Autos: C. B. Srl s/quiebra c. Cb o y S. S. A., B., G. O. R. y otro s/ordinario



Descargar 58,34 Kb.
Fecha de conversión02.05.2017
Tamaño58,34 Kb.
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C

Autos: C. B. SRL s/quiebra c. CB O. y S. S.A., B., G. O. R. y otro s/ordinario

Fecha: 15/08/2013

Sumario:


Si bien la declaración de quiebra ha aparejado la disolución de la codemandada y su pasaje al estado de liquidación, ella conserva su personalidad jurídica, pues la declaración de quiebra de la sociedad codemandada a quien se pretende extender los efectos de la quiebra de la sociedad fallida no torna abstracto el objeto de la demanda de extensión.

Cabe destacar que a pesar de que en el marco de ese proceso universal fue declarada la clausura del procedimiento por falta de activo (ley 24.522: 232), el trámite de la falencia de esta última no ha concluido, de modo tal que, mientras ello no ocurra, no es descartable la posibilidad del ingreso de nuevos bienes con cuya liquidación satisfacer en la medida correspondiente los créditos de los acreedores concurrentes ni, en su caso, la viabilidad de un avenimiento.

Teniendo en cuenta que se ha demostrado que el codemandado (socio y administrador de la fallida, ahora, a su vez, quebrado) mediante actos concretos utilizó en su propio provecho y en su interés personal los bienes de la sociedad, con claro desmedro para el patrimonio de esta última y de sus acreedores, no puede mas que concluirse que, por lo establecido en el inc. 1º del art. 161 de la ley concursal, habrá de extender los efectos de la quiebra de dicho ente a la quiebra del coaccionado.
Vocablos: CONCURSOS – QUIEBRA – EXTENSIÓN – PROCEDENCIA - QUIEBRA DEL SUJETO PASIVO DE LA EXTENSIÓN.

En Buenos Aires a los 15 días del mes de agosto de dos mil trece, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos: "C. B. SRL s/quiebra c. CB O. y S. S.A., B. G. O. R. y otro s/ordinario" (Expte. nº 43300.01 Com. 21 Sec. 42), en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: doctores Garibotto, Villanueva y Machin.


Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 508/516?
El Señor Juez de Cámara, doctor Juan Roberto Garibotto dice:
I. La litis y la sentencia de primera instancia
i. En prieta síntesis, el litigio versa sobre lo siguiente.
(i) La sindicatura de C. B. SRL solicitó sea extendida la falencia de esa firma a C.B. O. y S. S.A. (antes C. B. S.A.), a G. O. B. y a L. R. B., ambos cuotapartistas de la fallida, en los términos del art. 161 de la ley 24.522.
Sostuvo que los demandados incurrieron, en su carácter de administradores, en mal desempeño de sus funciones en perjuicio de la fallida y de sus acreedores, efectuando actos en interés personal y disponiendo de los activos de la sociedad como si fueran propios.
Señaló que se utilizó a la sociedad anónima demandada como pantalla para desviar clientela, apropiándose de los antecedentes de la S.R.L. para concretar negocios para sí.
Asimismo señaló que los accionados no entregaron documentación ni libros sociales que permitieran reconstruir la evolución del estado patrimonial de la fallida, y que tampoco brindaron una razonable explicación sobre los activos sociales.
Concluyó que la conducta de los accionados colaboró con la disminución y desaparición del patrimonio de la fallida.
(ii) Debidamente convocado, L. R. B. se apersonó al expediente en fs. 95/96 y respondió la demanda.
Luego de negados los hechos expuestos por el iniciante, sostuvo que fue gracias a su presentación espontánea en el expediente sobre quiebra -en la audiencia del 14.6.01 y luego en la ampliación de fs. 507 de dichos autos- que la sindicatura advirtió las irregularidades realizadas por B. en el manejo de los bienes de la fallida.
Sostuvo que se alejó del manejo de la sociedad en el año 1995 por el manejo discrecional e irresponsable de B. sobre los bienes y patrimonio de la fallida, por lo que asegura ser totalmente ajeno al objeto de la contienda.
(iii) En fs. 106/120 contestó demanda B., solicitando su rechazo. Primeramente señaló que el síndico no describió con claridad las conductas que le imputa, sin perjuicio de lo cual, agregó que ellas debían haberse llevado a cabo entre el 20.04.99 (fecha de cesación de pagos) y el 6.12.99 (auto de quiebra) para serle imputables.
En su defensa básicamente invocó que el demandante no describe los actos que se habrían realizado en interés personal de los accionados, ni cuál habría sido el desvío del interés social y lo mismo en cuanto a la disminución del activo o hacia dónde, en su caso, se lo habría desviado.
Dio su versión de los hechos y sostuvo que las afirmaciones del síndico, de ser ciertas, podrían encuadrar dentro del art. 173 de la LCQ, pero jamás en la extensión de quiebra.
(iv) En fs. 201/204 se presentó CB O. y S. S.A. negando los hechos expuestos en la demanda.
Refirió que la relación con la fallida sólo duró dos meses, y que no reputó ganancias ni transmisión de clientela.
Al igual que B., señaló que no se determinaron con claridad los hechos en los que se basa la demanda.
ii. El primer sentenciante rechazó la demanda e impuso las costas a cargo de la actora vencida.
Así lo decidió en tanto consideró que la pretensión, tal y como fue deducida, no se hallaba comprendida en las previsiones del art. 161 de la Ley de Concursos, pues no se especificó en qué incisos de dicho artículo encuadraban los hechos descriptos, a lo que añadió que tampoco habíase probado la existencia de los presupuestos legales en los que el síndico basó el pedido de extensión de la falencia.
Señaló el a quo que la demanda debió sustentarse más bien en los arts. 59 y 274 de la Ley de Sociedades iniciando una acción de responsabilidad.
Con tal basamento, decidió del modo visto.
II. El recurso
Apeló el actor (fs. 521), quien expresó los agravios de fs. 541/543 los que fueron respondidos por B. (fs. 546) que solicitó la confirmación de la sentencia recurrida.
En fs. 548 se informó que CB O. y S. S.A. fue declarada en quiebra por ante el Juzgado Comercial nº 17 -Secretaría nº 34- y poco más adelante, en fs. 566/7, se presentó el síndico interviniente quien señaló que el decreto de quiebra habíase dictado el 4.10.2011. Con esa base consideró ser abstracta la acción dirigida en su contra.
Por último, y dada la declaración de falencia del codemandado B. (ver fs. 301 y 308), en fs. 595 respondió el memorial el síndico allí designado, sugiriendo la revocación del fallo apelado por cuanto consideró que de las constancias de autos se evidencian conductas encuadrables en el art. 161 LCQ.
En fs. 589/93 se encuentra agregado el dictamen de la sra. Fiscal subrogante ante esta Alzada mercantil.
i. Agravios del actor
Luego de realizar una breve reseña de los hechos y lo resuelto por el sentenciante, señaló que de los expedientes conexos que fueron ofrecidos como prueba surge de modo claro y evidente la configuración de una concreta situación de irresponsabilidad, confusión y desidia en el manejo de la sociedad, que contribuyó y posibilitó la concreción de los actos que fundaron las acusaciones realizadas.
Agregó que se verificó la existencia de balances con resultados desiguales respecto del mismo período, el libramiento de cheques de la sociedad extendidos en interés personal, la compra de automóviles a nombre de Burgos con el dinero resultante de la venta de un vehículo de la fallida, la desviación del interés social de la S.R.L. sometiéndolo al de C. B. S.A. (hoy CB O. y S. S.A.), entre otros hechos, de lo que se deriva -afirmó- que los demandados dejaron morir una sociedad para crear otra, con el mismo objeto e iguales clientes.
Concluyó que la sentencia apelada no analizó los hechos que surgen de las pruebas producidas y que fueron puntualizadas en el alegato, por lo que solicita su revocación.
ii. El dictamen fiscal
La sra. Fiscal subrogante aconsejó la revocación del fallo apelado.
En un extenso dictamen, analizó las pruebas rendidas relacionándolas con cada uno de los codemandados, y concluyó que corresponde extender la quiebra de C. B. S.R.L. a B. y a CB O. y S. S.A. En cambio, respecto del codemandado B., sugirió se confirme el rechazo de la demanda.
III. La solución
Ante todo, corresponde dejar sentado que durante el transcurso de esta causa se decretó la quiebra del codemandado G. O. B. y también de CB O. y S. S.A. (antes C. B. S.A.).
Como ambos procesos se encuentran en situaciones distintas, he de referirme separadamente a cada uno de ellos.
i. Acerca de la pretensión de extensión de quiebra dirigida contra CB O. y S. S.A. (antes C. B. S.A.)
Según fue informado telefónicamente por la sra. prosecretaria administrativa del Juzgado Comercial nº 17, Secretaría nº 34, la quiebra de CB O. y S. S.A. fue clausurada por falta de activo el día 5.12.12, que ese decreto de clausura se encuentra firme, y que sólo resta disponer la conclusión de la quiebra en los términos y con los alcances de la ley 24.522: 231.
La falencia, pues, aparejó que la persona jurídica aquí codemandada a quien se pretende extender la quiebra, se disolviera (ley 19.550: 94:6º), consecuencia ésta que se produjo fatalmente ante la ausencia de propuesta de un avenimiento o de un acuerdo resolutorio.
Empero, esa disolución no apareja por consecuencia la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad, sino que sólo importa el pasaje de ésta a su estado de liquidación, estado durante el cual ella conserva su calidad de sujeto de derecho (ley 19.550: 101; esta Sala, "DSD Construcciones y Montajes S.A. s/ quiebra s/ inc. de apelación", 28.8.12; también Incom Sala A, "Audio y video servicio S.A. s/ quiebra", 20.11.08; Sala B, "Escuela Panamericana de Arte S.A. s/ quiebra", 26.11.07; Sala D, "Simancas, María Angélica c/ Crosby, Ronald", 5.11.08; Sala E, "Sucesores de Contigli, Héctor c/ Ciencia al servicio del movimiento S.A.", 16.7.08).
Tal es la posición de la doctrina que, sin discrepancia, admite que el citado art. 101 de la Ley de Sociedades adopta lo que es denominado teoría de la identidad, de modo tal que la personalidad de la sociedad en liquidación es la misma que ella tenía antes de su disolución (cfr. Verón, en "Sociedades Comerciales", tº. 2, pág. 302, nº 4, ed. Astrea, Buenos Aires, 1983; Zaldívar - Manóvil - Ragazzi - Rovira - San Millán, en "Cuadernos de Derecho Societario", tº. I, pág. 148, nº 8.8.3., ed. Macchi S.A., Buenos Aires, 1973; Roitman, en "Ley de Sociedades Comerciales", tº. II, pág. 502, ed. La Ley, Buenos Aires, 2006; Vítolo, en "Sociedades Comerciales. Ley 19.550 comentada", tº. II, pág. 432, ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2007; Zunino, en "Disolución y liquidación", tº. II, pág. 342, ed. Astrea, Buenos Aires, 1987; Vanasco, en "Sociedades Comerciales", tº. 1, pág. 315, ed. Astrea, Buenos Aires, 2006; Sasot Betes - Sasot, en "Sociedades Anónimas. Constitución, modificación y extinción", pág. 356, ed. Ábaco, Buenos Aires, 1982; Farina, en "Derecho de las sociedades comerciales", tº. II, pág. 219, ed. Astrea, Buenos Aires, 2011; Halperin - Butty, en "Curso de Derecho Comercial", tº. I, pág. 335, 4ª ed., ed. Depalma, Buenos Aires, 2000; Cámara, en "Disolución y liquidación de sociedades mercantiles", pág. 44, ed. TEA, Buenos Aires, 1957; Escuti, en "Sociedades, pág. 105, ed. Astrea, Buenos Aires, 2006).
Con tal sustento doctrinario y jurisprudencial hemos de concluir que aun fallida, CB O. y S. S.A. aquí demandada conserva su personalidad; y la conserva en tanto más allá de que en el quicio de ese proceso universal fue declarada la clausura del procedimiento por falta de activo (ley 24.522: 232), el trámite de su falencia no ha sido concluido (ley cit.: 231 in fine; caso éste -corresponde aclararlo- diverso de aquel caratulado "Polero y Hendi S.R.L. s/ quiebra c/ R.G. Polero y Asociados S.R.L. y otro", sentenciado el 4.4.13, en el que esta Sala juzgó ser abstracto decidir acerca de la allí postulada extensión de la quiebra, precisamente porque respecto de la sociedad demandada, que también se encontraba fallida, habíase decretado la conclusión del trámite falencial).
De modo tal que mientras ello no ocurra, mientras no sea decretada la conclusión del proceso concursal, no es descartable la posibilidad del ingreso de nuevos bienes con cuya liquidación satisfacer en la medida correspondiente los créditos de los acreedores concurrentes ni, en su caso, la viabilidad de un avenimiento.
Con esa base, y por compartir cuanto sobre la demostrada confusión patrimonial entre C. B. S.R.L. y C. B. S.A. dictaminó la sra. Fiscal subrogante ante esta Cámara, a lo que hago remisión, es que he de proponer estimar este primer agravio vertido por la actora.
ii. Acerca de la pretensión de extensión de quiebra dirigida contra G. O. B.
Distinta es la situación de la quiebra del demandado B., la que se encuentra aún en trámite.
Surge de la consulta de la causa efectuada mediante la página web del Poder Judicial de la Nación que la quiebra fue decretada el 6.2.06 y encontrándose ordenado el secuestro de un automóvil del fallido.
Ante la ausencia de decreto de clausura del procedimiento falencial, estimo que respecto de ese sujeto sí corresponde analizar la acción entablada, pues como dispone el art. 168, LCQ "los remanentes de cada masa separada, constituyen un fondo común, para ser distribuido entre los acreedores no satisfechos por la liquidación de la masa en la que participaron, sin atender a privilegios...".
Esto quiere decir que aun cuando ya no es necesario expedirse respecto de la declaración de quiebra de B., sí en cambio cabe analizar si los efectos de la quiebra de C. B. S.R.L. deben extenderse a la quiebra de este codemandado, pues de esa manera, si hubiera allí un remanente, los acreedores de la S.R.L. podrían presentarse en esta quiebra para intentar ver satisfechas sus acreencias.
Lo que se busca, entonces, es determinar que la quiebra originaria del sujeto pasivo de la extensión quede sujeta a los efectos de una quiebra vinculada o dependiente (conf. Grispo, Jorge Daniel, Concursos y Quiebras, pág. 813, Ed. Ad-Hoc, 2003).
Recuérdese que la ley 24.522:164 dispone que en caso de que alguna de las personas a las que se pretende extender la quiebra se encuentre en concurso o quiebra, es parte en el proceso el síndico de dichos procesos, lo que sucedió en fs. 307 y fs. 595 cuando ese funcionario solicitó la revocación del fallo apelado.
Dicho esto, corresponde introducirme en el análisis de la causa.
Ante todo diré que comparto lo dictaminado por la sra. fiscal en la mencionada pieza de fs. 589/591 en relación a G. O. B., de modo que a lo allí expuesto hago remisión con el objeto de evitar innecesarias repeticiones.
Sólo agregaré algunas cuestiones que considero necesario remarcar.
Lo cierto y concreto es que lo que surge de los expedientes conexos que tengo a la vista: "C. B. S.R.L. s/ quiebra" (expte. 33.686), "B., G. O. c/ B., L. R. s/ sumario" (expte. 36.065), "B., S., Moliterno s/ Defraudación por Administración Fraudulenta (querellante: B., L. R.)" (expte. Nº 107.122/99) que fueron exhaustivamente analizados, no deja el menor resquicio de duda.
De ellos se desprende que G. O. B., mediante actos concretos, utilizó en su propio provecho y en su interés personal los bienes de C. B. S.R.L., realizó actos de administración en perjuicio del ente y en beneficio de otras sociedades de su propiedad y de allegados -cónyuge y ex esposa-, tales como la emisión de cheques para gastos personales (fs. 904/5 y 910/913 y 1180 expte. 36.065), la cesión del 50% del inmueble donde funcionaba la sociedad y de dos vehículos a una empresa uruguaya (K. S.A.) en pago de una deuda de otra sociedad -S. S.A.- propiedad también de los aquí demandados. Luego, B., en representación de la S.R.L. alquiló a K. S.A. el mismo inmueble de la calle Balbastro para seguir funcionando (fs. 519/522 expediente nº 107.122/99).
El propio B. reconoció en su declaración en sede penal (fs. 527, expte. 107.122/99) dicha cesión al sostener: "En cuanto a la cesión de bienes de C. B. S.R.L., refiere que esas cesiones eran decididas por el dicente -B.- y su socio B. Ambos eran los únicos dueños de C. B. S.R.L. y por lo tanto tenían plenas facultades para ceder sus bienes si es que lo deseaban, para satisfacer deudas de S. S.A. que también era de ellos".
Asimismo, quien era por entonces el contador de C. B. S.R.L., E. L. C., en su declaración testimonial de fs. 909/921 del expte. 36.065 señaló, respecto de Serviriel S.A., que existía una sola caja para las dos empresas y que C. B. S.R.L. soportaba los gastos de la otra (fs. 919, expte. 36.065 y declaración de B. en fs. 795 del expte. 33.686).
Ello se desprende también de la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (fs. 1452/1453 del expte. 107.122/99) de la que surge la emisión de cheques de C. B. S.R.L. a favor de P. S.A. para saldar una deuda que tenía S. S.A. con esta última con motivo de un mutuo celebrado en septiembre de 1998, corroborado también por la declaración testimonial del Sr. M., presidente de P. S.A. en fs. 1325/1326 del expediente penal.
Por otra parte, el testigo C., quien fue gerente administrativo de la S.R.L. informó también que O. S. (jefa de personal de la fallida), la Dra. I. M. (secretaria privada de B. y apoderada de C. B. S.R.L.) y M. C. M. (ex cónyuge de B.) conformaron una cooperativa (T.), utilizando los recursos económicos y humanos de C. B. S.R.L., y que todos los sueldos se abonaban desde la S.R.L. (fs. 916/7, expte. 36065).
Cabe destacar además respecto del aludido contador C., que fue citado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, pues habíase detectado que era falsa la firma inserta en el balance presentado por S. S.A. al 31 de diciembre 1996, el que también estaba refrendado por B. (fs. 624/641, expte. 36.065).
Se encuentra probado, además, que B. autorizó la venta de un rodado de la sociedad, pero que con el producido de dicha operación adquirió dos vehículos a su nombre, que luego alquiló a la S.R.L. (expediente 36.065, fs. 906 y 913/4).
Otro dato importante que demuestra el accionar de B. es la existencia de dos balances de la fallida correspondientes al mismo período (cerrados ambos el 31.10.97), cuentan ellos con la misma certificación por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, y aparecen firmados por B. y por el contador D. P. En uno de ellos, la pérdida del ejercicio es de $ 155.191,70 (fs. 179/189 de la quiebra de C. B. S.R.L. y fs. 385 vta. de la causa penal referida), mientras que en aquel que fue utilizado para ser presentado ante MAPFRE Argentina Seguros S.A. se observa una pérdida del ejercicio de tan sólo $ 92,61 (fs. 1070/1076 de la causa penal).
No puedo dejar de señalar la creación de otra sociedad, con el mismo nombre pero distinto tipo societario. Se trata de C. B. S.A.
Si bien B. no integró al ente, sí lo hicieron personas muy vinculadas a él: C. B. S.A. se constituyó el 26.11.98 (fs. 150/153 de estas actuaciones), siendo sus accionistas O. S. (quien a esa fecha continuaba siendo jefe de personal de C. B. S.R.L. según recibo de sueldo firmado por ella de fs. 663, expte. 36.065) y M. C. M. (ex esposa de B. según acta de matrimonio de fs. 563 y sentencia de divorcio de fs. 562, expte. 36.065).
Por otra parte, y sólo para agregar un indicio más del vínculo entre los recién nombrados, en fs. 579/580 del mismo expediente consta el contrato social de la firma "S. S.A.", constituida el 13.3.90 por B. y M., con el mismo objeto social que C. B. S.R.L. Luego, en fs. 586 se agregó una copia del libro de actas de S. S.A., en donde figuran B. como presidente, M. como vicepresidente y S., directora suplente.
Asimismo, ambas sociedades compartieron el mismo objeto social: preservación del medio ambiente, saneamiento, limpieza, control de plagas, entre otras (fs. 4 y 846 expte. 36.065), y fue detectado el traspaso de personal de una sociedad a la otra (fs. 905/906, expte. 36.065).
Otra circunstancia que merece ser destacada es la maniobra efectuada para que C. B. S.A. continuara con el contrato que tenía C. B. S.R.L. con Aguas Argentinas S.A., en tanto a través de la primera se realizaron actos para desviar la clientela de la segunda y utilizar sus antecedentes a fin de lograr el triunfo en licitaciones, todo ello en conocimiento y obvia connivencia del demandado B.
Se encuentra probado que el día 9.1.99 la sra. M., apoderada de la fallida, y O. S., presidente de C. B. S.A., remitieron una nota a Aguas Argentinas S.A. informando que C. B. S.R.L. se encontraba en proceso de transformación jurídica, adoptando como tipo social el de sociedad anónima (fs. 996/7, expte. 36.065) y aclarando que el sr. B., entre otras personas, continuaría en sus funciones.
A ello se agrega el testimonio de la sra. M., apoderada -lo dije- de C. B. S.R.L., quien señaló que B. había informado que la S.R.L. y la S.A. "eran la misma cosa", y que sólo cambiaba el nombre y la forma de la sociedad (fs. 480, expte. Nº 107.122/99).
Maniobra de similares características intentó realizarse al presentarse ante Provincia Seguros S.A. para competir en una licitación. En fs. 701/814 del expte. 36.065, se agregan los documentos incorporados por C. B. S.A., pero curiosamente utilizó todos los antecedentes de la fallida S.R.L. como si fueran propios.
Es claro que B. se reservó la administración absoluta de la fallida (fs. 622, 910 y 1180/1181 del expte. 36.065 y fs. 764 vta. del expte. 33.686) lo cual le permitió realizar, con absoluta facilidad, las maniobras aquí descriptas, con claro desmedro para el patrimonio de C. B. S.R.L. y de sus acreedores.
Es por ello que a mi juicio, la cuestión ahora examinada encuadra perfectamente en la figura del inc. 1º del art. 161 de la Ley Concursal, que prevé extender la falencia de la sociedad a aquel sujeto que, en fraude de sus acreedores, obra en interés personal y dispone de los bienes de la empresa quebrada como si fueran propios.
Ha sido juzgado que en tal supuesto, la naturaleza de la extensión deriva del concepto de unidad o sujeción económica, vinculado a la actuación cumplida en interés propio, y que para la procedencia de la extensión de la quiebra se requiere que exista una actuación en interés personal y disposición de bienes de la fallida, como si fueran propios, en fraude a los acreedores (esta Sala, "Compañía Swift de La Plata S.A. s/ quiebra", 28.7.78, publ. en LL 1978-D-169; CNCom., Sala A, "Defer S.A. s/ quiebra s/ inc. de extensión", 13.10.86; íd., "Castelar S.A. s/ quiebra s/ inc. de extensión", 25.10.00; íd., "Estación de Servicio Arias S.R.L. s/ quiebra s/ inc. de extensión", 10.2.04; Sala B, "Florcam S.A. s/ quiebra s/ inc. de extensión", 29.3.96; íd., "Expocristal S.A. s/ quiebra", 25.2.00; íd., "Barck, Carlos s/ quiebra s/ inc. de extensión", 23.3.05; Sala E, "Rilmar S.A. s/ quiebra s/ inc. de extensión", 5.8.04).
En esa misma línea se ha pronunciado la doctrina (v. Montesi, en "Extensión de quiebra", pág. 62 y sig., 2ª ed., Astrea, Buenos Aires, 1997; Bergel, en "Extensión de quiebra...", publ. en JA, 1981-IV-449; Gebhardt, en "Ley de concursos y quiebras", tº. 2, pág. 236, nº 2, ed. Astrea, Buenos Aires, 2008; Dobson, en "El abuso de la personalidad jurídica", pág. 575, ed. Depalma, Buenos Aires, 1985; Rouillon, en "Código de Comercio comentado y anotado", tº. IV-B, pág. 377, nros. 2 y 3, ed. La Ley, Buenos Aires, 2007; Junyent Bas-Molina Sandoval, en "Ley de concursos y quiebras comentada", tº. II, pág. 298, ed. Depalma, Buenos Aires, 2003; García Martínez-Fernandez Madrid, en "Concursos y Quiebras", tº. 2, pág. 728, ed. Contabilidad Moderna, Buenos Aires, 1976).
Con tal basamento fáctico, doctrinario y jurisprudencial es a mi juicio indudable que el recurso interpuesto por el actor debe ser estimado, por lo que si mis distinguidos colegas comparten lo dicho, habrán de extenderse los efectos de la quiebra de C. B. S.R.L. a la quiebra de G. O. B.
iii. Acerca de la pretensión de extensión de la quiebra dirigida a L. R. B.
Considero que respecto de este codemandado no se encuentran reunidos los elementos necesarios para revocar el fallo apelado.
Ello, por cuanto fue demostrado que desde el año 1995 aproximadamente B. se alejó de la compañía y por lo tanto no tuvo intervención en su administración. El propio B. afirma el alejamiento de B. de la fallida, en su declaración testimonial de fs. 763 del expediente sobre quiebra y en fs. 494/500 de la causa penal (expte. Nº 107.122/99).
Esto fue corroborado también en la declaración testimonial de H. M., supervisor de la S.R.L., quien sostuvo que B. no tenía oficina y que no cumplía funciones en la empresa y que no estaba al tanto de nada porque todo se resolvía con B. (fs. 903/908 del expediente nº 36065).
El testigo C. señaló, por su parte, que no se le consultaban cosas a B., y que por el contrario, se compraban facturas "truchas" para justificar gastos ante él (declaración de fs. 909/921 del expediente recién citado).
Por otra parte, de la causa penal surge el testimonio de una empleada de la S.R.L., B. B., que dijo no conocer a B. (fs. 669), lo mismo sucedió con F. A. (fs. 692) y S. A. (fs. 694).
De ninguna de las constancias de la causa y expedientes conexos surgen pruebas concluyentes y determinantes como para extender los efectos de la quiebra de la S.R.L. al codemandado B., ya que no se ha demostrado su participación en los hechos descriptos ut supra.
Por ello estimo que corresponde confirmar la sentencia apelada en relación a ese codemandado.
IV. La conclusión
Propongo, pues, al Acuerdo que estamos celebrando (i) estimar parcialmente al recurso interpuesto y, por consecuencia, extender la falencia de C. B. S.A. a C. B. O. y S. S.A. y a G. O. B., con costas de ambas instancias a su cargo; y (ii) confirmar la sentencia en cuanto rechazó la demanda contra L. R. B., con costas a la actora vencida (cpr 68, 1º y 2º párrafos, y 279).
Así voto.
Por análogas razones los Señores Jueces de Cámara, doctores Julia Villanueva y Eduardo R. Machin, adhieren al voto anterior.
Buenos Aires, 15 de agosto de 2013
Y Vistos:
Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve (i) estimar parcialmente al recurso interpuesto y, por consecuencia, extender la falencia de C. B. S.A. a C. B. O. y S. S.A. y a G. O. B., con costas de ambas instancias a su cargo; y (ii) confirmar la sentencia en cuanto rechazó la demanda contra L. R. B., con costas a la actora vencida (cpr 68, 1º y 2º párrafos, y 279).
Notifíquese por Secretaría. - Juan R. Garibotto. - Julia Villanueva. - Eduardo R. Machin (Sec.: Rafael F. Bruno).


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal