Autos: "pirix norma raquel c/ prevencion a. R. T. S. A. S/ Accidente de trabajo"



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AUTOS: "PIRIX NORMA RAQUEL C/ PREVENCION A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO" Expte. Nº 5832 - Fº 351 - L.II - Año: 2016. CONCEPCIÓN DEL URUGUAY.-

ACUERDO:

En la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil dieciséis, se reúnen en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros de la Sala del Trabajo de la Cámara de Apelaciones, integrada por su presidente, Dr. JUAN CARLOS TITO y los Sres. vocales Dres. JORGE ALBERTO PIROVANI y SERGIO DANIEL TOLOY, a fin de entender en el recurso de apelación interpuesto en autos: "PIRIX NORMA RAQUEL C/ PREVENCION A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO", contra la sentencia de fs. 104/113 y honorarios.

Que por sorteo practicado a fs. 157, los Sres. vocales fundarán sus votos en el siguiente orden: Dr. JUAN CARLOS TITO, Dr. SERGIO DANIEL TOLOY y Dr. JORGE ALBERTO PIROVANI.-

Que, estudiados los autos, la Sala se plantea las siguientes cuestiones para resolver:

1ª) ¿Es justa la sentencia apelada?

2ª) ¿Son bajos los honorarios apelados a fs. 118 y vta.?

3ª) ¿Qué corresponde resolver?

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA PARA RESOLVER: el Sr. vocal Dr. TITO, dijo:

Vienen estos autos a despacho en virtud del recurso de apelación interpuesto por ambas partes contra la sentencia de fs.104/113, agraviándose la demandada a fs.123/126 vta., por cuanto: 1º) se resuelve incorrectamente al fijar el porcentaje de incapacidad de la actora, apartándose arbitrariamente de la pericia médica practicada en juicio; 2º) que el resolutorio aplica el ajuste por índice RIPTE establecido en la ley 26.773 sobre las indemnizaciones de la LRT, cuando, conforme al texto legal, solo deben ajustarse los pisos y compensaciones adicionales; y 3º) que no resulta aplicable la ley 26.773 en el presente caso, ya que la misma solo se torna operativa ante contingencias acaecidas con posterioridad a su entrada en vigencia, acorde a lo establecido en el art. 17 inc. 5 de la misma, y al criterio sentado por la CSJN en los autos "Espósito...".-

Que los agravios de la actora obran agregados a fs.128/129 vta., versando sobre: 1º) que la liquidación practicada en la sentencia de primera instancia se aparta de los lineamientos fijados por el STJER en los precedentes "Schaffer" y "Medina Bello", en tanto el resolutorio en crisis fracciona la actualización de las prestaciones en varias partes, efectuando un primer ajuste de índice RIPTE con más interés puro desde el accidente hasta el primer pago, luego deduce el pago parcial, y continúa ajustando por RIPTE solo sobre la diferencia, cuando -a entender del recurrente-, se debieron ajustar la totalidad de la prestación devengada y actualizada, desde la fecha del accidente hasta la de la sentencia y, recién luego de efectuado el ajuste, deducir el pago parcial percibido el 23/05/2013.-

Que a fs.143/148 vta. obra la contestación de la actora, a los agravios formulados por la accionada, peticionando el rechazo del mismo en todas sus partes, con costas.-

Que la sentencia en crisis hace lugar a las diferencias de las indemnizaciones nacidas por la enfermedad profesional del accionante, ocurrida en el lugar de trabajo, cuya primera manifestación data del 16/02/2012, que derivó en una limitación funcional, resultando ello en una incapacidad parcial, permanente y definitiva en la integridad del actor, considerando el resolutorio que debe tenerse en cuenta a los fines del cálculo la incapacidad que determina la Comisión Médica nº 8 al 22/04/2013 (del 7,93%) -y no así el porcentual de incapacidad dictaminado en juicio por el perito médico forense (del 3,65%)-, determinando la aplicación al caso de la ley 26.773, por existir prestaciones pendientes de cancelación al momento de su entrada en vigencia. Por ello, se resuelve aplicar sobre las sumas no satisfechas el ajuste por índice RIPTE dispuesto por la ley 26.773 y el interés puro del 12% durante igual período, declarando la inconstitucionalidad del art. 17 del dec. 472/14, por considerar que el mismo incurre en un exceso reglamentario, y condenando al adicional previsto en el art. 3 de la citada ley 26.773.-

Que, a los fines de un mayor ordenamiento, y por depender de ello la resolución de los demás cuestionamientos, se impone tratar en primer término el PRIMER AGRAVIO de la accionada, en virtud del cual se sostiene que la sentencia incurre en un equívoco al basar la totalidad de los cálculos indemnizatorios en una incapacidad que el actor no presenta a la fecha, solicitando se tenga presente el grado incapacitante dictaminado por el perito médico en juicio, y no el que oportunamente fuera fijado por la Comisión Médica nº 8.-

En miras de dilucidar la presente cuestión, cabe señalar en primer lugar que en la demanda entablada a fs.4/19 vta., el actor argumenta que no padece una incapacidad del 7,93%, como lo dictaminara la Comisión Médica nº 8 el 22/04/2013 (fs.34/37 leg. doc. actora) -y en virtud de lo cual la aseguradora le abonara en fecha 23/05/2013 la suma de $33.295,06 (conf. fs. 1 leg. doc. actora)-, sino que -afirma- al mismo le aqueja una incapacidad del 15% -lo que se invoca a fs.4 vta.-; de allí que el promocional tiene por objeto reclamar una diferencia de incapacidad entre ambas del 7,07% no indemnizada, sobre la cual se pretende la aplicación de las mejoras previstas en la ley 26.773.-

A ello, la demandada opone en su escrito de conteste (fs.27/33) la negativa de la incapacidad del actor que se invoca en reclamo, y por lo tanto, que deba ser indemnizada en cualquiera de las graduaciones que aduce.-

Aclarado ello, corresponde destacar que en las actuaciones venidas en apelación, no arriba controvertido que el actor, como consecuencia del desarrollo de sus tareas habituales en favor de Serviave S.A. -consistentes en tareas repetitivas con intenso esfuerzo y movilidad de los miembros superiores, eviscerando pollos a gran velocidad-, padece Síndrome del Túnel Carpiano en su mano izquierda, cuya primera manifestación es de fecha 16/02/2012. Asimismo, arriba firme a esta instancia que el actor no logró demostrar el mayor grado de incapacidad aducido en demanda -15%- y por lo tanto, mal puede hablarse de una diferencia de incapacidad en virtud de cuyo porcentual se pretende reclamar el monto indemnizatorio. En cambio, se insiste, lo que debe determinarse en el caso, y es cuestionado por el accionado apelante, es que, a partir de lo informado en el dictamen médico efectuado en juicio, respecto a la existencia de una incapacidad del 3,65%, cobre viabilidad suma indemnizatoria alguna en favor del actor, ante el pago oportunamente efectuado por la aseguradora el 23/05/2013.-

Sobre este punto en cuestión, se observa que la actora y demandada solicitan la producción en autos de prueba pericial médica, a los fines de determinar la incapacidad padecida por el accionante (ver fs.18vta./19, y fs. 32 y vta., respectivamente). Al efecto, se pronuncia el perito forense Dr. Siemens, informando a fs. 88 y vta. que, luego de examinar al actor en su consultorio médico de tribunales, y de constatar los movimientos que presenta el demandante en su mano y muñeca izquierda, dictamina -valorando además los factores de ponderación- que el mismo padece un "Total de incapacidad: 3,65% parcial, permanente y definitiva.", teniendo en cuenta para arribar a tal porcentual el decreto 659/96. Todo ello denota que la dolencia que aqueja al actor en momentos de realizarse la pericial médica antes reseñada -23/03/2016- llega a traducirse en una incapacidad del 3,65%, siendo ésta la minusvalía indemnizable en el presente juicio, lo que disipa toda duda respecto a la existencia en el caso de un daño actual e indemnizable mayor al que determina el dictamen médico citado.-

En el mismo orden de cosas, debe señalarse que no es óbice para arribar a la conclusión antes señalada, el hecho de que exista un dictamen de la Comisión Médica nº 8, que no fuera cuestionado por la aseguradora, y mediante el cual se determine que el actor padecía una incapacidad del 7,93%, ya que el informe citado fue elaborado en fecha 22/04/2013, es decir, casi tres años antes de la pericia médica practicada en juicio (23/03/2016), a partir de la cual se establece, con claros fundamentos científicos basados en mediciones y en el baremo aplicable -nº 659/96-, que a esa fecha el actor padece una incapacidad del 3,65%, denotando ésto que durante dicho período se produjo una mejoría notable en la sintomatología del actor que se traduce en la reducción significativa de la incapacidad, lo cual no puede ser desconocido al momento de sentenciar.(Cfr. esta Sala, "CONTE MARIELA ALEJANDRA C/ ASOCIART A.R.T. S.A. S/ COBRO DE PESOS POR ACCIDENTE DE TRABAJO", L.S. 21/12/2015).-

En este sentido, cabe recordar que "cuando existen discrepancias sobre el grado de incapacidad, la pericia médica realizada en juicio, es, en principio, el medio idóneo para resolver la controversia (confr. autos "Hernández Miguel A. c/ Municipalidad de C. del Uruguay y otro - Indemnización y otros", L.S. 12/12/91, fº 350/356) (esta Sala in re "DALLAZUANA FABIO C/ LAS CAMELIAS S.A. S/ ACC. DE TRABAJO" Expte. Nº 4673 - Fº 224. - L.II - 06/08/2012).-

Por lo expuesto, deviene en que deba considerarse la incapacidad efectivamente constatada en la integridad del trabajador mediante la pericia médica -se insiste, 3,65%-, determinando ello en que resulte necesario dilucidar si, teniendo en cuenta el porcentual incapacitante actual, resultó suficiente o no el pago efectuado por la aseguradora en fecha 23/05/2013, y en base a ello resolver si existe alguna diferencia pasible de indemnización en el presente juicio, lo que -adelantando el votante su postura- no ocurre en el caso, aún haciendo aplicación de las mejoras dispuestas por la ley 26.773.-

En efecto, partiéndose de la premisa del otorgamiento y aplicación de las prestaciones y valores indemnizatorios establecidos en la citada ley 26.773 -a los fines de evitar un pronunciamiento en abstracto de las normas contenidas allí (y en su decreto reglamentario)-, el cálculo resultante de las mismas arroja los siguientes valores, a saber: la fórmula del art. 14, ap. 2), inc. a) de la ley 24.557 =$15.324,96 (53 x 65/33 x $4.021,90 x 3,65%), con más el adicional del 20% previsto en el art. 3 de la ley 26.773 =$3.064,99, arroja un total histórico de =$18.389,95; a este saldo debe aplicarse el ajuste por índice RIPTE y el interés puro del 12% durante igual término, es decir, RIPTE Mayo 2013 -fecha del pago- (902,57)/ Febrero 2012 -fecha del accidente- (628,82)= coeficiente RIPTE 1,4353 x $18.389,95 =$26.395,10, a lo que se le adiciona el interés puro del 16/02/2012 al 23/05/2013 (15,24%) =$4.022,61, surge un importe total ajustado a mayo de 2013 de $30.417,72; a este importe se le debe deducir lo abonado por la aseguradora en fecha 23/05/2012 (-$33.295,06), lo que arroja como resultado final a tal fecha la inexistencia de una diferencia impaga, o sea, no existe saldo pendiente de cancelación, pasible de seguir siendo ajustado hasta la presente sentencia.-

Debe dejarse en claro en este punto que la forma de cálculo antes desarrollada se basa en la correcta aplicación de la doctrina legal sentada por el STJER en los precedentes "Schaffer" y "Medina Bello", pues, contrariamente a lo que se afirma en el PRIMER y ÚNICO AGRAVIO del actor, el sistema de ajuste previsto en la ley 26.773 -RIPTE más interés puro- debe aplicarse necesariamente sobre las prestaciones adeudadas desde la primera manifestación invalidante (16/02/2012) hasta el primer pago parcial (23/05/2013), luego deducir el importe abonado, y continuar el ajuste citado sólo sobre las consecuencias impagas a tal fecha; lo contrario importaría desconocer los efectos del referido pago, y aplicar nuevos valores del índice RIPTE sobre sumas ya canceladas. En este sentido, esta Sala ha resuelto en caso análogo que "... no corresponde ajustar -como se interesa- la totalidad de la indemnización de acuerdo a la ley 26.773, sin tener en cuenta el pago efectivizado...", en el caso, en fecha 23/05/2016 "...-y recién luego del ajuste computar lo abonado-, pues sólo las prestaciones pendientes de cancelación a tal fecha son alcanzadas por las mejoras establecidas en el cuerpo legal citado..." (Cfr. esta Sala in re: "PEREYRA NICOLAS LEANDRO C/ PROVINCIA A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO", L.S. 26/04/2016); correspondiendo, por lo tanto el rechazo del presente.-

En consecuencia, teniendo en cuenta que la presente acción se sustenta en la existencia de un grado de incapacidad mayor al otorgado por la Comisión Médica nº8 y por ende la insuficiencia del pago oportunamente realizado por la aseguradora, y emergiendo que ello no es así, se impone la revocación de la sentencia y el rechazo de la demanda.-

En razón de lo expuesto, determinándose el rechazo total de la acción, deviene innecesario expedirse sobre los AGRAVIOS SEGUNDO y TERCERO de la demandada.-

Teniendo presente lo antes resuelto, y sobre la imposición de costas en estas actuaciones, resulta que, conforme a lo expuesto ut supra, se establece el rechazo de la demanda en su integridad, merced a lo dictaminado en pericia médica efectuada en juicio, una vez transcurridos casi tres años desde el dictamen de la Comisión Médica nº 8, y que, por la evolución de la dolencia inicial, arribara a una mejoría, al punto de determinar una incapacidad menor en la integridad del actor. De allí que resulte razonable concluir que el accionante, en base al grado de incapacidad determinado por la Com. Méd. nº 8 -no cuestionado oportunamente por la aseguradora demandada- y la documentación médica que obra en su legajo documental, haya tenido, al momento de demandar, motivos suficientes y fundados en constancias de la causa para instar judicialmente su pretensión, todo lo cual determina que resulte justo y equitativo apartarse del principio objetivo de la derrota imperante en la materia, e imponer las costas en ambas instancias en el orden causado (cfr. esta Sala, autos: "Gomez Eliezer Joel c/ Municipalidad de Colón s/ Indemnización y Otros", L.S. 27/04/2009; y en "Correa Mauricio Javier c/ Provincia A.R.T. S.A. s/ Accidente de Trabajo", L.S. 01/09/2016; entre otros). En razón de los argumentos antes expuestos, corresponde resolver -también- que los honorarios del Perito Médico Dr. Siemens, por su actuación en primera instancia -la cual fuera interesada por ambas partes-, serán a cargo de la actora y demandada, en porciones iguales, sin perjuicio de lo establecido en el art. 39 del CPL.-

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA PARA RESOLVER: el Sr. vocal Dr. TOLOY, dijo:

Que basado en análogas consideraciones adhiere al voto precedente, haciéndolo en igual manera.

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA PARA RESOLVER: el Sr. vocal Dr. PIROVANI, dijo:

En razón de existir coincidencia en los votos precedentes hago uso de la potestad que me otorga el art. 47, in fine, de la L.O.P.J. 6902, modificada por ley 9234.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA PARA RESOLVER: el Sr. vocal Dr. TITO, dijo:

Que a fs. 108 y vta. el Dr. G. R. G. apela los honorarios que le fueran regulados en la sentencia de primera instancia, por considerarlos bajos.-

Que, en razón de lo resuelto al tratar la cuestión precedente, la sentencia será dejada sin efecto, debiendo practicarse nueva regulación de honorarios, por lo que deviene innecesario expedirse sobre el presente, así voto.-

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA PARA RESOLVER: el Sr. vocal Dr. TOLOY, dijo:

Que por compartir los conceptos vertidos por el Sr. vocal preopinante, adhiere a su voto, haciéndolo en igual forma.

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA PARA RESOLVER: el Sr. vocal Dr. PIROVANI, dijo:

En razón de existir coincidencia en los votos precedentes hago uso de la potestad que me otorga el art. 47, in fine, de la L.O.P.J. 6902, modificada por ley 9234.

A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA PARA RESOLVER: el Sr. vocal Dr. TITO, dijo:

Que por lo expresado precedentemente corresponde revocar parcialmente la sentencia de fs. 104/113, dejar sin efecto los puntos I y II de la misma y rechazar la demanda interpuesta por N. R. P. contra P. A.R.T. S.A.. Dejar sin efecto la regulación de honorarios y la imposición de costas de primera instancia, debiéndose proceder a efectuar nueva regulación. Imponer las costas en ambas instancias en el orden causado; estableciéndose que los honorarios del Perito Médico Dr. A. S., por su actuación en primera instancia son a cargo de actora y demandada, en porciones iguales, sin perjuicio de lo establecido en el art. 39 del CPL. Asimismo, se establece que la totalidad de las costas a cargo del accionante lo son sin perjuicio del beneficio de los arts. 17 del CPL y 20 de la LCT.-

A los fines de practicar la regulación de honorarios relativa a la primera instancia deberá tenerse presente que la CSJN ha establecido que "la regulación de honorarios de profesionales no depende exclusivamente del monto del juício y de las escalas dispuestas en la ley de aranceles sino de un conjunto de pautas previstas en los regimenes respectivos que deben ser evaluados por los jueces y entre los que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, la índole, extensión, calidad y eficacia de los trabajos realizados, de manera de arribar a una solución justa y mensurada acorde con las circunstancias particulares de cada caso. Que establecer los honorarios profesionales mediante la aplicación automática de los porcentajes fijados en la ley arancelaria, aún del minimo establecido, puede dar por resultado sumas exorbitantes y desproporcionadas en relación con las constancias de la causa, no compatibles con los fines perseguidos por el legislador al sancionar la ley arancelaria ni con los intereses involucrados" (Entre Ríos Provincia de y otra c/ Estado Nacional s/ ordinario (cobro de aportes previsionales) del 28/08/2012). En igual sentido, esta Sala ha tenido oportunidad de señalar que "...en caso de rechazo total de la demanda, el monto reclamado constituye un fantasma incorpóreo, como bien lo afirmó el Dr. Caffa ('Rivero de Lépore c/ Dalmaso') insusceptible de servir de referencia para regular honorarios, por lo que, en el caso, es el importe por el que razonablemente hubiere prosperado la acción el que se erige como guía para practicar una regulación de honorarios acorde a derecho..." (Cfr. esta Sala, en "BONNET, ROBERTO R. C/ TRAZA S.A. Y OTRA S/ ACCIDENTE DE TRABAJO", L.S. 10/05/2016; entre otros).-

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA PARA RESOLVER: el Sr. vocal Dr. TOLOY, dijo:

Que por compartir los argumentos vertidos por el Sr. vocal preopinante, adhiere a su voto, haciéndolo en igual forma.

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA PARA RESOLVER: el Sr. vocal Dr. PIROVANI, dijo:

En razón de existir coincidencia en los votos precedentes hago uso de la potestad que me otorga el art. 47, in fine, de la L.O.P.J. 6902, modificada por ley 9234, quedando acordada la siguiente sentencia.


Ante mí:


SENTENCIA:

Concepción del Uruguay, 31 de octubre de 2016.

Y///

//// VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede,

SE RESUELVE:

I-REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de fs. 104/113, DEJAR SIN EFECTO los puntos I y II de la misma, y RECHAZAR la demanda interpuesta por N. R. P. contra P. A.R.T. S.A..-

II- DEJAR SIN EFECTO la regulación de honorarios y la imposición de COSTAS de primera instancia.-

III- IMPONER las COSTAS en ambas instancias en el orden causado, y establecer que los honorarios del Perito Médico Dr. A. S., por su actuación en primera instancia, son a cargo de actora y demandada, en porciones iguales, sin perjuicio de lo establecido en el art. 39 del CPL; siendo la totalidad de las costas impuestas a la actora con el beneficio de los arts. 17 del CPL y 20 de la LCT.-

IV- REGULAR los honorarios de los Dres. G. R. G., H. E. N., S. E. N. y Perito Médico A. S., por sus intervenciones en primera instancia, en las respectivas sumas de Pesos ... ($...,..) con más IVA si correspondiere, Pesos ... ($...,..), Pesos ... ($...,..) y Pesos ... ($...,..), arts. 3, 5, 12, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 61, 98 ley 7046 y art. 17 ley 4878.-

V- REGULAR los honorarios de los Dres. G. R. G., por su intervención en esta instancia, por el recurso del accionante, en la suma de Pesos ... ($...,..) más IVA si correspondiere; y a los Dres. G. R. G., H. E. N. y S. E. N., por el recurso de la demandada, en las respectivas sumas de Pesos ... ($...,..) más IVA si correspondiere, Pesos ... ($...,..) y Pesos ... ($...,..), arts. 3, 5, 12, 14, 28, 29, 30, 31, 64 y 98 ley 7046.

VI- Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, bajen.


Ante mí:
En igual fecha se registró en el L.S. al folio . Conste.


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