C a p í tulo 1 derechos de autor. Conceptos generales



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LOS DERECHOS MORALES EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO

2.1 Concepto y terminología del Derecho Moral

Como se mencionó en el capítulo anterior, el derecho moral es el vínculo estrecho que existe entre el autor y su obra, constituyendo un aspecto concerniente a la tutela de la personalidad del autor como creador, así como a la tutela de la obra como entidad propia, lo cual nos lleva a percibir a la obra como un reflejo de la personalidad del autor y por lo tanto, a comprender la relación de dicho derecho moral con el nombre del autor, con su fama y con su crédito.

Se dice que es moral porque la protección que se otorga es un reconocimiento a la dignidad humana, en virtud del respeto que se debe a la idea misma. Este respeto se traduce en una exigencia del Estado a los gobernados, de que de ninguna manera se altere la obra sin consentimiento del autor, ni que se omita su nombre como creador de dicha obra. Sin embargo, hay quienes que como Pérez Serrano, consideran que en realidad el calificativo de moral hace referencia a una redundancia, ya que todo derecho debe ser moral para poder ser considerado derecho, o lo que sería peor, podrían implicar que existen derechos inmorales.

De igual manera se ha propuesto llamar a este tipo de derechos “derechos personales”, “derechos de paternidad intelectual” o incluso “derecho al respeto”, sin embargo, ningún término ha sido del todo aceptado por la teoría general de los derechos de autor.

Aun cuando el término no sea del todo afortunado, cabe resaltar que el término “derecho moral” es el que se ha adoptado en la mayoría de los tratados internacionales, en la jurisprudencia, en la doctrina y en el derecho comparado, además, la función de este término es diferenciarlo del aspecto pecuniario o patrimonial del otro tipo de derechos: los patrimoniales, razón por la cual no pretenderemos modificarlo o sustituirlo por otro.


2.2 Naturaleza Jurídica del Derecho Moral

En cuanto a la naturaleza jurídica de esta clase de derechos la doctrina ha propuesto, entre otras cosas, la idea de considerar a los derechos morales como derechos de la personalidad. A esta opinión se adhiere Albaladejo quien explica que el derecho moral “...es inseparable de su titular e íntimamente conexo a su persona.” 11 De igual manera, Marisela González sostiene que la naturaleza jurídica del derecho moral del autor es la de derecho de la personalidad, en virtud de que dicho derecho tiene su origen y fundamento en la personalidad del autor, ya que es su personalidad creadora, existente potencialmente en todo el mundo, la que da como resultado la obra intelectual, por lo que ésta es considerada como reflejo de esa personalidad y en ocasiones ese reflejo es tan marcado que es posible identificar al autor, aun cuando éste se esconda tras el anonimato. En la misma línea de ideas, continúa mencionando que, sin que se afirme que toda persona nace con la condición de autor, sí puede decirse que la posibilidad de crear obras del espíritu existe potencialmente para todos, es decir, puede hablarse de un derecho de autor innato en potencia. Es por esto, que esta autora considera desafortunado el argumento de negar la esencialidad del derecho de autor basado en la consideración de que no toda persona crea o produce arte, ya que para ella, afirmar lo anterior, llevaría a la conclusión de relativizar todos aquellos derechos fundamentales que por diversas razones no son ejercitados por todos los ciudadanos como sería el caso del derecho a la libre asociación12

Por otro lado, hay quienes como De Cupis sostienen que la esencialidad que caracteriza a los derechos de la personalidad, en los derechos morales es atenuada, pues esta clase de derechos no aparecen como consecuencia del nacimiento, sino que surgen en virtud de que la persona en cuestión tenga la calidad de autor, es decir, son derechos eventuales que pueden aparecer de manera coyuntural en cada persona. En el mismo sentido, pero de forma más extrema, se expresa el Tribunal Supremo de España en una sentencia del 9 de diciembre de 1985 en la cual se sostuvo que el derecho de autor no es un derecho de la personalidad porque carece de la nota indispensable de la esencialidad, al no ser cosustancial o esencial a la persona, sin que en ninguno de los dos casos se niegue que los derechos morales poseen las características de los derechos de la personalidad: extrapatrimonialidad, intransmisibilidad, irrenunciabilidad, inembargabilidad, imprescriptibilidad, inexpropiabilidad y perpetuidad.

Por su parte, otro autor español, Castán Tobeñas cataloga a los derechos de autor extrapatrimoniales dentro de los derechos pertenecientes a la esfera secreta de la propia persona, los cuales, a su vez, los encuadra dentro de los derechos de tipo moral, distintos de los que él llama derechos a la individualidad y derechos relativos a la existencia física o inviolabilidad corporal.13

Existe además otra opinión, la de De Castro, quien por su parte considera a los derechos morales como bienes sociales o individuales, los cuales son distintos de los bienes esenciales de la persona, de los bienes corporales y psíquicos secundarios y del elemento individualizador de la persona.14

Para Gierke, la obra intelectual constituye el objeto del derecho de autor en tanto que es y permanece como bien personal de su autor, siendo la obra la que proyecta de un modo más vivo y permanente la personalidad del mismo. Para él, el carácter personal del derecho de autor se confirma si se examina el fundamento, el contenido y la transmisibilidad del derecho. En cuanto al fundamento, es la creación espiritual la que tiene, como sello individual propio, la personalidad del que la ha creado. Respecto a su contenido, el derecho de autor se concentra en la facultad de disposición sobre la obra, en tanto que el autor es el único que ha de decidir si, cuándo y cómo, debe separarse de su propia persona y, aun cuando reconoce que desde este punto de vista pueden surgir facultades patrimoniales, considera que en ellas se protege también la personalidad del autor. En lo relativo a la transmisibilidad del derecho, sostiene que, aun cuando el autor transmite ciertos aspectos del disfrute de su derecho, conserva el pleno poder de disposición sobre la existencia interna y externa de la obra cedida a un tercero. Aclara, además que, aunque la obra se publique, no se rompe, de ningún modo, la unión entre ésta y su creador, pues no deja de ser por ello una exteriorización de su espíritu personal. De esta forma, vemos que Gierke resalta notablemente el aspecto moral de los derechos de autor y por consiguiente, podemos apreciar la homologación que hace de los derechos morales a los derechos de la personalidad.15

En cuanto a la doctrina francesa, Pollaud se inclina a adscribir al derecho moral a la categoría jurídica de los derechos de la personalidad al considerar al derecho de autor como un derecho natural y no una mera construcción jurídica o un privilegio concedido por el legislador, y al resaltar un carácter personal de la creación. De esta forma, como consecuencia de las consideraciones anteriores, concluye que la protección que se otorga a la obra deviene de que se considera a ésta como una emanación o reflejo de la personalidad del autor.16
2.3 Características del Derecho Moral

Existen seis características propias de los derechos morales. Estas seis características son: irrenunciabilidad, inalienabilidad, perpetuidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad e inexpropiabilidad. La atribución de tales características obedece a la configuración misma de los derechos morales.

Irrenunciabilidad. En principio, la renuncia constituye uno de los aspectos con los cuales se afirma en la vida, la libertad con que se ejerce un derecho subjetivo. La renuncia supone el abandono de la titularidad de un derecho por la voluntad de quien tiene la plena disposición sobre él, provocando la pérdida o extinción del mismo. Esta renuncia puede o no perseguir la atribución del derecho a otro sujeto, sin embargo, lo que sí es necesario para que la renuncia sea válida es que ésta no contraríe el interés social, el orden público ni perjudique a terceros. Esto implica que se consideren irrenunciables los derechos o facultades que por su propia naturaleza trascienden a los intereses puramente individuales. En el caso de los derechos morales, se consideran irrenunciables apoyándose en la protección del individuo autor y en la protección de intereses sociales dignos de tutela. Si no se aceptara esta característica, el autor dejaría de ser árbitro de su destino y las decisiones tomadas por otros en su nombre podrían causarle grandes perjuicios, no sólo en sus intereses económicos sino también en sus propios intereses personales, ya que no habría cómo garantizar la pureza de la obra, afirmar que la obra está completa o que lo expresado en la misma es precisamente lo que quiso expresar el autor si la obra se divulgara sin que éste pudiera saber o autorizar dicha divulgación.

En cuanto a las obras colectivas, en cuyo caso el coordinador es quien ejerce los derechos de autor, cabe explicar que no es que los autores de las aportaciones individuales cedan sus derechos o renuncien a ellos, sino que debe considerarse que los derechos que ejerce el coordinador son sobre una obra nueva, distinta de las aportaciones en su individualidad, esto sin perjuicio de los derechos sobre las aportaciones individuales de los cuales serán titulares los autores de las mismas.

Inalienabilidad. En un sentido jurídico, alienación significa la transferencia de un derecho o de una facultad integrante y susceptible de ser separada de su titular, a un tercero. En el caso de los derechos morales se dice que son inalienables porque además de que se consideran fuera del comercio, son inherentes a la persona, ya que se atribuyen al autor por el nexo de unión con su obra. Por estas razones los derechos morales no pueden ser detentadas por terceros, y por lo tanto, se califican como inalienables.

En relación al caso de las obras colectivas cabe hacer la misma aclaración que se hizo en la exposición de la característica de irrenunciabilidad.

Perpetuidad. La atribución de esta característica a los derechos morales se justifica porque la obra sobrevive tanto a la vida del autor como a la extinción del monopolio de explotación; esto implica que el vínculo entre el autor y su creación no está sujeto a ningún término, es decir, existe siempre, ya que de nada serviría reconocer el derecho de exigir el respeto a la integridad de la obra si a la muerte del autor cualquiera pudiera introducir en ella modificaciones o alteraciones. Sin embargo, cabe aclarar que esta característica no es propia de todas las facultades que constituyen los derechos morales, sino que sólo podemos considerar perpetuas las relativas a la defensa de la paternidad e integridad de la obra, ya que las facultades relativas a la divulgación, ya sea que la obra se divulgue o se mantenga inédita, se ven limitadas por causa de utilidad pública.

Imprescriptibilidad, inembargabilidad e inexpropiabilidad. Estas tres características son consecuencia directa de la inalienabilidad y su razón de ser es que los derechos morales están fuera del comercio y son derechos inherentes a la persona.17


2.4 Contenido del Derecho Moral

Como ya se mencionó, el derecho moral le confiere al autor una serie de facultades que constituyen el contenido del derecho moral. Precisamente, en torno a estas facultades, se han desarrollado diversas clasificaciones de las mismas. Por ejemplo, podemos señalar la sostenida por Stolfi, según la cual, los autores tienen los siguientes derechos personales: 1) derecho de inédito, 2) derecho de terminar la obra, 3) derecho a que la obra sea publicada en la forma en la que fue creada por el autor, 4) derecho de elegir a los intérpretes de la obra propia, 5) derecho de modificar la obra, 6) derecho de publicar la obra bajo el propio nombre o en forma seudónima o anónima, 7) derecho de retirar la obra del comercio y 8) derecho de estar en juicio en contra de los infractores.18

Por su parte, Mouchet y Radaelli dividen las facultades que integran el derecho moral en dos grandes grupos: 1) las facultades exclusivas o positivas, que sólo pueden ser ejercidas por el autor y que comprenden: el derecho de crear, derecho de continuar y terminar la obra, derecho de modificar y destruir la propia obra, derecho de inédito, derecho de publicar la obra bajo el propio nombre, bajo seudónimo o en forma anónima; derecho de elegir los intérpretes de la propia obra y el derecho de retirar la obra del comercio. 2) Las facultades concurrentes negativas o defensivas que ejerce el autor, o en su defecto, sus sucesores, derechohabientes o ejecutores testamentarios, son: el derecho de exigir que se mantenga la integridad de la obra y su título, el derecho de impedir que se omita el nombre o el seudónimo, se les utilice indebidamente o no se respete el anónimo y el derecho de impedir la publicación o reproducción imperfecta de una obra.19

Por su parte, Micheladis Nouaros señala que el derecho moral se integra por las siguientes prerrogativas: 1) el derecho de crear y comunicar la obra al público, 2) el derecho de paternidad de la obra, 3) el derecho de modificar la obra y derecho al respeto, 4) el derecho de retirar y destruir la obra, 5) la prohibición de críticas excesivas y, 6) la prohibición de todo ataque a la personalidad del autor.20

En cuanto a Satanowsky, éste adopta una fórmula de clasificación atendiendo a dos momentos: 1) durante la realización de la obra que comprende sólo el derecho de publicación y, 2) después de la publicación, en cuyo caso habla de derechos positivos y derechos negativos; dentro de los positivos se encuentran el derecho al nombre y firma del autor, el derecho al seudónimo o al anonimato, el derecho al título de la obra y a que ésta sea representada en condiciones adecuadas; mientras que dentro de los negativos se encuentran el respeto a la integridad de la obra y su título, a exigir la fidelidad de las traducciones, a no permitir que alguien le atribuya una obra que no es de él y/o que otro se atribuya la paternidad de su creación y el derecho a retirar la obra publicada, e incluso a destruirla.21

En cuanto a lo sostenido por Pérez Serrano, éste atiende a los dos momentos sostenidos por Satanowsky que se refieren a antes de la publicación y después de la misma, el primero de esos momentos abarca el derecho a la publicación y el segundo abarca el derecho de paternidad intelectual, la facultad que figure o no su nombre en la obra, de impedir deformaciones o atentados espiritualmente dañosos, el derecho de modificación y el de arrepentimiento.22

Marisela González, por su parte señala únicamente como principales facultades integrantes del derecho moral del autor las que se refieren a la publicación, a la paternidad, al respeto a la integridad, a la modificación y al arrepentimiento de la obra.23

Pollaud-Dulian propone una clasificación que divide las prerrogativas durante la vida del autor que incluyen la facultad de divulgación, de paternidad, de respeto a la obra, de arrepentimiento y de retirada de la misma del comercio; y después del fallecimiento del mismo que incluyen los derechos de publicar la obra inédita, de exigir el mantenimiento de la integridad de la obra y de ordenar la destrucción de la misma.24

Álvarez Romero, por su parte señala como contenido del derecho moral, el derecho de publicar la obra bajo el propio nombre, o en forma seudónima o anónima, el derecho de edición o publicación, el derecho a la integridad, conservación y respeto de la obra, y el derecho de arrepentimiento o rectificación. Asimismo, señala que el derecho de publicar bajo el propio nombre, seudónimo o anónimo, también conocido como derecho de crédito y derecho de paternidad, contiene en sí mismo el derecho al nombre, el cual consiste en la facultad de reivindicar la paternidad de la obra, en hacer que el nombre del autor y del título de la obra se citen en relación con la utilización de la obra; también contiene el derecho al seudónimo que le da la facultad al autor de elegir un seudónimo en relación con la utilización de la obra; y contiene de igual forma, el derecho al anonimato, el cual le permite impedir la mención de su nombre. Por otro lado, menciona que el derecho de edición faculta al autor para decidir acerca de la divulgación de su obra o si ésta se mantiene en secreto, de igual forma, por virtud de este derecho el autor puede destruir o modificar su obra. El derecho a la integridad, conservación y respeto de la obra, por su parte, otorga la facultad de oponerse a toda modificación no autorizada de la obra, a su mutilación y a cualquier atentado contra la misma, incluyendo su destrucción. El derecho de arrepentimiento o de rectificación, por último, confiere la facultad para retractarse de la obra y para retirarla del comercio.25
2.5 Clasificación de los Derechos Morales en el Derecho Mexicano

2.5.1 Reconocidos por la ley

La actual Ley Federal del Derecho de Autor otorga diversas facultades entre las que figuran las siguientes:


  • Admite, de modo expreso, la teoría dualista al establecer tanto los derechos morales o de carácter personal como los derechos patrimoniales o de carácter pecuniario.

  • El derecho de inédito, así como la forma en la que su obra será hecha del conocimiento del público, en caso de que así lo decida.

  • El derecho a ser mencionado como autor en las obras propias que le sean publicadas.

  • El derecho a exigir el reconocimiento de su calidad de autor.

  • El derecho al pseudónimo.

  • El derecho al anonimato.

Cabe señalar que en estos dos últimos casos, las acciones para proteger los distintos derechos corresponderán a la persona que las haga del conocimiento del público, hasta en tanto el titular de esos derechos comparezca.



  • El derecho de exigir el respeto a la integridad de la obra.

  • El derecho a oponerse a toda acción que atente contra su obra o cause demérito o perjuicio tanto a la obra como a su reputación misma, así como, aun cuando no se mencione expresamente, el relativo a oponerse a toda acción que destruya la obra en su totalidad.

  • El derecho de modificar su obra.

  • El derecho de retirar la obra del comercio.

  • El derecho de oponerse a que se le atribuya una obra de la que no es creador.

  • En el caso de las obras en colaboración, los derechos reconocidos, incluyendo los morales, corresponderán a todos los autores por partes iguales; sin embargo, para ejercitar los derechos, según dispone la ley, se requerirá el consentimiento de la mayoría de los autores. Aún así, cuando la parte realizada por cada uno de los autores sea claramente identificable, éstos podrán libremente ejercer sus derechos. Cabe mencionar que creemos pertinente mencionar, en este momento, la distinción que propone el autor español Rodríguez Tapia entre los derechos de la obra conjunta, ya sea en colaboración o colectiva, y los derechos de las obras-aportaciones que constituyen la primera, puesto que dicha distinción nos permite comprender mejor qué derechos morales pertenecen a quién.26

  • En cuanto a las obras colectivas, el director o realizador de la obra es quien ejercerá los derechos morales sobre la obra en su conjunto, sin perjuicio de los derechos que correspondan a los coautores en relación a sus respectivas contribuciones.

  • Cuando se trate de una obra realizada bajo una relación laboral, el empleador podrá divulgar la obra sin autorización del empleado, pero no al contrario.

  • En relación a los derechos morales dentro del contrato de edición de obra literaria, estos no se transmiten al editor al celebrarse el contrato, sino que por el contrario, el editor tiene prohibido expresamente publicar la obra con abreviaturas, adiciones, supresiones o cualesquiera otras modificaciones sin el consentimiento escrito del autor. Asimismo, se reconoce expresamente que el autor conservará el derecho de hacer a su obra las correcciones, enmiendas, adiciones o mejoras que estime convenientes antes de que la obra sea publicada. Por otra parte, también se prevé que toda persona física o moral que publique una obra está obligada a mencionar el nombre del autor o seudónimo del mismo, o dejarla anónima, según sea el caso. Lo antes mencionado será aplicable al contrato de edición de obra musical, al contrato de representación escénica, al de radiodifusión, al de producción audiovisual y al contrato publicitario.

  • En cuanto al artista intérprete o ejecutante, éste tiene el derecho a que se mencione su nombre respecto a las interpretaciones o ejecuciones que lleve a cabo. Así como a oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otra acción que atente contra su actuación o lesione su prestigio o reputación.

  • En cuanto a obras arquitectónicas, el autor tiene la facultad de oponerse a que le atribuya la calidad de autor de la obra cuando el propietario le haga modificaciones.

  • Por otro lado, la persona física o moral que comisione la producción de una obra o que la produzca con la colaboración remunerada de otras, tendrá las facultades relativas a la divulgación, integridad de la obra y de colección sobre este tipo de creaciones. Asimismo, la persona que colabore de forma remunerada tendrá el derecho a que se le mencione expresamente como autor, artista-intérprete o ejecutante sobre la parte o partes en cuya creación haya participado.

  • En relación a las obras del dominio público, podrán utilizarse libremente, siempre que se respeten los derechos morales de los respectivos autores.

  • En el caso de los símbolos patrios, es el Estado Mexicano quien será el titular de los derechos morales.

  • En lo que respecta a las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, desarrolladas y perpetuadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en la República Mexicana, éstas estarán protegidas en cuanto a su integridad y en cuanto a la autoría, la cual deberá ser mencionada cuando se difunda.

  • Se reconoce la perpetuidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad, irrenunciabilidad e inembargabilidad del derecho moral.


De las facultades que la ley reconoce como derechos morales a los autores, existen algunas que la doctrina expone de forma más profunda y que cataloga como el contenido de los derechos morales. De esta forma, se encuentra la facultad o derecho de decidir sobre la divulgación de la obra, entendiéndose por divulgación “toda expresión de una obra que con el consentimiento del autor la haga accesible por primera vez al público en cualquier forma.”27 Analizando esta definición sobresalen como requisitos que la obra sea expresada o exteriorizada, ya sea de forma tangible o intangible, ya que sin esta exteriorización el disfrute, apreciación o percepción de la creación sería físicamente imposible. Asimismo, otro requisito que sobresale es que sea accesible al público, sin que se considere suficiente que la trascendencia de la obra abarque sólo a unas pocas personas; es decir, es necesario que la obra haya salido del circuito privado del autor. En este momento cabe señalar que este requisito debe entenderse como que la obra esté en posibilidad de ser percibida por el público, y no que éste efectivamente la perciba, siendo este el caso de las obras divulgadas en Internet. Un tercer requisito es que ese acceso al público sea por primera vez. Y por último, el cuarto requisito, pero no por eso menos importante, es que esa divulgación sea llevada va cabo con el consentimiento del autor, ya que si una obra se pone en conocimiento del público ilícitamente por carecer del consentimiento del autor, ésta será considerada, para efectos jurídicos, como una obra inédita. Es preciso aclarar que el derecho de divulgación es distinto del monopolio de explotación, y por lo tanto no deben confundirse, ya que el primero es un derecho moral con todas las características que ello conlleva y el segundo es un derecho patrimonial. Asimismo, es necesario diferenciar el término divulgación del de publicación, en el sentido en que la divulgación puede hacerse por cualquier medio y la publicación exige la puesta a disposición del público de un número de ejemplares de la obra en determinadas condiciones, la divulgación implica que la puesta a disposición se haga por primera vez y la publicación no, y además que en este caso también son derechos de distinto tipo, uno es moral y el otro es patrimonial. Por otro lado, habiendo analizado los requisitos de este derecho, se puede decir que la importancia del mismo deriva de que se considera como el punto de partida para el nacimiento de los derechos patrimoniales, sin que sea considerado parte de los mismos. Se dice que es facultad porque el autor no tiene la obligación de hacer accesible al público su obra, ya que aunque la obra tiene una vocación de comunicación, el autor es el único facultado para tomar esa decisión, pues la divulgación pone en juego la reputación o fama del autor. Por último, en relación a este derecho, la legislación mexicana prevé que en el caso de una obra en colaboración, los coautores pueden ejercer este derecho si así lo acuerda la mayoría, a diferencia de la legislación española, quien exige el acuerdo unánime de los coautores. Asimismo, este derecho encuentra como límite, el que la obra sea considerada de utilidad pública, en cuyo caso, el Ejecutivo podrá ordenar la divulgación de la misma.

Por otro lado, se encuentra el derecho de inédito, el cual es definido como la facultad discrecional y exclusiva que tiene el autor de que su obra no sea divulgada sin su consentimiento. Este derecho es protegido aún en el caso en el que medie un contrato cuyo objeto sea la entrega de la obra en cuestión, sin perjuicio de que se ejercite una acción por indemnización, esto siempre y cuando dicha entrega tenga como fin la explotación de la obra, ya que, en el caso en el que la entrega sea realizada con el único fin de disfrutar la obra en privado, el autor no podrá incumplir su obligación de entregar la obra, pues esta entrega no implica la divulgación de la misma.

En cuanto al derecho a la paternidad de la obra éste abarca el derecho a proclamar esa paternidad, el derecho a reclamarla y el derecho a exigir el reconocimiento de su autoría, ya sea bajo su propio nombre, bajo un seudónimo o bajo el anonimato; esto último en virtud de que la declaración del nombre del autor en la obra es un derecho y no una obligación. Es en este punto en el que conviene definir al seudónimo como la denominación elegida por el autor para ocultar su verdadero nombre y para individualizar su obra al mismo tiempo.28 Asimismo, cabe definir al anónimo como la carencia de un nombre. En el caso de obras divulgadas bajo un seudónimo o bajo el anonimato, el autor de la obra conserva la titularidad de sus derechos, pero su ejercicio es delegado a aquella persona que haya sacado a la luz la obra con el consentimiento del autor; esto sólo mientras el autor no revele su identidad, ya que el uso del seudónimo o anónimo no implica que esté abandonando a favor de nadie su derecho a la paternidad; por lo tanto puede después seguir publicando sus obras ahora bajo su propio nombre. La persona que ejerce los derechos del autor tiene la obligación de respetar el seudónimo o el anonimato.

Por otro lado, el reconocimiento a la autoría, que también forma parte del derecho a la paternidad de la obra, nace por el simple hecho de la creación, aun cuando se ejercite hasta que la obra haya sido divulgada. El ejemplo más claro de este derecho es el de poder utilizar fragmentos de una obra en la propia, siempre y cuando se indique la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada, siendo mejor conocido como el derecho de cita.

En cuanto al respeto a la integridad de la obra, este derecho también implica el de impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra la obra que cause demérito o perjuicio tanto a su obra como a su reputación misma, lo cual, lejos de ser considerados como dos derechos distintos entre sí, se percibe al derecho a exigir el respeto a la integridad de la obra como una enunciación general de la facultad que tiene el autor de impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra la obra o que cause demérito tanto a su obra como a su reputación misma, como una descripción de las manifestaciones o conductas que atentan contra dicho respeto. Por otro lado, la doctrina aquí tiene una divergencia en el sentido en el que para algunos la modificación, deformación o alteración deben ser en perjuicio del autor, y para otros el respeto a la obra debe ser incondicional. En lo personal, nos inclinamos por la segunda corriente, ya que la ley estará protegiendo el mayor número de obras y no sólo aquellas en las que un juez, quien no conoce las obras en su plenitud, decida si se causa o no perjuicio. El fundamento de este derecho lo da la doctrina francesa y consiste en el hecho de que la obra es la expresión de la personalidad del autor y como tal, tiene total injerencia en la percepción que los demás tengan de él. Es en este apartado, en el que se toca el respeto a la integridad de la obra, donde es necesario aclarar que el título de una obra forma parte integral de la misma. El alcance de esta protección abarca a cualquier persona, tanto durante la vida del autor como después de su muerte, incluso cuando la obra tenga un soporte único el cual sea enajenado a un tercero o cuando la obra misma sea de dominio público.

En relación al derecho de modificar la obra, se puede decir que encuentra su fundamento en que la obra, al ser el resultado de la creación intelectual del autor y expresión de su personalidad en el momento de la creación, puede ser modificada en el momento en el que dicha personalidad evolucione. En cuanto a este derecho la doctrina española distingue la modificación de la transformación. Para Rodríguez Tapia la modificación atañe principalmente a un cambio de contenido, mientras que la transformación se refiere a una alteración de la forma expresiva sin que varíen sustancialmente las ideas contenidas en la obra. La ley española, por su parte, prevé y acepta los dos tipos de obra aclarando que la obra modificada sólo puede ser realizada por el autor; mientras que la obra transformada puede ser fruto de un tercero. En cuanto a la ley mexicana no se hace ninguna referencia al respecto. Sin embargo, este derecho a modificar la obra ve su límite en la situación en la que la obra, sin ser soporte único de la misma, ha sido enajenada a un tercero, en cuyo caso, bajo pena de indemnización, sólo podrá el autor realizar las modificaciones que estime imprescindibles, sin alterar el carácter y finalidad de la obra y sin elevar sustancialmente el costo de la edición. Este límite es impuesto por la ley española sin que se encuentre una disposición expresa similar dentro de la legislación mexicana, pero aún así podría crearse una solución similar fundándose en el principio del respeto a los derechos de tercero de buena fe. En el párrafo anterior, se hizo la aclaración de que se trataba del caso en el que la obra enajenada no era el soporte único de la misma, ya que en el caso en el que esa sea la situación, el autor no podrá hacer modificación alguna sin el consentimiento del propietario de ese soporte único, ya que se tiene que proteger lo que conoce como el motivo determinante de la voluntad del propietario al adquirir esa obra. En cuanto a las obras en colaboración, la legislación mexicana admite en forma general, que los derechos de los autores sean ejercitados por la mayoría a diferencia de la legislación española en la cual se pide, de forma expresa, la unanimidad de los coautores.

Por último, en relación al derecho de retirar la obra del comercio, también conocido como derecho de arrepentimiento, puede ejercerse en virtud de un cambio de convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de los derechos de explotación. De esta manera, se ve que el ejercicio de este derecho no es incondicional, sino que existen requisitos como que exista un cambio de convicciones intelectuales o morales del autor como razón para que se quiera retirar la obra, que previamente se indemnice por daños y perjuicios ocasionados al titular de los derechos de explotación y que si surge la situación en la que el autor decide posteriormente reintegrar la obra al comercio, se ofrezca preferentemente la explotación de la misma al titular anterior de esos derechos de explotación en condiciones similares a las originarias. El cambio de convicciones a que se hizo referencia abarca el cambio de convicciones ideológicas, políticas o religiosas; la situación en la cual el autor considera que su obra no corresponde con su capacidad artística actual, la situación en la cual los hechos o consideraciones en las él se ha basado para la realización de su obra han sido superados o desmentidos por el hallazgo de nuevos documentos o investigaciones, o en la situación en la que el autor de una obra plástica considera que el destino de su obra se ha desnaturalizado. Es decir, se exige que el ejercicio de este derecho no tenga una motivación económica, arbitraria o abusiva. El ofrecimiento preferente que se mencionó como requisito encuentra su razón de ser en la finalidad de tratar de evitar que el autor utilice el derecho de arrepentimiento con el fin de conseguir beneficios económicos; sin embargo cabe aclarar que esta obligación de ofrecimiento sólo tiene validez si la obra reintegrada es la misma o tiene transformaciones no sustanciales. Este derecho se extingue con la muerte del autor.

2.5.2 No reconocidos por la ley

Existen derechos que doctrinalmente pueden calificarse de morales y que sin embargo, no están reconocidos por la ley. Dentro de esta clase de derechos se encuentran los siguientes:


  • Que el autor pueda exigir del poseedor original o de un ejemplar reproducido de su obra, que le dé acceso al original o a dicho ejemplar reproducido, en tanto que sea necesario para la producción de ejemplares multicopiados o reelaborados de la obra.

  • Que además de su nombre, se mencionen sus títulos, grados y distinciones en cualquier reproducción de su obra.

  • Que el pseudónimo que utilice sea considerado como su verdadero nombre, cuando el primero deje al público conocer su identidad, como sería el caso de Gerardo Murillo que usaba el pseudónimo de “Dr. Atl”29

En cuanto al derecho de acceso al ejemplar único, la legislación y doctrina española establecen que esta facultad es únicamente posible cuando el soporte material en el que se ha exteriorizado la obra en cuestión se encuentra en manos de un tercero, cuando se trata de un ejemplar raro o único, cuando tiene como fin ejercitar otro derecho que le corresponda al autor, siempre y cuando no se exija el desplazamiento de la obra, se lleve a cabo en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor y si se indemnice al titular del soporte por los daños y perjuicios que se le puedan ocasionar al ejercitar este derecho.


2.6 Titulares del Derecho Moral

El derecho moral, al integrarse por un conjunto de facultades inherentes a la persona del autor, en principio no podría extenderse a quienes no ostenten esa condición. De esta forma, la titularidad de las facultades que se atribuyen corresponde al creador de la obra siendo precisamente el hecho de la creación lo que da origen a la protección que los derechos de autor otorgan.

Es este autor, según lo señala nuestra LFDA en su artículo 18, el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación.

Habiendo establecido lo anterior, cabe señalar que existen autores de obras originales, que como ya se mencionó, son llamados titulares originarios y que son aquellos creadores de una obra intelectual; y por otro lado, existen también autores derivados que son los que toman una obra ya realizada y le hacen modificaciones en ciertos aspectos agregándoles una creación novedosa. En el caso de los titulares originarios, éstos son titulares y ejercen los derechos morales antes mencionados en forma total sobre su obra. Por su parte, los titulares derivados poseen y ejercen los derechos morales sólo sobre sus aportaciones y no sobre la totalidad de la obra utilizada.

Por otro lado, la ley también otorga ciertos derechos morales a los herederos y causahabientes de los autores cuando éstos fallecen. Esos derechos son: el derecho a la divulgación, forma de la misma o en su caso derecho de inédito, derecho de exigir el reconocimiento al nombre o pseudónimo del autor o incluso el anonimato, derecho a exigir el respeto a la obra y por consiguiente, a oponerse a su modificación, mutilación u otra modificación que atente contra la integridad de la obra y, a oponerse a que al autor se le atribuya una obra que no haya sido suya.

Cabe mencionar que existen otros titulares de derechos morales, además de los autores y sus herederos. Nos referimos a los artistas intérpretes o ejecutantes30 sobre sus interpretaciones o ejecuciones, a los editores31 sobre sus ediciones y a los productores32 de fonogramas o videogramas sobre esos fonogramas o videogramas que producen.

Sin perjuicio de lo señalado en cuanto a que sólo la persona física puede ser titular de los derechos de autor, en virtud de una ficción jurídica puede atribuirse, a las personas morales, la calidad de titulares derivados y, por lo tanto poseer ciertos derechos intelectuales como serían los patrimoniales y algunos morales. Tal es el caso de las compañías editoras. De igual forma, se considera titular de derechos intelectuales al Estado que, en el caso de los derechos morales de obras del dominio público, de obras difundidas bajo el anonimato, de los símbolos patrios y de obras pertenecientes a las culturas populares que no cuenten con un autor identificable, es éste quien ejerce el derecho de exigir el respeto a la integridad de la obra, a oponerse a la modificación, mutilación o cualquier acción que atente contra la integridad de la misma, así como a oponerse a que al autor se le atribuya una obra ajena, sólo en el caso en el que no existan herederos. La misma suerte corren las sociedades de gestión colectiva, al establecerse expresamente que están obligadas a intervenir en la protección de los derechos morales de sus miembros.

En este punto cabe exponer un caso especial de titulares de derechos morales. Este es el caso de las obras colectivas. Antes que nada, es necesario definir lo que se considera como una obra colectiva. Se define una obra colectiva como aquella creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona que la edita y publica bajo su nombre, constituida por una pluralidad de aportaciones de diversos autores que se funde en una creación única y autónoma, para la cual ha sido concebida, sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada, a diferencia de una obra en colaboración en la cual las aportaciones que forman la obra final pueden distinguirse y explotarse por separado. Habiendo ya dejado claro lo que es una obra colectiva, cabe señalar que en este caso los derechos sobre la obra final corresponderán a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre, sin que ésta sea considerada autor de la misma, sin perjuicio de los derechos que le corresponden a los autores de las aportaciones que componen la obra final en cuanto a esas mismas aportaciones.

Esta forma de reconocer y atribuir los derechos de autor, tanto de tipo moral como patrimonial, es mejor explicada por Rodríguez Tapia, quien divide los derechos en aquellos que surgen de la obra colectiva de aquellos que surgen de las aportaciones. Así, señala que dentro del primer grupo de derechos se encuentra el de mantener la obra inédita, el de divulgarla y el de determinar las condiciones de divulgación, siempre y cuando todo esto sea comunicado a los colaboradores; ya que la explotación de la obra global implica la de las aportaciones individuales; asimismo, se considera como derecho sobre la obra colectiva el de elegir el nombre bajo el cual se publica, el de reivindicar la paternidad editorial, el de exigir el respeto a la integridad de la obra, así como el de modificarla y retirarla, sin perjuicio de que los autores tengan los mismos derechos sobre sus aportaciones individuales. Por otro lado, en cuanto a los derechos sobre las aportaciones se señalan el derecho de inédito, el de divulgación, el de exigir el reconocimiento de la condición de autor y determinar si la divulgación ha de hacerse bajo su nombre, un seudónimo o bajo el anonimato, el de modificarla o retirarla, así como el de exigir el respeto a la integridad de su aportación; cabe señalar que este derecho se le reconoce al autor de la aportación sin perjuicio de que el coordinador de la obra global tenga el derecho de pedir a los autores que modifiquen la aportación para hacer posible su inserción en la obra colectiva. Por último, este autor explica que la atribución de derechos al coordinador tiene su razón de ser en la dificultad de atribuir un derecho a cada autor sobre el conjunto de la obra realizada, así como en el hecho de que las aportaciones individuales, por lo regular, son concebidas para fundirse en la obra global.33
2.7 Límites en relación a los Derechos Morales

Antes de entrar a los límites establecidos específicos a la materia que nos ocupa, es pertinente exponer la clasificación de Diez Picazo34 al respecto. Este autor señala que existen cuatro tipos de límites.

El primer tipo es el que se conforma por los límites llamados naturales, ya que derivan de la naturaleza propia de cada derecho, así como de la manera en que éste es configurado dependiendo de la función económica y social que se busca alcanzar.

El segundo tipo es aquél que abarca los límites que surgen de la colisión de derechos pertenecientes a distintas personas.

El tercer tipo es el que contiene los llamados genéricos. Este tipo de límites se apoyan en dos bases: la primera es que el ejercicio del derecho debe hacerse conforme a las condiciones éticas imperantes en la comunidad, es decir, que se ajuste a lo que se conoce como buena fe; y la segunda es que el ejercicio de un derecho debe ajustarse a la finalidad económica o social para la cual ha sido concebido, es decir, se intenta evitar el abuso del derecho.

El cuarto y último tipo es aquél que se refiere a los límites temporales, es decir, a aquellos que disponen que al paso de un determinado periodo de tiempo se pueda determinar la extinción de un derecho.

Habiendo determinado en forma general los tipos de límites se puede entender cuál es la finalidad perseguida en cada uno de los límites previstos en nuestra legislación. Dentro de los límites en materia de derechos morales se encuentran los siguientes: aquél que establece que cuando las modificaciones hagan más onerosa la edición, el autor estará obligado a resarcir los gastos que por ese motivo se originen, salvo pacto en contrario (Art. 46), aquél que menciona que, salvo pacto en contrario, el derecho de editar separadamente una o varias obras del mismo autor no confiere al editor el derecho para editarlas en conjunto, ni viceversa (Art. 51), aquél que prevé que en cuanto a las obras hechas en coautoría, los derechos otorgados por la ley corresponderán a todos los autores por partes iguales, salvo pacto en contrario o que se demuestre la autoría de cada uno (Art. 80), aquél que establece que, salvo pacto en contrario, el derecho de autor sobre una obra con música y letra pertenecerá por partes iguales al autor de la parte literaria y al de la parte musical, siendo que cada uno de ellos podrá libremente ejercer los derechos de la parte que le corresponda o de la obra completa, debiendo en este último caso, dar aviso en forma indubitable al coautor (Art. 81), aquél que establece que, en el caso de fotógrafos profesionales, éstos sólo podrán exhibir las fotografías realizadas bajo encargo, como muestra de su trabajo, previa autorización (Art. 86), aquél que menciona que, salvo pacto en contrario, el autor de una obra arquitectónica no podrá impedir que el propietario de ésta le haga modificaciones, pero tendrá la facultad de prohibir que su nombre sea asociado a la obra alterada (Art. 92), aquél que dispone que las bases de datos, que por razones de selección y disposición de su contenido constituyan creaciones intelectuales, serán protegidas como compilaciones, sin que dicha protección se extienda a los datos y materiales en sí mismos (Art. 107), aquél que prevé que el acceso a información de carácter privado relativa a las personas contenida en las bases de datos requerirá la autorización previa de las personas de que se trate (Art. 109) y aquél que establece que una publicación o traducción de obras literarias o artísticas será considerada de utilidad pública cuando sean necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales, y por lo tanto, cuando no sea posible obtener el consentimiento del titular del derecho correspondiente, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, de oficio o a petición de parte, podrá autorizar dicha traducción (Art. 147).
2.8 Violaciones y sanciones

2.8.1 De tipo administrativo

De la lista de infracciones administrativas previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor con relación a los derechos morales se encuentran las siguientes:


  • La infracción que se origina por el hecho de publicar una obra omitiendo el nombre del autor. En este caso, el Instituto Nacional del Derecho de Autor sanciona la infracción imponiendo al infractor una multa de mil hasta cinco mil días de salario mínimo, según lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en la Ley Federal del Derecho de Autor.

  • La infracción que consiste en publicar una obra con menoscabo de la reputación del autor, en cuyo caso, se castiga igual con multa de mil a cinco mil días de salario mínimo.

  • La infracción que se comete por comunicar o utilizar públicamente una obra protegida sin la autorización previa y expresa del autor y con fines de lucro directo o indirecto. La sanción en este caso, será de una multa de cinco mil hasta diez mil días de salario mínimo y una multa adicional de hasta quinientos días de salario mínimo por día a quien persista en la infracción.

  • La infracción que surge de emplear en una obra un título que induzca a confusión con otra obra publicada con anterioridad, ya que existiría la posibilidad de violar el derecho a exigir el respeto a la paternidad de la obra. En este caso, se sanciona con una multa de cinco mil hasta quince mil días de salario mínimo.

  • Y la infracción que se configura por ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulación obras que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas sin autorización expresa del titular del derecho de autor. La sanción prevista para quien cometa esta infracción es una multa de cinco mil hasta diez mil días de salario mínimo.

2.8.2 De tipo penal.

El Código Penal por su parte, prevé, bajo el nombre de plagio, la situación en la que alguien, a sabiendas, publique una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre. En este caso, la pena será de prisión de seis meses a seis años y una multa que va de trescientos a tres mil días de salario mínimo. Cabe únicamente señalar, por lo pronto, que no existe para esta situación ninguna disposición que ordene la destrucción de la obra que plagia la obra protegida.

Esto es distinto de la simple omisión en la mención del autor sin atribuirse la paternidad de lo copiado, ya que en este caso se estará ante la reproducción ilícita de la obra.

Por otro lado, cabe hacer notar que no se prevé como delito el supuesto relativo a que se cause la destrucción de una obra, que como ya mencionamos, si bien se reconoce como un derecho el oponerse a que se atente contra la obra, la destrucción total de la misma no se menciona expresamente tampoco como infracción.

C A P Í T U L O 3

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