fin de impulsar la importación de nuevas técnicas industriales y de esta manera, estimular el crecimiento de la industria local y el comercio, siendo esta acción la precursora del sistema de derechos de autor. Estos privilegios exclusivos se otorgaron tanto a quienes introducían tecnologías avanzadas de impresión como a aquellas personas dedicadas a vender libros; sin embargo no sólo era un privilegio a favor de estas personas, sino que además esta acción significó un control del gobierno sobre quién imprimía y qué imprimía.

Todo este aparato pasó a Gran Bretaña durante el siglo XVI dando origen a un grupo de personas, una compañía de stationers que mantuvieron un monopolio de impresión y publicación de ciento cincuenta años a cambio de impedir la publicación de material herético y sedicioso como acto de lealtad a la corona. Estos privilegios con política de censura a cambio, llevaron a la expedición de leyes de la materia, en las cuales se estableció que sólo los miembros de la compañía de stationers podrían registrar títulos y asegurarse los derechos de impresión y publicación de los mismos y sólo podrían registrarse, y por lo tanto, publicarse, obras consideradas como religiosa y políticamente seguras. De esta forma, se puede observar que en realidad estas primeras leyes de derechos de autor protegían los derechos económicos de los miembros de la compañía y no así los derechos de los autores de esas mismas obras.

La importancia de la autoría empezó a incrementarse cuando los impresores y editores se terminaron las obras clásicas que pasaron al dominio público y requirieron de obras nuevas para mantener su negocio y para satisfacer las demandas del cada vez más grande público lector. De esta manera, es hasta 1667 que se tiene registro del primer acuerdo en el que un editor pagó al autor: Milton por copiar una obra original “Paraíso Perdido” iniciándose así, la tradición de que la creación de obras nuevas y la reclamación de autoría de las mismas se convirtiera en una forma de vivir y la ideología en los autores fuera de posesión individual.

En cuanto al monopolio ejercido por la compañía de los stationers, sucedió lo que ocurre en todos los monopolios: como consecuencia de la falta de competencia, la calidad de los libros producidos era muy baja y los precios de los mismos muy altos. Ante esta situación y con el fin de introducir un poco de competencia y, por lo tanto una leve mejora en la calidad, así como evitar que algunas obras que los miembros de la compañía decidieran no publicar se extinguieran; se propuso que cualquiera tuviera el derecho de publicar cualquier libro cuyo autor hubiera vivido un milenio atrás. Aún así, nunca se formuló como tal, una teoría en la que existiera un derecho natural del autor sobre su obra.

Más adelante, al serle reconocido al autor un derecho sobre su obra, los miembros del monopolio de publicación argumentaron que la transferencia del derecho de crear una copia que los autores realizaban a su favor, les otorgaba una licencia de publicación perpetua. Fundados en este argumento decidieron pedir al gobierno que les otorgara la protección que se requería para mantener esa licencia, logrando la expedición, en 1710, de la primera ley moderna de derechos de autor (conocida por los anglosajones como Copyright Act ) también conocida como el “Estatuto de la Reina Ana” o “Ley para el impulso del aprendizaje y para mantener la seguridad de la propiedad que sobre las copias de los libros tienen sus propietarios”. Sin embargo, esta ley estipulaba una protección de veintiún años a los libros ya existentes en el registro de los stationers al momento de la entrada en vigor de esta ley y de catorce, con opción a una prórroga por otros catorce años, a los registrados después de la entrada en vigor de la misma, lo cual impidió el monopolio perpetuo, así como un ámbito de aplicación general. Como no sólo reguló a aquéllos que fueran miembros de la compañía, este estatuto se convirtió en un instrumento para regular el comercio de libros e impidió el monopolio y la supresión existente de ideas en beneficio del gobierno. La protección mencionada, sin embargo, se limitaba a los derechos de propiedad en contra de la piratería, sin hacer referencia a los derechos morales.

Ya dentro de los Estados Unidos, fue la Corte General de Massachussets la que reconoció el primer derecho de autor en las colonias en 1672 como respuesta a la petición de un rico vendedor de libros llamado John Usher, quien solicitó se prohibiera a los demás editores que publicaran copias sin su permiso de una obra llamada “The general laws and liberties of the Massachussets colony” con el fin de asegurarse que su inversión en la reproducción de esta obra fuera fructífera. Asimismo, en 1783 se dictó el primer estatuto estatal de derechos de autor con las mismas bases que el Estatuto de la Reina Ana de Gran Bretaña: proteger el derecho del autor, promover el conocimiento y la cultura, establecer un orden en el intercambio y comercio de libros e impedir el monopolio mediante el establecimiento de límites en cuanto a la duración de la protección concedida. De ahí en adelante, para 1786, doce de las trece colonias originales de los Estados Unidos habían expedido leyes de derechos de autor.41 Cabe señalar que en las leyes de Massachussets, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Nueva York se estableció un límite, además del establecido en relación a la duración de la protección, sobre el precio, obligando a los editores a que éste fuera justo, entendiéndose como justo aquél que equivaliera a los costos de trabajo, gastos y riesgo en el que incurriera el editor al hacer su inversión. De igual manera, se impedía a los autores que limitaran el acceso al público a su obra, teniendo la autoridad judicial, en este caso, la posibilidad de otorgar una licencia de publicación a otra persona. Y una vez más, las leyes otorgaban protección a los derechos económicos y dejaban a un lado el derecho de autorizar la divulgación, la traducción o la alteración de la obra.

Sin embargo, ante la existencia de diversas leyes sobre la materia, fue casi imposible lograr la exacta aplicación de las mismas en el comercio nacional de libros, por lo cual se hizo clara la necesidad de la creación de un sistema nacional de derechos de autor. De esta forma, se concedió al Congreso la facultad de promover el progreso de la ciencia y de las artes mediante la protección, por tiempo limitado, a los autores e inventores de su derecho exclusivo sobre sus obras, surgiendo así la primera ley federal de derechos de autor el 31 de mayo de 1790, en la cual se estableció el derecho de autor como un derecho estatutario creado por el Congreso bajo la condición de cumplir previamente ciertas formalidades, tales como el registro, la notificación y el pago de un depósito, así como sujeto a un límite de tiempo a cuya fecha de expiración se consideraría dicha obra como parte del dominio público.

Por otro lado, en cuanto al tema de la naturaleza del derecho de autor expondremos dos aspectos que nos parecen de mayor interés: los derechos morales en el derecho anglosajón y la teoría del uso personal y del uso justo o leal.

En relación a los derechos morales, Ray Patterson señala que el concepto de derecho moral del autor como un derecho natural de éste, tiene su origen en las leyes francesa y alemana abarcando, en estos casos, el derecho a la integridad y paternidad de la obra, en cambio en el derecho británico los derechos morales se reducen al derecho a la primera publicación, sin hacer mayor reconocimiento de lo que en nuestra cultura se conoce como derechos morales. Patterson opina que, si los lores que reconocieron el derecho a la primera publicación hubieran separado la propiedad del trabajo de la propiedad del derecho de autor sobre el mismo, hubieran podido ver la diferencia entre los derechos de tipo patrimonial o económico y los derechos de tipo moral.

En cuanto al tema, cabe mencionar que la Convención de Berna de 1887, el más antiguo e importante instrumento internacional sobre la materia, requiere de sus Estados miembro que reconozcan los derechos morales del autor y que tomen por satisfechas todas las formalidades que sus legislaciones exijan para conceder la protección intelectual. Es en virtud de estos dos requisitos que Estados Unidos se convirtió en miembro de esta Convención hasta 1988, ya que hasta la expedición de la Ley de Derechos de Autor de 1976 se requería un registro y una notificación para otorgar protección a las obras, y en cuanto al reconocimiento de los derechos morales, éste fue otorgado por el Congreso sin la realización de cambio alguno a la legislación y abarcando únicamente el derecho a poseer el derecho de copia otorgado hasta que el autor haya fijado su obra en un medio externo y el derecho a recuperar su derecho de copia después de haber sido transmitido a un tercero (también llamado derecho de terminación). Volviendo al reconocimiento que hace el Congreso de los derechos morales sin efectuar cambio alguno a su legislación, éste argumenta que los principios de su common law, siendo correctamente aplicados, provén bases adecuadas para proteger los derechos considerados como de tipo moral. Por otro lado, el reconocimiento de derechos morales que se hace en la legislación norteamericana sólo abarca los dos derechos mencionados, porque al considerar al derecho de autor como una serie de derechos estatutarios otorgados a una obra, los derechos morales que se otorguen sólo deben recaer sobre esa misma obra, y por lo tanto el medio que se le otorga al autor para prevenir o defenderse de una difamación y del uso desleal o del mal uso de su obra es una acción de responsabilidad. Sin embargo, el autor que hemos mencionado no encuentra razón alguna por la que los derechos que el derecho anglosajón considera como derechos personales, no puedan considerarse como derechos morales y protegerse como tales, conservando las características de intransferibles y oponibles erga omnes, entendiéndose como parte de esos derechos morales, el de proteger la integridad de la obra, reclamar la paternidad de la misma y decidir la divulgación de la obra. El argumento de este autor se basa en el reconocimiento que hace de la propiedad que el autor tiene sobre su obra, de donde se infiere que tenga el derecho de protegerla.

Por otro lado, ahondando un poco más en el estudio de la doctrina del derecho moral, asimila esta última a la del uso leal de una obra, en el sentido en el que la primera constituye una limitación al monopolio de explotación de las obras por cualquier persona que tenga un derecho de autor (refiriéndose específicamente a los editores, de donde se originó el derecho de autor) a favor del autor mismo, al considerarlos como beneficiarios de ese derecho; mientras que la segunda, por su parte, constituye también una limitación al mismo monopolio, sólo que en este caso, es a favor del usuario al dejar claro que el propósito del sistema de propiedad intelectual es el de promover el conocimiento. De la afirmación antes expuesta, considera que un sistema de propiedad intelectual sin derechos de autor y con una mediocre doctrina de uso leal constituye un monopolio que protege a los editores no sólo de la competencia, sino también de los autores y de los usuarios. Asimismo, sostiene que la falta de una doctrina de derechos morales en una legislación, provoca que el sistema judicial emita sus resoluciones basándose únicamente en consideraciones económicas sin darse cuenta que la naturaleza de la reclamación es meramente moral e inherente a la persona del autor, lo cual implica que aun cuando los derechos morales son exclusivos de la persona del autor y por lo tanto intransferibles a un tercero, cuando una autoridad judicial dota de tintes económicos una resolución que es de naturaleza moral, dicha autoridad otorga la facultad de iniciar procedimientos por las mismas razones a cualquier titular de un derecho de autor desvirtuando así, las características de exclusividad e intransferibilidad de un derecho moral e imponiéndole a éste las características propias de un derecho patrimonial. Otra consecuencia del hecho de que las autoridades judiciales conviertan una resolución de naturaleza moral en una de tipo patrimonial es, que al otorgarse a cualquier titular de un derecho de autor, cualquiera podría oponerse a que se divulgara la obra en cuestión y de esa forma limitar el conocimiento.

Sin embargo, este autor señala que la doctrina de derechos de autor, sobretodo en cuanto al derecho de decidir la divulgación de su obra, debe tomarse con ciertas precauciones con el fin de que se tenga siempre en mente que el sistema de propiedad intelectual debe servir preferentemente, más al interés del público en general que al del autor o del editor, en virtud del ya mencionado fin principal de este sistema de propiedad intelectual: aumentar y promover el conocimiento. Por estas mismas razones, Patterson defiende la necesidad de proteger los derechos morales de integridad y paternidad de la obra, ya que mediante esta protección el conocimiento tendrá bases más firmes al fundamentarse en obras completas, íntegras e incólumes.

En lo que respecta a los temas relativos a los derechos de autor ante la tecnología digital y la Internet, hay quienes, que como Robert Holleyman y Jeffrey Steinhardt, al igual que Bruce Lehman, sostienen que la necesidad de otorgar protección a las obras difundidas por estas nuevas tecnologías radica en que si copiar y redistribuir una obra resulta impune, habrán pocas probabilidades de que el autor se moleste en seguir creando obras o continuar usando el sistema de distribución. Exponen que la protección en el caso de obras en las que la forma tangible se vuelve menos importante, debe recaer sobre la parte más importante de la obra: el contenido mismo de dicha obra. En la misma línea de ideas de mantener protegidas todo tipo de obras, estos autores señalan que, en su opinión, “bajar” y “subir” obras protegidas deberían considerarse como un derecho exclusivo de su autor y que deberían crearse leyes muy protectoras y altamente punitivas en materia de crímenes computacionales, tales como robo o interrupción en servicios computacionales, destrucción de equipos de computadora, mal uso en el sistema de información de la misma área, tráfico de contraseñas o inclusive el crear instrumentos que permitan o faciliten las actividades antes mencionadas. Asimismo, sostienen que toda protección debe ser similar, incluso a nivel internacional, para que las obras no se vean afectadas por pasar de un sistema jurídico de protección a otro, sobretodo aquellas obras que se mueven en una infraestructura global de información.


3.2.2 Legislación

En relación a la legislación norteamericana sobre la materia que tratamos, ésta se conforma por el Título Diecisiete del Código de los Estados Unidos y por lo que ellos llaman el Digital Millennium Copyright Act.

El primero de ellos, el Título Diecisiete del Código de los Estados Unidos se conforma por trece capítulos dentro de los cuales se exponen los conceptos generales de los derechos de autor con sus respectivas limitaciones, modos de transferencia, duración, situaciones que infringen los derechos de autor, requisitos de importación de obras protegidas, arbitraje en cuanto al establecimiento de regalías y honorarios y regulación específica en productos con chips semiconductores, disposiciones de instrumentos de grabación digital de audio, de grabaciones auditivas y videos musicales, de sistemas de protección y de administración y de diseños originales.

Al igual que nuestra legislación, en este Código se prevé que la protección a la propiedad intelectual recae en obras originales fijadas en cualquier medio tangible de expresión que puedan ser percibidos, reproducidos o comunicados, ya sea directamente o con ayuda de una máquina o aparato. Asimismo, establece, a diferencia de nuestra legislación que prevé catorce ramas, ocho categorías de obras: obras literarias, musicales, incluyendo cualquier música de acompañamiento; coreográficas y pantomimas, pictóricas, gráficas y escultóricas; cinematográficas y audiovisuales; arquitectónicas; y grabaciones de audio.

De forma análoga a nuestra legislación, también excluye de protección a las ideas, procedimientos, procesos, sistemas, métodos de operación, conceptos, principios y a los descubrimientos, sin importar la forma en la que sean descritos, explicados, ilustrados o materializados en una obra; pero omite, a diferencia de nuestra legislación, el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras; los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios; las letras, dígitos o colores aislados; los nombres y títulos o frases aislados; los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados; las reproducciones o imitaciones, sin autorización de escudos, banderas o emblemas de cualquier país; el contenido informativo de las noticias, la información de uso común como los refranes, dichos, leyendas, hechos, calendarios y escalas métricas; así como los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales.

La protección prevista incluye compilaciones y obras derivadas, sin perjuicio del derecho de autor reconocido al autor del material preexistente utilizado en la elaboración de la obra derivada; sin embargo, si una obra utiliza ilegalmente material preexistente que aún siga gozando de protección intelectual, la protección no se extiende a las partes donde se hace dicho uso ilegal. La protección intelectual de las obras derivadas y compilaciones es independiente de la reconocida a la obra utilizada para las primeras.

En virtud de que en este sistema jurídico no se hace clara distinción entre lo que conocemos como derechos morales y patrimoniales, listaremos lo que ellos llaman derechos exclusivos y derechos de integridad y atribución para dar una idea de los derechos que componen su sistema de derechos de autor. Se establecen como derechos exclusivos del titular del derecho de autor: 1. reproducir la obra en copias o fonogramas, 2. realizar obras derivadas basadas en la obra protegida, 3. distribuir al público copias o fonogramas de la obra protegida a través de venta, arrendamiento, préstamo o cualquier otra forma de transferencia de propiedad, 4. ejecutar, presentar o interpretar públicamente las obras literarias, musicales, dramáticas, audiovisuales, cinematográficas, coreográficas y pantomimas; 5. exhibir públicamente las obras literarias, musicales, dramáticas, coreográficas, pictóricas, gráficas, escultóricas, incluyendo imágenes individuales de obras cinematográficas o audiovisuales y pantomimas; y 6. interpretar, en el caso de grabaciones de audio, vía una transmisión digital. La duración de estos derechos es aproximadamente de setenta años después de la muerte del autor.

Por otro lado, se establece, en forma independiente a los derechos exclusivos mencionados anteriormente, que el autor de una obra de arte visual tendrá el derecho: 1. a reclamar la autoría de su obra, 2. a oponerse a que se le atribuya la autoría de una obra que no es de su creación, 3. a oponerse a que se le considere autor de su obra, si ésta ha sido distorsionada, mutilada o de cualquier forma modificada de tal manera que le perjudique en su honor o reputación, 4. a oponerse a cualquier distorsión, mutilación o modificación intencional a su obra que le ocasione algún perjuicio a su honor o reputación y, 5. a oponerse a la destrucción de la misma. Estos derechos los tendrá el autor hasta el momento de su muerte. En el caso de una obra realizada por dos o más autores, los derechos reconocidos se mantendrán hasta que el último de los autores muera. A diferencia de nuestra legislación, estos derechos pueden ser renunciados, si el autor así lo expresa en un instrumento por escrito.

También se prevé, a diferencia de nuestra legislación, que la reproducción o distribución de copias de obras literarias protegidas realizadas en formatos especializados para personas ciegas o de otra forma discapacitadas, no se considerará violatoria de los derechos de autor, siempre y cuando dicha reproducción o distribución de copias sólo se realice en formatos especializados para discapacitados y cada ejemplar incluya un aviso identificando al titular de los derechos de autor y la fecha de primera publicación.

En cuanto a la titularidad de los derechos de autor, se establece que inicialmente, el autor o autores de la obra serán los titulares de los derechos en esta materia. En el caso en el que una obra sea hecha bajo encargo, el empleador o cualquier otra persona para quien se haya realizado la obra, será considerado como autor, salvo pacto por escrito en contrario. Cuando se trate de obras colectivas, salvo pacto en contrario, el titular de los derechos de autor de la obra colectiva tendrá el derecho de reproducir y distribuir las distintas contribuciones que conforman la obra sólo en forma conjunta.

Asimismo, se distingue la titularidad del derecho de autor de la titularidad del objeto que incorpora la obra protegida, aclarando que la transferencia de una no implica la transferencia de la otra.

Esta legislación establece además, la posibilidad de que se transfieran, total o parcialmente, los derechos de autor previstos.

Por otro lado, esta legislación, de manera similar a la nuestra, establece que cuando una obra protegida sea publicada, se introduzca en cada copia distribuida el símbolo © , la palabra “Copyright” o la abreviatura “Copr.” y el año de primera publicación. Lo antes mencionado debe aparecer en cada una de las copias distribuidas en un lugar visible. Cabe señalar que, en el caso de grabaciones de audio, el símbolo consistirá en (P), seguido por el año de primera publicación y el nombre del titular de los derechos de autor en cada una de las copias distribuidas.

A diferencia de las otras legislaciones consultadas, ésta posee un apartado especial destinado al material en línea, en donde se dice lo mismo que prevé el Digital Millennium Copyright Act descrito con posterioridad.

En lo relativo a la interposición de acciones por violación a los derechos de autor, lo que ellos llaman derechos de integridad y atribución, se excluyen de cumplir con las formalidades previstas en relación al registro de la demanda relativa. En este mismo tema de infracciones y violaciones a los derechos de autor, se prevé la posibilidad de que se dicten órdenes judiciales que las eviten. Además, se establece que la condena podrá abarcar el pago de daños y perjuicios, daños por estatuto, gastos y costas, así como la pérdida del derecho y la destrucción de la obra violatoria y de todos los instrumentos, aparatos o equipo utilizado en la fabricación de dichas obras.

El segundo, es decir, el Digital Millennium Copyright Act por su parte, se divide en cinco títulos, en los cuales se abarcan los temas de la protección intelectual de sistemas como implementación de los tratados firmados por los miembros de la OMPI, la limitación en la responsabilidad por infracciones a los derechos de autor de obras en línea, limitaciones a derechos exclusivos en materia de programas de cómputo, funciones del Registro de Derechos de Autor, la educación a distancia como limitaciones a los derechos exclusivos, alcance de los derechos exclusivos en grabaciones auditivas y protección de diseños originales.

Por otro lado, retomando el Digital Millennium Copyright Act cabe resaltar que este instrumento condena tanto la evasión de medidas tecnológicas que protejan una obra como la fabricación, importación u oferta al público de tecnología, productos, servicios, instrumentos o partes de los mismos que tengan como propósito evadir cualquier medida tecnológica que controle el acceso a una obra protegida. Constituye una excepción a la primera prohibición el caso de programas de computación obtenidos legalmente, en cuyo caso el propietario de dicha copia podrá evadir alguna medida tecnológica que controle el acceso al programa en cuestión, únicamente con el propósito de identificar y analizar los elementos del programa que sean necesarios para lograr la interoperabilidad entre distintos programas. Otras excepciones a la prohibición de evadir medidas tecnológicas es aquélla que se lleve a cabo con el propósito de prevenir el acceso a menores a cierta información transmitida por Internet y aquella que tiene como finalidad probar la seguridad, ya sea investigando o corrigiendo las fallas o vulnerabilidades, de una computadora, sistema computacional o red de computadoras, siempre y cuando exista el consentimiento del dueño u operador del equipo sujeto a la revisión de seguridad; cabe señalar que en este último caso, también constituye una excepción a la segunda prohibición.

Por otro lado, este instrumento cuenta con un apartado especial de investigación en materia de encripción, en el cual se define como investigación en materia de encripción, toda actividad necesaria para identificar y analizar fallas y vulnerabilidades halladas en tecnologías de encripción42 aplicadas a obras protegidas, siempre y cuando esta actividad produzca un avance en el campo de la tecnología de encripción o aporte un desarrollo en productos de encripción.

Por otra parte, en relación a lo que llamamos derechos morales, este instrumento prohíbe proveer o distribuir información administrativa de derechos de autor43 falsa, así como intencionalmente remover o alterar, sin autorización del titular de los derechos de autor de la obra en cuestión o de la ley, esa información administrativa de derechos de autor, distribuir esa información alterada o removida o distribuir copias de obras con esa información alterada o removida, entendiéndose por información administrativa de derechos de autor toda aquella que se refiera al título u otra información que identifique la obra en cuestión, el nombre u otra información que identifique al autor de la misma, al titular de los derechos de autor sobre la misma y/o quien interprete, produzca o dirija la obra en el caso de obras audiovisuales; los términos y condiciones bajo los cuales se permitirá el uso de dicha obra, así como números de identificación o símbolos referentes a esta información, sin importar el tipo de obra o si ésta es digital.

Por otro lado, también se aborda el tema del material transmitido en línea, en cuyo caso se prevé que el proveedor de servicios44 no será responsable por violación a los derechos de autor cuando éste transmita o provea conexión a material protegido, siempre y cuando la transmisión del material haya sido iniciada por persona distinta del proveedor de servicios, la transmisión, provisión de conexión o almacenamiento se lleve a cabo por un proceso técnico automático sin que el proveedor de servicios seleccione el material, que dicho proveedor de servicios no seleccione tampoco al receptor del material, que no se mantenga almacenada ninguna copia del material transmitido por más tiempo que el necesario para la transmisión o provisión de conexión y que el material transmitido no haya sufrido modificaciones en su contenido. Sin embargo, si el proveedor de servicios tiene conocimiento de que el material transmitido por él no tiene autorización del titular de los derechos de autor para que se realice dicha transmisión, deberá remover o deshabilitar el acceso a ese material. Tampoco será responsable dicho proveedor de servicios por el material que resida en el sistema o en la red controlada u operada por él mismo y que sea almacenado en la dirección de uno de sus usuarios, ni porque envíe a los usuarios a otro sitio que sí contenga material infractor o actividades con dicho material infractor; siempre y cuando el proveedor de servicios no tenga conocimiento de que el material o la actividad realizada con el material proveniente del sistema o de la red está infringiendo algún derecho de autor, ni tenga razones para sospechar la situación antes mencionada, o sabiéndolo, inmediatamente remueva o deshabilite el acceso a ese material; no reciba ningún beneficio por dicha actividad infractora y al momento de recibir la notificación que pone del conocimiento del proveedor de servicios que existe una violación a los derechos de autor por el material contenido en el sistema o red, remueva o deshabilite el acceso a ese material. De igual manera, se exentará de responsabilidad al proveedor de servicios por el hecho de remover o deshabilitar el acceso a material infractor cuando lo haga en los casos antes mencionados.


3.3 Francia

3.3.1 Doctrina

Uno de los temas que desarrolla la doctrina francesa es el relativo a la diferencia que existe entre el derecho de autor (droit d’auteur) y el copyright. Se señala que en los países de common law lo que se conoce como derecho de autor tiene una visión o hace hincapié sobre una faceta esencialmente económica, lo cual lleva al término empleado en estos países: copyright o derecho de copia, derecho que pertenece a aquellos considerados de carácter patrimonial. Para aquellos que manejan el copyright el derecho tiene su base sobre la obra misma, sin preocuparse mucho por proteger la personalidad del autor; a diferencia de los países de derecho latino, quienes, sin descuidar el derecho patrimonial, hacen hincapié en la personalidad del autor, lo cual provoca el reconocimiento de los derechos morales. Inclusive, autores como Pollaud-Dubian consideran al derecho de autor como un derecho natural y no como una mera construcción jurídica o un simple privilegio concedido por el legislador y, por lo tanto, reconoce que el derecho de autor tiene el carácter personal de la creación, razón por la cual, la protección otorgada deviene del hecho de considerar a la obra como una emanación o reflejo de la personalidad.45

En relación a la cuestión histórica, la doctrina francesa sostiene, al no encontrar disposiciones relativas al derecho de autor en las Pandectas u otras codificaciones antiguas, que en la antigüedad y Edad Media hasta el siglo XVII se ignoraba totalmente cualquier protección legal a los autores. Ahora bien, la doctrina francesa explica esta situación sosteniendo que parte de los derechos de autor, como hoy los conocemos, en particular la parte relativa a los derechos morales, no requería forzosamente de disposiciones legales para ser respetados, ya que, por ejemplo, el derecho a la paternidad, al ser el resultado de la razón pura, era respetado como tal en la época antigua de los griegos y de los romanos. Y es aquí, donde sostienen, se observa una diferencia entre los derechos morales y los patrimoniales: los derechos morales surgen de principios generales del Derecho, de la equidad y de la razón, siendo la intervención del legislador únicamente necesaria para la provisión y aplicación de sanciones; en cambio, los derechos patrimoniales sólo existen cuando los consagra el legislador. Sin embargo, cabe resaltar que aún así, existen algunas disposiciones, como es el caso de la ley ateniense relativa al derecho a la integridad de la obra en la cual se ordenó que las copias exactas de las obras de tres grandes clásicos fueran puestas en los archivos del Estado y que los actores que las representaran debían respetar el texto oficial. Lo mismo sucede con una disposición en el Estado italiano de Toscana mediante la cual Cosme 1º de Médicis ordena la supresión de los cantos de Grambattista de l’Ottonaio por haber sido publicados de manera incorrecta. Por otro lado, en Venecia existió una disposición fechada 7 de febrero de 1545, en la cual se establecía que la publicación de un libro no podía tener lugar sin la autorización de su autor mediante un acto auténtico.

Por otra parte, con respecto al reconocimiento como autor de una obra, se menciona que en la Edad Media, en donde la gran mayoría de los eruditos eran los monjes, la principal ocupación de los mismos era la de conservar los textos de los autores griegos y latinos. Así, las obras que eran creadas en esta época, eran guardadas en el anonimato, costumbre que más adelante sería abandonada.

Según la doctrina francesa, el gran auge de los derechos morales tuvo lugar durante el siglo XIX, ya que al estar estos derechos inspirados en principios dedicados a la protección de la personalidad del autor, progresan impulsados por las ideas individualistas resaltadas en la Revolución Francesa.

Siguiendo en el recorrido histórico de los derechos morales, los autores franceses sostienen que no es sino hasta Kant, que se justifican las principales prerrogativas de los derechos morales, siendo éste quien hace esa justificación, quien reconoce el aspecto personal y moral de la protección otorgada al autor y quien califica de imprescriptibles a estos derechos.

En cuanto al tratamiento dado a los derechos morales en la época moderna en Francia, se dice que fue obra de la jurisprudencia. Así, el respeto a la integridad de la obra fue formalmente consagrada a principios del siglo XIX por el tribunal civil de la Seine en la sentencia del 17 de agosto de 1814. Sin embargo, cabe señalar que anteriormente la Corte de Casación admitió que la edición modificada o adicionada por un tercero de una obra protegida sería condenada y tratada como una falsificación. De igual manera, una sentencia pronunciada en un juicio ante un tribunal civil de la Seine el 6 de abril de 1842 declaró que cuando un autor cede la propiedad de su obra, no abandona su derecho a corregirla o modificarla, ya que si perdiera este derecho, estaría poniendo su reputación en manos del comprador; lo cual refleja que la reputación se relaciona con la personalidad del mismo autor. Asimismo, durante el mismo siglo los tribunales de París y Lyon reconocieron la existencia de los derechos morales en forma independiente a los patrimoniales, yendo éste último más lejos; ya que además, señala expresamente que el autor debe conservar por siempre el derecho a revisar y corregir su obra, a vigilar su fiel reproducción y a elegir el momento y modo de divulgación. Por su parte, la Corte de París, en sentencia de 3 de noviembre de 1888 reconoció el derecho a la paternidad de la obra después de fallecido el autor. Análogamente, el tribunal civil del Sena, en sentencia de 10 de octubre de 1951, señala que “El derecho moral del artista comprende un aspecto activo que le permite modificar, rehacer o incluso destruir su obra, y también un aspecto defensivo que le da el poder de velar para que la obra sea respetada, es decir que no sea alterada ni deformada”; e igualmente el tribunal correccional del Sena reconoce los derechos morales al establecer en su sentencia de 30 de marzo de 1911 que “La publicación en una revista de un artículo con alteraciones no consentidas por el autor constituye un atentado al derecho moral de éste, sobre la integridad de la obra y ocasiona un perjuicio que debe ser reparado.”46

Por otro lado y, dejando a un lado el papel de la jurisprudencia, la doctrina francesa menciona que M. Renouard, considerado como un precursor de la teoría dualista moderna, expone una protección de intereses de tipo inmaterial del autor, distintos de los de tipo patrimonial, como sería el caso de imponérsele al editor la obligación de respetar la integridad de la obra, de publicar una obra cedida con ese efecto, así como de republicarla en cuanto una edición se haya agotado, de editar y publicar una obra respetando el nombre del autor y de sus colaboradores. Por su parte, Pardessus, señala que la venta de un manuscrito, aunque no se haya hecho ninguna reserva, no da al comprador, el derecho a disponer de la obra de la manera más absoluta. Por otro lado, Bertauld distingue bien el elemento moral del elemento pecuniario oponiéndolos entre sí y, nótese bien que habla de elementos, ya que, siendo el precursor de la teoría más reciente en relación a la naturaleza de los derechos de autor: la teoría unitaria, sostiene que los dos elementos del derecho de autor forman un todo de carácter primariamente personal. Asimismo, Morillot expone que los ataques contra los derechos de autor son en realidad ataques a la persona misma.

Por último, la doctrina francesa señala que la protección a los derechos morales tiene una doble función: la de proteger intereses culturales o de tipo social y la de proteger intereses del autor, ya que en el primer caso, al mantener las obras íntegras y conociendo al autor de las mismas, la cultura va desarrollándose de manera más firme; y, en cuanto a los intereses de los autores, está por demás decir que es su reputación, parte de su personalidad, la que está en juego.


3.3.2 Legislación

Dentro de esta legislación, al igual que en la nuestra, la protección a una obra se otorga por el solo hecho de su creación, entendiéndose que una obra es creada cuando la misma se realiza, independientemente de que sea o no divulgada y de la forma de expresión, género o destino de la misma. Cabe mencionar, que la propiedad intelectual que se le reconoce al autor sobre su obra y por la cual se otorga la protección antes mencionada, es independiente de la propiedad sobre el objeto en el que se materializa dicha obra.

Pasando ya al tema específico de los derechos morales, dentro del texto legislativo francés se menciona en cierta forma, la importancia de los derechos morales, ya que señala que “la calidad de autor pertenece, salvo prueba en contrario, a aquél o a aquellos bajo cuyo nombre se divulgue una obra.47” Asimismo, se establece que el derecho de protección del cual goza el autor abarca lo relativo a su nombre, su calidad de autor y su obra, estando este derecho adherido a su persona, es decir, califica a los derechos morales como personales. De igual forma, menciona como características de estos derechos, la perpetuidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad. También se señala que son transferibles, por causa de muerte, a los herederos del autor.

Dentro de los derechos que esta legislación, al igual que la nuestra, califica como morales, se encuentran el derecho a exigir la integridad de la obra, a que se le reconozca su calidad de autor, a decidir todo lo relativo a la divulgación de la obra y el derecho a arrepentirse a divulgar una obra, previa indemnización.

Asimismo, la protección a los derechos morales se observa en forma más particular dentro de las disposiciones relativas a ciertos contratos celebrados en relación a la propiedad intelectual, como es el caso del contrato de edición, dentro del cual se establece que la realización de ejemplares de la obra objeto del contrato, deberán respetar la forma y modo de expresión de la obra misma y la determinada en el contrato y abstenerse de realizar cualquier modificación en la obra. De igual forma los editores están obligados a realizar la edición de los ejemplares con el nombre, la marca o el seudónimo del autor.

Por otro lado, dentro de las disposiciones del contrato de representación se impone al manejador de espectáculos la obligación de asegurarse que la representación o la ejecución pública se lleve a cabo en las condiciones técnicas apropiadas, a fin de garantizar el respeto a los derechos morales del autor de la obra en cuestión.

Por otra parte, en cuanto a las disposiciones relativas a los derechos que les corresponden a los artistas-intérpretes, también se impone la obligación de respetar los derechos morales, al reconocérsele a dicho artista-intérprete el derecho a exigir el reconocimiento de su nombre respecto de sus interpretaciones, así como el derecho a exigir el respeto a la integridad de dichas interpretaciones; siendo estos derechos igualmente inalienables, imprescriptibles y adheridos a la persona del artista-intérprete, así como transmisibles a sus herederos, a fin de permitir la protección de la interpretación y la memoria del artista-intérprete fallecido.

En cuanto a las bases de datos simplemente se menciona que al permitirse la extracción, con fines privados, de una parte de la misma base de datos, deberá hacerse respetando los derechos que puedan corresponder a sus autores; incluyendo, por su supuesto, los derechos morales.

Por último, en el capítulo relativo a sanciones se establece que cualquier violación a los derechos de propiedad intelectual y por ende, a los derechos morales, se considerará como un delito.

3.4 Tratados Internacionales

3.4.1 Convención de Berna

Esta Convención constituye uno de los instrumentos internacionales más importantes en materia de regulación y tutela de derechos de autor y sobretodo, es el primer instrumento internacional donde se regula el derecho moral del autor. El objeto de este instrumento internacional es la protección de obras literarias y artísticas. La fecha de firma fue 24 de julio de 1971 en París y fue modificado el 28 de septiembre de 1979.

El ámbito de aplicación de esta Convención es aquél que abarca a todos los países de la Unión, entendiéndose ésta, como el conjunto de países firmantes. Más específicamente, la protección que esta Convención otorga recae sobre los autores nacionales de uno de los países de la Unión en virtud de sus obras, ya sea que se publiquen o no, entendiéndose por publicada una obra en esta Convención, cuando se publica dicha obra con el consentimiento de su autor; y sobre los autores que no sean nacionales de alguno de los países de la Unión en virtud de sus obras publicadas por primera vez en uno de los países mencionados o simultáneamente en un país fuera de la Unión y en un país dentro de la misma; entendiéndose simultáneamente si se publica en dos o más países dentro de un término máximo de treinta días desde la primera publicación. Asimismo, se establece que los autores nacionales de un país fuera de la Unión pero con residencia habitual en uno que pertenezca a la misma serán, para propósitos de esta Convención, asimilados a los nacionales del país miembro.

La estructura de este instrumento es como sigue: consta de 38 artículos y un apéndice de 5 artículos. En el cuerpo del mismo instrumento se exponen temas como lo que se entiende por obras literarias y artísticas, que abarca toda producción llevada a cabo dentro del dominio literario, científico y artístico, sin importar el modo o forma de expresión, por lo cual pueden ser libros, panfletos y otras obras de la misma naturaleza, obras de corte dramático o dramático-musical, obras coreográficas y de entretenimiento, composiciones musicales con o sin lírica, obras cinematográficas, así como de pintura, arquitectura, escultura, grabado y litografía, fotografía de arte aplicado, ilustraciones, mapas, planos, bosquejos y obras tridimensionales relacionadas con geografía, topografía, arquitectura y ciencia. Exceptúa de protección a las noticias y hechos que tengan el carácter de información de prensa. En este aspecto se puede observar que de manera similar, mas no igual, la legislación mexicana hace una lista de obras protegidas, sin embargo esto no afecta la protección de obras no contenidas en dichas listas, pues la naturaleza de las mismas es enunciativa y no limitativa. Asimismo, tanto en la legislación mexicana como en esta Convención, se establece que las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y cualquier otra alteración de este estilo hecha a una obra literaria o artística serán consideradas como obras originales, sin perjuicio de la protección intelectual que recaiga sobre la obra original. Esto mismo ocurrirá con las colecciones literarias y artísticas como enciclopedias y antologías y también, sin perjuicio de la protección otorgada a las obras individuales que formen parte de esa obra colectiva.

En relación a los derechos morales, no se establece ningún concepto nuevo distinto a lo que nuestra legislación ya establece, sólo menciona de manera general que el derecho a reclamar la autoría de una obra y a oponerse a cualquier modificación, mutilación y distorsión o a cualquier otra acción que perjudique su honor o reputación constituyen los derechos morales, los cuales son independientes de los derechos patrimoniales. También se establece que la duración de los mismos será, después de la muerte del autor, por lo menos, la misma que la de los derechos patrimoniales, siendo ésta en forma general de cincuenta años a partir de la muerte del autor y, en el caso de las obras seudónimas o anónimas, a partir de la primera publicación, siempre iniciando el término el 1 de enero del año en cuestión, dejando la posibilidad de que este plazo sea ampliado por las legislaciones de los países miembros de la Unión. En el caso de las obras colectivas o en colaboración, el plazo se empezará a contar desde la muerte del último coautor. Asimismo, se prevé que serán los autores, quienes tendrán el derecho de hacer o autorizar las traducciones de sus obras, sin perjuicio de que en el caso en el que transcurran tres años desde la primera publicación de una obra en un país miembro sin que exista una traducción de la misma en el idioma utilizado en dicho país, la autorización para realizar dicha traducción será otorgada a cualquier persona nacional del mismo país. De igual forma, serán los autores, quienes tendrán el derecho de reproducir sus obras; entendiéndose por reproducir toda grabación visual o auditiva de las mismas.

Por otro lado, se permite, al igual que en México, el derecho de cita de una obra ya divulgada, siempre que se haga de forma compatible con la práctica leal y la extensión de esa cita no exceda lo necesario de acuerdo al propósito buscado con la misma. Asimismo, se deja al arbitrio de las legislaciones de los países miembros que se permita o no el uso de obras literarias o artísticas en ilustraciones de publicaciones, difusiones y grabaciones visuales o auditivas para propósitos de enseñanza. Sin embargo, en todo caso deberá hacerse mención tanto de la fuente como del autor utilizados.

También se otorga a los autores el derecho de autorizar la difusión y comunicación de sus obras, estando las condiciones del ejercicio de este derecho al arbitrio de las legislaciones de los países miembros de la Unión, siempre cuidando que los derechos morales y patrimoniales no se vean menoscabados por el establecimiento de dichas condiciones. Asimismo, los autores gozarán del derecho exclusivo de autorizar tanto la recitación pública como la realización de adaptaciones, arreglos y otras modificaciones de sus obras.

En cuanto a los procedimientos entablados para reclamar la violación de alguno de los derechos de autor en alguno de los países miembro, será suficiente para que el autor inicie este procedimiento, que su nombre aparezca en la obra tal y como usualmente aparece, sin importar si es un seudónimo, en cuyo caso se requerirá que no se deje lugar a dudas la identidad del autor; y al igual que en la legislación mexicana, en el caso de obras anónimas y seudónimas en las que no se conozca la identidad del autor, el entablamiento de estos procedimientos corresponderá a la persona que las publique.

En cuanto a las copias que ya violen algún derecho de autor, éstas serán objeto de embargo en cualquiera de los países miembro de acuerdo a sus propias legislaciones, sin perjuicio del derecho que tiene cada uno de estos países para permitir, controlar o prohibir, según juzguen necesario, la circulación, presentación o exhibición de cualquier obra, situación, que como ya mencionamos, no prevé nuestra legislación.

La protección que otorga esta Convención sólo abarcará aquellas obras que no estén dentro del dominio público cuando la misma entre en vigor.


3.4.2 Tratado de Derechos de Autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

En el caso de este instrumento la fecha de firma fue el 20 de diciembre de 1996 en Ginebra. Las finalidades recogidas en el preámbulo perseguidas con la firma de este Tratado fueron las siguientes: el desarrollo y el mantenimiento de la protección de los derechos de autor en sus obras literarias y artísticas de manera uniforme y efectiva, el reconocimiento de la necesidad de introducir nuevas disposiciones internacionales y aclarar la interpretación de algunas de las ya existentes con el fin de proveer soluciones adecuadas a situaciones surgidas de desarrollos económicos, sociales, culturales y tecnológicos; el reconocimiento del profundo impacto que producen, en la creación y uso de obras literarias y artísticas, el desarrollo y la convergencia de la información y la comunicación de la tecnología y; el énfasis en la gran importancia que tiene la protección de los derechos de autor como incentivo en la creación de obras literarias y artísticas.

Cualquier Estado miembro de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual podrá ser parte de este Tratado.

El cuerpo del mismo instrumento se compone de 25 artículos y guarda estrecha relación con la Convención de Berna, ya mencionada anteriormente.

Dentro del articulado del Tratado se establece que la protección a la propiedad intelectual recae sobre las expresiones o exteriorizaciones y no sobre ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos.48

En relación a los programas de computación y a las bases de datos que constituyan creaciones intelectuales en razón de la selección o del arreglo del contenido de las mismas, ambas se protegerán como obras literarias.

Por otra parte, además del derecho de distribución a través de venta o transferencia de derechos de propiedad que tienen los autores, se prevé el derecho de renta para los autores de programas de cómputo, obras cinematográficas y obras incorporadas a fonogramas.

Por otro lado, los países firmantes se obligan a establecer una protección jurídica adecuada y soluciones jurídicas efectivas, contra la acción de eludir las medidas tecnológicas utilizadas por los autores en relación al ejercicio de sus derechos, contra la supresión o alteración, sin autorización, de cualquier información electrónica sobre la gestión de negocios49 y contra la distribución, emisión o comunicación al público, sin autorización, de ejemplares de obras cuya información electrónica sobre la gestión de negocios haya sido suprimida o alterada sin autorización.


3.4.3 Convención Universal de los Derechos de Autor

Esta Convención fue firmada y revisada el 24 de julio de 1971 en París. Consta de veintiún artículos, un apéndice y dos protocolos.

Esta Convención no protege el derecho moral del autor, y no por una simple omisión, sino con la finalidad deliberada de facilitar el mayor número de adhesiones de países que por esta circunstancia no firmaron la Convención de Berna.
3.4.4 Otros Tratados de Derechos de Autor entre México y otros países americanos

Dentro de los Tratados estudiados se encuentran los celebrados con Venezuela y Colombia, Costa Rica, Bolivia y Nicaragua. En realidad todos estos tratados son muy similares entre ellos, razón por la cual se expondrán las disposiciones más sobresalientes en forma única y las pequeñas diferencias encontradas. Sin embargo, antes de exponer las disposiciones, cabe señalar las fechas en las que estos Tratados se firmaron. El Tratado celebrado con Colombia y Venezuela se firmó el 13 de junio de 1994, el celebrado con Bolivia se firmó el 15 de diciembre de 1994, el celebrado con Nicaragua se firmó el 18 de diciembre de 1997, el celebrado con Costa Rica se firmó el 5 de abril de 1994 y el celebrado con Estados Unidos y Canadá se firmó el 18 de noviembre de 1993.

En principio, cada Parte se compromete a otorgar en su territorio a los nacionales de otra Parte, protección y defensa adecuada y efectiva a los derechos de propiedad intelectual en las mismas condiciones que a los propios nacionales, sin que con estas medidas se obstaculice el comercio legítimo. Asimismo, cada Parte podrá otorgar en su legislación protección a los derechos de autor más amplia que la establecida en estos Tratados, siempre que no sea incompatible con los mismos.

En cuanto a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento, uso y observancia de los derechos de autor, se prevén la cláusula de nación más favorecida50 y la de trato nacional.51

Con el fin de otorgar la protección y defensa adecuada, las Partes aplicarán, por lo menos, las disposiciones del capítulo relativo a la propiedad intelectual de estos Tratados de Libre Comercio, las del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de París, las de la Convención Universal sobre los Derechos de Autor de París, las de la Convención Internacional para la Protección de los Artistas Intérpretes y Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión de Roma y las de la Convención Internacional para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas de Ginebra. Sin embargo, Estados Unidos y Canadá y Nicaragua agregan las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual; Nicaragua además agrega las de la Convención relativa a la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite de Bruselas, y Costa Rica y Bolivia agregan las disposiciones del Arreglo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional a las disposiciones ya mencionadas.

Asimismo, se establece que la protección otorgada no podrá condicionarse al cumplimiento de alguna formalidad o requisito alguno, y, abarcará a las obras enunciadas por el Convenio de Berna incluyendo programas de computación y bases de datos, sin que se extienda a los datos o materiales en sí mismos ni en perjuicio de ningún derecho de autor que exista sobre esos datos o materiales.

Por otra parte, las partes se comprometen a cooperar entre ellas con miras a eliminar el comercio de bienes que viole algún derecho de propiedad intelectual, al mismo tiempo que se comprometen a contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología.

Por otro lado, contemplan como contenido del derecho moral del autor el derecho a autorizar o prohibir la edición gráfica, la traducción a cualquier idioma o dialecto, la adaptación e inclusión en fonogramas, videogramas, películas cinematográficas y otras obras audiovisuales y cualquier forma de utilización, proceso o sistema conocido o por conocerse. Cabe señalar que el Tratado firmado con Canadá y Estados Unidos no hace mención alguna sobre este particular; sin embargo, en el apartado relativo a las definiciones, menciona que los derechos de propiedad intelectual abarcan los derechos de autor y los derechos conexos, por lo cual consideramos que indirectamente también se protegen los derechos morales.

Asimismo, también se comprometen a establecer dentro de sus legislaciones procedimientos que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo recursos ágiles para prevenir las infracciones y que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

En relación a las medidas para disuadir las infracciones, se establece que las autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar que los bienes que infrinjan los derechos de propiedad intelectual sean, sin indemnización alguna, retirados del comercio, o bien, destruidos; siempre y cuando se tomen en cuenta la proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas. Asimismo, dichas autoridades podrán ordenar el pago, en calidad de compensación, por el daño ocasionado al titular de los derechos de autor infringidos, además del pago de costas del proceso.

Cabe mencionar que en el Tratado firmado con Estados Unidos y Canadá se dispone que las Partes tendrán la obligación de otorgarse mutuamente asistencia técnica y de promover la cooperación entre sus autoridades, incluyendo capacitación de personal.

3.4.5 Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas

Este Tratado fue firmado el 20 de diciembre de 1996 en Ginebra. Consta de treinta y

tres artículos, dentro de los cuales se señalan las definiciones de artistas intérpretes o ejecutantes, fonograma, fijación, productor de fonograma, publicación, radiodifusión y comunicación al público, que si bien, nuestra legislación menciona de forma general estas definiciones, creemos conveniente exponer las establecidas en este Tratado, en virtud de que aquí se les da un enfoque referido exclusivamente a la interpretación o ejecución y a los fonogramas.

“Artistas intérpretes o ejecutantes: todos los actores, cantantes, músicos, bailarines u otras personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten, en cualquier forma, obras literarias o artísticas o expresiones del folklore.

Fonograma: toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual.

Fijación: la incorporación de sonidos, o la representación de éstos, a partir de la cual pueden percibirse, reproducirse o comunicarse mediante dispositivo.

Productor de fonograma: la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o las representaciones de los sonidos.

Publicación de una interpretación o ejecución fijada o de un fonograma: la oferta al público de la interpretación o ejecución fijada o del fonograma con el consentimiento del titular del derecho y siempre que los ejemplares se ofrezcan en cantidad suficiente.

Radiodifusión: la transmisión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos o de las representaciones de éstos, para su recepción por el público; dicha transmisión por satélite también es una radiodifusión y la transmisión de señales codificadas será radiodifusión cuando los medios de descodificación sean ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento.

Comunicación al público de una interpretación o ejecución o de un fonograma: la transmisión al público, por cualquier medio que no sea la radiodifusión, de sonidos de una interpretación o ejecución o los sonidos o las representaciones de sonidos fijadas en un fonograma.”52

Por otro lado, también se establece que los beneficiarios de la protección otorgada por este Tratado serán los nacionales de los Estados Parte del mismo, incluso se comprometen a conceder un trato nacional a los nacionales de los otros Estados Parte, y que la protección será otorgada sin condicionarse al cumplimiento de ninguna formalidad.

En relación a los derechos morales de los artistas intérpretes por sus interpretaciones o ejecuciones sonoras en directo o fijadas en un fonograma se reconoce el derecho a ser identificado como el artista intérprete o ejecutante de sus interpretaciones y el derecho a oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación a sus interpretaciones o ejecuciones que cause perjuicio a su reputación. La protección a estos derechos se hará efectiva mediante los medios procesales establecidos en el Estado en el que ésta se solicite.

Por otro lado, las Partes expresan su compromiso de establecer recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir medidas tecnológicas utilizadas por los artistas o productores de fonogramas para ejercer sus derechos y evitar los actos propios de las personas no autorizadas para el ejercicio de los mismos, así como recursos jurídicos contra las personas que sabiendo, o teniendo razones suficientes para saber, induzca, permita, facilite u oculte una infracción, suprima o altere, sin autorización, cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos o distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del público, sin autorización, interpretaciones, ejemplares de las mismas o fonogramas sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización. Asimismo, se comprometen a contar con procedimientos que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier infracción a la propiedad intelectual así como la prevención y disuasión a futuras infracciones.

Por último se establece que todo miembro de la OMPI podrá ser parte de este Tratado, así como cualquier organización intergubernamental, previa admisión por parte de la Asamblea, como es el caso de la Comunidad Europea.

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